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Los consejos de la semana

Fiscal

Conoces las principales novedades de la futura Ley antifraude

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que iniciará ahora su trámite parlamentario. El proyecto de ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Con la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal se van a combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociados a las nuevas tecnologías. Permitirá perseguir los comportamientos inadecuados de grandes empresas multinacionales y evitar la planificación fiscal abusiva.

En los últimos años, las actuaciones efectuadas por la Agencia Tributaria en grandes multinacionales tecnológicas han permitido, además del ingreso de 400 millones de euros, un aumento de sus bases imponibles para próximos años, de más de 650 millones de euros.

En otra de las áreas prioritarias, el control de patrimonios relevantes, la Agencia logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 75% respecto al año anterior. Además, en este colectivo de los contribuyentes con mayores fortunas, sus bases imponibles han crecido un 16%.

Endurecimiento pagos efectivo

Este proyecto de Ley modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios.

Habida cuenta de que la utilización de medios de pago en efectivo facilita los comportamientos defraudatorios, en aras de profundizar en la lucha contra el fraude, se disminuye el límite general de este tipo de pagos. No obstante, para minimizar los efectos colaterales en pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con ello, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude.

Prohibidas las amnistías fiscales

Otra medida que se contempla es la prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Se considera pertinente reconocer de forma expresa la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Se impide así que haya beneficios tributarios injustificados que supongan la quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.

La ministra de Hacienda ha aseverado que se acabó crear agravios comparativos con millones de españoles que cumplen disciplinadamente con sus obligaciones fiscales. "A partir de ahora los ciudadanos saben que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal", ha resaltado Montero.

Listado de deudores

Este proyecto de Ley disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado. El objetivo es fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública.

Asimismo, se incluye expresamente en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios. Con ello se persigue que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

Lucha contra paraísos fiscales

Otra medida incluida en el proyecto de Ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente.

El concepto de paraíso fiscal se amplía atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Así, se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación).

Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Lucha contra software de doble uso

También se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión.

La Agencia Tributaria viene reforzando sus actuaciones en este ámbito y en los últimos cinco años se han regularizado 1.500 millones de euros, de los cuales más de 300 millones corresponden al pasado ejercicio. Con esta nueva ley, la Agencia contará con más herramientas para reforzar su capacidad en la lucha contra el uso de estos programas informáticos, que permiten alterar ventas.

Así, el proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Se contempla la posibilidad de incluir especificaciones técnicas vía desarrollo reglamentario, incluyendo someterlo a certificación y se establece un régimen sancionador específico por la producción de estos programas o su tenencia sin la adecuada certificación.

Control criptomonedas

Las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico hacen necesario ajustar la Ley 7/2012 que introdujo la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En la actualidad, se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero

Valores de referencia (ITPAJD, IP E ISD)

Dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por estos impuestos, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

En aras de la seguridad jurídica, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva.

Ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario. Se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento.

Este nuevo uso del valor de referencia cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime y la norma que se presenta es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano interadministrativo en el que estás representadas las CCAA, junto con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

Asimismo, en el seno del Consejo, todas las CCAA han manifestado su voluntad de suscribir, de forma inminente, convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Medidas frente a la elusión fiscal

Este proyecto de Ley también contempla la transposición de la Directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, que inciden directamente en el mercado interior. La directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan BEPS)

En este proyecto de Ley aprobado hoy, se incorporan a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o "Exit Tax".

Por un lado, para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización.

Por otro lado, se persigue asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Así, con el "Exit Tax" se busca garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento del traslado de activos. De este modo, se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Otras medidas

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, este proyecto de Ley incluye medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

El conjunto de todas estas medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal podría tener un impacto de 828 millones de euros en las arcas públicas el próximo año.

Laboral

¿El teletrabajo mantiene los mismos derechos a un empleado que se acoge y a otro presencial?

La nueva normativa, que ya ha entrado en vigor, fijó primeramente la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30% de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y obliga al empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir el empleado.

Características de la ley

Se distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

En los contratos de trabajo con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a distancia que garantice al menos un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de un año o en un máximo de tres años, en caso de así acordarlo con los representantes de los trabajadores.

La normativa no se aplicará al trabajo a distancia desplegado con motivo de la covid-19 a excepción de la cuestión de los medios necesarios, que sí deberá proporcionar la empresa, mientras que se deja a la negociación colectiva compensar o no los gastos y cómo hacerlo.

Iguales derechos

Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

La negativa de un empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles.

Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Esta nueva ley es de aplicación a las relaciones laborales vigentes que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por acuerdos o convenios colectivos desde el momento en el que éstos perdieran su vigencia.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración, la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE (22 de septiembre de 2021), salvo que las partes acuerden un plazo superior, como máximo de tres años.

En ningún caso, la aplicación de la norma podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que trabajaban a distancia antes de la nueva ley.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno ha remitido este jueves a Bruselas su plan presupuestario para 2021. Pese a que aún ultima el borrador de las cuentas públicas que deberá negociar con la oposición para obtener el aval parlamentario, el Ejecutivo anticipa a la Comisión Europea algunas de las líneas maestras de su estrategia, que incluye un alza fiscal de casi 7.000 millones de euros y un incremento del gasto público de 2.500 millones sobre el ya abultado desembolso realizado en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El plan del Gobierno se sustenta en una inédita ampliación del techo de gasto, del 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, una vez incorporados los 27.436 millones de euros que aspira a ingresar de las ayudas comunitarias (y que adelantará a partir de enero vía deuda), y el abono de transferencias excepcionales por 13.486 millones para las regiones (10.000 a cuenta del fondo europeo React) y de otros 18.396 millones para la Seguridad Social.

