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Los consejos de la semana

Contabilidad

Impugnación de las cuentas anuales 2019

A fecha de hoy ya se han celebrado la mayoría de las juntas, se han aprobado las cuentas anuales de 2019, se han adoptado muchos acuerdos y se han cumplido en principio todos los requisitos de fondo y forma exigidos para su legalidad. Pero ¿Qué ocurre si no ha sido así? Si no estamos de acuerdo ¿Por qué motivos y de qué manera podemos impugnarlas?

Como ya le hemos venido informando, debido a la situación excepcional de estado de alarma, se han establecido unos plazos extraordinarios para formular y aprobar las cuentas anuales:

- Formulación de cuentas: 31 de agosto de 2020
- Aprobación de las cuentas: 31 de octubre de 2020
- Depósito de las cuentas: 30 de noviembre de 2020 (un mes a contar desde la fecha de aprobación)

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, a fecha de hoy ya se han celebrado la mayoría de las juntas, se han aprobado las cuentas anuales de 2019, se han adoptado muchos acuerdos y se han cumplido en principio todos los requisitos de fondo y forma exigidos para su legalidad. Pero ¿Qué ocurre si no ha sido así? ¿Qué puede pasar si se ha interpretado mal la normativa de urgencia adoptada por la pandemia del Covid? Por ejemplo, considera que los plazos de convocatoria no han coincidido con los exigidos por la norma o que su derecho de información no se ha respetado.

Recordemos que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, permite que, aunque no esté previsto en los estatutos, las sesiones puedan celebrarse en videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, pero para poder proceder a la misma, el secretario debe verificar la identidad de los asistentes o de sus representantes.

Si no estamos de acuerdo ¿Por qué motivos y de qué manera podemos impugnarlas?

Impugnación de acuerdos sociales

Para poder impugnar las cuentas anuales, se requiere tener la condición de socio en el momento de la aprobación de las cuentas, y no haber votado a favor de su aprobación (ya no se exige que conste en acta).

¿Qué actos son impugnables?

Los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.

Si el acuerdo para la aprobación de las cuentas es contrario al orden público, la impugnación es posible también por partes de los socios incorporados con posterioridad a su aprobación.

¿Qué actos NO son impugnables?

No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto.

Los anterior se entiende sin perjuicio del derecho del que impugne a instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor.

Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos:

a) La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.

b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.

c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.

d) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.

Plazo para impugnar

La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.

El plazo de caducidad se computará desde la fecha de adopción del acuerdo si hubiera sido adoptado en junta de socios o en reunión del consejo de administración, y desde la fecha de recepción de la copia del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de caducidad se computará desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

Legitimación para impugnar

- Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital.

- Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya ocasionado el acuerdo impugnable.

- Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo, administrador o tercero.

- Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviese designado a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.

- Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.

- No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho.

Procedimiento de impugnación

La impugnación se tendrá que presentar mediante demanda contra la sociedad al juzgado mercantil que sea competente, según el procedimiento ordinario, si bien con un incidente previo para determinar el carácter esencial de los efectos invocados en la impugnación.

En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada.

Mientras se tramita la impugnación de las cuentas anuales se tendrá que hacer constar este extremo en la aprobación de las cuentas posteriores.

Sentencia estimatoria

La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El «Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicará un extracto.

En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.

Fiscal

Sabe qué hasta el 31 de diciembre puede modificar la base de cotización como autónomo

Aún tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, hasta el 31 de diciembre. Está modificación tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy importante ya que de ella dependen sus prestaciones presentes y su futura pensión. La base de cotización puede modificarse fácilmente y de forma telemática a través del sistema RED. Sin embargo, hay que tener en cuenta los trámites y los periodos para hacer el cambio.

Atención. La elección que se haga de la cuota será muy importante, pues éste es el parámetro que marca la cuantía de las prestaciones que va a recibir el autónomo en caso de enfermedad, accidente, paro, maternidad o jubilación.

Le recordamos que desde el 01-01-2018, se establece que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio (el día primero de abril, julio, octubre y enero).

Atención. El Gobierno ha anunciado que tendrá en cuenta la propuesta de las organizaciones de autónomos para poder cambiar la base hasta seis veces al año, pero eso será para el 2021 si finalmente se aprueba.

Pues bien, ahora tenga presente que hasta el 30 de diciembre de 2020 inclusive, y con efectos para el 1 de enero, tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también antes del 1 de octubre.

La base mínima de cotización del autónomo que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hay tenido contratado 10 o más trabajadores por cuenta ajena, así como la del autónomo societario es de 1.214,10 euros mensuales.

La solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo puede solicitarse directamente por el autónomo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, si dispone de un certificado digital o usuario/contraseña o mediante el servicio Cambio de base de cotización-autónomos.

Igualmente, la solicitud puede presentarse mediante el Modelo de solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo (TC.4005).

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Pleno del Congreso ha aprobado hasta 13 enmiendas en sus primeras votaciones del proyecto de Presupuestos Generales en contra del criterio del PSOE y Unidas Podemos, entre ellas una limitación al llamado 'impuesto al azúcar' para que no se aplique a productos lácteos edulcorados, como yogures o leches fermentadas.

Esta enmienda, impulsada por Esquerra Republicana, ha sido incluida en las nuevas cuentas con el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos, el PDeCAT, Junts, UPN, la CUP, CC, NC, Compromís, Foro Asturias, PRC y BNG. El PNV, EH-Bildu y Teruel Existe se han abstenido.

Concretamente, la enmienda modifica el artículo de los Presupuestos que contiene la subida de impuestos a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que a partir del próximo año estarán sujetas a un IVA del 21% desde el 10% actual.

Esta subida de impuestos afectaba en el proyecto a toda bebida con edulcorante añadido, natural y derivado o aditivos edulcorantes, a excepción de leches infantiles y bebidas consideradas como complementos alimenticios para necesidades dietéticas especiales. Una redacción que implicaba una aplicación más amplia, pues permitiría aplicarlo a bebidas lácteas.

La modificación introducida en las cuentas limita la aplicación del 'impuesto al azúcar' a "las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos", en línea del redactado del Plan Presupuestario 2021 remitido a la Comisión Europea, según argumento ERC.

Y es que en su justificación esta formación señala que los productos lácteos "tienen una densidad nutricional muy superior a la de los refrescos, aportando una mayor cantidad de macro y micronutrientes, algunos de los cuales son deficitarios actualmente en la población española".

La segunda ola de la pandemia del coronavirus volverá a pasar una dolorosa factura para la economía española en el cierre de 2020 que “será un lastre para la recuperación” en 2021 “hasta que se disponga de una vacuna eficaz” y ampliamente distribuida. Así lo destaca este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su revisión de las previsiones macroeconómicas de España, para la que modera la caída del PIB de este ejercicio al 11,8%, tras el fuerte rebote sellado en verano una vez superada la parálisis de la primavera, pero con la expectativa de que una nueva contracción en el cuarto trimestre del año reste fuerza a la reactivación económica.

Así, aunque la estimación del organismo para 2020 está relativamente alineada con la caída del 11,2% que espera el Gobierno español, la OCDE proyecta un avance del PIB del 5% en 2021, frente al 7,2% inercial estimado por el Ejecutivo, que aspira a elevarla al 9,8% gracias al impulso de las ayudas europeas. En 2022, el avance de la economía se desaceleraría al 4%. Las razones de esta revisión responden al impacto de la pandemia en el turismo y la hostelería, dadas las nuevas restricciones a la movilidad y la actividad impulsadas desde distintas comunidades autónomas o el nuevo estado de alarma toque de queda decretado por el Gobierno central.

