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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Cómo se calcula la base imponible del IVA en el caso de descuentos en la venta de automóviles?

El TEAC ha dictado una Resolución de 21-10-2020 de gran relevancia, estableciendo el criterio de que los descuentos concedidos por los concesionarios en la venta de automóviles financiados, sufragados por la entidad financiera, no minoran la base imponible del IVA de la venta de los vehículos, ya que el importe obtenido por el concesionario es el mismo tanto cuando se suscribe la operación de financiación como cuando no es así.

Por su gran relevancia, la Agencia Tributaria destaca en su Resolución, sobre el criterio en relación con la base imponible del IVA y los descuentos en ventas de automóviles que, en parte, son sufragados por la entidad financiera que concede la financiación.

En la Resolución del TEAC se trata el supuesto de una entidad que se dedica a la distribución de automóviles e instrumenta un sistema de descuentos que se aplican cuando los clientes optan por financiar la adquisición a través de la financiera del grupo.

La resolución del TEAC de 21 de octubre de 2010, de conformidad con los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias de 15-5-2001, asunto C-34/99, Primback y de 16-1-2014, asunto C-300/12, Ibero Tours, considera que los descuentos concedidos por los concesionarios en la venta de automóviles financiados, sufragados por la entidad financiera, no minoran la base imponible de la venta de los vehículos, ya que el importe obtenido por el concesionario es el mismo tanto cuando se suscribe la operación de financiación como cuando no es así.

En el caso de financiación, hay una parte de la contraprestación que se paga por un tercero, en este caso, la entidad financiera, pago por un tercero que ha de formar parte de la base imponible según resulta del artículo 78.Uno de la LIVA. 

Lo anterior es independiente de que exista una labor de intermediación financiera del concesionario a la que resulte de aplicación la exención conforme el artículo 20.Uno.18º de la LIVA.

El TEAC matiza que, este criterio aún no reiterado, no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 de la Ley General Tributaria.

Laboral

Disponible compensación económica de compatibilidad de la prestación por ERTE con el trabajo a tiempo parcial

En la Sede electrónica del SEPE está disponible la Pre-solicitud de prestación individual para aquellos trabajadores afectados por un ERTE a tiempo parcial cuya cuantía se haya visto reducida en proporción al tiempo trabajado por mantener en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por ERTES. El plazo máximo para que el SEPE resuelva las solicitudes presentadas se extenderá hasta el 31 de julio de 2021.

Como ya le hemos informado, el Real Decreto-Ley 30/2020, estableció el derecho a percibir una compensación económica a las personas beneficiaras de una prestación por ERTE cuya cuantía se hubiera visto reducido en proporción al tiempo trabajado por mantener, en el momento del reconocimiento inicial de la prestación, una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por procedimientos de regulación temporal de empleo.

Pues bien, para optar a esa compensación, el interesado deberá acceder a la Sede Electrónica del SEPE y seleccionar la opción de Pre-solicitud de prestación individual y posteriormente la opción «Compensación Trabajo a TP durante prestación ERTE COVID-19» antes del próximo 31 de julio de 2021. El plazo contemplado en el Real Decreto -Ley 30/2020 era hasta el 30 de junio de 2021 pero el SEPE lo ha ampliado ya que, hasta ahora, no ha habilitado el procedimiento para solicitar dicha compensación.

El importe de la compensación económica a percibir será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada ante la situación de compatibilidad entre prestación y trabajo a tiempo parcial.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Supremo acaba de admitir a trámite el caso de un joven de Burgos, donde tiene la residencia familiar de sus padres, pero en la que solo habitó ocho meses de los últimos cinco años, pues el resto lo pasó estudiando en Lyon (Francia), Leamington Spa (Inglaterra) y, fundamentalmente, en Madrid. En consecuencia, fue en esta última región, con algunas de las mayores bonificaciones fiscales sobre los impuestos cedidos, donde tributó por una donación de participaciones en una sociedad valoradas en 563.040 euros.

Aunque la legislación obliga a pagar el impuesto de donaciones y sucesiones allí donde se resida a fecha del devengo, el Servicio Territorial de Hacienda de Burgos impuso al contribuyente dos liquidaciones en su territorio por 52.250,97 euros (104.401,94 euros en total) al entender que su ausencia era meramente esporádica. La decisión fue ratificada por el Tribunal Económico Administrativo Regional y la reclamación del interesado fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Supremo considera ahora, sin embargo, que “presenta interés casacional” para “la formación de la jurisprudencia” determinar si el periodo de permanencia de un contribuyente en otra región distinta a la que residen sus padres para cursar estudios financiados por los progenitores ha de considerarse “ausencia temporal”, y no “esporádica”, avalando el pago de los tributos en el territorio de nueva residencia. El fallo promete ser seguido con interés por las Haciendas autonómicas, dados sus intereses cruzados, y el Gobierno central, que baraja impulsar una armonización de la fiscalidad regional.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Hacienda trabajan en la corrección de los errores cometidos en el pago de las prestaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el objetivo de que estén subsanados a tiempo para el comienzo de la Campaña de IRPF 2020, que tendrá lugar del 7 de abril al 30 de junio.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda, los trabajos que se están realizando tienen como objetivo que la Agencia Tributaria tenga los datos más actualizados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que, en aquellos casos en los que ha habido un error en las cantidades pagadas por el SEPE a los afectados por un ERTE, los datos que le aparezcan al contribuyente en su borrador de IRPF, una vez comience la campaña, sean lo más fehacientes posibles.

Sobre si será posible corregir todos los errores antes del comienzo de la campaña de la Renta, las fuentes consultadas subrayaron que "se está trabajando para tenerlo actualizado al máximo" y que "habrá que ver cuando empiece la campaña para valorar la situación", confiando en que todavía queda tiempo para ello.

Sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló el pasado miércoles en un encuentro organizado por Servimedia junto al exministro de Trabajo Manuel Pimentel y el secretario general del sindicato Fasga, Miguel Venegas, que se trabaja con la Agencia Tributaria para que este organismo cuente con las cantidades actualizadas y fehacientes abonadas por el SEPE a los trabajadores en ERTE para que estos tributen conforme a las retribuciones que han percibido, sin tener "una especial penalización impositiva" en la declaración de la Renta.

