Se acerca el final del año 2021 y sin duda tenemos que hacer revisión de nuestra fiscalidad y contabilidad al objeto de poder optimizar en la medida de lo posible nuestra factura con Hacienda.

Ahora es el momento de aplicar y conocer adecuadamente la normativa fiscal del cierre fiscal y contable del año 2021, aprovechando las opciones que ofrecen los distintos impuestos, en especial el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF para sociedades, empresarios y profesionales.

Hay que tener en cuenta que este ejercicio 2021 se presenta como un año que va a ofrecer múltiples novedades, derivadas tanto de la reforma fiscal que el Gobierno incluye en la Ley de PGE para 2022, como de las circunstancias especiales que se están produciendo por el COVID-19. Estas circunstancias sin duda afectarán a la economía y también al ámbito tributario, con medidas excepcionales, transitorias la mayoría, pero de gran importancia y trascendencia para el cálculo del cierre del ejercicio 2021.

Todo ello sin perjuicio sin perjuicio de que están pendientes de aprobarse a fecha de cierre de esta edición, algunos Proyectos de Ley y normas de desarrollo, y determinados Proyectos de Órdenes ministeriales, y de las novedades normativas establecidas por las respectivas Comunidades Autónomas y normativa foral del País Vasco y Navarra, y que se deben tener en cuenta para los residentes fiscales en dichos territorios, como por ejemplo con relación a las nuevas o modificadas tarifas autonómicas y si se ha establecido nuevas deducciones o modificado algunas de las ya existentes.

A continuación, de manera resumida, de cara al cierre del ejercicio, le ofrecemos una serie de recomendaciones.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Principales novedades fiscales y contables aplicables en el ejercicio 2021:

- Modificaciones en la regulación de la exención de dividendos y plusvalías para evitar la doble imposición nacional e internacional. Se modifica la exención y la deducción para evitar la doble imposición sobre dividendos o sobre las rentas generadas en las transmisiones de participaciones que, de ser plena, pasa a ser del 95%. No obstante, se regula un régimen transitorio, durante tres años, para que las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 40.000.000€ puedan aplicar la exención y la deducción plena, siempre que las rentas procedan de una filial constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021. Además, deja de aplicarse tanto la exención como la deducción por doble imposición internacional cuando, teniendo un porcentaje inferior al 5%, el precio de adquisición es superior a 20.000.000€. En este supuesto se regula un régimen transitorio por un periodo de 5 años

- Régimen de transparencia fiscal (TFI). Se incluyen de los establecimientos permanentes como entes que pueden quedar afectados por las normas de TFI y se amplía el listado de rentas pasivas susceptibles de ser objeto de transparencia.

- Tributación de las SOCIMI. Se establece un gravamen especial del 15% sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén en plazo legal de reinversión.

- Reducción extraordinaria de los plazos de espera para la deducibilidad de los deterioros por insolvencia, a resultas de la situación de la Covid-19.

- Nueva regulación de las asimetrías híbridas.

- Cambios en los límites a la deducción de gastos financieros. Para la determinación del beneficio operativo no se tendrá en cuenta la adición de los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos, cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.

- Novedades en las deducciones en la cuota por actividades de investigación y desarrollo.

- Modificaciones en la deducción por inversiones en producciones extranjeras cinematográficas y series audiovisuales.

- Modificación de la regulación de los efectos del cambio de residencia fiscal.

- Cambios en la regulación y clasificación de los instrumentos financieros.

- Incorporación del método de valor razonable en la valoración de existencias.

- Modificación de las normas que regulan el reconocimiento contable de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios. Resolución de 10 de febrero de 2021 del ICAC. Y Modificación del Plan General Contable, el de PYMES y otras normas de contabilidad para adaptarlas a la NIIF-UE 9 Instrumentos financieros y la NIIF-UE 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes

- Todas estas modificaciones normativas, y las propias circunstancias de la pandemia, pueden haber tenido reflejo en contabilidad y pueden tener efectos en las cuentas anuales de este ejercicio, por lo que habrá que considerarlas a efectos del cierre contable y fiscal.

Plan General Contable (PGC) y ajustes fiscales

Hay que analizar y revisar los criterios contables y las posibles diferencias (permanentes o temporarias) con los criterios fiscales de la normativa del Impuesto.

Entre otros ajustes positivos, conviene chequear:

Gastos contables derivados de multas, sanciones, donaciones o donativos; por el Impuesto sobre Sociedades, administrador cuyo cargo retribuido no figura en estatutos, liberalidades y atenciones a clientes y proveedores que excedan del 1% del importe neto de la cifra de negocios; etc. deterioros contables a excepción de los correspondientes a existencias e insolvencias de deudores, estos últimos si se cumplen ciertos requisitos sí serán deducibles;

Gastos derivados del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o mercantil (que exceda de 1.000.000€ o del importe exento si es superior a esa cifra);

Provisión por devoluciones de ventas, excesos de amortizaciones o provisiones;

Imputación temporal de gastos e ingresos antes o después de su devengo si no lo permite la norma fiscal, gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y el exceso de gastos financieros sobre el límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000€, etc.

Y como ajustes negativos, hay que chequear: la libertad de amortización, exceso de amortizaciones contabilizadas en ejercicios anteriores que no fueran deducibles en aquellos; pérdidas por deterioro contabilizadas en ejercicios anteriores, que no se pudieran deducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo de la amortización, porque se transmiten o porque se produce la pérdida definitiva; operaciones que tengan que valorarse a valor de mercado fiscalmente y no por contabilidad; operaciones con pago aplazado en el ejercicio en el que se produce la transmisión, dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes, etc.

Qué son las retenciones y los ingresos a cuenta

Son las cantidades que el pagador de una renta, dineraria o en especie, detrae de la misma e ingresa en el Tesoro Público.

Estos ingresos son un anticipo de la cuota del impuesto que tendrá que pagar el perceptor de las rentas.

El pagador de una renta en especie debe efectuar el ingreso a cuenta y puede repercutirlo o no al perceptor de la renta.

Debes retener o ingresar a cuenta cuando cumplas los siguientes requisitos:

- seas un pagador obligado a retener o ingresar a cuenta y
- la renta que abones, en dinero o en especie, esté sujeta a retención o ingreso a cuenta.

Soportarás (o te practicarán) una retención cuando percibas una renta sujeta a retención pagada por quien esté obligado a retener

Rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta

Entre otras:

- rendimientos del trabajo
- rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, salvo excepciones
- rendimientos de actividades profesionales
- rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales
- rendimientos de las siguientes actividades empresariales en estimación objetiva: "Transporte de mercancías por carretera" (IAE 722) y "Servicio de mudanza" ( IAE 757)
- determinadas ganancias patrimoniales como las derivadas de la transmisión de acciones
- rendimientos del capital mobiliario
- los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en concursos, rifas
- los procedentes de la propiedad industrial, intelectual, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen

Rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta

Entre otras:

- las rentas exentas y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen
- los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes casos:
. cuando la renta satisfecha por el arrendatario al mismo arrendador no supere los 900 € anuales
. cuando se trate de arrendamientos de vivienda de empresas para sus empleados
. cuando el arrendador realice una actividad del grupo 861 del IAE o de otro que le faculte para el arrendamiento o subarrendamiento y aplicando al valor catastral la cuota establecida para el grupo 861 no resulte cero.

La cuota será cero si el valor catastral que tienen los inmuebles arrendados o subarrendados a efectos del IBI multiplicado por 0,1% da un resultado inferior a 601,01 €.

- los rendimientos de las Letras de Tesoro
- las primas de conversión de obligaciones en acciones

Personas o entidades obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta

Con carácter general, tienen la obligación de retener cuando abonen rentas sometidas a retención, entre otras:

- Las personas físicas que ejerzan una actividad económica (empresarios, profesionales, agricultores etc.) por las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de la actividad.
- Las entidades en régimen de atribución de rentas que abonen o satisfagan rentas sujetas al IRPF.
- Las personas jurídicas y demás entidades contribuyentes del Impuesto de Sociedades que abonen o satisfagan rentas sujetas a este impuesto.
- Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que operen en España mediante establecimiento permanente o sin establecimiento permanente en determinados supuestos.

En qué momento tengo que realizar la retención o ingreso a cuenta

Con carácter general, la obligación nace en el momento en que el que satisfagas o abones las rentas.

En los rendimientos de capital mobiliario la obligación nace:

- En el momento en el que son exigibles o en el de su pago o entrega si es anterior;
- En el momento de la transmisión, amortización o reembolso si los rendimientos derivan de la transmisión amortización o reembolso de activos financieros.

En las ganancias patrimoniales la obligación de retener e ingresar a cuenta nace:

Si la ganancia deriva de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, cuando se formaliza la transmisión o reembolso de las acciones o participaciones.

