Síguenos en  Síganos en Facebook Síganos en Twitter Síganos en Linkedin
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 – 944 255 220 clientes@disjurex.es

Los consejos de la semana

Fiscal

Plazo de ingreso de recibos del IAE 2021

El plazo de ingreso se fija desde el 16 de septiembre hasta el 22 de noviembre de 2021, ambos inclusive.

La Resolución de 8 de junio de 2021 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, quedando fijado desde el 16 de septiembre hasta el 22 de noviembre de 2021, ambos inclusive.

También se establece que para las cuotas nacionales y provinciales del IAE del ejercicio 2021, su cobro se realice a través de las Entidades de crédito colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto se hará llegar al contribuyente. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese extraviado, deberá realizarse el ingreso con un duplicado que se recogerá en las Delegaciones o Administraciones de la AEAT correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del domicilio donde se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial.

¿Quién debe de pagar el IAE?

Estarán obligadas a liquidar la cantidad que corresponda en concepto de IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) todas aquellas entidades que ejerzan una actividad económica cuando ellas, o el grupo al que pertenecen, haya obtenido un importe neto de su cifra de negocio igual o superior a 1.000.000 de euros durante el penúltimo año anterior al del devengo del IAE. Existiendo grupo cuando existe una unidad de decisión o dirección única, lo que supone que la mayoría de los miembros del órgano de administración de una entidad son miembros del órgano de administración o altos directivos de otra.

Junto a estos, existen una serie de sujetos exentos al pago del IAE:

- Las personas físicas.

- Las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, bajo determinadas condiciones.

- Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre que operen en España mediante establecimiento permanente, y tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Laboral

Hasta el 30 de septiembre puede modificar la base de cotización como autónomo

Le recordamos que tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Es el tercer plazo de 2021, pero la última oportunidad para quienes quieran que su base suba o baje dentro del año. A partir de octubre, los cambios no se harían efectivos hasta 2022.

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy importante ya que de ella dependen sus prestaciones presentes y su futura pensión. La base de cotización puede modificarse fácilmente y de forma telemática a través del sistema RED. Sin embargo, hay que tener en cuenta los trámites y los periodos para hacer el cambio.

Atención. La elección que se haga de la cuota será muy importante, pues éste es el parámetro que marca la cuantía de las prestaciones que va a recibir el autónomo en caso de enfermedad, accidente, paro, maternidad o jubilación. Del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre los autónomos pueden cambiar su base de cotización. Es el tercer plazo de 2021, pero la última oportunidad para quienes quieran que su base suba o baje dentro del año. A partir de octubre, los cambios no se harían efectivos hasta 2022.

Desde el 01-01-2018, se establece que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio (el día primero de abril, julio, octubre y enero). Hasta entonces, sólo se permitían 2 cambios al año (antes del 1 de mayo, con efectos desde el primero de julio siguiente; y antes del primero de noviembre, con efecto desde el primero de enero del ejercicio siguiente).

Pues bien, tenga presente que hasta el 30 de septiembre de 2021 inclusive, y con efectos para el 1 de octubre, tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también antes del 1 de octubre.

La solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo puede solicitarse directamente por el autónomo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, si dispone de un certificado digital o usuario/contraseña o mediante el servicio Cambio de base de cotización-autónomos.

Igualmente, la solicitud puede presentarse mediante el Modelo de solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo (TC.4005).

Si está interesado en modificar la base de cotización (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o la baja de incapacidad temporal), les agradeceríamos que nos lo hicieran saber con la máxima antelación posible.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

España corre el riesgo de lograr una aparente recuperación económica de la crisis del Covi-19, recuperando los niveles de PIB prepandémicos, sin encarar la corrección del enorme desequilibrio que ha supuesto para las cuentas públicas. Ante este escenario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) volvió a reclamar este martes al Gobierno central que elabore un plan de reequilibrio presupuestario a medio plazo que ayude a reconducir las galopantes tasas de déficit y deuda, habida cuenta además sus previsiones de que España deje atrás emergencia sanitaria con un incremento del gasto estructural pero el mismo nivel de ingresos.

Así lo advirtió este martes la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, en la que destacó que, a falta de conocer el impacto de la reforma fiscal que el Ejecutivo prevé impulsar el próximo año, España llegará a 2024 con un nivel de ingresos equivalente al 39,1% del PIB, ligeramente por debajo del 39,2% de 2019. Sin embargo, expuso, es de esperar que entorno a un 40% del gasto asociado a la crisis, entre medidas paliativas y sobrecostes sanitarios de las comunidades autónomos, acabe siendo estructural una vez superada la emergencia del Covid-19. Como resultado, expuso, el gasto público seguirá situado en el entorno del 42,7% del PIB para el año 2024, frente al 42,1% de antes de la pandemia. Para entonces, por tanto, el déficit público seguirá situado en el 3,5%, mientras que la deuda tenderá a estabilizarse por encima del 100% del PIB.

Herrero advierte que este desequilibrio será preocupante ya el próximo año, cuando el déficit estructural se situará en el 4,6% y la deuda en el 113,6%, puesto que, aunque la Unión Europea mantiene suspendidos los objetivos fiscales es de prever que los retome de cara a 2023, cuando podría exigir ajustes a España por haber retomado ya el PIB precrisis. La Airef, que reclamó más detalles al Gobierno sobre el impacto del Plan de Recuperación en las cuentas públicas, recibió este martes del Ejecutivo uno de los encargos que figuran en el mismo: impulsar un tercer ejercicio de revisión del gasto público (spending review) centrado en esta ocasión en las ayudas financieras a empresas y en la gestión de residuos.

La autoridad fiscal tiene ahora un mes para remitir un plan de acción al Ministerio de Hacienda, detallando su estrategia, metodología y presupuesto, y deberá presentar sus resultados no más tarde del 30 de julio de 2022. El Gobierno utilizará el documento como base para el ejercicio de revisión del gasto público que ha comprometido con Bruselas.

La lista de ‘morosos’ se hizo pública ayer lunes y, que incluye en esta ocasión un total de 3.869 contribuyentes con deudas fiscales superiores al millón de euros (un 1,6% menos que en 2020), por un volumen total de 14.100 millones (-1%). Un monto del que más de la mitad será de difícil cobro debido a la malograda situación de las empresas responsables, agravada por la crisis del Covid-19. El listado de 2021 se compone de 312 particulares que adeudan 673 millones de euros a la Agencia Tributaria (frente a los 304 contribuyentes, con 688 millones en mora de 2020), y de 3.557 personas jurídicas, con un monto pendiente de abono de 13.426 millones (el año pasado eran 3.626 con una deuda de 13.557 millones).

El mayor moroso de Hacienda es, a priori, la inmobiliaria Reyal Urbis, que adeuda 331,12 millones (frente a los 343,5 de 2020 y los 361,5 de 2018). La firma fue objeto de la segunda mayor liquidación del sector en la crisis financiera anterior, siendo la mayor la de Martinsa Fadesa, que también aparece en el listado con 27 millones. En segundo puesto aparece la constructora Isolux Corsan, con 329,7 millones de deuda, si bien este grupo encabezaría el ránking de morosos de sumar su filial Isolux Corsan Concesiones, que adeuda otros 50,04 millones.

El tercer puesto es para la promotora Nozar, con 214 millones. Le sigue la constructora Grupo Prasa (97,7 millones); Servicios Esquerdo (97,6); y Aifos Arquitectura y promoción inmobiliaria (93,37 millones). Los dueños de esta última firma, de hecho, encabezan el listado de particulares. Se trata del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado, que debe 15,68 millones, y por Teresa Maldonado Taillefer, que adeuda 15,67 millones.

Entre las empresas con mayor deuda se encuentran también la Organización Impulsora de Discapacitados OID (86 millones); el grupo Arenal 2000 (64,9); Desguaces La Torre (20,34); Abengoa, con 12,4 millones entre la matriz, la filial financiera y Abenewco; o las empresas de la familia Ruiz Mateos, con 8,9 millones de Nueva Rumasa y 3,3 millones de otras firmas. Aparecen también Polaris World (23,25 millones) y el Grupo Cantoblanco (7,4) y su filial de colectividades (3,92), pertenecientes al exlíder patronal Arturo Fernández.