El Tribunal Supremo (TS) cambia el concepto de las adjudicaciones de herencia y eleva la factura fiscal del usufructo en el caso en que se conmute en bienes de plena propiedad. Una sentencia que juzga un caso de Cataluña, regido por el Código Civil catalán, pero que, según los fiscalistas consultados por este diario, tiene efectos en todas las herencias españolas, establece que cuando el cónyuge o los herederos conmutan el usufructo por bienes en plena propiedad, realmente, además de la liquidación de la herencia por el Impuesto sobre Sucesiones, se están produciendo otros dos negocios jurídicos diferentes.

Éstos, a su vez, producen otros dos nuevos hechos imponibles que también deben tributar por sus respectivos impuestos, uno por permuta en Transmisiones Patrimoniales Onerosas y otro por Sucesiones por consolidación de dominio, lo que eleva la carga fiscal de la herencia. El caso se refiere a un ciudadano fallecido en 2009 que legó a su esposa el usufructo universal y vitalicio de todos sus bienes y derechos e instituyó herederos universales por iguales partes a sus tres hijos, que pretendieron conmutar por la propiedad de varios bienes.

“Cuando decidieron convertir (o conmutar) el usufructo vitalicio legado en la plena propiedad sobre determinados bienes, adquiriendo asimismo la plena propiedad de otros de los coherederos”, dice la sentencia, surgió un nuevo negocio jurídico, el cual “debió tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas”. “Supuesto este que la partición puede comportar, como ocurre en el presente caso, operaciones patrimoniales diferentes de las previstas por el testador, que habrán de tener el trato fiscal propio de la operación de que se trate”.

Como bien señala el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña en su impugnada resolución, en este caso en que la partición se efectúa como manifestación de voluntad de las partes: la cónyuge superviviente, instituida usufructuaria por el testador, y los hijos. Javier de Miguel, socio del área de derecho tributario de JJL Abogados y Asesores Tributarios, explica que “la única forma de evitar este riesgo y este notable incremento de la factura fiscal de la herencia es que, a partir de ahora, en los testamentos, el testador prevea en el mismo la posibilidad de conmutación de dichos usufructos, cosa que no ocurre en ninguno que yo haya visto hasta la fecha”.

Los países de la Unión Europea han acordado este jueves impulsar una propuesta legislativa para obligar a las multinacionales que operan en la UE a informar sobre cuánto ganan en cada Estado miembro y los impuestos que pagan en las diferentes jurisdicciones. La medida, que ha estado bloqueada cerca de un lustro, pasará ahora al Parlamento Europeo, donde tendrá que empezar a perfilarse.

El acuerdo alcanzado hace referencia a una legislación propuesta por la Comisión Europea en 2016, por la que se propuso que las multinacionales que superaran los 750 millones de euros de facturación al año tuviesen que publicar un informe cada ejercicio en el que se detallara, entre otras cosas, cuántos impuestos pagan en cada región en la que operan.

La propuesta había sido bloqueada en otras ocasiones por un grupo de países liderado por Irlanda y Suecia, con el apoyo de Chipre, República Checa, Hungría, Luxemburgo y Malta, socios que este jueves se han vuelto a posicionar en contra frente a una veintena de Estados miembros entre los que están España, Alemania, Francia o Italia.

Este último grupo, al igual que la Comisión, sostiene que la normativa puede ser adoptada por mayoría cualificada al no tratarse de un asunto que modifique las reglas fiscales europeas, sino que aborda únicamente la necesidad de aumentar la transparencia.

El principio de acuerdo ha sido celebrado rápidamente por el Ejecutivo comunitario. En un mensaje de Twitter, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha aplaudido el "desarrollo en la lucha por la transparencia fiscal". El apoyo del Consejo para hacer públicos los desgloses país por país de las ganancias e impuestos de las multinacionales es un "paso audaz hacia la justicia fiscal, necesaria hoy más que nunca".

El proceso legislativo que ahora se abre necesita varios pasos, "pero estamos preparados para darlos rápidamente", ha explicado en declaraciones recogidas por Efe el ministro de Economía y Transición Digital de Portugal, Pedro Siza Vieira, que presidió por videoconferencia la reunión de los ministros de Industria de la UE.

Siza Viera ha explicado que en este encuentro se ha alcanzado "un apoyo mayor para esta propuesta entre los Estados miembros" que en anteriores ocasiones. Con todo, ha recordado, la medida únicamente trata de ampliar la transparencia: "Hablamos de obligaciones de reportar sobre impuestos, esto no impactará en las obligaciones tributarias", sino solo en los conocimientos de cómo las multinacionales "pagan impuestos en las jurisdicciones en las que operan", explicó.

La propuesta tiene por delante aún "un periodo de transición" hasta que esas obligaciones de transmisión de información sean "realmente efectivas", pero en opinión del portugués, el principio de acuerdo "es un gran paso". "Tendremos más transparencia acerca de la forma en que las multinacionales operan en el mercado".

La sala segunda del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las empresas y los contribuyentes a solicitar una segunda vez la rectificación de una autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos derivados, una vez que se haya producido el rechazo por parte de la Administración de la primera petición.

Así lo ha establecido el alto tribunal en una sentencia, que fija jurisprudencia, en la que se pronuncia sobre un caso para determinar si el obligado tributario, una vez desestimada en vía administrativa su solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos y una vez firme tal desestimación, puede, dentro del plazo de prescripción, instar una segunda solicitud fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes de los invocados en la primera solicitud.

En la sentencia, que acepta el recurso de casación interpuesto por una sociedad que pedía la rectificación de una autoliquidación del impuesto de la plusvalía municipal y la devolución de ingresos y anula la sentencia del TSJM, se señala que no habría inconveniente en reconocer que, pese a una primera denegación, en aquellos supuestos en que no haya liquidación en un sentido jurídicamente reconocible, la rectificación se puede reproducir si se funda en causa, hechos o circunstancias sobrevenidas distintas de las que fueron motivadoras de la primera solicitud.

