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Los consejos de la semana

Contabilidad

Depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2020

Una vez aprobadas las cuentas anuales se deben presentar para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, en el plazo de 1 mes desde su aprobación. El plazo de 1 mes se cuenta de fecha a fecha, es decir, si se aprueban el día 30 de junio, se depositan el 30 de julio.

Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la junta general ordinaria, que debe ser previamente convocada al efecto, para reunirse dentro de los 6 primeros meses del ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Atención. Ahora que se acercan las fechas en que se deben depositar las cuentas anuales en el Registro, recuerde la importancia de este trámite, pues su incumplimiento puede incluso comportar una sanción.

¿Quién tiene la obligación de presentar las cuentas anuales?

Los administradores de la sociedad, que deben presentar en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, de aplicación de su resultado, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.

Las cuentas anuales son objeto de publicidad y cualquiera puede consultarlas y obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados.

Atención. Los administradores de la sociedad son quienes tienen la obligación de convocar la junta de socios a la que someter la aprobación de las cuentas y, una vez aprobadas, llevar a cabo su posterior depósito ante el Registro Mercantil en el mes siguiente.

Y con el cumplimiento de este requisito de dar publicidad a las cuentas anuales termina el ciclo que debemos realizar cada año, amén de la legalización de los libros oficiales, que de forma telemática hay que presentar en los primeros cuatro meses del año.

Formas de Presentación Cuentas Anuales

1. En soporte papel

2. En soporte digital, en formato ZIP en CD o DVD

3. De forma telemática, que es el medio más cómodo y habitual, con firma electrónica del presentante a través de la página web del Colegio de Registradores. En este caso caben dos modalidades:

- Integral, de forma que el presentante firma y remite con su firma tanto el formato ZIP que contiene la documentación de las cuentas anuales, como el PDF que contiene la certificación que acredita la aprobación de las cuentas.

- Mixta, en la que se presenta vía sede electrónica de la página web sólo el formato ZIP con la documentación, pero se presenta presencialmente y en papel la certificación del acuerdo de aprobación de cuentas en los 15 días siguientes.

Modelos de Depósitos de Cuentas

Existen 4 modelos distintos según las circunstancias de las sociedades, en todas las lenguas oficiales existentes en España:

1. Modelo Normal

2. Modelo de cuentas abreviadas: Se puede utilizar cuando determinadas cifras contables no superan importes concretos y el número de trabajadores es inferior a determinados máximos.

3. Modelo especial PYMES: es el utilizado por la mayor parte de las microempresas de nuestro país. Puede utilizarse cuando el total de las partidas del activo no supere los 2.800.000 euros, el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros, y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50

4. Modelo de Cuentas Consolidadas: para los grupos de sociedades, estando obligada a utilizarlo la sociedad dominante, partiendo de las cuentas individuales de las sociedades que forman el grupo y en las que se han eliminado los saldos y operaciones entre las compañías que lo integran.

Si no se depositan las cuentas

Si deposita las cuentas más tarde, su empresa podrá ser objeto de sanciones. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, establece un nuevo régimen sancionador para el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, con efectos desde el 31-01-2021.

En la práctica, no ha sido habitual o generalizado la imposición de multas o sanciones por la falta de presentación de Cuentas Anuales, ya establecidas el art. 283 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que recordemos incluían multas de hasta 300.000 euros.

Pero ahora, con la publicación del Real Decreto 2/2021, se establece un marco de colaboración entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC- y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para encomendar la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles competentes por razón del domicilio del obligado.

De esta forma, la obtención de una nueva fuente de ingresos para el Colegio Oficial de Registradores (tarea por la se estima puedan recibir el 50% de la recaudación sancionadora) junto con el objetivo del legislador de perseguir las sociedades inactivas que no disponen de liquidez para seguir operando y acumulan impagos y problemas financieros dejándose inertes, entendemos será el acicate definitivo para la puesta en práctica de estas sanciones por falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Atención. La novedad es que el ICAC "puede encargar" al Registro Mercantil la imposición de sanciones.

Este Real Decreto también establece los criterios para determinar el importe de la sanción, y lo hace de acuerdo con los límites ya establecidos en el artículo 283 de la LSC:

- La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

- Si no aporta la declaración tributaria señalada, la sanción se establecerá en el 2% del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.

- Si se aporta la declaración tributaria y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fueran mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10%.

Además, si pasa un año desde la fecha de cierre del ejercicio sin que se hayan depositado las cuentas anuales, el Registro Mercantil quedará "cerrado" para su empresa. Es decir, hasta que no las deposite, no podrá inscribir la mayoría de acuerdos de la sociedad (por ejemplo, una escritura de cambio de domicilio o de ampliación de capital).

Atención. Si las cuentas anuales no se hubieran depositado por no estar aprobadas por la Junta General, el cierre registral podrá evitarse si esa circunstancia se acredita con certificación del órgano de administración expresando la causa de la falta de aprobación. Si esta situación persiste, debe presentarse la certificación cada 6 meses.

No obstante, aunque pase un año sin que su empresa presente las cuentas anuales, sí que podrá inscribir en el Registro Mercantil determinados documentos: el cese del administrador, una revocación de poderes, la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores.

Además, en caso de incumplir con su obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domicilio social, al mes siguiente de su aprobación, los administradores estarían incumpliendo la legislación vigente con las siguientes consecuencias:

- No se permitirá la inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista, con lo que entre otras cosas no se podrán nombrar administradores, ni otorgar poderes, hasta que no estén depositadas las cuentas.

- En el caso de los administradores, la no presentación de las cuentas supone que no se ha actuado con la debida diligencia de un ordenado empresario y en consecuencia si se origina un daño a la sociedad, podría tanto la propia Sociedad como los socios o un tercero reclamar los daños causados a la sociedad por este. Además en el caso de que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia, la falta de diligencia en la actuación del empresario en la no presentación de las cuentas, puede suponer que este tenga que responder de las deudas de la sociedad, ya que la Ley Concursal establece como un supuesto de concurso culpable la no formulación de las cuentas anuales, no someterlas auditoria si estuviera obligado, o la falta de depósito de estas en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

- Puede llegar incluso a existir responsabilidad penal en caso de cometer conductas fraudulentas tales como falsificar las cuentas anuales, conforme establece el artículo 290 del Código Penal.

Atención. Cuando una sociedad no está obligada a auditarse, los socios que representen al menos un 5% del capital (por sí solos o agrupados) pueden solicitar al registrador que nombre a un auditor para que revise las cuentas. La solicitud debe realizarse antes de que hayan transcurrido 3 meses desde el cierre del ejercicio cuyas cuentas se van a auditar.

Mercantil, civil y administrativo

Problemática de la transmisión de acciones y participaciones de sociedades

Uno de los aspectos más problemáticos de una empresa es la transmisión de acciones.

Probablemente lo más importante de una sociedad, limitada o anónima, sean sus participaciones y acciones. En el caso de ser sociedad limitada, serán participaciones y en el caso de sociedad anónima serán acciones. 

Lo más importante es tener en cuenta que estamos en el marco del derecho privado, lo que implica que prima la voluntad de los contratantes. Por tanto, para transmitir participaciones o acciones, lo más importante es que el vendedor, el comprador y los socios estén de acuerdo. Esto es muy relevante sobre todo en el marco de la sociedad limitada.

Por consiguiente, conviene tener en cuenta lo que marcan los estatutos. Este es el límite básico. Se puede llegar a dar que en los estatutos quede configurada la transmisión como entre socios o entre socios y sus familiares.

¿Qué sucede si los estatutos no regulan el supuesto de hecho?

En ese caso es necesario tener en cuenta las limitaciones legales.

Para vender participaciones el socio debe comunicarlo por escrito a los administradores, exponiendo la condición de la venta. Debe de ser aprobado por Junta General por mayoría ordinaria. La junta puede oponerse, pero para ello debe activar el mecanismo de suscripción preferente que tienen los mismos socios.