De entre los particulares destaca el regreso del exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, que reaparece con 1,3 millones tras entrar en 2019 y salir en 2020; la irrupción del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con 1,46 millones; viejos conocidos como la presentadora de TV Patricia Conde (1,1 millones); la actriz Paz Vega (3,08); o el exbanquero Mario Conde (8,36), y se les suma el escritor Ildefonso Falcones (1,3).

Desde su primera edición, publicada en diciembre de 2015, el saldo neto de deudores se ha rebajado un 20% y la cuantía pendiente de abono un 9%. Comparando los nombres propios de 2015 con los de 2021 se observa que 2.608 de los morosos originales han desaparecido del listado, una rebaja del 54%. El motivo fundamental es que unos 2.500 deudores han saldado deudas por un total de 1.042 millones en estos años. Para salir basta con rebajar el monto del millón de euros, lograr un aplazamiento o caer en suspensión de pagos antes del 31 de diciembre de cada año. En 2021 han entrado en la lista 363 nuevos morosos que adeudaban 975 millones al fisco en 2020. A su vez, han salido 424 que debían 1.095 millones, mientras que 865 de los contribuyentes señalados han devuelto 127 millones en lo que va de año, lo que permitiría salir del listado a 55 de ellos.

El registro de este ejercicio, correspondiente a las deudas de 2020, se ha visto marcado por la crisis del Covid-19. De hecho, la pandemia ha incrementado el volumen de deuda difícilmente recuperable. En concreto, 7.270 millones, el 51% del total, corresponden a 1.696 deudores, el 44% del listado, que se encuentran en proceso concursal, lo que limita la capacidad de recobro de la Agencia Tributaria. El año pasado, los datos de 2019 arrojaban un 48% de deuda de difícil cobro en manos de un 38% de morosos. La nueva lista, de otra parte, recoge a 1.209 deudores por derivación de responsabilidad con una deuda de 2.560 millones, (160 millones más).

El Gobierno espera aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', a lo largo del mes de julio y dejar así preparado el terreno sobre el que diseñar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que espera presentar en septiembre, siguiendo los plazos habituales, para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año. Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo, que señalaron que "posiblemente" el 'techo de gasto' sea aprobado en Consejo de Ministros en julio, aunque, de no hacerlo, quedaría aplazado a septiembre.

El 'techo de gasto' es aprobado cada año por el Consejo de Ministros para establecer el límite de gasto sobre el que posteriormente serán diseñados los Presupuestos Generales del Estado, por lo que es considerado la antesala de la posterior tramitación presupuestaria. Para la elaboración de los Presupuestos de 2022 el Gobierno tendrá en cuenta tanto la entrada de los fondos europeos Next Generation, que servirán para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el mantenimiento por parte de la Comisión Europea de la suspensión de las reglas fiscales, que ha permitido a los países miembro incumplir los objetivos de déficit y deuda anteriores a la crisis de la Covid-19.

De esta forma, los objetivos de déficit y deuda seguirán sin ser de obligado cumplimiento por tercer año consecutivo, con el objetivo de permitir a los países un mayor margen fiscal para estimular la economía y terminar de hacer frente a la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Ante la ausencia de objetivos de déficit y deuda de obligatorio cumplimiento, una vez el Consejo de Ministros apruebe el 'techo de gasto' podrá presentarlo en el Congreso de los Diputados a modo informativo, ya que este elemento de la estabilidad presupuestaria no requiere ser votado por las Cámaras, algo que sí sucede con los objetivos de estabilidad.

En cualquier caso, las previsiones realizadas por el Gobierno en abril estiman que el déficit público se reducirá en 2022 al 5%, desde el 8,4% con el que prevé cerrar 2021, mientras que en el caso de la deuda espera que se reduzca del 120% de 2020 al 119,5% en 2021 y al 115,1% en 2022. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que la intención del Ejecutivo es presentar los Presupuestos de 2022 según el calendario ordinario, en septiembre, para que su tramitación parlamentaria se desarrolle en el último trimestre del año y las nuevas cuentas públicas entren en vigor el 1 de enero.

De cumplir estos plazos, sería la primera vez desde 2016 en la que los Presupuestos son aprobados en los tiempos establecidos por la Constitución, cuyo artículo 134 establece que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", o lo que es lo mismo, antes de finalizar septiembre.

En concreto, las cuentas de 2017 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, fueron tramitadas ya con el ejercicio correspondiente en curso, mientras que en 2019 y 2020 no llegó a haber unas cuentas públicas nuevas, ya que en 2019 el proyecto presentado por el Gobierno entonces monocolor del PSOE fue rechazado por el Congreso y en 2020 ni siquiera llegaron a presentar unas cuentas.

Si bien este martes 29 será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas, según el calendario de la Agencia Tributaria. De esta forma, los contribuyentes disponen ya de solo de tres días para confeccionar las declaraciones de la Renta correspondientes al ejercicio pasado antes de que finalice la Campaña, que arrancó el pasado 7 de abril. En los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, la campaña concluyó el pasado viernes, 25 de junio.

Por segundo año consecutivo, la crisis del Covid-19 ha marcado la campaña de la Renta, intensificándose por ello la atención telefónica y manteniéndose las medidas sanitarias de reducción de aforos y mantenimiento de distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención en las oficinas. Además, este año a las dudas tradicionales sobre la declaración de la renta (quién tiene la obligación de realizarla, cómo declarar una vivienda o realizarla de forma conjunta o por separado si estás casado o casada) también se le han sumado las peculiaridades de 2020: las prestaciones derivadas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) y el comienzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Hasta mediados de esta semana, se han presentado más de 19,3 millones de declaraciones, de las que 12,9 millones fueron a devolver, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria a Europa Press. De las declaraciones que corresponden a devolver, Hacienda ya ha pagado más de 10,2 millones por importe que supera los 6.700 millones de euros. Está previsto que en toda la campaña se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior, por un importe de 10.857 millones de euros. A su vez, se esperan 5.960.000 declaraciones a ingresar, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones.

Las previsiones de campaña vienen claramente condicionadas por el aumento de obligados a declarar como consecuencia de los ERTE (más declaraciones previsiblemente a ingresar) y por la obligatoriedad de presentar declaración para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, con un 26,9% más de declaraciones con resultado cero -ni a ingresar, ni a devolver-, dado que el IMV es renta exenta y se trata de perceptores con rentas bajas.

Sin el efecto de ambos colectivos, el número de declaraciones descendería ligeramente con respecto al año anterior, al igual que las declaraciones con saldo a ingresar, debido al efecto que ha tenido la paralización de actividad por la pandemia en las rentas derivadas de actividades económicas, las del capital y las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de inmuebles.

El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, impulsado inicialmente por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en otoño de 2018 y retomado por el actual el pasado mes de octubre, encara definitivamente la recta final de su largo periplo de tramitación parlamentaria. El Senado acaba de dar el visto bueno al texto, tras añadir varias enmiendas que prometen sufrir una suerte dispar, para su remisión al Congreso de los Diputados, donde la norma quedará culminada y lista para entrar en vigor.

La conocida como ley antifraude, que traspone una directiva europea de 2016 sobre la materia, es además una suerte de cajón de sastre que incluye desde potenciales subidas impositivas a un mayor control sobre las criptodivisas, la contabilidad B de las empresas o los pagos en efectivo, entre otros aspectos. El Ministerio de Hacienda calcula que elevará la recaudación en 828 millones de euros al año. Estas son las principales novedades que introducirá:

Una de las medidas más relevantes –y menos publicitadas– de la norma es que introduce un cambio de bases imponibles que puede derivar en subidas de los impuestos de patrimonio; transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; y sucesiones y donaciones. Como ya avanzó este diario en 2018, el paso busca acabar con la elevada litigiosidad que afecta a los valores de referencia inmobiliarios utilizados en estos tributos, que tradicionalmente gravaban el “valor real” de los pisos. Un concepto que fue desestimado por el Tribunal Supremo, que pedía regirse por valores de mercado, y que ha llevado a Hacienda a optar por imponer el uso de un nuevo valor individualizado a partir de todos los datos de que disponga el Catastro.