Esto se refiere a causas que "no pudieron ser conocidas y, por ello, esgrimidas en ese momento, con el exclusivo límite estructural del principio de buena fe, cuya concurrencia no es en este caso objeto de controversia, formal ni materialmente", reza la sentencia, adelantada por 'El Confidencial'.

No en vano, la sentencia ganada por el despacho Garrigues añade que "no deja de ser un reverso o correlato que equilibra, en alguna medida, la que se reconoce a la Administración por los propios tribunales para que corrija o dicte de nuevo actos de naturaleza fiscal en sustitución de los que han sido anulados administrativa o, incluso, jurisdiccionalmente, esto es, la de reiterar una segunda comprobación o liquidación dentro del plazo de prescripción".

De esta forma, el Supremo reconoce para contribuyentes y empresas el conocido como derecho a 'segundo tiro', por el que se puede solicitar la revisión de procedimientos tributarios, algo que hasta la fecha estaba contemplado solo para Hacienda. Concretamente en el caso que aborda la sentencia, se dirimía el asunto referido a la compraventa de un inmueble en 2012 y la plusvalía municipal, ya que la compañía alegó que la operación había conllevado una pérdida económica en una reclamación que fue desestimada por la Agencia Tributaria de Madrid.

El Tribunal Económico-Administrativo de Madrid (TEAM) desestimó más tarde el recurso y, tras conocerse el recurso de inconstitucionalidad elevado contra la norma relativa a la plusvalía municipal, la sociedad registró otra nueva solicitud de rectificación. Además, recurrió a la vía contenciosa tras el silencio negativo del Ayuntamiento de Madrid.

Tanto el TEAM como el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid desestimaron su recurso al considerar que no cabía una revisión de la misma por su condición de firme, si bien finalmente el Supremo ha admitido el recurso de casación y ha anulado la sentencia del tribunal madrileño.

Los magistrados consideran en la sentencia que le es posible al contribuyente solicitar una segunda vez -y obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, que es obligada- la rectificación de la autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del derecho.

"A tal efecto, la mera respuesta negativa a una solicitud de esta naturaleza no equivale a una liquidación tributaria", apunta la sentencia, siempre que la liquidación no se haya dictado en el ejercicio de una actividad de aplicación de los tributos, de comprobación o investigación y en el curso de un procedimiento debido previsto legalmente a tal efecto.

Laboral

El paro registrado aumenta en 44.436 personas en febrero

(Cinco Días/Expansión, 02-03-2021)

Los datos de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogen un incremento de 44.436 personas en el mes de febrero respecto al mes de enero (1,12%). El aumento del desempleo es una consecuencia del impacto en el ámbito laboral de las severas restricciones impuestas por la tercera ola de la pandemia. El número total de inscritos en situación de desempleo es de 4.008.789 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado aumenta en 20.222 personas

Respecto al mes de enero, el número de personas desempleadas inscritas desciende en Construcción, en 5.116 personas (-1,61%), y se mantiene prácticamente estable en Industria con 629 personas inscritas más (0.20%). Aumenta en Servicios en 36.877 personas (1,32%), en Agricultura en 6.174 personas (3,33%), y también entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.872 personas (1,70%). El desempleo masculino en el mes de febrero aumenta en 13.032 (0,77%) hombres y se sitúa en 1.704.010 desempleados inscritos. En el caso de las mujeres se incrementa en 31.404 (1,38%) hasta alcanzar un total de 2.304.779 inscritas.

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se incrementa en febrero en 9.280 personas (2,60%) respecto al mes anterior. El paro registrado baja en 3 Comunidades Autónomas: País Vasco (-1.702), Extremadura (-1.517) y Galicia (-756). Sube, en cambio, en las 14 restantes encabezadas por Andalucía (14.418), Comunidad Valenciana (8.363) y Comunidad de Madrid (7.417). El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.212.284. De ellos, 132.431 tienen carácter indefinido, lo que supone el 10,92% de los contratos.

Los contratos indefinidos del mes de febrero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 86.160 a tiempo completo y 46.271 a tiempo parcial. El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.212.284 del mes de febrero de 2021, son 6.466 de carácter formativo y 1.073.387 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 31,62% del total de todos los contratos, seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 27,12%.

El mes de enero terminó con un total de 2.376.847 personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. El importe total de estas prestaciones ascendió a 2.629 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de enero ha sido de 1.130,8€ con un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 196,9€ (21,1%). Durante el mes de enero se abonaron prestaciones de ERTE por un importe de 694 millones de euros

El impacto de la pandemia en las remuneraciones medias de los asalariados ha provocado la mayor caída interanual de los sueldos medios de, al menos, los últimos 50 años. En solo un año, a finales de 2020, el salario medio de los empleados ha retrocedido un 3,1% hasta los 1.641 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística incluidos en el informe anual del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el empleo.

Debido a esta caída retributiva, cuando se descuenta el IPC de la evolución del salario medio, se observa también una disminución del poder de compra de los asalariados del 1,4%, lo que se traduce en que los trabajadores tenían a finales del año pasado casi 300 euros menos (en concreto 280 euros) que dos años antes, en términos de su poder adquisitivo. Esta caída contrasta con un incremento del poder de compra de casi un punto que se registraba a finales del 2019 respecto a los dos años previos.

Con este desplome de los salarios se interrumpen más de tes años consecutivos de incrementos retributivos iniciados desde mediados de 2017. Según estos datos --que hacen referencia al salario ordinario promedio, en términos brutos, publicado por el INE; incluyendo los pagos de regularidad mensual y excluyendo pagas extraordinarias, horas extras u otros conceptos-- en el promedio acumulado de los últimos cuatro trimestres esta retribución media ha caído en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja, donde creció un 1% en el periodo de la pandemia.

La Comunidad de Madrid se mantiene en la primera posición, con una remuneración media de 1.964 euros mensuales (-1,3% interanual), seguida una vez más por el País Vasco, con un salario medio de 1.954 euros por mes (-1,5%). Les sigue Navarra, que tras un recorte de un 0,7%, deja su remuneración media en 1.837 euros/mes.

