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Los consejos de la semana

Contabilidad

El error contable tendrá efectos sobre las cuentas anuales del ejercicio en el que se detecte

El TEAC en una reciente Resolución ha reiterado su criterio de que en caso de apreciación de errores contables en un ejercicio posterior a la formulación de las cuentas anuales correspondientes a aquel, el error se subsanará en el ejercicio en que se detecte. El error contable tendrá efectos sobre las cuentas anuales del ejercicio en el que se detecte y, por tanto, afectará al Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio.

En el caso que se analiza, posteriormente a la formulación y a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2016, se advierte el error por parte de la entidad en la contabilización de una operación. Para corregir el error contable, la entidad procede a reformular sus cuentas anuales del ejercicio 2016 con fecha 15 de diciembre de 2017, tras lo que considera procedente rectificar su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

Pues bien, en virtud de lo dispuesto por la NV. 22ª del RD 1514/2007 (PGC) y por los arts. 10 y 11 de la Ley 27/2014 (Ley IS), en caso de apreciación de errores contables en un ejercicio posterior a la formulación de las cuentas anuales correspondientes a aquel, el error se subsanará en el ejercicio en que se detecte, no procediendo, en consecuencia, la modificación del resultado contable del ejercicio en que se produjo el error, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, determinada a partir de dicho resultado, no debe modificarse.

Dicho de otro modo, el error contable tendrá efectos sobre las cuentas anuales del ejercicio en el que se detecte y, por tanto, afectará al Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio.

La cuestión ha llegado al Tribunal Supremo (TS) y en este momento está pendiente de fijarse jurisprudencia al respecto, no obstante lo cual, por congruencia y seguridad jurídica, el TEAC se mantiene en su doctrina anterior, que se acaba de resumir.

En concreto, el auto del TS de 8 de mayo de 2020 que admite a trámite el recurso de casación entiende que revisten interés casacional las siguientes cuestiones:

- Concretar los efectos de la calificación del Registrador Mercantil y posterior inscripción en el Registro Mercantil, referida a la reformulación de cuentas anuales de un ejercicio anterior, respecto de la base imponible del IS ya liquidado en el referido periodo impositivo, habida cuenta de la regla de imputación temporal de ingresos y gastos previstos en la ley del impuesto.

- Determinar en qué periodo impositivo ha de considerarse la rectificación contable operada al reformular las cuentas anuales de un ejercicio anterior, con posterior inscripción en el Registro Mercantil. En particular, si en el periodo en que se realiza la rectificación o bien en el periodo al cual dicha rectificación se refiere, habida cuenta de que conforme al artículo 10.3 de la ley del impuesto la base imponible del mismo se calcula sobre la base de la contabilidad mercantil aprobada por el sujeto pasivo.

Mercantil, civil y administrativo

Declaración de lesividad de actos anulables favorables a los interesados por las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas tienen facultades para poder revisar de oficio los actos administrativos, siendo una de esas vías la contemplada en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), es decir, mediante la declaración de lesividad de actos anulables.

Imaginemos que, percibimos algún tipo de “beneficio económico” procedente de la administración. Ese beneficio, llámese exoneración, ayuda, subvención, etc. lo hemos obtenido eludiendo un requisito esencial para su concesión, por ejemplo, una declaración responsable. Posteriormente la administración se da cuenta del error y quiere enmendarlo para declararlo indebido y por supuesto, obtener su devolución. ¿cómo lo hace? Dentro del derecho administrativo existe un mecanismo para declarar la lesividad de los actos anulables favorables a los interesados, veamos.

Los actos favorables para los interesados son anulables cuando incurran en una infracción del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar el fin. Ante estos casos, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables, pero previamente habrán de iniciar un trámite de audiencia en el que informarán a los interesados el inicio del expediente. Ello no podrá tener lugar si hubiesen transcurrido cuatro años desde que se dictara el acto administrativo en cuestión.

Abierto el expediente de declaración de lesividad, los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

La declaración de lesividad no es susceptible de recurso y se notifica a los interesados a los meros efectos informativos, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

Finalizado el trámite de audiencia a los interesados, la administración podrá interponer el recurso contencioso-administrativo correspondiente.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La Memoria Socioeconómica y Laboral 2020 elaborada por el Consejo Económico y Social de España (CES), bajo el título “Impacto de la pandemia: consecuencias y retos”, presentada este miércoles, alaba la gestión española de la crisis del Covid-19 pero establece como prioridades el diseño de un plan de reequilibrio de las cuentas públicas en paralelo a una batería de medidas para atajar la creciente desigualdad social. “La crisis del Covid ha supuesto un test de estrés” para la economía española y las palancas de reequilibrio del Estado, ha subrayado durante el acto de presentación el presidente del CES, Antón Costas.

“Hemos vivido un periodo excepcional, una crisis sin precedentes en 80 años, seguida del inicio de la recuperación” en apenas año y medio, ha subrayado Raymond Torres, consejero del CES y presidente de la Comisión de Trabajo para la elaboración de la Memoria, al presentar el documento. En respuesta, ha agregado, España ha desplegado una batería de medidas de apoyo y liquidez sin precedentes que “no solamente han conseguido proteger el aparato productivo ante un golpe muy duro, sino que ha favorecido la recuperación”.

Pese a ello, ha subrayado, urge ahora establecer “una hoja de ruta de medio plazo de ajuste de las cuentas públicas”, para responder a “un legado de deuda pública muy abultado”, a la vez que “tenemos la necesidad de corrección de desigualdades sociales, agrandadas en la crisis”. A partir de estas prioridades, Torres ha analizado varios de los grandes bloques de actuación de la crisis y la incipiente recuperación. En primer lugar, el responsable de la Memoria ha destacado que “es la primera vez en nuestra historia reciente que el empleo cae menos que la actividad económica”, lo que se ha logrado gracias a medidas novedosas como los Expedientes de regulación temporal del empleo asociados a la pandemia o la generalización del teletrabajo.

“Estos dispositivos han tenido un efecto protector y han preparado para salir de la crisis, gracias a un diseño fino fruto del dialogo social”, ha expuesto, poniendo el valor los nueve acuerdos sellados entre Gobierno, patronal y sindicatos. “El papel del dialogo social ha sido vital para contener el impacto de la pandemia”, ha dicho, recordando que en la crisis de los años 90 hubo una subida de nueve puntos de la tasa de paro, que en la doble crisis financiera iniciada en 2008 el incremento fue de 19 puntos y que en la pandemia el aumento apenas ha sido de dos puntos, si bien desde un nivel elevado, pero arrojando un impacto mucho menor que en recesiones anteriores.

Del lado de la respuesta a la emergencia social, el CES ha reseñado “iniciativas inéditas”, como la creación del ingreso mínimo vital (IMV), la exoneración de cuotas a las empresas afectadas por ERTE, a cuyos trabajadores se les han ofrecido prestaciones de desempleo extraordinarias, el fomento de la educación online y otras medidas de conciliación, por ejemplo. “La cuestión es cuáles de aquellas medidas puestas en marcha deben ser perpetuas” y “cómo pasar de medidas transitorias a permanentes”, ha dicho Torres, que ha considerado fundamental encarar reformas estructurales de calado, ya pendientes antes de la pandemia, como la laboral, fiscal y de pensiones e intentar lograr para ellas el máximo consenso posible, sin que ello suponga que se demoren demasiado en el tiempo.

Este año, los ciudadanos han dedicado, de media, un total de 193 jornadas de renta para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Fundación Civismo calcula anualmente, llegó ayer 13 de julio. Este día se retrasa con respecto a la fecha de 2020, que se situó en el 26 de junio. Los analistas de Civismo subrayan que el retraso se debe a que, por un lado, en 2021 se incluyen no sólo las rentas salariales, sino también las rentas profesionales y del ahorro. Por otro lado, destacan un conjunto de impuestos que hasta ahora los modelos que se usaban no recogían correctamente, además de los nuevos tributos aprobados en 2021 y las modificaciones fiscales de los ya existentes tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. De esta forma, se rompe la tendencia estable o a la baja de los últimos años.