Los asesores fiscales vienen denunciando que la modificación supondrá un incremento de la tributación, si bien Hacienda defiende que el resultado será menos costoso que el uso del valor de mercado que vienen imponiendo los tribunales y ahorrará batallas judiciales. La nueva referencia será distinta al valor catastral y no afectará por tanto a los tributos que se rigen por este concepto, como el IRPF, el IBI o la plusvalía municipal.

La norma también busca poner coto a las “operaciones abusivas” que la Dirección General de Tributos ha detectado en torno a los pactos sucesorios o herencias en vida, disponibles en las regiones con Derecho Civil propio, como es el caso de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón o Baleares. La idea original era impedir que el traspaso de un bien por esta vía supusiera la actualización de su valor al momento de la entrega, a fin de evitar que el receptor gozara de ventajas fiscales frente al resto.

Así, por ejemplo, una persona que venda un inmueble deberá tributar por las plusvalías generadas desde su compra hasta el traspaso, pero, con la ley vigente, si su hijo lo recibe como herencia en vida podrá venderlo automáticamente por el precio al que se valore en el pacto sucesorio sin haber incurrido en plusvalías por las que pagar impuestos. Aunque esta práctica iba a ser erradicada de raíz con la ley, durante la tramitación en el Senado el PSOE ha aceptado suavizar el plan con una enmienda que permite mantener la ventaja fiscal existente siempre y cuando el receptor no enajene el inmueble hasta transcurridos al menos cinco años (o hasta la muerte del donante, si se produce antes).

Uno de los cambios más conocidos de la norma es que rebajará de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo en operaciones entre empresarios, aunque se mantiene en 2.500 en los abonos realizados por particulares. La medida, que busca acabar con el fraude fiscal en operaciones difícilmente rastreables, también reduce de 15.000 a 10.000 el tope de pago en metálico entre particulares con domicilio fiscal fuera de España.

La ley obligará a los contribuyentes a informar sobre la tenencia de monedas virtuales, se ubiquen en España o en el extranjero, y sobre la operativa realizada con ellas, detallando saldos, adquisiciones, traspasos, permutas, transferencias, cobros y pagos realizados con criptomonedas para elevar el control tributario sobre estos fondos digitales. La norma prohibirá las amnistías fiscales, vetando la capacidad de los Gobiernos para impulsar mecanismos extraordinarios de regularización tributaria como el impulsado por el Ejecutivo del PP en 2012. Siempre y cuando esta norma no vuelva a modificarse, claro está.

La regulación ampliará el listado público anual de morosos con Hacienda al rebajar el umbral para aparecer en ella del millón actual a 600.000 euros. Además, incluirá a los responsables solidarios de la deuda para tratar de apuntar a los verdaderos responsables que se ocultan tras testaferros. El texto amplía el concepto de paraíso fiscal (incluyendo al que facilite la existencia de sociedades sin operativa real; cobre muy bajos impuestos o sea opaco), si bien su nombre cambia a “jurisdicciones no cooperativas”.

La ley penalizará la producción y tenencia del denominado software de doble uso: aquellos programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad oficial de un negocio o mantener una en B. En paralelo, la norma incluye también otra batería de medidas contra la elusión y el fraude fiscal, así como una regulación sobre los registros domiciliarios que pueden hacer los inspectores fiscales para acabar con la inseguridad jurídica que ha generado la exigencia del Tribunal Supremo de que estas pesquisas estén justificadas y se anticipe al contribuyente la existencia de un procedimiento. Por el camino han quedado enmiendas como las presentadas para elevar la exigencia técnica del personal de la Agencia Tributaria, algo que lamenta la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha).

Laboral

La campaña de verano de este año generará 1.243.000 contrataciones, cifra un 20,4% superior a la del periodo junio-septiembre de 2020, según las previsiones de Adecco difundidas este martes. Del total de contratos previstos, 136.200 estarán vinculados a las rebajas de verano, un 14% más que el año pasado. Según Adecco, el auge del turismo estival y el consumo en las rebajas, unido a los mejores datos sanitarios, con casi el 50% de la población española vacunada con una dosis, "crea un escenario muy propicio para la recuperación del empleo".

En valores absolutos, Cataluña será la comunidad que más contrataciones realice durante la campaña de verano, con más de 209.500 puestos de trabajo, seguida de Comunidad Valenciana, con 156.000 contratos, y Murcia con 150.000. A continuación, se sitúan Madrid y Andalucía, con 145.100 y 129.200 nuevas contrataciones, respectivamente. En términos relativos, Navarra experimentará el mayor incremento de la contratación en verano, con una subida del 60% respecto a la campaña de 2020, seguida de las islas: tanto en Canarias como en Baleares se registrarán aumentos interanuales de la contratación del 50%.

Las previsiones de Adecco cifran en 136.200 los contratos que se realizarán sólo para la campaña de rebajas de verano. Cataluña (27.000 nuevos empleos), la Comunidad de Madrid (16.500), la Comunidad Valenciana (16.400), Andalucía (16.150) y Castilla y León (9.600 firmas) serán las que más contratos firmen para esta campaña. En valores relativos, las contrataciones para las rebajas crecerán principalmente en Madrid, con una subida del 18% respecto al año anterior; Cataluña (+16,7%) y Comunidad Valenciana, que aumenta la contratación respecto a 2020 un 16,5%.

Según Adecco, los sectores vinculados al turismo, la hostelería y el comercio, tanto físico como electrónico, serán los que más empleo generen en la campaña de verano y para las rebajas. Entre los perfiles más demandados se encuentran los de camarero, cocinero, dependiente, cajero, mozo, preparador de pedidos, y carretillero. Además, como sucedió el verano pasado, nuevos profesionales que no existían antes de la crisis del Covid tendrán su hueco en algunas regiones, como son los desinfectadores y los auxiliares de playa.

Gobierno y agentes sociales cerraron este lunes un principio de acuerdo para acometer la primera fase de la reforma del sistema de pensiones. A grandes rasgos se podría resumir bajo el principio de que el acuerdo garantiza el poder adquisitivo de las pensiones (y su revalorización de acuerdo con el IPC) a cambio de alargar la edad real de jubilación y acercarla a la edad legal. De esta forma, según indican fuentes del Ejecutivo, para 2050 el Gobierno busca retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 64 años y medio. La legal, que ronda los 66 y llegará a 67 en 2027, no se altera. El pacto aún debe ser ratificado por los órganos de CEOE, que lo votarán este martes.

Pero este primer acuerdo de pensiones incluye más medidas y ha sido celebrado por los sindicatos UGT y CCOO como “uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social”. Según los representantes sindicales, el preacuerdo alcanzado con el Gobierno y con CEOE (a la espera de la ratificación por parte de los órganos de gobierno de la patronal) “cambia el rumbo de las pensiones al suprimir los recortes de 2013”.

Así, el pacto recupera la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC (y acaba con el índice que condenaba a los pensionistas a una subida máxima del 0,25% por décadas) y deroga el factor de sostenibilidad, que iba a obligar a recortar la cuantía de la pensión con la mayor esperanza de vida. Ambos elementos constituyeron la pinza con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso poner el sistema de pensiones a salvo de las tensiones futuras por el envejecimiento de la población, a base de recortar la cuantía de las prestaciones. Ahora, la ecuación se ha montado sobre la variable de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. En esta primera fase, el acuerdo social ha sido posible entre otras razones porque la parte más antipática del acuerdo, la de los ajustes, se ha dejado para después, para el otoño y para la primera parte de 2022. La reforma que acometió el PP en 2013 se hizo sin acuerdo social.

El preacuerdo está a la espera de ser ratificado por el órgano de gobierno de la CEOE este martes y de su rúbrica oficial, por parte del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de los máximos representantes sociales al final de esta semana. Si se cumple lo previsto, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley el próximo martes, dentro del primer semestre, según lo comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. El proyecto iniciaría su tramitación parlamentaria en el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, con vistas a su entrada en vigor en enero próximo.