Anticipo de la deducción por vivienda habitual

Si eres un trabajador por cuenta ajena puedes solicitar una reducción en dos enteros en el tipo de retención aplicable a tus rentas del trabajo siempre que:

- la cuantía total de tus retribuciones íntegras por rendimientos del trabajo procedentes de todos tus pagadores sea inferior a 33.007,20 € anuales;
- efectúes pagos por préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de tu vivienda habitual (no se contempla la ampliación ni la construcción);
- tengas derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual;
- comuniques esta situación a tu pagador (puedes utilizar el Modelo 145);
- y el tipo de retención no resulte negativo como consecuencia de la reducción.

Si eres el pagador de las rentas del trabajo tendrás que tenerlo en cuenta para calcular la retención que debes practicar a tus empleados.

Plazos de presentación y efectos

Puedes efectuar la comunicación desde el momento en que destines cantidades a la adquisición o rehabilitación de tu vivienda habitual.

La regularización del tipo de retención tendrá efectos desde la fecha en que lo comunicas y, siempre que falten al menos 5 días para confeccionar la nómina.

No tienes que reiterar esta comunicación en cada ejercicio salvo que se produzcan variaciones en los datos que inicialmente has comunicado.

Obligaciones como retenedor

1. Realizar mensual o trimestralmente la declaración e ingreso de las cantidades retenidas utilizando los modelos aprobados para los distintos tipos de renta.

Estos modelos son, entre otros, el Modelo 111 para las Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta y, el Modelo 115 para las Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles.

- Declaraciones trimestrales: salvo que domicilies el pago, en los 20 primeros días naturales de abril, julio, octubre y enero por las cantidades retenidas en el trimestre anterior.

- Declaraciones mensuales: entre otros casos, cuando el volumen de tus operaciones en el año inmediato anterior es mayor de 6.010.121,04 €. El plazo, salvo que domicilies el pago, es en los 20 primeros días naturales del mes por las cantidades retenidas el mes anterior.

Deberás presentar declaraciones negativas, en los plazos anteriores y con los mismos modelos, cuando satisfaces rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta y por la cuantía de las mismas no procede practicarlas.

Si el vencimiento de los plazos de presentación coincide con un día inhábil el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.

Excepcionalmente, en 2020 las retenciones cuyo vencimiento se produjo a partir del 15 de abril y hasta el 20 de mayo se podían presentar e ingresar hasta esa fecha si el volumen de operaciones en 2019 no superó los 600.000 €

2. Presentar una declaración informativa anual con los modelos aprobados para cada tipo de renta.

Deberás presentar el Modelo 190 si presentaste el Modelo 111 y, el Modelo 180 si presentaste el Modelo 115.

El plazo, con carácter general, es entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al que corresponde la declaración anual.

3. Emitir a favor del perceptor de la renta los certificados que acrediten las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. Deberás ponerlos a su disposición antes del inicio de la declaración de IRPF. Puedes utilizar este modelo: Certificado

4. Comunicar al perceptor de la renta, en el momento de su abono, la retención o ingreso a cuenta practicado y el porcentaje aplicado.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha roto la barrera de los 300 euros y alcanzará mañana, jueves, un precio medio de 302,48 euros/MWh. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, que se había registrado para hoy de 291,73 euros/MWh, según datos de OMIE.

El precio mayorista, que afecta directamente a los consumidores acogidos al PVPC, acumula así seis días de incrementos seguidos en los que se han registrado tres récords. El precio de la electricidad en el mercado mayorista de este miércoles será un 39,56% más elevado que los 216,74 euros que marcó hace una semana, el 9 de diciembre y un 55,73% mayor que los 194,23 euros que alcanzó hace un mes. La diferencia es aún mayor si se compara con otros años.

De hecho, el precio medio de la electricidad en el pool de este miércoles quintuplicará los 49,34 euros que marcó hace un año (513%) y multiplicará por seis los 40,27 euros del mismo día de 2019 (651%).

Además, el precio de este miércoles será muy superior a los 56,59 euros que marcó el mismo día de 2018 (435%). Sobre esta última comparativa, cabe recordar que el Gobierno se ha comprometido a que la factura media de la luz de los consumidores españoles será inferior en el cómputo general del ejercicio que la registrada en aquel año.

No obstante, conviene tener presente que el precio del pool no es el único de los componentes que integran la factura de la luz, ya que ésta depende de otros elementos, entre ellos, los impuestos. Respecto a la fiscalidad de la electricidad, el Gobierno calcula que las medidas aprobadas desde junio han reducido los impuestos de la factura en más de un 60% y los cargos regulados en un 96%. El precio medio de la luz oscilará entre los 345 euros que costará entre las ocho y las nueve de la noche y los 251,78 euros que marcará entre las cuatro y las cinco de la mañana.

Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado hoy que la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno este año para contener la subida del precio a la electricidad se prolongará en el primer cuatrimestre del próximo año, hasta abril de 2022. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya habló ayer de nuevas medidas fiscales para la luz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hasta ahora, el paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal.

El anuncio de Montero se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que ha tenido que enfrentar la pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre cuántos impuestos tiene previsto subir el Ejecutivo.

La titular de Hacienda ha recordado que están a la espera de recibir el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, previsto para finales de febrero del próximo año, pero que, en todo caso, las últimas decisiones tributarias del Gobierno han sido precisamente bajadas de impuestos: la bajada del IVA aplicado a las mascarillas, una rebaja de impuestos para nuevas empresas en la Ley de Startups y la prórroga durante el primer cuatrimestre del año de la rebaja de impuestos aplicados a la electricidad.

Este éxito se suma a otro, pues sus bajos impuestos, unidos al desempeño en el mercado de trabajo, eficiencia empresarial y capital de infraestructuras básicas, mantuvieron a la comunidad como la región más atractiva para la inversión de capitales durante 2020, es decir, en plena crisis sanitaria. Así se desprende del Informe de Competitividad Regional publicado este martes por el Consejo de Economistas.

Por segundo año consecutivo, la comunidad liderada por el Partido Popular (PP) ha ocupado la primera posición en la clasificación regional en cuanto a competitividad fiscal. Se trata además de la única autonomía en el top cinco que no tiene régimen diferenciado, pues el resto de puestos son ocupados por Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Canarias, en ese orden. Todas estas regiones se mantuvieron en 2020 en la misma posición que en el año previo a la crisis sanitaria.

En el otro extremo está Cataluña, que ocupa la última posición por disponer del mayor número de impuestos propios, así como un perfil de imposición alto en renta, patrimonio y sucesiones. Le sigue la Comunidad Valenciana, que, de un año a otro bajo dos posiciones, y justo detrás están Aragón, Asturias y Extremadura.

A nivel global, la competitividad estructural de las autonomías se redujo el año pasado un 2,3%, una cifra que los economistas no consideran tan alarmante si se toma en cuenta que, por un lado, en el mismo año el PIB llegó a una caída histórica del 21,5% interanual en el segundo trimestre del año, y que, por el otro, en términos absolutos el indicador fue el segundo más alto de toda la serie histórica, solo superado por el nivel de 2019.

El informe destaca un impacto asimétrico por comunidades y sectores derivado del confinamiento al que se sometió el país entre marzo y junio del año pasado. Según el informe, se observa una evolución desigual en virtud de la estructura productiva, la eficiencia empresarial, el nivel educativo, la calidad del empleo, y la inversión en investigación y desarrollo. No obstante, la composición del listado apenas muestra variaciones respecto a 2019 y solo Galicia y la comunidad Valenciana pierden una posición, mientras Cantabria y Asturias suben un puesto.

Los resultados sitúan a Canarias, Extremadura, Andalucía e Islas Baleares como las comunidades peor posicionadas para afrontar la recuperación tras la pandemia. De hecho, ambos archipiélagos son las zonas en las que el descenso del índice de competitividad es más acusado, con más del 5%. En cambio, las regiones que están en mejor disposición para alcanzar una recuperación sólida son Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid. Estas tres últimas comunidades son, además, las únicas que superan con claridad el PIB por habitante medio de la Unión Europea.

En términos de desigualdad interterritorial, la renta por habitante de Madrid, que es la comunidad mejor posicionada, multiplica por 1,8 la alcanzada por Extremadura, que se encuentra en el último lugar del ranking de competitividad. Respecto a la productividad media de España, el País Vasco y Madrid son las regiones con mayor distancia respecto al promedio nacional, superando en ambos casos el 20% de la media. Ambos territorios son también los que registran los mejores datos en términos de productividad laboral, al estar un 16,7% y un 13,3% por encima del promedio, respectivamente.

