Como ya sabrá, la contabilidad de costes permite calcular a la empresa lo que le cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. Así, le es mucho más simple planificar recursos, rentabilidad procesos y, en definitiva, tomar decisiones de manera acertada y sin caer en errores. Además, le permite diseñar estrategias comerciales, como pagar comisiones o aplicar descuentos.

En definitiva, va un paso más allá de lo que muestra la contabilidad general regulada por el Plan General Contable (PGC), donde la Cuenta de Explotación se limita a indicar si tu empresa ha dado beneficios o pérdidas de una forma global.

A continuación, vamos a señalar los aspectos más desatacados de cómo funciona esta modalidad de contabilidad.

¿En qué consiste la contabilidad analítica?

En realidad, no es una contabilidad al uso, es decir, no es ningún sistema de asientos de partida doble, sino más bien se podría definir como un conjunto de técnicas que permiten analizar la forma en que se distribuyen los costes e ingresos de una actividad, para dar como resultado una información de uso interno que facilita la toma de decisiones por parte de la empresa o del empresario individual. Y eso es así porque ayuda a distribuir los gastos e ingresos por línea de negocio, producto, cliente, unidad productiva, departamento, etc., lo que permite calcular de forma autónoma y separada los resultados concretos de cada uno de ellos.

Diferencias entre contabilidad analítica y contabilidad financiera

Ya se ha comentado que una y otra son diferentes. Así, mientras que la contabilidad financiera es obligatoria y de carácter externo, la contabilidad de costes no es obligatoria y es de uso interno para la empresa. Los principales puntos que las distinguen son los siguientes:

- La contabilidad analítica no es obligatoria ni se rige por ninguna ley específica, mientras que la contabilidad financiera está sujeta a la regulación mercantil y al PGC.
- La contabilidad financiera es de carácter externo y más general que la analítica. Por su parte, la contabilidad analítica ayuda a especificar la rentabilidad de un proyecto concreto con respecto al resto de los que hay en la empresa.
- La contabilidad financiera es uno de los aspectos clave a la hora de llevar a cabo las relaciones de la empresa con terceros (clientes, proveedores, Hacienda...), mientras que la contabilidad analítica se centra en proporcionar información enfocada a la toma de decisiones internas.
- El objetivo de la contabilidad financiera es obtener los estados financieros del negocio con carácter general, mientras que la analítica se centra en los resultados detallados de un área en particular.
- La contabilidad analítica se caracteriza porque tiene una orientación más a largo plazo y de futuro que la contabilidad financiera.

¿Qué ventajas ofrece llevar una contabilidad de costes para empresas y autónomos?

Son muchos los motivos por lo que resulta aconsejable llevar una contabilidad analítica. Entre sus principales ventajas podemos destacar las siguientes:

- Al poder determinar de forma individualizada los costes, ayuda a decidir si es mejor o no el lanzamiento de un nuevo producto.
- Permite potenciar o por el contrario cerrar líneas de negocio, en función de su rendimiento.
- Ofrece información precisa sobre costes directos, indirectos, márgenes, etc.
- Facilita el control de costes de la empresa o negocio, aportando además información sobre su evolución, lo que comporta asimismo conocer qué hacer para incrementar el ahorro en cada uno de ellos.
- Facilita el establecimiento de políticas de precios por productos, clientes, líneas, etc., tanto para productos como para servicios.
- Favorece la decisión sobre la compra de activos productivos de la empresa.
- Permite cuantificar la aportación al resultado final de la empresa de cada producto, servicio, línea, departamento, etc.
- En definitiva, mejora la productividad, eficiencia y desarrollo del negocio.

¿Cómo implantar de manera sencilla la contabilidad de costes?

Antes que nada, debemos recordar que la contabilidad de costes, al contrario que la contabilidad general para las empresas sometidas a lo regulado por el Código de Comercio, no es obligatoria, aunque sí que es un recurso muy interesante para controlar el negocio, sin que para ello sea necesario destinar grandes recursos. Además, al contrario de lo que supone la contabilidad general para las empresas, que deben seguir a rajatabla lo establecido en el PGC, aquellos que opten por implantar una contabilidad analítica gozan de un amplio margen de maniobra, ya que al margen de unos principios generales, cada usuario establece unas pautas totalmente personalizadas, adoptando el modelo que mejor se adecua a la realidad su negocio.

Una buena manera de empezar es organizar los resultados en dos tipos de documentos:

1.- Apuntes individuales que reflejen las operaciones realizadas, sus importes, etc., que resulten de los libros contables o en su defecto del registro de ingresos y gastos del empresario individual, si es que no está obligado a llevar contabilidad

2.- La información de los costes de la empresa o del empresario individual para uso exclusivamente interno.

Resulta obvio añadir que uno de los aspectos más importantes es tener actualizada la contabilidad de costes, para que la toma de decisiones siempre esté basada en los números reales de la empresa o del empresario.

En general, tanto las pymes como los autónomos, utilizan sistemas sencillos de contabilidad de costes para analizar principalmente sus costes y margen de beneficios por departamentos (producción, comercial, administración, etc.), o por líneas de actividad (productos o servicios A, B y C). En base a esta información la pyme o el autónomo podrán saber el valor relativo que aporta cada departamento en su empresa, así como el rendimiento de los principales productos. En ambos casos será necesario poder asignar las facturas de ingresos y costes a esos departamentos o líneas de actividad. Para ello será necesario disponer de un programa avanzado de gestión (software de contabilidad, ERP, TPV para comercios o similar), que permita esa asignación o bien un software de facturación y contabilidad más sencillo que permita la exportación de las facturas a Excel u hoja de cálculo para realizar ahí la asignación y el tratamiento de los datos.

Evidentemente, será necesario asignar los costes de personal a cada departamento o línea de actividad. Esto será especialmente complicado en los pequeños negocios, ya que a menudo una misma persona trabaja en varios departamentos y su labor redunda en varios productos, proyectos, etc.

Aunque existen distintas soluciones de software, incluso en la nube para intranets empresariales y para gestión de proyectos que incorporan soluciones para recoger de manera lo más sencilla posible este seguimiento, debemos remarcar que también se puede realizar de una forma más artesanal con plantillas en hoja de cálculo donde se recojan los diferentes tipos de coste. Así, es preciso realizar una primera división funcional entre:

- Costes fijos, asociados a la administración de los negocios y no cambian en función de los volúmenes de trabajo, por ejemplo, el coste de alquiler de una nave.

- Costes variables, relacionados con el trabajo productivo y varían en función del volumen de producción, como por ejemplo el coste de la materia prima para fabricar el producto.

Hay que destacar que cada vez se emplean más las denominaciones costes directos e indirectos en lugar de costes fijos y variables.

En segundo lugar, hay que conocer el coste estándar, que es el resultado de dividir los costes fijos por la cantidad de bienes producidos. La adición de los costes variables sirve para determinar el coste unitario del bien producido. Estos cálculos facilitan la asignación de costes por unidades y obtención de resultados y márgenes por cada línea de actividad y unidad de coste.

Finalmente, debemos indicar que, para realizar un correcto análisis de los costes, éstos deben tener un adecuado detalle. Nosotros proponemos el siguiente como punto de partida, que después cada empresa o autónomo puede adaptar a las características de su modelo de negocio:

Departamento de asignación de los costes

- Producción y servicios

Actividades llevadas a cabo

- Producción / fabricación, comercialización y marketing, administración, financiación, etc.

Elementos de coste de un producto

- Materiales (directos e indirectos)
- Mano de obra (directa e indirecta)
- Costes indirectos de fabricación

Relación con el volumen

- Costes variables, fijos y mixtos (semivariables y escalonados).

Periodo de cargo al ingreso

- Costes del producto y periodo.

Relación con la planificación, el control y las decisiones

- Estándares y presupuestados, controlables y no controlables, fijos comprometidos y fijos discrecionales, relevantes e irrelevantes, diferenciales, de oportunidad y de cierre de planta

Eso le permitirá satisfacer el IVA de importación a través de las declaraciones periódicas de IVA (en lugar de hacerlo a través de la aduana mediante el modelo 031).

Modelo 303 del IVA

Al declarar el IVA por las importaciones de cada período en el modelo 303, deberá hacer lo siguiente:

- Por un lado, declarar el IVA soportado en la importación (y que pueda deducirse) en la casilla 33.

