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Los consejos de la semana

Contabilidad

La contabilidad de costes: una herramienta útil para las empresas

La contabilidad de costes le permite saber si gana o pierde dinero con un producto o actividad concreta. Además, le permite diseñar estrategias comerciales, como pagar comisiones o aplicar descuentos.

Como ya sabrá, la contabilidad de costes permite calcular a la empresa lo que le cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. Así, le es mucho más simple planificar recursos, rentabilidad procesos y, en definitiva, tomar decisiones de manera acertada y sin caer en errores. Además, le permite diseñar estrategias comerciales, como pagar comisiones o aplicar descuentos.

En definitiva, va un paso más allá de lo que muestra la contabilidad general regulada por el Plan General Contable (PGC), donde la Cuenta de Explotación se limita a indicar si tu empresa ha dado beneficios o pérdidas de una forma global.

A continuación, vamos a señalar los aspectos más desatacados de cómo funciona esta modalidad de contabilidad.

¿En qué consiste la contabilidad analítica?

En realidad, no es una contabilidad al uso, es decir, no es ningún sistema de asientos de partida doble, sino más bien se podría definir como un conjunto de técnicas que permiten analizar la forma en que se distribuyen los costes e ingresos de una actividad, para dar como resultado una información de uso interno que facilita la toma de decisiones por parte de la empresa o del empresario individual. Y eso es así porque ayuda a distribuir los gastos e ingresos por línea de negocio, producto, cliente, unidad productiva, departamento, etc., lo que permite calcular de forma autónoma y separada los resultados concretos de cada uno de ellos.

Diferencias entre contabilidad analítica y contabilidad financiera

Ya se ha comentado que una y otra son diferentes. Así, mientras que la contabilidad financiera es obligatoria y de carácter externo, la contabilidad de costes no es obligatoria y es de uso interno para la empresa. Los principales puntos que las distinguen son los siguientes:

- La contabilidad analítica no es obligatoria ni se rige por ninguna ley específica, mientras que la contabilidad financiera está sujeta a la regulación mercantil y al PGC.
- La contabilidad financiera es de carácter externo y más general que la analítica. Por su parte, la contabilidad analítica ayuda a especificar la rentabilidad de un proyecto concreto con respecto al resto de los que hay en la empresa.
- La contabilidad financiera es uno de los aspectos clave a la hora de llevar a cabo las relaciones de la empresa con terceros (clientes, proveedores, Hacienda...), mientras que la contabilidad analítica se centra en proporcionar información enfocada a la toma de decisiones internas.
- El objetivo de la contabilidad financiera es obtener los estados financieros del negocio con carácter general, mientras que la analítica se centra en los resultados detallados de un área en particular.
- La contabilidad analítica se caracteriza porque tiene una orientación más a largo plazo y de futuro que la contabilidad financiera.

¿Qué ventajas ofrece llevar una contabilidad de costes para empresas y autónomos?

Son muchos los motivos por lo que resulta aconsejable llevar una contabilidad analítica. Entre sus principales ventajas podemos destacar las siguientes:

- Al poder determinar de forma individualizada los costes, ayuda a decidir si es mejor o no el lanzamiento de un nuevo producto.
- Permite potenciar o por el contrario cerrar líneas de negocio, en función de su rendimiento.
- Ofrece información precisa sobre costes directos, indirectos, márgenes, etc.
- Facilita el control de costes de la empresa o negocio, aportando además información sobre su evolución, lo que comporta asimismo conocer qué hacer para incrementar el ahorro en cada uno de ellos.
- Facilita el establecimiento de políticas de precios por productos, clientes, líneas, etc., tanto para productos como para servicios.
- Favorece la decisión sobre la compra de activos productivos de la empresa.
- Permite cuantificar la aportación al resultado final de la empresa de cada producto, servicio, línea, departamento, etc.
- En definitiva, mejora la productividad, eficiencia y desarrollo del negocio.

¿Cómo implantar de manera sencilla la contabilidad de costes?

Antes que nada, debemos recordar que la contabilidad de costes, al contrario que la contabilidad general para las empresas sometidas a lo regulado por el Código de Comercio, no es obligatoria, aunque sí que es un recurso muy interesante para controlar el negocio, sin que para ello sea necesario destinar grandes recursos. Además, al contrario de lo que supone la contabilidad general para las empresas, que deben seguir a rajatabla lo establecido en el PGC, aquellos que opten por implantar una contabilidad analítica gozan de un amplio margen de maniobra, ya que al margen de unos principios generales, cada usuario establece unas pautas totalmente personalizadas, adoptando el modelo que mejor se adecua a la realidad su negocio.

Una buena manera de empezar es organizar los resultados en dos tipos de documentos:

1.- Apuntes individuales que reflejen las operaciones realizadas, sus importes, etc., que resulten de los libros contables o en su defecto del registro de ingresos y gastos del empresario individual, si es que no está obligado a llevar contabilidad

2.- La información de los costes de la empresa o del empresario individual para uso exclusivamente interno.

Resulta obvio añadir que uno de los aspectos más importantes es tener actualizada la contabilidad de costes, para que la toma de decisiones siempre esté basada en los números reales de la empresa o del empresario.

En general, tanto las pymes como los autónomos, utilizan sistemas sencillos de contabilidad de costes para analizar principalmente sus costes y margen de beneficios por departamentos (producción, comercial, administración, etc.), o por líneas de actividad (productos o servicios A, B y C). En base a esta información la pyme o el autónomo podrán saber el valor relativo que aporta cada departamento en su empresa, así como el rendimiento de los principales productos. En ambos casos será necesario poder asignar las facturas de ingresos y costes a esos departamentos o líneas de actividad. Para ello será necesario disponer de un programa avanzado de gestión (software de contabilidad, ERP, TPV para comercios o similar), que permita esa asignación o bien un software de facturación y contabilidad más sencillo que permita la exportación de las facturas a Excel u hoja de cálculo para realizar ahí la asignación y el tratamiento de los datos.

Evidentemente, será necesario asignar los costes de personal a cada departamento o línea de actividad. Esto será especialmente complicado en los pequeños negocios, ya que a menudo una misma persona trabaja en varios departamentos y su labor redunda en varios productos, proyectos, etc.

Aunque existen distintas soluciones de software, incluso en la nube para intranets empresariales y para gestión de proyectos que incorporan soluciones para recoger de manera lo más sencilla posible este seguimiento, debemos remarcar que también se puede realizar de una forma más artesanal con plantillas en hoja de cálculo donde se recojan los diferentes tipos de coste. Así, es preciso realizar una primera división funcional entre:

- Costes fijos, asociados a la administración de los negocios y no cambian en función de los volúmenes de trabajo, por ejemplo, el coste de alquiler de una nave.

- Costes variables, relacionados con el trabajo productivo y varían en función del volumen de producción, como por ejemplo el coste de la materia prima para fabricar el producto.

Hay que destacar que cada vez se emplean más las denominaciones costes directos e indirectos en lugar de costes fijos y variables.

En segundo lugar, hay que conocer el coste estándar, que es el resultado de dividir los costes fijos por la cantidad de bienes producidos. La adición de los costes variables sirve para determinar el coste unitario del bien producido. Estos cálculos facilitan la asignación de costes por unidades y obtención de resultados y márgenes por cada línea de actividad y unidad de coste.

Finalmente, debemos indicar que, para realizar un correcto análisis de los costes, éstos deben tener un adecuado detalle. Nosotros proponemos el siguiente como punto de partida, que después cada empresa o autónomo puede adaptar a las características de su modelo de negocio:

Departamento de asignación de los costes

- Producción y servicios

Actividades llevadas a cabo

- Producción / fabricación, comercialización y marketing, administración, financiación, etc.

Elementos de coste de un producto

- Materiales (directos e indirectos)
- Mano de obra (directa e indirecta)
- Costes indirectos de fabricación

Relación con el volumen

- Costes variables, fijos y mixtos (semivariables y escalonados).

Periodo de cargo al ingreso

- Costes del producto y periodo.