Una potencia de fuego histórica que se nutrirá también de la mayor recaudación tributaria prevista. El documento elaborado por el Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos sobre PIB pasen del 41,7% de 2020 al 40,3% en 2021, dada la fuerte subida del tamaño de la economía que se espera gracias a la recuperación, si bien en términos cuantitativos se prevé captar 33.447 millones más que este año. El grueso del incremento de la recaudación se explica por esa reactivación económica, mientras que el Gobierno estima que ingresará 6.847 millones de euros adicionales en 2021, y 2.323 en 2022, con nuevos impuestos.

Estos incluyen las nuevas tasas Google (sobre los negocios digitales) y Tobin (sobre la compra de acciones), que entrarán en vigor en enero, y con las que aspira a recaudar, 968 y 850 millones de euros anuales, respectivamente. También recoge la recientemente impulsada ley de medidas antifraude con la que el Ejecutivo aspira a obtener otros 828 millones elevando el control de las criptodivisas, rebajando de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo entre profesionales o mejorando la lucha contra la contabilidad en B y la elusión fiscal

Como novedades, el plan remitido a Bruselas recoge también un incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasarán de un tipo del 10% al 21%, para “favorecer hábitos más saludables”. Finalmente, el paquete fiscal incorpora medidas de corte medioambiental como el impuesto sobre los envases de plástico que el Ejecutivo planea tener en vigor en 2021.

El plan remitido a la UE no recoge alzas en el IRPF, el IVA de la sanidad o la educación privada o la revisión de la fiscalidad de los planes de pensiones privados que los socios del Gobierno de coalición vienen discutiendo en las últimas semanas, si bien el resultado de ese debate y la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias podrían hacer que algunas de las medidas acaben apareciendo en el proyecto de Presupuestos que llegue al Congreso de los Diputados.

Del lado del gasto, el plan prevé una rebaja de la ratio sobre PIB del 53% al que se ha disparado en 2020 al 48%, de nuevo por el aumento de tamaño de la economía, si bien en términos absolutos supondrá un desembolso adicional de 2.419 millones. Además de la factura sanitaria y social que seguirá dejando el Covid, el Gobierno prevé ya un año completo de abono del ingreso mínimo vital, el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad o una revalorización de las pensiones con el IPC

El Gobierno enviará mañana a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos. También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.

De esta forma, el Ejecutivo remitirá el jueves a Bruselas el plan presupuestario en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para el 15 de octubre, sin necesidad de pasar antes por el Consejo de Ministros, según señalan fuentes gubernamentales, con las líneas básicas de los PGE. El proyecto está "prácticamente cerrado" y será presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en los próximos días y aprobado en Consejo de Ministros en octubre para su entrada en vigor a principios de 2021.

El Plan Presupuestario de 2021 marcará como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

Además, incluirá el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a un desempleo del 16,9%. En cuanto al déficit público, informará de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB este año.

No obstante, el Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones.

En materia fiscal, PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente finiquitada su propuesta fiscal y darán en breve paso a la negociación con los grupos. Entre las medidas que se han abordado se encuentra una revisión de los incentivos de los planes de pensiones colectivos y de los beneficios fiscales y rendimientos de determinadas figuras fiscales.

En principio se ha renunciado a la eliminación de la bonificación a la educación privada, quedando por tanto exenta de un IVA del 21%, pero no se ha descartado en el caso de la sanidad privada. Sí se ha descartado en principio la bajada de Sociedades a pymes y la modificación de los tipos del IVA hasta que se recupere el crecimiento.

Tras aprobarse las tasas 'Google' y 'Tobin', se impulsarán impuestos 'verdes', un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos y en materia de pensiones se acometerán medidas, consensuadas en el Pacto de Toledo, que podrían pasar por incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustar elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas o la revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.

Las pensiones públicas se revalorizarán con el IPC en 2021, con una previsión de un deflactor del PIB del 0% en 2021 y del 0,9% en 2021, mientras que no se ha desvelado si finalmente se congelará el salario de los funcionarios. De cualquier forma, el Gobierno aplaza la reforma fiscal "profunda" a cuando se recupere el crecimiento, para lo que va a constituir ya un grupo de expertos y seguirá trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica.

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra el fraude fiscal, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra destacó que con este plan se espera aumentar la recaudación en 800 millones de euros en un sólo ejercicio. Montero explicó que la norma incluye medidas de "gran calado" que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude "más avanzadas y complejas", que requieren de ingeniería, lo que, a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.

La nueva norma, resaltó la ministra, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.

También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es "ir disminuyendo cuantías" para combatir la economía sumergida.

A su vez, se redice de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior. Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el "beneficio" a incumplidores "como hicieron gobiernos pasados", y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.

Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.

Montero destacó que "la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad" para el Ejecutivo porque "no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades", generando "competencia desleal" y "un deterioro" para las arcas públicas que, añadió, es más grave en estos momentos de pandemia.

Las conversaciones que venían sucediéndose en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para lograr un acuerdo sobre la nueva fiscalidad de los gigantes digitales se han aplazado hasta mediados de 2021, según informó la organización que dirige Ángel Gurría, que alertó de las consecuencias que esta pausa puede llegar a provocar si los países continúan imponiendo de forma unilateral sus propias tasas a falta de un criterio común. El objetivo inicial era cerrar una propuesta consensuada por las 137 capitales implicadas antes de que acabase el año 2020, sobre todo a raíz de la crisis del Covid-19 y sus consecuencias para las economías nacionales.

