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Los consejos de la semana

Contabilidad

Periodificación de gastos a final de año

Al cerrar la contabilidad, no olvide periodificar tanto los gastos anticipados como los diferidos. De esa forma, la contabilidad reflejará la imagen fiel de su empresa y declarará el resultado contable correcto.

Recordamos que una de las operaciones más habituales, las cuales se deben llevar a término en el proceso del cierre contable y fiscal, son las derivadas de las periodificaciones de ingresos y gastos.

Tal como define el Plan General de Contabilidad (PGC), según el principio de devengo "los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro".

Por tanto, al cerrar las cuentas de su empresa, no olvide realizar los ajustes contables necesarios para que se cumpla este principio.

Gastos pagados por anticipado

Estos gastos se corresponden a operaciones abonadas en el ejercicio en curso, cuando su devengo contable corresponde al siguiente ejercicio.

En primer lugar, verifique los gastos que ha pagado y contabilizado durante el año que está cerrando, pero que deben imputarse total o parcialmente al año próximo:

- Deberá ajustar dicho gasto en la contabilidad y darlo de baja contra una cuenta de gastos anticipados (cuenta 480).

- Al año siguiente, cuando el gasto se haya devengado, deberá dar de baja dicha cuenta y contabilizar -ahora sí- un gasto mayor.

Pueden ocurrir, entre otras, por el registro de las siguientes operaciones (primas de seguro; publicidad satisfecha en un ejercicio, pero con una duración a ejercicios posteriores; arrendamientos de locales pagados por anticipado; intereses devengados y no vencidos de préstamos y leasings; desembolsos o pagos importantes para asistencia a ferias, efectuadas en el ejercicio, cuya feria se celebrará en el año siguiente, entre otros,);

Gastos devengados y no pagados (gastos diferidos)

Compruebe también que aparecen contabilizados los gastos por los servicios recibidos en el año que se cierra, pero que pagará al año siguiente.

Estos gastos son los que, no teniendo constancia de su pago, deben ser imputados a este ejercicio, como pueden ser lo debidos a los gastos financieros o a las compras u otros gastos efectuados sobre los cuales todavía no se ha recibido la correspondiente factura.

En estos casos no existe una cuenta específica para contabilizarlos; bastará con que contabilice el gasto que corresponda (gasto financiero, salarios, servicios profesionales, etc.) contra la cuenta de proveedor o contra una cuenta de facturas pendientes de recibir (cuenta 4109).

Vea algunos ejemplos en los que su empresa deberá contabilizar un gasto diferido a finales de 2021:

- Pagas extras. Deberá contabilizar la parte proporcional de las pagas extras que vaya a satisfacer en 2022, pero que se hayan generado en 2021 (es decir, las pagas que los trabajadores ya tendrían derecho a cobrar si abandonaran la empresa antes del 31 de diciembre de 2021).

- Intereses. También deberá contabilizar los intereses de préstamos o aplazamientos devengados hasta el 31 de diciembre y cuya obligación de pago se haya fijado pasada esa fecha.

- Auditoría. En caso de que su empresa se audite, también puede contabilizar a final de año el gasto por este concepto. Aunque pague estos gastos en 2022, podrá contabilizarlos en 2021, ya que realmente la obligación de auditarse nace el 31 de diciembre.

Fiscal

Retenciones del trabajo: Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados (Modelo 145) Recuerde que en enero su empresa debe calcular la retención de IRPF que aplicará a sus trabajadores, según las retribuciones previstas y su situación familiar

Recordamos que cada vez que un trabajador empieza a trabajar en su empresa, usted le debe pedir que cumplimente el modelo 145, indicando cuáles son sus datos personales y familiares. Dicha información le servirá a su empresa para calcular la retención que deberá practicarle en la nómina.

Además, debería informe a sus empleados de que si en el futuro cambia alguna de las circunstancias que le habían informado inicialmente, también deberán comunicárselo mediante el modelo 145.

Para obtener la previsión de ingresos de un trabajador, compute su salario fijo anual y la retribución variable que previsiblemente va a percibir. Compute como mínimo el variable del año anterior, a no ser que existan elementos objetivos que acrediten que este año va a ser inferior. Añada también los salarios en especie.

Modelo 145

Para saber la situación familiar de sus empleados, pídales que completen y le entreguen el modelo 145 de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. Si un empleado ya le entregó este modelo anteriormente (por ejemplo, cuando firmó el contrato de trabajo) no es imprescindible que cada año se lo vuelva a entregar, excepto si se modifican sus circunstancias personales. No obstante, para que su empresa tenga siempre los datos actualizados lo mejor es que cada mes de enero solicite a su plantilla que le entregue dicho modelo cumplimentado.

Dado que muchos trabajadores olvidan realizar esa comunicación, es conveniente que en enero les ofrezca la posibilidad de rellenar un modelo 145 para informar aquellos cambios producidos en el año anterior y que todavía no hayan comunicado. Aunque dicho ofrecimiento no es obligatorio -son ellos quienes deben comunicar los cambios-, todos saldrán beneficiados:

Si los cambios suponen un menor tipo de retención, sus trabajadores recibirán un mayor neto cada mes. Y si suponen un aumento, evitarán las sanciones que les puede imponer Hacienda por no comunicar dichos cambios a la empresa.

Por su lado, su empresa evitará que sus trabajadores le comuniquen los cambios que tuvieron lugar en el año anterior en otro momento (por ejemplo, a mitad de año), lo cual le obligaría a recalcular el tipo de retención establecido en enero.

Atención. Influyen en el tipo de retención aplicable, por ejemplo, el número de hijos del trabajador, si se ha reconocido un grado de discapacidad, o si el empleado ha quedado obligado por resolución judicial a satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge o anualidades por alimentos en favor de los hijos.

La comunicación de los datos relativos a la situación personal y familiar del perceptor, deberá efectuarse con anterioridad al día primero de cada año natural o del inicio de la relación laboral, considerando la situación que previsiblemente vaya a existir en dichas fechas. El pagador deberá conservar a disposición de la Administración tributaria, junto a las comunicaciones presentadas por los perceptores, los documentos que hayan sido aportados acompañando a las mismas

La falta de comunicación al pagador de las circunstancias personales y familiares, así como de la realización de pagos que influyen en la determinación del tipo de retención, determinará que aquél aplique el tipo de retención correspondiente sin tener en cuenta dichas circunstancias.

Atención. La inclusión de datos falsos, incompletos o inexactos en esta comunicación, así como la falta de comunicación de variaciones en los mismos que, de haber sido conocidas por el pagador, hubieran determinado una retención superior, constituye infracción tributaria sancionable con multa del 35 al 150 por 100 de las cantidades que se hubieran dejado de retener por esta causa.

El momento en el que el trabajador deberá comunicar el cambio de sus circunstancias personales o familiares será diferente según el caso. De este modo, el trabajador deberá informarle en el plazo de 10 días desde que se produzca el cambio en sus circunstancias si se dan los dos siguientes requisitos al mismo tiempo:

- Cuando el cambio suponga un aumento del tipo de retención aplicable.

- Cuando para dicho cambio la Ley haya previsto que es posible regularizar el tipo de retención a mitad de año.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Una vez despedido el año, la Agencia Tributaria dio prácticamente por finiquitada ayer la liquidación de la Campaña de la Renta del ejercicio 2020, celebrada entre abril y junio de 2021, que ha estado claramente marcada por la irrupción de la pandemia de Covid. Uno de los fenómenos más paradójicos registrados en los datos publicados es que, pese a lo acuciante de la crisis económica desatada por el coronavirus, el volumen de declaraciones de IRPF con resultado a pagar a Hacienda se ha disparado hasta batir récords en número y porcentaje. La situación, que explica en parte el aguante de la recaudación frente a la debacle económica, se debe en buena medida a efectos secundarios de los paraguas desplegados para hacer frente a la recesión.