Relación con la planificación, el control y las decisiones

- Estándares y presupuestados, controlables y no controlables, fijos comprometidos y fijos discrecionales, relevantes e irrelevantes, diferenciales, de oportunidad y de cierre de planta

Fiscal

El Régimen de Devolución Mensual del IVA (REDEME)

El Régimen de Devolución Mensual del IVA (REDEME) es un sistema que permite a las pymes y los autónomos liquidar el IVA de manera mensual, en lugar de hacerlo a través de la declaración trimestral del modelo 303.

Así, los sujetos pasivos del IVA realizan la liquidación del IVA de manera mensual en lugar de hacerlo trimestralmente, lo que les proporciona mayor liquidez, sobre todo a las empresas cuyas declaraciones les salgan a pagar. Los empresarios o profesionales que no hayan solicitado la inscripción en el REDEME en el mes de noviembre, así como aquellos que no hayan iniciado la actividad, pero hayan adquirido bienes o servicios con la intención de destinarlos al desarrollo de la actividad, podrán solicitar su inscripción durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas.

Requisitos para acogerse al sistema REDEME

Para poder declarar el IVA a través del REDEME, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- No tributar en el régimen simplificado del IVA.

- Estar al corriente de tus obligaciones tributarias.

- No haber sido excluido del Registro en los tres años anteriores a la solicitud del alta.

¿Cómo puedo inscribir mi empresa en el REDEME?

Para inscribirte en el REDEME, debes presentar los siguientes modelos ante Hacienda:

- Modelo 036, para la Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

- Modelo 039, para la Comunicación de datos relativa al régimen especial del grupo de entidades en el impuesto sobre el valor añadido.

¿Qué obligaciones tienen las empresas acogidas al REDEME?

Deberán presentar de manera mensual los siguientes documentos:

- El modelo 303, para presentar sus autoliquidaciones de IVA.

- Una declaración informativa, volcando en el modelo 340 el contenido de los libros de registro del IVA.

- Además, el REDEME obliga a todos los sujetos pasivos que tributen a través de este régimen a utilizar el SII y, en consecuencia, deberás informar de todas las facturas emitidas y recibidas a través de la Sede Electrónica de la AEAT, remitiendo electrónicamente sus registros de facturación.

¿Me interesa utilizar el REDEME siendo autónomo?

El REDEME es muy útil para aquellas empresas que están empezando y tienen que hacer importantes inversiones iniciales, de manera que es muy probable que la Agencia Tributaria tenga que devolver parte de impuestos.

También es especialmente interesante para las empresas exportadoras, que suelen tener un superávit de IVA. En estos casos, se adelanta la devolución del IVA, proporcionando liquidez a las empresas acogidas a este régimen.

Sin embargo, este sistema implica realizar una gestión más exhaustiva de la facturación, teniendo que reportar incluso a la Agencia Tributaria de todas las facturas recibidas y emitidas, lo que implica una importante inversión en tecnología. Por este motivo, en el caso de una empresa que tenga una actividad normal, con liquidaciones en las que incluso el IVA sale a pagar, puede que no compense demasiado.

Recuerde que:

Los empresarios o profesionales que no hayan solicitado la inscripción en el REDEME en el mes de noviembre, así como aquellos que no hayan iniciado la actividad, pero hayan adquirido bienes o servicios con la intención de destinarlos al desarrollo de la actividad, podrán solicitar su inscripción durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas.

En ambos casos, la inscripción en el registro surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período de liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.

El organismo estudia una nueva propuesta -con dos pilares fundamentales- para abordar los nuevos desafíos en fiscalidad internacional. El documento apunta que "en el mundo digitalizado de hoy, las multinacionales a menudo llevan a cabo negocios a gran escala en una jurisdicción con poca o ninguna presencia física". La OCDE calcula que esta situación cuesta entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, o del 4 al 10% de los ingresos mundiales del IS.

La nueva estrategia del club de los países desarrollados establece que los derechos fiscales sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran sus clientes y usuarios. Con esta medida, la OCDE espera que los derechos fiscales sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios se reasignen cada año a los países donde operan las multinacionales.

La organización incluye en esta nueva exigencia a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad mayor al 10% antes de impuestos, calculada mediante un mecanismo de ponderado con el umbral de volumen de negocios. El plan excluye a los sectores extractivo y de servicios financieros regulados. La OCDE reducirá el umbral de facturación a 10.000 millones de euros, con una revisión que comenzará 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y otra que se completará en un plazo no superior a un año.

El informe sostiene que "la mayoría de los países solo gravan las rentas de las empresas nacionales, pero no las extranjeras". A su juicio, "el crecimiento de los intangibles, como las marcas, los derechos de autor y patentes, y la capacidad de las empresas para trasladar sus beneficios a jurisdicciones con escasa o nula tributación es un problema en los últimos años".

El segundo pilar de la propuesta se sustenta en el Impuesto Mínimo Global del 15% para todas las empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La organización internacional exigirá que todas las jurisdicciones que apliquen un tipo nominal del impuesto de sociedades inferior al 9% a los intereses, los royalties y un conjunto definido de otros pagos apliquen la "regla de sujeción al impuesto" en sus tratados bilaterales con los miembros del Marco de Inclusión en desarrollo cuando se les solicite, para que no se pueda abusar de sus tratados fiscales.

La OCDE estima que estos cambios generarán unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año. Para lograr este objetivo, el organismo propone una normativa de inclusión de ingresos que impondrá un impuesto complementario a una entidad matriz con respecto a los ingresos poco gravados de una filial.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reclamó en su visita a Euskadi "sistemas fiscales sólidos" para garantizar la calidad de los servicios sociales. Estas declaraciones suponen un respaldo para el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, en su enfrentamiento con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las bajadas fiscales realizadas por esta última en su comunidad.

Urkullu acusó días atrás a la Comunidad de Madrid de aplicar "estrategias de dumping fiscal" con el fin de convertirse en una especie de paraíso fiscal, tras anunciar bajadas de impuestos propios e IRPF. A su juicio esta reducción recaudatoria podría llevar a exigir al Ejecutivo de España "que compense ese problema con financiación autonómica".

El presidente del Ejecutivo vasco recordó que Euskadi ha recibido en varias ocasiones "acusaciones de privilegio" por su política fiscal, "pero en nuestro caso existe una diferencia clara que es asumir un riesgo unilateral y decidir a qué destinamos los recursos". La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a Urkullu diciendo que Euskadi tiene "un régimen fiscal a la carta" y que, "cuando le empiezan a ir peor las cosas mira a Madrid con envidia".

En esta línea, Calviño, preguntada por el debate entre mantener los impuestos como están o facilitar su ajuste con el objetivo de relanzar la economía, dijo que "es preciso acabar con la carrera a la baja en los sistemas fiscales, porque es una competencia destructiva que lo que hace es empobrecernos a todos". Calviño participó en Vitoria en la primera jornada del IV Congreso de Empleo, que organiza el Gobierno vasco para analizar los retos del mercado laboral en los próximos años, junto a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

La vicepresidenta primera mostró su confianza en la "responsabilidad" y en el "carácter constructivo" de los agentes sociales de cara a lograr un acuerdo en torno a la reforma laboral. Según explicó en el congreso de empleo, la reforma laboral debe servir para "europeizar" el mercado de trabajo en España, que "arrastra una serie de desequilibrios y de anomalías en comparación con el resto de países del entorno y, sobre todo, de los más avanzados en materia de prosperidad y equidad social". Entre las medidas a adoptar propone reducir las tasas de temporalidad, que están unos diez puntos por encima de la media europea, las tasas de desempleo estructural y la tasa de desempleo juvenil.

Calviño anunció que el Gobierno de España ya ha transferido 9.000 millones de euros a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos. La vicepresidenta primera reclamó que el marco laboral forme parte de las transformaciones que se pretenden poner en marcha con los 140.000 millones de euros procedentes de Europa. "Fondos que facilitan una recuperación muy intensa en España, aunque ya no sea la más vigorosa en la Unión Europea con Italia y Portugal a la cabeza, pero lo será el próximo año", insistió.