En el otro extremo, Canarias ha bajado hasta el último lugar (1.281 euros mensuales; caída interanual de un 12,8%), quedando por debajo de la región que habitualmente cierra el ránking, Extremadura (1.338 euros al mes tras caer un 2,7%). Si bien el mayor recorte interanual lo ha sufrido Baleares (1.405 euros/mes), con un descenso interanual de un 13,2%. Para ambos archipiélagos, el salario del cuarto trimestre de 2020 es similar al que tuvieron en 2007.

En estos descensos de los salarios medios de casi la práctica totalidad de las comunidades tiene una importancia de peso el hecho de que las personas que han estado afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleos (ERTE) --hasta 3,6 millones de asalariados-- se consideran ocupados en las estadísticas oficiales. Por lo tanto, la reducción de su remuneración (pasan a cobrar, en general e inicialmente, el 70% de la base reguladora) presiona a la baja en los salarios medios. De hecho, el retroceso retributivo es más evidente en las comunidades con sectores donde una importante masa de trabajadores sigue en ERTE, como son Canarias y Baleares, con los citados descensos de los sueldos del 12,8% y 13,2%, respectivamente.

Así, el poder adquisitivo del salario medio ha retomado su tendencia declinante, que empezó a comienzos de 2017 y se había visto interrumpida entre junio de 2019 y marzo de 2020. El caso general, que comprende a 10 regiones, es el de aquellas que hace un año mostraban un aumento en el poder de compra del salario medio y ahora presentan un recorte en el mismo. Dentro de este grupo de autonomías, la Comunidad Valenciana (-0,7%), Extremadura (-0,9%) y la Comunidad de Madrid (-0,5%) muestran los resultados más benignos, con una pérdida de poder de compra inferior al 1%.

En cambio, Balares y Canarias presentan los saldos más desfavorables, de -12% y -12,1%, respectivamente. Esto ha supuesto un recorte equivalente a, respectivamente, 2.451 y 2.274 euros al año. Es decir que, en ambos archipiélagos, un trabajador medio ha perdido el equivalente a casi dos mensualidades en los últimos dos años. En tres autonomías (Asturias, Galicia y Navarra), el salario medio ya ganaba poder de compra hace un año y ahora continúa aumentándolo. De este grupo, el incremento más significativo corresponde a Galicia (+1,9%).

Nuevo foco de conflicto en la Mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones en la que negocian el Ministerio de Seguridad Social con la patronal y los sindicatos. El titular del departamento, José Luis Escrivá, ha trasladado su voluntad de impedir por ley que los convenios colectivos prohíban a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años.

La propuesta no ha gustado a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que supone cercenar la libertad de negociación de las partes en los convenios colectivos y una dificultad para renovar las plantillas y crear más empleo, según explican fuentes conocedoras de la negociación. Desde los sindicatos, la postura es más neutra al entender que son muy pocos los trabajadores que continúan en activo una vez alcanzada la edad legal de jubilación y en su mayoría son trabajadores de alta cualificación bien remunerados. Precisamente, un colectivo en el que quieren incidir las empresas para abrir la puerta a la innovación.

El propio Escrivá sugirió la necesidad de la medida el pasado viernes. "Es una anomalía que existe. Queremos propiciar la jubilación demorada. No podemos tener una cláusula que fuerce a una persona a jubilarse a una determinada edad", añadió Escrivá. La jubilación es voluntaria en España. Así está consolidado en la jurisprudencia, según explica Fernando Moreno, consejero de Arias Consultores, que aclara que la jubilación no es una obligación, sino un derecho como se recoge en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo, los agentes sociales, especialmente los empresarios, siempre han pretendido que los convenios colectivos tengan la potestad legal de poder cercenar esta voluntariedad exigiendo que los trabajadores se retiren al llegar a la edad legal de jubilación. Una potestad que debe estar condicionada a la creación de empleo. La posibilidad de que los convenios impidan continuar en el puesto de trabajo a discreción del trabajador ha entrado y salido de la legislación laboral española. Hay que remontarse al año 1953 cuando aparece por primera vez en la ley de convenios colectivos.

Sin irse tan lejos, la reforma laboral de 2012 derogó la potestad legal de los convenios de imponer la retirada obligatoria al alcanzar la edad de jubilación. Como curiosidad, los diputados del PSOE y de Izquierda Plural (hoy socios de Gobierno) recurrieron al Tribunal Constitucional dicha medida.

Pero los agentes sociales insistieron al Gobierno en el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 2018 para que volviese a dotar a los convenios la potestad de pactar la imposición de la jubilación. En ese año, aprovechando el DL de Revalorización de las Pensiones el PSOE devuelve a los convenios la facultad de pactar la exigencia de la jubilación forzosa a la edad legal.

La crisis provocada por la pandemia ha agravado el desempleo entre los profesionales que tienen más 50 años, que representaban a finales de 2020 más del 25% del total de parados, según un estudio de la Generación Savia, proyecto de la Fundación Endesa y Fundación más humano. En concreto, en 2020, el número de parados de más de 50 años que está en desempleo rondó el millón de personas (936.200), casi 68.000 trabajadores desocupados más que un año antes.

Asimismo, el estudio ha remarcado que las mujeres mayores de 50 años están siendo las más vulnerables desde que comenzó la pandemia. De hecho, seis de cada diez nuevos parados en 2020 mayores de 50 años eran mujeres. Así, los datos recogidos por el estudio apuntan que el perfil del nuevo parado de más de 50 años es el de una mujer que tiene entre 50 y 54 años y que perdió su trabajo entre junio y diciembre de 2020.

Para el economista experto en análisis de crisis Leopoldo Abadía, "los mayores de 50 son un tesoro para la sociedad". Por ello, cree que es necesario potenciar la empleabilidad en estas franjas de edad. Por otro lado, las consultoras de desarrollo y recursos humanos en Galaris Desarrollo, Susana Julián y Teresa Bernabé creen que el mercado de trabajo exige un examen de resiliencia y elevada adaptación para los desempleados.

"Los mayores de 50 años, pese a lo que pudiera parecer, se encuentran en una posición de ventaja", apuntan las expertas, que aseguran que está demostrada la capacidad de adaptación tecnológica de este colectivo. Además, su trayectoria profesional les ha facilitado relaciones que en estos momentos pueden suponer un apoyo importante.