Conviene destacar, en primer lugar, que la Campaña de la Renta del ejercicio 2020 se cerró con un volumen inédito de declaraciones presentadas: 21,72 millones, un 2,86% más que en 2019 (y un 4,98% por encima de las de 2018). Del total, cerca del 65% fueron declaraciones con solicitud a la Agencia Tributaria de devolución de parte de los impuestos previamente retenidos. Sumaron 14,18 millones, un 1,97% menos que en el ejercicio anterior, mientras que la cuantía total reclamada ascendía a 10.508 millones de euros, un 6,1% menos que en la Renta de 2019. Cada beneficiario recibe, de media, 740 euros de devolución, frente a los 773 euros del año anterior.

Hasta la fecha, según informó ayer Hacienda, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.906,9 millones de euros (94,3% del total solicitado) a 13,86 millones de contribuyentes (el 97,7% que lo han pedido), un descenso del 1,46% en volumen de respuestas y del 5% en la cuantía retornada frente un año antes.

En paralelo, las declaraciones con resultado a ingresar a Hacienda tributos adicionales a los ya anticipados vía retenciones fueron 6,06 millones, lo que supone un incremento del 7,41% frente al año anterior y del 13,25% en comparación con 2018. Suman un 28% de todas las declaraciones, la proporción más alta de la serie que recoge la Agencia Tributaria, teniendo en cuenta eso sí que las cifras de declaraciones a pagar e ingresar no coinciden con el total presentadas porque faltan por incluir las negativas y aquellas con renuncia a la devolución.

Hacienda les reclama 12.089 millones de euros (un 5% menos que el año previo), con lo que cada declaración favorable al fisco costará de media unos 1.995 euros, una cifra elevada pero inferior a los s 2.255 euros de 2019.

La evolución de estas cifras ha sorprendido incluso a la Agencia Tributaria, que antes de arrancar al Campaña de la Renta de 2020 estimaba que el número de declaraciones con resultado a pagar no superaría los 6 millones. La anomalía vino dada, principalmente, por el elevado número de Expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) que se pusieron en marcha durante el ejercicio 2020 para tratar de contener los estragos que la pandemia amenazaba con ocasionar en el mercado laboral y que llegaron a cubrir a 3,6 millones de trabajadores solo en el mes de abril de aquel año.

Hay que recordar que haber estado afectado por un ERTE no implica por sí mismo tener que pagar más impuestos. Sin embargo, el despliegue de estos expedientes sí que ha obligado a presentar la declaración de la Renta a 327.000 contribuyentes que por sus bajos ingresos no habrían tenido que hacerlo en un año normal. La exigencia rige para rentas anuales desde los 22.000 euros, pero el umbral baja a 14.000 euros si cobran al menos 1.500 de segundos pagadores más allá de la empresa para la que se trabaja, lo que incluye al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que abona las prestaciones de los ERTE a las que no se aplican retenciones y que el fisco exige controlar. Como resultado, parte de los trabajadores obligados a hacer la declaración acabó teniendo que pagar más impuestos por diferentes motivos.

Uno se da si los tipos de IRPF de su autonomía son más elevados que los nacionales, que se usan para practicar las retenciones, lo que obliga a saldar cuentas con el fisco. Otro es que las rentas de entre 14.000 y 18.000 euros están afectadas por un fallo del diseño del impuesto que dispara los marginales de este tramo. Finalmente, hay que tener en cuenta que el SEPE incurrió en un relevante número de errores efectuando abonos de más por los que el contribuyente debe tributar, aunque tenga que devolver. Estos factores hacen que haya más declaraciones a devolver si bien por cuantías menores que otros años.

La llegada del año nuevo ha traído consigo la entrada en vigor de relevantes cambios en la legislación tributaria española, entre los que destaca uno que ha podido pasar más desapercibido que el nuevo tipo mínimo de Sociedades o la reducción de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales, que por su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado han disfrutado de mayor difusión. Se trata del nuevo valor de referencia de los inmuebles, que fija una novedosa base imponible para los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, a menudo superior a la registrada hasta la fecha y que amenaza con ocasionar otro aluvión de litigios tributarios.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Hacienda a través de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal precisamente para poner fin a una larga batalla judicial con los contribuyentes por el uso del llamado "valor real" de los inmuebles para su tasación fiscal. Un concepto difuso, basado en aplicar una serie de coeficientes al valor catastral de los bienes transmitidos, que acabó tumbando el Tribunal Supremo.

La solución ofrecida por el Gobierno es sustituir el sistema anterior por la fijación de un nuevo valor de referencia, un cálculo dinámico a partir de los valores catastrales, que desde el 1 de enero de 2022 funciona como base imponible de Transmisiones, Sucesiones o Patrimonio. Hasta ahora, el contribuyente declaraba el valor del inmueble adquirido o recibido, contando como referencia con la valoración fiscal que ofrecía cada comunidad autónoma, y la autoridad tributaria podía comprobar que el dato era correcto si sospechaba que el monto a gravar era superior. Desde este año, Hacienda fija la base imponible con el valor de referencia (o el escriturado si es mayor) y es el ciudadano el que deberá probar que le corresponde pagar menos si así lo estima, costeando la demostración de su bolsillo.

El problema, avanzan varios expertos consultados por este diario, es que el nuevo valor de referencia dispara en buena parte de los casos la base imponible a gravar y, por tanto, el impuesto a abonar, lo que amenaza con desatar una nueva oleada de recursos y litigios para tratar de sortear el incremento. "La subida es bastante generalizada, aunque oscila mucho en función de la zona", detalla Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), donde han analizado una decena de casos concretos que arrojan incrementos de valor de entre el 7% y el 72%.

A partir de ahí, explica, el contribuyente descontento con el nuevo valor de referencia tendrá dos vías de actuación. Para el caso de una vivienda adquirida por 300.000 euros que para el fisco goce de un valor de 380.000 euros, el ciudadano puede en primer lugar optar por pagar los impuestos correspondientes a esta última cifra en el plazo de 30 días disponible para contar luego con un plazo de cuatro años en el que rectificar la autoliquidación probando que la base imponible aplicada no casa con el valor de mercado.

La segunda fórmula es tributar directamente por los 300.000 euros, lo que llevará al fisco a corregir la liquidación conforme a los 380.000 del valor de referencia (y previsiblemente a aplicar sanciones) para recurrir luego en reposición en el plazo de un mes o ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR). Ambas vías, asume Salcedo, acabarán en los próximos meses en una oleada de litigios ante los tribunales superiores de justicia autonómicos en torno a Transmisiones y Sucesiones, si bien considera más complicado reclamar Patrimonio, donde la ley no ha previsto vía de impugnación del valor de referencia.

Un total de 34 grandes compañías españolas han llevado a cabo durante todo el año 2021 la remisión voluntaria de sus informes de transparencia a la Agencia Tributaria (AEAT), una práctica aprobada a finales de 2016 por el Foro de Grandes Empresas y cuyo fomento está recogido en el Componente 27 del Plan de Recuperación que canaliza los 70.000 millones de euros provenientes de la Comisión Europea. Según los datos oficiales dados a conocer este jueves por la propia Agencia Tributaria, en el listado se encuentran Santander, CaixaBank y la antigua Bankia, BBVA, Inditex, Mercadona, Repsol, Seat o Iberdrola, entre otras. De las grandes ausencias que forman parte del foro destacan, por su parte, Telefónica, Vodafone, Naturgy, Iberia o El Corte Inglés.

Estos informes, atendiendo al acuerdo suscrito hace cinco años y siempre y cuando estén redactados minuciosa y correctamente, llevan a la empresa a mostrarse sin tapujos ante la Agencia Tributaria. En este caso, toda la información suministrada corresponde al ejercicio 2020, marcado por la pandemia de Covid-19.