Con todo, la OCDE presentó sus propuestas de fiscalidad digital, que trasladará esta semana al G20 en la reunión que mantendrán mañana los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales. La entidad espera que la propuesta sirva de base para encauzar las negociaciones en el futuro. “Acordamos atajar rápidamente los problemas restantes con la vista puesta en llevar este proceso a una conclusión exitosa para mediados de 2021 y resolver los problemas técnicos, desarrollar borradores legislativos, pautas y reglas y procesos internacionales según sea necesario para implementar una solución basada en el consenso”, explicó la entidad.

La propuesta de la OCDE se centra en dos líneas de actuación. Por un lado, en el conocido como Pilar Uno, se propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones. El objetivo es garantizar que las multinacionales digitales u orientadas al consumidor paguen impuestos cuando lleven a cabo negocios sostenidos y significativos, incluso cuando no tengan presencia física, como exigen a grandes rasgos las normas fiscales actuales. De otro lado está el Pilar Dos, que propone un tipo mínimo global para impedir los efectos de que las empresas establezcan sus sedes en paraísos fiscales.

Según estima la OCDE, la falta de un acuerdo podría dar lugar a una proliferación de impuestos unilaterales sobre los servicios digitales y a un aumento de las controversias fiscales y comerciales, lo que socavaría la seguridad y la inversión, pudiendo generarse además una guerra comercial. Así, la falta de pactos podría reducir el PIB mundial en más del 1% anual. “La ausencia de una solución consensuada probablemente llevaría a la proliferación de medidas fiscales unilaterales y no coordinadas, así como a un incremento en dañinas disputas fiscales y comerciales”, alertó la institución.

El propio Ángel Gurría recordó que “no podemos hacer nada si algunos países deciden actuar por su cuenta” y ponen en marcha estos tributos de forma unilateral, como es el caso de España, entre otros. La semana pasada, de hecho, el Senado aprobó el plan de “fiscalidad del siglo XXI”, así bautizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que entra la tasa Google (y también la Tobin). Este tributo aspira a gravar con un 3% a las multinacionales con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de 3 millones en España. Está dirigido a la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios.

Más allá de España, la propia Unión Europea también negocia la puesta en marcha de este mecanismo en el continente si la propuesta consensuada a nivel global no sale adelante. En verano, después de que Estados Unidos interrumpiese las negociaciones, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, recordó que, si la posición de Washington era definitiva, la Unión presentaría su propia hoja de ruta.

Por contra, según los cálculos de la OCDE, un marco común elevaría los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades a niveles que podrían llegar hasta los 100.000 millones de dólares (85.000 millones de euros) anuales a nivel global. La OCDE estima que la implementación de un acuerdo multilateral tendrá un efecto negativo de menos del 0,1% del producto interior bruto (PIB) mundial a largo plazo. No obstante, la certidumbre fiscal derivada del pacto podría elevar la inversión y el crecimiento, lo que compensaría “parcial o totalmente” este “pequeño efecto negativo”.

El Gobierno enviará previsiblemente este jueves, en plazo, a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos. También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.

De esta forma, el Ejecutivo remitirá el jueves a Bruselas el plan presupuestario en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para el 15 de octubre, sin necesidad de pasar antes por el Consejo de Ministros, según señalan fuentes gubernamentales, con las líneas básicas de los Presupuestos, cuyo proyecto aprobará en octubre para su entrada en vigor a principios de 2021.

El Plan Presupuestario de 2021 marcará como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

Además, incluirá el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a una tasa de desempleo del 16.9%. En cuanto al déficit público, informará de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis del Covid-19 y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte del 95,5% del PIB al 118% del PIB este año.

No obstante, el Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones. Además del nuevo 'techo de gasto' y del cuadro 'macro' actualizados, que ya fueron presentados esta semana por el Gobierno, el Plan Presupuestario para 2021 incluirá las principales directrices de las nuevas cuentas públicas plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta 2026, cuyos ejes son la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desgranó que con este plan de inversiones y reformas el Ejecutivo estima una inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023 procedentes de los fondos europeos, de ellos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y los otros 12.436 millones del Programa 'REACT-EU' en 2021, lo que aumentará el crecimiento potencial de la economía por encima del 2%, aportará seis puntos al PIB y creará hasta 880.000 empleos en los tres primeros años. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, estimó que con este plan se podrá recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia a finales de 2022 y volver a la senda de crecimiento preCovid a finales del año 2023.

La distribución de estos fondos pasa por la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16% del total), infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%); transición energética justa e inclusiva (8,9%); modernización de la Administración (5%) y la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora (17,1%).

El resto se distribuye entre el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud (16,5%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%); economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); impulso de la industria de la Cultura y el Deporte (1,1%) y modernización del sistema fiscal.

Entre otras medidas, se desplegarán más de 250.000 nuevos vehículos eléctricos en tres años con 100.000 puntos de recarga; se rehabilitarán más de 500.000 viviendas; acceso a Internet rápido a toda la población y el 75% a 5G; 65.000 nuevas plazas de educación de 0 a 3 años; 200.000 nuevas plazas de FP; y se rehabilitarán infraestructuras residenciales.