En definitiva, hay que tener en cuenta que en la sociedad limitada los socios ya existentes tienen derecho de compra preferente sobre un tercero de fuera.

Si tras tres meses de comunicación, ningún socio compra, el tercer adquirente de fuera de la sociedad tendrá vía libre para dicha compraventa. Es relevante tener en cuenta que los estatutos no podrían llegar a señalar ninguna cláusula de transmisión libre de participaciones, y del mismo modo es nulo si se obliga a un socio a vender un mínimo de participaciones.

Tampoco son válidas las cláusulas que prohíben la venta. Hay que señalar también que el embargo de participaciones sociales en casos de ejecución de deuda también implica suscripción preferente, de modo que una vez enajenadas las participaciones en subastas, los socios pueden comprarlas por el mismo precio que se ejerció en la subasta.

Por otro lado, las sociedades anónimas tienen transmisión libre, y son sociedades plenamente abiertas. Por tanto, la finalidad de la sociedad y las limitaciones son diferentes, ya que lo que se prohíbe es que se haga intransmisible la acción a terceros.

Diferente es la situación en la que las participaciones o acciones se transmiten por muerte del socio. En ese caso se le llama transmisión mortis causa de acciones.

Solamente serán de aplicación restricciones o condicionamientos a la transmisibilidad por causa de muerte cuando los establezcan los estatutos. Para este supuesto, la sociedad deberá presentar un adquirente u ofrecerse a adquirir ella misma las acciones. Su valor será el razonable al momento en que se solicitó la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas. Este valor razonable deberá ser determinado por un experto independiente.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno estudia prorrogar la reducción del IVA más allá de fin de año; pero no de forma definitiva, sino de forma trimestral, según reconocen fuentes gubernamentales. Se trata de una de las medidas que el ministerio de Transición Ecológica estudia para abaratar el recibo de la luz. El planteamiento pasaría por adaptar la bajada de impuestos de forma temporal en función de la evolución de la crisis energética durante los próximos meses y de las necesidades para atajar la espiral alcista del recibo de la luz.

De esta forma, la actual reducción del IVA del 21% al 10%, así como la supresión del impuesto sobre generación a las eléctricas, podrían ampliarse sucesivamente hasta marzo y junio de 2022, si las tensiones en el mercado mantienen los precios de la energía en las cotas históricas de las últimas semanas, por encima de los 100 euros el megavatio hora desde agosto. Mientras tanto, el PP, para el que la escalada de los precios de la luz se ha convertido en un arma política, registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que defiende la rebaja permanente del IVA y la supresión del impuesto de generación.

La decisión es peliaguda. Hacienda recuerda que el recorte supone una merma considerable para las arcas públicas cuando aún hay que financiar las medidas de escudo social, para las familias más vulnerables afectadas por la pandemia, los ERTE y otras ayudas a autónomos y empresas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuantificó en 857 millones el coste de la rebaja de los impuestos de la luz aprobado el pasado junio. Por eso, no es partidaria de rebajar aún más el IVA ni de convertir las actuales rebajas temporales en permanentes.

Los responsables gubernamentales deben hacer una ardua labor de ajuste, máxime en unas fechas en las que se encuentra en plena vorágine de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Ese argumento es determinante para que la rebaja tributaria no se mantenga de forma permanente, aunque abre la vía para se tomen otras decisiones sobre las cargas que soporta la tarifa, como los costes extrapeninsulares, las primas a las renovables o el déficit de tarifa, que tendrían que recaer sobre los Presupuestos. Todo forma parte del cajón de sastre que evalúa el Gobierno.

La rebaja del IVA fue “temporal y coyuntural”, según anunció la ministra de Hacienda, María José Montero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la medida en una reunión extraordinaria el pasado 24 de junio. Se esperaba, entonces, que para fin de año estuvieran en marcha otras medidas estructurales y una revisión fiscal generalizada del sistema. “En esa fecha evaluaremos si es conveniente adoptar alguna cuestión adicional”, manifestó Montero, que en aquellas fechas también era ministra portavoz.

En parecidos términos se expresó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada en el Congreso, al afirmar que el Ejecutivo está estudiando una revisión integral de la fiscalidad energética. Para ello, tendrá en cuenta las conclusiones del informe de la comisión de expertos creada a tal efecto y que, en principio, debería terminarse en febrero; pero que, dadas las exigencias actuales, podrían acelerar sus propuestas.

La medida afecta a los consumidores vulnerables que dispongan de bono social, independientemente de la potencia que tengan contratada, y también a los que tengan contratados hasta 10 kW, siempre que el precio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros. Al mismo tiempo se suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (impuesto de generación) para las empresas productoras, que luego lo repercuten en el recibo de la luz. Esta medida, que se adoptó en 2018, con una situación similar, solo estaba prevista para el tercer trimestre, pero se acaba de ampliar hasta final de año. También se aprobó una ayuda adicional a las industrias electrointensivas de 100 millones de euros para que estos altos consumidores puedan ver “compensado el encarecimiento” de la energía. Según las previsiones del Gobierno la doble medida iba a suponer una rebaja de nueve euros en la factura mensual.

La Comunidad de Madrid recaudó 1.100 millones de euros más que Cataluña en el IRPF en 2019. Así se desprende de los últimos datos disponibles de recaudación real con uso de la capacidad normativa que tienen las autonomías que recoge el informe sobre La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que actualiza las series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común.

Esta diferencia al alza en favor de Madrid se produce a pesar de que Madrid es la comunidad que tiene los tipos del IRPF más bajos de España, tanto las horquillas altas como las bajas, estas últimas, con más potencial recaudatorio. Y a pesar de que Cataluña tiene un millón de habitantes más que la Comunidad de Madrid.

El informe también concluye que la diferencia entre los índices de financiación por habitante de las comunidades mejor y peor tratadas por el sistema de financiación autonómica, Cantabria y la Comunidad Valenciana, respectivamente, es de 24,8 puntos sobre un promedio de 100, con 116,9 y 92,1, distancia que se ha reducido desde que entró en vigor el actual modelo en 2009. Concretamente, el informe apunta a que en 2019 Cantabria recibió 3.321 euros de financiación efectiva de la caja común por cada uno de sus habitantes. La cifra supera en 702 euros los 2.618 euros por habitante que obtuvo la Comunidad Valenciana, la región peor financiada.

De media, cada región española recibió aquel año 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas. Además de la valenciana, que está a 215 euros de dicha marca, se encuentran aquí Murcia (2.629 euros por habitante); Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). En el resto de territorios la financiación es superior a la media nacional. En concreto, tras el liderazgo cántabro se encuentra La Rioja (3.211 euros por persona); Baleares (3.127 euros); Extremadura (3.086) y Canarias (3.081). Las demás se encuentran ya por debajo de los 3.000 euros por vecino.

Esta diferencia, medida en precios corrientes, de más de 700 euros de financiación por habitante entre las regiones más distantes del modelo contrasta con los 461 euros que separaban en 2002 a la autonomía mejor tratada, La Rioja (2.214 euros por persona), y la peor financiada, Baleares (1.663 euros). Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el modelo de reparto de fondos entre territorios vigente en 2001 arrojaba ya diferencias de 708 euros en 2009, cuando se modificó por otro que rebajó la distancia máxima, entonces entre Cantabria y Canarias, a solo 570 euros.

Es más, aunque a precios corrientes la distancia ha subido, Fedea apunta a que, realizando una serie de ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal y el coste público en función de la edad media de la población, la diferencia entre los índices de financiación por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas habría bajado de 26,9 a 24,8 puntos gracias al modelo aprobado en 2009.

De otra parte, la financiación media por habitante ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años hasta superar en 2018 el umbral máximo de 2.673 euros alcanzado en 2007, desde cuando se produjo una importante rebaja debido a la crisis financiera. De hecho, ajustadas las cifras a la inflación y tomando precios constantes de 2015 el volumen precrisis aún no se habría recuperado.