Así se deriva al menos de las simulaciones que maneja la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), comparando los efectos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), como se le denomina oficialmente, antes y después de la reforma.

Hasta ahora, la cuota del impuesto se estimaba aplicando un tipo máximo del 30% a una base imponible que era el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo por el número de años transcurridos desde su adquisición y un coeficiente que varía según dicho plazo. Tras ser declarado inconstitucional, el Gobierno revisó la fórmula reeditando el cálculo como la multiplicación del valor catastral del terreno por una serie de coeficientes que varían en función de los años que se ha tenido el inmueble en propiedad (del 0,08% al 0,45%) para adecuarse al comportamiento del mercado de la vivienda en dicho periodo y que se actualizarán cada año.

La norma también introduce un método alternativo de estimación de la base imponible, basado en aplicar el tipo a la plusvalía real, obtenida como diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. Aunque este nuevo modelo resulta generalmente más barato para el contribuyente que el anterior y que el antiguo, solo los efectos de la reforma del método tradicional ya arrojan importantes variaciones.

Así, los técnicos del Ministerio de Hacienda han centrado sus simulaciones en el efecto de modificar el método de cálculo objetivo aplicado por los 3.736 ayuntamientos que cobran este impuesto potestativo (el 46% del total). El ejemplo de partida es el de un inmueble urbano asentado en un suelo con un valor catastral de 50.000 euros. El resultado es que las cuotas oscilan con fuerza en función del tiempo transcurrido desde la adquisición inicial del bien hasta su venta, o recepción como herencia o donación.

Para empezar, el nuevo modelo grava por primera vez las plusvalías obtenidas con la transmisión del terreno en menos de un año, lo que en el ejemplo citado arrojaría una cuota de 956 euros, que antes se hubiera saldado sin coste. A partir de ahí, la reforma de la plusvalía implica sobrecostes tributarios frente al sistema anterior de entre 201 y 1.130 euros cuando el traspaso se sella en un periodo menor a cinco años desde la compra. El gravamen llega a cuatriplicar el antiguo en el caso de que el inmueble se transfiera en menos de dos años, cuando pasa de 347 a 1.480 euros para el ejemplo del suelo de 50.000 euros. Se da la circunstancia de que quienes compraran un inmueble en 2020, pagarán la primera cifra si lo vendieron en septiembre, por ejemplo, y la segunda, un 326,5% más, si lo hacen ahora. Semejante salto se explica por la pretensión declarada de Hacienda de penalizar las operaciones de corte más especulativo.

Por el contrario, en el caso de inmuebles que se hayan tenido en cartera entre seis y 15 años, es decir los adquiridos de 2006 a 2015, la cuota resulta hoy más barata. El ahorro máximo, de 3.078 euros, se da por terrenos comprados en 2006 y vendidos ahora, pues la factura tributaria cae de 4.408 a 1.331 euros (un 69,8% menos). En términos porcentuales, en todo caso, el mayor abaratamiento es para los inmuebles adquiridos en 2008, año en que estalla la crisis financiera y se pincha la burbuja inmobiliaria, pues la tarifa se rebaja un 76,8% (de 3.820 a 887 euros).

Para las adquisiciones más alejadas en el tiempo, a partir de los 16 años de antigüedad, la nueva tributación tiende a confluir con la antigua, aunque sigue siendo algo más favorable para el contribuyente (con rebajas de 681 a 2.741 euros, según el año de la compra).

La Comisión Europea ha recortado hasta el 4,6% su previsión de crecimiento para España en 2021 (1,6 puntos menos de lo que había calculado en julio) y sitúa a nuestro país a la cola de la recuperación en la UE, según se recoge en sus previsiones económicas hechas públicas este jueves. "Los motivos de esta revisión a la baja del crecimiento para este año están ligados a los cuellos de botella del lado de la oferta, al aumento de los precios de la energía y su impacto en la economía y también a un consumo doméstico menos dinámico", ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. No obstante, el ex primer ministro italiano sostiene que se trata únicamente de un "retraso" en la recuperación, porque la economía española vivirá una "fuerte expansión" en los próximos años.

De hecho, la economía española se acelerará ligeramente hasta el 5,5% en 2022 (lejos del 6,3% previsto en verano), pero volverá a ralentizarse hasta el 4,4% en 2023. España crecerá este año mucho menos que Francia (6,5%) e Italia (6,2%), aunque sí supera a Alemania (2,7%). Para el conjunto de la eurozona, Bruselas vaticina un crecimiento del 5% este año, el 4,3% en 2022 y el 2,4% en 2023. En cualquier caso, al haber sufrido el mayor desplome de toda la Unión el año pasado, España no alcanzará su nivel de riqueza previo a la crisis de la Covid-19 hasta el primer trimestre de 2023. La mayoría de Estados miembros recobrarán su nivel precrisis a finales de este mismo año.

"Entre los grandes Estados miembros, Polonia volvió a su nivel precrisis en el segundo trimestre de 2021 y Holanda lo hizo en el tercer trimestre. Francia lo conseguirá en el último trimestre de 2021, Alemania le seguirá en el primer trimestre de 2022, Italia en el segundo trimestre de 2022 y España en el primer trimestre de 2023", dice el informe del Ejecutivo comunitario. El diagnóstico de la Comisión supone un duro golpe a las previsiones económicas elaboradas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en las que se basan los Presupuestos de 2022. Calviño había calculado un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% para el año que viene, unas cifras que ahora quedan en papel mojado. No obstante, la vicepresidenta ha dicho esta semana que incluso en un "escenario menos favorable", España cumplirá sus objetivos de reducción de déficit y deuda.

El Ejecutivo comunitario avisa además de que todavía persisten riesgos importantes que amenazan con empeorar este escenario. "La persistencia o el resurgimiento de la pandemia en otros países podría pesar sobre el crecimiento económico, sobre todo retrasando la plena recuperación del sector turístico", dice la Comisión en sus previsiones económicas de otoño. "Los cuellos de botella en el lado de la oferta y los precios de la energía y del transporte podrían retrasar la recuperación a corto plazo, mientras que los desajustes en el mercado de trabajo podrían afectar a la puesta en marcha de las inversiones verdes y digitales del plan de recuperación", apunta Bruselas.

En el lado optimista, la Comisión señala que "la aplicación del plan de recuperación podría conducir a potentes efectos positivos de atracción y a un impacto más fuerte de las reformas clave sobre el crecimiento potencial". Según las previsiones de Bruselas, nuestro país seguirá siendo líder de la Unión Europea en desempleo, con una tasa de paro que apenas bajará del 15,3% este año al 14,5% en 2023, el doble que la media de la eurozona. Aun así, el informe sostiene que el mercado laboral español "se está recuperando rápido" gracias a los ERTEs y elogia la intención del Gobierno de Sánchez de convertir este mecanismo en permanente, con un mayor foco en la formación de los trabajadores.

La inflación se disparó hasta un 5,5% en octubre, la más alta de los últimos 29 años, debido a la escalada de los precios del gas y la electricidad. Los precios "se mantendrán en niveles récord hasta el segundo trimestre de 2022 pese a algunas medidas adoptadas por el Gobierno para contenerlos". "Además, la indexación de las pensiones ejercerá presión al alza sobre la inflación subyacente", señala la Comisión.

No obstante, Bruselas cree que el alto nivel de paro en España "ayudará a contener los salarios y limitará los efectos de segunda ronda". Como resultado, las presiones inflacionistas empezarán a desvanecerse en la segunda mitad de 2022. La inflación marcará este año el 2,8% de media y bajará hasta el 2,1% el año que viene y hasta el 0,7% en 2023.

El Gobierno ha aprobado un real decreto que traspone dos directivas europeas de 2019 sobre “ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito” y “supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión”. El nuevo texto legal retoca, a lo largo de 36 páginas, buena parte de los 95 artículos del Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, que afectan a múltiples aspectos del ámbito financiero.