- Y por otro, cumplimentar también la casilla 77 ("IVA a la importación pendiente de ingreso"). Con ello aumentará el resultado de la liquidación, y el efecto final será neutro.

Ahorro financiero

Con esta operativa evitará avanzar el pago del IVA a su agente de aduanas (que es quien se encarga de liquidar el modelo 031), y obtendrá ahorros financieros.

Declararlo todo

Eso sí: en caso de optar por este régimen, es importante que no deje de incluir en las declaraciones periódicas ningunas de las cuotas de IVA de importación del período. Si eso ocurre, las cuotas no declaradas entrarán en período ejecutivo, por lo que Hacienda podrá exigirle el pago de recargos de apremio. Además, también puede imponerle una sanción del 10% de las cuotas no declaradas.

Para evitar este riesgo, antes de presentar el modelo 303 acuda al servicio de "Consulta del IVA a la importación con diferimiento de pago" (al que puede acceder a través de la ruta "Aduanas / Presentación y despacho de declaraciones / Importación" de la sede electrónica de la AEAT) y compruebe las cuotas de IVA de importación que constan en la aduana en cada período de liquidación.

Así lo aseveró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el encuentro El debate de la reforma fiscal: un nuevo modelo para una economía diferente. “España se encuentra unos siete puntos por debajo de la media europea en ingresos fiscales respecto al PIB” y su “presión fiscal está lejos de referentes como Alemania, Francia o los países nórdicos, donde el estado del bienestar ha sido un orgullo”, dijo. “El objetivo tiene que ser acercarnos a esa media de recaudación”, avanzó, tanto para “asegurar la igualdad de oportunidades” a los españoles, como porque así lo reclamará la UE a cambio de la ayuda comunitaria.

“Aproximarnos a esos estándares europeos no supone una subida de impuestos generalizada, ni que el Gobierno tenga en la agenda subirlos para el próximo año en 80.000 millones”, prometió. “Es absolutamente imposible que ningún Gobierno tenga esa aspiración”, dijo, rechazando que la reforma en ciernes o el Presupuesto de 2022 suponga “ni hachazo, ni sablazo fiscal”, como promulgan ciertas voces.

La derecha, señaló, “en lugar de abrir un debate sobre a qué modelo tributario debemos dirigirnos”, promueve un “populismo fiscal” basado en “una idea simple: los impuestos son malos, cuantos menos, mejor”. Una tesis que pone en riesgo los servicios públicos, que “no son un regalo como decía una lideresa”, dijo en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “No se puede tener un Estado del Bienestar de primera, con unos ingresos de tercera”, apostilló. “La derecha pide al Gobierno bajadas masivas de impuestos a la vez que le pide que transfiera más recursos a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos”, adujo, mientras que “algunas comunidades hacen gala de bajar impuestos y luego piden dinero a papá o a mamá Estado, piden dinero al Gobierno”.

“La mejora de los ingresos públicos va a venir de la fiscalidad del siglo XXI”, aseguró, y se logrará con subidas progresivas que “tendrán en cuenta la situación económica”, acompasando el ritmo al de la recuperación económica a la hora de “ajustar las figuras tributarias o crear nuevas”, adujo. Esta estrategia, defendió, no ha impedido al Gobierno tomar medidas de rebaja fiscal cuando ha sido necesario, como en el caso de los impuestos ligados a la energía, reducidos en 2.300 millones para contener el alza de la factura que sufre el ciudadano.

Además, anunció, “España ya ha solicitado a la Comisión Europea la prórroga de la exención del IVA para la importación de material sanitario de protección que adquieren las administraciones públicas, centros sanitarios y sociales”. Esta medida expiraba el 31 de diciembre y el Ejecutivo busca así desplegarla durante 2022.

En cuanto al comité de expertos conformado por Hacienda para ayudar a diseñar la reforma fiscal integral, Montero destacó que el foco de su informe, que deberán entregar el 28 de febrero, estará puesto en revisar “la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes y la tributación patrimonial”.

Más allá, Montero alabó el pacto global para fijar un tipo mínimo internacional del 15% a las multinacionales a partir de 2023, y reivindicó que el Presupuesto permita fijar ese umbral para Sociedades en España desde 2022. “Tengo por primera vez la sensación de que de esta crisis vamos a salir con un consenso internacional que permita recuperar el rendimiento de algunas figuras tributarias que con el paso del tiempo han visto su expresión reducida”, dijo. “Si todo va bien, durante el próximo año podremos tener la directiva europea” sobre esta medida, que se espera ver en marcha en 2023 para evitar la competencia fiscal internacional.

En el plano medioambiental destacó los nuevos impuestos sobre residuos y plásticos de un solo uso que tramita el Parlamento; y en el redistributivo abogó por diseñar una “tributación patrimonial más justa” y progresiva.

El último toque de atención ha llegado desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que este miércoles se ha unido al grupo de organismos y entidades que desde hace unas semanas vienen rebajando con fuerza el alza del PIB para 2021 y los siguientes años. En concreto, el club de los países ricos ha asestado un tijeretazo de más de dos puntos al avance previsto para el presente ejercicio, pasando del 6,8% calculado en septiembre al 4,5%. En 2022, por su parte, las proyecciones se reducen del 6,6% al 5,5%, mientras que para 2023 se espera un crecimiento del 3,8%.

La severa corrección de 2021 estaría condicionada principalmente por el recorte del PIB del segundo trimestre que el INE llevó a cabo a finales de septiembre, apenas dos días después de que el organismo internacional publicase unas previsiones en las que situaba a España al frente de la recuperación.

Aunque no se refiere únicamente al caso español, en su informe de perspectivas económicas, la OCDE constata que pese a que la recuperación mundial sigue avanzando también "ha perdido impulso y se está volviendo cada vez más desequilibrada". Entre los riesgos a tener en cuenta que sí podrían afectar a España, el organismo dirigido por Mathias Cormann pone el foco en los cuellos de botella de las cadenas de suministros globales, en el encarecimiento de los insumos y en la presión inflacionista alimentada por los precios de las energías y el transporte.

Los fuertes repuntes anuales del IPC anotados en los últimos dos meses llevarían a que la inflación cerrase el año 2021 en el 2,9% en España, provocando un efecto arrastre que dejaría el indicador en el 3,2% a lo largo de 2022 aun cuando se relaje la contribución del componente energético. La OCDE también encuentra riesgos a la baja, que pueden "afectar a las perspectivas de crecimiento", en las nuevas mutaciones del Covid-19, como la variante ómicron, si bien recuerda que los países con altas tasas de vacunación, como España, deberían sufrir menos esta derivada.

Por todo ello, aunque se prevé que la recuperación continúe, "el crecimiento del PIB mundial se moderará con el tiempo, del 5,6% en 2021 al 4,5% en 2022 y 3,25% en 2023". En los países que integran el club, las subidas serían del 5,3%, 3,9% y 2,5%, respectivamente, mientas que en la Eurozona se anotarían alzas del 5,2%, 4,3% y 2,5%. Las cifras estimadas de la OCDE para España se alejan cada vez más de las proyecciones oficiales del Gobierno central, que todavía mantiene la idea de que la economía nacional crezca un 6,5% en 2021 y un 7% en 2022, y se acercan a las de otros organismos como la Comisión Europea o el FMI. La OCDE, por el momento, prevé que la política fiscal siga siendo de apoyo en 2022 y, en general, "neutral" en 2023, cuando a priori se recuperarían los niveles de PIB prepandémicos.

A partir de este momento, España tendría que tomar medidas para aliviar los niveles de deuda pública y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, coincidiendo con la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, en suspenso, a falta de revisar sus reglas, durante todo el año 2022. La OCDE, en este punto, prevé que la deuda pública cierre el año 2021 en el 120,1% del PIB para ir moderándose al 117,1% en 2022 y al 115,9% un año más tarde. El déficit culminaría el presente ejercicio en el 8,1% del PIB y en el 5,4% y 4,2%, respectivamente, en los dos siguientes años.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone que se rebaje la cuantía para la inclusión en la lista de morosos de Hacienda desde el actual millón de euros hasta los 300.000 euros. Consideran que el impacto social de las deudas impagadas "no viene por las grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía".