Según el preacuerdo de esta primera ronda de reformas, las pensiones subirán a partir de ahora de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) medio del año anterior (noviembre sobre noviembre). Se da la circunstancia de que esta medida se estrenará precisamente en un contexto de un IPC inusualmente elevado en 2021. El panel de expertos de Funcas sitúa en el 1,6% la inflación media de 2021.

La revalorización de las pensiones con el IPC tiene un impacto considerable en las cuentas públicas. El Gobierno estima que puede añadir 2,5 puntos de PIB adicionales de gasto público en el horizonte del 2050 (equivalentes a unos 30.000 millones de 2021) y para compensarlo confía en gran parte en otros elementos acordados ahora con los agentes sociales para acercar la edad real de jubilación (64,2 años en la actualidad) a la edad legal (66 años en 2021 y 67 años a partir de 2027).

Para lograrlo, el acuerdo incluye estímulos para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Además, fija una mayor penalización para quienes anticipen su jubilación 23 o 24 meses o para quienes lo hagan en los tres meses previos a la edad legal (para el resto de los tramos se reducen los coeficientes reductores. Sobre todo, se endurecerá la prejubilación de los trabajadores en base máxima de cotización, que estrenarán mayores coeficientes reductores a partir de 2024, de forma paulatina hasta 2033. Todas estas medidas, según los planes del Gobierno, deberían contribuir a elevar en dos años la edad real de jubilación, hasta los 66,5 años, en el horizonte de 2050.

Ello permitiría compensar alrededor de 1,3 puntos de los 2,5 puntos de PIB de mayor gasto por subir las pensiones con el IPC. Según el Ministerio de Seguridad Social, el resto del impacto debería quedar compensado, con ayuda de otras medidas, como la separación definitiva de fuentes de financiación del sistema de pensiones (que se adelanta un año, a 2022), el nuevo sistema de cotización de los autónomos, la elevación de las bases máximas o el nuevo “mecanismo de equidad” con el que el Ejecutivo quiere sustituir al factor de sostenibilidad del PP. La negociación de esta segunda fase de la reforma queda abierta para el otoño y la primera parte de 2022.

Este lunes se producirá la esperada reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales en la que las partes aspiran a sellar un pacto sobre el primer paquete de reforma de las pensiones comprometido con Bruselas. En él, tal y como adelantó este medio, se incluye la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por determinar, que entraría en vigor en 2027. Inicialmente, las partes iban a darse un año para aprobar el nuevo mecanismo, pero finalmente ese plazo se ha reducido a cinco meses para así incluir la nueva herramienta en el proyecto de ley que el Ejecutivo prevé firmar antes de que termine 2021.

Atado este punto, parece haber llegado el momento del pacto que Gobierno y sindicatos llevaban semanas dando por “inminente”, pero al que la CEOE había puesto paños fríos, a pesar de señalar que las tratativas estaban “muy avanzadas”. “La música [de las negociaciones] suena bien, pero la letra todavía vamos a ver hasta dónde llega”, dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la Asamblea General de la organización celebrada la semana pasada.

“Estamos cerca del acuerdo y esto conllevaría necesariamente la derogación del factor de sostenibilidad”, aseguró ese mismo día Unai Sordo, secretario general de CC.OO., en otro acto. De esta forma, los sindicatos obtendrían una de sus principales peticiones, que era quitar este mecanismo, incluido en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy, que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.

Su otra gran demanda era la vinculación del cobro de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según el borrador del anteproyecto de ley, las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las prestaciones no se reducirían, se mantendrían igual.

Además, en el pacto se contempla una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación. Si el trabajador lo desea, dicho porcentaje podrá sustituirse por un cobro único que estará determinado por el importe de la pensión y el tiempo cotizado. Esto supondrá que una persona con una jubilación de 9.569 euros (683 euros al mes) podrá optar a una prima de 4.786,27 euros. Los que tengan una pensión de 37.567 euros (el máximo) y hayan cotizado más de 44 años y medio, tendrán derecho al integro de un pago de 12.060,12 euros por cada año que decidan demorar su jubilación.

Otra de las medidas que el Ejecutivo aprobará para lograr su objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva será la implantación de penalizaciones a la jubilación anticipada. Así, por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización, cuya suma oscilará entre el 2,81% y el 21%.

Quedan fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. Estos puntos serán tratados en la segunda parte de la revisión del sistema de pensiones, que está previsto que se apruebe el próximo año.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la entidad bancaria Cajamar han alertado este jueves sobre el peligro que puede suponer la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones, sin establecer una alternativa compensatoria que equilibre las cuentas públicas. “La derogación de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias comportaría un aumento muy significativo del gasto futuro en pensiones, lo que pondría mucha presión en las cuentas del Estado”, ha asegurado Ángel de la Fuente, presidente de Fedea, durante la presentación del estudio "El futuro de las pensiones en España".

El Gobierno derogará desde ya el mecanismo que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy, que ligaba las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. El acuerdo para la reforma de las jubilaciones todavía no está firmado, pero los agentes sociales y el Ejecutivo han indicado que está muy avanzado y esperan poder cerrarlo la semana que viene, tras la reunión que se celebrará el lunes.

“El principio de acuerdo de la reforma de pensiones garantiza la suficiencia, pero pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”, ha advertido Fedea. “El Gobierno ha empezado a tomar medidas que afectan al sistema. Lo que se ve venir nos preocupa bastante”, ha comentado De la Fuente. Fedea considera que el Pacto de Toledo parte de “un diagnóstico voluntariosamente optimista de la situación financiera actual y de las perspectivas futuras” del sistema, y que será inevitable la introducción de reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Según este estudio, el Estado tendrá que destinar cada año entre 3,2 y 5,2 puntos extra de PIB durante varias décadas al sistema para poder hacer frente al pago de las jubilaciones.

José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, ha señalado que este primer acuerdo entre agentes sociales y Gobierno garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, pero que lo más difícil aún está por venir. “Ahora se ha aprobado lo fácil, lo difícil es hacer sostenible el sistema. Anticipo que será imposible hacer la reforma de calado que se necesita sin un gran pacto nacional”, ha dicho Conde-Ruiz. La segunda parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha dejado para el año que viene, contemplará temas como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.

Desde Fedea han indicado que hay dos factores que podrían ayudar a la sostenibilidad del sistema en el futuro: un gran aumento de la productividad y un incremento de la inmigración que sume cotizantes. “Necesitamos una política proactiva en la búsqueda de inmigrantes. Hay que buscar en origen qué tipos de inmigrantes necesita el país”, ha señalado Conde-Ruiz, quien a continuación ha alertado de que en 2050 España será uno de los países más envejecidos del Viejo Continente.

Según los modelos de proyección utilizados para la realización del estudio, Fedea calcula que entrarán en el país unos diez millones de inmigrantes en los próximos años. “Sin esos diez millones entonces sí que sería inabarcable [el problema de las pensiones]”, ha puntualizado Conde-Ruiz.

Por último, desde Fedea han hecho énfasis en la baja tasa de fecundidad de España que lo ha transformado en el país industrializado con la fecundidad más baja del mundo. Esta circunstancia, han indicado, no es algo deseado, ya que España es uno de los países del mundo con mayor diferencia entre el número de hijos que las familias desean tener y los que finalmente tienen. “Esto deja claro que hay barreras a la natalidad. La principal traba para la fecundidad sería no solo la falta de apoyo, sino la precariedad laboral. Lo primero que hay que hacer es una reforma del mercado laboral”, ha asegurado el subdirector de Fedea.

Así se recoge en la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese mismo porcentaje, por sexos, fue del 11,1% en hombres y del 25,7% en mujeres, diferencia que se explica en cierta medida por la mayor proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial. En el año que es objeto de este estudio, el 2019, el SMI tuvo una subida histórica del 22%, pasando de 735,60 euros a 900 euros al mes. El objetivo del Ejecutivo es que siga aumentando hasta representar el 60% del salario medio al final de la legislatura, el cual ascendió a 24.396 euros anuales en 2019, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al ejercicio anterior.

A la espera de saber cuál fue el salario medio de 2020 (el dato definitivo todavía no ha sido publicado), el comité de expertos que analiza la ruta de subida del SMI ha indicado que el salario mínimo debería aumentar entre un 6,4% y un 10,4%, hasta una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros (actualmente está en 950 euros). La subida final dependerá de cuánto se mueva el salario medio.