También ponen en valor que este grupo de desempleados cuenta con habilidades que les ayudan a hacer frente a los nuevos retos de las organizaciones como son la capacidad analítica, el pensamiento crítico, la adaptación al cambio, la toma de decisiones y la solución de problemas con "perspectiva, serenidad y templanza".

"En definitiva, su experiencia, contactos y actitud convierten a los trabajadores senior en los mejores aliados de las empresas para afrontar la post-pandemia", dicen desde Galaris Desarrollo. El informe pone en valor la importancia que tiene el talento senior y cómo este será fundamental para la sostenibilidad del país.

Los máximos líderes sindicales de CC OO y UGY y los patronales de CEOE-Cepyme han mantenido hoy una nueva reunión de la mesa del diálogo social sobre el Plan de Recuperación organizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y encabezada por su titular Nadia Calviño, y a la que asistieron también, como es habitual, un nutrido grupo de ministros de área económica.

En dicho encuentro, los sindicatos han reclamado a Calviño que vincule las futuras ayudas a empresas, pymes y autónomos anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por valor de 11.000 millones de euros, al mantenimiento de la actividad, así como del volumen y calidad de empleo en las compañías beneficiarias. “Estas ayudas no pueden darse (a las empresas) sin condiciones”, exigió el titular de CC OO, Unai Sordo, tras la reunión.

En este punto, los interlocutores sociales confían en que en las próximas semanas el Ejecutivo les informe de los criterios objetivos que emplearán para el reparto de este nuevo paquete de ayudas entre las que habrá una parte importante de subvenciones directas, esperan los empresarios.

Precisamente, horas antes de esta reunión, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pedía que estas nuevas ayudas sean directas, para la liquidez de las empresas ya que, según el barómetro que ha presentado hoy esta organización realizado en febrero, un millón de autónomos ha declarado que sus pérdidas generadas por la crisis derivada de la pandemia son superiores a los 30.000 euros, lo que supone que esta situación afecta a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia existentes en España.

Además, 300.000 encuestados prevén cerrar a lo largo de este año por “encontrarse con serias dificultades para poder continuar con su negocio”. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que 2020 “ha sido un año horrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas de las cuales no saben si se va a recuperar y, en ocasiones, tener que echar el cierre en la ruina más absoluta”.

La fotografía que presentan los resultados de estas encuestas es que ocho de cada diez autónomos (el 81%) ha facturado menos que el año anterior. Esto es consecuencia de que hay aún casi 600.000 trabajadores de este colectivo (el 17,4%) que aún tienen sus negocios cerrados por las limitaciones administrativas adoptadas por la tercera ola de la pandemia. Además, otro 51,2% dijo que, aunque está abierto, funciona al 50%. Mientras que solo un 24% afirma estar abierto y funcionando con total normalidad y un 1,3% dice funcionar mejor incluso que antes de la pandemia.

Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Estado ha hecho público finalmente el informe en el que analiza el real decreto ley por el que el Gobierno fijó las condiciones de gestión de las ayudas europeas en camino por la crisis del Covid-19. El documento, que la oposición había reclamado conocer asegurando que cargaba con dureza contra los planes del Ejecutivo, critica la anulación de determinados controles administrativos, reclama más supervisión y detalle sobre su coste presupuestario, pide una dotación de recursos suficiente y ve riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional. Con todo, pese a las advertencias, el Consejo da una “opinión favorable” al proyecto.

El documento, de 97 páginas, reconoce que la recepción de unos 80.000 millones de euros en subvenciones públicas y de algo más de 70.000 millones en créditos blandos supone “una oportunidad histórica para España” pero alerta de que “es esencial, para que la misma sea un éxito, no solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos”.

Esta es la principal conclusión del informe no vinculante del Consejo de Estado en su análisis sobre el “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuya votación parlamentaria fue salvada por Vox frente a la oposición frontal de partidos como el PP.

El texto subraya “la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”. En este sentido, el Consejo de Ministros dio luz verde a una simplificación de los contratos de adjudicación de proyectos ligados a las ayudas europeas e impulsó sistemas de aprobación exprés de los mismos argumentando la necesidad de agilizar su ejecución a fin de reimpulsar la economía en el corto plazo.

“La Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”, agrega el informe conocido este lunes. A partir de ahí, el Consejo de Estado insta a “llevar a cabo una correcta tramitación de los proyectos normativos, incluidos los proyectos de decretos-leyes, a fin de que las medidas que en ellos se adoptan estén debidamente justificadas y ponderadas”.

En este marco, reclama al Ejecutivo justificar “la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control”, solicitando que “la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan”.

Es más, el Consejo solicita “un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas” así como de las “modificaciones contractuales de las nuevas unidades de obra que se incorporen a los contratos de obras, así como con la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de proyectistas y supervisores”.

De hecho, el Consejo alerta de que la norma “incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario”, que debe incluir al menos una referencia sobre los “efectos en los ingresos y gastos públicos”, los “gastos de personal, dotaciones o retribuciones” u otros pagos con fondos públicos, lo que podría causar su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

El precio medio del alquiler tendría que rebajarse en 20 provincias españolas si prosperase la propuesta que Unidas Podemos, otras siete fuerzas parlamentarias y los grandes sindicatos han trasladado al PSOE para limitar el coste máximo de arrendar piso al 30% del promedio de ingresos de cada zona. Es la conclusión que se extrae del cruce de los salarios medios que ofrece la Agencia Tributaria con los datos del índice de precios del alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ambos relativos al año 2018. A esta veintena de regiones, según un análisis que no incluye País Vasco y Navarra por tener regímenes fiscales propios, habría que añadir a Ceuta y Melilla.

A la propuesta, presentada inicialmente por Comisiones Obreras, UGT, CGT, el sindicato de inquilinos, Facua y la PAH –junto a casi un centenar de organizaciones– en plenas negociaciones para sacar adelante la Ley Estatal de Vivienda, se sumaron la semana pasada el socio minoritario del Gobierno junto a ERC, BNG, Más País-Compromís, Junts, Nueva Canarias, Bildu y la CUP, buena parte del bloque de la investidura. Entre otras medidas, piden que las rentas del alquiler se rebajen “a precios ajustados a la mediana de ingresos de los hogares, e impedir subidas que supongan dedicar al alquiler más del 30% de las rentas del trabajo”.