En caso de entidades, apuestan por que se incluya en el listado el nombre del administrador o representante legal, y de su socio mayoritario, así como si el deudor está o ha estado en concurso, condenado por delito o ha sido declarado fallido. Además, abogan por que la inclusión en el censo debería conllevar determinadas restricciones aplicables a los deudores incluidos, como la revocación del NIF o la inhabilitación temporal de administradores de empresas deudoras.

Así se plantea en su informe Algunas propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las Administraciones tributarias en el marco del Plan de Resiliencia, que para evitar las limitaciones de entrada en los domicilios de empresas y empresarios, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir estas actuaciones en un plan de inspección previamente abierto, propone la dotación de nuevas facultades de investigación para la Inspección, tales como la posibilidad de realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, y en el caso de grandes fraudes, el pago a confidentes para permitir la denuncia de estos delitos.

Los inspectores de Hacienda aspiran a que sea obligatorio conservar los libros contables y fiscales, y sus justificantes de apoyo (facturas y medios de pago) en un lugar de libre acceso a la Administración, previamente determinado por el contribuyente y en un domicilio que deberá ser, inevitablemente, un domicilio fiscal o de actividad, para dotar de seguridad jurídica a las actuaciones inspectoras presenciales. También, se prevé que, si no hay un lugar diferenciado del domicilio constitucionalmente protegido, debería habilitarse una zona a estos efectos.

Se propone elevar a rango legal los supuestos de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas regulados reglamentariamente, cuando no se aporte la documentación exigida para evitar demoras cuando se incumplen unos requisitos mínimos. Además, abogan por limitar las garantías admisibles para lograr un aplazamiento de deudas tributarias a las financieras y primeras hipotecas de bienes inmuebles.

En materia concursal, se pretende reforzar la recuperación de deudas, con la inhabilitación de los administradores de entidades jurídicas insolventes que no hayan solicitado en plazo el proceso concursal. Junto a esa medida se propone que la normativa concursal castigue a los administradores que demoren la petición del concurso, con la condena en la pieza de calificación a abonar el déficit concursal. En otro orden de cosas se pretende evitar el actual uso abusivo de la figura de la suspensión que, cuando se utiliza con fines ilegítimos (de mera demora sin intención de pago), supone la parálisis del procedimiento de ejecución sin ninguna contraprestación final y con la posibilidad de insolvencia futura.

Se proponen diversas medidas, como la imposibilidad de suspensión ante recursos contra actos del procedimiento de recaudación que afecten a la deuda que ya se ha podido impugnar y suspender, como aplazamientos de pago, o las posteriores actuaciones de apremio y embargo para su cobro. La inexistencia de efectos cautelares de la solicitud de suspensión, si esta no va acompañada de los documentos legalmente exigidos (garantía aportada y su valoración, o justificativa de un perjuicio irreparable o error material) o de las presentadas una vez vencido el plazo voluntario de ingreso.

Además, proponen un plazo de resolución máximo de las solicitudes de suspensión por parte de los Tribunales Económico-Administrativos, que podría ser de 30 días, para los Tribunales Regionales y de 60 para el Teac, que actúa como segunda instancia o en los casos que resultan más complejos. Para paliar el fraude recaudatorio hacia la insolvencia simulada o vaciamiento patrimonial, tradicionalmente conocido como alzamiento de bienes, frustración de la ejecución o fraude de acreedores, proponen que se compensen de oficio deudas y devoluciones del mismo grupo.

Así lo aseguró el pasado viernes el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. Un fenómeno que está permitiendo contener la magnitud del agujero fiscal de las cuentas públicas españolas. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el déficit consolidado del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se situó al cierre del tercer trimestre en el 4,23% del PIB, un 34,1% menos que al concluir septiembre de 2020. En paralelo, el déficit del Estado cerró octubre en el 4,48% del PIB, un 7,3% menos que en el año anterior, lo que el Gobierno achaca a “la reactivación económica” y “el avance del proceso de vacunación”

En concreto, el agujero público del Estado a octubre era de 54.191 millones, frente a los 58.440 del mismo mes de 2020. La mejora responde a un mayor avance de los ingresos públicos, del 19%, frente a una moderación del incremento del gasto, del 11,6%. Así, los recursos no financieros del Estado suman 177.021 millones, un 19% más, destacando el papel de los impuestos, que crecen un 20,9% hasta los 149.142 millones. De hecho, según los datos de la Agencia Tributaria, la recaudación supera ya en un 4,5% la obtenida entre enero y octubre de 2019.

Destaca aquí el aumento de ingresos de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 28,5%, gracias a un avance del 28,2% en la recaudación de IRPF. Por su parte, los impuestos sobre el capital crecen un 135,9% respecto a 2020. En paralelo, el impuesto de sociedades deja un 30,1% más de ingresos, logrando el segundo pago fraccionado de 2021 12.693 millones, un 69,6% más que un año antes. De otra parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 15,8%, con un alza del 17,3% en IVA y del 32,6% en el tributo sobre Primas de Seguro. Los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 1,5%.

Por su parte, las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno sobre la energía evitan, a su vez, un alza fiscal del 42%, según el fisco. Finalmente, las rentas de la propiedad disminuyen un 4,9%, al caer un 15,1% los ingresos por intereses. Los dividendos y otras rentas crecen el 6,4% por el de Loterías y Apuestas del Estado, con 590 millones frente a 420 millones en 2020. La venta de bienes y servicios arroja ingresos un 44,3% superiores, de 1.488 millones, incrementándose el resto de recursos un 15,8%. Pesa aquí la reversión de las autopistas y 1.112 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sin efecto en el déficit.

Del lado del gasto, la cuantía asciende a los 231.212 millones al cierre de octubre, un 11,6% más, con especial calado de las transferencias entre administraciones. Estas suman 149.623 millones, un 13,4% más. Marcan este capítulo los 92.583 millones traspasados a las comunidades autónomas, un 15,4% más, y el aumento de 10,4% en recursos para la Seguridad Social. Dependencia recibe 1.776 millones, un 52,6% más; el Ingreso Mínimo Vital 2.514 millones (frente a los 432 de 2020); y la pensión contributiva de nacimiento y cuidado del menor 2.506 millones. La remuneración de asalariados crece un 4,5%, en 15.876 millones, tras incorporar la revalorización del 0,9%

"Los ingresos por recaudación de impuestos están creciendo el doble de la economía", anunció este viernes el director de la Agencia Tributaria (Aeat), Jesús Gascón, tras explicar que los ingresos tributarios están creciendo, hasta octubre, un 14% más sobre los diez primeros meses de 2020, lo que sitúan la recaudación en tres puntos por encima de los niveles precrisis de 2019.

Gascón explicó en el transcurso de su intervención en la clausura del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, (IHE), que esta situación responde a varios factores, entre los que ha destacado el mayor peso de las ayudas públicas para el conjunto de ciudadanos y empresas, ligadas al control administrativo, así como por la caída del uso del efectivo y las facilidades que se dan a través de los datos fiscales y los borrador, es del IRPF, así como a la efectividad en el control del fraude fiscal.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos recaudatorios, el director de la Aeat ha advertido que es preciso ser prudentes porque la pandemia no ha finalizado y es preciso no bajar la guardia. Así, Gascón ha advertido de la necesidad de estar atentos a "giros inesperados y no precisamente positivos".

Con respecto a los fondos europeos, el director de la Aeat se ha referido al papel de la Agencia Tributaria y ha comentado que esta institución deberá presentar una evaluación provisional en el último trimestre de 2022 de la Ley de lucha contra el fraude, así como en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre sus resultados, para decidir si es preciso mantenerlas o modificarlas.

Gascón se refirió también al reto que tiene por delante la Aeat ante la llegada de 10.000 nuevos funcionarios en los próximos cinco años, en sustitución de los 800 veteranos que se jubilan anualmente. Sobre el libro blanco de la reforma fiscal, Ransés Pérez Bogas, presidente de la IHE, comentó que se ha introducido la implantación de la teoría del conocimiento en materia de IVA deducible en adquisiciones a precios inferiores de mercado. "Un tema muy de actualidad en tramas de fraudes de los hidrocarburos", ha explicado.

La Agencia Tributaria está prestando información estadística a este grupo para el análisis, que supondrá la aprobación de cambios normativos que la Aeat tendrá que gestionar, según comentó Gascón. Además, ha instado a que sean cambios "gestionables", ya que, la Aeat va a enfrentarse a un reto importante tras la reforma y tras los acuerdos internacionales sobre tributación que se alcancen en el seno de la OCDE y la Unión Europea.