El debate sobre cuándo deberá abordarse dicho incremento dependerá en gran medida de la reunión que tienen pendiente la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Díaz aboga por comenzar a aumentarlo este año, mientras que el jefe del Ejecutivo ha enfriado una posible subida inmediata, para favorecer la creación de empleo y consolidar la recuperación económica. Después, tendrán que negociar con los sindicatos, quienes han dicho que serán “beligerantes” si finalmente se congela este año; y con los empresarios, partidarios de no subirlo más.

El INE en su estudio señala que hay una gran cantidad de trabajadores que se encuentran en la escala salarial más baja, por lo que el sueldo medio fue superior en 2019 tanto al salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un sueldo superior y los que tienen un sueldo inferior) que fue de 20.351 euros; como al más frecuente, que alcanzó los 18.490 euros.

Por sexos, la ganancia media anual fue de 26.934 euros para los hombres y de 21.682 euros para las mujeres, lo que suponen sendos incrementos del 0,7% y del 3,2% respectivamente en relación a los niveles de 2018. Así, el salario medio de las mujeres solo representó cuatro quintas partes del de los hombres. La brecha salarial también queda patente en la descripción de trabajadores con ganancias bajas (asalariados cuyo sueldo por hora está por debajo de los dos tercios del salario mediano), que fue del 15% en 2019. De ese porcentaje, casi el 64% fueron mujeres, lo cual, indican desde el INE, vuelve a explicarse en parte por el mayor porcentaje de mujeres que tienen empleos a tiempo parcial.

En cuanto a sectores, la actividad económica que presentó el mayor salario medio anual de 2019 fue la de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que escaló hasta los 52.162 euros por trabajador. Esta cifra fue un 113,8% superior a la media nacional. El siguiente sector con el salario más alto fue el de actividades financieras y de seguros, con 44.303 euros.

Por el contrario, hostelería y otros servicios tuvieron los peores salarios medios anuales, con 14.562 y 17.067 euros, respectivamente, lo que supone un 40,3% y un 30% inferiores a la media. En relación a la variación anual de los sueldos, los sectores que tuvieron un mayor incremento de los mismos fueron los relacionados con actividades inmobiliarias, educación e información y comunicaciones, que crecieron un 9,8%, 9,4% y un 4,6% respectivamente. Donde más cayeron los salarios fue en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que disminuyeron un 2,3%.

Por otro lado, el estudio señala que la ocupación del trabajador es una de las variables que más influyen en el nivel salarial y que la que más destacó en 2019 fue la del grupo de “directores y gerentes”, que superó en un 132,1% a la media de sueldos del resto de ocupaciones. También por encima de la media, se encontraron categorías como “otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “técnicos y profesionales de apoyo” o “trabajadores de los servicios de protección y seguridad”.

Mercantil, civil y administrativo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en junio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,6%, lo que supone una moderación de una décima respecto al repunte de mayo (2,7%), que había sido el más intenso desde 2017, según los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de junio, el IPC interanual encadena su sexta tasa positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017. No obstante, de confirmarse el dato el próximo 14 de julio, los precios apuntarían a un cambio de tendencia con respecto a la aceleración registrada en los últimos meses -tras permanecer congelados en febrero, subieron un 1,3% en marzo, un 2,2% en abril y un 2,7% en mayo-.

Según Estadística, a la moderación una décima del IPC hasta el 2,6% contribuyeron principalmente los carburantes y combustibles, cuyos precios aumentaron en junio menos de lo que lo hicieron en igual mes de 2020. En tasa mensual, el IPC aumentó un 0,4% en junio, una décima menos que en mayo, y ya suma cuatro meses consecutivos de ascensos.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos por ser los más volátiles), que cifra para junio en un 0,2% interanual, lo mismo que en mayo y tasa casi 2,5 puntos inferior al índice general.

En el sexto mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,4%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA no experimentaría variación respecto a mayo. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA subió un 0,4% en tasa mensual. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 14 de julio.

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) acordada el pasado viernes entre los negociadores del Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo ya tiene luz verde de los ministros de agricultura de la UE. Los Veintisiete han aprobado este lunes los tres reglamentos que permitirán impulsar una política más verde, justa y eficaz en el futuro, y que incluye por primera vez los llamados ecoesquemas para incentivar a los agricultores a utilizar prácticas agrícolas más ecológicas. La nueva PAC comenzará a aplicarse en 2023 y los gobiernos europeos tendrán hasta finales de este año para presentar ante la Comisión Europea los planes estratégicos nacionales.

“Es la mayor reforma de la PAC desde los años 90 y busca garantizar un sistema alimentario europeos más sostenible, justo e inclusivo”, ha celebro la ministra de agricultura portuguesa y presidenta de turno del Consejo, Maria do Céu Antunes. “Gracias a la reforma, la futura PAC mejorará el medio ambiente, el clima y el bienestar de los animales y será más favorable para los agricultores”, ha valorado el comisario de agricultura, Janusz Wojciechowski que ha recordado que el problema actual es que la agricultura “es cada vez más intensiva”, con un número de explotaciones agrícolas perdidas en los últimos años muy grande, en total, 4 millones de pequeñas explotaciones en 10 años. “Esto es negativo. Hay que protegerlas, darles una oportunidad, no solo de existir sino también de que se desarrollen”, ha indicado.

La principal novedad de la reforma gira entorno a la creación de los llamados ecoesquemas. Se trata de un nuevo instrumento destinado a incentivar y premiar a los ganaderos y agricultores que utilicen prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima en su producción como el barbecho, la agricultura ecológica o de precisión entre otros. Quien opte por este tipo de prácticas podrá optar a más subvenciones que el resto. Según el reglamento, el 25% de las ayudas directas de la PAC -a medio camino entre el 20% que pedían los gobiernos y el 30% que exigía la Eurocámara- tendrán que estar destinadas a los ecoesquemas aunque habrá un período de flexibilidad durante los dos primeros años.

La nueva reglamentación también incluye exigencias para mejorar el apoyo a los jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones, así como las condiciones de trabajo. Por ejemplo, no habrá un tope máximo de 100.000 euros por explotación, pero los Estados miembros deberán destinar al menos el 10% de los pagos directos nacionales a apoyar a las explotaciones más pequeñas. Además, un mínimo del 3% de los pagos directos deberá ir a ayudar a los jóvenes agricultores mientras que un mecanismo conectará, voluntariamente desde 2023 y obligatoriamente desde 2025, los pagos de la PAC de forma que sea más fácil castigar las vulneraciones de la legislación laboral y social.

“No ha sido fácil, han sido seis presidencias (europeas). Para España es un buen acuerdo. Hemos visto nuestros objetivos cumplidos”, ha valorado el ministro de agricultura, Luis Planas, que al igual que la presidencia portuguesa considera “histórico” el acuerdo porque supondrá un “cambio sustantivo” de enfoque en la gestión de la PAC, cuyo presupuesto para el período 2021-2027 ascenderá a 380.000 millones de euros, de los cuáles casi 47.000 millones serán para España. Planas, que ha calificado de equilibrada la reforma entre rentabilidad de las explotaciones y la ambición ambiental, ha indicado que el siguiente gran paso será trasladar a España el acuerdo logrado a nivel europeo con el objetivo de terminar de definir el plan estratégico nacional español que deben entregar al Ejecutivo comunitario antes del 31 de diciembre de 2021.

“Si hemos sido capaces de hacerlo en Europa espero y deseo que seamos capaces de hacerlo en España”, ha indicado. Aunque no hay fecha para la reunión con las CCAA, Planas ha anunciado que se pondrán en contacto en 48 horas para convocar una reunión sectorial. “Estamos viendo posibilidades de agenda y pasado mañana definiremos a fecha exacta, pero tendrá lugar en el mes de julio”, ha explicado.

Las grandes firmas de inversión, aquellas consideradas de carácter sistémico, tendrán empezar a rendir cuentas ante el BCE a partir de mañana 26 de junio. La institución va a supervisar de forma directa a aquellas con activos por más de 30.000 millones de euros y el primer paso será solicitarles una licencia bancaria, de acuerdo a la nueva legislación europea que entra en vigor.