En todo caso, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 es un clamor especialmente entre las regiones peor paradas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. De hecho, la ministra de Hacienda se comprometió en julio con el presidente valenciano, Ximo Puig, a retomar el rediseño del modelo en los próximos meses. Todo hace indicar, sin embargo, que el Gobierno no dará grandes pasos al menos hasta el próximo mes de febrero, cuando recibirá el informe encargado al comité de expertos para la reforma tributaria, dado que su pretensión es que la reforma de la financiación autonómica incluya una armonización tributaria entre regiones.

La renta de los españoles ha seguido creciendo a pesar del Covid, ya se compare con el año pasado o con 2019. Así, según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), en el primer trimestre de este año, último dato conocido, se reconocieron ante Hacienda 149.039 millones de euros procedentes de distintos tipos de renta, básicamente salariales y pensiones.

Eso supone cerca de 4.300 millones más de euros que en el mismo periodo de 2020 y 7.000 millones de euros en comparación con 2019. Los ingresos de las familias tributaron, según la AEAT, a un tipo medio efectivo del 12,32%, colocando a los trabajadores del sector público a la cabeza con un tipo medio efectivo del 17,5%, frente al 14,12% de la media del sector privado, de lo que se colige que los salarios en el sector público están de media por encima de las nóminas de privado. A mucha distancia, los pensionistas aportaron a las arcas del Estado el 8,52% de sus ingresos en el primer trimestre del año.

Sin embargo, desagregando un poco, los contribuyentes con mayores salarios en España trabajan para las grandes empresas, pues tributan un 19,04% de sus ingresos, frente a las pymes que aportan a Hacienda el 11,6% de sus rentas, siete puntos y medio por debajo. Además, en conjunto los primeros obtuvieron, siempre según los datos que controla la Agencia Tributaria, 40.349 millones de euros por los 28.867 millones de los empleados de las pymes. En total, el sector privado generó ente enero y marzo 69.216 millones de euros, casi tres veces más que el público, con unas rentas de 23.318 millones.

Dentro de los empleados públicos, los contratados por las Comunidades Autónomas disfrutan de los salarios más elevados entre los empleados de la Administración, lo que queda reflejado en el tipo medio al que tributan, el 18,51% en el primer trimestre, colocándose a medio punto del tipo efectivo de los trabajadores de las grandes empresas. Son además el colectivo público más abundante y, por tanto, los que más renta suman, 15.043 millones de euros entre enero y marzo.

Los empleados del Estado tienen un punto menos de tipo efectivo que los autonómicos, colocándose en el 17,49%, con una renta global de 4.226 millones de euros. En tercer lugar, por volumen y tipo, está el personal de la administración local (ayuntamientos, diputaciones o cabildos) que generaron renta por valor de 4.049 millones y colocaron su tipo efectivo en el 14,88%.

Respecto a los pensionistas, la Agencia Tributaria señala que la Seguridad Social y otros organismos desembolsaron una nómina de 33.705 millones de euros, el mayor en volumen después de las rentas de los trabajadores de la gran empresa. Sin embargo, su tasa efectiva se coloca a mucha distancia, el 8,52% en el primer trimestre según los datos fiscales. Por último, la AEAT registra el colectivo de "otras rentas" que suman 22.799 millones de euros con un tipo medio efectivo del 5,77%. Dentro de este colectivo están los desempleados que cobran del Sepe, con 6.917 millones de euros en el primer trimestre y un tipo efectivo del 0,06%.

Aunque en conjunto las rentas han aumentado en el primer trimestre de este año frente al del ejercicio fiscal anterior, el montante global del sector privado ha bajado en 912 millones de euros. La mayoría se concentra en la gran empresa, 904 millones, y baja en la pyme en 9 millones.

De los 701 contribuyentes en España que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240, el 34% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio, según revelan los datos publicados el miércoles por la Agencia Tributaria. A grandes rasgos, estos dos centenares largos de ultrarricos abonaron este tributo por residir en una comunidad autónoma diferente a Madrid, la única región española que a día de hoy bonifica al 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas.

Este gravamen, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un valor superior a los 700.000 euros. El tributo ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. Por otro, el Gobierno, a través de la comisión de expertos creada por el Ministerio de Hacienda para dar forma a la futura reforma fiscal, tiene la intención de armonizar este tributo para frenar las fugas de renta por razones fiscales.

Atendiendo a los propios datos de la Agencia Tributaria, la diferencia entre los ultrarricos y el resto de los tramos más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 142.000 declarantes que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 57.000 personas) lo abonaron el 80% de las veces; y los 7.000 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto de patrimonio en la mitad de las ocasiones. En total, en 2019 hubo en España 212.284 liquidantes, de los que pagaron el tributo algo más de 183.000, el 86% del total.

Todas las proporciones están muy lejos del 34% relativo a las fortunas más voluminosas, una cifra que sugiere que la mayoría de ultrarricos, y que no abona el impuesto, reside en la Comunidad de Madrid, en la que hay 19.090 personas que han tenido que declarar por su patrimonio. De hecho, según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región central dejó de recaudar unos 990 millones de euros en 2019 por este tributo, ya que, aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la ventaja fiscal que les da la residencia.

Las diferencias entre las comunidades autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– también son claras. Según los datos relativos a 2019, de los 183.000 contribuyentes que abonaron este impuesto un total de 77.615 residían en Cataluña. Tras ella se situaron la Comunidad Valenciana, con poco más de 22.000 personas, Andalucía, con unos 16.500 contribuyentes, y Aragón, con unos 13.600 ricos. El resto de regiones anotaron cada una menos de 10.000 pagadores, con la cifra más baja –con permiso del vacío de Madrid– en Extremadura, que cerró el año con 1.186 contribuyentes. A las comunidades autónomas habría que sumarle las cifras de Ceuta y Melilla y las de los extranjeros con bienes en España, que suman unas 8.000 personas.

Los datos publicados por la Agencia Tributaria muestran cómo el número de ultrarricos, aquellos que poseen más de 30 millones de euros, ha crecido en España entre 2018 y 2019, para pasar de los 608 a los 701 declarantes. La cifra aumentó año tras año desde la creación de esta figura tributaria, en 2007, hasta el ejercicio 2018, cuando por primera vez cayó al pasar de los 611 de 2017 a los 608 de un año después. En todo este tiempo, el número de contribuyentes que ha pagado el impuesto de patrimonio también ha ido desmoronándose: del 49% que lo abonaba en 2011 al 34% que lo liquidó ocho años después.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que estudia su rediseño a raíz de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Hoy, el impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Las regiones pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles que su Gobierno eliminará los dos impuestos propios con los que cuenta la región, convirtiendo a Madrid en la primera comunidad autónoma de régimen común en suprimir estas figuras impositivas. La medida, en concreto, afectará al tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y al impuesto sobre depósito de residuos.

Según los datos facilitados por el propio Ejecutivo regional, en la Comunidad de Madrid la recaudación por estos dos tributos apenas supone el 0,02% del total, es decir, unos 70 céntimos de euro por habitante frente a una recaudación total que ronda los 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de 3,4 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó hoy iniciar la tramitación de la ley de supresión de estos impuestos, que tendrá que ser aprobada posteriormente en la Asamblea de Madrid, previsiblemente sin demasiadas complicaciones gracias al esperado apoyo de Vox.

El impuesto sobre las máquinas en locales de hostelería autorizados grava la instalación de máquinas recreativas, con o sin premio, en este tipo de establecimientos. Se trata de un impuesto que para el Gobierno de la Comunidad ha quedado obsoleto tras la creación del impuesto estatal sobre el juego, tal y como anunció el Gobierno autonómico. Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única región que tiene un impuesto de estas características, siendo su recaudación residual, ya que el grueso de la tributación se queda en la tasa fiscal sobre estas actividades. Así, en 2020, se tributó 1,2 millones de euros por el impuesto propio mientras que por la tasa fiscal se recaudaron 144,6 millones.