Los documentos, entre otros puntos, deben mostrar la estructura y actividad internacional del grupo en concreto, así como la presencia en paraísos fiscales, los datos sobre la tributación internacional y aduanera, las fuentes de financiación, las operaciones intragrupo, la estrategia fiscal aprobada por los órganos de gobierno, el catálogo de operaciones tributarias sometidas al Consejo de Administración o la política de prevención del blanqueo de capitales.

En cuanto al diseño de los informes, la información debe suministrarse, preferentemente, "con carácter previo a la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades". A su vez, y de mutuo acuerdo, cada empresa y la AEAT establecerán el contenido y alcance de esta información, así como el formato en el que deberá estar a disposición del organismo público.

Fuentes de la Agencia Tributaria explican que estos informes se han mostrado "como el instrumento más relevante en el marco de la relación cooperativa por el profundo conocimiento temprano que ofrece de las empresas, y en especial de operaciones corporativas significativas". En esta línea, cabe destacar el "punto de enganche que supone para que las empresas puedan solicitar con carácter previo el criterio de la Administración Tributaria sobre la forma de plantear determinadas operaciones que, por su complejidad, pudieran requerir ese contraste previo con la Administración".

La entrega de información sobre ciertos aspectos de la actividad económica de las empresas, que abarcan desde la justificación sobre la presencia en jurisdicciones con regímenes tributarios especialmente beneficiosos hasta la explicación de las operaciones societarias más significativas o la estrategia fiscal, tienen el objetivo de proporcionar un conocimiento inmediato de la política fiscal.

Según el detalle del código de buenas prácticas tributarias, el fin declarado de esta medida consiste en propiciar “un temprano conocimiento de la política fiscal y de gestión de riesgos fiscales” de las empresas que, en definitiva, redundará en una mejora de la seguridad jurídica y en unos menores costes de cumplimiento y contribuirá a una reducción de la conflictividad".

En el apartado de los paraísos fiscales, por ejemplo, el informe debe incluir una descripción de la tipología de las actividades desarrolladas en estos territorios, "así como de las funciones, riesgos y dimensión de las entidades del grupo que las realizan", a fin de justificar su presencia en estas jurisdicciones. En materia de prevención de blanqueo, el documento debe dejar constancia de si la empresa dispone de instrucciones internas en materia de prevención de operaciones ilícitas, de blanqueo o de alzamiento de bienes y quién es el responsable. En cuanto al control y responsabilidad del Consejo de Administración, el informe debe contemplar explicaciones acerca de cómo se determinan las operaciones de especial riesgo fiscal, así como qué medidas de control interno se aplican para garantizar que todas las operaciones que requieren aprobación del Consejo se acuerdan por el mismo.

El Gobierno ha impulsado un cambio normativo que endurece la fiscalidad de estas sociedades de inversión de capital variable. Los consejos de administración de las 2.302 sicavs españolas deberán informar antes de febrero a la CNMV de qué decisión han tomado: si quieren mantener el formato jurídico, pero con peor tributación, o si prefieren disolverse y transferir el dinero a un fondo de inversión convencional, a un fondo de inversión libre o a una sociedad anónima.

Todas las fuentes consultadas indican que la decisión mayoritaria va a ser liquidar las sicavs. Las controladas por personas físicas pasarán mayoritariamente a ser fondos, que podrán ser españoles o de otros países europeos.

A partir del 1 de enero, solo podrán acogerse al régimen impositivo de los fondos de inversión (cuota del 1% en el Impuesto de Sociedades) aquellas sicavs que tengan al menos 100 socios con una inversión mínima de 2.500 euros cada uno. Esta condición no se da en la mayor parte de este tipo de vehículos financieros, habitualmente controlados por una gran fortuna y su familia. Se calcula que menos del 20% cumplen con este requisito. Las que no puedan cumplir con la nueva regulación tendrán que tributar por un 25% de sus resultados ante la Agencia Tributaria.

Desde la CNMV se ha trasladado a las gestoras de sicavs la obligación que tienen de informar a los consejos de administración de los plazos y opciones que tienen. Antes de febrero deberán tomar la decisión, y deberán de informar de ella al mercado, aunque para ejecutarla tendrán mucho más tiempo. Desde la CNMV explican además que, una vez hayan comunicado la decisión al supervisor a través de un hecho relevante, actualizarán de oficio los folletos de las sicavs.

Quienes opten por la disolución y liquidación tendrán todo 2022 para hacerlo. Una vez acordada, dispondrán hasta el 31 de julio de 2023 para reinvertir los activos financieros que tenían en las sicavs. En ese traspaso del dinero a otros vehículos es donde el Gobierno ha dado muchas facilidades a los dueños de sicav. Si reinvierten en un fondo con formato Ucits (el estándar europeo) no tendrán que tributar por las plusvalías que tengan acumuladas en las sicavs. A cierre de noviembre, el patrimonio de las sicavs españolas era de 28.767 millones de euros.

Las controladas por personas jurídicas no podrán disfrutar de este régimen de traspasos. En caso de que sean pequeñas o tengan minusvalías, la opción más clara será liquidarlas definitivamente. Si tienen plusvalías, lo lógico es que se transformen en sociedades anónimas o limitadas.

Desde Inverco, la asociación sectorial, se ha criticado la medida, al considerar que provocará que muchas decisiones de inversión salgan fuera de España. Ahora, las sicavs generan unos ingresos para despachos de abogados, auditorías y gestoras, que en unos meses podrían realizarse en Luxemburgo.

La octava lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros con Hacienda a 31 de agosto de 2021, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 18.200 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria. Las dos cifras suponen un aumento del 88% y del 29,4%, respectivamente, en comparación con la publicación del pasado mes de junio debido a un cambio en los criterios de Hacienda.

Como novedad ante la entrada en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, en esta publicación el límite conjunto de deudas y sanciones desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los de años anteriores. Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

Así, si se compara con la anterior lista publicada en junio de 2021, el número de deudores se ha disparado un 88%, mientras que el importe global de la deuda lo ha hecho un 29,4%, si bien hay que tener en cuenta que 3.000 millones del importe total (18.200 millones) aparecen duplicados como consecuencia de la inclusión de las derivaciones de responsabilidad solidaria. Homogeneizando criterios con los de los listados anteriores, el número de deudores sería de 3.439, un 11% menos con respecto al listado anterior, mientras que el importe ascendería a algo más de 12.800 millones de euros, por lo que la variación respecto al último listado publicado es, en términos homogéneos, de un 9% menos.

Para ser seleccionadas, estas deudas deben cumplir las condiciones que establece el propio artículo 95 bis de la Ley General Tributaria: no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de agosto de 2021 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Otra de las novedades es que se habilita la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Del total de 7.277 deudores que figuran en este último listado, 1.367 son personas físicas por importe de 2.081 millones de euros (en la lista anterior eran 312 por importe de 673 millones de euros) y 5.910 son personas jurídicas por importe de 16.150 millones (frente a los 3.557 de la pasada lista de junio y 13.426 millones).

Del importe total, más de 7.200 millones de euros, el 40% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 2.176 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior, la proporción era mayor, con algo más de 7.270 millones de euros (el 51%) y más de 1.696 deudores, el 44% del total.

Laboral

El alza del empleo durante el año 2021 esconde una caída de la productividad española a cifras nunca vistas en la historia económica reciente de España. Pese que ultraactividad el empleo ha recuperado ya las cifras previas a la crisis del coronavirus, la actividad sigue por debajo, lo que rebela que, con el mismo nivel de empleo, la productividad es un 6,6% menor que al inicio de la crisis.

En el segundo trimestre de 2021 el indicador registró un descenso interanual del 9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la cifra está algo desvirtuada por la comparativa con el segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento, es el mayor descenso de toda la serie histórica. En gran parte, este descenso de la productividad se debe al aumento del peso del empleo público, tradicionalmente uno de los menos productivos, y de la recuperación del sector servicios, como la hostelería.