En el último año, la presión fiscal sobre las familias españolas se ha incrementado en 3,84 puntos porcentuales, a pesar de que sus rentas han disminuido un 7,34% en el mismo período (primer trimestre de 2021 frente a primer trimestre de 2020) y el pago de impuestos totales brutos se ha mantenido invariante. Desde el primer trimestre de 2019 -cuando entró en vigor la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional-, la caída acumulada de la renta familiar es del 5,95% mientras que el pago de impuestos se ha incrementado un 5,34% en el mismo periodo.

A pesar de la reducción de la renta familiar, los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, han continuado subiendo. Además, tal como muestra el último dato del primer trimestre de 2021, hay una alta probabilidad de que sigan subiendo en los próximos trimestres, debido a que las obligaciones fiscales están ascendiendo más rápido que la capacidad de pago de las familias. Si bien la tendencia alcista en la presión fiscal se ha acentuado en los últimos dos años, no es un fenómeno exclusivamente del presente. En las últimas dos décadas (partiendo del dato del cuarto trimestre de 1999), el pago de impuestos totales por parte de las familias se ha incrementado en términos anuales acumulativos un promedio del 3,79%, mientras que, en el mismo período, la suma de las rentas del trabajo y las rentas del capital han subido anualmente una media del 2,84%.

Los impuestos han subido en los últimos 22 años por encima de lo que han subido las rentas. Una familia española media paga hoy 10 puntos más en impuestos que a finales del siglo XX. El ciclo económico completo parte de 1999-2000. Por ello, los 10 puntos de subida de impuestos lo son de carácter estructural, es decir, con enorme dificultad de revertir esta situación. El informe de Civismo observa "una presión fiscal creciente sobre las familias". A su juicio, las rentas más bajas -como se puede ver por la crisis Covid- tendrán que asumir un nivel mayor de impuestos tal como adelanta la media móvil del primer cuatrimestre de 2021.

El efecto directo de un incremento de la deuda total en 1.000 millones genera en el período siguiente un incremento de los impuestos en 150 millones de euros, según el modelo obtenido en el informe de 2020 de "equivalencia ricardiana" al caso español, junto con la restricción presupuestaria básica del Gobierno. "Por tanto, ante un incremento de deuda esperado de 112.580 millones, el coste fiscal puede verse incrementado en 17.326 millones de euros, lo cual supone, en términos per cápita, pagar 365,52 euros más cada año o 5 días más de salario", concluye el informe. Concretamente, para el próximo año 2022, la media móvil última predice que, en 2022, serían necesarios entre 196 días -en el rango bajo- y 201 días -en el rango alto- de renta familiar para pagar impuestos.

"Es razonable pensar que se pueden producir tempranas subidas de impuestos en los próximos meses, para las cuales es necesario que los contribuyentes estén preparados", apunta el informe de Civismo. "Corremos el riesgo de que los recursos generados por las familias durante el confinamiento tengan que ser destinados a pagar más impuestos en vez de contribuir con inversión a una salida rápida de la crisis del coronavirus", añade el documento.

El acuerdo para impulsar un impuesto mínimo en Sociedades del 15% a nivel global, alcanzado hace dos semanas en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y respaldado durante este fin de semana en el G-20, ha aparcado, al menos hasta otoño, el proyecto de tasa digital que barruntaba la Unión Europea. Esta herramienta, uno de los grandes focos de tensión con el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en los últimos meses, era también uno de los instrumentos recaudatorios con los que contaba la UE para los próximos años.

"Informé a la secretaria Yellen sobre nuestra decisión de dejar en suspenso la propuesta de la Comisión sobre un impuesto digital para permitirnos estar concentrados y trabajar mano a mano en la última etapa de este acuerdo histórico", declaró el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en referencia a la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, contraria a esta tasa de tinte comunitario por los efectos impositivos extra que podría tener en gigantes estadounidenses como Google, Facebook o Amazon. De esta forma, Bruselas quiere hacer constar su bienvenida formal a los avances logrados a nivel mundial para imponer una tasa mínima a las grandes multinacionales y su disposición a aparcar definitivamente el proyecto comunitario si prospera la tasa global, en un claro guiño hacia Washington.

"El G20 ha aprobado un acuerdo histórico este fin de semana en Venecia para crear un sistema fiscal internacional más estable y más justo que aborde los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía", explicó también el portavoz de la Comisión, Daniel Ferrie, el mismo día en el que los ministros de Economía de la zona euro se reunían en el Eurogrupo con la propia Yellen. “Hemos decidido suspender los trabajos sobre la propuesta para un impuesto digital como un nuevo recurso propio de la UE. Queremos concentrar todos nuestros esfuerzos en lograr" que el acuerdo mundial prospere, añadió.

Durante el fin de semana, el G-20 respaldó el acuerdo global sobre los impuestos corporativos que habían sellado días antes 130 países de la OCDE. El pacto, a grandes rasgos, está diseñado para evitar que las grandes corporaciones se trasladen a jurisdicciones de bajos impuestos y para establecer un sistema más justo que distribuya los derechos tributarios según el lugar donde operan las grandes empresas, en lugar de en lugar donde tienen fijada su sede. El acuerdo también está pensado para acabar con la carrera a la baja impulsada desde hace décadas por países que han fijado bajas tasas para atraer a las grandes empresas.

Los ministros de Finanzas y Economía y gobernadores de los bancos centrales del G-20 respaldaron ese pacto el sábado durante una reunión en Venecia, pero para poder implementarlo aún se deben completar una serie de trabajos técnicos. El objetivo es haberlos concluido para octubre y, con el objetivo de concentrarse en ese proceso, Bruselas ha optado por congelar temporalmente su propia tasa digital.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., por su parte, pidió a todos los Estados miembros que se sumen al consenso alcanzado en la OCDE y el G-20, en alusión, entre otros, a Irlanda, uno de los nueve países que votaron en contra de la tasa mínima del 15%. También recordó a los países de la UE de la necesidad de mantener una posición fiscal expansiva y de estudiar la posibilidad de introducir medidas fiscales de estímulo adicionales para garantizar una recuperación sólida y sostenible en el futuro. En su intervención durante la reunión del Eurogrupo, Yellen defendió la importancia de que la postura fiscal siga siendo de apoyo en 2022.

"De cara al futuro, es importante que los Estados miembros consideren seriamente medidas fiscales adicionales para garantizar una recuperación nacional y mundial sólida, y para reconstruir Europa de una manera sostenible en el futuro que proporcione beneficios tangibles a todos los ciudadanos", señaló.

De este modo, consideró "una parte esencial" la creación de un marco fiscal de la UE con suficiente flexibilidad para permitir que los países respondan enérgicamente a las crisis e inviertan en infraestructura sostenible; investigación, desarrollo y tecnología para hacer frente a la crisis climática; y otras áreas que pueden fomentar la convergencia económica y el crecimiento inclusivo. Yellen también aplaudió la puesta en marcha del fondo Next Generation EU, "un proyecto grandioso" que ayudará a la recuperación.

El G20 ha llegado a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE. El tipo mínimo en Sociedades será del 15% y Estados Unidos espera implantarlo el próximo año. La vicepresidenta Nadia Calviño celebra el acuerdo.

Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se han reunido durante dos días en Venecia y han llegado a un acuerdo político para secundar este sistema, que tratará de evitar que las multinacionales evadan impuestos o desvíen sus beneficios a paraísos fiscales. Supondrá un nuevo orden tributario internacional y, en principio, será incompatible con la tasa digital que está pergeñando la Unión Europea: si finalmente se aprueba como está concebido el acuerdo, el impuesto europeo no será necesario.