Por su parte, el impuesto sobre depósito de residuos, destinado a la protección del medio ambiente, quedará solapado por el impuesto estatal que va a poner en marcha el Gobierno de España. En 2020, la recaudación en la Comunidad de Madrid por el tributo propio fue de 2,2 millones. En paralelo, la Comunidad de Madrid cuenta con un recargo del 0% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde el año 2009, un tributo que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional y cuya gestión es compartida entre el Estado y las comunidades.

“La Comunidad de Madrid va a ser la única que no tendrá impuestos propios”, aseguró Ayuso en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde destacó que su intención es “seguir bajando” tributos y tener “menos impuestos y menos burocracia”. En esta línea, el plan estrella del Gobierno regional pasa por llevar a cabo una rebaja de medio punto en cada tramo del IRPF, lo que supondrá un ahorro estimado de unos 300 millones de euros a más de 3,37 millones de contribuyentes madrileños. De media, el ahorro superará los 98 euros al año por persona, si bien desagregando entre los diferentes tramos de renta afloran diferencias notables.

El tramo autonómico de IRPF más bajo de toda España, situado en el 8,5%, proporcionará descuentos que irán desde los 4,42 euros para las rentas más bajas, las inferiores a los 12.450 euros anuales (que son el 32,5% del total), hasta los 507 euros para las más altas, a partir de los 53.407 euros (un 8% de los contribuyentes). Por su parte, las rentas que oscilan a grandes rasgos entre los 12.000 y los 17.000 euros (el 13% del total) se ahorrarían unos 39 euros al año, las que se mueven entre los 17.000 y los 33.000 (31%) dejarían de pagar 86 euros y las que están entre los 33.000 y los 53.000 (14,7% del total) se ahorrarían 165 euros.

El anuncio de Díaz Ayuso de eliminar los impuestos exclusivos de la región tiene también una clara lectura en clave nacional, marcada por los planes del Gobierno central de impulsar una armonización tributaria entre las diferentes autonomías a la que se oponen regiones como Madrid. Precisamente, a mediados del pasado julio, el Ejecutivo de Díaz Ayuso envió al comité de expertos reunido por el Ministerio de Hacienda para sentar las bases de la reforma tributaria una propuesta para emular en todo el país el modelo autonómico de bajos impuestos. En esta batalla, Madrid también se ha enfrentado con la Generalitat valenciana, que planteó un impuesto a las rentas más altas de la región central para contrarrestar una "competencia fiscal desleal".

Según los datos proporcionados por el Gobierno de Díaz Ayuso, Cataluña es a día de hoy la región con más impuestos propios, con un total de 15. Le siguen Andalucía (ocho), Asturias, Galicia y Murcia (seis cada una), Aragón, Canarias y Extremadura (cinco), La Rioja, Comunidad Valencia y Baleares (cuatro) y las dos Castillas, con dos cada una.

Laboral

Desde que se aprobara el decreto el pasado 31 de marzo, se ha solicitado menos de la mitad de este dinero por parte de los empresarios, según alerta la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esta asociación ya advirtió el pasado mes de julio de que solo se habían solicitado el 40% de los 7.000 millones de euros en ayudas directas, pero durante agosto la situación apenas ha variado.

“Los avances que se han producido no son cuantiosos. Ha avanzado por ejemplo en Madrid, que ya está en torno al 54% del presupuesto que se ha dado a esta comunidad. Canarias y Baleares están en el 80%, Castilla La Mancha está por encima y el resto se encuentran en datos absolutamente pírricos”, indica Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Abad asegura que la asociación que dirige le ha trasladado a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la necesidad de incluir dos cambios clave en el acceso a las ayudas. Por un lado, que el único requisito que se tenga en cuenta para acceder a los fondos sea la caída de la facturación por la pandemia (dicha disminución debe de haberse producido antes de la publicación del Real Decreto), que ha de ser de más de un 30%; y por otro, que se permita utilizar el dinero para el pago de deudas con el Estado, permitiendo condonar deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Ahora, con la ley tal y como está, una de las condiciones es que todos aquellos que quieran acceder a la ayuda deben de tener facturas pendientes con un proveedor. Este punto, señalan tanto desde UPTA como en ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), es el principal motivo del estancamiento de los fondos.

“Para mí el titular es que España hace el ridículo con su línea de 7.000 millones de euros de ayuda. Digo el ridículo porque no se va a gastar ni la mitad. Y la mitad de los fondos se va a gastar por las hosteleras y las empresas grandes, precisamente no por los autónomos”, denuncia, por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor. “El Ministerio no está por la labor de cambiar estas ayudas. Yo entiendo que cuesta trabajo reconocer que se han equivocado, pero es que aquí está en juego la supervivencia de muchos autónomos”, se queja Amor, quien a su vez es vicepresidente de CEOE.

“A la altura que estamos ya y para que las comunidades autónomas puedan sacar una convocatoria extraordinaria, lo primero que tendrían que hacer es ampliar la duración de estas ayudas del 31 de diciembre al 31 de marzo”, explica Amor. “Lo segundo que tendría que hacer ese real decreto es eliminar el apartado de las pérdidas en el año 2019. Lo tercero es permitir que se pueda hacer frente al pago de facturas a 31 de diciembre de este año o a 31 de marzo del que viene. Y cuarto permitir que todos aquellos autónomos que tengan deudas con Hacienda contraídas durante el periodo de alarma sí puedan acogerse a la ayuda”, enumera el presidente de ATA.

A la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, le espera un otoño intenso. Reforma laboral, de pensiones, salario mínimo interprofesional... Son sólo algunos de los frentes que tiene abiertos, pero que espera ir cerrando de forma satisfactoria y consensuada con todas las partes de aquí a fin de año. La ministra atendió a este diario durante el transcurso el pasado fin de semana del foro The European House-Ambrosetti, en la localidad de Cernobbio, en el Lago di Como, al norte de Italia. Calviño fue una de las personalidades destacadas en ese foro internacional, que reúne cada año a relevantes representantes del mundo empresarial y político.

El reto económico por excelencia es el empleo. Calviño tiene claras las actuaciones más urgentes. Una es el frente de los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. "Los ERTE [el sistema de protección de empleo que ha funcionado durante el Covid] han sido uno de los elementos más importantes de la respuesta que hemos dado a la pandemia en el plano económico y social", dice. "Desde el primer momento hemos dicho que los ERTE estarán ahí siempre que sean necesarios, pero tenemos que asegurarnos de que responden a su objetivo", añade la ministra.

"A lo largo de la pandemia, hemos ido adaptando los parámetros de los ERTE en cuanto a los sectores que están protegidos, las bonificaciones a la Seguridad Social y los incentivos a la reincorporación de los trabajadores; la protección que hemos dado ha sido muy eficaz", comenta la vicepresidenta primera del Gobierno. "El mecanismo permanente de flexibilidad interna y estabilización del empleo es uno de los aspectos de la reforma laboral que vamos a tener que abordar de aquí a final de año". Y añade: "Queremos ver con los agentes sociales cómo hacer la transición desde el sistema que hemos tenido, que es totalmente extraordinario, hacia el permanente".

Calviño insiste: "Vamos a seguir protegiendo, pero tenemos que asegurarnos de que el sistema se orienta a la formación y recualificación de los trabajadores e incentiva la creación de empleo de calidad, que es el objetivo fundamental de cara al futuro". En una entrevista ayer, Calviño añadió que precisamente los ERTE son uno de los "elementos de la reforma laboral que vamos a tener que abordar de aquí a final de año y en este mes lo tenemos que ver justamente con los agentes sociales".