La baja productividad del tejido productivo español, que constituye un problema crónico, se está comportando de una manera inusual en este ciclo bajista. Las horas trabajadas aumentan más que la actividad, lo que refleja un descenso de la productividad de la mano de obra, algo inédito en la historia económica reciente.

La relación entre recesión y destrucción de empleo siempre se había traducido en un incremento de la productividad del factor trabajo en España. "Si se observa la evolución de la productividad de la hora efectivamente trabajada y el coste laboral unitario, se puede ver que mientras que éste último ha crecido en el último año hasta niveles no vistos desde los momentos previos a la Gran Crisis, la productividad se desplomó a cifras sin precedentes desde el segundo trimestre de 2020", apuntan los especialistas de Freemarket en uno de sus últimos informes.

Tal y como ya explicaba en 2019, en periodos de expansión económica la productividad comienza a desacelerarse incluso llegando registrar tasas de crecimiento negativas, mientras que en las recesiones España suele liderar el crecimiento de la productividad en Europa. La explicación a este fenómeno reside, entre otros factores, en el mercado laboral español, uno de los más disfuncionales de los países desarrollados, con un peso elevado del empleo temporal y donde la creación de empleo se concentra en las fases de recuperación en sectores de baja productividad. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha roto esta tendencia.

España entró en la recesión por el coronavirus con una tasa de desempleo muy elevada tras seis años de expansión económica, 13,96% en 2019, y con la persistencia de la clásica dualidad en el mercado laboral. La actual crisis se ha traducido en una rápida e intensa subida del paro, 16,1% en el cuarto trimestre de 2020 y otra rápida recuperación, ocultada en parte por los Erte. Esta subida del mercado laboral no ha logrado, sin embargo, compensar la productividad perdida durante la crisis.

El Banco de España (BdE) confirma en uno de sus últimos informes que España presenta un crecimiento muy modesto de la productividad -tanto medida por la productividad total de los factores, o PTF, como por la productividad del trabajo- en las últimas tres décadas. Desde un punto de vista sectorial, este escaso dinamismo de la productividad se explica tanto por el mayor peso de las ramas de actividad con menores crecimientos de la productividad como por la menor productividad frente a otros países europeos en prácticamente todos los sectores.

La creación de empleo a lo largo de este año ha sido generalizada en toda España, con la gran excepción de Jaén, además de Ceuta y Melilla, debido a la mala temporada de la aceituna en contraste con la del año pasado. Sin embargo, también hay ciertas diferencias entre las demás comunidades, ya que Madrid lidera en solitario la creación de empleo, totalizando una quinta parte de los nuevos afiliados a la Seguridad Social el último año (160.606 empleos más que en 2020) seguida, a bastante distancia, de Barcelona (97.274), Málaga (41.302), Valencia (40.916) y Alicante (35.748). Sólo estas cinco provincias concentran casi la mitad de todos los nuevos empleos en toda España a lo largo del último año.

Estas provincias van seguidas de Sevilla (con 29.028 nuevos puestos de trabajo), Las Palmas (26.658), Santa Cruz de Tenerife (23.576), Cádiz (18.164), Gerona (16.138), Granada (15.610) o La Coruña (15.561), provincias muchas de ellas con un alto peso del turismo y la industria. Sin embargo, parte de este éxito se debe a que también están entre las más pobladas, ya que de las cinco primeras solo tres de ellas disfrutan de un incremento superior a la media (del 4,1%) en términos relativos: Madrid (con un 5% más de empleo que en 2020), Málaga (6,9%) y Alicante (5,5%), De hecho, Málaga es la que lidera este ránking, seguida muy de cerca de las dos provincias canarias, Las Palmas (6,5%) y Santa Cruz de Tenerife (6,4%). Quedan también por encima de la barrera del 5% Baleares (5,5%), Gerona (5,2%) y Guadalajara (5,1%).

Sin embargo, no toda España se encuentra en positivo, ya que hay varias zonas que pierden ocupados en el último año. Se trata de la provincia de Jaén, que se deja 55 puestos de trabajo, además de las ciudades autónomas de Ceuta (que pierde 176 afiliados a la Seguridad Social) y de Melilla (446 trabajadores menos). La excepción jienense se debe al contraste entre la campaña de la aceituna de 2020, que fue muy buena y permitió a la provincia ser una de las ocho que cerraron el pasado ejercicio al alza a pesar del coronavirus, y la de este año, bastante más escasa por la falta de lluvias. Además, a esta provincia hay que sumar otras con unos resultados más bien discretos, como es el caso de Palencia, con solo 75 nuevos afiliados a la Seguridad Social, Soria (911), Ávila (1.425), Zamora (1.727), Teruel (2.087), Segovia (2.286), Orense (2.332) o Lugo (2.551).

El último mes del año 2021 ha terminado con una caída en el total de personas paradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 76.782 en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,41%. De esta manera, diciembre marca un nuevo récord al acumular diez meses consecutivos de descensos, el periodo más largo de la serie histórica en el que la bajada total de parados es de 902.884 personas.

El total de paro registrado se ha situado en 3.105.905 personas. Es la cifra más baja de un mes de diciembre desde el año 2007 y supone 140.142 parados menos que al inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Respecto a diciembre de 2020, el paro ha descendido en 782.232 personas (-20,12%). En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 40.832 personas.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Servicios 64.809 personas (-2,88%), en Agricultura 4.530 personas (-3,02%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior, que registra a 16.702 personas menos (-6,13%). Sube en Construcción en 7.505 personas (3,00%) e Industria 1.754 personas (0,68%). No obstante, todos los sectores presentan un nivel de paro inferior al del mismo mes del año anterior.

El paro baja, sobre todo, entre las mujeres con 64.225 (-3,40%) paradas menos en relación al mes de noviembre. El total se sitúa en 1.824.032. Desde el mes de febrero, el número de mujeres en paro se ha reducido en 480.747. Hay, por tanto, 72.040 desempleadas inscritas menos que al inicio de la pandemia. El desempleo masculino desciende en 12.557 (-0,97%) hasta un total de 1.281.873 hombres registrados en los servicios públicos de empleo.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años cae en el mes de diciembre en 22.848 personas (-9,31%) respecto al mes anterior. En los últimos diez meses acumula un descenso de 143.809 personas. De esta manera, el paro en este colectivo se sitúa en 222.594 jóvenes, cerrando el año con la cifra más baja en un mes de diciembre de toda la serie histórica.

El paro registrado en el último mes de 2021 baja en 16 Comunidades Autónomas. Las caídas más importantes se registran en la Comunidad de Madrid (-24.380), la Comunidad Valenciana (-18.242) y la de Andalucía (-14.607). El términos interanuales, el paro desciende en todas las comunidades autónomas de manera notable. El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.681.550. Supone una subida de 326.403 (24,09%) sobre el mismo mes del año 2020. La contratación acumulada en el año 2021 ha alcanzado la cifra de 19.384.359 con 3.441.298 contratos más (21,58%) que en el año anterior.

En diciembre de 2021 se han registrado 173.784 contratos de trabajo de carácter indefinido, el 10,33% de todos los contratos. En magnitudes acumuladas, se han realizado 2.113.341 contratos en los doce meses de 2021. Representan un incremento de 567.731 (36,73%) sobre el mismo periodo del año 2020. Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 109.933 a tiempo completo y 63.851 a tiempo parcial.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.681.550 del mes de diciembre de 2021, son 8.823 de carácter formativo y 1.498.943 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan los Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 29,10% seguidos por los de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 25,87% del total de todos los contratos. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 29,59% del total.

A final de mes, el total de personas beneficiarias era de 1.821.130. Los gastos totales de noviembre de 2021 ascendieron a 1.849,9 millones de euros, lo que supone un 23,9% menos que el mismo mes del año anterior. El importe mensual en prestaciones ERTE en noviembre fue de 117 millones de euros, nuevo mínimo desde que comenzó la pandemia. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de noviembre de 2021 ha sido de 1043,2 euros.