Esta es la mayor iniciativa política de las negociaciones de ocho años de discusiones sobre la cuestión fiscal. El objetivo es que los líderes nacionales le den la bendición final en la cumbre del G20 de octubre en Roma.

El pacto establece un impuesto de sociedades mínimo mundial de al menos el 15% para disuadir a las multinacionales de buscar el tipo impositivo más bajo. También cambia la forma de tributación de multinacionales como Amazon y Google, que pagarán en los países en los que operan, aunque no tengan presencia física allí. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, aseguró que "este acuerdo contiene una especie de mecanismo de aplicación para asegurarse de que los países que se resistan no puedan socavar su funcionamiento".

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, confía en que el Congreso de Estados Unidos pueda aprobar en la primavera de 2022 la nueva fiscalidad. La intención es que los países definan los cabos sueltos que quedan en los próximos meses para que los líderes del G20 puedan aprobarlo en la cumbre que celebrarán en Roma en octubre, y que el sistema se empiece a aplicar en todo el mundo antes de finales de 2023.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, respalda "el acuerdo político para avanzar hacia una fiscalidad internacional más justa, sostenible y adaptada al nuevo contexto global", según una nota de prensa del ministerio. “Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global, adaptado al siglo XXI. Es un acuerdo histórico, pero no es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”, ha afirmado la vicepresidenta Calviño tras la reunión.

Los miembros del G20 representan más del 80% del producto interior bruto mundial, el 75% del comercio mundial y el 60% de la población del planeta, incluyendo a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e India. Además de los países de la Unión Europea que se mantienen al margen –Irlanda, Estonia y Hungría–, otros países que no han firmado son Kenia, Nigeria, Sri Lanka, Barbados y San Vicente y las Granadinas.

Entre otros puntos de fricción está la lucha en el Congreso de Estados Unidos sobre el aumento de los impuestos a las empresas y a los estadounidenses con más renta y patrimonio, que podría causar problemas, al igual que el plan de la UE para un impuesto digital sobre las empresas tecnológicas. Desde Estados Unidos avisan de que la tasa digital de la UE no es coherente con el acuerdo global, incluso si el impuesto se dirige en gran medida a las empresas europeas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado la ley por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, aprobada de forma definitiva el pasado 30 de junio en el Congreso de los Diputados, y que ha entrado en vigor el domingo 11 de julio.

La tramitación de la norma comenzó en octubre de 2020 con la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministro, pero que no fue votado por la Comisión de Hacienda, con competencia legislativa plena, hasta finales de mayo, pasando al Senado, donde fueron introducidas nuevas enmiendas, haciendo que el texto tuviera que volver al Congreso para que el Pleno decidiera si aprobaba o derogaba dichas modificaciones.

Entre las medidas contempladas en la ley se incluye la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales 1.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2.500 euros. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España. La nueva ley también prohíbe las amnistías fiscales y amplía el listado de morosos publicado cada año por la Agencia Tributaria, que rebaja de un millón a 600.000 euros el umbral de deuda para aparecer en la lista e incluirá también a los responsables solidarios de la deuda.

Otra medida es la prohibición de los conocidos como softwares de doble uso, programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad. En concreto, el proyecto obliga a que los sistemas informáticos de los procesos contables se ajusten a criterios que garanticen accesibilidad a los registros y trazabilidad, además de habilitar la posibilidad de someter los sistemas a certificación y establecer un régimen de sanción para quienes fabrican los sistemas o quienes lo tienen sin la debida certificación.

Asimismo, también se incluyen medidas para un mayor control sobre la tenencia y operatividad con criptomonedas, estableciendo la obligación de informar sobre saldos y titulares de estas monedas, así como sobre las operaciones, ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos. Durante su tramitación en el Congreso fueron incorporadas al texto varias enmiendas relativas a diversas cuestiones fiscales, no necesariamente vinculadas a la lucha contra el fraude, entre las que destacan el permiso para que la Agencia Tributaria realice inspecciones sorpresa en domicilios o la obligación por parte de las socimis de tributar el 15% de sus beneficios no distribuidos, así como el endurecimiento de los requisitos de inversión de las sicavs.

En cuanto a las modificaciones introducidas en el Senado y posteriormente validadas por el Congreso, destaca la que reduce la tributación del impuesto de matriculación, al relajar de nuevo los criterios de emisiones que habían comenzado a aplicarse al entrar en 2021. Otra enmienda introducida en el Senado establece el mantenimiento de las ventajas fiscales para la venta de bienes obtenidos mediante pactos sucesorios o herencias en vida, siempre que se transmitan más de cinco años después de haberlos recibido en propiedad.

Laboral

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado este miércoles en una entrevista a la Cadena SER que el número de personas en ERTE ha bajado ya de la barrera de las 400.000. "El ministro Escrivá me ha dado hoy una buena noticia. Estamos por debajo de los 400.000 trabajadores en ERTE (...) Es una buenísima noticia", ha señalado.

Calviño ha vuelto a insistir una vez más en que la prioridad del Ejecutivo, antes de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es afianzar la recuperación económica y la creación de empleo. "En la segunda parte del año veremos cómo evoluciona el mercado laboral y si podemos retomar esa senda de subida del SMI", ha apuntado Calviño, y ha añadido que "todo el Gobierno es perfectamente consciente de que la prioridad es reincorporar trabajadores". En esto, ha indicado, "no hay discrepancias" dentro del Ejecutivo.

Sobre la reforma laboral, la vicepresidenta primera ha subrayado que tiene que estar aprobada antes de fin de año, pero no porque exista una condicionalidad respecto a la recepción de los fondos europeos, sino porque se necesitan unas "reglas claras" para crear puestos de trabajo de calidad y acabar con una serie de problemas que otras reformas laborales "parciales" no han logrado resolver.

"Vamos a poner todo el interés en concentrar nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo antes de final de año", ha señalado la vicepresidenta en declaraciones recogidas por Europa Press. Calviño ha matizado que de lo que se trata no es de derogar la reforma laboral de 2012, sino de pensar qué legislación laboral quiere España para el futuro.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a insistir en una entrevista en TVE, en la necesidad de aumentar el SMI. "No es creíble que sea un Gobierno de la recuperación si no mejoramos las condiciones salariales de los más débiles. Es muy difícil de justificar esto. Hablamos de 1,5 millones de trabajadores que no tienen convenio colectivo", ha comentado Díaz.

"Me reuní la semana pasada con empresarios y a mí me decían que el SMI no les importaba nada. Les preocupaba la temporalidad", ha añadido la titular de Trabajo, cuya idea de reforma laboral tiene por objetivo reducir precisamente el exceso de temporalidad de la economía española. Sin embargo, su propuesta de acabar con la contratación temporal para aquellos trabajos en los que aumenta la demanda de manera estacional, no ha sido bien recibida por la CEOE y Cepyme, quienes han pedido una propuesta diferente al Ejecutivo para seguir negociando.

"Creo que el acuerdo es posible si no se hace partidismo", se ha mostrado optimista la vicepresidenta segunda, que ha asegurado ser consciente de estar abordando "la mayor transformación del mercado laboral en décadas". "[La distribución de rentas en España] se ha fundamentado en parte en empleo de mala calidad: salarios bajos, jóvenes con sueldos mensuales de 430 euros y mujeres con contratos a tiempo parcial de dos horas", ha dicho Díaz.