Entre las novedades destaca la legislación sobre blanqueo de capitales, ya que endurece el control sobre esta actividad y se otorga la capacidad para cesar a los consejeros de los bancos cuando sospeche que han realizado o intentado realizar una operación de blanqueo de capitales. El supervisor también seguirá si hay brecha salarial de género en los bancos y establece que se retrase de tres a cinco años el cobro de la paga variable de los consejeros.

Así, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29 del anterior real decreto y ahora dice: “Los miembros del consejo de administración, así como los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad de crédito, deberán cumplir con los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno”. La valoración de los requisitos la pueden hacer la propia entidad, la adquiriente en caso de venta y, sobre todo, el Banco de España o Banco Central Europeo (BCE).

El nuevo texto añade que esta revisión de los consejeros puede llegar “cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones, especialmente, cuando existan indicios razonables para sospechar que se están realizando o intentando realizar, o se han realizado o intentado realizar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o que hay un mayor riesgo de que se efectúen tales operaciones en relación con dicha entidad, sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera”.

Fuentes financieras consideran que el legislador pretende descargar toda la responsabilidad de estos casos de blanqueo —cuyas multas son cuantiosas y han afectado a entidades españolas de gran relevancia, como el Santander— en el consejo de administración como máximo órgano de control del banco. Las fuentes destacan que la gran capacidad de actuación del supervisor podría cesar a un consejero, al retirarle la idoneidad, solo ante “un mayor riesgo” de que se efectúe blanqueo.

La importancia de la vigilancia del control del dinero ilícito se manifiesta en que el supervisor incluirá las actuaciones de la entidad en este capítulo para determinar el perfil de riesgo del banco. Con esta novedad se insiste en potenciar el control desde todos los órganos internos de los bancos porque si el BCE o el Banco de España elevan el perfil de riesgo, en paralelo, se incrementarán los requisitos de capital.

El nuevo texto también desarrolla y habilita las directrices marco internas con las que se debe informar a las autoridades cuando un banco esté operando en varios países. Se busca, añaden las fuentes del mercado que conocen el real decreto, que se incrementa la cooperación internacional en la información sobre estos delitos. En el caso español, este aspecto abarcará al Santander y al BBVA, cuya presencia está en más de una decena de geografías.

Laboral

La Inspección de Trabajo ha detectado y sancionado más de 5.000 casos de fraude en la aplicación de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), la herramienta clave con la que el Gobierno ha amortiguado el impacto de la pandemia en el mercado laboral español y que llegó a cubrir a 3,5 millones de trabajadores en abril de 2020.

En concreto, según el organismo ha incoado 44.393 expedientes, de los que están ya finalizados 35.190 y han culminado con resultados sancionadores, por irregularidades de diferentes tipos, 5.832, según ha informado este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar la nueva estrategia de inspección para los próximos años.

Se trata del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021 a 2023 que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros bajo el título “Hacia un nuevo modelo de Trabajo y Seguridad Social”, que asevera que el objetivo es adaptar la fiscalización de las prácticas laborales tras una pandemia que “ha cambiado de modo drástico el escenario social y laboral”, para evitar “un retroceso de los derechos” de los trabajadores.

“Hoy aprobamos el Plan Estratégico para modernizar la Inspección de Trabajo, un organismo clave para la defensa de los derechos laborales, que espero que sea uno de los legados más importantes del gobierno progresista”, ha defendido la vicepresidenta Díaz al presentar el plan en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

“No basta con tener buenas normas, hay que garantizar que las normas se cumplan, y el pulmón que lo permite se llama Inspección de Trabajo”, ha aseverado Díaz, prometiendo que el sistema “cambia el paradigma” del sistema y permitirá anticiparse al fraude masivo en el mercado laboral, en lugar de centrarse básicamente en los registros de la Seguridad Social como se venía haciendo hasta ahora.

El Ministerio ha avanzado que busca modernizar todo el modelo de inspección laboral para impulsar el uso del big data y las nuevas tecnologías, así como establecer pautas de control a nuevos modelos de negocio digitales. Se incorporarán además nuevos perfiles de inspección para vigilar comportamientos como el aumento de la movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

“El plan contempla profundas mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación”, ha expuesto Díaz. En paralelo, el programa incluye la creación de una Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, a fin de combatir discriminaciones por género, condición sexual o discapacidad, así como la edad, que Díaz ha calificado como el problema más común a partir de los 45 años de edad.

También se perseguirán las llamadas “empresas buzón” radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea, o viceversa, a través de la Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional. La inspección pondrá además a disposición de la ciudadanía un nuevo canal de denuncias, en paralelo al buzón actual, que permita entregar de forma electrónica toda la documentación requerida para una denuncia por una misma vía.

El Gobierno y los sindicatos cerraron finalmente ayer un acuerdo bilateral, sin los empresarios, para diseñar un mecanismo de ajuste que permita financiar el gasto extra en pensiones que supondrá la llegada masiva de jubilados nacidos en el baby boom. Las patronales CEOE-Cepyme se plantaron en la mañana de ayer y rechazaron la propuesta del Gobierno en relación con el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones, que debe sustituir al factor de sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad.

El acuerdo a dos bandas cerrado entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos CC OO y UGT supone un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, respetando el actual reparto de las cuotas sociales, lo que implica que la empresa abonará aproximadamente 0,5 puntos y el trabajador 0,1.

Según explicó a última hora de ayer el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que compareció para valorar el acuerdo, esto supondrá un incremento mensual de los pagos sociales “que no llegan a 12 euros mensuales” en una base media de cotización de alrededor de 2.000 euros al mes. De esta cantidad algo menos de 10 euros los pagará el empresario y poco menos de 2 euros el trabajador.

Con esta nueva cotización extra, Escrivá dijo que pretende recaudar unos 50.000 millones de euros para volver nutrir la llamada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) para costear el sobrecoste de las pensiones desde 2033 a 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación más amplia del país. “En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones”, aclaró el ministerio en un comunicado y destacó también el propio Escrivá.

El resto del acuerdo indica que el importe adicional podrá ser utilizado progresivamente, a razón de un máximo de 0,2 puntos de PIB anual en la próxima década. Sin embargo, si estos fondos adicionales no fueran suficientes, el Gobierno negociará con los agentes sociales y el Pacto de Toledo una propuesta adicional para reequilibrar las cuentas reduciendo el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB o incrementando los tipos de cotización, entre otras alternativas. A diferencia de una propuesta anterior a la pactada con los sindicatos en las que, en un intento de sumar a los empresarios, se establecía que si el dinero no llegaba primero se ajustaría el gasto (reducción de la cuantía de las pensiones) y después se hablaría de seguir aumentando las cotizaciones, ahora estas dos posibilidades se podrán abordar al mismo tiempo.

Ante este plante de los empresarios, el ministro Escrivá se felicitó por el pacto con los sindicatos y reprochó a la patronal “no haber presentado ninguna propuesta” que reflejara los intereses empresariales durante todo el periodo de negociación. Escrivá resaltó una vez más que este incremento de cotizaciones será “contingente, temporal, finalista y supondrá solo un pequeño incremento de la cotización”, para el que ha considerado que hay perfecto margen dado que el coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios españoles está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Desde la Seguridad Social aclaran que, aunque los tipos de cotización sean mayores en España que en la mayoría de los países europeos, en la mayoría de ellos la base de cotización no está topada, por lo que los pagos empresariales son mayores.

Es más, aseguró que en contra de lo que han dicho los empresarios, el Gobierno calcula que el aumento de la cotización no dañará la creación de empleo, porque “en España no hay un problema de costes laborales” y por eso hay margen para subirlos, zanjó el ministro. Sin embargo, los empresarios opinan lo contrario ya que una de sus reivindicaciones históricas es la bajada de cotizaciones que ellos calculan que son las más altas de Europa. De hecho, ayer dijeron en un comunicado tras la reunión de su comité ejecutivo que la medida acordada “va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”.

Así, ante un incremento de 25 a 35 años cotizados para calcular la base reguladora la disminución de la pensión no sería similar para una renta alta, que perdería unos 3.450 euros de media al año, que, para una renta más exigua, donde la reducción de cara a las nuevas prestaciones de jubilación oscilaría entre los 641 euros y los 2.025 euros anuales.