La norma, que entrará en vigor el próximo sábado, 1 de enero de 2022, recoge como principales novedades la recuperación del IPC como referencia para revalorizar las pensiones anualmente; fija nuevas condiciones para las jubilaciones anticipadas, entre las que están mayores coeficientes reductores para las voluntarias; y la creación de nuevos incentivos para demorar la jubilación más allá de la edad legal de retiro.

Tanto las medidas desincentivadoras de los retiros anticipados como las que fomentan que el trabajador siga en activo tras cumplir la edad de jubilación tienen como objetivo que la edad real a la que se jubilan los trabajadores se acerque a la edad legal de jubilación (que en 2022 serán los 66 años y dos meses para quienes acrediten menos de 37 años y 6 meses de cotizaciones; para el resto, 65 años).

En esta línea, la ley estipula que los coeficientes reductores de la pensión para las jubilaciones anticipadas voluntarias serán mayores para quien se retire en los primeros meses o los últimos dentro de los 24 meses legales que se puede anticipar el retiro. De esta forma, alguien que cumpla 63 años en enero y reúna los requisitos para jubilarse a esa edad de manera anticipada voluntaria verá recortada la cuantía de su pensión un 21% (si ha cotizado menos de 38 años y seis meses) pero si espera hasta abril de ese mismo año el recorte de su prestación bajará al (12,5%) para el resto de su vida (ver gráfico).

Además, para facilitar el retraso del retiro anticipado, entre las nuevas condiciones de acceso a estas jubilaciones, ya sean voluntarias o involuntarias (provocadas por un despido u otra causa ajena al trabajador) están el cambio en el cálculo de la prestación que se hará en función de los meses de adelanto respecto a la edad legal que corresponda en cada momento, en lugar de trimestralmente, como se calculaba hasta ahora. Estas jubilaciones anticipadas involuntarias también estrenan nuevos coeficientes reductores (ver gráfico).

No obstante, no todos los nuevos coeficientes penalizadores entrarán en vigor este sábado. No será hasta enero de 2024 cuando empiecen a aplicarse progresivamente los nuevos coeficientes para los futuros jubilados anticipados con pensiones máximas. Además, el coeficiente penalizador de la pensión se le aplicará sobre su cuantía y no sobre su base reguladora, lo que incrementará el recorte que, no obstante, será progresivo a lo largo de los diez próximos años.

Para fomentar que se siga trabajando más allá de la edad de retiro, se establece un aumento de la cuantía de la pensión o un pago único por año de entre casi 5.000 euros (para los perceptores de pensiones mínimas) y hasta 12.000 euros (pensiones máximas) por cada año que se retrase la jubilación.

Finalmente, dentro de estas medidas para que se trabaje más años se eliminan las cláusulas de jubilación forzosa antes de los 68 años en los convenios colectivos, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Y también se exoneran el 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años.

El Gobierno defiende que estas medidas servirán para equilibrar financieramente el sistema, aunque ya existen estudios de expertos que han acotado este impacto en un ahorro muy limitado de un 1% del gasto retrasando un año la edad efectiva de jubilación.

La ley también crea un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y continúa el traslado de gastos impropios al Estado. Dicho mecanismo se introdujo en la tramitación parlamentaria de la ley y tiene dos componentes. El primero consiste en la creación de una sobrecotización de 0,6 puntos (0,5 la empresa y 0,1 el trabajador) durante los años 2023 y 2032. Con lo que se recaude con ella se nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se usará para financiar el incremento del gasto en pensiones por la llegada masiva de los jubilados nacidos en el baby boom a partir de mediados de la actual década.

Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.

Esta infracción -aprobada en los últimos días de negociación- sometida a esta nueva modalidad de sanción, se suma a otra que el Gobierno presentó en el borrador del 25 de noviembre sobre la transgresión de los contratos temporales en fraude de ley. Regulada por el artículo 7.2 de la Lisos, ya se añadía específicamente que "a estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas afectadas".

Pero en el borrador del 22 de diciembre y en el definitivo de Navidad, el Gobierno amplió a cinco supuestos más esta sanción tanto por el nivel de la cuantía como por la individualización según los trabajadores afectados.

Así, el artículo 40 de la Lisos dedicado a la cuantía de las sanciones crea un nuevo párrafo para desarrollar estas nuevas sanciones. Junto a la infracción anteriormente reseñada del artículo 7.2, ese nuevo párrafo somete a la misma sanción las infracciones recogidas en el artículo 7.14 (nuevo); en el artículo 18 en el punto 2.c y 2.f (de nueva creación), referidos a incumplimientos de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT); y en al artículo 19 en los puntos 2.b y 2.g (de nueva creación) referido a empresas subsidiarias. Todas ellas graves.

El nuevo punto 17 del artículo 7 considera como infracción el que una empresa amparada por un Erte o bajo el Mecanismo RED realice horas extraordinarias, establezca nuevas externacionalizaciones de actividad ni concierte nuevas contrataciones laborales. No obstante, matiza que esta infracción no se aplicará si entre el personal en el expediente no hay personas que puedan desempeñar las funciones requeridas "por formación, capacitación u otras razones justificadas". Especifica también que es por cada trabajador.

Los otros dos artículos, el 18 y 19 de la Lisos, se incluyen en la Sección 4º Infracciones laborales en materia de ETT y empresas usuarias y son igualmente consideradas como graves. En ambos casos, se considera infracción -sancionada con las mismas cantidades que los artículos anteriores- formalizar contratos de puesta a disposición para otra empresa que no cumplan los mismos supuestos y las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato temporal. Incluido, salario, horario, beneficios sociales...

En ambos artículos se añade un nuevo supuesto de infracción, cuando se formalice contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos de trabajo. En estos cuatro supuestos, dos del artículo 18 y otros dos del 18, se matiza, como en los anteriores, que se considerará una infracción por cada trabajador afectado. Además, los últimos borradores realizan cambios de redacciones en otros artículos de las Lisos, aunque sin precisar cambios de sanciones, sino para ajustarse a cambios de la reforma laboral. Así, modifica el artículo 6 y artículo 8.

Mercantil, civil y administrativo

La CNMV duplicó el año pasado sus multas a entidades por malas prácticas al alcanzar los 6,37 millones, frente a los 3,23 millones del ejercicio precedente. En la tendencia contraria, el Banco de España redujo un tercio sus sanciones al pasar de 12,4 millones en 2020, a 4,3 millones en 2021. Las penalizaciones de la Dirección General de Seguros y Pensiones aumentaron un 40% el año pasado, hasta 392.000 euros, frente a los 176.013 anteriores. En total, los supervisores españoles de los mercados financieros impusieron en 2021 penalizaciones por once millones de euros, según los datos publicados por estos organismos en este periodo, independientemente de que los hechos sancionados hayan ocurrido en ejercicios anteriores.

El mayor castigo de la CNMV, de 2,07 millones, fue para la ya desaparecida Q-Renta por dos infracciones muy graves. El mayor, de 2 millones de multa, se impuso por la inadecuada gestión de conflictos de interés en la operativa de gestión y asesoramiento sobre valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según el supervisor. A esto se suman 75.000 euros por deficiencias en los registros de órdenes y en el control y organización interna de la entidad. La CNMV paralizó en 2018 los reembolsos en los fondos Annapurna y Esfera Renta Variable, cuya gestión estaba delegada en Q-Renta. Los fondos fueron después trasladados a Trea.

CaixaBank recibió el año pasado la segunda mayor sanción, de dos millones de euros, por el incumplimiento de recabar información de los clientes para evaluar la conveniencia de contratar productos financieros complejos. CaixaBank no ha recurrido esta multa, según la información de la CNMV. Sobre la gestora británica MAN Group recayó un castigo de 400.000 euros, que tampoco ha sido recurrido. En este caso, la infracción -muy grave, según el supervisor- se centra en el incumplimiento de las obligaciones de notificación y publicación de posiciones cortas en cotizadas.