"También hay política en los agentes sociales (...). Estoy segura de que Antonio Garamendi [presidente de la CEOE] no cree que un joven que perciba 430 euros al mes tenga una modalidad contractual correcta", ha indicado la ministra. Este miércoles a la tarde se celebrará una nueva reunión de la mesa de diálogo social para continuar con las negociaciones.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este martes que no ve posible reconducir la negociación sobre la reforma laboral con Gobierno y sindicatos. "Como está, no. No lo vemos viable", ha asegurado el directivo. "El Gobierno tiene la legitimidad de legislar, pero nosotros no tenemos la obligación de decir sí a algo que no consideramos bueno para este país. No tenemos derecho de veto. No está en la Constitución ni en ningún sitio. Desde luego tal como está, no creo que lleguemos a un acuerdo", ha dicho Garamendi, quien ha recordado a su vez que la organización que preside tampoco acordó con el PP la reforma de 2012.

El directivo, en un evento informativo organizado por Europa Press, ha afirmado que la CEOE "no se levantará de la mesa", y ha remarcado la "preocupación" que la propuesta del ministerio de Trabajo provoca entre el empresariado. "Creemos que no va a generar empleo", ha indicado. El punto más conflictivo de la reforma planteada por el Gobierno es el relacionado con la temporalidad, en el que el Ejecutivo propone prohibir el contrato temporal para hacer frente a aumentos de la demanda estacionales (la hostelería en verano, por ejemplo). En ese caso, el empresario deberá recurrir a un contrato de fijo-discontinuo.

"Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones, y nos sentaremos a hablar de esto (...). Hay que hablar del trabajo y de la temporalidad, que hay que mejorarla. Pero tampoco confundamos temporal con precario", ha pedido el presidente de los empresarios.

En cuanto a la conformación del nuevo Gobierno, el directivo ha señalado que "el movimiento se demuestra andando" y que le gustaría saber qué es lo que se va a hacer. "En educación, con la ministra Celaá, por ejemplo, estábamos avanzando. En formación profesional se estaba trabajando muy seriamente. Me han hablado bien de la nueva ministra", ha comentado.

Por otro lado, en relación al aumento de contagios ha pedido prudencia a la hora de hablar de quinta ola, ya que podría afectar al turismo, y que no se impongan más restricciones a la hostelería. "Tenemos que dar más apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. El problema no está en los bares o en los conciertos en los que se pide una PCR para entrar (...). Donde hay que actuar es en la calle, no en el mundo de la empresa", ha asegurado Garamendi.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, antes de que comenzara el acto en el que intervino Garamendi, emplazó a la CEOE a "poner propuestas" encima de la mesa de diálogo social para negociar sin "posturas de bloqueo". El líder de UGT, Pepe Álvarez, por su parte, incidió en que lo que se necesitan son "acuerdos a tres bandas".

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ambos sindicalistas urgieron al Gobierno a subirlo y que convoque ya a los agentes sociales para hablar del tema. "El dialogo no puede ser solo en los temas que el Gobierno quiere", criticó Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press. Los sindicatos se movilizarán mañana, 14 de julio, para pedir por la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral del PP.

El año de la pandemia sacudió a las empresas y vació los puestos de trabajo como nunca antes en España: unos 937.000 asalariados no trabajaron en todo 2020. Así se desprende del X Informe sobre empresa saludable y gestión del absentismo publicado este lunes por Adecco, que sitúa la tasa de absentismo laboral en un 7,1%, la mayor cifra en los últimos 20 años, con casi 1.700 horas laborables perdidas.

Según los cálculos de Adecco, esto ha supuesto un coste bruto para la economía española de 36.900 millones de euros, un 3,3% del PIB. "La cifra está algo hinchada", advierte Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, quien explica que los datos incluyen a aquellas personas que estuvieron de baja tanto por haberse contagiado con Covid, como a quienes reportaban haber tenido un contacto estrecho con un positivo por coronavirus, y cuyos permisos de 10 o 15 días también estuvieron cubiertas por la Seguridad Social.

La tasa de absentismo que elabora el informe es lo que suponen las horas no realizadas por motivos ocasionales, como la incapacidad temporal (IT), sobre el total de horas efectivas (que se halla sumando las horas pactadas y las horas extra, y restándoles las horas que no se realizan por las vacaciones y festivos o por estar en ERTE).

El País Vasco es la región que mayor tasa de absentismo ha registrado en 2020, con 132,6 horas no trabajadas; es decir, casi 17 jornadas de ocho horas diarias. Le siguen Cataluña (112,7 horas), Baleares (111 horas) y Canarias (110 horas y media). Estas son, además, las únicas comunidades con más de 110 horas de absentismo por trabajador al año. Con respecto a los sectores de actividad, la Sanidad y las Administraciones Públicas sufrieron las mayores ausencias laborales.

De acuerdo con el informe, un 75% del incremento del absentismo se explica por el aumento de las enfermedades comunes o accidentes no laborales (IT), como efecto directo de la pandemia. Las horas perdidas por este motivo superaron las 80 por trabajador en 2020, cuando anteriormente no habían pasado el límite de las 68 horas. El resto, corresponde a horas no trabajadas por permisos y licencias, como el aislamiento preventivo por contacto estrecho con algún infectado por Covid, que en 2020 sumaron 10 horas por trabajador.

El Ministerio de Trabajo ha desvelado la intención del Gobierno de pedir dinero de la línea de créditos de la Comisión Europea incluida en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que complementa a las subvenciones a fondo perdido Next Generation. Una opción que, aunque el Ejecutivo no ha descartado, había dejado aparcada. En concreto, el departamento que dirige Yolanda Díaz utilizará los préstamos blandos comunitarios para financiar el fondo tripartito que pretende crear con el fin de financiar la nueva modalidad de "Erte" que está negociando con los empresarios y los sindicatos.

En el borrador de Real Decreto-Ley que presentó en la mesa de la modernización del mercado laboral, incluye una nueva disposición adicional (vigesimocuarta) del Estatuto de los Trabajadores que crea el Fondo de dotación del Mecanismos de Sostenibilidad en el Empleo (MSE), que así se denomina el futuro instrumento que complementará al actual Erte. Entre las fuentes de ingresos del fondo, Trabajo apunta que "podrá financiarse con el recurso a fondos europeos, en concreto a los provenientes del Sure y del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el corto plazo".

Sin embargo, en el Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España realizado por los Servicios Técnicos de la Comisión Europea, nada se dice del Fondo Sure: "El Gobierno español se propone solicitar más ayuda del MRR (en forma de préstamo) para financiar parcialmente este régimen", señala explícitamente.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado el año pasado por la Comisión Europea prevé que España reciba casi 70.000 millones de euros en forma de subvenciones no reembolsables y otros 70.000 millones en una línea crediticia con condiciones más favorables que las del mercado. De momento, España sólo ha solicitado las subvenciones dejando al margen la posibilidad de acudir a los créditos del MRR.

No así en el caso del fondo Sure, una línea de crédito creada también el año pasado por la CE que acude directamente al mercado en busca de financiación con condiciones favorables que luego pone a disposición de aquellos estados interesados. El Sure se ha creado para ayudar a financiar el gasto destinado a medidas de mantenimiento del empleo con motivo del Covid. España sí ha optado por esta herramienta y ha recibido el derecho a obtener algo más de 22.000 millones de euros, de los que ya ha recibido los primeros préstamos de la CE.

El Gobierno se comprometió con Bruselas, pero también con los agentes sociales, a crear un nuevo tipo de Erte cuyo objetivo es evitar que las empresas que estén pasando por momentos económicos delicados decidan despedir a su plantilla como primer recurso. Nace a tal fin el Mecanismos de Sostenibilidad en el Empleo (MSE), complementario al actual Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo para causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor) usado con profusión durante el Covid y actualmente con cerca de 450.000 trabajadores bajo su paraguas.