Lo mismo ocurre al analizar el porcentaje de población con estudios superiores, pues son las que presentan niveles más elevados respecto al promedio europeo: más del 47%. Las diferencias territoriales en este indicador también son significativas, ejemplo de ello es que el País Vasco, que es la comunidad con mayor nivel educativo, duplica el de la comunidad con menor nivel, que es Extremadura.

País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña son las cuatro autonomías con menor brecha respecto a Europa en I+D. La brecha oscila del 2,4% en el primer caso hasta el 23,9% en el último. En el extremo opuesto, Islas Baleares, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que más alejadas están del gasto medio; en todos los casos existe una brecha investigadora superior al 65%, según el informe.

España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto de patrimonio y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, suspendieron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación "seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos".

España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional. Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación.

Las recomendaciones del think tank se dan en plena negociación presupuestaria, en la que el Gobierno quiere incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para aquellas empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe. La medida incluye a las compañías que se dedican al alquiler de viviendas, por lo que incluyen una reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%.

El tipo mínimo únicamente afectará a las grandes compañías, esto es el 1% del tejido empresarial o lo que es lo mismo, a 5.521 empresas que acaparan el 60% del total de beneficios, según datos de 2018 de la Agencia Tributaria. No obstante, el IEE sostiene que la tributación empresarial en España ya se sitúa entre las más altas de la Unión Europea, mientras que las subidas continuadas representan "un nado a contracorriente en las aguas de la economía internacional". El informe del instituto recuerda que la proporción de recaudación que procede de las empresas españolas es del 31,9% mientras que la media de la eurozona es del 25%.

En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, el informe destaca que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social fue en España del 39,3% en 2020, por encima de la media de la OCDE que fue del 34,6%. Esto significa que el salario neto que finalmente recibió el empleado en ese periodo constituyó el 60,7% del coste laboral. Las cifras sitúan a España como el noveno país de 22 analizados, con el IRPF más progresivo, lo que debería ser tomado en cuenta a la hora de modificar la estructura sobre el impuesto.

Otra de las conclusiones del documento es que España recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad porque el 22% restante está en la economía sumergida. Si el país aumentará el porcentaje de participación en la economía formal al estándar europeo, es decir del 87%, la recaudación tributaria podría aumentar más de cuatro puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. De esta forma, el think tank, pone en duda los argumentos del Gobierno respecto a que los grandes patrimonios aportan poco a las arcas del Estado. Por el contrario, teme que la subida tributaria retarde la recuperación nacional tras más de un año de pandemia. Al respecto detalla que "las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que se necesita, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación".

Hasta seis países europeos han anunciado ya que abandonarán el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD) -conocido como tasa Google- tras su fracaso en ingresos. España, Francia, Italia, Inglaterra, Austria y Turquía han manifestado su intención de eliminar este impuesto y trasladar su política fiscal al nuevo proyecto internacional, liderado por Estados Unidos, en el que ya trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos países esperarán a que se apruebe la nueva normativa fiscal del organismo antes de eliminar sus tasas Google.

La decisión de estos países se ha producido después de los primeros ingresos por este tributo en Europa. La recaudación ha sido mucho menor lo estimado por los Gobiernos. En el caso de España, ha ingresado 92 millones de euros a las arcas públicas hasta junio, lo que supone tan solo un 9,5% de lo que Hacienda espera recaudar por ello en el conjunto del año. El Gobierno estimó que recaudaría 968 millones de euros al año. Además, los países que han implementado este impuesto han sido amenazados por la diplomacia norteamericana con aranceles.

Por todo ello, estos seis países han claudicado y han presentado un plan para revertir sus tasas Google. Estados Unidos ha aplaudido estas declaraciones y ha asegurado que retirará sus amenazas arancelarias una vez que los países retiren el impuesto y se adhieran al plan fiscal de la OCDE.

En total, los países que han implementado un impuesto a los servicios digitales son Austria, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido. Por su parte, Bélgica, la República Checa y Eslovaquia estudian su implantación en estos momentos. Además, Letonia, Noruega y Eslovenia han anunciado oficialmente o han mostrado intenciones de implementar dicho impuesto.

"Estos impuestos se han considerado generalmente como medidas provisionales hasta que se alcanza un acuerdo a nivel de la OCDE, y ahora que se ha alcanzado dicho acuerdo, será importante monitorear cómo los países cambian o revocan sus tasas Google", apuntan Elke Asen, analista de políticas en el Center for Global Tax Policy de la Tax Foundation, y Daniel Bunn, vicepresidente de Proyectos Globales de la Tax Foundation, un think tank tributario con sede en Washington. "Además, la Unión Europea (UE) tiene la intención de implementar su propio impuesto digital a partir de 2023. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas (ONU) han agregado disposiciones especiales para los ingresos de los servicios digitales automatizados a la Convención Modelo de Impuestos de las Naciones Unidas, que se aplicaría a las partes del tratado que acuerden su inclusión", explican los especialistas.

La OCDE negocia con más de 130 países para adaptar el sistema tributario internacional a la nueva realidad digital. La propuesta actual requeriría que algunas de las empresas multinacionales más grandes del mundo paguen parte de sus impuestos sobre la renta donde se encuentran sus consumidores. Es el llamado Pilar 1 de la transformación fiscal que prepara la OCDE.

La propuesta supondrá un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.

La nueva estrategia del club de los países desarrollados establece que los derechos fiscales sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran sus clientes y usuarios. Con esta medida, la OCDE espera que los derechos fiscales sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios se reasignen cada año a los países donde operan las multinacionales.

La organización incluye en esta nueva exigencia a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad mayor al 10% antes de impuestos, calculada mediante un mecanismo de ponderado con el umbral de volumen de negocios. El plan excluye a los sectores extractivo y de servicios financieros regulados. La OCDE reducirá el umbral de facturación a 10.000 millones de euros, con una revisión que comenzará 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y otra que se completará en un plazo no superior a un año.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Startups, con el objetivo de “atraer talento e inversión" y dar apoyo a “empresas de rápido crecimiento y base tecnológica”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que la nueva normativa surge en un momento en el que cada vez hay más nómadas digitales, emprendedores e inversores que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo y ha señalado que "esta ley pondrá a España a la vanguardia de Europa en la creación de este tipo de compañías, clave para la recuperación económica”.

Fuentes de Economía explican que el texto ha sido “sustancialmente mejorado”, tras someterse a audiencia pública y escuchar al ecosistema emprendedor. “El sector nos pidió un esfuerzo adicional, que eleváramos nuestra ambición, y que corrigiéramos algunos aspectos que quedaban ambiguos en su anterior redacción, y lo hemos cumplido”, dicen.

Por ello, además de reducirse el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, la nueva ley facilita el uso de las stock options como forma de retribución. Y es que se eleva su exención fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuales (antes se había ampliado a 45.000) y se retrasa su tributación al momento en que se hagan líquidas, ya sea por la venta de las acciones o por la salida a bolsa de la empresa. Igualmente, se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

La ley también eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales y a este incentivo fiscal no solo se podrán acoger los inversores sino también los propios emprendedores. Además, el tipo de deducción pasa del 30% al 50%, y se amplía el periodo en el que se considera una startup de reciente creación, que sube de tres a cinco años, con carácter general, o a siete para empresas de ciertos sectores (biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España).

Con la nueva normativa, las startups podrán solicitar el aplazamiento de la deuda tributaria de los impuestos de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

En cuanto a la tributación del carried interest (comisión a éxito de las gestoras de capital riesgo) la exención será de hasta 50%, aunque se mantiene su tributación como rendimientos del trabajo y no como rentas del capital mobiliario en el IRPF, como había reclamado el sector.

Las mismas fuentes señalan que para atraer talento, se mejora el régimen fiscal del impuesto sobre la renta de no residentes aplicable a directivos y empleados de las startups, inversores y “nómadas digitales” (personas en teletrabajo desplazadas temporalmente a territorio español) y sus familiares, que podrán acceder a un visado especial de hasta cinco años. Asimismo, se favorece el retorno del talento al rebajar de 10 a cinco años la no residencia previa en España para acceder a este régimen especial.

También, y como incentivo social, se elimina la doble cotización a la Seguridad Social para los emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena durante los tres primeros años. El proyecto de ley recoge otras medidas en favor de las startups, como el fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.

Las fuentes citadas no quisieron revelar datos sobre el impacto presupuestario de todas estas medidas fiscales, pero sí dijeron que están convencidos de que es una ley que “va a impulsar la creación de empleo y el crecimiento económico”. El Gobierno espera que entre en vigor en torno a verano de 2022 tras su trámite parlamentario. “En las conversaciones informales que hemos tenido con los diferentes grupos políticos hemos visto que es una ley muy bien acogida”, dicen desde Economía.