Los Presupuestos de 2021 ya incorporarán 27.000 millones de euros del total de 72.000 millones de inversión previsto para los tres próximos ejercicios en el Plan de Recuperación, con el fin de poder empezar ejecutar los proyectos en cuanto las nuevas cuentas públicas vean la luz, a primeros de enero, según estima el Gobierno.

La idea es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).

Laboral

El Gobierno prevé una revalorización de las pensiones públicas del 0,9% en 2021, en línea con el incremento aplicado ya este año, lo que permitiría asegurar el poder adquisitivo del colectivo de pensionistas, según se incluye en el Plan Presupuestario de 2021 que el Ejecutivo remitió a Bruselas. La subida recogida en el Plan Presupuestario se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

No obstante, este incremento recogido en el Plan Presupuestario deberá ser negociado ahora por el Gobierno con los distintos partidos políticos y con los agentes sociales. De cualquier forma, se trataría de una subida idéntica a la de este año, ya que la primera medida del Ejecutivo de coalición fue revalorizar las pensiones un 0,9% desde el 1 de enero para 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, con un coste total de 1.406 millones de euros.

Además, se trata del cuarto año consecutivo, tras 2018, 2019 y 2020, en el que las pensiones aumentarán por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización de las pensiones (0,25%), que se aplicó durante cinco ejercicios y que aún no se ha derogado. En 2019 las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Cuando el Gobierno anunció la subida de pensiones para 2020, el presidente, Pedro Sánchez, explicó que "se orillaba" el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y no se derogaba a la espera de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Precisamente, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo en el Congreso, incluyendo la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo con una revalorización ligada al IPC. Al mismo tiempo, esta misma semana se ha constituido la mesa de diálogo social para abordar la futura reforma del sistema de pensiones en base a las recomendaciones que cierre el Pacto de Toledo.

En este contexto, el Gobierno plantea medidas como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos "distorsionantes" en la regulación de las jubilaciones anticipadas; la revisión del sistema de previsión social complementario, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas, o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado esta tarde a las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, Upta y Uatae) el nuevo modelo de cotización en función de los ingresos reales que quiere implantar para algo más de la mitad de este colectivo.

El ministerio les ha propuesto un sistema en el que puedan "elegir" su base de cotización dentro de unos tramos "en función de las previsiones de rendimientos que tendrán". Se trataría de un sistema "flexible", según Seguridad Social, que se podría modificar a lo largo del año, y se regularizaría un año después contrastándolo con los ingresos declarados a Hacienda, "incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador".

Si bien este sistema no serviría para los tres millones de trabajadores autónomos que existen en la actualidad y esta es una de las razones que divide a las asociaciones que representan al colectivo a la hora de apoyar o no la propuesta de Escrivá. En principio, de estos tres millones de autónomos quedarían fuera de este sistema algo más de un millón de societarios que tributan por el impuesto de sociedades. Por lo tanto, afectaría fundamentalmente a alrededor de 1,5 millones que ahora tributan por el sistema de estimación directa y existe la duda de si también podrían incluirse los más de medio millón de trabajadores por cuenta propia que tributan por módulos, ya que su incorporación requeriría cambiar su sistema de tributación con la Agencia Tributaria.

Esta limitación del sistema a solo la mitad del colectivo ha llevado a ATA a rechazar la propuesta de Escrivá, ya que, para su presidente, Lorenzo Amor, "no sería tan justo como se decía que iba a ser", ya que los que no se incluyan en el sistema podrán seguir cotizando muy por debajo de sus ingresos. Además, según los datos facilitados por la Seguridad Social, de esos 1,5 millones que cotizarían por el nuevo sistema unos 700.000 habrían declarado ingresos superiores a 25.000 euros anuales y por tanto se les incrementaría la cuota que pagan actualmente, ya que la inmensa mayoría cotizan por la base mínima. Por este motivo "ATA --que forma parte de CEOE-- no va a apoyar ningún acuerdo que suponga subirles la cotización a tantos autónomos en un momento tan difícil como este".

Sin embargo, desde el Gobierno hacen otros cálculos al asegurar que, según los cruces que ha realizado el Ministerio de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE). Más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema.

Las otras dos asociaciones que han participado en la reunión de hoy (Upta y Uatae), sí respaldan el sistema propuesto por el Gobierno, si bien el secretario general de Upta, Eduardo Abad, confía en que en 2022 esté implantado el nuevo modelo para los que tributan por estimación y por módulos y, en "una segunda fase" se incluya también a los societarios "porque no tendría sentido tener distintos tipos de cotización a la Seguridad Social en función de cómo se tribute a Hacienda", ha dicho.

En cualquier caso, esta ha sido la primera reunión entre el Gobierno y los autónomos para diseñar este cambio en el sistema de cotización, por lo que fuentes cercanas al Ejecutivo confían en que en próximos encuentros podrán salvar el rechazo que se han encontrado hoy por parte de ATA.

En cualquier caso, Escrivá ha dicho a estos trabajadores que “debe reformarse el sistema, siguiendo la recomendación número 4 del borrador del Pacto de Toledo”, que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo. Aunque el ministro también ha subrayado la “importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores autónomos”.

El Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar dos reglamentos, a través de sendos Reales Decretos, que desarrollan dos obligaciones empresariales: garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y elaborar y registrar los planes de igualdad (en las compañías a las que se lo exige la ley). La nueva reglamentación en materia salarial detalla, entre otras cosas, cómo evaluar los puestos de trabajo, cómo deberán ser los registros salariales en las empresas y qué consecuencias tendrá no tenerlos o incurrir en desigualdad salarial.