A diferencia del Erte, el MSE se utilizará cuando, por razones de carácter imprevisible ajenas a la voluntad empresarial, la actividad quede impedida o limitada en alguno de los centros de trabajo. En este caso, la empresa podrá solicita el mecanismo que supondrá la reducción de jornada de la plantilla.

Al igual que los Ertes aplicados en la pandemia, acceder al mecanismo implica el compromiso de no despedir hasta después de pasados seis meses tras finalizar la ayuda que otorgará el Sepe. Igualmente, durante el tiempo que este activo el MSE no ningún miembro de la plantilla podrá realizar horas extras y la empresa ni podrá contratar a personal nuevo ni acudir a empresas de subcontratación.

Con el fin de financiar esta nueva prestación, el Gobierno creará un fondo que servirá de colchón económico para afrontar situaciones que pudiesen alterar la actividad de muchas empresas a la vez. Dicho fondo tendrá carácter tripartito pues aportarán fondos las empresas, los trabajadores y el Gobierno. En los dos primeros no supondrá un aumento de las actuales cotizaciones sociales, pues se nutrirá cada año de la cuantía del remanente positivo del Sepe generado por la diferencia entre las cuotas abonadas por empresas y trabajadores y los gastos derivados de las prestaciones por desempleo.

Pero para arrancar, el Ministerio de Trabajo contempla una primera dotación procedente de los créditos Sure o MRR en el corto plazo. Pero también de un seguro o reaseguro del desempleo que podría crear la Unión Europea. Por último, podrá recibir fondos de los Presupuestos Generales.

Las patronales CEOE y Cepyme han emitido este jueves un duro comunicado en el que tildaron de “inaceptable” el borrador para la reforma del mercado laboral que plantea el Gobierno. “Durante la reunión de la mesa tripartita de diálogo social de este jueves, las organizaciones empresariales hemos trasladado la necesidad, para poder seguir negociando, de contar con un planteamiento nuevo por parte del Gobierno, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas”, indicaron.

“El texto parece responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos; no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y, por ello, aboca inevitablemente al desencuentro”, señalan de manera tajante. Uno de los puntos más conflictivos es el relacionado con la limitación de los contratos temporales, que impediría, por ejemplo, a una empresa del sector hostelero contratar personal temporal solo para la época estival, que es cuando hay un aumento notable de la actividad. Para esos casos, según la proposición actual, solo podría usarse la figura de fijo-discontinuo.

“La temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios”, explican ambas patronales. “Compartimos la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal, por lo que, en el marco de la mesa de diálogo social, a las herramientas ya existentes, deberían adicionarse otras que pongan límite a dicha situación, previa elaboración de un diagnóstico compartido”, añaden.

Pocas horas después del comunicado de CEOE, el Ministerio de Trabajo contestó que está dispuesto a modular la propuesta ofrecida a los agentes sociales, indicando que “no hay líneas rojas” en la negociación, pero sin renunciar a su objetivo de atajar la temporalidad. “El texto actual se irá adaptando atendiendo a los distintos planteamientos aportados por las organizaciones bien por escrito, bien en el desarrollo de las reuniones, para introducir propuestas y mejoras técnicas planteadas, como se ha hecho hasta el momento en el diálogo social”, explicaron desde Trabajo. “Hacer cambios sustanciales, verdaderamente estructurales para acercar nuestro país a Europa no es sencillo, pero es el momento y seguiremos intentándolo en la mesa de diálogo social”, añadieron.

Preguntados por este diario, fuentes empresariales señalaron que esta “contestación formal” de la patronal se debió a que esta semana ha terminado de analizar el documento internamente, tras presentarlo a multitud de sectores y escuchar su crítica opinión al respecto. Para continuar con las conversaciones, insistieron, será necesario que el Gobierno ponga un nuevo borrador, con ideas diferentes, encima de la mesa de negociación.

Mercantil, civil y administrativo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó hoy que la electricidad y la alimentación mantuvieron la inflación en el 2,7% en junio. En concreto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,5% en junio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,7%, la misma que en mayo, lo que supone la tasa más elevada desde febrero de 2017. Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su sexta tasa positiva consecutiva, la inflación continúa en niveles desconocidos desde hace cuatro años, cuando se situaba en el 3%.

El dato del IPC interanual, que es una décima superior al avanzado hace quince días, se ha visto sostenido por el grupo de la vivienda, que ha elevado sus precios hasta el 10,9%, cinco décimas más que el mes anterior, debido al encarecimiento de la electricidad. También influyeron los alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron un 1,1%, tres décimas por encima de mayo, un comportamiento en el que destaca el encarecimiento de aceites y grasas, carne, leche, queso y huevos. Igualmente, el hecho de que los paquetes turísticos y las gasolinas hayan subido menos este mes de lo que lo hicieron en 2020.

Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa en el IPC general fueron el ocio y la cultura, cuya variación anual disminuyó un punto y se situó en el -0,8%, debido a que los precios de los paquetes turísticos aumentaron menos que el año pasado, y el transporte, que se anotó un descenso de cinco décimas, hasta el 8,9%, como consecuencia de un aumento menor de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal frente al año anterior. Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) situó su tasa interanual en junio en el 0,2%, lo mismo que en mayo y 2,5 puntos inferior al índice general.

En tasa mensual (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,5%, lo mismo que en mayo, con lo que ya encadena cuatro tasas positivas consecutivas. A la evolución mensual contribuyó el encarecimiento de la luz y del gasóleo para calefacción, de las gasolinas para el transporte personal y de los servicios de alojamiento y la restauración. Por contra, bajaron los precios en vestido y calzado por las rebajas de verano. Lo que más se abarató en junio respecto al mes de mayo fueron las legumbres y hortalizas (-5,5%) y los juegos y aficiones (-4,1%). En cambio, lo que más subió de precio en relación al mes anterior fueron los paquetes turísticos nacionales (+14,5%) y los hoteles y hostales (+9,6%).

En el último año (junio de 2021 sobre junio de 2020), lo que más ha subido de precio han sido los combustibles líquidos (+37,4%); la electricidad (+37,1%); otros aceites (+34%); la gasolina (+21,4%), y el gasóleo (+20,4%). Por su parte, la tasa de variación anual del IPC armonizado (IPCA) se situó en el 2,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. El IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se sitúa en el 2,6%, una décima por debajo de la registrada por el IPC general. El IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presentó una tasa anual del 2,4%, una décima menos que la del IPCA.

La Comisión Europea presentó este miércoles un titánico paquete legislativo en materia de transición verde que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para articular durante la presente década el camino que debería seguir la UE para desprenderse definitivamente del dióxido de carbono (CO2) en 2050. “La emisión de CO2 debe de tener un precio”, dijo a modo de resumen la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan.

El Ejecutivo comunitario, en su propuesta Fit for 55, en referencia al objetivo de reducir las emisiones en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990, da a conocer varias medidas de calado, como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 e ir reduciendo su impacto medioambiental hasta entonces; nuevas tasas impositivas al carbono; la obligatoriedad de que los edificios de viviendas sean sostenibles; y que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables, entre otros puntos.

Las 12 iniciativas elaboradas durante meses por Bruselas, en gran parte modernizaciones y revisiones de normas ya existentes, son las entrañas de esas aspiraciones verdes en un periplo hacia la sostenibilidad que requerirá grandes esfuerzos, pero que también aportará retornos y beneficios, según aseguró el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en un alegato de solidaridad con las generaciones futuras.

Con este paquete, el Ejecutivo comunitario no solo pretende reducir las emisiones, sino que busca transformar gradualmente la sociedad en su conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible. Se persigue, entre otras metas, reducir la dependencia energética de la UE, que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones, y en particular de combustibles fósiles. Las propuestas, articuladas en centenares de documentos, tendrán que negociarse ahora con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo. Estas son algunas de las que tienen más impacto.