En su encuentro con este periódico, Calviño explicó que desde el Gobierno quieren "un acuerdo de pensiones y laboral, y cuanto antes mejor". "Nuestro objetivo es tenerlos antes de fin de año. Tenemos el compromiso. Necesitamos un marco claro y seguro". La ministra rechaza la idea de que desde el Gobierno se esté planteando lo que, desde algunos ámbitos, mediáticos o políticos, se ha calificado como contrarreforma laboral, deshacer partes esenciales del entramado regulatorio que construyó el antiguo Gobierno del Partido Popular con la última gran reforma laboral. "No se puede hablar de contrarreforma laboral, sino de una hoja de ruta compartida con los agentes sociales, que es en lo que se va a trabajar". En todo caso, recuerda la vicepresidenta, "la política económica está siendo coherente y lo va a seguir siendo".

Otro frente es la esperada reforma fiscal. Desde algunos ámbitos se espera un tsunami impositivo en forma de subidas fiscales. "Sobre la reforma fiscal, esperaremos a las conclusiones del informe que está elaborando el grupo de expertos, previsto para febrero", dice Calviño a EXPANSIÓN. "Esperaremos para ver cómo se articula esa reforma fiscal". "Lo más importante en cualquier caso es impulsar el crecimiento y la creación de empleo de calidad".

Las personas con un contrato a tiempo parcial ganan, por hora, un 29,4% menos de media que los profesionales cuyos empleos son a jornada completa. Así se desprende de los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que en 2019 los salarios para ambos tipos de contrato aumentaron, aunque la subida fue mayor para las personas que trabajan el máximo legal (un 2,2% frente a un 0,5%). De esta forma, un trabajador a tiempo completo cobra 16,58 euros la hora, frente a los 11,71 euros que percibe un asalariado con jornada parcial.

Por otra parte, del estudio se desprende que también ha habido un aumento de la brecha salarial entre las personas con contratos indefinidos y los que tienen uno de duración determinada. Mientras los sueldos de los primeros crecieron un 2,9%, hasta los 16,76 euros por hora; los salarios de los empleados con contratos temporales descendieron una media del 0,5%, hasta los 12,67 euros. De esta forma, la diferencia en las ganancias entre ambos tipos de contrato se ha estirado en el año previo al comienzo de la pandemia hasta el 24,4%.

Al diferenciar por sexos, se observa que durante el ejercicio 2019, los salarios por hora de las mujeres subieron notablemente más que el de los hombres, un 4,6% frente a un 0,7%. Sin embargo, los sueldos percibidos por ambos géneros están lejos de equipararse, ya que las mujeres apenas ganan de media el 80,5% de lo que perciben sus compañeros. “Cabe destacar que las diferencias salariales por sexo fueron en general mayores con el aumento de edad de los trabajadores. En ello influye la mejor cualificación (ocupación, estudios...) de las mujeres más jóvenes respecto a las de mayor edad”, explica el INE.

En este sentido, según el estudio, la menor brecha salarial se observa en el rango de edad entre los 25 y los 29 años, donde las mujeres ganan el 88,5% del salario de los hombres; mientras que la mayor diferencia se da en los trabajadores de más de 65 años, donde las mujeres apenas perciben el 66,1% del sueldo de sus compañeros varones.

El pico salarial por edades se encuentra en la horquilla de entre 55 y 59 años, con 28.240 euros; mientras que la media más baja es la de los trabajadores menores de 20 años, con 9.101 euros. A pesar de esta cifra tan baja, fue en esta franja de edad, los más jóvenes, quienes vieron incrementados en mayor medida sus salarios durante el 2019, un 8%. Por el contrario, las personas de entre 20 y 24 años fueron los que sufrieron un mayor recorte del sueldo, con un retroceso de un 2,1% respecto al ejercicio precedente.

A su vez, en la Encuesta Anual de Estructura Salarial se observan notables diferencias según la nacionalidad de los trabajadores. Así, los españoles ganaron de media 24.936 euros durante el 2019, lo que supone más de 4.000 euros más que los asalariados de otras regiones de la Unión Europea residentes en nuestro país (percibieron, de media, 20.796 euros). Por su parte, los profesionales provenientes de naciones europeas que no pertenecen a la UE, tuvieron un sueldo medio de 17.258 euros. Los trabajadores africanos ganaron 16.423 euros y las personas provenientes del continente americano unos 15.794 euros.

Por comunidades autónomas también hay importantes diferencias salariales, siendo País Vasco (29.476 euros), Madrid (27.818 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (27.494 euros) las regiones con la mejor media de sueldos. En contraposición, Extremadura (19.941 euros) y Canarias (20.861 euros) son las zonas con los salarios más bajos. Por su parte, las autonomías donde más se incrementaron los sueldos en el 2019 fueron Navarra (un 4,3%), Asturias (un 4% más), País Vasco y Cantabria, ambas con aumentos del 3,5%.

Así, en los últimos 12 meses, el empleo ha aumentado un 3,63% (681.348 afiliados más), lo que supone una reducción del incremento interanual respecto al 4,3% registrado en julio. Parte de esta bajada de afiliados se debe a la caída de cotizantes en el último día de agosto en el que se dieron de baja a 289.982 trabajadores (los descensos a finales de mes son algo bastante común, causados por la finalización de muchos contratos temporales).

Sin embargo, en términos desestacionalizados (un parámetro mucho más fiable para analizar la evolución del mercado laboral español que tiene grandes fluctuaciones de empleo según la época del año), el número afiliados a la Seguridad Social aumentó en agosto en 76.541 cotizantes. Si bien España ya había superado los máximos históricos de empleo registrados en 2019 y los niveles inmediatamente anteriores a la pandemia, no lo había hecho eliminando los efectos del calendario, algo que sí ha conseguido, en la práctica, este agosto: termina con 19,477 millones de afiliados (en serie desestacionalizada) frente a los 19,479 millones de febrero de 2020.

La cifra de todas formas hay que matizarla, ya que los trabajadores con Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) cuentan como afiliados a la Seguridad Social, aunque no desempeñen su actividad (o lo hagan parcialmente).

Descontando la estacionalidad, por sectores, los servicios fueron los que más empleo crearon, con 60.183 contratos; seguidos de la industria con 8.529 y la construcción, con 6.762. La agricultura, por su parte, ha visto descender su número de cotizantes en 2.884 personas. Respecto a los buenos datos de empleo en términos desestacionalizados, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, subrayó la rapidez con la que España ha recuperado sus niveles de empleo prepandemia (en apenas año y medio), en comparación con el tiempo que llevó recuperarse de la anterior crisis financiera. “En este caso se adoptaron medidas que intentaron encapsular la crisis en los sectores más afectados y estas soluciones fueron el mecanismo de los ERTE. A la vista de esto podemos decir que esas políticas fueron un éxito”, comentó Arroyo.

Otro buen dato ha sido el del paro registrado, ya que este ha sido el primer agosto de la serie histórica en el que se ha reducido de manera significativa el número de personas desempleadas (en 2013 hubo una bajada de apenas 31 personas, el mejor agosto hasta hoy), con un total de 82.583 desempleados menos. “Este normalmente debería ser un mes modesto para el desempleo, pero por sexto mes consecutivo se reduce.

Por primera vez en lo que llevamos de siglo, el paro registrado se reduce en agosto (...). Estamos prácticamente ya en los mismos niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia”, destacó el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. En los últimos 12 meses, el paro ha descendido en 468.899 personas.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 82.583 desempleados en agosto (-2,4%), su mayor retroceso en este mes en la serie histórica, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta un total de 3.333.915 desempleados. En los tres meses anteriores (mayo, junio y julio) el paro registrado fue marcando récord de descensos, con retrocesos de 129.000, 167.000 y 197.000 desempleados, siendo este último la caída más pronunciada hasta ahora en cualquier mes dentro de la serie histórica.