Las empresas tendrán seis meses, previsiblemente hasta abril, para adaptar los registros salariales ya obligatorios en la ley a estos detalles reglamentarios, ya que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se prevé inmediata. Es lo que se conoce como vacatio legis, en este caso de seis meses, para adaptar los registros y culminar así su contenido.

Mientras que el segundo reglamento, sobre los planes de igualdad, --que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE-- explica en detalle el procedimiento para su negociación y registro y cuál será a partir de ahora el contenido mínimo de estos planes ya sea obligatorio o voluntario. Esta nueva normativa no cuenta con el respaldo de los empresarios que tendrán que implantarla, ya que se deriva de un acuerdo alcanzado en julio pasado entre los ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos, al que no quisieron sumarse las organizaciones empresariales.

El reglamento sobre igualdad salarial empieza aludiendo al principio de transparencia retributiva, que es el que aplicado a los diferentes aspectos que determinan la retribución de las personas trabajadoras y sobre sus diferentes elementos, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución. "Este principio persigue identificar las discriminaciones ya sean directas o indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor de se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima".

La nueva normativa detalla que se entiende legalmente que un trabajo tendrá igual valor que otro cuando “la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”. Y acto seguido define que se entiende por cada una de dichas condiciones.

Se aplicará a través de los siguientes mecanismos: los registros retributivos, la auditoría retributiva y el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que sea de aplicación. El Estatuto de los Trabajadores ya obliga al empresario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, así como a llevar un registro detallado por sexos de los salarios de sus empleados.

La ley especifica ahora que este registro deberá recoger convenientemente desglosadas por sexo, "la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable". A su vez, esta información "deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción".

El martes entrará en vigor el decreto que regula el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. El teletrabajo será voluntario para el trabajador y para la empresa, tendrá carácter reversible y requerirá de un acuerdo por escrito firmado. Dicho acuerdo deberá contener, entre otros aspectos, el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias para teletrabajar; una enumeración de los gastos que pudiera tener el empleado y la forma de cuantificar la compensación que "obligatoriamente debe abonar la empresa"; el horario del trabajador; el porcentaje y distribución, en su caso, entre trabajo presencial y a distancia, y las instrucciones dictadas por la empresa sobre seguridad en la información y protección de datos.

La modificación en las condiciones establecidas se hará de acuerdo entre el trabajador y la empresa. "El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral", según la norma. Por su parte, la empresa podrá acordar "las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control" para verificar que el trabajador cumple con sus obligaciones, "incluida la utilización de medios telemáticos".

La negativa del trabajador a desempeñar sus tareas a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para desarrollar su labor fuera del centro de trabajo que se deban exclusivamente al cambio en la modalidad de trabajo "no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo".

Las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia de forma excepcional acogiéndose al carácter preferente que se le dio con la declaración del estado de alarma o como consecuencia de las medidas de contención del Covid-19, "le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria". No obstante, deberán "dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario".

La norma recoge que "en su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados". Los empleados que teletrabajen tendrán derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo y la empresa deberá garantizarlo. También podrán tener un horario flexible si así se acuerda entre las partes, siempre que se respeten los "tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso", y la empresa deberá obtener la información necesaria para la prevención de los riesgos laborales del trabajador.

Del mismo modo, se recoge el derecho a la intimidad y a la protección de datos. En este sentido, las empresas "deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando, en todo caso, los estándares mínimos de protección de su intimidad" y no podrán exigir instalar programas o aplicaciones en dispositivos personales del empleado.

Según esta información, Escrivá ha comunicado que en los próximos días las asociaciones de autónomos recibirán las primeras ideas que desde el Gobierno se plantean para la reforma del sistema de cotizaciones. Cotizar en función de los ingresos reales significará, en palabras de Escrivá, que “la gran mayoría de autónomos pagará menos, no más” a partir de la entrada en vigor de esta reforma. “El número de autónomos que van a tener que cotizar menos porque tienen ingresos menores supera ampliamente a los que van a cotizar más", ha asegurado el ministro ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja,

Por otro lado, y en referencia a los que tendrán que pagar más, Escrivá ha recordado que durante la pandemia “muchos se han dado cuenta de que cotizar más implica tener mayores prestaciones”. En la misma intervención recogida por la agencia de noticias, el titular del Ministerio establecía una la relación directa entre la cotización con la jubilación. Escrivá ha insistido en la idoneidad de que los autónomos que puedan permitírselo suban sus cotizaciones, ya que “la cotización mínima te lleva a lo que te lleva, a la pensión mínima”.

“En la medida en que se vaya clarificando el futuro del sistema de pensiones en el Pacto de Toledo los incentivos a cotizar más para tener una pensión mayor son claros”, ha añadido. Escrivá ha recordado a los más críticos con esta reforma que migrar a un nuevo sistema por ingresos reales es una petición que partió de los propios autónomos, y que también forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Mercantil, civil y administrativo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma hoy que los precios cayeron un 0,4% en septiembre frente al mismo mes de 2019, descenso que se moderó una décima respecto al de agosto por el encarecimiento de la electricidad. El dato que avanzó hace 15 días el INE que refleja cómo los precios de consumo acumulan seis meses de descensos interanuales, desde abril cuando estalló la pandemia del COVID-19.