Con este tope, y siempre según los datos oficiales, los precios tendrían que abaratarse en Málaga, donde una persona tiene que destinar el 43,5% de sus ingresos para alquilar en solitario un piso medio, en Sevilla (40%) y en Córdoba (39,4%), las tres provincias que presentan los mayores desequilibrios. Otras son Baleares (39%), Huelva (37,7%), Cádiz (36%), Madrid y Santa Cruz de Tenerife (ambas con un esfuerzo del 36%) y Jaén, Barcelona y Granada, donde se dedica en torno al 35% de los ingresos a costear la vivienda.

El cruce de datos evidencia que, pese a que los mayores precios se concentran en Madrid y algunos municipios aledaños, en Barcelona y su área metropolitana, y en zonas de Baleares y Canarias, los mayores esfuerzos se dan en varias provincias andaluzas, habida cuenta que, aunque los costes del alquiler se encuentran en la mitad alta de la tabla, los salarios son los segundos más bajos del país, solo por delante de Extremadura.

Algo parecido sucede en la región extremeña. En términos medios, con 350 euros mensuales por alquiler, es de lejos la autonomía más barata para arrendar, pero sus bajos salarios hacen que el esfuerzo residencial se sitúe por encima de zonas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón, donde los precios del alquiler son más elevados.

La presión salarial más baja a la hora de arrendar un piso medio en solitario se encuentra, por su parte, en Castellón y Lugo (23% y 24%, respectivamente), en León, A Coruña y Lleida (en torno al 25% en los tres casos), y en Asturias, Palencia, Teruel, Ciudad Real y Ávila, donde hay que dedicar aproximadamente el 26% de los ingresos a la vivienda. Analizando únicamente la media de las autonomías, las más asequibles son, por este orden, Asturias, Galicia, La Rioja, Aragón y Castilla y León, mientras que los mayores desequilibrios se encuentran en Baleares, Andalucía, Ceuta, Melilla, Madrid, Canarias y Cataluña.

La propuesta de acotar el alquiler para que nunca supere el 30% de los ingresos medios de cada zona supondría llevar a cabo una limitación mucho más específica y concreta que la que recoge el acuerdo programático firmado a finales de 2019 por PSOE y Unidas Podemos. En el documento se aprobó “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, facultado a las comunidades autónomas y ayuntamientos a frenar las grandes alzas y congelar los precios para evitar que superasen un umbral no definido.

Según los datos de un reciente informe de Comisiones Obreras, el 59% de la población que reside de alquiler en España destina como máximo el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, el 22% dedica entre el 30% y el 50%, y el 19% destina más del 50%. Es decir, tres millones de personas, el 41% de los inquilinos, destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler, “un esfuerzo excesivo que supera el máximo razonable según los criterios de solvencia y capacidad de pago”.

A falta de concretar qué tipo de actuaciones prevé impulsar el Gobierno con el plan de 11.000 millones de euros para el refuerzo de la solvencia empresarial anunciado el miércoles, y sin confirmar aún si el paquete incluirá ayudas directas, el Ejecutivo ha anunciado este jueves que, en todo caso, las comunidades autónomas destinarán 2.000 millones de euros de los fondos europeos a conceder asistencia directa al tejido productivo.

Así lo ha revelado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, en la que ha presentado el Plan de Recuperación que prevé impulsar con las ayudas comunitarias.

Calviño ha comenzado su intervención repasando las medidas tomados por el Ejecutivo para afrontar la crisis abierta por la pandemia del Covid-19, detallando que se han movilizado el equivalente del 20% del PIB, fundamentalmente en forma de avales públicos para facilitar financiación privada, y cubriendo el coste de los ERTE y las prestaciones de cese de actividad de los autónomos.

Sin citar expresamente el plan de 11.000 millones de euros anunciado un día antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Calviño ha confirmado que el Ejecutivo ultima un paquete de “ayudas eficaces que se vayan orientando a la protección de la solvencia de las empresas”.

Sánchez detalló que se tratará de una serie de actuaciones dirigidas a apoyar a pymes, empresas y autónomos de algunos de los sectores más afectados por la crisis, como son la hostelería, el turismo, la restauración o el pequeño comercio. Se trata, ha defendido, Calviño, de “medidas estructurales que estamos tomando para evitar un daño, la histéresis a la que se refieren los economistas, la retroalimentación de un impacto estructural que pueda suponer un lastre para la recuperación económica en nuestro país”.

Calviño, sin embargo, se ha limitado a poner el foco en la necesidad de combatir el “sobreendeudamiento” empresarial de firmas que eran viables ante de la crisis, lo que invita a pensar que el grueso del plan se basará en el programa de quitas sobre la financiación bancaria avalada por el ICO que está negociando con la banca. Es más, reveló que está analizando con el Banco de España y las entidades la situación empresarial y el uso de los nuevos fondos.

Según los datos actualizados este miércoles por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), 2020 cerró con una caída interanual del 1,8% en el cuarto trimestre, hasta los 1.622,3 euros por metro cuadrado. Con este descenso, atendiendo a la serie histórica del Mitma, los precios rompen una racha de cinco años de aumentos consecutivos: desde los 1.490,1 euros por metro cuadrado registrados a cierre de 2015, el valor de los inmuebles siempre había subido en el último periodo del año.

A pesar de esta caída interanual, recoge la estadística, el precio de la vivienda libre se incrementó entre octubre y diciembre un 0,2% con respecto al tercer trimestre, en el que el valor de los inmuebles se quedó en los 1.619,6 euros por metro cuadrado. En el balance general del año, el precio de la vivienda arrancó con una subida del 0,2% en el primer trimestre, ya en el segundo, marcado de lleno por el primer estado de alarma para hacer frente a la pandemia de Covid, la vivienda se abarató un 1,6% con respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 1.610 euros el metro cuadrado. Además, entre julio y septiembre, el precio cedió otro 1,1%.