El dato de inflación publicado por el INE deja ya cerrada la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2022. Tal y como ha confirmado el Gobierno, la pensión máxima escalará en 2022 hasta rozar los 39.474 euros en 14 pagas, que suponen 2.820 euros mensuales. Esta pensión sube en 112 euros sobre los 2.707 de 2021. En cuanto a la pensión media de jubilación, y con datos de la última nómina de pensiones abonada en noviembre, pasaría de 1.194,9 euros mensuales a 1.224,7 euros siempre teniendo en cuenta las extras de verano y Navidad.

Las pensiones se revalorizan con la inflación media de los últimos 12 meses, no con la inflación a cierre de MES; la rápida subida del IPC este otoño explica la brecha entre el 2,5% medio y el 5,5% interanual. Antes de aplicar esta revalorización, y tras el aumento del 0,9% que registraron las pensiones en 2021, ahora los pensionistas recibirán la paga compensatoria –conocida coloquialmente como paguilla– por la desviación del 0,9% al 2,5% final, es decir, un 1,6%. Ésta se abonará en la segunda mitad de enero.

Para los beneficiarios de pensiones mínimas, pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital el alza será del 3% dejando en el caso de esta última prestación la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto en 5.899.6 euros.

La pensión mínima quedará en 12.468 euros (para un pensionista con cónyuge a cargo) que en 14 pagas son 890,55 euros mensuales, 40 más que los 851 de 2021, incluyendo la citada subida del 3% más la paguilla ya consolidada. Para todas las demás pensiones la subida es la marcada por la inflación, un 2,5%. Este porcentaje, más el 1,6% anterior, se aplica a los casi nueve millones de pensionistas que reciben cerca de 10 millones de pensiones (alrededor de un millón de ellos cobran dos prestaciones).

El resto de pensiones mínimas sube también el 3% más el 1,6%: la pensión mínima de viudedad queda en 11.689 euros en 14 meses (834 euros al mes) en caso de tener cargas familiares; si no se queda en 721. La pensión mínima de jubilación para pensionistas sin cónyuge a cargo queda, mientras, en 685 euros (siempre que el jubilado tenga más de 65 años).

Las demandas salariales en pleno repunte inflacionista –el IPC está situado en el 5,4%– están empezando a generar bloqueos en las negociaciones de los convenios colectivos de numerosos sectores y empresas y, en general, elevando la conflictividad laboral. Ante esta situación, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, propuso ayer una solución: “Tratar de pactar incrementos salariales a dos o tres años, que impliquen la recuperación del poder adquisitivo, pero que se salgan de la tenaza de la coyuntura actual”, y evitar así los temidos efectos de segunda ronda en la inflación.

El líder de CC OO, que intervino en Nueva Economía Fórum, reclamó también que para acordar estos planes de subidas salariales a lo largo de varios ejercicios sería más que conveniente que las cúpulas patronales y sindicales se alcanzaran un quinto Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), “que lance criterios a los negociadores de los convenios para que se pacten subidas (retributivas) a dos o tres años”, insistió Sordo.

Sin embargo, este guante no fue especialmente bien recibido desde el lado patronal, con quien los sindicatos deben negociar los convenios colectivos. De hecho, fuentes empresariales aseguraron que el repunte inflacionista es “absolutamente coyuntural” por lo que no debe trasladarse a los salarios ahora ni en un plan a dos o tres años. En consecuencia, desde la patronal tampoco ven adecuado empezar a negociar un ANC antes de saber cómo quedan normativamente las cuestiones de la negociación colectiva en la futura reforma del mercado de trabajo.

En cualquier caso, este orden que reclaman los empresarios no está siendo respetado por el día a día de las relaciones laborales. Así, Sordo advirtió ayer de que ya están surgiendo numerosos conflictos en las negociaciones de convenios como los provinciales de algunos sectores como la limpieza, los supermercados o instalaciones deportivas, entre otros.

Pero estas demandas salariales se unen con otras que están contaminando tanto la negociación colectiva como las conversaciones para la reforma laboral. Es el caso, por ejemplo, del sector de la hostelería donde hay varios convenios atascados por cuestiones retributivas, pero también por la existencia de vasos comunicantes con lo que se está negociando en la reforma laboral. En concreto en materia de contratación temporal y de prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa.

Por ello, CC OO y UGT han convocado para este jueves, 16 de diciembre, una gran movilización, frente a las instalaciones patronales, en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva. Estos atascos están provocados en un buen número de casos por demandas salariales no satisfechas, pero no solo por esa razón. Además, en esta protesta reclamarán también todas las reivindicaciones sindicales en materia de convenios que están negociando en la mesa de la reforma laboral.

Precisamente, Sordo elevó ayer el tono de esa mesa, poniendo varias líneas rojas y asegurando que el acuerdo no está ni mucho menos garantizado. Así criticó que se esté lanzando expectativas “excesivamente optimistas” respecto a la consecución de un pacto: no solo no está garantizado un acuerdo tripartito –Gobierno, sindicatos y patronal–, sino que tampoco está garantizado que se produzca solo entre el Ejecutivo y las centrales sindicales. “CC OO no está viviendo ningún idilio con el Gobierno”, dijo Sordo.

Llegados a este punto, el líder sindical enfrió la posibilidad de un consenso inmediato, al asegurar que “la negociación está en un momento clave, pero aún le quedan varios capítulos”. Y puso varias líneas rojas. “Si no se modifica la prevalencia del convenio de empresa, no va a haber acuerdo con las organizaciones sindicales”, advirtió. Y tampoco lo habrá si no se recupera la ultraactividad de los convenios, añadió. “Se pueden buscar fórmulas para desbloquear la negociación de convenios, pero hay que acabar con esa espada de Damocles que supone que si no se llega a un acuerdo ese convenio desaparece”.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, también echó ayer un jarro de agua fría sobre las posibilidades de un acuerdo inminente en materia de reforma laboral. En este sentido, defendió que su organización está dispuesta a hablar de cómo mejorar ciertos aspectos del mercado laboral, pero “para nada” se siente “concernida” por lo que pactaron PSOE y Podemos en el acuerdo de coalición. “Nosotros estamos comprometidos para hablar de mejoras, transaccionar ciertos temas y sobre todo de lo que se nos plantea en Europa –en referencia a la reducción de la excesiva temporalidad–, pero no estamos concernidos en absoluto por el acuerdo del gobierno de coalición”, señaló. El líder patronal se desvinculaba así de los compromisos adquiridos entre el PSOE y Unidas Podemos para recuperar la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de empresa o la vuelta a la ultraactividad, ambas cuestiones exigidas por los sindicatos.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha sumado 1.080 nuevos trabajadores autónomos en el mes de noviembre. El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado de “muy positivos” dichos datos, ya que se suman a un descenso del paro en 74.381 personas.

En ese sentido, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sigue una senda “muy positiva” de crecimiento. No obstante, desde ATA destacan que el crecimiento de autónomos en el RETA es “inferior” al registrado en el mismo mes el año anterior. Cabe recordar que en noviembre de 2020 el número de autónomos se incrementó en 2.504 personas.

Por comunidades autónomas el crecimiento en el número de trabajadores autónomos también es desigual. De hecho, en Madrid se ha registrado un aumento de 1.698 autónomos. Por detrás se sitúa Canarias con un incremento de 583 autónomos y Andalucía con una subida de 539. A estas comunidades autónomas les sigue la Comunidad Valenciana con 448 autónomos más. Dichos datos han compensado el descenso que se ha registrado en otras comunidades como son Baleares, con una caída de 2.613 profesionales autónomos; o Castilla y León, con un descenso de 265 profesionales autónomos y Galicia, donde también ha bajado en 131 profesionales el número de autónomos.

El presidente de ATA considera que con estos datos habría que preguntarse si tiene sentido derogar la normativa laboral. A su juicio, ésta está “permitiendo en estos momentos recuperar el empleo perdido en todos estos meses de pandemia”. Según dice, actualmente el tejido productivo está “convulso” con factores que afectan directamente a la economía como son los costes energéticos, los de los carburantes o la falta de materias primas.

Amor llama a la prudencia, pese a lo positivos de los datos durante el mes de noviembre. Según dice, hay que ver cómo evolucionan los datos en los próximos meses, así como la negociación de la reforma laboral. “Está claro que la normativa laboral actual está sirviendo para crear empleo, para crear empleo estable y lo que no podemos hacer es establecer rigidez en la normativa laboral y que esto que estamos consiguiendo se frene de golpe”, ha añadido.

La mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, integrada por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, se reunirá a diario desde el próximo lunes para tratar de alcanzar el acuerdo tripartito y tener aprobada la nueva legislación antes de fin de año, como prometió el Ejecutivo a Bruselas, según han informado fuentes sindicales tras la negociación de este viernes.

Los negociadores comenzaron a abordar los cambios normativos el pasado 17 de marzo y, a medida que se acercaba la fecha límite, empezaron a intensificar sus reuniones, que pasaron de dos a tres citas semanales. A partir del lunes, el Gobierno, los sindicatos y la patronal se sentarán a negociar a diario. La reunión de este viernes, que ha durado unas cuatro horas, ha concluido "sin avances significativos", como han señalado fuentes sindicales.

Este ha sido el segundo encuentro de la semana, ya que la mesa también negoció el martes, por videoconferencia. En esa ocasión, el Ejecutivo llevó a las partes una nueva propuesta en la que mantenía los límites a la contratación temporal, pero establecía topes por días y no por número de trabajadores en relación al tamaño de la empresa, como había propuesto hasta entonces. El Gobierno se comprometió en esa reunión a llevar este viernes un nuevo texto que recogiera las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el encuentro del martes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno cumplirá sus compromisos con la Comisión Europea y la nueva reforma laboral estará publicada en el BOE antes del 31 de diciembre. En la misma línea, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que se mantendrá el calendario y que la nueva legislación se aprobará antes de que finalice el año porque de dicha aprobación, entre otras materias, depende que España reciba un nuevo tramo de fondos europeos de 12.000 millones de euros.

El departamento de Nadia Calviño ratifica así el compromiso del Ejecutivo, a pesar de que este mismo viernes la Comisión Europea ha concedido que el calendario pactado con España para la reforma laboral es "indicativo". "Animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto y aprobar la reforma del mercado laboral en el cuarto trimestre de este año, conforme a los compromisos enunciados en la decisión de ejecución del Consejo", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas una de las portavoces comunitarias, Arianna Podestà.

Los plazos, no obstante, "son indicativos", ha añadido Podestà, sin dejar de recalcar que es "importante" que todos los Estados miembros hagan "todo lo posible" para garantizar la puesta en práctica "en tiempo útil" de las reformas y las inversiones

La Comisión Europea quiere acabar con la precarización del empleo en las plataformas digitales y exigirá condiciones "justas" para los riders y los trabajadores de plataformas. Actualmente, más de 28 millones de personas trabajan a través de estas compañías en la UE y para 2025 se espera que ese número se eleve a los 43 millones, y el ejecutivo comunitario calcula que en estos momentos unos 5,5 millones trabajan como falsos autónomos.

En este escenario, la Comisión ha propuesto este jueves criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales como Amazon, Uber, Deliveroo, Cabify o Delivery Hero, entre otras muchas, son efectivamente trabajadores de plantilla, con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos y garantizar sus derechos laborales.

La directiva, que se parece mucho a la Ley riders aprobada por España y que entró en vigor el pasado agosto, plantea cinco criterios y, si se cumplen al menos dos de ellos, se considerará que la plataforma emplea al trabajador y que este forma parte de la plantilla de la empresa. Entre los criterios que plantea Bruselas, figura que la empresa establezca el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos.

Asimismo, que restrinja la libertad para elegir las horas de trabajo o los periodos de ausencia, para aceptar o rechazar tareas y para usar subcontratistas o sustitutos. El cuarto criterio es que la plataforma establezca normas vinculantes sobre el aspecto, como la obligación de llevar uniformes con el logo de la compañía, sobre la conducta con el cliente o sobre el desempeño del trabajo. Igualmente, se incluye que la empresa restrinja la posibilidad de que el empleado construya una base de clientes o trabaje para otras compañías.

Si se cumplen dos o más de esas condiciones en la relación laboral entre la plataforma y el trabajador, se considerará que el individuo es un empleado de plantilla y tendrá derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva, a las vacaciones pagadas o a un mejor acceso a la protección frente a accidentes laborales, a las prestaciones por desempleo y por enfermedad, así como a las pensiones contributivas de vejez.

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, aseguró en rueda de prensa que “nadie” intenta “matar, detener u obstaculizar” el crecimiento de las plataformas digitales con las propuestas presentadas. Defendió que Bruselas desea que ese modelo económico “prospere”, pero dijo que “debería adecuarse a nuestros estándares, incluidos los sociales”. Entre 2016 y 2020, los ingresos en la economía de plataformas crecieron desde los 3.000 millones los 14.000 millones.

La Comisión explicó que las nuevas formas de trabajo conllevan nuevos desafíos. “Se hace cada vez más difícil clasificar correctamente la situación laboral de las personas, lo que en algunos casos lleva a una protección social y unos derechos laborales inadecuados”. En este contexto, Schmit se preguntó “¿por qué algunas empresas no deberían estar obligadas a cumplir los mismos estándares sociales que otras contra las que compiten fuera de la economía de las plataformas? Es una cuestión de competencia justa”, subrayó.

En cualquier caso, tanto las plataformas como los empleados tendrán la posibilidad de impugnar la designación de las personas como trabajadores de plantilla mediante procedimientos judiciales o administrativos. Si es la empresa la que se opone, corresponderá a la compañía demostrar que no existe relación laboral con el trabajador. Si, por el contrario, es el trabajador el que rechaza la designación como empleado de plantilla, la plataforma deberá contribuir a la "resolución adecuada" de los procedimientos, "en particular, proporcionando toda la información relevante", indicó Bruselas en un comunicado.

"Los criterios claros que propone la Comisión aportarán a las plataformas una mayor seguridad jurídica, reducirán los costes de los litigios y facilitarán la planificación empresarial", señala la Comisión. Fuentes comunitarias precisaron que los cinco criterios elegidos se basan en la jurisprudencia europea y de los Estados miembros sobre la materia. Por tanto, son principios que tribunales del club comunitario han utilizado para confirmar una relación laboral entre un empleado y una plataforma.

La Comisión espera que, con la directiva, que deberá pasar por el Consejo y por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor, entre 1,7 millones y 4,1 millones de personas vean reconocida su condición de trabajador de plantilla de las plataformas digitales. Otros podrían convertirse en auténticos autónomos, "ya que algunas plataformas podrían ajustar su modelo de negocio", detalló Bruselas.

La directiva, al igual que la Ley riders española, cubre la gestión mediante algoritmos, que cada vez más sustituye a los gerentes a la hora de asignar tareas, monitorizar y evaluar el trabajo realizado, proporcionar incentivos o imponer sanciones. La propuesta incrementa la transparencia en el uso de los algoritmos por parte de las plataformas, asegura el control humano sobre el respeto de las condiciones de trabajo y otorga el derecho a impugnar decisiones automatizadas. Esos nuevos derechos se aplicarán tanto a los trabajadores de plantilla como a los auténticos autónomos.

La Reserva Federal de EE UU cumplió con el guion previsto. Una semana después de que la inflación estadounidense repuntara a su nivel más alto en 40 años (6,8%), el banco central reafirmó su compromiso con la estabilidad de los precios y se mostró más agresivo. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) acordó por unanimidad duplicar la reducción de las compras. A partir del próximo enero dejará de adquirir activos por valor de 30.000 millones al mes. Con esta decisión, la Fed se encamina a concluir el tapering en marzo, tres meses antes a lo inicialmente previsto. El cambio en el ritmo de la reducción refleja “los desarrollos de la inflación y la mejora adicional el mercado laboral”, según el comunicado del comité.

Pero las novedades en materia de política monetaria no quedaron ahí. El alza de los precios y la fortaleza que viene mostrando la economía estadounidense podrían justificar una subida acelerada de los tipos, proceso que comenzaría a mitad de año. Para 2022 los miembros del FOMC prevén tres subidas de los tipos. De confirmase estos pronósticos en cuestión de meses el precio del dinero pasaría de su mínimo histórico del 0-0,25% al 0,75%-1%. Esto supone un cambio importante respecto a la última vez que actualizaron las proyecciones. En septiembre el comité estaba dividido sobre la necesidad de subir los tipos en 2022. Las nuevas proyecciones son más agresivas incluso y prevén otras tres subidas de las tasas en 2023 y dos en 2024, proceso tras el cual la horquilla de los tipos se situaría entre el 2% y el 2,25%, niveles no vistos desde septiembre de 2019.

“La economía ya no necesita tantos estímulos con los elevados niveles de inflación”, señaló Jerome Powell en la rueda de prensa. A pesar del cambio radical, la Fed reiteró que está preparada para ajustar el ritmo de las compras si los cambios en las perspectivas lo justifican”. Lo que sí desapareció del comunicado fue la referencia a la transitoriedad de la inflación, idea reiterada, y por activa y por pasiva en los últimos meses.