En la evolución del IPC de septiembre influyó la subida de la electricidad frente a la bajada de 2019, mientras que los paquetes turísticos disminuyeron menos este mes que el pasado año y los carburantes tiraron a la baja de los precios. Los precios encadenan seis meses de tasas anuales en negativo desde el estallido de la pandemia, aunque el descenso de septiembre supone moderar una décima la caída de agosto, cuando los precios descendieron un 0,5%.

Además de la subida de la luz, en la evolución del IPC de septiembre influyó el menor abaratamiento de los paquetes turísticos respecto a hace un año, y el encarecimiento de las legumbres y hortalizas. En sentido contrario, el INE destaca el abaratamiento de los carburantes para el transporte personal, del transporte aéreo de pasajeros y de los servicios de alojamiento, muy afectados por la crisis sanitaria.

El INE recuerda que, tras la finalización del estado de alarma, todos los productos del IPC están disponibles para su adquisición por los hogares. Estadística continuó en septiembre la recogida presencial de los precios, manteniéndose la recogida por medios telemáticos cuando, por motivos de seguridad sanitaria, no es posible o conveniente realizarla de modo presencial.

En el noveno mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el -0,6%, la misma que en agosto. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantuvo en septiembre en el 0,4%, ocho décimas por encima del IPC general. En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,2%, frente al estancamiento de agosto y la caída de nueve décimas experimentada en julio.

Lo que más subió de precio en septiembre en relación al mes anterior fueron otros artículos de vestir como guantes y pañuelos, un 15,2%, y la ropa masculina (+8,7%), mientras que lo que más bajó fueron los paquetes turísticos nacionales (-24,7% en relación al mes anterior).

Los bancos deberán pagar a sus clientes por las hipotecas que arrojen tipos de interés negativos tras sumar el diferencial salvo que haya alguna restricción legal. Así lo sentenció José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en una intervención en el Parlamento Europeo, tras ser preguntado por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. El euríbor está por los suelos, cerca del -0,5% en la media de octubre. Los créditos vinculados a este índice con diferenciales inferiores a ese porcentaje se convertirán en depósitos.

En España la gran mayoría de los préstamos para comprar una vivienda están referenciados al euríbor a 12 meses. Este cerró ayer en el -0,467%, y la media de octubre se sitúa en el -0,458%. La cuantía de hipotecas ligadas a este índice solo en España ronda los 300.000 millones de euros, según fuentes financieras. Y el importe se dispara hasta el billón de euros en todo el mundo, según el gestor de los diferentes índices euríbor, EMMI.

Los mejores diferenciales de la burbuja inmobiliaria, que comenzó a explotar en 2008, desde los 0,17 puntos porcentuales que llegó a ofrecer Deutsche Bank, ya no cubren ese nivel y están, teóricamente, en negativo. Pero los bancos se niegan a pagar por esos préstamos o descontar los intereses del principal.

Luis Garicano, eurodiputado por Ciudadanos y vicepresidente del grupo Renew Europe, sucesor de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, recogió el guante y preguntó al presidente de la EBA si los bancos tienen que pagar por las hipotecas si se producen tipos negativos. Campa no dudo en responder: “Creo que el reglamento debería aplicarse en general. Si no hay restricciones legales en ningún país o autoridad nacional (...) y [las hipotecas] van a territorio negativo, eso es lo que el contrato establece y lo que debería ser respetado”, aseguró.

Al contrario, ya ocurre. Algunos bancos y otras firmas, como agencias y sociedades de valores, cobran por depositar dinero en cuenta. Las propias entidades reciben intereses –hasta el 1%– del BCE por tomar dinero prestado en la tercera edición de sus subastas bonificadas de liquidez (las denominadas ­TLTRO III). Garicano planteó si los clientes pueden sacar partido de la situación. Y la respuesta fue afirmativa.

Pero el diablo está en los detalles. De entrada, desde la Asociación Española de Banca (AEB) aducen que “la nueva ley hipotecaria determina que los tipos de interés no podrán ser negativos, al precisar algo que ya está en la naturaleza del contrato de préstamo, donde se ha pactado un tipo de interés como contrapartida a la financiación obtenida”. Y es cierto. Pero esa regulación entró en vigor el 16 de junio de 2019 Todas las hipotecas firmadas desde entonces tienen ese límite. Pero el artículo que fija el 0% como mínimo no tiene efecto retroactivo. Los préstamos anteriores no están blindados para la banca, según afirmó el lunes ante el Parlamento Europeo el presidente de la EBA. Desde el Banco de España, por su parte, afirman que no hay ningún cambio regulatorio al respecto.

Lo firmado antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva norma aplica tal y como se estipule en el contrato. Y aquí ya es necesario mirar papel a papel. En algunas hipotecas ya consta que el suelo es un 0%. En otras, no. Pero todas las entidades españolas consultadas aplican de facto ese mínimo.

Las condiciones de financiación de España son inmejorables y no paran de mejorar, pese a ser uno de los epicentros de la segunda ola de contagios de la pandemia en la UE, a la incertidumbre política y a la mayor contracción de su economía por su dependencia del sector servicios, y especialmente del turismo -el segmento más golpeado por las restricciones de movilidad y de distanciamiento social-.

El interés que se exige en el mercado secundario al bono de referencia, a 10 años, cayó este jueves al 0,14%, apenas 11 puntos básicos por encima del mínimo histórico del 15 de agosto de 2019. ¿Las razones? El programa récord de compras de deuda del BCE con el que dio respuesta a la crisis del Covid-19 -y la expectativa de que se extienda a partir de diciembre- y los fondos de recuperación de la UE -del de reconstrucción llegarán cerca de 26.000 millones en 2021-.