David Martínez Guzmán- magnate mexicano y mayor accionista de Sabadell, con el 3,495% del banco- recibió una factura de 300.000 euros por incumplir el deber de información y comunicación a la CNMV sobre participaciones significativas en acciones de la entidad financiera. Lo mismo ha hecho Santander, ya que tampoco está de acuerdo con el castigo de 300.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de Valores por el incumplimiento de recabar información de los clientes minoristas para evaluar la conveniencia de contratar determinados productos.

Por información privilegiada relacionada con Popular, la CNMV sancionó a Sara Zárate Lacalle, exempleada del banco, y a Alberto Muñoz, exalto directivo de la entidad, con 15.000 y 150.000 euros respectivamente. El mayor castigo impuesto por el Banco de España, de 1,08 millones, tras una rebaja del 40%, recayó en 2021 en Ibercaja por una infracción grave relacionada con la entrega de información previa a un contrato y con el cálculo de la TAE (tasa anual equivalente).

El organismo presidido por Valentí Pich compartió sus perspectivas macroeconómicas en las que prevén que la economía española crezca un 5,6% este 2022 aunque alerta de los peligros del repunte del Índice de Precios al Consumo (IPC) y de la subida de la inflación subyacente. Estas son las dos principales conclusiones que se extraen del Observatorio Financiero presentado este lunes, en el que además cifraron en un 4,7% el cierre de 2021.

El comportamiento para el primer trimestre de 2022, que se espera plano, estará condicionado por la falta de inercia de los tres últimos meses de 2021 y por el incremento del IPC al 6,7% en tasa interanual, las más elevada de los últimos 30 años. La inflación se situó, además, por encima de las expectativas de las casas de análisis.

El Consejo General de Economistas prevé un crecimiento de entre el 1,8% y del 2% para el cuarto trimestre de 2021. Esas cifras se sitúan por debajo de lo esperado, debido a la ralentización de la economía como consecuencia de la variante ómicron y su repercusión en las bajas laborales, los confinamientos y la adopción de nuevas medidas restrictivas.

Además, en la última parte del año también ha impactado el aumento de los precios de la energía y su traslado al precio del resto de productos, que hace que la inflación "ya no sea coyuntural, sino que, en parte, sea estructural". Este efecto contagio ya eleva la inflación subyacente hasta el 2,1%, según los últimos datos del INE.

Los economistas advierten de la sensibilidad del tejido empresarial español, conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre los riesgos a los que se exponen se encuentran la subida de los costes energéticos y los costes laborales. "Puede que no sea el mejor momento para afrontar una subida de los costes laborales, vía incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) o vía cotizaciones sociales, dado que muchas de estas empresas tienen difícil su viabilidad", advierten desde el Consejo General de Economistas.

El SMI se mantendrá en 965 euros hasta que la mesa de diálogo social establezca una nueva subida. El objetivo es que este 2022 se sitúe en 1.000 euros y que al final de la legislatura ascienda al 60% del salario medio español.

El Consejo de Economistas también alude a la extensión de las líneas de avales del ICO para autónomos y empresas hasta el 31 de julio de 2022. Eso incluye la ampliación de la moratoria concursal y la refinanciación de los préstamos avalados por el ICO para diferir el cierre de una parte importante de estas pymes.

La economía española también podría enfrentarse en los próximos meses a una contracción del consumo interno, consecuencia del encarecimiento de los bienes, y a una pérdida de competitividad en las exportaciones si se ensancha el diferencial con los principales mercados.

No obstante, el Consejo General de Economistas aclara que las exportaciones tuvieron "un buen comportamiento" en 2021, cercano al 11%, aunque matiza que "parte de este incremento es debido al alza de los precios". Además, muchas pymes están abriéndose a mercados extranjeros, lo que puede hacer que sean "más competitivas" y encuentren más facilidades para crecer. Para ello, el CGE insiste en la importancia de las ayudas de organismos que impulsen el proceso de internacionalización.

La inflación está desbocada. Ha cerrado 2021 con un avance interanual del 6,7%, la tasa más alta desde marzo de 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Son 1,2 puntos porcentuales más que el 5,5% correspondiente a noviembre, según el indicador adelantado que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Está por ver si los precios, espoleados por la energía y los alimentos, además de por la crisis global de suministros, han tocado techo.

El INE no detalla en esta primera estimación la aportación a los precios de cada una de las categorías, algo que hará el próximo 14 de enero con el primer dato consolidado, pero el organismo sí aclara que el alza de la inflación obedece a la subida del precio de la energía, y también de los alimentos. El dato es espectacular desde cualquier punto de vista: la inflación mensual, del 1,3%, es la más alta en un mes de diciembre desde 1983, hace casi cuatro décadas.

Así, en la espectacular subida destaca el precio de la electricidad, a distancia sideral respecto a diciembre de 2020, después de que los precios mayoristas hayan experimentado picos por encima de los 300 megavatios por hora (MWh) durante varios días de diciembre, incluso tocando los 400 euros en los peores momentos. El último mes del año cerrará como el más caro de toda la serie histórica, superando el valor de octubre (199,9 euros MWh).

El organismo estadístico destaca que también influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la alimentación, frente al descenso registrado el año pasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 4,9% interanual en términos generales, y estos se segregan en los alimentos sin elaboración, que subieron un 6,5%, y los elaborados, que lo hicieron un 3,5%.

El INE, pese a que los datos generales desbordan todas las previsiones, destaca la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que se incrementaron en 2020. Los bienes ligados a la pandemia, como las mascarillas, subieron en tasa interanual un 3,9%, mientras que los servicios vinculados al Covid-19 –como los análisis para detectar el virus– se dispararon un 18,3%.

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que es menos volátil, aumenta cuatro décimas hasta el 2,1%, con lo que se sitúa casi cinco puntos por debajo de la del IPC general. Con todo, es la tasa más elevada desde marzo de 2013.

Pese a que el dato es el más alto en casi 30 años, esta no es la subida mensual más fuerte del año, pues en octubre el IPC se disparó 1,5 puntos porcentuales sobre el mes anterior. En todo caso, el alza es muy superior a la esperada por el consenso de economistas consultado por Bloomberg, que preveía que el IPC interanual fuera del 5,7%.

Ante este panorama, el Gobierno, en boca del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró este jueves que la alta inflación es “transitoria, temporal y durante 2022 se va a poder ir corrigiendo”. Bolaños, al término de la Comisión Mixta que evalúa la situación de La Palma tras la erupción volcánica, recalcó que “todos los organismos nacionales e internacionales, empezando por el Banco de España y el Banco Central Europeo”, coinciden en que el alza de precios es coyuntural.

A juicio del ministro, parte de la subida “es consecuencia del tirón de la recuperación económica que se está produciendo en todo el mundo, además de que la comparación se lleva a cabo con el año 2020, cuando el crecimiento del indicador era prácticamente plano.

A falta de conocer la tasa de inflación acumulada oficial de todo el año, que salvo revisiones drásticas en el mes de diciembre rozará el 3%, se puede observar cómo la escalada de los precios terminará por comerse una parte importante de los ahorros y los sueldos de los españoles, que rondará en 40.000 millones de euros según los cálculos realizados a partir de los datos de masa salarial de la contabilidad nacional, junto con las cifras de empleo de la encuesta de población activa (EPA) y la información de los convenios colectivos negociados durante el año.

Las rentas salariales con convenio, unos 7,3 millones de trabajadores que han pactado un incremento para este año del 1,49% de media, verán una merma de en torno a 1,5 puntos (por la diferencia con un IPC anual del 3%), una pérdida de unos 4.000 millones de euros. A estos se les suman los 6,1 millones de asalariados sin convenio, que perderán en torno a 6.000 millones, y los empleados públicos. En total, supone un recorte de unos 10.700 millones.