El BCE asumió a finales de 2014 la supervisión directa de las entidades financieras de la zona euro de mayor tamaño, pero las firmas de inversión han tomado en los últimos años un creciente papel sistémico que ha llevado a incluirlas bajo ese paraguas supervisor, ante el riesgo que pueden suponer para la estabilidad financieras. Recientes episodios como el colapso en EE UU del family office Archegos han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema y las lagunas regulatorias que existen respecto a las firmas de inversión.

Según el comunicado publicado hoy por el BCE, las grandes firmas de inversión que operan en la UE deberán pedir una licencia bancaria, al pasar bajo la supervisión del banco central. El BCE explica que estas firmas, al igual que los bancos, también están expuestas a los riesgos de crédito y de mercado. “Las firmas de inversión juegan un importante papel en el mercado de capitales porque ofrecen a los inversores acceso a los mercados de valores y de derivados a través de numerosos servicios, incluyendo el asesoramiento, la gestión de carteras, la intermediación, la ejecución de órdenes o la cobertura de riesgos”, justifica el BCE.

El BCE define como firmas de inversión sistémicas aquellas que negocian instrumentos financieros o tienen activos consolidados por encima de 30.000 millones de euros, a las que se considera con un importante riesgo en balance. Está previsto que ya en la segunda mitad de este año pase bajo supervisión del BCE una primera lista de firmas de inversión, una vez que ya hayan recibido la licencia bancaria. El banco estadounidense Citi ya anunció a principios de mes que su broker europeo se está preparando para pasar bajo la supervisión del BCE, después de haber cuadruplicado sus activos en 2020.

Reino Unido ha cambiado esta tarde su criterio y ha abierto la mano al pasar a Baleares, Malta y Madeira de la lista ámbar a la verde, lo que significa que cualquier turista británico podrá viajar desde el 30 de junio a esos tres destinos sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. No deberá traer una PCR a la entrada a España, siempre que no haya viajado a otro país en los 14 días anteriores al viaje, pero sí deberá realizarse otras dos PCR a la vuelta. Esos tres destinos se convertirán, por ahora, en los únicos en Europa en recibir turistas británicos este verano y la reacción por parte de la industria fue inmediata.

Los turoperadores, como TUI o Jet2 empezaron a organizar sus paquetes turísticos, mientras que las aerolíneas también aceleraron la venta de asientos a Baleares. También las grandes cadenas hoteleras, como Meliá, Barceló, Riu o Iberostar, relanzarán sus ventas ante el aluvión de reservas que esperan, toda vez que Baleares es uno de los destinos a los que podrán viajar los británicos sin cuarentena y que los otros dos (Malta y Madeira) tienen una capacidad hotelera muy limitada.

En esta última revisión no ha entrado Canarias que, al igual que Baleares, quería que Reino Unido diferenciará la buena situación sanitaria de los archipiélagos frente a la peor de la Península. Una situación que ha cambiado en las últimas semanas por los rebrotes en la isla de Tenerife, que han llevado a tener una situación epidemiológica peor que la media de España. En consecuencia, pasará este sábado a nivel 3, lo que significa que solo permitirá reuniones ce cuatro personas del mismo grupo de convivencia como máximo y el cierre de la hostelería a las 23.00.

Ese balón de oxígeno de Reino Unido hacia países como España, muy dependientes del turismo internacional, puede acabar pinchando en breve por la presión del eje francoalemán. En la reunión de líderes europeos en Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron instaron al resto de países europeos a pactar una estrategia común para combatir la erradicación de nuevas variantes del coronavirus como la delta, con origen en India, pero que ya se ha vuelto dominante en otros países, como Reino Unido.

La disparidad de criterios entre los socios comunitarios es evidente. Mientras que la UE levantó las restricciones para viajar a 13 países extracomunitarios, entre los que no estaba Reino Unido, la respuesta particular de cada país ha sido muy distintas. Mientras que Portugal y España no han puesto ningún límite a la llegada de viajeros desde Reino Unido, Francia o Alemania sí exigen cuarentena a los británicos que viajen a sus países, lo que de facto supone vetar su llegada.

En el otro lado, Reino Unido baraja la posibilidad de dejar viajar sin restricciones a los 32 millones de personas (en torno al 60% de la población susceptible de ser vacunada) que tienen la pauta completa y que, por lo tanto, tienen un nivel de inmunización que les protege frente a la variante delta. Una decisión que podría servir para reactivar de forma definitiva los viajes de los británicos a los grandes destinos de sol y playa como España, Italia, Grecia o Portugal.

El Gobierno central pretende blindar la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible que queda en España y hacer lo propio con las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción. Para ello, en el marco de la futura ley estatal por el derecho a la vivienda, el Ejecutivo contempla medidas que impedirían a las comunidades autónomas y gobiernos locales vender o enajenar las casas de su titularidad, como ya ha sucedido en varias ocasiones en regiones como Madrid. “Estamos buscando cuál es la fórmula jurídica adecuada. Tiene que haber sensibilidad porque la competencia final es de las comunidades autónomas”, confirman a este diario fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La idea del Gobierno, tal y como explican estas fuentes, es establecer un mecanismo legal para blindar las viviendas que ya existen –casi 300.000 en toda España– y que las que hoy están desarrollándose con fórmulas de colaboración público-privadas no puedan ser vendidas una vez que la titularidad de los inmuebles sea 100% pública. El conocido como Plan 20.000, por el que se construirán unas 24.000 viviendas para el alquiler asequible en toda España, ilustra cuál sería el funcionamiento en el segundo de los dos casos.

Por este plan, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente.

De esta forma, prosiguen estas fuentes, tanto en el caso de las viviendas que ya existen como en el de las que están por construirse, “el Estado no perdería toda la inversión que ha realizado”. Y, además, “contribuiríamos a agrandar el parque de vivienda asequible, algo que es muy urgente”, reiteran.

Hay que recordar, insisten llegado este punto, en que la mayor parte del parque ya generado, así como el que se está construyendo en estos momentos, ha conseguido ver la luz gracias a la financiación de los diferentes planes estatales de vivienda y también de los fondos europeos. “Es una inversión que no se puede perder. No puede volver a producirse una enajenación como la que hemos visto en algunas ocasiones”, explican las mismas fuentes, que prefieren no señalar a ninguna comunidad en concreto.

Uno de los casos más sonados es la venta en 2013 de casi 3.000 viviendas públicas (la mayoría en régimen de alquiler) a Goldman Sachs por parte de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por el PP de Ignacio González. Pese a que una reciente sentencia obliga a revertir la operación, el actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la ha recurrido, alargando la batalla judicial.

El mecanismo del blindaje, enmarcado dentro de la próxima ley estatal de vivienda, tendría el visto bueno tanto del PSOE como de Unidas Podemos, que negocian la futura norma aún con importantes divergencias en lo que se refiere a la regulación de precios del alquiler (ver despiece). A la hora de proteger la vivienda pública, no obstante, los dos socios de Gobierno parecen estar de acuerdo, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

Según las últimas cifras oficiales, publicadas por Transportes en el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque público destinado al alquiler asequible ronda en España los 290.000 inmuebles. De ellos, unos 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otros 110.000 corresponden a los ayuntamientos y sus entidades. Este parque ofrece cobertura a únicamente un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en el país.

A las ya existentes se le suman las decenas de miles de casas proyectadas por el Ejecutivo con el objetivo de engordar el exiguo parque. Por un lado, están las 24.000 del citado Plan 20.000 y, por otro, las viviendas que se construirán con cargo al fondo de recuperación de la UE, que sumarán otras 20.000 al alquiler social para alcanzar un total de 44.000 inmuebles más antes de que termine la legislatura.

Sector

La revolución verde llega al sector legal. El terremoto provocado por los Fondos Next Generation dejará en los países de la Unión una lluvia de 750.000 millones de euros en ayudas a proyectos de digitalización y transición ecológica, y de paso, importantes cambios en el mundo de la abogacía. El sector demanda expertos en cuestiones medioambientales para encarar horas de negociación y complejas licitaciones públicas, un escenario donde los letrados jugarán un papel importante. Desde que la Comisión Europea asignó las primeras partidas en enero, la abogacía vive su particular baile de fichajes. Cotizan al alza especialistas en áreas como administrativo, nuevas energías y transición ecológica, pero también personas ajenas al mundo jurídico, como economistas, informáticos, ingenieros o matemáticos.