Además de las nuevas proyecciones de tipos, la Fed actualizó el cuadro macro. El comité espera que en 2021 EE UU crezca un 5,5%, cuatro décimas más que lo previsto anteriormente. En 2022 el PIB aumentará un 4% y ya en 2023 se moderará al 2,2%. La inflación concluirá el año en el 5,3%, para bajar al 2,6% en 2023, nivel aún superior al objetivo del 2%. La mejora del mercado laboral seguirá su curso. La tasa de desempleo caerá del 4% en 2022. Por su parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los precios energéticos, se situó en noviembre en el 4,9%, tres décimas por encima de la del mes previo. Para el cierre del ejercicio, la Fed prevé que finalice en 4,4% y ya en 2023 caiga del 3%.

La mejora de las proyecciones sirvió de revulsivo a Wall Street, que avanzó sobre un 1,6%. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a dos años se situó en el 0,66% -aunque llegó a rozar los máximos anuales del 0,68%-, mientras la deuda a 10 años subió un 1,46%.

"España es el país que más avanzado va en el despliegue del Plan de Recuperación", reivindicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que compareció tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la marcha del paquete de inversiones y reformas sufragado con las ayudas europeas. Calviño aseveró que 65 de cada 100 euros del gasto presupuestado para este año ya han sido comprometidos a proyectos concretos y que las comunidades han ingresado ya unos 11.000 millones. Del desglose de este último reparto, eso sí, se deriva una asignación muy desigual por territorios en la que Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más del 40% de los recursos.

España, que tiene derecho a recibir hasta 69.500 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea para la recuperación de la crisis del Covid, recibió un anticipo de 9.000 millones en verano y ha sido el primer país en solicitar un desembolso oficial, ligado ya al cumplimiento de 50 hitos concretos, que aspira a ingresar antes de fin de año. Pese a que el desembolso comunitario para el país será de 19.000 millones en el ejercicio, el Gobierno se garantizó en el Presupuesto General de 2021 la posibilidad de adelantar vía deuda un total de 24.000 millones a cuenta del Plan de Recuperación. De dicha cuantía, detalló Calviño, el Ejecutivo de coalición ha autorizado ya el uso de un 73% de los fondos (unos 17.500 millones), que es el primer paso de la ejecución. El segundo estadio, que comporta ya el compromiso concreto de uso del dinero ha sido sellado ya para el 64,5% de los recursos (cerca de 15.500 millones).

Calviño no desveló, sin embargo, la cuantía total que se ha abonado efectivamente, que es la tercera y definitiva fase de ejecución. "No es cuestión de ejecutar todo en un mes", se limitó a manifestar preguntada por el dato concreto, recordando que el Plan de Recuperación comporta actuaciones hasta el año 2026 y que el objetivo es acelerar el ritmo en 2022.

Economía sí que detalló, sin embargo, el reparto territorial de los 11.001 millones de euros comunitarios que han sido ya transferidos a las comunidades autónomas. Por volumen, la región más beneficiada ha sido Andalucía, que ha ingresado 1.887 millones, el 17,15% del monto total asignado a las autonomías. Le siguen Cataluña, con 1.538 millones (el 13,98% de los recursos) y, en tercer puesto, Madrid, con 1.180 millones (10,73% del reparto regional). Entre las tres comunidades acaparan el 41,86% de los 11.000 millones transferidos a los territorios.

El resto de regiones asumen ya, en cada caso, menos del 10% del montante. Destaca por la parte alta la Comunidad Valenciana, con 1.038 millones (9,43% del total). Entre estas cuatro comunidades concentran la mitad de todo el dinero comunitario repartido entre las autonomías. Ya por detrás quedan Castilla y León o Galicia (con algo más del 6% en cada caso); Castilla-La Mancha (5,4%); Canarias, País Vasco (ambas con más del 4%); Extremadura (rozándolo); o Aragón y Murcia (con más del 3%). Los territorios que menos porción de la tarta europea han recibido son Asturias, Baleares (2,6%, en ambos casos); Navarra (1,8%); Cantabria (1,5%) y La Rioja (1%).

El Gobierno detalló que estos recursos irán destinados al despliegue de inversiones en ámbitos de competencia autonómica, entre los que destaca los de vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. En paralelo, el departamento que dirige Calviño detalla que las entidades locales han recibido otros 3.000 millones de euros a través de distintos reales decretos y órdenes ministeriales de convocatorias de subvenciones públicas.

A partir de aquí, en todo caso, la vicepresidenta económica del Gobierno anticipó que el objetivo es elevar la velocidad de ejecución de los fondos comunitarios hasta "alcanzar la velocidad crucero en 2022" aprovechando el empuje de la recuperación económica. Calviño, que de momento se resiste a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para 2021, del 6,5%, y 2022, del 7%, pese a que economistas y analistas han rebajado ya estas cifras con fuerza, se limitó a sostener que la incertidumbre imperante comportará nuevas correcciones en las próximas semanas pero que lo importante es que la tendencia de fondo es un crecimiento económico que va "de menos a más".

Así lo demuestra la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad publicada ayer, correspondiente al cuarto trimestre de este año que elabora trimestralmente el Banco de España, donde el 30% de las empresas encuestadas declaran estar aumentando sus precios de venta (10 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior). Es más, cerca de la mitad de estas sociedades encuestadas (el 44%) prevén aumentar sus precios en el primer trimestre de 2022 y el 60%, a lo largo del resto del año que viene.

Este incremento de los precios obedece al hecho de que, en general, las más de 5.000 empresas que respondieron a la encuesta del Banco de España que fue lanzada a cerca de 15.000 sociedades (la tasa de respuesta superó el 37%) vienen registrando una "agudización de las presiones inflacionistas", indica el texto del supervisor. En concreto, en este cuarto trimestre --con el IPC situado en el 5,4%-- tres de cada cuatro empresas (el 74%) declararon haber observado un aumento de los precios en sus consumos intermedios, y este porcentaje ha aumentado más de 20 puntos en un solo trimestre.

Es más, las compañías consultadas esperan que este comportamiento inflacionista se mantenga al inicio del próximo año, de forma que el 77% prevén incrementos adicionales en el coste de los productos intermedios que demandan ya en el primer trimestre de 2022. Y un porcentaje parecido lo espera cuando les preguntan por el horizonte a un año, por lo que la inmensa mayoría "consideran que las actuales presiones de costes de sus consumos intermedios tendrán un carácter relativamente persistente".

En línea con estas perspectivas, las empresas encuestadas aseguraron seguir mejorando su facturación en este último trimestre del año, pero se mostraron algo menos optimistas debido a que ven dicha mejora "parcialmente entorpecida" por las alteraciones en las cadenas de suministros y el encarecimiento de los consumos intermedios. Así, el 35,1% de las empresas españolas incrementó su facturación en el cuarto trimestre, seis puntos más que en el tercero, aunque solo un 30% espera mejorar sus ventas en el primer trimestre de 2022, cinco puntos menos. Los sectores que se han anotado una mayor recuperación de ingresos a finales de este ejercicio fueron los servicios de no mercado, el transporte y la información y las comunicaciones.

En términos generales, el análisis que hace el Banco de España de los datos de esta encuesta, indica, que el encarecimiento reciente de los consumos intermedios (energéticos y no energéticos) y la intensidad de las alteraciones de la cadena de suministros están claramente relacionados. De hecho, el supervisor destaca que las empresas más afectadas por el aumento del precio de sus costes energéticos y por los cuellos de botella en las cadenas de suministros, tienden a prever mayores aumentos del precio de sus consumos intermedios.

Mientras que, entre el resto de los condicionantes de la actividad empresarial, las compañías con peores perspectivas para su demanda tienden a rebajar esas presiones de inflación de costes, mientras que, por el contrario, la incertidumbre sobre la política económica aparece relacionada con mayores expectativas de aumentos de costes. En esta misma línea las empresas con mayores dificultades de contratación de mano de obra, anticipan mayores presiones sobre sus costes laborales, lo que también se traslada a las futuras cuantías de los incrementos salariales.

España ha recibido dos buenas noticias en los últimos 10 días. Por un lado, las autoridades comunitarias han avalado el primer desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones, tras dar por bueno el cumplimiento de los primeros 52 hitos o compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Y, en segundo lugar, Bruselas dio el pasado jueves luz verde al plan estratégico (PERTE) del automóvil, que incluye inversiones por 3.000 millones. Ambas noticias son el reflejo de que la gestión de los fondos europeos se está acelerando en los últimos meses tras un inicio repleto de dificultades.

Los primeros pasos fueron titubeantes. El hecho de ser el primer país en presentar el Plan de Recuperación intensificó el escrutinio de Bruselas, que analizó cada coma del extenso documento que recoge las reformas estructurales (reforma laboral, pensiones, tributaria...) e inversiones.