Con los datos de cierre de 2020, el precio de la vivienda es un 23% más barato que el máximo registrado en 2008, cuando en el primer trimestre superaba los 2.100 euros por metro cuadrado en pleno auge del sector inmobiliario, inmediatamente antes del estallido de la crisis financiera. Por su parte, desde que arranca la serie histórica, el importe más bajo se dio en el año 1995, con un precio de 682 euros en el tercer trimestre.

Atendiendo a las diferencias regionales, y siempre en tasa interanual, los valores cedieron en la mayoría de comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid y Cataluña, dos de las regiones con los precios más elevados, cayeron un -3,7% y un -2,2% respectivamente, los mayores hundimientos de España solo por detrás de Navarra, que retrocedió un -4,1%. Canarias (-1,3%), Comunidad Valenciana (-1,2%) y Baleares (-1,1%), otras tres de las zonas más cotizadas, también experimentaron marcados retrocesos.

Analizando el resto de comunidades autónomas, solo Galicia, Murcia y La Rioja experimentaron aumentos, pero siempre por debajo del 0,5% interanual. Ceuta y Melilla, por su parte, crecieron un 1,3% de media. Por tipo de vivienda libre, aquella de hasta cinco años de antigüedad se abarató en el cuarto trimestre un 1,4% hasta los 1.884,1 euros por metro, el precio más bajo del último año y medio. Además, cayó un 0,8% con respecto al tercer trimestre.

Y 1.360.000 necesitarán llevar a cabo “una reestructuración de los plazos de su deuda”. Así se desprende del análisis de Ángel de la Fuente y Benito Arruñada para un estudio publicado ayer por Fedea que prevé tensiones de liquidez en un 40% de empresas y riesgo de insolvencia en un tercio de esas. Las empresas en riesgo pertenecen en su mayoría a los sectores de turismo y hostelería, ocio y cultura y vehículos de motor.

Afirman que “en la mayor parte de los países la crisis no se ha traducido en un incremento significativo del número de cierres y concursos debido al menos en parte a las fuertes medidas de apoyo a la liquidez” y señalan que en España se produce “una excepción llamativa, que es la ausencia de subvenciones o ayudas directas” no ligadas al mantenimiento del empleo. Una de estas ayudas podría consistir en “adecuar algunos tributos que son costes fijos”, como en impuestos como el IBI y el IAE, con exoneraciones parciales o totales. Poner en marcha préstamos participativos y que las entidades financieras ayuden a distinguir qué empresas son viables son otras de sus recomendaciones.

La agilización de los procedimientos concursales y preconcursales es la medida que tanto estos autores como otros participantes en el grupo de trabajo mixto Covid-19 de Fedea destacan como clave. Así, la magistrada Marta Cervera se une a quienes exigen ya, como los economistas forenses, un mecanismo “o filtro más rápido” para considerar qué una empresa es viable. Ésta puede ser reestructurada “por un proceso de negociación extrajudicial”, mientras que para las no viables habría que establecer un proceso de liquidación más ágil en el que fuera posible la venta de las unidades productivas que se pudieran salvar, petición a la que se suma otro de los autores, el profesor Jordi Maristany.

Éste aconseja que los allegados a la empresa, como socios o familiares, puedan tener preferencia en la compra, ya que se ha permitido “mediante medidas excepcionales” que aporten financiación a la compañía en riesgo. Dichas medidas “se inscriben en el derecho concursal de emergencia”, en el que entra la moratoria concursal, que la profesora Marta Flores, en otro de los textos, advierte que “ha generado cierto grado de inseguridad jurídica”, si bien reconoce que no hay consenso sobre la conveniencia de prorrogar o no la moratoria.

Sector

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado a la "generosidad" para que "en poco tiempo" pueda haber un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los otros órganos constitucionales en la misma situación de interinidad, subrayando que "no es momento de reproches". "Hoy podía haber sido un día importante, un día sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones, y muy en particular lo que a Justicia se refiere. No ha sido posible", ha dicho en alusión al acuerdo que estuvo a punto de alcanzarse la semana pasada sobre los nuevos vocales del CGPJ pero que ha descarrilado por el veto del PP a los candidatos impulsados por Podemos.

Campo ha considerado que "no es momento de reproches", sino de "invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el estado de Derecho", ha señalado durante la inauguración del Foro de Debate Legaltech, organizado por Legálitas y El Español. A este respecto, ha advertido de que "sin instituciones y sin la renovación de las mismas provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del estado Social y de Derecho".

El ministro ha instado a hacer esta misma "reflexión" para que "en poco tiempo podamos tener las instituciones, tal y como pide nuestra Constitución, renovadas y vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia dé de sí lo que tiene que dar". "Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando, por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad. Los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad", ha remachado.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado, con el apoyo de la mayoría de sus vocales, el punto de su orden del día sobre la designación de ocho vacantes en varios tribunales -entre ellos, tres en el Supremo-, en espera de que pueda alcanzarse un inminente acuerdo parlamentario para renovar el órgano, en funciones desde diciembre de 2018. Así lo han señalado fuentes de la institución, que recuerdan que los nombramientos fueron incluidos por el presidente Carlos Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera no incluir la designación de las vacantes el pasado lunes.

Para algunos vocales se trata de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual.

Los ochos vocales que realizaron la propuesta de pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto y conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso.

Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión de mañana según las fuentes consultadas.

Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -vacantes por la jubilación de sus dos titulares- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha prometido reactivar la justicia universal, cercenada en 2014, pero ha evitado poner fecha a una reforma que, ha recordado, está en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos. En el pleno del Senado, el parlamentario del PNV Imanol Landa le ha instado acometer en esta legislatura una reforma que "posibilite una justicia universal completa y plena, sin limitaciones y sin cortapisas", aunque Campo ha dejado entrever que será complicado regresar a la situación previa a 2009.

Ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó la jurisdicción universal para que sólo pudieran enjuiciarse los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando las víctimas o los presuntos autores fueran españoles y la reforma de 2014, impulsada por el PP, exigió que los autores fueran españoles o estuvieran en España. Esta última reforma supuso el archivo de la mayoría de los casos abiertos y hasta el PP se avino en 2018 a corregirla, pero ninguna iniciativa llegó a ver la luz.