Cabe recordar en este punto, que el impacto varía en función de los diferentes aspectos determinantes de la vida laboral. Por un lado, el incremento de años cotizados para el cálculo de la pensión supone un refuerzo de la contributividad del Sistema, ya que asume a la hora de ajustar la prestación para la jubilación más años de aportaciones a la Seguridad Social. Y, por otro lado, la reducción media prevista por los expertos no sería una tabla rasa: por ejemplo, para las carreras laborales afectadas por la crisis económica de 2008 que perdieron su empleo, y que posteriormente se han visto expulsadas por completo del mercado laboral o se han encuadrado en empleos peor remunerados, esta ampliación sería beneficiosa al recoger más años buenos de su carrera laboral.

Sin embargo, para carreras laboral que han sido claramente ascendentes en términos de remuneración, esta ampliación sería perjudicial de cara al cálculo de las cuantías, dado que cogería más de los primeros años de vida laboral, con peor base reguladora. Para estos casos, no obstante, el Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea su intención de cubrir los periodos concretos de suspensión de las cotizaciones -la conocida como cobertura de lagunas de cotización-, lo que eliminaría esos descuentos para el cálculo de la pensión, y además se prevé la posibilidad de que en ciertos casos se permita escoger entre los 25 mejores años, para de igual modo sortear las fases de la vida laboral de menos aportación a la Seguridad Social.

Más allá, según explica el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social conformado por catedráticos de la Universidad de Valencia, Polibienestar e IVIE y de la Universidad de Extremadura, atendiendo a unos perfiles reconocibles de nuestro mercado laboral se aprecia la diferencia del impacto medio que tendría la medida. En este sentido, en función del nivel de renta, se observa como para una pensión prevista de 2.666 euros mensuales con el cálculo de los últimos 25 años, pasaría a cobrar 2.419 si se contabilizan los 35 años previos a la jubilación. Es decir, un 9,2% menos, lo que significa 246 euros mensuales menos y una reducción de 3.450 euros en todo el año.

Ese sería el impacto para las rentas más altas que adquieren derecho a la prestación máxima de jubilación que otorga la Seguridad Social. Sin embargo, en un siguiente escalón asociado a las rentas medias, con una pensión prevista de 1.579 euros mensuales al cálculo con 25 años, pasaría a percibir con la ampliación a 35 años 1.434 euros mensuales, es decir, un 9,2% menos -144 euros mensuales y 2.025 euros menos en el conjunto del año. En los dos últimos cuartiles de renta, se aprecia el impacto para las bases reguladoras más bajas, donde se limita más la rebaja. Así de cobrar 996 euros con los últimos 25 años cotizados se pasaría a percibir un total de 916 euros, un 8% menos -que implica una reducción de 80 euros mensuales y 1.119 euros en el conjunto del año-. Ya para una prestación prevista en los 621 euros mensuales, la caída al calcular con 35 años cotizados sería del 7,4% (575 euros), es decir, 45 euros al mes y 641 euros al año.

Las autoridades de seis comunidades autónomas, la confederación de sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han pedido este viernes “seguridad jurídica”, tras confirmarse un acuerdo entre el Gobierno, ERC y el PNV para permitir enmiendas al proyecto de Ley sobre temporalidad. Miembros de los Gobiernos de Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y Madrid se han manifestado respecto al pacto y, si bien la medida ha sido respaldad por las comunidades y los sindicatos, hay unanimidad en que la reforma debe regularse con cautela.

Las autonomías gobernadas por el PP han sido las más críticas. El consejero de Hacienda y Financiación Europea de Andalucía, Juan Bravo (PP), ha pedido este viernes que el Gobierno tenga "cuidado" a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a funcionarios interinos, para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en "sentencias" e "indemnizaciones" que tengan que pagar los ciudadanos.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado el acuerdo de "extraordinariamente preocupante" y la reforma de concesión demagógica: "Esto va a ser una entrada masiva de personas que no se irán nunca. Me parece que no es susceptible de ser viable", ha zanjado. El consejero asegura que España no se debería encaminar hacia ese modelo, sino a uno más "flexible", siguiendo un estilo que permita "el movimiento entre sector público y privado" como en Alemania o Reino Unido:

Del otro lado, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno de Asturias, la socialista Melania Álvarez, ha afirmado hoy que en este asunto están "alineados" con el Gobierno de España, aunque ha insistido en la importancia de dotarse de un marco jurídico para que los cambios se den correctamente. Así mismo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado una "buena noticia" el acuerdo, y ha afirmado que servirá para disminuir esta modalidad de trabajo. Fernández, sin embargo, ha aclarado que: "ahora tenemos que ver la letra chica, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo". Canarias y La Rioja también se han mostrado favorables al acuerdo.

CCOO también se ha manifestado, y ha pedido al Gobierno "una respuesta con seguridad jurídica" para el colectivo de interinos de la administración pública y "que no genere más incertidumbre". En un comunicado, el sindicato señaló que "la respuesta definitiva" al problema de la temporalidad en el sector público "no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación". Por ello, la organización de trabajadores indicó que "seremos respetuosos con los cambios que se puedan introducir, siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial".

La CSIF, por su parte, ha exigido que las reformas se tramiten “celeridad y equidad en el conjunto del estado” y ha afirmado por el momento no puede hacer una valoración precisa: “El texto que finalmente salga del Congreso debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público. En este sentido reclamamos a los grupos responsabilidad y sentido de Estado para que el futuro proyecto de Ley salga adelante con el máximo consenso posible, evitando que los tribunales la declaren inconstitucional y con ello, lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores” ha afirmado la organización en un comunicado.

El acuerdo del Gobierno permitirá que los trabajadores interinos de la administración pública, que pasen cinco años cubriendo el mismo puesto, consigan una plaza fija de forma automática sin necesidad de opositar, y se consumará como unificación de enmiendas de los distintos partidos a la ley de estabilización de la función pública. La reforma supone rebajar a la mitad el periodo de 10 años inicialmente planteado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la hora de regularizar a interinos.

Los trabajadores de la administración pública con carácter de interino que pasen cinco años cubriendo el mismo puesto conseguirán plaza fija de forma automática sin necesidad de opositar. Así consta en el acuerdo alcanzado por los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, con los grupos PNV y ERC, cuyo contenido ha sido adelantado por el Periódico de Catalunya y confirmado a este diario por fuentes conocedoras del mismo.

El pacto, que se consumará como unificación de enmiendas de los distintos partidos a la ley de estabilización de la función pública, supone rebajar a la mitad el periodo de 10 años inicialmente planteado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la hora de regularizar a interinos. De hecho, la propuesta de hacer indefinidos a los interinos que llevaran 10 años en su puesto fue una concesión in extremis de la ministra de Hacienda para lograr ver aprobado el decreto ley destinado a reducir la temporalidad en la función pública, uno de los que más ha costado salvar al Gobierno por su minoría parlamentaria.

Montero ofreció entonces la posibilidad de tramitar como proyecto de ley un texto que había sido consensuado con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF pero que despertó recelos entre los socios habituales del bloque de investidura. La norma aspira a reducir la tasa de empleo público temporal al 8% y fijaba vías para hacer indefinidos a unos 300.000 interinos de larga duración tras los múltiples varapalos judiciales contra las administraciones por esta práctica.

La regularización, comprometida para antes del fin de 2024, contemplaba pruebas de acceso que dan un 40% del peso a la experiencia del candidato e incorporan indemnizaciones de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades para los interinos que no las superen.

A partir de ahí, la ministra ofreció que los ejercicios de oposición dejen de ser eliminatorios si las comunidades así lo deciden y la citada conversión en indefinidos, sin necesidad de superar las pruebas, para aquellos interinos que llevaran 10 años en plazas no sacadas a concurso público. Esta cifra se rebajará a hora a cinco años. En concreto, se toma como referencia para valorar la antigüedad en el puesto que ya lo ocuparan el 1 de enero de 2016.