En los Presupuestos de este año, el Gobierno incluyó una partida de 24.198,28 millones de fondos europeos, y prevé movilizarlos en su mayoría tras el acelerón de los últimos meses. En octubre firmó el último documento de seguimiento y control con Bruselas para garantizar el buen empleo de los fondos y desde entonces se han multiplicado las adjudicaciones. Hasta el pasado miércoles, ya se había autorizado algo más del 73% —unos 18.000 millones— y se había comprometido un 64,5% —por encima de los 15.600 millones—, según fuentes gubernamentales. Es decir, supera en un 50% el dato acumulado que había a comienzos de septiembre. Además, el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos una disposición que le permitirá ejecutar en 2022 lo que no comprometa ahora.

“El ritmo siempre es menor al principio hasta que se alcanza velocidad de crucero. Si nos comparamos con el resto de países, estamos muy avanzados”, dicen fuentes de La Moncloa. El difícil arranque se explica por diversos motivos: la primera mitad del curso fue casi inhábil mientras se cerraba la negociación del Plan de Recuperación con Bruselas; se partía de cero en la creación de la estructura, y no se contaba con referencias de otros países. Además, se necesitaba alinear toda la maquinaria pública, que era como hacer pasar el Titanic por un río. “Había ministerios acostumbrados un presupuesto de 100 millones y de pronto tienen que administrar ayudas por 2.000 millones. Eso requería reforzar departamentos y cambiar la mentalidad”, dice un alto cargo.

La ejecución del plan suponía un gran desafío para todas las Administraciones públicas. Tienen que invertir en tiempo récord los 140.000 millones de las ayudas europeas, una cantidad equivalente a todos los fondos estructurales que ha recibido España desde su entrada en la UE, según recuerda la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Tras los suspensos en otras crisis, esta vez España ha querido ser un alumno modélico. Es, tras Italia, el país de la UE que más fondos recibe. Todas las miradas se dirigen al país, ya que de la gestión que haga depende que este instrumento temporal lanzado por Bruselas para conjurar la crisis del virus se convierta en estructural. Por eso, España fue el primer país en presentar el plan, el primero en recibir el visto bueno de la UE, el primero en recibir el primer cheque de ayudas y en firmar el protocolo de controles y el itinerario de reformas e inversiones. Ahora también ha sido el pionero en sacar un PERTE adelante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supervisa de cerca su evolución y presiona para que se cumplan los plazos, admiten fuentes gubernamentales.

Fuentes de La Moncloa reconocen que existió un cuello de botella inicial y se tuvieron que reforzar los equipos. Pero es una etapa, dicen, ya superada. Incluso en las autonomías, que siguen a rebufo. En este caso van por detrás porque esperaron a conocer los detalles del plan para sacar sus convocatorias. “Nos gustaría que fuesen más rápido, aunque en las últimas semanas ya han acelerado mucho”, admiten. El Gobierno ya ha transferido más de 11.000 millones a las comunidades, que también están acelerando.

Un funcionario que conoce los entresijos de la gestión de los fondos achaca la demora también a la obligación de cumplir los farragosos requisitos de la Comisión. Y recuerda un episodio que le contó un veterano al llegar a su puesto: cuando los estudiantes universitarios protestaban en los setenta contra la dictadura, gritaban “fuera Franco”. Entonces, uno de los alumnos de Derecho respondió: “Sí, compañero, pero eso también tiene su procedimiento”. Eso ocurre ahora con el maná europeo: hay que repartirlo cuanto antes, pero respetando los procesos legales. También hubo cierta congestión por el exceso de cautela de algunos funcionarios a firmar las convocatorias ante el riesgo de problemas legales. Tras el acuerdo de los procesos de control y seguimiento con Bruselas, estas reticencias han desaparecido.

La realidad es que Bruselas ha presionado de lo lindo con el plan español. La Moncloa creó un grupo de trabajo, liderado por Manuel de la Rocha, con media docena de funcionarios de todos los ministerios para coordinar el despliegue del plan. Han sudado tinta para sacarlo adelante por las presiones de la Comisión, que quería endurecer la tutela y supervisión y reservarse la última palabra en cada reforma e inversión. Las autoridades comunitarias consideraban que lo que hicieran con España, al ser el primero, servía de ejemplo para otros países.

El tono de indignación con el Gobierno reinante entre las empresas de transporte de mercancías, representadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha bajado varios grados, aunque se mantiene la convocatoria de paro patronal en plenas Navidades. El cierre sería los días 20, 21 y 22 de diciembre.

El CNTC ha vuelto a reunirse con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, después de levantarse el pasado jueves, día 2, de la mesa de diálogo exigiendo mayor atención a las peticiones del sector. Incluso se ha sumado a las conversaciones la ministra, Raquel Sánchez, en un gesto de acercamiento.

Pardo de Vera ha acudido con un nuevo ramillete de soluciones que el CNTC aprecia como “un cierto avance respecto al documento anterior”. Pero también se advierte que “queda lejos de los objetivos del CNTC, en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los conductores, así como un pulmón económico inmediato para profesionales y empresas”.

La representación patronal, presidida por Carmelo González Sayas, busca que las medidas de mejora se incluyan en un procedimiento legislativo urgente. De hecho, en la anterior cita se rechazó que fueran recogidas en la Ley de Movilidad que tramita el Ministerio.

Ya no se habla de falta de voluntad del Ministerio para llegar a un entendimiento ni tampoco de la posibilidad de una huelga indefinida. Las empresas vienen poniendo de manifiesto una situación de abandono por parte del Gobierno, que se ve acentuada por el proyecto de implantación del pago por uso en autovías, sobre el que el transporte profesional pide total exención.

También se reclama la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; una reducción en los tiempos de espera; la aplicación obligatoria de una cláusula de revisión del precio del gasóleo, y la devolución de los importes atrasados del céntimo sanitario, entre otros puntos.

Marcos Basante, presidente de Astic, una de las asociaciones afectadas, ha comentado que la negociación sigue en pie “y estamos avanzando en varios puntos, aunque todavía es pronto para que el CNTC adopte una decisión respecto a la desconvocatoria o no del paro patronal”. Este representante del transporte añade que “hay varias cuestiones, algunas relacionadas con el planteamiento jurídico de alguna medida propuesta por el Gobierno, que aclarar”.

El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, derivado de la ley de 2015 sobre el régimen jurídico del sector público, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero en cuya sentencia cierra la puerta a reclamar las liquidaciones ya emitidas y que no estén recurridas. Ahora con este dictamen del abogado general de la UE, que deberá ser ratificado por el Tribunal Europeo de Justicia, se abre la posibilidad de que los contribuyentes afectados por estas liquidaciones de la plusvalía municipal, declaradas nulas, puedan reclamar al Estado español una indemnización.

En concreto, Szpunar considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicho impuesto, e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que "imposibiliten o dificulten excesivamente" en la práctica obtener una indemnización.

Así, defiende que los recursos que pueden presentar los ciudadanos no tienen por objeto indemnizar los daños causados por el Estado legislador por una infracción del Derecho de la Unión, sino únicamente permitir que se indemnicen los daños causados como consecuencia de actos adoptados por la Administración sobre la base de una ley incompatible con el Derecho de la Unión.

Asimismo, asegura que el requisito exigido por la norma española, en virtud del cual antes de poder interponer el recurso, el particular debe haber obtenido ante cualquier instancia una sentencia firme denegatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, es "absoluto" y, en consecuencia, "contrario al principio de efectividad", en la medida en que no prevé ninguna excepción para aquellos casos en los que el ejercicio de una vía de recurso previa puede plantear dificultades excesivas, "en particular cuando el daño es ocasionado directamente por la ley".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la "progresiva normalización de la actividad judicial tras las especiales circunstancias causadas por la pandemia" de Covid-19 en el año 2020, a pesar del descenso de asuntos en un 2% en este tercer trimestre con respecto al ejercicio anterior. Así se desprende del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2021, que revela que los juzgados y tribunales de toda España registraron un total de 1.412.676 nuevos asuntos, resolviendo un total de 1.326.719, lo que supone un 0,9 % menos que en el mismo periodo del pasado año.

El estudio hace especial hincapié en que la crisis sanitaria provocó "fuertes reducciones en el ingreso de asuntos en el primer y, especialmente, segundo trimestre" del año anterior, llevando a "un importante crecimiento en el tercero". En este tercer trimestre de 2021 también se observa que la pendencia descendió un 1,4 % al quedar en trámite al final del periodo analizado 3.126.661 asuntos. En la jurisdicción Civil ingresaron 533.846 asuntos, una cifra similar a la del tercer trimestre de 2020, periodo durante el que se registraron un total de 533.412. Del total se resolvieron 506.217 asuntos, un 3,3 % menos, y quedaron en trámite 1.719.854, un 0,3 % más que al final del mismo trimestre de 2020.