El mercado está tan intervenido, que los inversores, buscando islas de rentabilidad, han llevado el interés del bono a 50 años, que se queda fuera de las condiciones del programa de la institución monetaria -no compra vencimientos más largos de 30 ejercicios-, hasta el 1,174%, apenas a 4 puntos de su suelo histórico, el 1,13% del 11 de marzo. Bajo la misma lógica, la prima de riesgo -el diferencial entre la referencia española y la alemana- está por debajo de los 70 puntos y el bono italiano, en el mínimo del 0,67%.

Un comportamiento que el pasado jueves usó para restarle importancia al BCE el propio secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, quien anunció la reducción del objetivo emisión neta de deuda en 15.000 millones de euros, de 130.000 a 115.000, gracias a los 10.000 millones con los que España contará ya este ejercicio del mecanismo europeo de préstamos Sure para la protección del empleo y al contexto de tipos de interés en mínimos.

La institución adelantó que el coste de financiación de las nuevas emisiones en el mercado primario cerrará en torno al 0,23% en el que se sitúa actualmente pese al sobreendeudamiento de España, que se prevé que alcanzará hasta el 120% del PIB, por el fuerte incremento del gasto y el desplome de la actividad que supone la crisis. Unas condiciones muy favorables que han llevado el coste medio de toda la deuda en circulación -más de 1,1 billones- al suelo del 1,93%.

El Gobierno sopesa "un reforzamiento de la capacidad" de algunos ministerios y agencias públicas para agilizar la gestión de los proyectos que se beneficiarán de los milmillonarios fondos europeos e involucrará a las distintas capas de las Administración pública con el objetivo final de agilizar su ejecución, pudiendo echar mano, incluso, de firmas externas.

Los ministerios de Transición Ecológica y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital son algunos de los departamentos que podrían acabar reforzados ya que vehicularán el 37 y 33% de los 72.000 millones de euros en fondos que llegarán desde Europa para impulsar la economía verde y la digitalización, según detallan fuentes gubernamentales.

Hacienda también está sujeto a dicho refuerzo potencial, al contar con la dirección general de fondos europeos para garantizar su ejecución "fluida"; así como agencias estatales con mayor capacidad para ejecutar proyectos como Red.es o Tragsa, ya que esta última ha demostrado su facultad para apoyar en el alud de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) que tuvo que gestionar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la crisis.

Lo que se ha descartado de plano es crear una agencia independiente para vehicular todos los proyectos por tiempo y efectividad, dado que su simple creación podría consumir año y medio y el riesgo de generar "cuellos de botella" es alto si todo tiene que pasar por un organismo o ventanilla única. Frente a la opción de una agencia única especializada, independiente o no, se ha impuesto la idea de involucrar a toda la Administración Pública: desde los ministerios y agencias públicas, a las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y entes locales.

La intención es poner a máxima capacidad la maquinaria para que los proyectos se visen, valoren y autoricen con rapidez, ya que la intención es aprovechar los 72.000 millones de euros en tres años y no en los seis que permite Bruselas para, precisamente, acelerar la recuperación de la economía con su rápida transformación.

Las diferentes administraciones serán las encargadas después de determinar qué recursos necesitan o si precisan algún tipo de apoyo externo para hacerlo más rápido, valiéndose, por ejemplo, de firmas consultoras; pero cuentan con la base principal para la colosal tarea porque saben cómo gestionar estos proyectos ya que conocen cómo se licitan los concursos, indican las fuentes consultadas.

Desde el Gobierno se formularán los diferentes objetivos y buscará su obtención a través de convocatorias, subvenciones, etc., a desarrollar en convenios con las comunidades autónomas y el resto de Administraciones públicas para que lleguen a todo el territorio nacional, puedan participar todo tipo de empresas y su ejecución sea rápida.

Precisamente para agilizar dichos procesos está revisando también todas las leyes involucradas en la gestión administrativa como la de subvenciones y de contratos públicos, con la intención de reducir tiempos y eliminar las trabas burocráticas. Se pretende agilizar al máximo el proceso respectando los mínimos que impone la directiva europea de contratación pública, indican las fuentes consultadas.

A España le corresponden unos 140.000 millones del fondo Next Generation aprobado por la Comisión Europea con 750.000 millones, y de los que aproximadamente la mitad serían en forma de transferencias y el resto vía crédito reembolsable. El Gobierno ha decidido solicitar 72.000 millones: 60.000 millones con recurso a dicho fondo y 12.400 millones adicionales al React-UE, una especie de fondos Feder, pero volcado para la situación creada por el Covid-19.

La economía española empieza a ofrecer los primeros síntomas de estabilización del crecimiento, poniendo así fin a la desaceleración de los últimos meses, según sugiere el índice compuesto de indicadores líderes (CLI), elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La última lectura del indicador adelantado de la OCDE, diseñado para anticipar puntos de inflexión en la actividad económica durante los siguientes seis a nueve meses, muestra una caída marginal del dato de España, que se sitúa en 94,31 puntos, frente a los 94,32 del mes pasado y los 100,68 de un año antes.

De este modo, a pesar de ser una de las pocas economías donde el CLI cayó en septiembre respecto de la lectura de agosto, un portavoz de la OCDE explicó que "han surgido señales de una estabilización en el ritmo de crecimiento" de la economía española, aunque advirtió de que "en la mayoría de las economías, incluida España, se espera que los niveles de PIB se mantengan por debajo de las tendencias a largo plazo".