El director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, que actúa como secretario del grupo de expertos que analiza las líneas generales que debe seguir la reforma, ha defendido que ésta es importante y necesaria. Y ha comentado que el grupo de expertos presentará sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año y las expondrán en el Libro Blanco', sobre el que Cuenca ya ha anticipado que será extenso

La reforma fiscal prestará especial atención a la tributación medioambiental, a los cambios y tendencias de la digitalización, a la imposición patrimonial y a las actividades emergentes. A este respecto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro del Comité de Expertos para la reforma fiscal, Santiago Lago, ha comentado que España tiene un problema muy serio con el déficit estructural, que viene explicado por que los ingresos están por debajo del nivel que podrían alcanzar.

El Gobierno ultima la segunda entrega del plan de digitalización empresarial financiado con fondos de la UE, que constará de un cheque de 3.000 euros destinado a los autónomos individuales y aquellas pymes con menos de diez trabajadores. La ayuda estará disponible a partir del próximo año, y se suma a la primera fase de este plan, dotado de un total de 3.067 millones de euros. La primera fase, contará con un total de 500 millones de euros y será destinada a las empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores, de modo que el segundo paquete estará dotado con fondos por valor de 2.500 millones.

Es decir, el segundo tramo de ayudas para la digitalización irá a parar a los comercios y negocios más pequeños, donde en muchos casos las bases de la digitalización son nulas. Según apuntan fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos, esta medida estaría disponible para los primeros meses del próximo año, si bien, como sucede con el primero de los tramos que otorgará 12.500 euros a aquellas empresas con un bajo índice de digitalización, aún falta por licitar las empresas que aportarán las herramientas necesarias para la tecnologización de estos negocios.

Por ello, señalan estas fuentes, que se trata de un punto aún a desarrollar dentro de este gran plan de modernización del tejido productivo. Una vez se publique en los próximos días la orden de bases, que recogerá el funcionamiento del programa, saldrá una invitación pública para que los agentes digitalizadores puedan unirse al programa y ofertar sus soluciones.

No obstante, desde el colectivo de trabajadores autónomos apuntan el escepticismo sobre la utilidad de estos 3.000 euros para el objetivo final de digitalización. Recuerdan que este último grupo de micropymes y autónomos son los que menos innovación y tecnología han incorporado en sus negocios, lo que además implica un déficit formativo en la materia que puede hacer que la extensión de las ayudas no sirva para lograr el objetivo final de modernización, ante la incapacidad de los trabajadores de desplegar las posibilidades que otorgan las nuevas herramientas.

Por ello, desde el colectivo sugieren que, ante la exigua cuantía prevista para esta segunda ronda de ayudas para la digitalización, se sugiere que se abra un plan de formación que prepare a los trabajadores a la hora de abordar el proceso, para que sea lo más efectivo posible.

Del mismo modo, fuentes del sector apuntan que el plan pierde efectividad por el excesivo reparto del fondo, y apuntan que sería preferible dotar de una mayor financiación a menos autónomos y micropymes, pero con una cuantía monetaria mayor, que realmente les permita equipar y expandir el negocio por los canales digitales, de forma que el proceso se complete con esta prestación.

Entre los dos grupos identificados por el Gobierno, se encuentran aproximadamente 145.000 pequeñas empresas (10 a 49 empleados) que serían las destinatarias de la primera línea de concesiones del Kit Digital. Mientras que, en el otro grupo, se encuentran aproximadamente 1.100.000 microempresas (uno a nueve empleados) y los 1.600.000 trabajadores autónomos de España, que serían el objetivo de este segundo tramo de ayudas por valor de 3.000 euros.

Para poder llegar a todas las empresas repartidas por nuestra geografía, el Gobierno anunció para el despliegue de la primera parte del plan la apertura de 50 oficinas Acelera Pyme para ámbitos rurales, que se suman a las 90 ya proyectadas.

El mes de noviembre ha concluido con una caída de 74.381 (-2,28%) personas registradas menos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en las 3.182.687 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. También reduce los niveles previos a la pandemia: en noviembre hay 63.360 personas registradas como paradas menos que en febrero de 2020. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 98.061 personas.

Noviembre cierra el ciclo más largo de caída del desempleo en la serie histórica con nueve meses consecutivos. Desde febrero, hay 826.102 personas inscritas menos.

El paro registrado desciende en todos los sectores económicos respecto al mes de octubre. En Servicios desciende en 48.528 personas (-2,11%), en Industria en 7.689 personas (-2,91%), en Agricultura hay 6.072 (-3,89%) personas registradas menos y en la Construcción baja en 4.336 personas (-1,70%). El paro en el mes de noviembre también se reduce en el colectivo Sin Empleo Anterior en 7.756 personas (-2,77%).

En todos los sectores de actividad y, especialmente en el sector Servicios, el paro ya se sitúa en niveles inferiores a los del inicio de la pandemia.

El desempleo cae más entre las mujeres que entre los hombres. Hay 40.322 (-2,09%) mujeres inscritas menos en los servicios públicos de empleo y reduce el total a 1.888.257. El paro femenino se ha reducido en 416.522 mujeres desde el mes de febrero, y ya hay menos mujeres paradas que antes de la pandemia. El paro masculino se sitúa en 1.294.430 al descender en 34.059 (-2,56%) hombres.

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años cae en el mes de noviembre en 11.554 personas (-4,50%) respecto al mes anterior. El número de personas menores de 25 años en paro se ha reducido en 120.961 desde el mes de marzo, y deja 16.006 jóvenes en paro menos que al comienzo de la pandemia. El paro de 25 y más años baja en 62.827 personas (-2,09%).

El paro registrado baja en 15 Comunidades Autónomas. Encontramos las caídas más importantes en la Comunitat Valenciana (30.633 parados registrados menos), en la Comunidad de Madrid (-11.477 personas) y la de Andalucía (-9.162 personas). Sube en Illes Balears (5.771) y en el Principado de Asturias (647).

En términos interanuales, el paro registrado baja en todas las comunidades autónomas.

Los empresarios pusieron ayer sobre la mesa del diálogo social para modernizar el mercado de trabajo su propia propuesta para la reforma que pide Bruselas antes de fin de año. Lejos de suponer un acercamiento de posturas, el texto de las organizaciones empresariales se aleja bastante de la última propuesta del Gobierno, que ya incluía cesiones a las partes patronales y sindicales.

CEOE-Cepyme rechazaron ayer frontalmente los planes del Ejecutivo para luchar contra los abusos de la contratación temporal. De lo primero que no quieren ni oír hablar los empresarios es de la medida de fijar porcentajes temporales en función del tamaño de las plantillas y defendieron la actual normativa en materia de contratación temporal, ni en términos generales ni sectoriales, según informaron ayer fuentes conocedoras de lo ocurrido en el encuentro que terminó a última hora de la tarde.

Los representantes patronales tampoco aceptan las limitaciones de los contratos temporales ni en materia de causalidad, ni de encadenamiento ni de duración de la relación laboral. Como alternativa, propusieron la creación de un solo contrato, pero con hasta seis causas de temporalidad distintas por motivos de producción, además de las ya previstas para contratas, subcontratas y licitaciones de la construcción (cuando no puedan considerarse personal fijo discontinuo). Junto a este contrato temporal, que se podría denominar de muy amplio espectro, mantendrían los contratos de interinidad con las mismas causas que plantea el Ejecutivo (reserva de puesto de trabajo, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de vacante).

Asimismo, desmontan la idea del Ministerio de Trabajo de convertir en despidos nulos (y, por tanto, con reincorporación al puesto de trabajo) los de aquellos empleados temporales que se demuestre que tienen un contrato fraudulento porque no obedece a las nuevas causas que se establezcan para ello.

En cuanto a los contratos fijos-discontinuos, los empresarios pretenden que la modificación consista en que la inmensa mayoría de este tipo de contratos se canalicen a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Es más, reclaman que estos contratos no computen de forma total ni para contabilizar la antigüedad del trabajador ni para calcular la representación de los trabajadores. Y añaden una petición: que la falta de incorporación de un trabajador fijo-discontinuo sea causa de extinción del contrato, explican las fuentes que han tenido acceso al documento.