El descenso del paro en agosto (-82.583 personas) no ha llegado a estas cifras, pero supone una caída récord para este mes en el que tradicionalmente sube el paro por las vacaciones y el fin de las contrataciones. No obstante, en agosto de este año no se ha producido dicha subida y el desempleo ha registrado su sexto mes consecutivo de caídas. En los últimos seis meses, el paro se ha reducido en más de 675.000 personas. Con el descenso del paro en agosto, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el octavo mes del año la cifra de 3.333.915 desempleados.

Los trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) han marcado un nuevo mínimo desde el inicio de la pandemia, en 272.190 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 468.899 parados, lo que supone un 12,3% menos. Pese a la mayor caída del paro en un mes de agosto de toda la serie histórica, la Seguridad Social perdió 118.004 afiliados de media, hasta un total de 19.473.724. Entre 2009 y 2019, el promedio de pérdida de afiliados en agosto fue mayor que este año al superar los 147.000 ocupados.

El paro disminuyó en agosto en todos los sectores, salvo en la construcción, donde subió con 1.139 personas en las listas del antiguo Inem (+0,4%). El mayor retroceso del paro lo protagonizó el sector servicios, con 46.224 desempleados menos (-1,9%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-22.873 parados); la agricultura (-13.499 desempleados), y la industria, que con 1.126 parados menos se sitúa ya en niveles prepandemia. En agosto se registraron 1.407.563 contratos, un 25,8% más que en el mismo mes de 2020, de los que 118.985 fueron indefinidos, el 8,4% del total de contratos y un 23,6% más que en agosto de 2020.

El dato de paro de agosto, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que en el dato estadístico del paro registrado no se contabilizan como desempleados. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en agosto en 149.203 personas, también su mayor caída de la serie en un mes de agosto.

La cifra de trabajadores incluidos en un ERTE se quedó en agosto en 272.190, 59.296 personas menos que el mes anterior si se mide por fecha de notificación y 15.216 si es por fecha de alta, el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, cuando llegaron a ser 3,6 millones de trabajadores, con lo que ya ha salido de la situación más del 92% Del total de trabajadores en ERTE, 84.064 (una de cada tres) estaban suspendidas a tiempo parcial, y casi dos tercios (176.582) estaban en alguna de las modalidades de ERTE que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre de 2020, prorrogadas hasta el 30 de septiembre de este año, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

De estas últimas, 116.520 personas están incluidas en ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, otras 54.158 personas en ERTE de limitación y 5.904 en ERTE de impedimento, lo que en los tres casos supone la cifra más baja desde que comenzó la pandemia. Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 95.608 personas que siguen en ERTE.

Mercantil, civil y administrativo

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 253,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 3.243, su cifra más alta en cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En valores trimestrales, es decir, en comparación con el primer trimestre, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se incrementaron un 1,1% entre abril y junio.

El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. Estadística recuerda que España se encontraba en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento e iniciando la desescalada, por lo que muchas ejecuciones no se pudieron iniciar en los Registros de la Propiedad.

En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020.

Dentro de las fincas urbanas, 5.887 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 13,7% más en tasa intertrimestral y más del doble en términos interanuales, y de ellas 4.090 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,2% más que en el trimestre anterior y cifra un 242,8% superior a la del segundo trimestre de 2020.

El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales, una medida que se incluirá en un plan de choque para amortiguar el impacto en la factura de la luz de la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista. Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a Antena 3. Ribera ha explicado que el Ejecutivo trabaja desde principios de verano en un paquete de medidas para abaratar el recibo eléctrico y que prevé llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista se encuentran actualmente en máximos históricos por los altos costes del gas natural y los derechos de emisión de CO2. El gas se utiliza en los ciclos combinados, las centrales más caras y que están marcando el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado. "La perspectiva del gas sigue siendo preocupante", ha advertido Ribera. Las medidas incluirán el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables e iniciativas que aseguren que las malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas [venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios] no se vuelva en contra de los consumidores.

Además, según la titular de Transición Ecológica se crearán mecanismos de mercado "alternativos" compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un "peso importante" en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales "a un precio fijado por subasta". Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir], ha recordado Ribera, subrayando que por ello están trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.

"Evidentemente, habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa", ha argumentado referencia a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es "hacer las cosas bien", para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que en reiteradas ocasiones ha abogado por "achicar" el pool.

"El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos u otra algo más", ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación. En todos los países de la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora.

En España el precio del pool tiene un peso en torno al 24% en la factura de la luz de más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que en otros países la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores.

Deloitte, EY, KPMG y PwC son las encargadas de firmar los informes que verifican las políticas ambientales, sociales y de gobierno de las empresas. Con los cambios en la Directiva europea de información no financiera y diversidad, ahora en revisión, se introducirá un requisito general de auditoría (garantía) para la información sobre sostenibilidad (la relacionada con cuestiones ambientales y sociales, de personal, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno), ayudando a garantizar que sea precisa y fiable. Un cambio que responde a las demandas de inversores y stakeholders.

Aunque esta norma, que pasará a denominarse Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, recoge este requisito, el contar con un informe que verifique la información no financiera es una práctica habitual entre las empresas españolas. Especialmente entre las de mayor capitalización y proyección internacional, cuya presencia exterior les hace objeto de escrutinio de inversores, fondos y analistas que evalúan sus estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y las compañías consideran que contar con un informe de un experto independiente que verifique sus prácticas sostenibles aporta mayor fiabilidad a sus actuaciones y contribuye a la transparencia de la organización.

Y los grupos de Ibex fueron pioneros en esta práctica. La casi totalidad de las empresas del índice selectivo de la Bolsa incluye en sus informes anuales este informe de verificación independiente, que lleva a cabo un tercero, un aseguramiento donde las big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) se reparten la firma de las auditorías no financieras del ejercicio 2020. Para elaborar estos informes de verificación revisan toda la información presentada por las compañías y se entrevistan con sus directivos para conocer el modelo de negocio, enfoques de gestión y los objetivos y políticas de sostenibilidad.

Almirall, Bankinter, CaixaBank, Cie Automotive, Colonial, Merlin Properties, PharmaMar, Repsol, Santander y Telefónica figuran entre las sociedades del Ibex de cuya verificación se encargaron los socios de PwC. KPMG, por su parte, asumió entre otros, la revisión de los informes de Acciona, ACS, Banco Sabadell, BBVA, Endesa, Grifols, Iberdrola y Mapfre. Banco Sabadell ha cambiado de firma para verificar el estado de su información no financiera, que en el ejercicio de 2019 llevó a cabo PwC. Para 2020, el banco optó por el mismo auditor que el de sus cuentas, KPMG. Endesa también ha cambiado (en 2019, EY firmó el informe), así como Iberdrola (lo hizo PwC en 2019).

Deloitte asumió en 2020, entre otros, la responsabilidad de auditar la información no financiera de Acerinox (que en 2019 hizo KPMG), Aena, ArcelorMittal España, Cellnex Telecom, Inditex, Indra, Meliá y Viscofan. EY se encargó de los informes de Amadeus, Enagás, Ferrovial (que ya era su auditor de cuentas, sustituyéndolo por Deloitte, que se encargó de la verificación en 2019), Fluidra (el año anterior lo realizó Tüv Rheinland), IAG (el holding aéreo que integra a British Airways, Iberia y Vueling), Naturgy, Red Eléctrica y Siemens Gamesa.

Con los cambios, ocho de cada diez empresas del Ibex han elegido llevar a cabo la verificación de su información no financiera con la misma firma de servicios profesionales que se encarga de la auditoría de sus cuentas anuales.

La CNMV está chequeando que la banca cumple las normativas de gobernanza de Mifid 2 y que ha dejado de vender productos financieros a granel, para lo que ha lanzado un plan de vigilancia específico en coordinación con ESMA, el coordinador europeo de comisiones de valores. Ya están ejecutándolo. La misión es que los fabricantes y vendedores de productos financieros definan un público objetivo para ellos y una estrategia de distribución. Y que lo hagan bien.