El nuevo golpe asestado por el virus, así como la incertidumbre reinante en el mercado laboral, donde se espera que la tasa de paro se mantenga alta (15,8% este año, 17,4% en 2021 y 16,9% en 2022), reducirán el consumo privado. La OCDE insta a España a mantener en marcha las importantes medidas de estímulo fiscal desplegadas, redirigiendo eso sí los esfuerzos y la red de cobertura que han supuesto los ERTE para el empleo hacia los sectores más afectados. A partir de ahí, el organismo que dirige Ángel Gurría insta a poner en marcha mejoras de cualificación de los trabajadores y políticas activas de empleo para absorber el impacto laboral que deja la crisis.

El organismo subraya los objetivos de transformación digital y transición medioambiental que incluye el Plan de Recuperación que será alimentado con las ayudas europeas, pero pide también esfuerzos para acometer reformas estructurales pendientes que mejoren la productividad y generen empleo. A pesar del fuerte repunte económico del tercer trimestre del año, la OCDE constata que la recuperación está siendo desigual entre sectores y regiones, mientras que en términos generales la presencia de turistas había caído un 87,1% interanual en septiembre y los pagos con tarjetas de crédito extranjeras habían caído un 65% en octubre.

Aunque la industria manufacturera se va recuperando, los servicios siguen perdiendo posiciones y el ritmo de salida de los trabajadores afectados por ERTE ha ido reduciendo velocidad. “Se prevé que el fuerte repunte del tercer trimestre de 2020 irá seguido de una contracción en el cuarto trimestre”, anticipa la OCDE.

En consecuencia, añade, el PIB se mantendrá por debajo de los niveles precrisis al menos hasta finales de 2022. Aunque el organismo subraya el efecto beneficioso de las medidas desplegadas por el Gobierno, entre la que destaca las líneas ICO de apoyo a la liquidez, el fondo de recapitalización de empresas estratégicas, las moratorias de pago para colectivos vulnerables o los propios ERTES, advierte de que la debilidad financiera de las compañías podría agravar la crisis en los próximos meses retrasando aún más la recuperación.

Del lado positivo, una posibilidad es que la reactivación del turismo y la actividad de los socios comerciales internacionales permita a España protagonizar una recuperación algo más ágil de la proyectada. En cualquier caso, la OCDE insta a España a mantener vigentes las políticas de apoyo a empresas y familias, a implantar grandes planes de formación para los afectados por ERTE, a dar soluciones individualizadas a los parados, y a revisar el régimen concursal para atender a una posible oleada de insolvencias.

El Consejo General de Economistas (CGE) estima que el PIB podría caer por debajo del 3% intertrimestral en el cuarto trimestre del año, por lo que mantiene que el PIB se contraerá este año un 12,2% como consecuencia de la crisis del Covid-19 y rebaja su previsión de crecimiento al 5,5% en 2021, 1,3 puntos menos que en septiembre por la incertidumbre respecto a la continuidad de "muchas empresas y empleos".

Así se desprende del último Observatorio Financiero elaborado y publicado este lunes por el CGE, que destaca que, al igual que ha ocurrido en las principales economías del mundo, el crecimiento "con fuerza" del PIB del 16,7% en el tercer trimestre en España "no ha sido suficiente para compensar las caídas de los trimestres anteriores".

Los economistas explican que, en este trimestre, la segunda ola de la pandemia, con el aumento del número de contagios y las restricciones impuestas, está teniendo un efecto negativo en el turismo, la hostelería, la restauración y las actividades artísticas, por lo que estima que el PIB podría decrecer con respecto al trimestre anterior, aunque con una caída inferior al 3%.

En cualquier caso, mantienen la previsión de contracción del PIB en tasa interanual del 12,2% a final de año, mientras que para 2021 se revisa a la baja la previsión de crecimiento realizada en septiembre, desde el 7,2% al 5,5%, motivada fundamentalmente por la incertidumbre existente en la continuidad de muchas empresas y de los empleos, una vez finalice la prórroga de los ERTEs, así como la moratoria en la solicitud de concurso de acreedores de las empresas, que pudiera dar lugar a paro de larga duración y a insolvencia de empresas, con el consiguiente riesgo financiero.

La estimación de un crecimiento del 5,5% el próximo año de los economistas es 3,3 puntos porcentuales al 9,8%, incluyendo los fondos europeos, previsto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una previsión que los economistas ven "difícil" de cumplir por la incertidumbre sanitaria, social y económica.

En este sentido, el CGE mantiene la estimación de que la tasa de paro se sitúe en torno al 18% para este año, por encima del 17,1% estimado por el Gobierno, al tiempo que apunta que "probablemente" en 2021 una "gran parte" de los ERTEs se conviertan en despidos definitivos, en muchos casos para trabajadores sin cualificación y con pocas posibilidades de recolocación y, por tanto, esto afecte a su capacidad adquisitiva, lo que "lógicamente afectará al consumo".

Esta incertidumbre, según los economistas, está provocando que la tasa de ahorro de los hogares sobre la renta disponible bruta trimestral, corregida de efectos estacionales y de calendario, se haya situado en el 22,5% en el segundo trimestre, 12,3 puntos superior a la del trimestre anterior. Desde el CGE estiman que para final de año la tasa interanual se modere, situándose en torno al 18%, y que, en la medida en que la incertidumbre sanitaria se vea reducida por la vacuna, se incremente el consumo privado en 2021 hasta llegar a una tasa de ahorro en torno al 8% o 10%.

El Observatorio también señala que el incremento del gasto público y el desplome de la recaudación llevará a un déficit público de entre el 12% y el 15% y a una deuda pública en torno al 120%-125% este año. Según los economistas, el efecto de los fondos europeos en la economía española puede "no ser suficiente" para evitar los cierres de pequeñas y medianas empresas, dado que, para acceder a estos fondos, los proyectos deben estar alineados con las prioridades definidas por la Unión Europea: digitalización, economía verde, competitividad industrial, aspectos estos generalmente en manos de grandes empresas.

Por ello, consideran que sería necesario que los fondos europeos se destinaran a realizar las reformas necesarias que permitan corregir las deficiencias de la economía y elevar la productividad, de forma que vayan ligadas a la modernización de la economía. En ese sentido, dado que el 95% del tejido empresarial en España está formado por pymes, el CGE ve "fundamental" su reestructuración, potenciando la tecnología y la digitalización para mantenerse en el mercado.

Esta vez puede ser el punto final definitivo para las sicavs como vehículo de ahorro de las grandes fortunas. Hacienda ha anticipado que para tributar al 1% deberán contar con 100 socios y que cada uno aporte 2.500 euros. Los minoritarios deberían inyectar 247.500 euros en cada sociedad para tributar al 1% en Sociedades. Si no, lo harán al 25%. Los departamentos más grandes de banca privada estudian crear una red de participaciones cruzadas entre los grandes inversores. Los de menor tamaño dan esa fórmula por perdida y anticipan transformaciones masivas en sociedades limitadas o anónimas. El aliciente está en que estas tienen más capacidad de invertir en capital riesgo, exento de tributar.