El texto también enmienda los cambios propuestos por el Gobierno para corregir algunas cuestiones de la reforma laboral de 2012. Es el caso del artículo 41 sobre modificación sustancial de las condiciones laborales, oponiéndose a las cuestiones orientadas a reequilibrar el peso de los trabajadores en la negociación de la flexibilidad interna en las empresas.

Igualmente, manifestaron su deseo de mantener la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, aunque con dos requisitos: cuando en conjunto y cómputo anual el convenio de empresa sea más favorable y cuando el convenio se haya negociado con la misma legitimación de la parte social que la que hoy se exigen para los convenios sectoriales.

Con todas estas iniciativas se pone de manifiesto que los intentos del Ejecutivo para atraer a la patronal al acuerdo han sido en vano. Así, no ha sido suficiente, por ejemplo, la propuesta de crear de un contrato fijo para la construcción en el que la empresa estuviera obligada a ofertar al trabajador una recolocación al término de la obra, pero que, al mismo tiempo pudiera extinguirse por causas relativamente fáciles (como que el trabajador no fuera el adecuado para el nuevo puesto ofertado).

Fuentes sindicales rechazaron enérgicamente las pretensiones empresariales. Si bien, reconocieron que la propuesta de CEOE en materia de subcontratación, aunque no acepta referenciar expresamente las contratas y subcontratas al convenio del sector, “si contiene elementos que permiten acercar posturas”, indicaban ayer estas fuentes.

Los precios siguieron escalando posiciones en el mes de noviembre hasta cotas inéditas en tres décadas. El dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojó una variación interanual del 5,6%, la más elevada desde septiembre de 1992. El incremento supone una considerable ralentización de la velocidad de aumento, de dos décimas frente al 5,4% alcanzados en octubre, cuando el ascenso fue de 1,4 puntos.

Con todo, y a falta de que el INE confirme la cifra preliminar a mediados de mes, el indicador permite anticipar ya que la revalorización de las pensiones públicas para 2022 rondará el 2,5%, y que, incluyendo la paga de compensación por el poder adquisitivo perdido este año, la factura en estas prestaciones se encarecerá en más de 6.000 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que la reforma de las pensiones que está tramitando actualmente el Parlamento sobre el texto pactado por el Gobierno con patronal y sindicatos supone volver a indexar las pensiones públicas al IPC, en concreto, al dato anual medio de noviembre a noviembre. Como resultado, la inflación media resultante este año es del 2,5%. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo calcula la factura de las pensiones a razón de 1.470 millones de euros extra por cada punto de subida del IPC, la revalorización ascendería a 3.675 millones.

A esta cifra habría que sumarle la llamada paguilla compensatoria del sistema anterior por la desviación entre la subida inicialmente aprobada para 2021, que fue del 0,9%, y la evolución real de los precios. Tomando como referencia la media de noviembre, este abono supondrá otros 2.353 millones de euros, que quedarán consolidados en la nómina de las pensiones (se paga de una vez, pero se queda para siempre y los siguientes incrementos parten de esta nómina actualizada).

Como consecuencia de la inflación, por tanto, la factura pública en pensiones se eleva en unos 6.027 millones. A efectos presupuestarios, en todo caso, el Ejecutivo está tratando de cargar el coste de la indexación en las cuentas de 2022 mientras que anticiparía a 2021 el impacto de la paguilla a fin de imputar su coste en el déficit público de este año para ayudar a relajar el del próximo ejercicio.

El incremento interanual de la inflación del mes de noviembre, que en términos mensuales fue del 0,4% encadenando su cuarta subida consecutiva, responde tanto al efecto estadístico de comparar con el mismo mes de 2020, marcado por la caída del consumo que trajo la pandemia, como por el galopante avance de los precios de la energía. “En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado”, aclara el INE. De hecho, la tasa de inflación subyacente, que deja fuera elementos más volátiles como los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 1,7%. Una tasa elevada, pero que indica que el repunte de electricidad y gas explica prácticamente cuatro puntos del aumento del IPC general.

El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será automático con la ley que ultima el Parlamento, sin embargo, los salarios no tienen esta garantía ni mucho menos. Ni siquiera la mayoría de los que se negocian en los convenios, por lo que el repunte de la inflación –de no ser coyuntural como opinan desde el Gobierno– se trasladará en una muy perceptible pérdida de poder de compra de los trabajadores.

El alza salarial que se está pactando en los convenios es del 1,55% para 6,5 millones de trabajadores, una cantidad muy inferior al repunte actual de los precios (5,6%) e incluso un punto por debajo de la media del IPC de los últimos doce meses (2,5%). Esto se agrava por el escaso porcentaje de empleados con cláusulas de revisión para compensar el alza de la inflación (apenas el 17%).

Una de las principales apuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para aumentar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo es acercar la edad efectiva de jubilación (edad media real a la que se retiran los españoles y que está fijada ahora en 64,5 años) a la edad legal de jubilación (66 años en 2021 para quien haya cotizado menos de 37 años y 3 meses o 65 para quien haya cotizado más). Según repite incansablemente Escrivá, lograr que la edad efectiva se acerque a la legal sería “la herramienta más potente” de sostenibilidad de las pensiones.

Para ello, el Gobierno con Escrivá al frente ha decidido incluir, entre todas las nuevas medidas de la primera fase de la reforma de pensiones que ya se tramita en el Parlamento, varias iniciativas para, por un lado, penalizar más determinadas jubilaciones anticipadas voluntarias para desincentivarlas y, por otro lado, crear nuevos incentivos para la demora del retiro una vez cumplida la edad real de jubilación. Con esta combinación pretende que el efecto sea el retraso citado de la edad efectiva a la que se retiran los españoles, dado que, en teoría, eso supondría un ahorro para el sistema: más tiempo cotizando y menos cobrando pensión. Pero esta ecuación no es tan simple, ya que hay otros efectos colaterales, como el incremento de la cuantía de la pensión para quienes coticen más.

Por ello, los datos actuariales podrían contradecir los planes del ministro. Un trabajo reciente elaborado por el grupo de investigadores del Observatorio del Sistema Público de Pensiones de las Universidades de Valencia y Extremadura analiza las medidas que el Ejecutivo quiere sacar adelante para la sostenibilidad del sistema. Y la principal conclusión de este trabajo es que, “tras analizar los efectos del aumento de la edad efectiva de jubilación de forma genérica, se llega a la conclusión de que, en general, se sobrevalora su impacto sobre el gasto en pensiones”.

Así, este cálculo indica que, con los nuevos coeficientes reductores y la nueva fórmula de cálculo sobre la pensión tras aplicar el límite de la base máxima en las anticipadas voluntarias –incluidos en la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento–, el aumento de un año de la edad efectiva de jubilación supondría el ahorro de apenas un 1% en el gasto en pensiones.

La paradoja es que las nuevas medidas citadas que se aplicarán en la reforma de las pensiones están pensadas para retrasar la edad efectiva de retiro, pero si se hace este mismo cálculo con la legislación actual, sin aplicar las medidas de Escrivá, el ahorro, aun siendo escaso, sería algo mayor, del 1,8%. Es más, si este cálculo de postergar un año la edad efectiva de retiro partiendo de las medidas de la reforma en marcha se hace solo sobre el colectivo de jubilados anticipados, algo que resultaría más realista, según estos investigadores, la nueva legislación que promueve el Ejecutivo supondría incluso un incremento del gasto en pensiones del 2,4% frente al 0% con la normativa actual.

Para llegar a estas conclusiones, este equipo ha tomado la información que proporciona la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019; y, a efectos metodológicos, ha utilizado el valor actual actuarial (VAA) de las pensiones esperadas a lo largo de toda la vida del jubilado. Según esto, los autores de este estudio –entre los que están los expertos en pensiones Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Ivie) o Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura)– explican que “sí es cierto que el año en el que se produce la demora en el acceso a la jubilación hay un ahorro evidente en términos de caja, pero ello se compensará en los ejercicios siguientes dado que la jubilación más tardía se producirá con menores penalizaciones y, por lo tanto, con pensiones mayores”.

Otra cosa sería que el retraso de un año se produjera sobre la edad legal de jubilación. En ese caso, el ahorro para el sistema, aplicando la reforma de las pensiones, sería del 5,69%, y si no se aplicara y se tuviera en cuenta la legislación actual, del 5,77%.