Mercantil, civil y administrativo

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, afirmó este martes que el anteproyecto de la Ley de Vivienda tiene desarrollos "positivos", pero señaló que algunas herramientas recogidas en el texto, entre ellas, la limitación a los precios del alquiler, podrían "empeorar" el problema coyuntural que existe en el mercado inmobiliario.

En un coloquio organizado por la Fundación Alternativas, Arce explicó que el "tensionamiento" del mercado del alquiler "simplemente obedece" a un aumento de la demanda que ha sido "mucho más rápido" que el de la oferta. Esta evolución se debe al incremento del peso del alquiler, que, según Arce, es fruto de la "mayor orientación" por parte de los hogares jóvenes hacia los contratos de arrendamiento, "que muchas veces es la única alternativa que tienen disponible".

En esta coyuntura, Arce defendió que, si se percibe un problema de desajuste entre oferta y demanda en el mercado de alquiler, "la primera línea de acción debería ser aumentar la oferta estable de alquiler", ya que es la única solución "duradera". En este sentido, afirmó que algunas medidas contempladas en el anteproyecto de la Ley de Vivienda "parecen ir en esa dirección", pero otras, sin embargo, "no tanto".

Arce criticó así la implementación de límites a los precios del alquiler porque, según expuso, la experiencia histórica en los mercados de capitales internacionales muestra que ese tipo de intervenciones son "pan para hoy y hambre para mañana". "En el mejor de los casos, te soluciona puntualmente una subida de precios en un área muy localizada, pero te empeora lo que hay alrededor. No son las que yo consideraría como capaces de estimular la oferta amplia y estable del mercado del alquiler", explicó el director general de Economía y Estadística del Banco de España.

En paralelo, Arce pidió ser "muy cuidadosos" con la introducción de beneficios fiscales a arrendatarios y determinados colectivos porque, "cuando se le se le da una ayuda a un comprador en un mercado cuya oferta es limitada o poco elástica", esta "se suele traducir en mayores precios y rentas para los arrendadores". No obstante, el representante del Banco de España puntualizó que estas consecuencias no tienen por qué surtir efecto si se diseñan "muy bien", pero insistió en que se debe garantizar que cumplen su objetivo porque se destina dinero público a ello.

Por otro lado, Arce pidió "poner mucho más énfasis" en el desarrollo de buenas bases de datos, buenas herramientas y una cultura de evaluación de políticas públicas, que, en el ámbito de la vivienda son "clave". En este sentido, lamentó que las instituciones públicas se mueven "muchas veces a ciegas" en el terreno de la vivienda, pero celebró que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vaya a actualizar el índice de precios antes de poner en marcha algunas medidas recogidas en el anteproyecto de la Ley de Vivienda -entre ellas, la limitación de los precios del alquiler-, ya que la anterior estadística no recogía el flujo de contratos por zonas, el indicador "más informativo para estimar si un mercado se está sobrecalentado".

"No son detalles secundarios y son necesarios para diseñar e implementar bien las políticas, y fundamentales para irlas evaluando y ver si se comportan conforme a lo que el legislador tenía en mente", prosiguió Arce. Por último, el director general de Economía y Estadística del Banco de España dio la bienvenida al énfasis que el texto aprobado por el Consejo de Ministros pone sobre el alquiler y reconoció que el resultado final dependerá de cómo se implementen las distintas medidas recogidas y la prioridad se dé a unos instrumentos frente a otros.

El seguro por impago del alquiler anunciado este lunes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estará limitado por los ingresos que reciban los potenciales beneficiarios, a un lado, y por el precio máximo de las viviendas, al otro. Esta segunda variante, explican fuentes del ministerio, tendrá que debatirse con las diferentes comunidades autónomas, mientras que la parte de los ingresos, añaden, estará acotada a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Así, el seguro estará disponible únicamente para los jóvenes que dispongan de unos ingresos anuales que no superen los 23.726 euros y que cuenten con un contrato de alquiler en vigor. Con todo, para acceder a él, recalcan las mismas fuentes, los posibles beneficiarios tendrán que demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o dificultad económica que les impida hacer frente a sus obligaciones contractuales.

El proyecto de seguro de impago del alquiler destinado a jóvenes que oscilen entre los 18 y los 35 años, que estará financiado por el Estado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, equivaldrá a una prima de hasta el 5% sobre el precio anual del alquiler, cubriendo un máximo de 12 mensualidades.

El ministerio pone como ejemplo un alquiler que suponga el pago de 600 euros al mes, es decir, 7.200 euros anuales. En este caso, el inquilino que cumpla con el límite de ingresos y con las condiciones que establezcan las diferentes comunidades autónomas (con competencias en materia de vivienda) podrá solicitar la cobertura. El casero se beneficiaría del pago en caso de dificultad económica del arrendatario y la Administración correría con los gastos, que ascenderían a los 360 euros (el 5% de los 7.200 euros).

Además del límite de ingresos, la cobertura estará disponible solo para algunos alquileres, siempre en función de unos precios máximos que tendrán que definirse. Así, el Gobierno negociará con las comunidades autónomas para establecer cuáles son los límites de cada región, vinculando la ayuda a las rentas medias de cada zona. "No es lo mismo el alquiler medio de Madrid que el de Extremadura", resumen las mismas fuentes. Esta es la razón por la que desde el Ejecutivo todavía no saben la cantidad de dinero que tendrán que destinar a esta medida ni cuántos serán los posibles beneficiarios.

Al seguro del alquiler, confirman las fuentes de la cartera que dirige Raquel Sánchez, también podrán optar los beneficiarios del bono joven, otra de las iniciativas que se incluirán en el citado Plan Estatal de Vivienda y que dotará con 250 euros mensuales a los inquilinos de entre 18 y 35 años que acrediten rentas del trabajo que, de nuevo, no superen anualmente el límite de tres veces el Iprem. Para esta medida en concreto, el Ejecutivo reservará 200 millones de euros durante dos años.

Con el seguro por impago del alquiler, explicó Raquel Sánchez, el Gobierno quiere dar solución a los posibles problemas que puedan producirse por parte de los jóvenes para hacer frente a la renta de un piso en alquiler, dando "garantías" tanto a los inquilinos como a los propietarios.

Así lo asegura el 61% de ellas en el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. El informe pone de manifiesto pese a que de manera generalizada se advierte un incremento en los niveles de facturación, solo poco más de la mitad de las empresas tiene una sensación positiva. Por su parte, el 17% de las empresas considera que empeorará este ejercicio con respecto al año 2020.

Según se detalla en el informe, las peores previsiones vienen determinadas por el incremento de los costes operativos y el de los costes financieros que han generado un deterioro en la solvencia empresarial. El informe refleja también las dificultades que han tenido las empresas durante 2021. Según apunta, un 17% de las compañías ha sufrido algún impago a lo largo del año, pese a las inyecciones de liquidez y estímulos fiscales percibidos para paliar los efectos de la Covid-19.

Dicha situación refleja falta de solvencia. De hecho, el 40% de las empresas afirma haber detectado un cierto deterioro en los niveles de solvencia de sus clientes. La pandemia ha tenido consecuencias negativas en la mayoría de los proveedores y se ha generado un empeoramiento del riesgo de crédito. Cabe destacar que en 2020 se adoptaron una serie de medidas para dotar de liquidez adicionar al tejido productivo. La mayoría de las empresas hizo un uso de las facilidades de liquidez, por lo que ahora están más endeudadas que antes de la pandemia, eso ha supuesto un incremento de los costes financieros.

A su vez, hay que recordar que aún hay muchas empresas que no han recuperado los niveles de facturación que tenían hace meses. El coste de las materias primas, el de la energía y el desajuste logístico de las cadenas de suministro tienen que ver con este problema. Además, un 38% de las empresas prevé un aumento de los impagos de sus clientes en los próximos meses. Pese a que las previsiones de 2022 no serán mejores que las que había antes de la pandemia, sí que es cierto que un 75% de las empresas espera mejorar en 2022 sus resultados con respecto a 2020.