La Comisión propone que en 2030 los nuevos vehículos emitan entre un 60% y un 90% menos de gases contaminantes que a día de hoy y que ya en 2035 no se venda ningún coche o furgoneta de combustión dentro de las fronteras comunitarias. Para ello, fomentará los modelos eléctricos y los de hidrógeno gracias a la fabricación de no menos de tres millones de surtidores eléctricos de acceso público para 2030, entre otras medidas. “El 20 % de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras”, declaró la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, en la presentación de la gran propuesta legislativa.

Aunque se hará una revisión general del plan en 2028, no se esperan cambios hasta el final de la década para dar tiempo a la industria a adaptarse a la transición. Y aunque los coches de combustión podrán seguir utilizándose, Bruselas cuenta con que la flota que incluye a estos modelos se reemplace completamente para 2050, fecha en que todo el sector del transporte debería de haber reducido sus emisiones en un 95%. Desde la Comisión, han reiterado fuentes europeas, aseguran que la política climática no desindustrializará Europa, que tendrá tiempo de adaptarse a este nuevo marco.

Más allá de los coches y combustibles, según la propuesta, la aviación comercial tendrá que ir mezclando progresivamente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que usar combustibles menos contaminantes. Entre otras medidas, para animar al uso de combustibles menos dañinos con el medio ambiente, Bruselas incentivará el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en el sector aéreo mediante la exención de impuesto, beneficiándose de un tipo impositivo mínimo cero.

El plan incluye medidas para evitar una “fuga de CO2”, la forma técnica por la que los expertos se refieren al fenómeno en el que las empresas europeas más contaminantes podrían desplazar su producción (por ejemplo, de aceros, cemento o aluminio) hacia países cercanos que tengan acuerdos comerciales con la UE pero que sean menos estrictos en sus normativas medioambientales.

A apenas una semana de que se cumpla un año del histórico acuerdo comunitario para poner en marcha un inédito plan de ayudas costeado con emisiones de deuda conjunta, el Consejo Europeo ha pisado el acelerador para poder desbloquear antes del aniversario el desembolso de los primeros 50.000 millones de euros con los que la UE debe salir reforzada de la crisis del Covid-19. El Ecofin, el cónclave de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, dio ayer el visto bueno definitivo a los planes de recuperación presentados por una docena de países miembros para acceder a las ayudas, incluyendo el de España, que se prepara para recibir un primer anticipo de 9.000 millones.

La UE da así el primer paso en el camino para repartir a los Estados miembros 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los que España aspira a recibir unos 140.000 millones entre subvenciones –que no tendrá que devolver– y créditos blandos. De momento, el país ha solicitado solo transferencias directas por 69.500 millones de euros y comenzará a reclamar apoyo vía préstamos a partir del próximo año para sufragar partidas concretas como los nuevos ERTE. El aval del Consejo Europeo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España, un compendio de dos centenares de reformas e inversiones con las que sacar al país de la pandemia más fuerte de lo que entró, supone su aprobación definitiva tras el visto bueno que ya recibió de Bruselas.

“Tras la aprobación del plan de recuperación de España por el Consejo, la financiación del Next Generation EU puede comenzar”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter subrayando que los fondos servirán “para conseguir un país más verde, más digital y mejor preparado para el futuro”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó por esta misma vía que “en unas semanas, recibiremos los primeros 9.000 millones provenientes de los fondos europeos”. “Avanzamos hacia la recuperación impulsando las transformaciones que España necesita”, agregó.

Dicho montante es el primer anticipo que España recibirá de los fondos preconcedidos. A partir de ahí, el país irá recibiendo pagos semestrales en función del cumplimiento de los hitos comprometidos en el plan, que incluyen reformas como la laboral, la fiscal o la de pensiones. El Gobierno aspira a recibir un segundo desembolso de 10.000 millones antes de final de año, sumando 19.000 millones en el conjunto del ejercicio, y a obtener el resto de subvenciones antes de que finalice 2023. En todo caso, los Presupuestos Generales de 2021 ya permiten al Gobierno adelantar, vía deuda, cerca de 26.000 millones este mismo año.

La aprobación del plan se produjo justo cuando el nuevo Ejecutivo español, resultado de los nueve traspasos de carteras y de la entrada de siete nuevos miembros en el Gabinete que generó la crisis de Gobierno anunciada el sábado por Sánchez, celebraba su primer Consejo de Ministros. La nueva portavoz gubernamental y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, celebró la “coincidencia” de que el visto bueno definitivo al plan de recuperación llegue justo en el momento del estreno de los nuevos ministros, a los que el presidente ha encomendado centrarse en conducir la salida de la crisis.

Sánchez, reveló Rodríguez, le has fijado el “objetivo claro de atender a la recuperación económica, a las personas que peor lo han pasado en la crisis” y de aprovechar para ello “los recursos” que entregará la UE. “Nos sentimos muy arropados por la mayoría de españoles, que quieren pasar página de estos momentos tan duros”, aseveró la portavoz, que agregó que el Gobierno “cuenta con las ganas de la sociedad y la implicación del sector económico y empresarial” para ejecutar el plan de recuperación.

En paralelo, el Consejo dio luz verde también a los planes entregados por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal. Todos ellos podrán acceder ahora a una prefinanciación por hasta el 13% del monto en subvenciones y préstamos que les corresponde, lo que supondrá la inyección de cerca de 50.000 millones a la economía europea en cuestión de semanas. El país más beneficiado por estos adelantos será Italia. Aunque también obtendrá 9.000 millones en anticipo de los 68.900 millones en subvenciones que le corresponden, Roma ha detallado que también quiere 122.600 millones en préstamos, de los que obtendrá un primer pago de 15.900 millones, sumando por tanto un desembolso inicial de 24.900 millones.

Le siguen España, Francia (con 5.100 millones de anticipo en subvenciones); Grecia (con 2.300 en transferencias y 1.700 de créditos); Alemania (2.300 en ayudas); y Portugal (1.800 en asistencia y 351 en financiación). En total, la UE avanzará este verano 49.944 millones: 31.994 millones en subvenciones y 17.951 más en créditos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del vehículo eléctrico y conectado movilizará un total de 24.009 millones de euros hasta 2023, de los cuales 4.295 millones vendrán de los fondos europeos y 19.714 procederán del sector privado. Así lo ha dado a conocer hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ha explicado que dicho proyecto permitirá la creación de 142.000 nuevos empleos, así como generar una contribución al Producto Interior Bruto (PIB) de entre el 1% y el 1,7%.

El propio Pedro Sánchez ha apuntado que esta aportación podría disparar la aportación de la automoción al PIB español desde el actual 11,5% del PIB hasta el 15% en 2030. Dicho programa se divide en dos ámbitos; por un lado, el impulso del proyecto transformador de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, que supondrá una inversión público-privada de 15.245 millones de euros, de los que el Estado aportará 3.160 millones y 12.085 procederán del sector privado y; por otro, las medidas facilitadoras, que supondrán una inversión total de 8.764 millones de euros, de los que la inversión pública será de 1.135 millones de euros, mientras que la inversión privada ascenderá hasta los 7.629 millones.

Del total de los 4.295 millones de euros que aportará el Estado, cerca de siete de cada diez euros, concretamente 2.975 millones, se dedicarán a una línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Por su parte, el sector privado invertirá 11.900 millones de euros en esta línea. Además, se invertirán 80 millones de euros a partes iguales para el Plan tecnológico de automoción sostenible, otros 100 millones conjuntos y a parte iguales para el Programa espacios de datos sectoriales y otros 90 millones a partes iguales para el Programa para integrar la Inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico.