El Gobierno prepara cambios en los requisitos de acceso al Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por el Covid-19, gestionado por Cofides, para ampliar el número de empresas que pueden acceder a esta financiación. En concreto, el Ejecutivo prevé rebajar los requisitos técnicos que tienen que cumplir las compañías para optar al fondo de 1.000 millones de euros destinado a pequeñas y medianas empresas. Estos ajustes, que incluirán la flexibilización de las ratios, permitirán ampliar el número de empresas que pueden beneficiarse del fondo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La idea es que el Consejo de Ministros apruebe estos cambios antes de que acabe el año.

Los criterios de elegibilidad actuales exigen que sean empresas no financieras, con sede en España, una cifra de negocio de entre 14 y 400 millones, que hayan sufrido una caída de negocio de más del 20% en 2020, que acrediten no estar en pérdidas antes de la pandemia, presenten un plan de viabilidad sólido y no se encuentren en concurso de acreedores, entre otros. Las mismas fuentes apuntan que uno de los objetivos de la actualización de requisitos es que las empresas que también han reducido sus ingresos en 2021 por la pandemia puedan acceder a esta financiación.

El fondo de Cofides, creado el pasado mes de marzo, anunció recientemente que ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 el plazo para acceder a su financiación. Las empresas seleccionadas pueden ser beneficiarias de financiación entre los 3 y los 25 millones. Las compañías más pequeñas pueden solicitar entre 3 y 15 millones y las medianas entre 4 y 25 millones. La financiación está estructurada a través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos financieros. La duración máxima para devolver los fondos es de ocho años. Actualmente hay 49 solicitudes por valor de 523 millones, algo más de la mitad de la dotación total del fondo.

Hace una semana, el Comité Técnico de Inversiones del fondo aprobó las dos primeras solicitudes de rescate de Lladró y Martínez Otero. La firma de porcelanas con sede en Valencia ha recibido un préstamo participativo por importe de 8 millones de euros. Martínez Otero, compañía de interiorismo gallega, ha recibido 4,1 millones de euros: 2,4 millones a través de un préstamo participativo y otro ordinario de 1,7 millones de euros. Al igual que en el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a grandes empresas, las peticiones a Cofides también cuentan con un análisis externo antes de ser aprobadas. En el caso de Lladró, su solicitud ha recibido el visto bueno de Kroll y Martínez-Echevarría & Rivera. En cuanto a Martínez Otero, los asesores externos del fondo han sido BDO y PwC.

El fondo cuenta con un pool de asesores externos, tanto jurídicos como financieros, para analizar las solicitudes, así como una agencia de ráting externa.

Las entidades financieras deberán disponer de un registro de reclamaciones a disposición del Banco de España en 2023 y remitir semestralmente al supervisor estados reservados en materia de conducta, con información detallada por productos, comisiones, ingresos por intereses y reclamaciones. El registro de reclamaciones deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2022 e incluir todas las reclamaciones presentadas a partir del 30 de junio de ese año, mientras que el primer envío de estados reservados de información en materia de conducta se hará en marzo de 2023 y contendrá la información del segundo semestre de 2022.

Así lo establece la Circular 4/2021, de 25 de noviembre, del Banco e España, a entidades de crédito y otras entidades supervisadas, sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela, y sobre el registro de reclamaciones, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva circular es de aplicación a las entidades de crédito (excluido el ICO), los establecimientos financieros de crédito, las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico, las prestadoras del servicio de información sobre cuentas, los titulares de establecimientos de compra y venta de moneda extranjera, los prestamistas inmobiliarios, los intermediarios de crédito inmobiliario y las sucursales en España de las entidades de crédito, de pago o de dinero electrónico que estén autorizadas en un estado miembro de la Unión Europea o en un tercer estado.

Debido a las diferencias de tipología y tamaño entre las entidades a las que se dirige la circular, se ha previsto un régimen simplificado de los requerimientos de estados reservados en materia de conducta para incorporar el principio de proporcionalidad en la norma. El Banco de España explica que, en el desarrollo de su labor de supervisión del cumplimiento de las normas bancarias de conducta y transparencia informativa, resulta necesario que las entidades elaboren unos estados reservados en materia de conducta y dispongan de un registro de reclamaciones a disposición del supervisor bancario.

"La norma responde a la necesidad de contar con un marco de información completa y estandarizada en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela de entidades supervisadas, con un mayor desglose de la información disponible de las entidades", señala. Los estados que las entidades deben remitir semestralmente al Banco de España se estructuran por productos, por comisiones e ingresos por intereses y por reclamaciones. Además, se incluye un estado específico sobre la actividad de los prestamistas inmobiliarios y de los intermediarios de crédito inmobiliario.

Las entidades deberán enviar al Banco de España los primeros estados reservados de conducta en marzo de 2023, con datos del segundo semestre de 2022. En cuanto al registro de reclamaciones, solo será obligatorio cuando las entidades tengan clientes que sean personas físicas. Los datos deberán estar disponibles hasta seis años después de la fecha de presentación de la reclamación y ser puestos a disposición del Banco de España cuando sea requerido. Las entidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para completar el registro de reclamaciones, que deberá incluir, al menos, todas las reclamaciones presentadas a partir del 30 de junio de 2022.

El Consejo de Ministros ha sido "de contenido muy económico", según ha recalcado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la cita semanal del Gobierno. El Ejecutivo, en concreto, ha aprobado por un lado el proyecto de la Ley Crea y Crece, que tiene como objetivo "impulsar la creación y el crecimiento empresarial". Por otro, ha dado luz verde a la ley audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido en catalán, euskera y gallego en plataformas audiovisuales con su sede en España.

Entre las medidas de mayor calado, la Ley Crea y Crece reduce el coste económico que conlleva fundar una empresa, reduciendo a un euro el capital necesario para ello, a día de hoy fijado en los 3.000 euros. "Esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento", ha ensalzado la responsable económica del Gobierno. A la par, se implementará un proceso para que la empresa pueda estar creada de forma telemática en un plazo máximo de 10 días a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

La normativa también "lucha contra la morosidad comercial" vetando el acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplan la ley de pago a proveedores. Las organizaciones morosas, de esta forma, tendrán la puerta cerrada a las ayudas provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que bebe directamente de los fondos europeos asignados para España. A día de hoy, este plazo legal de pago asciende a los 60 días después de la fecha de la recepción de mercancías o prestación de los servicios, un desembolso que no puede ser prorrogado ni, aunque así lo dispongan las dos partes afectadas.

Los principales afectados por las demoras y los atrasos en España son las pymes y los autónomos. Por eso, la ley se ha propuesto incidir en la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, uno de los grandes problemas del tejido empresarial del país.

Otro de los puntos que tocará la ley es el "refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas". Así, y mediante la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, se vigilará y monitorizará la evolución de los datos de pago y "la promoción de buenas prácticas en este ámbito".

La norma incorpora a su vez medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. En el ámbito del crowdfunding, la norma adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

La inflación ha vuelto a batir récords en el mes de noviembre, pero modera su subida. Después de cerrar octubre en el 5,4%, la tasa más alta en casi 30 años, el índice de precios al consumo ha vuelto a romper otra marca. Según el indicador adelantado que publica el INE, los precios repuntaron hasta el 5,6% interanual. Esta alza es la más alta desde septiembre de 1992, pero supone un freno en la escalada, de 1,4 puntos porcentuales en octubre.

El alza se debe tanto a la subida en términos mensuales, como al hecho de que en noviembre de 2020 los precios bajaron en tasa mensual, castigada la demanda por el repunte de la pandemia de Covid-19. Los precios subieron un 0,4% entre octubre y noviembre 2021, de manera que la tasa mensual del IPC lleva cuatro meses al alza, aunque este aumento es el menor de ese periodo

El INE no detalla en esta primera estimación la aportación a los precios de cada una de las categorías, algo que hará a mediados de mes con el primer dato consolidado, pero el organismo sí aclara que el alza de la inflación obedece al alza del precio de la energía, con la gasolina como gran motor, y también de los alimentos.

"En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado", señala el organismo en un comunicado. En noviembre del año pasado, el IPC cayó un 0,8%.

La inflación subyacente, que mide los precios sin los elementos más volátiles, como energía o alimentos frescos, cierra el mes en el 1,7%, una subida de 0,3 puntos que sugiere que la presión de precios se está trasladando a otras áreas de la economía. Es la tasa más elevada desde julio de 2013 y contrasta con el alza del 0,2% interanual del mismo mes del año pasado.