Así lo advierte el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera, publicado hace unos días, en el que, si bien recuerda que por ahora no hay señales de alarma ni signos de sobrevaloración de la vivienda, sí que hay riesgo de que los precios sigan subiendo debido al encarecimiento de la mano de obra y los materiales de construcción.

Según los datos oficiales del supervisor, y tomando como base de 100 puntos el cuarto trimestre de 2019 (inmediatamente antes de la irrupción del Covid-19), la demanda de inmuebles se sitúa a día de hoy en cotas cercanas a los 120 puntos, mientras que la oferta ha caído en torno a los 92.

Por todo ello, entre otros factores, los precios medios de la vivienda se han disparado un 3,3% en tasa interanual en el segundo trimestre del año, rompiendo así la tendencia de desaceleración registrada a principios de 2019. La vivienda usada, en concreto, avanza al 2,9%, mientras que la nueva se mueve en torno al 6%, un ritmo que podría acelerarse debido al aumento en los costes de los insumos.

A diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno, explica con tono calmado el supervisor bancario, en España la situación del mercado inmobiliario no se encuentra en una fase preocupante y, aunque el crédito hipotecario nuevo esté creciendo con fuerza en 2021, no se observa una relajación en las condiciones de concesión.

Las compraventas de vivienda, apunta el Banco de España, experimentaron un fuerte repunte en los ocho primeros meses de 2021, casi del 14 % respecto al mismo periodo de 2019. Un avance que contrasta con la evolución, algo más más contenida, de la oferta de viviendas en venta. Este aumento de la demanda estaría impulsado no solo por la recuperación de la economía y las condiciones financieras, sino por las decisiones de inversión que se habían pospuesto con la irrupción de la pandemia y por los cambios en las preferencias de las familias, que ahora apuestan más por obra nueva y viviendas unifamiliares.

En paralelo, y con una visión más pesimista, la última radiografía del mercado de la vivienda publicada por el portal Fotocasa asegura que la idea de que España está próxima a una burbuja inmobiliaria está ganando peso entre los españoles durante los últimos meses. Así, si en febrero de 2021 los expertos puntuaban este riesgo con 5,7 sobre 10 puntos, en septiembre de 2021 la cifra ha subido en cuatro décimas.

En el medio y largo plazo, el supervisor estima que el reciente notable aumento en los costes de los insumos de la construcción podría provocar, en caso de persistir en el tiempo, presiones adicionales en el precio de la vivienda nueva.

La vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, subrayó este lunes que el país solicitará el primer desembolso formal del fondo de recuperación europeo, de unos 10.000 millones de euros, "en breve". "Haremos la primera solicitud de pago formal en breve, dado que los hitos clave se habrán alcanzado", declaró la política durante la conferencia anual sobre el presupuesto de la Unión Europea que organiza hoy la Comisión Europea (CE) en Bruselas.

España ya recibió en agosto el adelanto que todos los países obtienen de manera automática cuando la CE y el Consejo (los países) aprueban el plan nacional de reformas e inversiones que se envía a Bruselas para acceder a los fondos de recuperación. Sin embargo, para obtener el resto del dinero del fondo de reconstrucción, los Estados deben cumplir de manera progresiva los hitos y objetivos que asumieron en el plan nacional. En el caso español, el primer desembolso formal está relacionado con hitos ya cumplidos durante 2020 y el primer semestre de 2021. El desembolso pendiente, asociado al primer pago, está vinculado a reformas como la laboral y la de pensiones.

A la hora de solicitar el desembolso formal, además, la Comisión Europea y el Estado miembro interesado deben firmar un acuerdo operativo, un pacto bilateral que establece las disposiciones para supervisar los planes de recuperación y resiliencia, pero que no incluye nuevas exigencias. Calviño aseguró que ese documento "se está firmando". "La rápida y exitosa implementación de los planes de recuperación será una de las prioridades clave en el futuro. A nivel nacional, la implementación del plan está totalmente en marcha. Se está haciendo buen progreso de las reformas estructurales", comentó.

En ese sentido, especificó que se prevén "hitos clave" para finales de año en España en las áreas de la reforma de las pensiones, la reforma laboral, la mejora del clima empresarial o el refuerzo de la formación vocacional. "En términos de inversiones, también hemos ajustado nuestros procesos para tratar de retirar los atascos en las inversiones, al tiempo que se asegura la gestión financiera sólida", indicó, y agregó que para finales de año se espera que "más de 11.000 millones de euros" se hayan transferido a las comunidades autónomas.

Calviño consideró también que el "desafío" en la actualidad es garantizar que la recuperación "no sea un rebote de corta duración, sino un proceso transformativo que ponga a la UE en la senda de un crecimiento fuerte, constante y sostenible desde el triple punto de vista económico y financiero, medioambiental y social".

Sector

¿Cuánto gana un abogado en España?

(El Periódico, 17-11-2021)

Los abogados son las personas que se encargan de asesorar y defender los derechos e intereses de las personas que los contratan. Pero se debe tener en cuenta que entrar en el mercado laboral de la abogacía no es fácil ya que, según la Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor en el 2011, la persona interesada debe poseer un título universitario de licenciado o graduado en Derecho y debe haber realizado un curso de formación especializada (máster o prácticas externas). Aunque un abogado no siempre tiene que dedicarse a trabajos relacionados con las funciones judiciales y administrativas, pero en el caso de hacerlo, ¿cuál es su salario?

Como en casi todas las profesiones, hay varios factores que rigen lo que gana un abogado, como por ejemplo la experiencia (no es lo mismo alguien que empieza a trabajar que alguien que lleva años) o si la empresa es privada o pública (en el segundo caso, el letrado se define como abogado social). En las empresas privadas, los sueldos suelen ser más elevados que en las administraciones públicas. El salario de un abogado junior (el que cobra un letrado durante su primer año) está entre los 1.200 y los 1.500 euros netos mensuales, pudiendo cambiar según la responsabilidad o las horas trabajadas.

A medida que este gane experiencia, en los siguientes dos y tres años, puede aumentar su sueldo hasta los 1.800 euros netos, y una vez transcurridos los 4 o 5 años, el sueldo llega hasta los 3.800 euros netos al mes. Y de esta manera van aumentando los sueldos hasta que a los 10 años (cuando se pasa de abogado junior a abogado sénior), con buena reputación y experiencia, un abogado puede llegar a cobrar 10.000 euros netos mensuales.

Aunque el salario tiende a ser menor que en el privado, sigue siendo una de las profesiones mejor pagadas dentro del sector público. Para ser abogado en este sector es necesario pasar unas oposiciones que suelen ser complicadas, pero que, si se superan, permiten que el salario anual de estos funcionarios, teniendo en cuenta que cobran 12 mensualidades y dos pagas extra, llegue a ser de entre 50.000 y 60.000 euros netos anuales (entre 3.500 y 4.285 euros al mes). Además, en el caso que los abogados de este sector quieran saltar al privado, estos pueden llegar a cobrar 90.000 euros netos anuales (lo cual favorece a los abogados junior) y, en el caso de ascender y ser socios, 125.000 euros netos anuales.

En Países Bajos un recién graduado cobra entre 30.000 y 60.000 euros al año y, tras 4 o 5 años, su sueldo asciende hasta los 110.000 euros anuales. En Francia utilizan otro método que consiste en que un abogado junior empezará cobrando 62.000 euros anuales y, si se cumplen los objetivos, cada año cobrará 5.000 euros más. En Londres, capital del Reino Unido, un abogado de firma privada cobra entre 85.000 y 160.000 euros al año, mientras que un socio gana 225.000 euros. Finalmente, en Estados Unidos, los socios suelen ser personas ricas y el salario medio está entre 150.000 y 275.000 euros anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se propone el reparto de 63,3 millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para la realización de varios proyectos del Plan Justicia 2030. Según ha precisado el departamento dirigido por Pilar Llop en una nota de prensa, estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.