Sin ir más lejos, hace solo unas semanas Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) incorporaba a sus filas a Vanessa Armas para reforzar el área de Energía. Armas es experta en operaciones de financiación de proyectos de infraestructuras y energías renovables. El fichaje se suma al de Eduardo Orteu, experto en cuestiones de sostenibilidad, medio ambiente y aguas, quien pasa al sector privado desde el Ministerio de Transición Ecológica. El bufete tiene claro que hay que estar preparado para dar asesoramiento, una vez el grifo se abra del todo. “Hemos reforzado estas áreas para hacer frente a la llegada de Fondos UE con incorporaciones tanto en la oficina de Madrid como en Barcelona, en particular con abogados que tienen gran experiencia en la Administración Pública”, apuntan sus socios.

También hay cambios en Broseta. En abril, la firma anunció la llegada de Andrés Campaña como socio para reforzar el área de práctica de transición ecológica. La jugada no es casual, ya que el jurista atesora 16 años de experiencia en Iberdrola. Su contratación, apunta el despacho, “va más allá de la gestión inmediata de los fondos europeos para la recuperación”, aunque admiten que “su perfil es y será esencial en el ámbito del asesoramiento en estas ayudas”.

Las firmas internacionales también mueven ficha en la carrera ecológica. Bird & Bird amplió equipo en marzo con la bienvenida en España a Alfonso Bayona, otro especialista en recursos naturales e infraestructuras. Para Coral Yáñez, socia de Derecho Público y codirectora nacional del bufete, la llegada del experto al despacho, antes en Fomento de Construcciones y Contratas, “aporta una experiencia singular en el sector de la gestión de residuos, la economía circular y el medio ambiente”.

“Bayona aúna una dilatada experiencia en operaciones mercantiles y financieras en el sector energético y de las infraestructuras que nos permite ampliar nuestra base de clientes ante las nuevas oportunidades que se abren en los sectores de la energía y del medio ambiente”, recalca Yáñez.

Precisamente, en el mismo mes, la multinacional de abogados Dentons incorporaba a Fermín Garbayo, ex Gómez-Acebo y Pombo, como nuevo líder de Energía en España. Su currículum registra una dilatada experiencia en operaciones de adquisición y financiación de proyectos de energía renovable. Daniel Vázquez, socio director del departamento de Derecho Público y Medio Ambiente del bufete, señala que su fichaje “es una muestra más de nuestra decidida voluntad de acompañar a nuestros clientes en su transición hacia un modelo energético bajo en emisiones de carbono”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que confía en que a partir de finales de 2022 empezarán a abrirse oficinas de justicia en todos los municipios que carecen de juzgados, unos 7.000 en toda España. Esta es una de las medidas acordadas por el Ministerio y las doce comunidades con competencias en administración de justicia, que han celebrado en Tenerife la primera conferencia sectorial con formato presencial desde hace un año, la cual ha estado marcada por la unanimidad, la unidad y la cogobernanza "en un momento de tanta tensión", según ha destacado el ministro.

"Empezamos con promesas y cada vez tenemos más realidades" fruto de "un trabajo compartido" y basado en "proyectos concretos" para abordar la modernización y la eficiencia en la administración de justicia, dijo Juan Carlos Campo. Cuestiones como la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, la igualdad, la sostenibilidad de las sedes judiciales, la eficiencia, la modernización, la transformación de la justicia y los medios alternativos de solución de conflictos avanzan entre el consenso, puso de manifiesto Campo.

La implantación de oficinas de justicia en todos los municipios que carecen de juzgados va a ser "un reto" que involucra a la administración local, según subrayó Campo, quien confió en que dada la unanimidad entre las administraciones y fuerzas políticas puedan ser una realidad a partir de finales del próximo año. El viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, coincidió en que la cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas está funcionando durante la pandemia.

Gracias a eso, el área de Justicia será la primera de la Junta de Andalucía en recibir fondos europeos, treinta millones de euros para cuestiones relacionadas con la digitalización, la ciberseguridad y el teletrabajo. El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, destacó que el sistema de administración de justicia que se está diseñando es participado por las comunidades autónomas y afirmó que la suya aporta prácticas punteras en digitalización, en la resolución de conflictos y en justicia restaurativa.

Desde el 1 de julio, los abogados internos de empresa o in house deben estar inscritos en los diferentes Colegios de la Abogacía como letrados ejercientes para dedicarse por cuenta ajena y de forma profesional al “asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses ajenos en la vía extrajudicial, judicial o arbitral”.

De esta forma el nuevo Estatuto General de la Abogacía, publicado en el BOE del pasado 24 de marzo, amplía la anterior concepción profesional de los abogados de empresa. La normativa previa –vigente desde 2001 hasta el próximo 1 de julio- consideraba abogados a quienes de forma profesional se dedican al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, sin mencionar el arbitraje y la vía extrajudicial. Además, hacía referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en su art. 544 la obligatoriedad de la colegiación de los abogados para actuar ante los juzgados y tribunales.

Dionisio Escuredo, director del Área de Ordenación de la Práctica Profesional del Colegio de Abogados de Madrid, ha asegurado durante la jornada ‘El nuevo Estatuto General de la Abogacía Española. Singularidad de los abogados de empresa’, que “los colegiados como no ejercientes no pueden considerarse como abogados de empresa y podría dar lugar al intrusismo profesional”.

De hecho, intervenir ante un tribunal siendo colegiado no ejerciente, aparte de dar lugar a un incidente de nulidad, también podría abrir una responsabilidad civil frente a quien haya causado un perjuicio; sin contar con el tema del intrusismo administrativo.

La realidad es que es en el mundo de la empresa donde se detecta el mayor número de personas que prestan asesoramiento sin estar debidamente colegiados como ejercientes, “pero en muchas ocasiones se realiza sin saberlo”, asegura Escuredo. En Valencia y Cataluña, las leyes de colegios profesionales establecen que este asesoramiento jurídico por colegiados no ejercientes -cerca de 100.000 *en toda España- es motivo de sanción disciplinaria por intrusismo administrativo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras analizar el borrador de Estatuto de la Abogacía, consideró en sus alegaciones que la figura del “profesional de la abogacía” se crea con funciones más amplias que las propias del abogado. Esta ampliación de la reserva de actividad tiene efectos dañinos sobre la competencia y no está amparada en la Ley Orgánica del Poder Judicial que “solo exige la colegiación obligatoria para actuar ante los juzgados y tribunales”.

Aunque valoró positivamente algunos aspectos del Estatuto, la CNMC criticó el artículo 4.3 del borrador del Estatuto que preveía que “los colegiados no ejercientes no podrán dedicarse a realizar actividades propias de la abogacía, ni utilizar la denominación de abogado o abogada”. Esto suponía, para Competencia, impedir a los no ejercientes realizar los actos propios de la profesión y utilizar la denominación de abogado a pesar de cumplir con los requisitos de capacitación profesional exigidos en la normativa aplicable. Al final este apartado se eliminó del Estatuto final.

El nuevo Estatuto de la Abogacía da un respaldo importante a los abogados internos de empresa para proteger el secreto profesional. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha destacado que tanto “abogados internos como externos tenemos el mismo régimen de secreto profesional y el reto actual es protegerlo frente a las autoridades fiscales”.

Con la nueva normativa, los empresarios y empleadores deben respetar los derechos estatuarios de los abogados in house y “si se limitan podrían pedir el amparo colegial”, asegura Dionisio Escuredo. De hecho, la entidad colegial ha amparado a abogados de empresa frente a actuaciones de la Agencia Tributaria y en la prevención del blanqueo de capitales. Además, es recomendable que en el contrato laboral con el abogado de empresa se formalice por escrito el respeto a su libertad, independencia y secreto profesional y recoger si el ejercicio profesional es en régimen de exclusividad. Todos estos derechos no son aplicables a los colegiados no ejercientes con el nuevo Estatuto.