La industria de las sicavs en España está como el agua en una cesta desde 2016, cuando PP y Ciudadanos pactaron una participación mínima del 0,55% para computar como socio. Son más de 26.000 millones de euros en cerca de 2.500 vehículos que, efectivamente, las personas más pudientes emplean para diferir, que no eludir, el pago de impuestos. Sin más detalles, a falta de conocerse el articulado final en la ley antifraude, que está en plena tramitación parlamentaria, solo ha trascendido el requisito mencionado. Pero este ya supondrá un duro esfuerzo para el sector, según fuentes financieras y jurídicas.

“Existe la posibilidad de disolverlas, lo que harán algunas que tengan minusvalías. También se pueden convertir en una sociedad anónima o una sociedad limitada, o transferir los activos a otra empresa que tuviera alguno de los accionistas mayoritarios. La opción de fomentar las participaciones cruzadas entre propietarios de sicavs creo que solo la podrán poner en marcha las grandes gestoras, que administran muchos de estos vehículos”, explica Marta Nimo, directora del departamento jurídico de Atl Capital. De las 67 gestoras con sicavs en España, solo tres – Santander Private Banking, BBVA AM y Bankinter Gestión– cuentan con más de 100, lo que les facilita intentar las participaciones cruzadas. Siempre y cuando, esta solución cuente con la bendición de la Agencia Tributaria, todavía por ver.

“Hay clientes que ya están hartos de la criminalización que tiene este vehículo y que están buscando alternativas. En nuestro caso, a partir de cierto tamaño de sicav recomendamos la opción de convertirla en una sicav luxemburguesa”, comenta Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de A&G Banca Privada.

La otra opción de numerosos banqueros privados consultados es hacer de la necesidad virtud. En las firmas más diversificadas, que no han centrado su negocio al 100% en este vehículo, prevén conversiones masivas en sociedades anónimas o limitadas. Estas últimas serán las preferidas por su simplicidad. Así, podrán potenciar su inversión en capital riesgo, un activo en boga por su, habitualmente, mayor rentabilidad frente a la renta variable o fija, y que ahora estaba limitado en las sicavs al 10%. Al igual que los fondos clásicos, no pueden invertir más de ese porcentaje de su patrimonio en valores no cotizados, entre ellos el capital riesgo.

El Gobierno prevé en los Presupuestos Generales del Estado modificar la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la venta de valores representativos de los fondos propios de entidades españolas y extranjeras. Así, el importe exento bajaría al 95%. Pagarían a Hacienda, sí, pero solo por un 5% de los eventuales beneficios.

La situación de cara al IRPF no cambiaría. Las sicavs permiten realizar compraventas sin que su dueño tenga que pasar cada año por la Agencia Tributaria y tener que tributar por entre el 19% y el 23% de las ganancias en ese impuesto. Un porcentaje que se elevará al 26% para las plusvalías que excedan los 200.000 euros, según los Presupuestos presentados. Pero los accionistas sí han de pagar lo que les corresponda una vez que vendan su participación en la sicav. Lo mismo ocurrirá con las sociedades anónimas o limitadas.

La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) cifra en 77.000 millones anuales el gasto fiscal que representan los beneficios fiscales en los tres principales impuestos en España (IRPF, IVA y Sociedades), lo que equivale al 6,2% del PIB del año 2019, por lo que aboga por una reforma fiscal "más eficiente y simple". En este sentido, estima que se podría recaudar prácticamente lo mismo en el IVA con un tipo único del 10% si se eliminasen las deducciones actuales.

Así se desprende de un artículo recogido en el último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, en el que José Félix Sanz y Desiderio Romero analizan el coste recaudatorio asociado a los 'numerosos' beneficios fiscales existentes en el IRPF, el IVA y el impuesto sobre Sociedades, tres de las principales figuras impositivas que acumulan el grueso (85%) de la capacidad recaudatoria del sistema fiscal español, según la Agencia Tributaria.

Los autores concluyen que, en conjunto, el total de gastos fiscales vinculados a las tres principales figuras impositivas asciende a 77.183 millones de euros anuales, el equivalente al 6,2% del PIB de 2019, de los que el 61% es absorbido por el IVA, el 36% por el IRPF y el 3% restante por las deducciones y bonificaciones en el impuesto sobre Sociedades.

No obstante, los autores matizan que la estimación en el caso de Sociedades "no puede completarse por carecer de una muestra de microdatos equivalente a la de los otros dos impuestos". Estas cifras, dicen, sugieren que, con cargo a estos beneficios fiscales, España podría financiar una reforma fiscal encaminada a conseguir un sistema fiscal "más eficiente y más simple", consiguiendo simultáneamente una mayor recaudación.

IRPF: El total de gastos fiscales en el IRPF de 2017 ascendió a 27.704 millones de euros, de los que 19.683 millones se instrumentaron en la base imponible, 3.231 millones en la base liquidable y los 5.445 millones restantes en deducciones en la cuota, por lo que el grueso de beneficios fiscales se estructura en la base imponible del impuesto (71,05%).

En el IRPF destacan los beneficios fiscales asociados a los rendimientos del trabajo, al tratamiento del ahorro y del capital inmobiliario y, en menor medida, a los sistemas de previsión social y otras deducciones en cuota. El análisis realizado ha identificado la 'fuerte distorsión' generada por la actual reducción por rentas del trabajo, cuya existencia eleva en un 250% el tipo marginal de los trabajadores con rentas salariales entre 13.115 y 16.825 euros, al pasar del 24% al 60%.

El total de los gastos fiscales asociados a los rendimientos del trabajo asciende a 12.862 millones de euros. El 99% (12.735 millones) está vinculado a la deducción general de 2.000 euros que se aplican todos los contribuyentes con rendimientos del trabajo (9.315 millones) y a la reducción que establece que los trabajadores que cumplan ciertos requisitos podrán minorar adicionalmente el rendimiento neto del trabajo en unas cantidades que disminuyen con la renta1 (3.420 millones).

Asimismo, señala que el coste recaudatorio imputado habitualmente a los planes de pensiones está 'sobrevalorado significativamente' al no tenerse en cuenta la fiscalidad soportada por las prestaciones en el momento de ser percibidas. Según Funcas, el "verdadero" coste recaudatorio de los planes de pensiones debe determinarse por la diferencia entre los ahorros fiscales generados al partícipe en la aportación (1.809 millones de euros) y el valor presente de los impuestos que se pagarán cuando se reciba la prestación (1.559 millones), por lo que el coste recaudatorio efectivo durante 2017 es de 250 millones.

IVA: En cuanto al IVA, los beneficios fiscales generados por los tipos reducidos del IVA suponen 29.597 millones de euros, de los cuales un 30% están generados por bases gravadas a tipo superreducido y el 70% restante a tipo reducido. En este sentido, se detecta que podría conseguirse una recaudación próxima a la existente actualmente con un tipo único próximo al 10% si se eliminasen las exenciones. Según Funcas, las exenciones dan lugar a una pérdida potencial de recaudación de cerca de 18.000 millones, mientras que los tipos reducidos y superreducidos suponen beneficios fiscales por importe de más de 29.000 millones de euros.

Sociedades: Por último, sobre Sociedades los autores aclaran que hay una ausencia de microdatos de las declaraciones del impuesto sobre sociedades, pero conforme a la estadística de la Agencia Tributaria los beneficios fiscales generados por bonificaciones y deducciones en cuota fueron en 20178 de 2.099 millones de euros. En detalle, el montante de los beneficios fiscales generados por la existencia de bonificaciones fue en 2017 de 250,5 millones de euros, de los que el 57,4% se correspondieron a la bonificación de los beneficios obtenidos por la prestación de servicios locales.