La Comisión Europea anunció ayer el desembolso de 10.000 millones de euros a España procedentes del primer tramo fondo de recuperación pospandemia, tras haber sido aprobado el 22 de diciembre. "¡El primer pago del fondo NextGenerationEU, de 10.000 millones de euros para España, está ahora en camino!", anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su perfil en Twitter. La política alemana envió sus "felicitaciones" a España y confió en "tener muy pronto más buenas noticias para otros países de la UE".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, indicó en la misma red social que este primer pago del fondo permitirá a España "desplegar inversiones ecológicas y digitales, iniciar reformas para fortalecer la resiliencia económica y recuperarse de la crisis y prepararse para el futuro". El día 22 se produjo el aval definitivo de Bruselas a la ejecución del pago, un día después de que los Veintisiete dieran su visto bueno al primer paquete de reformas prometidas por el Gobierno español para desbloquear este tramo.

España será el primer país del bloque en recibir un pago ordinario del fondo europeo de recuperación, del que recibirá 69.500 millones de euros en transferencias directas; le corresponde además otro tanto en préstamos, que por el momento no ha solicitado. El desembolso de 10.000 millones de euros estaba ligado a cumplir 52 objetivos de su plan de recuperación desde febrero de 2020 y que se habían logrado en su mayoría ya al final del primer semestre de 2021.

Entre las metas cumplidas figuran la ley sobre cambio climático y transición energética, la reforma del sistema de ingreso mínimo vital, la normativa para reducir la temporalidad en el sector público, el plan de digitalización de pymes y la estrategia de promoción del 5G. También estaban contemplados la adopción de la tasa digital o sobre las transacciones financieras, medidas laborales como las normas para reducir la brecha de género en los salarios o la ley sobre el teletrabajo y algunos elementos de la reforma de las pensiones como la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social o la modificación del complemento de maternidad.

Salvo el anticipo de 9.000 millones de euros recibido en agosto, que solo estaba vinculado a obtener luz verde al plan de recuperación, el resto de desembolsos se irán produciendo de forma semestral una vez España pruebe que ha cumplido los objetivos pactados con Bruselas para cada uno de ellos hasta 2026.

El siguiente tramo asciende a 12.000 millones de euros y está vinculado a 40 hitos y objetivos, entre ellos las principales modificaciones del mercado laboral para reducir la temporalidad o modernizar la negociación colectiva. Precisamente, la reforma laboral se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, con el apoyo tanto de patronales empresariales como de las centrales sindicales, tal como había recomendado la propia Comisión Europea.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se desplomará este lunes por debajo de los 100 euros por megavatio-hora (96,08 euros), algo que no ocurría desde el 1 de noviembre (también lunes), cuando el megavatio-hora costó de media 91,2 euros. Pero a diferencia del pasado 1 de noviembre, la jornada de este lunes destaca por un enorme contraste de precios durante el día (el precio mínimo será de 2,67 euros, entre las 2 y las 6 de la madrugada, mientras que el máximo ascenderá a 207,10 euros, entre las 18 y las 19 horas).

Esto ocurre pese a que el precio del gas natural en los mercados internacionales sigue elevado (aunque por debajo de los 180 euros de máxima que alcanzó hace una semana) al situarse en el entorno de los 100 euros por megavatio-hora en el que lleva un par de días instalado y el precio de los derechos de emisión de CO2 también (en alrededor de 75 euros). Y se debe a que la generación eólica durante la madrugada es capaz de cubrir toda la demanda para esas horas, lo que produce ese desplome de precios durante las horas nocturnas, mientras que por el día los precios se mantienen altos porque es la hidráulica la que marca el nivel, contagiada por el precio de los ciclos combinados (lo que se conoce como coste de oportunidad).

Este argumento es todavía más evidente al comparar la caída de precios de este lunes en España --un 49% respecto a los 188,53 euros por megavatio-hora de media de este domingo-- con la del resto de países europeos que comparten el mismo sistema de fijación de precios --el coste del megavatio-hora en Francia cae un 13,1%, hasta los 161,08 euros por megavatio-hora, mientras que en Alemania desciende un 13,7%, hasta los 148.83 euros-- pero con un 'mix' de generación distinto.

Durante este mes de diciembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha mostrado toda su volatilidad al pasar de superar los 400 euros durante algunas horas el 23 de diciembre (entre las 8 y las 22 horas) a descender hasta precios tan bajos como los 2,67 euros de este lunes. Y todo parece indicar que esta será la tónica de los últimos compases de año con una meteorología marcada por el viento y la lluvia, que favorece al 'mix' de generación español, en un momento de precios de gas altísimos.

Con todo, diciembre será casi que con total probabilidad el mes con el precio de la luz en el mercado mayorista más alto de todo el año. En la actualidad, en los primeros 27 días, el precio medio mensual asciende a 251,38 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200,06 euros por megavatio-hora que se registraron de media mensual récord en el mes de octubre.

Cabe recordar que estas cifras corresponden a una parte del recibo --junto a los cargos y los peajes (costes regulados) y los impuestos--, y afectan directamente solo a una parte de los consumidores --aquellos 11 millones que tienen una tarifa regulada o PVPC--, aunque sirve de referencia para establecer las tarifas del resto de usuarios del mercado libre (17 millones). Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% para los consumidores domésticos y los impuestos, también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). A partir de enero, el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, pero planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%. En el caso de los peajes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una reducción de los peajes del 2,5% para los hogares.

Sector

A partir del que tendrá lugar la última semana de este mes. Los planes del tribunal de garantías para este primer trimestre del año pretenden cerrar la fase de aterrizaje de los nuevos magistrados —tras la polémica renovación de noviembre último—, con el fin de entrar ya en materia sin prisa, pero sin pausa.

Después del pleno de enero, por tanto, habrá dos más en febrero y otros dos en marzo. En total, cinco durante todo el trimestre, un promedio de actividad superior al de los dos últimos años de pandemia. El objetivo es abordar los recursos pendientes con el propósito de resolverlos por mayorías lo más amplias posibles, evitando la guerra de trincheras en que se convirtieron los plenos durante el último tramo del mandato anterior.

No hay todavía un orden del día preestablecido para dichas reuniones plenarias, en parte debido a que el plan acordado va a suponer a este respecto una novedad importante, consistente en el reforzamiento de las atribuciones del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, del sector conservador. Trevijano se ha reservado la facultad de incluir o no en la agenda de cada pleno los proyectos de sentencia que se vayan elaborando.

Sin el nihil obstat del presidente ningún borrador de sentencia accederá a las sesiones plenarias, ni se votará en ellas sin dicha luz verde. Hasta ahora, en cambio, lo más habitual era que el ponente proponía el momento en que un asunto debía darse como suficientemente deliberado y, por tanto, podía someterse a votación en el pleno. Ello había dado lugar en ocasiones a la aparición de cierto factor sorpresa.

No será posible, por ejemplo, que un proyecto de fallo relevante, como el de la ley Celáa, que figuró entre los propuestos en el último pleno del anterior Constitucional —y no se aprobó por falta de tiempo—, se someta a deliberación formal sin una discusión anticipada sobre su contenido. Lo que se pretende es alejar la perspectiva de fallos aprobados por seis votos a cinco, con exhibición de las divisiones y luchas intestinas entre los magistrados. No se trata de que un resultado de este tipo —como el que se produjo en la sentencia sobre el primer estado de alarma, de la que fue ponente el propio Trevijano— sea irrepetible. Pero tanto el presidente del tribunal como su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quieren evitar la reedición de las tensiones que estallaron entonces.

En este contexto, fuentes del tribunal explican que algunos fallos importantes —como el relativo a la ley del aborto— podrían quedar pendientes hasta la próxima renovación del tribunal, prevista para junio de este año. Tal hipótesis se produciría si en los contactos previos entre los componentes del tribunal se pone de manifiesto que no hay consenso o una amplia mayoría para aprobar el texto que ha empezado a elaborar el nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, quien tiempo atrás se mostró crítico con la legislación vigente.