El titular de Justicia ha reconocido que la regulación actual es "ciertamente deficitaria", pero no ha querido poner fecha a la reforma y ha hecho hincapié en que muchos de los proyectos legislativos en marcha refuerzan también la protección jurídica internacional. El senador del PNV, por su parte, la ha recordado que durante muchos años el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitió investigar "crímenes horrendos" en países como Chile, Guatemala o China, se convirtió en una referencia en la lucha contra la impunidad.

En su opinión, ha llegado el momento de volver a abrir "esa ventana a la esperanza de una justicia global "se produzca donde se produzcan y sean quienes sean los victimarios y las víctimas".

A diferencia de otras compañías del sector servicios, los grandes despachos de abogados están logrando mantenerse a flote e incluso aumentar su actividad en medio de la tormenta económica desatada por la pandemia. El fenómeno se explica, en parte, por el aluvión de consultas legales que han generado las sucesivas medidas aprobadas por el Gobierno para contener el desplome de la economía, como los ya populares expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la ley del teletrabajo. En vista de la importancia que han adquirido los asuntos laborales, la mayoría de bufetes y consultoras (big four) han movido ficha, aumentando el número de profesionales dedicados a esta práctica jurídica.

Es el caso de Garrigues y Cuatrecasas, que han incorporado a diez y cuatro nuevos letrados, respectivamente, desde febrero de 2020. Otras firmas, como PwC Tax & Legal, EY Abogados y Ecija, han hecho una apuesta todavía más decidida por desarrollar su múscu­lo laboral, en términos relativos, con un crecimiento de plantilla superior al 20%. Por su parte, Uría Menéndez y Baker McKenzie, se han mantenido tal y como estaban hace 12 meses.

Estas cifras, permiten llegar a dos conclusiones en opinión de Javier Avilés, responsable de la división legal de Catenon, empresa internacional dedicada a la selección de personal. La primera de ellas es que, en menos de un año, las áreas de laboral han pasado de desempeñar un rol “transversal” (o prestar apoyo a otras secciones más boyantes en épocas de bonanza, como M&A y mercantil) a atraer clientes y “generar negocio por sí mismas”.

La segunda reflexión que hace Avilés no es menos relevante: los bufetes han tratado de salir del paso haciendo uso de su propia estructura, pero se han ido concienciando de que la recesión va para largo y han empezado a contratar personal, "especialmente aquellos que no contaban con departamentos de laboral muy potentes”. Los movimientos estratégicos de los pesos pesados del sector legal empiezan a trasladarse al mercado de trabajo. De hecho, según un reciente estudio de Adecco Group Institute, el perfil laboralista será uno de los más cotizados en 2021.

El cazatalentos y fundador de B-Lawyer, Borja Suárez, subraya que, si bien es cierto que la demanda de especialistas está aumentando, la remuneración media que perciben estos profesionales sigue prácticamente en los mismos niveles de 2019, como refleja un estudio de Signium publicado hace apenas dos semanas. “Lo que sí ha habido es un aumento de facturación y con ello un incremento de lo percibido en régimen variable, pero los salarios base se han mantenido estables”, precisa.

Suárez vincula la estabilidad en los sueldos al hecho de que las firmas “no se hayan lanzado a contratar en masa a juniors y becarios ante el temor de sobredimensionar sus plantillas a largo plazo”. Más bien, explica, han optado por reforzar sus cuadros medios y altos a través de fichajes y rotaciones puntuales. Es decir, que prefieren a abogados senior que trabajen en boutiques legales o en la competencia y que cuenten con una experiencia “de al menos seis años en gestión de equipos”.

El perfil trazado por el headhunter tiene mucho que ver con las dinámicas de trabajo que se han impuesto en los departamentos de laboral tras la irrupción del coronavirus: se necesitan juristas que puedan incorporarse rápidamente a sus puestos sin necesidad de pasar por un largo periodo de formación.

El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".

Para lograr el acuerdo el PSOE habría aceptado dejar aparcada su propuesta para reformar la elección de los vocales rebajando la mayoría de votos en el Congreso y el Senado para no tener que contar con el principal partido de la oposición, tal y como sigue reclamando Podemos. Hasta ahora, la coalición de Gobierno defendía, además, "limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato" con el objetivo de impedir que estando en funciones se pudiera nombrar al presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los magistrados del Constitucional. En este punto, sí que habría alcanzado un acuerdo, sobre todo porque en el PP crecen también las voces que apuestan por la moderación para desmarcarse de Vox y dejar además lo más aislado posible a Podemos.

Carlos Lesmes, que ocupa la presidencia en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial desde diciembre de 2018, sería uno de los candidatos del PP a ser magistrado del Constitucional, algo que el PSOE habría aceptado. Como también habría dado el visto buen al Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional, actual letrado de las Cortes y ex vocal del CGPJ. Como Defensor del Pueblo sería nombrado, por su parte, Ángel Gabilondo, líder hasta ahora de los socialistas en la Comunidad de Madrid y que contaría con el visto bueno del PP. Igualmente, y siempre según las fuentes consultadas, existiría un acuerdo cerrado para la renovación del Tribunal de Cuentas y, aunque al margen del marco actual de las negociaciones, se habría alcanzado también un pacto en RTVE.

Precisamente, auguran las fuentes gubernamentales consultadas, que el "primer hito" en la nueva relación que esperan haber iniciado con el PP tras la llamada de Sánchez a Casado se produzca la semana que viene con la designación de los nuevos consejeros de la Corporación de RTVE. En este sentido, fuentes populares recalcan que "puede haber acuerdo mañana si Sánchez cumple" con sus condiciones, que implican que Podemos no cuente para nada en la ecuación, la retirada de la reforma presentada por los partidos del Ejecutivo para cambiar las mayorías de elección del CGPJ y que haya un compromiso claro para avanzar hacia la "despolitización".

Por ende, insisten en que la pelota está en el tejado de Sánchez y que "es el Gobierno el que tiene que decir" si el acuerdo está más cerca, pues eso implicaría que "van a aceptar nuestras condiciones". Y esas demandas, recalcan, "se mantienen", a pesar de que se traslada un mayor optimismo que en otras ocasiones fallidas a este respecto.



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