Laboral

El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

En este sentido, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó este miércoles que el Ministerio se va a reunir la semana que viene o la siguiente para que los agentes sociales establezcan sus criterios respecto al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, tal y como apuntó en la rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre.

"Las previsiones del Ministerio son las de elevar al Consejo de Ministros el Real Decreto de subida del salario mínimo antes de que el año concluya para que pueda ejercer su función desde principios de año", añadía, aclarando que el Gobierno lo que quiere es escuchar al diálogo social y que los agentes sociales establezcan sus criterios al respecto y que "una vez evaluado todo haga su previsión".

Más allá, con esta subida que prepara el Gobierno para el comienzo del próximo ejercicio, sería la tercera consecutiva realizada por el Ejecutivo desde que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa. Así, el SMI se incrementó en 2019 un 22,3%, pasando de 735,9 euros brutos mensuales en 14 pagas a 900 euros, a lo que le sucedió un nuevo incremento a comienzos del presente 2020, cuando el Gobierno de coalición subió la remuneración mínima marcada para las contrataciones en 950 euros, lo que implicó un alza del 5,5%, y que sumado a la anterior maniobra supone un avance del SMI del 28% en solo 24 meses.

Ahora bien, de llevarse a término la nueva subida para el próximo mes, en solo tres años el SMI habrá visto su cuantía elevada en un 33%, situándose en esos 1.000 euros.

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha incrementado en 25.269 personas (0,66%) en el mes de noviembre respecto al mes anterior. Desde el inicio de la serie histórica, en 1996, el paro en noviembre sube, por término medio, en cerca de 34.000 personas. En noviembre de este año, el incremento ha sido menor. El total de personas en situación de desempleo inscritas asciende a 3.851.312. En términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 1.758 personas.

El paro registrado se reduce en 4.624 (-2,46%) personas en Agricultura; en Industria baja en 302 (-0,10%) personas, en la Construcción se incrementa en 1482 (0,50%) personas y en Servicios aumenta en 24.959 (0,93%) personas. Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 3.754 (1,08%) personas. Respecto al mes de octubre, el desempleo entre los hombres se ha incrementado, en el mes de noviembre, en 6.300 (0,39%) personas y asciende a un total de 1.629.058 desempleados. Entre las mujeres, el paro registrado sube en 18.969 (0,86%) hasta un total de 2.222.254. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en noviembre en 3.733 (1,03%) personas respecto al mes anterior.

El paro registrado baja en 3 Comunidades Autónomas: País Vasco (-6.035), Castilla-La Mancha (-1.662) y Madrid (-612). Permanece estable en Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía y aumenta en el resto de comunidades, encabezadas por Galicia (6.165), Canarias (5.832) y Castilla y León (5.103). En el mes de noviembre se registraron un total de 1.449.810 contratos de trabajo. Esta cifra equivale al 82,2% de los contratos firmados en el mismo mes de 2019, lo que refleja la recuperación de los flujos de contratación. De ellos, 128.189 (8,84%) han sido de carácter indefinido. Los contratos indefinidos del mes de noviembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 77.086 a tiempo completo y 51.103 a tiempo parcial.

El gasto total en prestaciones del mes de octubre de 2020 asciende a 2.653,1 millones de euros, cifra que consolida la senda de reducción del gasto de los últimos meses desde el máximo valor que alcanzó en el mes de mayo, de 5.481 millones de euros. Entre abril y octubre, el gasto total de la nómina de prestaciones por ERTE es de 13.392 millones de euros. El número total de beneficiarios a final del mes fue de 2.553.677 personas, con un aumento respecto al mismo mes del año anterior del 35,9 %.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2020 ha sido del 71,4%, el mismo indicador en octubre de 2019 fue de 62,4%, lo que supone un aumento del 14,3%.

Ocho meses después del inicio de la pandemia de Covid-19 tres de cada cuatro trabajadores autónomos tienen algún tipo de restricción a su actividad y el 29% (un millón de ocupados) asegura que en todo este tiempo ha experimentado pérdidas superiores a los 30.000 euros, según el octavo barómetro elaborado por la asociación de autónomos ATA. Según este sondeo realizado a más de 2.000 autónomos entre el 20 y el 24 de noviembre ante la pregunta de cuánto dinero han perdido en esta crisis, extrapolando la cifra al total del colectivo, estos trabajadores habrían perdido un total de 60.000 millones de euros en 2020. La fiabilidad técnica de esta encuesta es del 95% y su margen de error del 2,17%, según han explicado desde esta asociación.

De todos los autónomos que tienen asalariados a su cargo casi la mitad (el 44,8%) ha solicitado ERTE o tiene previsto hacerlo y solo uno de cada cinco autónomos ha incorporado a todos sus trabajadores tras el ERTE. Además, el 35,7% de los autónomos con trabajadores asegura que en estos momentos no tiene liquidez para afrontar despidos, cuando un porcentaje similar no sabe si podrá mantener su plantilla el próximo año y alrededor de 450.000 ya sabe que sí hará algún tipo de ajuste de plantilla en los próximos meses.

Para afrontar toda esta situación aproximadamente un millón de autónomos ha solicitado financiación durante la pandemia y se la han concedido, frente a 300.000 a los que se la han rechazado. De los que sí han conseguido financiación, unos 800.000 la han obtenido a través de los préstamos y avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los 200.000 restantes por otras vías.

Además, más de medio millón de autónomos han pedido desde el pasado 1 de octubre la prestación extraordinaria por cese de actividad. Precisamente, hoy se ha conocido que la Seguridad Social ha abonado hoy casi 290 millones de euros a 355.364 autónomos en distintas prestaciones puestas en marcha por el Gobierno para paliar las consecuencias de la pandemia. Ante esta situación el presidente de ATA, Lorenzo Amor ha declarado: “Se hace urgente establecer desde ya un plan de emergencia que prorrogue las ayudas existentes hasta el 31 de mayo de 2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo”.

La fotografía de la actividad actual del colectivo de autónomos es que casi el 20% de los encuestados (unos 620.000) ha señalado que tiene su negocio cerrado totalmente y el 4,1% lleva con la persiana bajada desde que se inició la crisis del Covid-19 a mediados de marzo. Mientras que se encuentran el 56,6% de los encuestados que, aunque han abierto, se encuentran funcionando al 17,6%. Y solo el 15,7% de los encuestados ha afirmado que está abierto y funcionando con total normalidad. En el lado contrario, Amor ha asegurado que unos 100.000 autónomos han reconocido que facturan más que antes de la crisis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido finalizar la legislatura "con un crecimiento más sólido, con más empleo y con más justicia social" en la presentación en la sede socialista de Ferraz del plan 'La España que nos merecemos 2021-2026', una hoja de ruta con medidas económicas, sociales y medioambientales para afrontar la situación provocada por la pandemia. La presentación de este documento coincide con la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación que, en su opinión, son "la mejor vacuna" para la crisis económica generada por el Covid-19 ya que canalizarán las primeras partidas de los fondos europeos para la recuperación.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará esta semana el dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de cuentas del Estado para 2021, en el que será su último trámite en la Cámara Baja para posteriormente llegar al Senado y encarar la recta final de la tramitación.