Por otra parte, en cuanto a la inversión que dedicará el Estado a las medidas facilitadoras para poner en marcha dicho proyecto, hasta 1.100 millones de euros se movilizarán de la parte pública para incentivar la instalación de puntos de recarga, la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde. Entre estas medidas están el plan Moves III, que se aprobó en abril y que cuenta con una dotación de 400 millones de euros (ampliables a 800 en caso de que la demanda así lo requiera), así como otros 300 millones del Moves Singulares.

Por el contrario, la inversión privada para la instalación de puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos ascenderá hasta los 7.608 millones de euros, es decir, siete veces más que la inversión pública. Además, 14 millones (inversión pública) y 21 millones (del sector empresarial) serán para el despliegue de la red del 5G, y otros 21 millones (solo hay aportación gubernamental) serán para planes de formación del sector.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y mayo se abrieron un total de 46.353 compañías, lo que supone un 2,8% más que en el mismo periodo de 2019, último año completo sin pandemia. A su vez, se han disuelto 11.213 empresas, un 3% menos que hace dos años. Sin embargo, cabe señalar que sigue vigente una moratoria concursal y que pese a ella el ritmo de destrucción de compañías ha ido creciendo desde febrero, con 8.202 negocios que han echado el cierre, 800 más que en el periodo de febrero a mayo de hace dos años.

En cuanto a la apertura de nuevas compañías, en marzo se produjo el mayor incremento de este 2021, con un total de 10.968 empresas, lo que supuso un 16,2% más que en el mismo mes de 2019. Desde entonces, comenzó la línea ascendente en la apertura de negocios, y en abril el balance del año ya comenzó a resultar levemente positivo. Concretamente, en los primeros cuatro meses, ya se había incrementado el número de nuevos emprendimientos en un 0,8%, si se compara con el mismo intervalo de hace dos ejercicios.

La tendencia ha terminado por consolidarse en el mes de mayo, en el que se han registrado 9.570 sociedades mercantiles, un 11,5% más que en el mismo mes de 2019, según las cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, en lo que va de 2021, ya se han creado 1.273 compañías más que hace dos años. Sin embargo, este aumento del número de nuevas sociedades constituidas, ha venido acompañado desde febrero de un incremento del número de firmas disueltas. Esto, alertan desde el Consejo General de Economistas, se debe a que muchas empresas no han podido sobrevivir a la crisis y se ha optado por sustituirlas por otras nuevas.

“En los primeros meses de 2021 observamos unas variaciones muy convulsas en el censo de empresas en nuestro país (...). Esa es la consecuencia de no haber sabido adoptar medidas orientadas a la conservación del tejido productivo y la supervivencia de las empresas. Esto provoca que, ante expectativas de recuperación, la solución es la creación de nuevas empresas, pues las existentes son ya inviables”, explica Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor).

Robles señala que el número de procedimientos concursales, aún a pesar de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno hasta el 31 de diciembre, han aumentado en lo que va de año casi un 45% si se compara con el mismo periodo de 2019. “La sangría de empresas no solo continúa, sino que se acelera, sin tener herramientas eficientes que permitan el mantenimiento del tejido productivo”, alerta Robles. El presidente de Refor señala que el “calamitoso” sistema español de gestión de insolvencias es un fracaso, ya que es lento (los concursos de acreedores duran una media de 4,5 años) y en un 95% de los casos finalizan en la liquidación de la compañía.

Sector

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, su "dimisión" personal para forzar la renovación del órgano, una solicitud que, según JJpD, el magistrado no habría descartado si concurriesen las circunstancias adecuadas. En una rueda de prensa, la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, y el viceportavoz, Fernando de la Fuente, han explicado que su percepción tras reunirse con Lesmes es que estaría dispuesto si se dieran "las coyunturas" y si, además, hubiese unidad entre las asociaciones de jueces.

En palabras de Jipad la Fuente, los vocales del CGPJ estarían en la "situación de querer dar el paso" para presentar su dimisión en bloque si se diera "un detonante" como, por ejemplo, un "toque" por parte de la Unión Europea. En este contexto, JJpD ha señalado que el presidente del CGPJ ha expresado su "hartazgo" y ha compartido su reflexión sobre la "degradación" del órgano, que se encuentra en una situación "insostenible desprovisto" de sus competencias. En el encuentro que la asociación ha mantenido con Lesmes, el también presidente del TS les habría trasladado que este malestar estará muy presente en el discurso que pronunciará de la apertura del año judicial, el próximo mes de septiembre.

Además de pedirle a Lesmes que de "un paso adelante", la asociación ha anunciado una "línea de actuación más contundente", centrándose en una serie de iniciativas que pasan, en primer lugar, por reunirse con todos los grupos políticos. Así, Ascensión Martín ha denunciado la actitud del Partido Popular, la única formación que no habría contestado a la misiva en la que la asociación le instaba a un encuentro. "No podemos pedir ciudadanos que cumplan las leyes y haya un partido que no cumpla la Constitución", ha lamentado. En este contexto, el viceportavoz de JJpD ha anunciado que volverán a dirigirse al presidente del PP, Pablo Casado, para abordar con el desbloqueo del CGPJ.

Adicionalmente a esta nueva ronda de contactos, JJpD ha anunciado que se dirigirán expresamente al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para que active los "mecanismos interiores" de la Unión para exigir a España la renovación inmediata del CGPJ, una "cuestión de credibilidad y dignidad". Por último, la asociación de magistrados ha explicado que solicitarán sendas reuniones con el presidente del Senado, Ander Gil, y con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Además, este mismo miércoles mantendrán un encuentro con la nueva titular de Justicia, Pilar Llop. En definitiva, ha explicado Martín, una serie de "medidas de presión para que la ciudadanía conciba" la necesidad de cumplir con la Carta Magna en un "momento dramático" para la Justicia y en que se debe dar "normalidad a todas las instituciones del Estado".

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación de la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

La resolución ha salido adelante por una ajustada mayoría. Han formulado votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En la votación ha sido decisiva la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, quien se ha inclinado por la inconstitucionalidad del decreto-ley dictado por el Gobierno. Aunque este miércoles se ha dado a conocer el fallo del tribunal, habrá que esperar a los próximos días para conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares.

En concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública. También ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.

"En todo lo demás", el tribunal ha acordado desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación liderada por Santiago Abascal. Desde Vox insistían en que el decreto incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución, dado que --a su juicio-- sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción. Este mismo miércoles, el tribunal ha rechazado declarar inconstitucional la Orden de Sanidad de 29 de marzo que prohibía todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, restringía otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, y regulaba algunas de las condiciones de contratación de los servicios funerarios.

En esta orden, el Gobierno justificaba su decisión aludiendo a la evolución de la pandemia en España, que obligaba a la adopción de nuevas medidas extraordinarias para evitar la propagación y contagio relacionados con los velatorios o la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a los funerales, así como medidas para garantizar la protección de los usuarios de servicios funerarios. El Ejecutivo argumentaba que, en el marco de las "especiales características que rodean las ceremonias fúnebres", era "difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la propagación del virus".

En este sentido, la orden señalaba que, en el caso del coronavirus, familiares o allegados del fallecido habrían podido ser contactos estrechos, lo que obligaba a los afectados a quedarse en sus casas observando la cuarentena correspondiente. El fallo sobre el estado de alarma tiene lugar después de que los magistrados se reunieran ayer sin llegar a acuerdo para votar la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano. Este miércoles han retomado las deliberaciones y han estimado parcialmente el recurso.

La decisión ha mantenido dividido hasta ahora al tribunal, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta semana, en la que los jueces han analizado la ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movilidad --como el confinamiento domiciliario-- aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia. Este tema estaba pendiente de resolverse en el Constitucional desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la COVID-19.

El Gobierno ha mostrado este miércoles su sorpresa tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional. Según explican fuentes gubernamentales, citadas por Europa Press, no solo fue "imprescindible para salvar vidas" sino también "conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma".