El precio de los bienes relacionados con el Covid subió un 2,5% interanual, mientras que el de los servicios ligados al virus se disparó un 13,4%, según el INE. El de los alimentos subió un 3,2%: el de los no elaborados avanzó un 3,7% y el de los elaborados, un 2,5%. Así, el disparado precio de la energía va contaminando al resto de los productos de la cesta de la compra. Tanto la electricidad como el gas y el petróleo han llegado en el presente mes a niveles récord, lo que se traslada de manera clara a la alimentación y a los carburantes.

Los precios de exportación de productos industriales subieron un 15,7% interanual en octubre, pero los de importación se dispararon aún más: un 22,8%. Es decir, España continúa importando inflación. Por cuarto mes consecutivo son las tasas más altas desde 2006, cuando comenzó la serie del INE. La luz pasó de marcar una media en el mercado mayorista de 67 euros el megavatio en mayo a más de 100 en agosto, 155 en septiembre, en octubre apenas ha bajado de los 200 y en noviembre se ha mantenido en estas cotas. Estos precios se trasladan a la factura de la luz a los clientes que tienen contratado el precio regulado PVPC, unos 11 millones de hogares.

No obstante, tanto la subida de la luz como la del precio del gas en los mercados internacionales (principal motivo del alza de precios eléctricos) tiran también de la demanda de otras fuentes de energía, por lo que también los derivados del petróleo suben y castigan el bolsillo de los consumidores.

Las entidades deberán contar un servicio de atención al cliente 24 horas los 365 días del año con personas al otro lado del teléfono, con una plantilla formada y con capacidad para atender a personas mayores y con discapacidad, según el anteproyecto de ley de atención a la clientela. Los ministerios de Consumo y de Asuntos Económicos se han aliado para poner orden en la atención al cliente de servicios esenciales: de agua y energía, de transporte de viajeros, postales, de telecomunicaciones, de servicios audiovisuales de pago y de servicios financieros.

La futura normativa, que ha de ser sometida a todos los trámites de aprobación, implica severas obligaciones nuevas para las empresas de servicios de inversión (brókeres), entidades financieras y aseguradoras. Aunque será supletoria respecto a la regulación específica del sector financiero, la futura norma incluye una modificación ad hoc del artículo sobre atención al cliente de la ley sobre la ley de reforma del sistema financiero de hace 20 años. Y con los amplísimos cambios planteados se abre otra caja de Pandora para el sector.

“El servicio de atención a la clientela, que será gratuito, eficaz, accesible, inclusivo, no discriminatorio y evaluable, se prestará de forma continuada las 24 horas del día todos los días del año. En todo caso, se prohíbe el empleo de contestadores automáticos u otros medios análogos como medio exclusivo de atención a la clientela”, indica el anteproyecto. Es decir, siempre deberá haber una persona al otro lado del hilo telefónico, un estándar que ni mucho menos tienen ahora todas las entidades financieras españolas. Es habitual que en días festivos y durante determinadas horas se restrinja el servicio a un servicio de reconocimiento de voz, sin posibilidad de contactar con un operador.

El borrador incluye además exigencias en la calidad del servicio. Las entidades deberán asegurarse de que sus departamentos o servicios de atención a la clientela están dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. Y el texto propuesto pone el acento en dos puntos de especial interés. “En particular [las entidades] adoptarán las acciones necesarias para que el personal al servicio de dichos departamentos cuente con una formación y capacitación especializada, incluyendo una formación específica previa en atención a personas consumidoras vulnerables y, en especial, a personas con discapacidad o de edad avanzada”. Este párrafo, sin embargo, no se concreta en nada.

Gloria Hernández Aler, socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg, señala que “supondrá un gran impacto para el sector, tanto por la disponibilidad que deben de tener los servicios de atención al cliente, en especial cuando se refieren a las personas de edad avanzada y con discapacidad, como por su formación”. Pero la experta añade que “puede ser aconsejable alguna iniciativa sectorial impulsada por las entidades o asociaciones para concretar estándares o mejores prácticas”.

El procedimiento de reclamación queda detallado hasta límites insospechados, con distingos entre incidencias, consultas y quejas. Su presentación se podrá hacer en papel o por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado lo solicite, a través del mismo medio por el que se inició la relación contractual. El expediente deberá finalizar en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la solicitud presentada por el cliente ante la entidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la subida salarial en Justicia. Según ha informado CSIF en una nota han desconvocado la huelga prevista para el próximo 15 de diciembre tras "desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que ha sido refrendado por el 87% de los trabajadores".

Este acuerdo prevé una subida del complemento específico para el personal dependiente del Ministerio de Justicia (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con el resto de empleados públicos de las CCAA que tienen esta competencia transferida.

En total, cerca de 15.000 empleados públicos se beneficiarán del acuerdo y a partir de ahora verán complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, que se abonarán en tres plazos (diciembre 2021, enero 2022 y enero 2023), en función de las categorías. El 85% de las cantidades se percibirá desde enero de 2022. Además, se incrementa el porcentaje que se abona en la nómina de diciembre de este año, del 60 al 65 por ciento, con efectos retroactivos a enero del 2021.

Felipe VI ha defendido el papel de la Justicia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en el Auditori de Barcelona, al que el pasado año no asistió por decisión del Gobierno alegando que ello podría alterar la convivencia. Sin hacer ninguna mención a la controversia que generó su ausencia el pasado año, el monarca ha destacado la legitimidad "constitucional y moral" de la Justicia como "una institución esencial en la que los ciudadanos pueden confiar".

"Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos", ha proclamado el jefe del Estado en un acto al que no ha asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ni ninguno de sus consellers. En la ceremonia sí han participado la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lemes; el del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entre otras autoridades judiciales.

Lesmes ha expresado su agradecimiento a Felipe VI por volver a presidir la ceremonia. "Su presencia honra a quienes servimos en España a la Justicia y a quienes hoy se incorpora a esa tarea", ha manifestado el presidente del CGPJ. Lesmes avivó la controversia el pasado año cuando desveló que Felipe VI le telefoneó para transmitirle que le "hubiera gustado" estar en el acto de entrega de los diplomas. Una revelación que dio pie al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a acusar al monarca de "vulnerar la neutralidad constitucional y democrática" al interpretar su llamada como una queja al Gobierno por no acudir a la ceremonia.

También el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha agradecido a don Felipe su asistencia este por representar "un sólido apoyo" a la institución, cuya sede está en Barcelona. Tras recordar que "las instituciones en toda la sociedad son esenciales para hacer realidad la idea de Estado", del que el poder judicial es parte "nuclear", Felipe VI se ha dirigido a los 188 nuevos jueces que integran la 70 promoción de la carrera judicial para pedirles que actúen desde "la independencia y la imparcialidad".

"La aplicación del caso concreto, desde el más estricto rigor técnico, pero también desde la valoración en conciencia de las específicas circunstancias de cada asunto, es lo que da sentido a vuestra entrega al servicio público de la Justicia", ha sostenido el jefe del Estado, quien ha recibido una cerrada ovación completada con un "¡viva el rey!" de los presentes. En su opinión, estos elementos definen "la esencia de la función judicial en un Estado de derecho y son indispensables para la estabilidad social".

Ha hecho ver a los nuevos jueces que su compromiso con la ciudadanía ha de ser "inquebrantable" y que su tarea a partir de ahora va a ser "compleja", por lo que los ha animado a actuar con "espíritu constitucional" para contribuir "al buen nombre y gran labor del poder judicial español". La nueva hornada la componen 188 jueces, de los que 134 son mujeres, el 71,2 por ciento, con una edad media de 28 años. El principal contingente, formado por 73 jueces, irá destinado a juzgados de Cataluña, mientras que 45 se estrenarán en Andalucía.

La abogacía es una de las profesiones liberales con más antigüedad y, sobre todo, donde el ejercicio profesional se desarrolla hasta una edad más avanzada. Prueba de ello es José Manuel Liaño Flores, quien con 100 años recién cumplidos es el abogado en activo más veterano de España. El pasado 15 noviembre el Colegio de Abogados de A Coruña felicitó por su centenario a este letrado que también ha sido exjuez y exalcalde de su ciudad. Liaño es padre y abuelo de letrados, con los que comparte actualmente el ejercicio de la profesión en su bufete.