El jefe del Ejecutivo consideró "fundamental aprobar ya" las cuentas públicas con el fin de que, el año que viene, España pueda hacer uso de los 27.000 millones de euros adelantados, lo que permitirá, dijo, incrementar un 2% el crecimiento anual del PIB español a partir de 2021 y crear más de 800.000 puestos de trabajo lo que resta de legislatura.

Sánchez explicó que estos PGE se erigen como el "proyecto de inversión pública más ambicioso de la historia de España", y aventuró que permitirán "dejar atrás" una "década de sombras e incertidumbres" gracias a la apuesta por "la ciencia, la digitalización, el ecologismo, el feminismo y la cohesión". "Estamos hablando de un punto de inflexión. De una herramienta que cambiará el rumbo de España", remachó. "Vamos a superar la crisis y a convertir este revés en un salto de modernización para el país", ha dicho.

Asimismo, el mandatario ha asegurado que nos acercamos a la "tercera y definitiva fase" para superar esta pandemia, en la que el objetivo seguirá siendo lograr una incidencia acumulada de 25 casos por cada 100.000 habitantes (actualmente es de 300). "Los expertos vaticinan que asistiremos a una etapa crítica coincidiendo con las primeras vacunas masivas", ha adelantado.

Por ese motivo, ha instado a "anteponer la precaución sanitaria a cualquier otro tipo propósito" y "regalar seguridad" estas navidades. "Lo más importante es poder pasar estas fiestas juntos durante los próximos años", ha recalcado. Ha invitado, en concreto, a la militancia socialista a "aportar su granito de arena y a hacer pedagogía: "dando ejemplo al cuidarnos a nosotros mismos y al cuidar a los demás". Ha destacado, no obstante, que estamos en un "descenso significativo de las tasas de contagios", con la esperanza de doblegar de nuevo la curva "en muy poco tiempo".

Sánchez ha explicado que todos los países "hemos aprendido sobre la marcha”, que se han tenido que "tomar decisiones complejas y difíciles que no se habían tomado en un siglo" y que, además, ha habido que hacerlo "en un tiempo récord". "Cuando otros vacilaban y había grandes gobiernos de países democráticos que volvían la espalda al virus o abrazaban teorías extravagantes, nosotros actuamos con un orden", ha asegurado. El fin, señaló, era y es "salvar vidas, defender la salud pública, prevenir el colapso sanitario" y tener presente también todos los aspectos económicos sin dejar "nunca" a nadie atrás.

En otras crisis hubo un "sálvese quien pueda", pero no con este Gobierno de coalición progresista, ha recalcado Sánchez quien ha agradecido la "entrega" de los responsables públicos y el apoyo de la "familia socialista "a su gestión, especialmente cuando más "se esparcía el veneno del odio y de la mentira". En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha reprochado al Partido Popular que hayan aprovechado la situación, "un trance tan extremo que no se vivía en más de un siglo", para intentar "derribar al Gobierno, extendiendo bulos y con ataques feroces".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado convencido que los ERTE durarán "el tiempo que dure la pandemia, que no va a ser muy largo", y no solo hasta enero como está inicialmente previsto. Debe haber ERTE hasta que el covid "empiece a formar parte del pasado", porque "hemos invertido muchos recursos para mantener a las empresas en hibernación" y la economía española preparada para un "resurgimiento que va a ser muy importante", manifestó el líder sindical.

Álvarez, que asistió en Tenerife a la clausura del VIII Congreso de UGT de Canarias, indicó que "las vacunas están ahí", así que hasta que se apliquen hay que mantener la estabilidad, la certidumbre y la tranquilidad de trabajadores y empresarios mediante la prórroga indefinida de los ERTE mientras siga la pandemia. Además, subrayó que los ERTE han perdido ya "intensidad" a medida que va despegando la economía, pues llegó a haber casi cuatro millones de trabajadores afectados y ahora quedan unos 800.000.

El líder de UGT afirmó que España tiene la oportunidad de aprovechar la salida de "este mal sueño" que es la pandemia para, con el impulso de los fondos europeos, diversificar su economía hacia la digitalización, la sostenibilidad y las energías renovables.

Pepe Álvarez comentó además que está convencido de que, pese a los retrasos del Gobierno, a partir de enero comenzarán las negociaciones para la derogación de la reforma laboral, un proceso en el que debe participar la patronal. También mostró la disposición de su sindicato a negociar para "afianzar" el sistema de pensiones, de manera que sea "autosuficiente", lo que pasa por "incorporar más impuestos que vayan directamente a la Seguridad Social".

"En ningún caso" debe haber recorte de derechos ni penalizaciones a las personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral pero que se ven obligados a prejubilarse porque no tienen opción de seguir trabajando, advirtió.

Mercantil, civil y administrativo

Ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para paralizar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de 2021. Así lo ha transmitido este miércoles por la tarde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo, que también ha confirmado que la medida llegará mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros.

Según fuentes del departamento de Pablo Iglesias, que avanzó el pasado viernes 26 un plazo de dos semanas para aprobar la medida, el equipo negociador encabezado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha alcanzado ya un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma (hasta el 9 de mayo). Cabe recordar que la actual prohibición de los desahucios está vigente hasta el 31 de enero.

En virtud del acuerdo este miércoles, apuntan dichas fuentes, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna, y no, por ejemplo, un albergue.

Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.

El pacto incluye también a las familias en precario que residan en viviendas de grandes tenedores, propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

El real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables, y tampoco se incluye la prohibición del corte de suministros en el caso de impagos.

Con vistas a presionar al PSOE, Unidas Podemos registró junto a ERC y EH Bildu dos enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado que pedían prorrogar la paralización de los desahucios, una hasta 2022, y otra hasta 2024. Sin embargo, la retiraron tras comprometerse la parte socialista del Gobierno, según Iglesias, a afrontar el problema con un decreto.

Iglesias había presionado para prorrogar la imposibilidad de desahucios más allá de enero de 2021 y que comprendiera situaciones de vulnerabilidad previas al covid-19. La cuestión generó tensiones entre los dos socios del Gobierno en coalición, sobre todo a raíz de las enmiendas.

Las empresas con presión financiera elevada, que difícilmente pueden cubrir sus gastos financieros, se han elevado al 40%, lo que supone 27 puntos porcentuales más que en 2019. Las más afectadas son las pymes y los sectores de hostelería, restauración y ocio. Más moderada es la subida de las empresas insolventes, un 15% y, de nuevo, los problemas de solvencia atacan más a las de menor tamaño.

El Banco de España destaca que las medidas públicas se han encaminado más a resolver los problemas de liquidez de las empresas, como es el caso de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En cambio, "las medidas de apoyo a la solvencia han sido más limitadas". Por ello, el informe recomienda para minimizar los riesgos de que empresas insolventes pero viables acaben liquidándose, acometer "una rápida reestructuración de sus deudas introduciendo reformas en los mecanismos de insolvencias judiciales y extrajudiciales con el fin de hacerlos más ágiles y eficientes". En lo que respecta a la actividad, hasta octubre, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector empresarial se ha reducido, en términos interanuales, un 22,5% mientras que en los tres primeros trimestres de 2019 se incrementó un 0,7%.