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona pondrá en funcionamiento en septiembre u octubre próximo un turno de oficio de juristas especializado para atender a personas que quieran acogerse a la ley de la segunda oportunidad, que permite a ciudadanos particulares y a profesionales autónomos alcanzar la cancelación de la deuda pendiente y empezar de nuevo. En los últimos años, se ha disparado el número de concursos de personas físicas. En el 2020 se llegaron a 8.507 procesos en España. En Catalunya, la cifra ascendió a 2.924 (el 27% del total), cuando en el 2016 la cifra fue tan solo de 578 asuntos. La mayoría, no empresarios.

La ley de la segunda oportunidad, que data del 2015, se pueden acoger personas que tienen la imposibilidad de hacer frente al déficit económico que padece y, tras la liquidación de su patrimonio, pretendan logar que esa deuda le sea exonerada. “El propósito es evitar que este toda su vida esté sujeto a una espada de Damocles”, como es su sobreendeudamiento”, aseguró este lunes el vicedecano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, que, junto con la diputada de la junta de gobierno, Carmen Valenzuela, presentó el balance del servicio del turno de oficio correspondiente al ejercicio del 2020.

Cabe precisar que tener abogado de oficio no quiere decir que su asesoramiento sea gratis. Para acceder a la justicia gratuita se debe cumplir con una serie de requisitos, como carecer del patrimonio necesario para cubrir estos gastos y que los ingresos de la unidad familiar sean menores a 1.129,80 euros al mes. Es decir, 13.557 euros anuales sin pagas extras. Según el vicedecano del colegio de abogados de la capital catalana, Jesús Sánchez, el 90% de casos que se pueden beneficiar de la ley de segunda oportunidad tendrán acceso a esta justicia gratuita, y, por lo tanto, no tendrán que desembolsar ni un céntimo de euro al letrado. Tarragona y Terrassa ya cuentan con este servicio.

Otra cuestión es el coste del notario o las deudas que se tengan con, por ejemplo, Hacienda o la Seguridad Social. “Estamos luchando para que se pueda exonerar también ese crédito público”, recalcó el alto cargo colegial. El objetivo es impulsar a los procedimientos de segunda oportunidad, más extendidos en otros países europeos.

La presentación de este servicio permitió Sánchez y Valenzuela reivindicar “la labor social” del turno de oficio de abogados en general, remarcando su labor en defensa de los más desfavorecidos de la sociedad. En el 2020, en la demarcación territorial de Barcelona (que incluye además de la capital catalana otras poblaciones de alrededor) los 3.200 letrados que componen este servicio efectuaron, a pesar de la pandemia, 152.587 actuaciones y en los primeros seis meses del 2021, 53.729, la mayoría en el ámbito penal. Los dos representantes del colegio de abogados reclamaron un aumento de la dotación presupuestaria e inversión por parte de la Administración para el turno de oficio.

La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional es "imprescindible" y que espera que la situación "pueda ser desbloqueada" y "cuanto antes". Preguntada por la prensa tras el acto de traspaso de cartera celebrado este lunes, Llop ha subrayado que el Poder Judicial "está ahora en un momento de bloqueo" ante la imposibilidad de acuerdo para renovar sus vocales, pero no ha dado detalles sobre sus planes al frente del Ministerio para cambiar la situación.

La hasta ahora presidenta del Senado hereda el Departamento de Justicia con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el CGPJ, que lleva paralizado desde finales de 2018. Está pendiente también la renovación de cuatro de los doce miembros que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Hace meses que el presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

Ha asegurado que aún no se ha reunido con los técnicos del Departamento de Justicia y ha precisado que esta tarde tendrá lugar el primer encuentro con el equipo que le deja el hasta ahora ministro Juan Carlos Campo. En el marco del acto de traspaso de cartera, Llop ha pedido "complicidad" a todos los agentes de la Administración de Justicia para remover los "obstáculos" que dificultan la libertad de las mujeres. Según ha dicho, trabajará en aras de la "cohesión social" en todo el país para que todos los españoles "tengan el mismo derecho al acceso a los recursos de Justicia". "Para mí hay cuestiones nucleares en la democracia de nuestro país como son los derechos y libertades de todas las personas, mujeres y personas con discapacidad", ha añadido.

La ministra ha insistido en que la Justicia "tiene que ser vista como un motor de desarrollo social" y ha agradecido a su predecesor el "balance muy positivo" que le deja. "Te agradezco muchísimo", ha dicho tras reconocer los "logros" del Ministerio con la ley de la eutanasia y la ley contra la violencia de la infancia, entre otras. Llop ha agradecido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber confiado en ella "esta gran responsabilidad", un "gran honor" que asume con "todo el respeto".

En este sentido, ha destacado la labor del Gobierno en materia de igualdad y transición ecológica, así como el trabajo de "diálogo territorial", que ha considerado "clave" en la gestión de la pandemia. "Esta legislatura, el Covid nos ha demostrado necesitamos diálogo entre las distintas administraciones", ha subrayado.

Llop es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, accedió a la Carrera Judicial por el turno libre en 1999 y ascendió a magistrada en 2004. Es juez especialista en violencia de género y ha ostentado hasta la fecha la presidencia del Senado, puesto al que llegó en diciembre de 2019 siendo senadora del PSOE por designación autonómica de la Asamblea de Madrid. Además, fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género desde julio de 2018 a abril de 2019.

Campo ha dado la enhorabuena a Llop y ha dicho que confía en que saque adelante los proyectos pendientes. El hasta ahora ministro ha agradecido a todos los trabajadores de la Administración de Justicia por su "enorme papel" durante su periodo al frente del Departamento. Al frente del Ministerio, Llop deberá continuar con el diálogo con jueces y fiscales para el desarrollo e implementación de la nueva LECrim cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que se pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea.

Un 50% de los españoles consideran que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, algo que atribuyen a las presiones políticas y económicas, siendo España uno de los Estados miembros de la Unión Europea con peor percepción de su Justicia. Según muestra el barómetro anual europeo, entre los ciudadanos de la UE solo croatas, eslovacos, polacos, búlgaros e italianos confían menos en la independencia judicial que los españoles. En el polo opuesto se encuentran Austria, Finlandia y Alemania donde más de un 80% de sus ciudadanos creen en la independencia de sus jueces y tribunales.

A esto se suma que cada vez menos españoles, un 38%, valoran positivamente la independencia del sistema, un retroceso de seis puntos con respecto al año anterior. En términos generales, un 54% de los ciudadanos de la UE consideran la independencia del sistema de Justicia en su país como buena o bastante buena, mientras que un 35% la percibe como mala o muy mala. Los españoles con una percepción negativa apuntan a las presiones políticas, un 79%, y a intereses económicos, 75%, mientras que no atribuyen tanto la falta de independencia a los propios jueces, 57%, algo que en general sí achacan los ciudadanos de la UE, 63%.

Con respecto a los parámetros de eficacia y rapidez de la Justicia, España se encuentra a la cola de la UE en número de jueces por cada 100.000 habitantes con solo 11,5, un ratio muy inferior al del bloque, mientras que en lentitud de la justicia también está entre los peores con 274 días de media para resolver litigios civiles, comerciales y administrativos. En la presentación de la encuesta, que acompaña al indicador de la Justicia en la UE, el comisario del ramo, Didier Reynders, ha señalado que la tendencia sobre percepción ciudadana se mantiene estable, aunque en aquellos Estados miembros en los que ya había una percepción negativa sigue habiéndola e incluso se ha deteriorado más.

Entre los retos de futuro, el comisario belga ha puesto la digitalización como uno de los elementos a mejorar, resaltando que durante la pandemia de coronavirus casi todos los países de la UE implementaron sistema de videoconferencia y los funcionarios de justicia pudieron trabajar en remoto.



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