De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 13,1 % se corresponden con los que han quedado pendientes de resolución en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como las cláusulas abusivas. En lo relativo a la jurisdicción Penal, se registraron 735.043 asuntos, con un incremento interanual del 0,1 por ciento, resolviéndose un total de 697.259 asuntos, un 0,4 % más que el año anterior. Además, quedaron en trámite 817.928, un 3,9 % menos.

Por otro lado, la jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 46.007 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 17,7 %. Se resolvieron 41.255, un 7,6 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite 220.664, un 1,1 % más. Por último, la jurisdicción Social ingresó 97.741 asuntos, un 16,7 % menos que en el mismo trimestre de 2020. El CGPJ ha informado de que se han resuelto 81.953 asuntos, un 7,9 % más, quedando pendientes de resolución 368.103, un 5,1 % menos.

Del informe también se desprende que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 29,84 asuntos por cada 1.000 habitantes, continuando las Islas Canarias como la comunidad autónoma con la cifra más alta, situándose en 37,3 asuntos. El territorio insular está seguido por Andalucía (32,6), las Islas Baleares (31,9), Madrid (30,7), Murcia (30,4) y la Comunidad Valenciana (29,9). Por el contrario, los territorios con tasa de litigiosidad más baja de España fueron País Vasco (21,3), La Rioja (21,8) y Extremadura (23,2).

En base a las series histórica trimestrales, el CGPJ ha realizado una previsión en la que deduce que, en el cómputo total del año 2021, habrá ingresado un total de 6.240.000 asuntos, resolviendo un total de 6.027.800. Según esos cálculos, quedarían en trámite 2.823.500 asuntos y se habrán dictado hasta 1.560.700 sentencias.

El CGPJ cumple este sábado un récord de tres años en funciones con la esperanza de que el acuerdo entre Gobierno y PP para su renovación, prácticamente cerrado, cristalice antes de fin de año, para lo cual la clave será concretar cómo será en el futuro el sistema de elección de sus vocales. En público las posiciones no han variado y ambas partes culpan a la otra del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, de cuyas negociaciones se ocupan los hombres de confianza de Pedro Sánchez y Pablo Casado, es decir, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Fuentes gubernamentales reconocen a Efe "contactos discretos" con el PP para alcanzar un acuerdo y desde el PSOE confían en que la estabilidad de la legislatura con los presupuestos encarrilados, se traslade al Consejo, más aún tras demostrar que "el consenso es posible" por la reciente renovación de otros órganos constitucionales. Mientras que los populares condicionan la renovación a su exigencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en próximas renovaciones los jueces elijan a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial, como -recuerdan- pide la UE.

Pero de puertas adentro el escenario es otro. Fuentes próximas a las negociaciones señalan a Efe que el acuerdo está prácticamente cerrado, falta encontrar el momento de anunciarlo y cómo hacerlo. Porque su culminación está condicionada a ofrecer al PP una salida o vía de escape para que justifique públicamente el acuerdo ante su electorado. No le vale con un compromiso del Gobierno para estudiar el modelo de renovación de los vocales a futuro, quiere una iniciativa parlamentaria conjunta o bien una comisión de trabajo.

Además, las fuentes consideran que con la excepción del juez Ricardo de Prada, a quien sigue queriendo vetar el PP, "los nombres ya no son el problema" habida cuenta de los perfiles que se han elegido para la renovación del Constitucional, con especial atención al catedrático propuesto por el PP, Enrique Arnaldo. Precisamente la renovación del TC y otros cargos de órganos constitucionales abre la puerta a facilitar el acuerdo del CGPJ pues son varias las fuentes consultadas que entienden que "el momento propicio es ahora" y que difícilmente la opinión pública en general y el sector jurídico en particular podrían entender que se demore más el asunto, tras ver como en un día PP y PSOE se pusieron de acuerdo para la renovación de estas instituciones.

Desde el Consejo comparten este mismo diagnóstico haciendo hincapié en que "ya no valen excusas" porque "la imagen del Poder Judicial está siendo degradada" tras un tiempo récord de interinidad, de ahí que las informaciones que manejan apuntan a "un posible acuerdo antes de fin de año". Algunos vocales consultados por Efe se aventuran en prestar atención a la semana del 13 al 20 de diciembre por las informaciones que les han hecho llegar, pero lo hacen con "todas las prudencias" y "no mucha esperanza" porque son conscientes de los intentos fallidos hasta la fecha cuando todo apuntaba a que era inminente.

Independientemente de cuando cristalizará el acuerdo, los vocales afirman tener "las maletas hechas desde hace mucho tiempo" por "estar en la interinidad más absoluta", especialmente tras la última ley que les impide realizar nombramientos, muy contestada abiertamente por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Porque esta situación tiene particularmente en vilo al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno advertía hace dos meses de que de no cubrirse las vacantes en el tribunal por el bloqueo en la renovación del CGPJ el escenario será "insostenible" e implicará que "se dictarán mil sentencias menos al año", por lo que considera "imprescindible" actuar para evitar el "colapso" del tribunal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la subida salarial en Justicia. Según ha informado CSIF en una nota han desconvocado la huelga prevista para el próximo 15 de diciembre tras "desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que ha sido refrendado por el 87% de los trabajadores".

Este acuerdo prevé una subida del complemento específico para el personal dependiente del Ministerio de Justicia (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con el resto de empleados públicos de las CCAA que tienen esta competencia transferida.

En total, cerca de 15.000 empleados públicos se beneficiarán del acuerdo y a partir de ahora verán complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, que se abonarán en tres plazos (diciembre 2021, enero 2022 y enero 2023), en función de las categorías. El 85% de las cantidades se percibirá desde enero de 2022. Además, se incrementa el porcentaje que se abona en la nómina de diciembre de este año, del 60 al 65 por ciento, con efectos retroactivos a enero del 2021.

Felipe VI ha defendido el papel de la Justicia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en el Auditori de Barcelona, al que el pasado año no asistió por decisión del Gobierno alegando que ello podría alterar la convivencia. Sin hacer ninguna mención a la controversia que generó su ausencia el pasado año, el monarca ha destacado la legitimidad "constitucional y moral" de la Justicia como "una institución esencial en la que los ciudadanos pueden confiar".

"Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos", ha proclamado el jefe del Estado en un acto al que no ha asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ni ninguno de sus consellers. En la ceremonia sí han participado la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lemes; el del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entre otras autoridades judiciales.

Lesmes ha expresado su agradecimiento a Felipe VI por volver a presidir la ceremonia. "Su presencia honra a quienes servimos en España a la Justicia y a quienes hoy se incorpora a esa tarea", ha manifestado el presidente del CGPJ. Lesmes avivó la controversia el pasado año cuando desveló que Felipe VI le telefoneó para transmitirle que le "hubiera gustado" estar en el acto de entrega de los diplomas. Una revelación que dio pie al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a acusar al monarca de "vulnerar la neutralidad constitucional y democrática" al interpretar su llamada como una queja al Gobierno por no acudir a la ceremonia.

También el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha agradecido a don Felipe su asistencia este por representar "un sólido apoyo" a la institución, cuya sede está en Barcelona. Tras recordar que "las instituciones en toda la sociedad son esenciales para hacer realidad la idea de Estado", del que el poder judicial es parte "nuclear", Felipe VI se ha dirigido a los 188 nuevos jueces que integran la 70 promoción de la carrera judicial para pedirles que actúen desde "la independencia y la imparcialidad".

"La aplicación del caso concreto, desde el más estricto rigor técnico, pero también desde la valoración en conciencia de las específicas circunstancias de cada asunto, es lo que da sentido a vuestra entrega al servicio público de la Justicia", ha sostenido el jefe del Estado, quien ha recibido una cerrada ovación completada con un "¡viva el rey!" de los presentes. En su opinión, estos elementos definen "la esencia de la función judicial en un Estado de derecho y son indispensables para la estabilidad social".

Ha hecho ver a los nuevos jueces que su compromiso con la ciudadanía ha de ser "inquebrantable" y que su tarea a partir de ahora va a ser "compleja", por lo que los ha animado a actuar con "espíritu constitucional" para contribuir "al buen nombre y gran labor del poder judicial español". La nueva hornada la componen 188 jueces, de los que 134 son mujeres, el 71,2 por ciento, con una edad media de 28 años. El principal contingente, formado por 73 jueces, irá destinado a juzgados de Cataluña, mientras que 45 se estrenarán en Andalucía.