Por sectores, el informe subraya que se han registrado caídas del VAB en todas las ramas de actividad, donde ha sido "especialmente intensa" en la rama industrial, un 33,6%, donde son acusados los descensos en el refino, en la fabricación de material de transporte y en la industria química. En el resto de actividades, "destaca el comportamiento especialmente negativo de las empresas del sector del transporte, con un descenso del 48,1%". El comercio y la hostelería han caído un 18,1%.

Por su parte, el empleo efectivo ha disminuido hasta el mes de octubre un 5,9% de media sin contar a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La caída ha sido más fuerte entre los trabajadores temporales (un 19,5%) mientras que el personal fijo ha descendido un 3%. El total de empresas que han destruido empleo se sitúa en el 50,6%, 14 puntos porcentuales más que en 2019.

Los mercados europeos han despedido el mejor mes de su historia con una recogida beneficios. Los inversores han aprovechado la última sesión de noviembre para ajustar sus carteras, sin perder de vista las negociaciones sobre el Brexit y las novedades sobre las vacunas. Las ventas han arreciado en el tramo final de la sesión y el Ibex ha cerrado con un recorte del 1,39% hasta los 8.076,90 puntos. El selectivo español ha pulverizado todos sus récords en noviembre con una ganancia del 25,2%.

La primera sesión de la semana ha puesto punto y final a un mes histórico en los mercados financieros. El año 2020 no sólo será recordado ya por los derrumbes del mes de marzo. La subida ha alcanzado dimensiones inéditas también en el mes de noviembre. La renta variable europea ha firmado hoy su mayor subida mensual de la historia, y en el ránking de ganancias sobresale la Bolsa española. El Ibex ha sumado un 25,2% de revalorización, de largo su mayor alza mensual en sus casi 30 años de historia, muy por encima del 16,6% de junio de 2012.

La euforia que reflejan estas cifras se ha enfriado. La recogida de beneficios se ha intensificado a medida que se acercaba el final de la sesión, en una jornada marcada por la incertidumbre generada por las negociaciones sobre el Brexit y por la reunión de la denominada OPEP+. Los países de la OPEP han decidido hoy posponer a mañana la decisión sobre los niveles de producción para 2021, cuando se sumarán los productores independientes. En Europa, a medida que se acerca la fecha tope para cerrar las negociaciones, el Brexit vuelve a emerger como una creciente amenaza para el rally alcista.

En la Bolsa española, la tentación de recoger beneficios era demasiado grande y los inversores han aprovechado las ganancias récord para deshacer posiciones y ajustar carteras de cara a diciembre. Con todo, el Ibex ha cedido un 1,39% hasta 8.076,90 puntos y ha fijado en un 25,2% las ganancias de noviembre, con diferencia, el mejor mes de su historia. A pesar del rally de noviembre, mantiene unas pérdidas en el conjunto de 2020 del 15,42%.

Los bancos, una vez más, han acaparado los focos de atención dentro del Ibex. La ruptura en las negociaciones de fusión entre BBVA y Sabadell revolucionó sus cotizaciones, a la baja en el caso de Sabadell (-13,5) y al alza en BBVA (+5%). Una vez asimilada la noticia, y en medio de una corrección generalizada en el Ibex en el día de hoy, los inversores han reajustado a la baja sus carteras en la banca al cierre de un mes de subidas récord. Sabadell ha destacado de nuevo con una corrección del 6,36% hasta perder en sus acciones el 'efecto BBVA'. Bankia ha recortado un 3,87%; CaixaBank, un 2,54%; Santander, un 1,93% y BBVA, un 0,71%. La recogida de beneficios también se ha centrado en el sector más alcista de noviembre, el turístico. Aena se ha dejado un 5,01%; Amadeus, un 4,77% e IAG, un 4,02%.

Las firmas internacionales de inversión han puesto nota a uno de los valores más alcistas del Ibex en el mes. Repsol, después del nuevo plan estratégico anunciado la semana pasada, ha recibido un aluvión de nuevas valoraciones por parte de los analistas. HSBC, Credit Suisse y Bernstein discrepan ampliamente en sus nuevos precios objetivo sobre la petrolera española, que se ha dejado un 5,04% al acusar la corrección registrada en el precio del petróleo.

El freno generalizado en el Ibex ha vuelto a resaltar el atractivo inversor por valores como Solaria (+3,53%) y PharmaMar (+0,78%), mucho más firmes durante este mes en las peores sesiones para el Ibex. La situación se ha repetido en Siemens Gamesa (+3,71%), y en Acciona. La compañía, volcada en las renovables, ha vendido una cartera de concesiones por 484 millones de euros y sus títulos han remontado un 2,50%.

En el resto de Bolsas europeas también se ha impuesto la toma de beneficios antes de rubricar un mes histórico de subidas. La amenaza de un Brexit sin acuerdo, junto a la presión económica derivada de las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, corrigen la euforia desatada por los avances en las vacunas. El Dax alemán ha perdido un 0,33%; el Cac francés, un 1,42%; el Mib italiano, un 1,30% y el Ftse británico, un 1,59%.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) intentarán este lunes llegar a un acuerdo definitivo para poner en marcha la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) -el fondo de rescate de la eurozona- y el cortafuegos del Fondo de Resolución Bancaria, que quedaron pendientes hace un año. Los países de la eurozona lograron en diciembre de 2019 un acuerdo de principio sobre ambos puntos, pero las dudas de Italia sobre la reforma impidieron entonces dar luz verde para firmarlo y la llegada de la pandemia de coronavirus poco después los relegó a un segundo plano.

El objetivo es que en su reunión telemática todos los ministros den el visto bueno para firmar el acuerdo, previsiblemente en enero, de modo que se ratifique después a nivel nacional y la reforma del MEDE entre en vigor en 2021. Esto debería permitir, a su vez, que el cortafuegos del fondo de resolución esté en marcha en enero de 2022, dos años antes de lo previsto, según explicó un alto cargo europeo, que se mostró "razonablemente optimista" sobre las posibilidades de lograrlo.

La reforma del tratado del MEDE, establecido a raíz de la crisis financiera para ayudar a los países en problemas, prevé darle más poder en los futuros rescates y la vigilancia de los países, así como mejorar las líneas de crédito precautorias que puede conceder. Introduce, además, las cláusulas de acción colectiva con cláusulas de agregación simple (CAC en jerga financiera) en las emisiones de bonos soberanos a partir de 2022, lo que en la práctica facilita que los acreedores asuman quitas si hay que reestructurar la deuda.

Este punto agitó el debate político en Italia, donde algunos partidos argumentaron que la medida aumentaría los costes de la deuda soberana del país, lo que impidió que Roma apoyase la reforma en 2019. Fuentes europeas esperan que, un año después, esté en disposición de hacerlo, informa Efe. La segunda pata del acuerdo es el cortafuegos para el Fondo Único de Resolución bancaria (FUR). El FUR es una "hucha" creada en 2016 que se alimenta con contribuciones de la banca para poder financiar, llegado el caso, la resolución de bancos europeos en problemas, y el cortafuegos sería una red de seguridad extra por si se queda sin dinero.

El acuerdo prevé que el MEDE se encargue de proporcionar este cortafuegos en forma de créditos y que pueda estar en marcha antes de 2024, la fecha prevista inicialmente, si para finales de 2020 se han hecho progresos suficientes en la reducción de los riesgos bancarios. Esta es una condición fundamental de los países más ortodoxos, como Alemania, Países Bajos o Finlandia, y los ministros tendrán sobre la mesa un informe que da cuenta de esta reducción. Los préstamos fallidos habían caído al 3% en la eurozona en junio de 2019 (frente al 6 % de 2016), según la Autoridad Bancaria Europea, pero el momento de la decisión llega con la perspectiva de que la pandemia haga que vuelvan a subir.