Ejercicio ocasional. El nuevo Estatuto de la Abogacía elimina la posibilidad que existía en la antigua norma de ejercer de forma ocasional y de la autodefensa. Los colegiados no ejercientes podían ejercer la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También se ha eliminado la habilitación del decano del Colegio de Abogados para la autodefensa o ejercicio ocasional, disfrutando de todos los derechos concedidos en general a los abogados y la asunción de las correlativas obligaciones.

La Abogacía Española ha rechazado de plano ante el Ministerio de Justicia cualquier posibilidad de que los Graduados Sociales puedan entrar a formar parte del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG). Invitados a un encuentro en la sede del departamento ministerial junto con los órganos de representación de Graduados Sociales, los representantes de Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) no han dudado en ofrecer diversos y contundentes argumentos que desaconsejan una posibilidad que no haría más que generar una enorme confusión y desigualdad en el sistema.

Así, en primer lugar, la Abogacía ha apuntado que la participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de AJG generaría una suerte de doble turno aleatorio, con juristas atendiendo a unos clientes y representantes técnicos asistiendo a otros. Pero, además, rompería con el principio de unidad de defensa, ya que los letrados que a menudo atienden causas laborales terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal. En este sentido, la inclusión de los graduados sociales no haría más que complicar las cosas, pues no podrían extender su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos.

Además, señala el CGAE en una nota informativa, la inclusión de estos profesionales en el turno de la jurisdicción social significaría que sus colegiados quedarían fuera del Código Deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía, a quienes la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial otorga, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos.

Por todo lo expuesto, los representantes de la Abogacía han concluido que parece evidente que de la hipotética inclusión de los Graduados sociales en el servicio de AJG solo se derivarían perjuicios para los clientes y una mayor complejidad del sistema.

En el transcurso del mismo encuentro, la Abogacía Española ha preferido quedarse al margen de debatir si se debe desarrollar o no una normativa para el acceso a la profesión de Graduado Social. La cuestión afecta únicamente a estos profesionales y al legislador, aunque, eso sí, la Abogacía ha llamado la atención sobre la inoportunidad y el sinsentido que supondría pretender aprovechar la reforma de la ley de Acceso a la Abogacía y la Procura para regular una profesión que no se encuentra entre las consideradas como jurídicas.

El ministro, Juan Carlos Campo, ha analizado con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el borrador del segundo informe sobre el Estado de derecho en España y le ha garantizado su disposición para llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según señala Justicia en un comunicado, en el marco del segundo informe sobre el Estado de derecho, Campo ha mostrado su "absoluta disposición a la colaboración y al diálogo con Bruselas". Ha indicado al comisario que se está estudiando el texto remitido "y ha coincidido con Reynders en que muchas de las diferencias se pueden solucionar por vía interpretativa".

Para realizar ese informe, que todavía no ha sido publicado, la Comisión consultó a los distintos operadores jurídicos españoles y las principales asociaciones de jueces aprovecharon la ocasión para denunciar la "politización" que a su entender sufre el CGPJ, y reivindicar que la mayoría de sus miembros sean elegidos por los propios jueces, como recomiendan las instituciones europeas. Según Justicia, Campo y Reynders, que han mantenido una videoconferencia, han compartido la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace más de dos años y medio ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP.

El ministro le ha garantizado su disposición al consenso, porque renovar las instituciones "es un mandato constitucional". En el encuentro, Campo ha destacado que el Ministerio que dirige tiene tres ejes de trabajo prioritarios: "Conseguir una Justicia más accesible, más eficaz y poniendo a la ciudadanía en el centro". Han abordado también la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, que comenzó el 1 de junio, y Campo ha explicado que confía en que la ley esté aprobada en España a finales de este mes, tras haber sido el proyecto aprobado ya por el Congreso. En cuanto a la orden europea de detención, Justicia destaca que ambos han coincidido en la necesidad de preservar ese instrumento.

"España es uno de los países que hacen mayor uso de esta herramienta y siempre hemos estado muy interesados en su buen funcionamiento", ha indicado Campo, que ha señalado que se apoyarán todas las iniciativas que mejoren la cooperación judicial europea.



NOVEDADES LEGISLATIVAS (ver)
Disjurex presenta
DERECHO OTRAS MATERIAS
Agenda para Abogados 2022 - Azul Pastel

Autor: Metod Agendas
Editorial: Metod Agendas
Soporte: Libro
Fecha publiación: 16/11/2021
ISBN: 9788413985787
352 páginas


Precio original: 29,90 €
Precio final por compra On-Line: 29,90 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO OTRAS MATERIAS
Agenda para Abogados 2022 - Naranja Pastel

  Autor: Metod Agendas
Editorial: Metod Agendas
Soporte: Libro
Fecha publiación: 16/11/2021
ISBN: 9788413985787
352 páginas


Precio original: 29,90 €
Precio final por compra On-Line: 29,90 € (I.V.A. incluido)
 
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO OTRAS MATERIAS
Agenda para Abogados 2022 - Negra

  Autor: Metod Agendas
Editorial: Metod Agendas
Soporte: Libro
Fecha publiación: 16/11/2021
ISBN: 9788413985787
352 páginas


Precio original: 29,90 €
Precio final por compra On-Line: 29,90 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO OTRAS MATERIAS
Figura Dama de la Justicia


Autor: Parastone
Editorial: Profisti
Soporte: Figura
Fecha publiación: 26/10/2021
ISBN: PR050


Precio original: 70,00 €
Precio final por compra On-Line: 70,00 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO OTRAS MATERIAS
Figura de El Juez


Autor: Guillermo Forchino
Editorial: Guillermo Forchino
Soporte: Figura
Fecha publicación: 01/11/2013
ISBN: FO 85529

Precio original: 260,00 €
Precio final por compra On-Line: 260,00 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho administrativo vivo


Autor: José Ramón Chaves García
Editorial: Bosch
Soporte: Libro
ISBN: 9788490905647
352 páginas

Precio original: 46,80 €
Precio final por compra On-Line: 44,46 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

* Para ampliar más información sobre las obras, no tiene más que pulsar sobre su título, accediendo de este modo a la ficha del libro, donde podrá conocer los datos más relevantes sobre él, si desea ampliar más información en " Ver el índice de esta obra " podrá visualizar el índice completo.

 

PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Si está registrado
Para acceder a su zona privada, introduzca su dirección de e-mail y contraseña en  Mi cuenta, añada los productos deseados y finalice la compra.

Si no está registrado, tiene dos opciones

1- Registrarse como nuevo cliente, se le pedirán entonces una serie de datos. Elija una clave que recuerde habitualmente, dicha clave la selecciona el propio Cliente. De esta manera, cuando realice un pedido no tendrá que volver a rellenar sus datos.

Si desea registrarse como nuevo cliente pulsar aquí: Alta nuevo cliente

2- Realizar la compra como Invitado, sin la obligatoriedad de estar registrado, se solicitaran sus datos para el envío y facturación del libro, y podrá confirmar su pedido sin necesidad de facilitarnos datos adicionales.

 

Si aún no está registrado/a como cliente, regístrese aquí.

 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Respondiendo a nuestra dirección de correo electrónico clientes@disjurex.es, por teléfono: 902 540 992 - 944 255 220, por fax: 902 540 993 - 944 245 811, se aplicarán siempre los descuentos anunciados en nuestras comunicaciones.

 
Sobre Disjurex
» Qué es Disjurex » Escaparate » Novedades » Promociones
» Consultas
 

NOTA LEGAL: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la responsabilidad de Disjurex - Librería Jurídica. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Disjurex - Librería Jurídica no aceptará ningún tipo de responsabilidades por la información contenida en esta circular.

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no desea seguir recibiendo nuestro boletín Actualidad y Consejos semanal, sólo tiene que darse de baja en Baja de Servicio Actualidad y Consejos, o indicárnoslo enviando un correo electrónico a clientes@disjurex.es con el asunto 'Baja de servicio Actualidad y Consejos', desde la cuenta de correo que recibe nuestras comunicaciones.

Recuerde que la baja en este boletín no implica la baja en las restantes comunicaciones del Servicio de Novedades de Disjurex - Librería Jurídica.