Los propósitos de esta revisión horizontal, que supone intensificar el control sobre una de las cuestiones clave de la directiva Mifid 2, que entró en vigor en 2018, son varios. Busca determinar la fórmula en la que los fabricantes de productos –por ejemplo, las gestoras de fondos de inversión– se aseguran de que los costes de estos son compatibles con las necesidades, los objetivos y las características de su mercado objetivo (target, en el argot) y no erosionan las expectativas de rentabilidad del instrumento financiero, según un documento de ESMA.

La revisión examinará si los fabricantes de los productos y los distribuidores identifican y revisan periódicamente el mercado objetivo y la estrategia de distribución de los productos financieros y qué información se intercambia entre fabricantes y distribuidores y con qué frecuencia. Entre los productos sujetos a esta gobernanza están los fondos de inversión, todos los derivados, incluidos los contratos por diferencias, las opciones y los futuros y los depósitos estructurados.

El objetivo último de esta revisión horizontal que están llevando a cabo la CNMV y el resto de supervisores nacionales de la UE es “ayudar a garantizar una implementación y aplicación coherentes de las normas de la Unión y mejorar la protección de los inversores”.

De acuerdo a Mifid 2, a una de sus directivas delegadas y a una guía técnica de ESMA, hecha propia por la CNMV, los creadores de los productos deben determinar cinco categorías: el tipo de clientes a los que se dirige (minorista, profesional o contraparte elegible); el conocimiento y la experiencia de los potenciales compradores; la situación financiera en relación con la capacidad para soportar pérdidas; la tolerancia al riesgo y compatibilidad del perfil riesgo-beneficio del producto con el mercado objetivo definido, y, por último, también los objetivos y necesidades del cliente.

Y sus obligaciones no se ciñen a estas definiciones: si pueden, han de tomar cartas directamente en el asunto. “Cuando el fabricante pueda elegir a los distribuidores de sus productos, este se esforzará en la medida de lo posible en seleccionar distribuidores cuyo tipo de clientes y servicios ofrecidos sean compatibles con el mercado destinatario del producto”, señala ESMA.

En todo caso, la garantía es doble. La responsabilidad última sobre el mercado objetivo del producto recaerá sobre los distribuidores. En concreto, estos decidirán qué productos se recomendarán (también a través de la prestación del servicio de gestión de carteras) o se ofrecerán o comercializarán de manera activa a ciertos grupos de clientes, caracterizados por características comunes en términos de conocimiento, experiencia, situación financiera...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "se hace cargo de la preocupación social" provocada por la escalada de la factura eléctrica y que por ello "actuará hasta solucionar el alza de los precios". Durante su comparecencia en la conferencia 'Una recuperación justa', en la Casa de América de Madrid, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo tomará las medidas pertinentes "siempre dentro del marco regulatorio europeo".

También ha destacado "la compleja situación del sector energético" y que a la evolución del mercado mayorista no se le puede dar una "única respuesta, sino una agenda reformista, con medidas coyunturales, estructurales y también con un compromiso inequívoco de protección social hacia aquellos consumidores más vulnerables".

Sánchez ha defendido la rebaja temporal de impuestos acometida por el Gobierno y ha pedido una "tramitación rápida" en las Cortes para las reformas legales aprobadas para rebajar la factura: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y el freno a la sobrerretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005.

El Ejecutivo también ha aprobado una rebaja temporal del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y ha suspendido temporalmente el impuesto sobre la generación que pagan las eléctricas. En este sentido, ha recogido las medidas avanzadas en el Congreso por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre dar mayor estabilidad a la tarifa regulada PVPC e impulsar un debate en la Unión Europea sobre "la adaptación de las reglas de mercado".

Y es que, pese a la exigencia de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de establecer precios máximos a la energía hidráulica y fijos a la nuclear, Ribera aludió a una "prohibición expresa" en el derecho europeo a esta clase de intervenciones en el mercado.

Por otro lado, Sánchez ha saludado la posibilidad de que el Congreso inicie una comisión para estudiar el mercado eléctrico y, a partir de la escucha de expertos, pueda elaborar recomendaciones para su reforma. "Nosotros damos la bienvenida a esta comisión. Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente total y absolutamente comprometido", ha dicho.

Sector

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que el debate en España sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no apunta a un problema sistémico con la independencia del sistema judicial español, al contrario que, a su juicio, sucede en Polonia o Hungría. "Todo el tiempo estamos en diálogo con los Estados miembros. Hay una gran diferencia entre los Estados miembros con los que tenemos debates puntuales en diferentes asuntos y los países en los que estamos preocupados por un problema sistémico", ha dicho Reynders tras pedir a la Justicia europea sanciones financieras a Polonia por vulnerar la independencia judicial.

Según el comisario belga, a países como Hungría y Polonia se les han abierto expedientes en diferentes formatos por sus violaciones del derecho europeo en materia de separación de poderes, entre otras infracciones, mientras que al resto de Estados miembros se les efectúan comentarios y observaciones puntuales sobre asuntos concretos. El caso del CGPJ español, ha recordado, ha sido mencionado en los dos informes sobre Estado de derecho que ha publicado la Comisión en 2020 y 2021 y que Bruselas sigue pidiendo a Gobierno y oposición que "intenten debatir" para poner en marcha una "reforma real" que sitúe el sistema en línea con los estándares del Consejo de Europa.

Sin embargo, ha incidido el comisario, "es un asunto puntual, no un problema general sobre el sistema judicial", al tiempo que recordó que han tenido debates muy similares con las autoridades italianas y luxemburguesas recientemente. Reynders ha subrayado la importancia de que haya "una intención real de hacer progresos y mejorar la situación" y precisó que "en España desde hace un tiempo hay debates entre la mayoría y la oposición para ver si es posible organizar una reforma".

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión de forma inmediata para reformar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, "antes" de proceder a la renovación del órgano con el sistema vigente.

En el acto de apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), califica de "agravante" a la situación de bloqueo que vive la renovación del órgano de gobierno de los jueces la reciente reforma que limita sus funciones. Se trata de la cuarta vez que se celebra el acto de apertura del Año Judicial con la expectativa de una obligada renovación del órgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. Así, el discurso de apertura del año judicial de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, ha estado dirigido a los "poderes públicos".

No obstante, si el año pasado la exigencia era renovar "sin mayores dilaciones" la institución ante la "seria anomalía" que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018, a este año se suma una segunda: que la institución que preside "desaparezca del escenario de la lucha partidista". Las llamadas a la renovación del CGPJ han marcado la tónica del discurso de Lesmes durante el acto en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, Felipe VI.

Lesmes se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones, recordando que "es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo y están obligados a respetar ese plazo, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política". Por eso, el presidente del Supremo, invoca el "patriotismo constitucional" para alcanzar "en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación".

Lesmes, además, se ha mostrado crítico con la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial en funciones, aprobada en marzo de este año. Así, ha señalado que ante la trascendencia que esta reforma tiene para la institución, durante la tramitación parlamentaria, solicitó que el Consejo emitiera su opinión y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho y que se escuchara a las asociaciones de los jueces "siendo todas estas peticiones desatendidas".

El presidente del Tribunal Supremo, además, ha reivindicado la independencia judicial como garantía de la democracia. Así, Lesmes ha considerado que esta reivindicación, a la que se ha referido no como un privilegio de los jueces, sino sobre todo como una garantía de los ciudadanos, es hoy más necesaria que nunca por cuanto la labor de la Justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, "cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado".

El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados en la causa del procés, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la concordia frente al resentimiento, "como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas".

"Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría", ha dicho Lesmes.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en este mismo acto de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha pedido no convertir ese poder del Estado en "campo de batalla política". Delgado ha hecho este llamamiento al finalizar su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, donde ha subrayado también la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía.