El Gobierno ha decidido ampliar hasta el mes de mayo la cobertura de préstamos ICO disponible para hacer frente al pago del alquiler residencial, que viene funcionando desde el 1 de abril y cuyo plazo de solicitud, después de una prórroga realizada a finales de septiembre, vencía el 30 de noviembre. De esta forma, tal y como ha explicado en una entrevista en RTVE el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, las ayudas para el arrendamiento se dilatan otros seis meses.

El Ejecutivo también se encuentra en negociaciones internas para sacar adelante una normativa que prohíba todos los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad. La medida, anunció ayer el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, será presentada en dos semanas. El funcionamiento de los préstamos ICO para el alquiler se basa en un préstamo del Estado de hasta 5.400 euros por hogar para financiar un máximo de seis mensualidades, a 900 euros por periodo. El dinero puede devolverse en seis años, prorrogables por cuatro más, a interés cero.

Para acogerse a estas ayudas los arrendatarios deben acreditar una reducción de ingresos, estar en situación de desempleo o bajo un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), o haber reducido su jornada por motivo de cuidados o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la pandemia. Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no debe alcanzar el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, unos 2.689 euros.

A su vez, la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos (agua, gas, luz y telecomunicaciones) debe estar por encima del 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Los beneficiados tampoco pueden ser propietarios de una vivienda habitable en España.

No hay datos oficiales del impacto que esta medida ha tenido desde su puesta en marcha en el mes de abril, aunque las entidades financieras han dejado caer en varias ocasiones que la proporción de solicitudes ha sido muy baja. Entre otras razones, han señalado tanto asociaciones de propietarios como sindicatos de inquilinos, porque, aunque las ayudas tengan que devolverse en un plazo de hasta 10 años a interés cero, implican un endeudamiento de los hogares en tiempos en los que los ingresos han caído a causa de la crisis sanitaria y económica.

Esta semana, el Fichero de Inquilinos Morosos ha alertado del aumento de los impagos debido a que "los inquilinos se encuentran con serios problemas" para abonar el alquiler. El registro estima que el año 2020 cierre con un 6% de hogares que no podrán hacer frente al desembolso de las rentas. Desde la tercera semana de septiembre, coincidiendo a grandes rasgos con la llegada de la segunda ola, las comunicaciones por falta de pago de las rentas se han incrementado un 68,4%, según el fichero.

Sector

La mayoría de las asociaciones judiciales han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.

Con la nueva propuesta, PSOE y Unidas Podemos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial una vez expirado su mandato, de modo que sus competencias se limiten a trámites ordinarios. Los dos partidos ya presentaron en octubre otra proposición de ley que contemplaba reducir las funciones de un CGPJ caducado, así como rebajar la mayoría por la que se elige a los doce vocales del turno judicial, que pasaría de tres quintos a mayoría absoluta.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, se ha mostrado en contra de la nueva propuesta por considerar que redunda en el desprestigio del CGPJ a ojos de la ciudadanía. "Los partidos lo meten en su juego político cada día más", ha dicho la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press.

Del Barco ha reclamado a los partidos que se alejen de la "realidad política" y acuerden de una vez por todas la renovación del CGPJ, que suma ya dos años de interinidad. "No podemos hacer depender el CGPJ de unos presupuestos o de unas elecciones", ha sostenido, subrayando la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces funcione correctamente.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, para quien "lo más preocupante de esta segunda iniciativa es que deja bien a las claras que la idea central del sistema actual es que los partidos nombran a los vocales para que éstos a su vez nombren a los jueces por afinidades ideológicas". "Si no es así, ¿dónde está el problema?", ha cuestionado.

Así, para Fernández Vaquero "es otro ejemplo más de que este órgano clave de la justicia española está cada vez más politizado por unos partidos que llevan décadas abusando de un sistema que les permite repartírselo por intereses exclusivamente partidistas, lo que supone una reiterada y flagrante vulneración de la independencia judicial y de la separación de poderes".

Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), también se ha mostrado "muy crítica" con la nueva propuesta, llamando igualmente la atención sobre el hecho de que "contradice" la tesis que han venido defendiendo los partidos todos estos años de que, si bien la forma de designar a estos doce vocales es política porque lo hace el Parlamento, una vez en sus puestos desempeñan su labor de forma independiente. "Entonces, no tiene ninguna lógica limitar sus funciones", ha apuntado.

Además, las tres asociaciones han estado de acuerdo en que la fórmula utilizada por PSOE y Unidas Podemos para lanzar esta iniciativa, una proposición de ley, es una maniobra para evitar los informes que habrían sido obligatorios de haber optado por la vía del anteproyecto de ley. "Es evitar que te pongan la cara colorada", ha ilustrado Fernández Vaquero. En cualquier caso, la portavoz de la APM ha señalado que la situación que vive el CGPJ pone de manifiesto la "incapacidad" de las formaciones políticas para cumplir su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ante lo cual ha vuelto a reclamar un cambio de modelo para que sean los propios jueces quienes designen a los doce vocales procedentes del turno judicial.

Fernández Vaquero ha advertido asimismo de que "estamos asistiendo a la descomposición absoluta del sistema de elección de los vocales del CGPJ". "No queda más remedio que amputar el órgano", ha sentenciado, explicando que esta solución quirúrgica pasa por que sea la carrera judicial quien designe a estos doce vocales.

De hecho, ha abogado por cambiar el modelo antes de renovar el CGPJ. "El problema no es el bloqueo, es la politización, por lo que llegar a un acuerdo ahora no sirve para nada. Cualquier CGPJ que nazca del acuerdo político a la antigua usanza nacerá muerto, es solo alargar la agonía", ha aseverado. Rodríguez ha coincidido en que "todo esto viene a demostrar que el sistema vigente no funciona" porque se basa en un reparto político de los sillones del CGPJ, exigiendo también que el modelo español se ajuste a los estándares europeos, es decir, que los jueces decidan la composición de su órgano de gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 33 nuevos juzgados para reactivar la actividad judicial tras la pandemia de coronavirus, como parte de los cien que se comprometió a crear en el plazo de tres años, un tercio de los cuales antes de que acabara 2020. Las nuevas unidades son 30 juzgados y tres plazas de magistrado: una en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional; otra, en la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (con sede en Algeciras); y una tercera, en la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid.

El Ministerio de Justicia ha explicado en un comunicado que se ha tenido en cuenta los órdenes jurisdiccionales que se pueden ver más afectados por la crisis sanitaria. Así, de los 30 nuevos juzgados, 15 serán de lo social; 13, de lo mercantil; habrá un nuevo juzgado de primera instancia en Burgos; y otro de primera instancia e instrucción, en Toledo.

El departamento de Juan Carlos Campo cumple de esta forma con lo estipulado en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas, que preveía la creación de cien nuevas unidades judiciales en tres años, un tercio de ellas antes de final de año. La previsión es que para el próximo 1 de enero la mitad de estas unidades esté en funcionamiento, "contribuyendo a adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por el Covid-19 y mejorar la optimización de los recursos disponibles", de acuerdo con la nota.