El Ministerio de Justicia convocará el próximo 10 de enero el proceso selectivo por turno libre para cubrir 214 plazas de Letrados de la Administración, según ha anunciado este jueves el departamento dirigido por Pilar Llop. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 20 días a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que está previsto para el 10 de enero.

De las 214 plazas para acceso libre, se reservarán 16 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten la compatibilidad funcional con el desempeño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y superen las pruebas selectivas.

Según ha precisado el Ministerio, todos los ejercicios del proceso selectivo de la convocatoria pública de empleo se realizarán en Madrid. El temario que está actualmente en vigor se recogerá en el texto que publique el BOE.

En el marco del anuncio, la ministra Llop se ha pronunciado en su cuenta de Twitter. "Avanzamos desde el Ministerio Justicia en el cumplimiento de nuestros compromisos", ha dicho.

Los bufetes esperan recobrar en 2022 la senda de crecimiento de ejercicios anteriores para lo que necesitan contar con los profesionales más destacados. Para lograrlo, estudian introducir más incentivos en sus planes de carrera. "Habrá que ser flexibles para retribuir debidamente a los mejores o serán fichados por la competencia". Así de claro se expresaba hace unos meses Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos especializada en el sector legal SSQ, que añadía que "hay firmas que quieren crecer y están dispuestas a invertir en mejoras retributivas para el talento de fuera de la casa".

Es probable que este punto de vista se refuerce en 2022 con los despachos de abogados ya claramente asentados en una senda de crecimiento, lo que obliga a reforzar equipos no sólo con promociones internas, sino también con fichajes provenientes de sus competidores más directos. Por eso, la atracción y retención de los letrados más brillantes es la mayor preocupación para los bufetes que operan en nuestro país, según el centenar de firmas que han participado en la tercera edición del Informe Expansión Jurídico sobre el sector legal en España.

La batalla por el talento será, por tanto, máxima el próximo año. Por eso, los bufetes no sólo planean mejoras retributivas, sino atractivos planes de carrera en los que ya se incluyen otras ideas menos tangibles, pero igual de importantes, sobre todo para las nuevas generaciones de abogados: sostenibilidad, conciliación o flexibilidad.

Estas novedades ayudarán, por otro lado, a reforzar otro de los grandes retos para el sector legal: la transformación digital. Aunque algunas firmas ya llevan años totalmente inmersas en ella, la pandemia, sin duda, aceleró este proceso y, en 2022, muchas entrarán en la tercera etapa: la de consolidar la digitalización con un claro objetivo en la mente, que no es otro que ser más eficientes y eficaces. Esto hará que la inversión en herramientas tecnológicas se multiplique en muchos bufetes, ya sea para diseñar y producir aplicaciones propias o para adquirir otras que están creando otros actores especializados.

Esta situación hace que cada vez sean menos los responsables de despachos que ven la digitalización como un mero gasto. No en vano, la presión constante y, en ocasiones, creciente por parte de sus clientes para conseguir unos honorarios más ajustados les está obligando a una apuesta decidida por una tecnología que les permite dar más por menos.

Así, el tercer gran reto del sector legal español para 2022, según los socios directores encuestados para este informe, es precisamente la presión en los honorarios, no sólo en la cantidad, sino también en la forma de aplicarlos. Y es que la facturación por horas cada vez está más cuestionada, sobre todo con la irrupción de start up cuyos métodos de trabajo y cobro se alejan de las formas tradicionales. Lo define bien Basha Rubin, cofundadora de Priori Legal, con sede en Nueva York, en un artículo de Financial Times: "La hora facturable está sufriendo una muerte lenta, ya que cada vez hay más interés por las alternativas que se alejan de ese patrón".

El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, derivado de la ley de 2015 sobre el régimen jurídico del sector público, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero en cuya sentencia cierra la puerta a reclamar las liquidaciones ya emitidas y que no estén recurridas. Ahora con este dictamen del abogado general de la UE, que deberá ser ratificado por el Tribunal Europeo de Justicia, se abre la posibilidad de que los contribuyentes afectados por estas liquidaciones de la plusvalía municipal, declaradas nulas, puedan reclamar al Estado español una indemnización.

En concreto, Szpunar considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicho impuesto, e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que "imposibiliten o dificulten excesivamente" en la práctica obtener una indemnización.

Así, defiende que los recursos que pueden presentar los ciudadanos no tienen por objeto indemnizar los daños causados por el Estado legislador por una infracción del Derecho de la Unión, sino únicamente permitir que se indemnicen los daños causados como consecuencia de actos adoptados por la Administración sobre la base de una ley incompatible con el Derecho de la Unión.

Asimismo, asegura que el requisito exigido por la norma española, en virtud del cual antes de poder interponer el recurso, el particular debe haber obtenido ante cualquier instancia una sentencia firme denegatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, es "absoluto" y, en consecuencia, "contrario al principio de efectividad", en la medida en que no prevé ninguna excepción para aquellos casos en los que el ejercicio de una vía de recurso previa puede plantear dificultades excesivas, "en particular cuando el daño es ocasionado directamente por la ley".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la "progresiva normalización de la actividad judicial tras las especiales circunstancias causadas por la pandemia" de Covid-19 en el año 2020, a pesar del descenso de asuntos en un 2% en este tercer trimestre con respecto al ejercicio anterior. Así se desprende del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2021, que revela que los juzgados y tribunales de toda España registraron un total de 1.412.676 nuevos asuntos, resolviendo un total de 1.326.719, lo que supone un 0,9 % menos que en el mismo periodo del pasado año.

El estudio hace especial hincapié en que la crisis sanitaria provocó "fuertes reducciones en el ingreso de asuntos en el primer y, especialmente, segundo trimestre" del año anterior, llevando a "un importante crecimiento en el tercero". En este tercer trimestre de 2021 también se observa que la pendencia descendió un 1,4 % al quedar en trámite al final del periodo analizado 3.126.661 asuntos. En la jurisdicción Civil ingresaron 533.846 asuntos, una cifra similar a la del tercer trimestre de 2020, periodo durante el que se registraron un total de 533.412. Del total se resolvieron 506.217 asuntos, un 3,3 % menos, y quedaron en trámite 1.719.854, un 0,3 % más que al final del mismo trimestre de 2020.

De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 13,1 % se corresponden con los que han quedado pendientes de resolución en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como las cláusulas abusivas. En lo relativo a la jurisdicción Penal, se registraron 735.043 asuntos, con un incremento interanual del 0,1 por ciento, resolviéndose un total de 697.259 asuntos, un 0,4 % más que el año anterior. Además, quedaron en trámite 817.928, un 3,9 % menos.

Por otro lado, la jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 46.007 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 17,7 %. Se resolvieron 41.255, un 7,6 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite 220.664, un 1,1 % más. Por último, la jurisdicción Social ingresó 97.741 asuntos, un 16,7 % menos que en el mismo trimestre de 2020. El CGPJ ha informado de que se han resuelto 81.953 asuntos, un 7,9 % más, quedando pendientes de resolución 368.103, un 5,1 % menos.

Del informe también se desprende que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 29,84 asuntos por cada 1.000 habitantes, continuando las Islas Canarias como la comunidad autónoma con la cifra más alta, situándose en 37,3 asuntos. El territorio insular está seguido por Andalucía (32,6), las Islas Baleares (31,9), Madrid (30,7), Murcia (30,4) y la Comunidad Valenciana (29,9). Por el contrario, los territorios con tasa de litigiosidad más baja de España fueron País Vasco (21,3), La Rioja (21,8) y Extremadura (23,2).

En base a las series histórica trimestrales, el CGPJ ha realizado una previsión en la que deduce que, en el cómputo total del año 2021, habrá ingresado un total de 6.240.000 asuntos, resolviendo un total de 6.027.800. Según esos cálculos, quedarían en trámite 2.823.500 asuntos y se habrán dictado hasta 1.560.700 sentencias.



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