El Tribunal Supremo (TS) acogerá hoy lunes el solemne acto de apertura del Año Judicial 2021/2022, que estará presidido por el rey Felipe VI. Este año el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS, Calos Lesmes, tendrá especial trascendencia porque exigirá a PSOE y PP que culminen un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva 1.000 días en funciones, so pena de que esta paralización ponga en peligro la independencia judicial. El acto podrá seguirse en directo en la web 'www.poderjudicial.es' y, por primera vez, también a través del perfil @PoderJudicialEs en la red social Twitter. Tendrá lugar en el Salón de Plenos del alto tribunal y en el mismo intervendrán Carlos Lesmes y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020.

A la ceremonia asistirán magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; además de los vocales del CGPJ, los expresidentes del Tribunal Supremo Pascual Sala y Gonzalo Moliner y, entre otras autoridades, el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y la ministra de Justicia, Pilar Llop. También está prevista la presencia del jefe de la oposición, Pablo Casado; de las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán; y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de mil días en funciones por la incapacidad del PSOE y el PP de ponerse de acuerdo para su renovación. La modificación legislativa impulsada por el Gobierno impide la renovación de los magistrados que han causado baja y deja en cuadro, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que tendrá media docena de plazas vacantes a principio de 2021.

Ante esta situación insostenible, el presidente del Consejo y del TS, Carlos Lesmes, hará un duro discurso respaldado por los vocales del Consejo de uno y otro signo están de acuerdo en que su presidente reclame una renovación urgente que es necesaria para impedir que se "debilite" la independencia judicial. Y hará esta exigencia por igual al PP y al PSOE evitando entrar en la batalla por la responsabilidad en la falta de acuerdo para la renovación. El Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada cinco años, pero el mandato de sus miembros actuales caducó a finales de 2018, fecha desde la que ha seguido funcionando de manera interina y con plenos poderes para realizar nombramientos, hasta que el Gobierno impulsó una reforma que se lo impedía.

Ahora, preocupa especialmente la situación del Tribunal Supremo. La modificación de la legislación sobre el CGPJ supuso una limitación efectiva de su capacidad para efectuar nombramientos. Así, a principios del año próximo el número de vacantes sin cubrir se acercará al medio centenar, una decena de ellas en el Supremo y otra media docena en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, cuyos actuales presidentes podrán continuar en funciones hasta su relevo. Esta situación compromete el normal funcionamiento de esos órganos judiciales.

Es el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, la que tendrá que estudiar la concesión de los indultos a los condenados del 'procés', que tras la jubilación en agosto del magistrado José Díaz Delgado acumula cinco vacantes, que serán seis a principio del año próximo con la prevista jubilación del magistrado Rafael Fernández Valverde.

Ante la evidencia de que el acuerdo de renovación no está cercano. Son varias la ideas que los jueces están poniendo en marcha para lograr la renovación. Así, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha abierto una petición en Change.org en la que pide apoyos para, directamente, "pedir al principal partido de la oposición que cambie esa actitud obstruccionista y se proceda a la renovación del CGPJ".

Además, fuentes del CGPJ indican que el órgano de gobierno de los jueces estaría buscando fórmulas para poder cubrir esas plazas mediante la figura del magistrado suplente o nombrar a alguno en comisión de servicio, pero no está claro que esta operación pueda sortear las limitaciones legales de la última reforma del CGPJ. Los vocales del Consejo y su presidente no dejan de enviar al PP de manera discreta un mensaje claro para que llegue a un acuerdo de renovación. Los populares no parecen estar dispuestos a dar su brazo a torcer y mantienen su exigencia de que sean los propios jueces los que elijan a una parte de los integrantes del CGPJ y que Unidas Podemos quede al margen de la negociación.

Sin embargo, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defienden el actual sistema de elección de los jueces. El Gobierno acusa en exclusiva al PP de la paralización de la renovación y ha puesto en marcha una campaña en redes sociales bajo el lema 'Mil días de secuestro de la Constitución'.

La jueza decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha reclamado autonomía presupuestaria para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no dependa del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas para resolver las necesidades de los juzgados. María Jesús del Barco ha participado este jueves en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre el poder judicial, en el que dicho que al CGPJ se le ha vaciado de competencias y se ha convertido en una mera dirección de personal del Ministerio de Justicia.

La decana de los juzgados madrileños estima que la Constitución concibió el CGPJ no solo para la política de nombramientos, ascensos, actividad disciplinaria e inspección sino también para gestionar los medios materiales y personales. Si embargo ha recordado que el Tribunal Constitucional no solo arrebató a los jueces la posibilidad de elegir a los vocales del CGPJ de procedencia judicial sino también quitó a su órgano de gobierno de las competencias de la gestión de medios materiales y personales.

"Cuando tengamos esa autonomía podremos hablar de gobierno del poder judicial en términos constitucionales" porque "sin dinero no hay poder", ha recalcado María Jesús del Barco. Ha comentado que es consciente de que esto supone asumir competencias que ahora corresponden al Ministerio de Justicia y a las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas con competencias asumidas en este área. A todo ello ha añadido que "a los políticos les importa poco la justicia ya que no sacan de ella rédito electoral" a pesar de que los ciudadanos siguen acudiendo a ella de forma masiva, con siete millones y medio de demandas al año y con un constante incremento de la litigiosidad,

Y ha asegurado que esta reducción de competencias del CGPJ y la consiguiente falta de medios de los juzgados y tribunales afecta al trabajo de los jueces sobre todo los que sufren mayores cargas de asuntos, sin perjuicio de que los jueces actúan con independencia al tomar decisiones jurisdiccionales, ha precisado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha advertido de la avalancha de pleitos que van a llegar a los juzgados debido a la crisis por la pandemia del coronavirus Covid-19 que saturarán un sistema ya colapsado sobre todo en los órdenes social y mercantil. Así lo ha manifestado Rodríguez Padrón en la presentación de la memoria del TSJM, en la que ha estimado conveniente una ley más completa en la que los tribunales puedan apoyarse a la hora de convalidar o no restricciones de derechos, como toques de queda o confinamientos, que acuerden el Gobierno central o las comunidades autónomas ante situaciones como la pandemia.

Celso Rodríguez ha estimado que "las implicaciones económicas de la pandemia sobre el tejido empresarial, el consumo o las relaciones mercantiles en general hace suponer un incremento de asuntos en los próximos tiempos" y ha destacado que "últimamente se ha acumulado una ingente cantidad de demandas relacionadas con el transporte aéreo como reclamaciones por retrasos de vuelos. A su juicio es imprescindible la creación en la Comunidad de Madrid de 145 nuevos órganos judiciales y 32 plazas más de magistrados para paliar el déficit de jueces existente y la desproporción entre el número actual, 737, y los asuntos que deben resolver, causa de la lentitud en las resoluciones.

El presidente del TSJM ha comentado que los jueces no se sienten utilizados en batallas políticas sobre restricciones de derechos como la que se pueda estar dando entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Madrid. No obstante, ha considerado que como ya dijo en una sentencia la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM sería deseable "por razón de seguridad jurídica" que los tribunales contaran con "una base normativa mucho mayor que la vigente", a través de una ley, para resolver las peticiones de validación de medidas de restricción de derechos como los de movilidad y reunión.

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el decreto de estado de alarma ha dicho que algunos jueces ya han procedido al archivo de procedimientos en curso, aunque ha indicado que es pronto para cuantificar los recursos y reclamaciones presentados ya que la resolución es muy reciente. Celso Rodríguez ha explicado que el impacto del coronavirus ha condicionado los datos de 2020, año en el que debido a la pandemia y a las medidas adoptadas para hacerla frente descendió el volumen de ingresos de asuntos en los juzgados madrileños en un 8,1%, 816.674 frente a los 888.286 en 2019.



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