"Se trata de proyectos enfocados a una mejora significativa de la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, así como inversiones significativas en el sector de tecnologías de la información (TIC), que favorecen la mejora competitiva de España", ha señalado el Ministerio. Justicia ha explicado que 26,4 millones de euros de los 63,3 millones se designarán al objetivo de interoperabilidad, "encaminado a construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas sean no solo completamente interoperables entre ellos, sino con el resto del ecosistema digital de la Administración de Justicia".

Está previsto, además, que se destinen 16 millones de euros en el apartado de ciberseguridad. Según ha señalado el Ministerio, se aportará por el establecimiento de un servicio de seguridad que pueda proporcionar protección a las administraciones, así como mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de esta naturaleza, buscando sinergias con otros organismos nacionales y europeos en la materia.

Asimismo, se dedicarán 8,4 millones de euros al proyecto de Justicia orientada al Dato para "la explotación y aprovechamiento de la enorme cantidad de información existente", lo que permitirá "mejorar el diseño de políticas públicas" y una "mayor eficiencia". Por su parte, la "extensión del Proyecto 0" recibirá 4,4 millones de euros para desplegar equipamiento digital básico --tanto de software como de hardware-- para desarrollar proyectos de transformación financiados con fondos europeos.

A la inmediación digital, que hará posible la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones, se destinará un presupuesto de 2,1 millones de euros. La inversión en la textualización, un sistema que permita localizar rápidamente informaciones que se hayan documentado por una grabación visual, será de 2,4 millones; mientras que la adaptación de los sistemas de la gestión procesal a la nueva ley de eficiencia procesal estará dotada con 2,7 millones.

Asimismo, se dedicarán 900.000 euros al proyecto de Carpeta Justicia, para dotar a la Administración de Justicia de un servicio personalizado en el que particulares, empresas y profesionales tengan acceso a la información asociada a sus distintos procedimientos judiciales abiertos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deliberará el próximo 1 de diciembre sobre el "regreso a la normalidad" de los juzgados y tribunales en una reunión presencial que celebrará junto al presidente de la Audiencia Nacional y los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Así consta en un acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces de 4 de noviembre, en el que se autoriza el encuentro que tendrá lugar en la propia sede del Consejo.

Está previsto que ese día se aborde, en el marco del primer punto del orden del día, la "deliberación acerca del regreso a la normalidad en la actividad de los órganos judiciales". Según el acuerdo, el punto número dos versará sobre la preparación de las XVII jornadas anuales de los presidentes de los TSJ de todo el país. El punto tres estará reservado para los "ruegos y preguntas" que se planteen durante la reunión. El CGPJ ha acordado también conceder comisión de servicio, "con los derechos económicos que procedan en su caso", al presidente de la Audiencia Nacional y a los de los TSJ para asistir a la reunión.

El encuentro se celebrará un año y siete meses después de que el propio órgano de gobierno de los jueces hiciese pública su "guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y la adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales". En abril de 2020, el CGPJ estableció una serie de normas: la instalación de mamparas, la distancia de seguridad interpersonal, los turnos y horarios de acceso, el control de temperatura en las sedes judiciales, la limitación de acceso del público a las salas de vistas y el sistema de citas previas y de atención telemática, entre otros.

Tras el controvertido pacto para elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, aunque ni el PSOE ni el PP hablan de avances en unas negociaciones que se mantienen de forma discreta. Fuentes socialistas y de los populares insisten en desvincular la renovación del Constitucional y del CGPJ y guardan mutismo sobre los nombres que barajan para un órgano que en diciembre cumple tres años en funciones y es el último pendiente de renovación.

El pálpito en el CGPJ es que el acuerdo puede cerrarse próximamente, incluso este mismo mes, aunque las fuentes consultadas señalan que no tienen información concreta sobre las conversaciones. Tras la polémica que ha rodeado el nombramiento como magistrado del Constitucional de Enrique Arnaldo por su proximidad al PP y su aparición en dos sumarios de casos de corrupción, es previsible que cada candidato para el CGPJ sea analizado con lupa. Fuentes socialistas insisten en que la Constitución obliga a renovar el órgano de gobierno de los jueces y confían en poder tener un acuerdo antes de fin de año.

Un plazo lógico, porque 2022 es, de nuevo, año electoral. Las urnas se abrirán en primer lugar en Andalucía y en la primavera de 2023 habrá elecciones locales y autonómicas. Y es habitual que en un contexto de competición electoral los partidos endurezcan sus posiciones y la posibilidad de un pacto se aleje. Desde el PP apuntan que no hay novedades ni avances en las conversaciones. Que la negociación está "en punto muerto". Y recalcan que sus condiciones para un acuerdo son "inamovibles". La principal, que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en el próximo proceso de renovación del Consejo los jueces elijan directamente a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial. Una posición que este viernes ha reiterado Pablo Casado desde La Palma.

Casado ha advertido de que "entre otras cuestiones" Bruselas ha dicho a Polonia "que su órgano de los jueces lo tienen que elegir de forma mayoritaria los jueces, y eso está poniendo en juego los fondos europeos". Sobre Arnaldo, ha dicho no entender "la posición de algunos partidos minoritarios" y les ha acusado de querer "confundir a la opinión pública"; además, ha señalado que el problema de las instituciones no es el Constitucional, sino quienes pactan con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu. Más allá del debate sobre los nombres, que hizo descabalgar un posible acuerdo el pasado mes de febrero, ante el rechazo del PP al juez José Ricardo de Prada, la reforma legislativa es ahora el principal escollo para el pacto.

Aunque Bruselas ha recomendado de forma expresa que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces, tanto el PSOE como Podemos defienden que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, quien elija a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Destacan que el propio Tribunal Constitucional avaló el modelo y recuerdan que los doce vocales jueces son elegidos a partir de una lista de candidatos que envían al Parlamento los propios profesionales de la carrera judicial.

El Ministerio de Justicia facilitará a cada la llamada Carpeta Justicia, que facilitará el acceso a los servicios y procedimientos para las personas que sean partes o interesadas, entre ellos al servicio de cita previa, el de consulta del estado de la tramitación, así como de acceso a los expedientes judiciales en los que el ciudadano sea parte. Así, se establece en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que ultima el Ministerio, y que transpone la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,

En el caso de procedimientos judiciales que no se hallen en soporte electrónico, se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información que comprendan cuando menos el estado de la tramitación y el órgano judicial competente. La Carpeta Justicia será un servicio personalizado, que facilitará el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración de Justicia que afecten a un ciudadano cuando sea parte o interesado en un procedimiento o actuación judicial. Para ello el ciudadano deberá identificarse previamente.

Esta nueva herramienta digital incluirá la información necesaria que permita a la ciudadanía su utilización; la relación de los servicios que pueden obtener; los derechos y obligaciones de la ciudadanía derivados de su uso; la posibilidad de verificar los accesos previos por el ciudadano o ciudadana; el acceso a los expedientes judiciales en el que el ciudadano sea parte o interesado; el acceso y firma de los actos de comunicación de la Administración de Justicia pendientes, así como el acceso a los actos de comunicación ya practicados.

También, permitirá el acceso a la información personalizada que conste en el Tablón Edictal Judicial Único; la obtención y gestión de cita previa en el ámbito judicial; el acceso a una agenda personalizada de actuaciones ante la Administración de Justicia; y el acceso a los cauces para realizar sugerencias y quejas. Los sistemas informáticos asegurarán que cada vez que el ciudadano o ciudadana acceda a la Carpeta Justicia quede constancia de la información a la que haya accedido, así como de la fecha y hora de dicho acceso. Además, el ciudadano podrá obtener original, copia o justificante, según proceda, de los documentos, resoluciones procesales y judiciales a los que tenga acceso a través de la Carpeta Justicia.

Por otra parte, el ciudadano podrá canalizar, el ejercicio de los derechos previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. El anteproyecto de ley determina que se realizarán a través de sedes judiciales electrónicas todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos y profesionales por medios electrónicos. La norma creará, asimismo, el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, un portal que, como mínimo, contendrá la Carpeta Justicia y el directorio de las sedes judiciales electrónicas.



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