En la actualidad, hay cerca de 4.600 abogados y abogadas mayores de 70 años que continúan atendiendo sus despachos y acudiendo a los tribunales. Son algo más del 3% del total de colegiados en toda España, 149.400 letrados que tienen una edad media de 48 años.

Desde diversas instituciones, se asegura que España necesita potenciar la permanencia de la población mayor de 65 años en el mercado laboral para hacer viable el sistema de pensiones. Las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, reconociendo que "hace falta un cambio cultural en España" para trabajar cada vez más entre los 55 y los 75 años, no afectan especialmente a los abogados, que se caracterizan por tener una larga carrera profesional. En la actualidad más de 11.500 colegiados ejercientes superan los 65 años de edad, cerca del 8% del total de letrados.

Si hay un acto central en los 83 Colegios de la Abogacía, generalmente coincidiendo con la celebración de su festividad, es la entrega de diplomas y reconocimientos por las bodas de plata (25 años de ejercicio), de oro (50 años) y de platino (65 años ejerciendo) donde las instituciones colegiales rinden homenaje a los letrados con la trayectoria más larga dedicada a una profesión multisecular, como destaca el recientemente aprobado Estatuto General de la Abogacía.

Con las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid 19, estos actos dejaron de celebrarse durante 2020 y buena parte de este año, pero en la actualidad las instituciones colegiales están volviendo a reconocer la actividad de sus letrados séniores. Incluso cuando se dejaron de realizar actos sociales multitudinarios por la pandemia, los once letrados sevillanos que cumplieron en 2020 sus bodas de oro en la profesión recibieron en su despacho la visita por sorpresa del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros.

El ejercicio de la abogacía ha cambiado mucho en pocos años pasando del letrado que ejercía en solitario, con el latín como segundo idioma y con cerca de cien tomos de jurisprudencia alicatando las paredes del despacho al abogado nativo digital, altamente especializado que trabaja en equipos multidisciplinares, dominando al menos dos idiomas, trabajando con las últimas tecnologías… Sin embargo y a pesar de esta evolución, la esencia de la profesión se sigue manteniendo: defender los derechos e intereses jurídicos de ciudadanos y empresas.

Juan Antonio de Lassaletta Bolta, con 78 años, es el presidente de la Comisión de Abogados Sénior del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Estuvo ejerciendo hasta hace diez años como “letrado de confianza” y reconoce que cerró el despacho por los cambios legislativos y tecnológicos tan importantes “que obligaban a reciclarme y especializarme”.

Otros abogados menos longevos sí han conseguido incorporarse a las nuevas tecnologías. Eduard Antoni Chaveli, homenajeado tras cumplir 25 años de ejercicio en el Colegio de Valencia, reconoce que “somos abogados a caballo no solo entre dos siglos sino entre dos grandes mundos: el analógico y el digital. La profesión de abogado va a sufrir más cambios en estas dos próximas décadas que en los 200 años anteriores, y no podemos desconocerlo”.

El Ministerio de Justicia ha designado el comité de selección encargado de decidir el nombre del próximo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en sustitución de Mar España, que lleva más de un año con el cargo caducado y que fue nombrada en 2015. También seleccionará al adjunto a la presidencia.

El PP y el PSOE llegaron a un acuerdo hace un mes para promover a Belén Cardona al frente del organismo y a Borja Adsuara como adjunto, pero lo cierto es que la ley obliga a convocar un concurso público. Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo, es la actual subsecretaria de Justicia del Gobierno valenciano, y Adsuara es abogado experto en privacidad y protección de datos que ya ocupó cargos en Gobiernos del PP. También es profesor universitario y consultor.

Según consta en la orden ministerial, el comité de selección va a estar presidido por Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, y las vocalías las ocuparán Alberto Herrera, subsecretario de la Presidencia; José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Esther Mitjans, profesora de Derecho Constitucional y exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos; y Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La orden, firmada el pasado 22 de noviembre, se ha dictado cuatro días después de que el Gobierno publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria oficial del concurso. Los interesados tienen diez días hábiles para presentar sus candidaturas. El citado comité será el encargado de hacer una propuesta definitiva de nombres para la presidencia y la adjuntía. Después, el Ministerio de Justicia elevará esa propuesta al Consejo de Ministros, que podrá rechazarla si estima que los candidatos no resultan idóneos para los cargos. Esta suerte de consejo de sabios podrá contar a su vez con asesores externos durante todo el proceso. Antes del nombramiento definitivo por parte del Ejecutivo, los dos candidatos deberán recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.

La filtración de los dos nombres antes de la convocatoria del concurso público generó un profundo malestar entre los profesionales del sector jurídico, que temen que el concurso sea un trámite para confirmar de manera oficial a los candidatos impulsados por el Gobierno y no se valore ninguna otra candidatura. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, tachó de "burla a las instituciones" la convocatoria pública tras conocerse los nombres y animó "a los expertos a presentarse" para evitar que se consume "este mercadeo". Por ahora, el único profesional que ha hecho pública su candidatura es Leonardo Cervera-Navas, director del supervisor europeo de protección de datos (EDPS por sus siglas en inglés).

En la sesión inaugural de la IX Cumbre de Mujeres Juristas, el Colegio de Abogados de Madrid ha dado a conocer este jueves los resultados preliminares de una encuesta realizada entre más de 600 letradas para pulsar la situación de la mujer en la abogacía en el nuevo escenario post pandemia. En sus respuestas, siete de cada diez encuestadas reconocen que sus ingresos se han visto mermados como consecuencia de la pandemia, de las cuales la mitad cifra esa pérdida en más de un 20% y casi una tercera parte entre el 10% y el 20%.

Asimismo, un 70% de abogadas observa un avance de la brecha salarial de género en el sector legal, un 58% reconoce dificultades serias para conciliar la vida laboral y familiar y un 62% echa en falta la aplicación de la perspectiva de género en las medidas normativas elaboradas para facilitar la salida de la crisis, en particular en el ámbito de la conciliación.

Así lo han adelantado el decano José María Alonso y la presidenta de la Comisión delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM, Ángela Cerrillos, durante la sesión inaugural de la Cumbre, en la que también han intervenido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

“La irrupción de las mujeres en las profesiones jurídicas ha sido acompañada por un largo proceso de reivindicaciones y reconocimiento de derechos que ha sido liderado por las mujeres juristas de cada momento histórico. Sin ellas, no se hubiera producido el cambio social que ha permitido que la igualdad, al menos formalmente, no se cuestione”, ha afirmado Ángela Cerrillos. Sin embargo, el acceso a puestos de responsabilidad o la igualdad salarial, así como la conciliación entre la vida personal y laboral, “todavía tienen recorrido”.

Según ha destacado, el 54% de las abogadas participantes en la encuesta considera que su situación laboral en cuanto a igualdad es mala o pésima, y un 32% estima que la pandemia ha generado un retroceso en esta materia. Además, prácticamente una de cada dos encuestadas (el 47%) opina que la pandemia ha afectado más a las letradas que a los letrados, un 58% describe como malas o muy malas las condiciones para ejercer la responsabilidad parental y un 47% afirma que éstas han empeorado con la pandemia. Finalmente, el 62% considera que las medidas aprobadas para favorecer la recuperación económica no contemplan la perspectiva de género.

“Esta encuesta ha servido para demostrar que la brecha salarial y en materia de conciliación se ha incrementado durante la pandemia”, ha señalado el decano del ICAM. Con un total de 36.542 colegiadas, las mujeres suponen el 48% del censo del Colegio de Abogados de Madrid, ha explicado, y cada año son más las mujeres que los hombres que se incorporan a la profesión. Sin embargo, su acceso a los puestos de responsabilidad se sigue viendo lastrado hasta el punto de que solo el 20% son ocupados por mujeres.

Respecto al tema central de la Cumbre, las mujeres en la recuperación económica y social tras la pandemia, el decano madrileño ha recalcado el papel fundamental que deben jugar las mujeres juristas en este proceso: “el talento, la resiliencia y entrega de las abogadas va a ser fundamental, este siglo va a ser el siglo de la mujer y quien no quiera verlo, está ciego”.

Finalmente, en alusión al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Alonso ha puesto el valor el compromiso de instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, así como brindar apoyo a las víctimas y combatir la estigmatización que sufren. “El Colegio seguirá luchando con todas sus fuerzas para eliminar la violencia contra la mujer y va a estar en la defensa de la igualdad en todas sus áreas”, ha concluido.