Campo ya había avanzado en su intervención parlamentaria de este martes para defender la partida de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros daría luz verde a estas 33 unidades judiciales.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes cumple dos años en funciones, sigue bloqueada ante el aparentemente imposible pacto entre el Gobierno y el PP, que este lunes ha negado que exista un acuerdo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por hecho. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Campo ha señalado que "solo falta hacer público" el acuerdo de renovación. "Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", ha asegurado con un optimismo que el PP ha dejado claro que no comparte.

El líder de los populares, Pablo Casado, entrevistado en Antena 3, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del bloqueo en las negociaciones, al considerar que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC. "Ha elegido socios", ha recalcado. "No es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia", ha añadido la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, recordando las condiciones de su partido para renovar el órgano de gobierno de los jueces: que Podemos quede fuera de las negociaciones y que se avance en la independencia del poder judicial.

El ministro de Justicia ha estimado que no es legítimo vetar a nadie como vocal, porque "no hay nadie con carné de autenticidad", y el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado: Si el PP no quiere que su partido esté representado en el CGPJ, "no quedará más remedio que cambiar la ley" y rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales.

El grupo socialista y Unidas Podemos registraron en octubre en el Congreso una polémica proposición de ley con ese objetivo y, después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca la reforma para evitar una politización del Consejo, Sánchez se ofreció a dejarla en suspenso para favorecer la negociación con el PP. Pero la propuesta sigue en el registro de la Cámara Baja a la espera de ser tramitada. "Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ, porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha señalado Iglesias en una entrevista en La Sexta.

El PP lleva semanas exigiendo que esa iniciativa se retire, pero el PSOE y Podemos solo la tienen congelada. En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto del grupo socialista, Rafael Simancas, no ha querido fijar un plazo concreto para reactivarla, ya que, dice, siguen esperando a que el PP actúe con sensatez y responsabilidad constitucional. Si no se cambia la ley, sus votos son necesarios, pues la normativa vigente exige que los vocales del GGPJ cuenten con el respaldo de tres quintos de las cámaras.

Los actuales vocales lo obtuvieron en 2013, con el PP en la Moncloa y el PSOE en la oposición, y el pacto para renovarlos estaba cerrado al cumplirse los cinco años de mandato que marca la Constitución, en 2018, con Pedro Sánchez ya al frente del Ejecutivo. El magistrado del Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal.

Desde entonces no ha sido posible un acuerdo. Para el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, sería "muy mala noticia" para España que lo hubiera, ya que supondría desoír el grito del pueblo español" de que los miembros de este órgano los deben elegir los jueces.

Tan solo tres de cada diez alumnos tienen claro que ejercerán la profesión al terminar el grado, preferiblemente en un gran despacho, mientras que casi un 40 % están indecisos y el 28,4 % rechazan de plano esta vía. La mayoría de los universitarios, en cambio, se decanta por opositar y convertirse en funcionario. Así lo revela la primera encuesta elaborada por El Observatorio, un think tank enfocado a talento y personas para el sector legal, que recoge la opinión de 400 estudiantes de Derecho de hasta 11 universidades.

El informe, realizado durante el primer trimestre de 2020, refleja el alto grado de incertidumbre que tienen los estudiantes sobre su futuro laboral: siete de cada diez no tienen decidida cuál será su primera opción al finalizar la carrera, proporción que baja hasta el 56% en los últimos años del grado.

Otra de las circunstancias que destacan sus autores, Ignacio Escobar y Emiliano Cánovas, expertos en gestión del cambio y capital humano, es la situación de la mujer. Si bien ellas son mayoría durante la etapa universitaria (representan un 65% de la muestra), esta predominancia no se ve reflejada en la composición de los puestos directivos en las firmas, que solo cuentan con un 19% de socias. Los bufetes con una socia directora al frente son apenas el 5,3%.

Las salidas profesionales más populares entre los encuestados siguen siendo las más tradicionales: los grandes despachos y la función pública. El boom de las startups jurídicas, especialmente las vinculadas al uso intensivo de tecnología (las conocidas como legaltech), son desconocidas por los jóvenes o no llaman su atención. Tampoco iniciar un proyecto autónomo es una opción mayoritaria; apenas el 19,5% de los estudiantes se sienten atraídos por el emprendimiento legal.

Una de las razones puede ser que los alumnos no cuenten con suficiente información a la hora de elegir sus primeros pasos laborales. Sin embargo, creen que su conocimiento en este sentido es medio. Menos de un 25% reconoce estar infra asesorado, aunque las fuentes que utilizan para guiarse son poco especializadas. Los jóvenes acuden a las páginas web de las organizaciones (61%), la familia (57%) y los profesores (48%) para orientarse. En cambio, apenas manejan otras herramientas. Siete de cada diez no consideran acudir a foros, plataformas de empleo o redes profesionales como LinkedIn.

Los futuros abogados prefieren trabajar en una organización donde exista buen ambiente y se favorezca la conciliación y el desarrollo profesional, que en una entidad con un sueldo elevado. Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados apuesta por recalar en una firma grande o mediana, en la que creen que la retribución es más atractiva que en un despacho pequeño, donde sí piensan que hay mejor ambiente. Es decir, parece que los recién licenciados no esperan encontrar un entorno laboral amable en su primera experiencia profesional.

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han recibido 3.134.504 euros en subvenciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el presente mandato, que comenzó el 4 de diciembre de 2013.

Esta ayuda económica, cuyas bases reguladoras aprobó el CGPJ en abril de 2017, tiene como finalidad facilitar el funcionamiento general de dichas asociaciones, fomentar el asociacionismo judicial y lograr un mayor dinamismo en la realización de actividades, según explica el organismo en una nota informativa.

La comisión permanente acaba de aprobar las que se conceden por la efectiva implantación de las asociaciones en la Carrera Judicial, por la realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa y para la financiación de actividades de formación auspiciadas o impulsadas por las asociaciones, todas ellas correspondientes al año 2020.

Por el primer concepto, la APM, con 1.345 asociados, recibirá 52.502,89 euros; la AJFV -845 asociados- 32.985,09 euros; JJpD -451 asociados- 17.605,06 euros; y FJI -336 asociados- 13.115,96 euros. Las cantidades concedidas en concepto de realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa han sido las siguientes: 20.216,02 euros a la APM; 20.737,72 euros a la AJFV; 20.476,87 euros a JJpD; y 16.042,39 euros a FJI. Además, la AJFV recibirá 7.091,21 euros como ayuda para la financiación de actividades de formación; JJpD 16.098, 81 euros y FJI 2.397,13 euros. La APM no ha solicitado este año ninguna ayuda por este concepto.

Estas cantidades se suman a los 48.420,50 euros que cada asociación ha percibido en este ejercicio para sus gastos de organización y funcionamiento; y a las recibidas en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia: 19.989,68 euros para la APM; 10.052,65 euros para la AJFV; 4.444,32 euros para JJpD y 4.249,43 euros para FJI. Estas subvenciones ya habían sido aprobadas este año por la comisión permanente.

Durante el presente mandato, que se inició el 4 de diciembre de 2013, el Consejo General del Poder Judicial ha destinado un total de 3.134.504 euros a subvencionar a las cuatro asociaciones judiciales que han acreditado tener un grado de implantación en la Carrera Judicial de más del 3%, que es uno de los requisitos que deben cumplir para poder optar a las ayudas.



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