Para el conjunto de países que forman parte del 'think tank' de las economías avanzadas, la última lectura del índice CLI se ha situado en 98,8 puntos, frente a los 98,5 del mes anterior, algo que se traduce en una "moderación del ritmo de crecimiento".

Entre las mayores economías de la OCDE, el índice CLI de Estados Unidos subió a 98,6 puntos desde los 98,2 del mes anterior, ofreciendo signos de moderación del crecimiento, igual que en el caso del Reino Unido, con una bajada en septiembre del CLI a 99,4 puntos desde los 99,6 de agosto, y en Japón, donde el dato subió a 98,8 desde 98,6.

En el caso de la zona euro, la OCDE aprecia una "estabilización en el ritmo de crecimiento por debajo de la tendencia", en línea con la observación dedicada a la economía española, con una lectura del CLI de 98 puntos, frente al 97,9 de agosto. Entre los grandes países del euro, el índice adelantado apunta a una estabilización del crecimiento de Alemania y Francia, mientras que para Italia sugiere una moderación del mismo.

Sector

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha apelado a "llegar a soluciones a partir del consenso" sobre la forma de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como a la necesidad de "oír a los operadores jurídicos", entre los que ha mencionado a los jueces y a los fiscales.

Dolores Delgado ha participado en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la que ha sido preguntada por la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para renovar el CGPJ, cuyo mandado ha expirado hace casi dos años, a través de una rebaja del umbral la mayoría parlamentaria necesaria para que dicha renovación salga adelante, aunque no cuente con los votos del PP.

"El servicio público que es la justicia es de todos y es muy bueno escuchar, oír y llegar a soluciones a partir de ese consenso y ese acuerdo y sobre todo de esa colaboración de todos aquellos que participan en la Administración de justicia", ha comentado. La proposición de PSOE y Unidas Podemos pretende además limitar las decisiones que pueda adoptar un CGPJ saliente en una situación de interinidad como el actual.

Al respecto, también ha recordado que también ha habido fiscales generales en funciones y que, aunque no está reglado en la Fiscalía se decidió no realizar acciones que pudieran tener una proyección en el futuro y que fueran irreversibles en el caso de cambio de una política criminal. "Lo cual quiere decir que es importante que nos soseguemos, que pensemos qué es lo mejor para la ciudadanía y que adoptemos aquellas decisiones que al final redunden en beneficio del servicio público", ha concluido.

Por su parte, el decano del ICAM, José María Alonso, se ha mostrado contrario a la proposición y ha expresado su asombro por el hecho "de que no haya entendimiento ni capacidad de llegar a un acuerdo. La fiscal general ha dicho que hay que oír a los operadores, pero a través del sistema de una proposición de ley y no de un anteproyecto de ley se aluden los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, que me parecen importantísimos".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, han hecho público un comunicado en el que instan a alcanzar un acuerdo para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ante la negativa a nombrar nuevos miembros de esta institución, los integrantes del grupo de jueces ponen de manifiesto lo siguiente:

1. Exigimos la renovación inmediata del CGPJ conforme con la legislación actual, exhortando a los grupos parlamentarios a un acuerdo sin dilación, sin bloqueos, con altura de miras, y con sentido constitucional e institucional, por respeto al Poder Judicial, a los/as jueces/zas y magistrados/as que lo integran, y en definitiva a la ciudadanía.

2. Se produzca o no dicha renovación, creemos adecuado que se legisle sobre las competencias en el caso de encontrarse en funciones el órgano constitucional, sin carácter retroactivo en relación con los acuerdos ya adoptados por el actual CGPJ.

3. Que la posible modificación de las mayorías cualificadas para la designación de los vocales de procedencia judicial que exige la actual LOPJ puede conllevar el desbloqueo actual de la renovación del CGPJ, pero supone un riesgo elevado de qué a futuro las minorías parlamentarias no intervengan o queden representadas.

4. Que en todo caso una vez renovado el CGPJ apostamos por un modelo de elección por los/as jueces/zas con las garantías suficientes de que todas las sensibilidades, categorías profesionales, asociaciones y no asociados/as, queden representados.

5. De mantenerse el sistema de elección parlamentaria debe mejorarse y corregir sus defectos, con mecanismos de evaluación previa, priorizando el perfil profesional, trayectoria de los/as candidatos/as y su programa de actuación en beneficio de la Administración de Justicia y del prestigio de la propia institución.

El dinero proveniente del Fondo Europeo de Recuperación va a ser, en los próximos años, una importante fuente de negocio para los grandes despachos de abogados. Y es que tanto la Administración (encargada de diseñar y supervisar los cauces para la entrega de las ayudas) como el sector privado (que debe presentar y ejecutar sus propuestas) van a requerir muchas horas de asesoramiento legal de alta precisión para superar el exigente escrutinio de Bruselas.

Conscientes de ello, algunos bufetes no han querido esperar a la concreción normativa del plan y ya han conformado equipos multidisciplinares que trabajan analizando oportunidades y presentando propuestas a sus clientes. No obstante, no todos se han puesto ya manos a la obra.

Otras firmas han optado por una estrategia más reactiva y aguardan a que lleguen los encargos, o, directamente, admiten que las ayudas no están, de momento, entre sus prioridades. Así, si bien es cierto que la carrera por el negocio del fondo europeo aún no está lanzada, el pistoletazo de salida puede pillar a más de uno con los deberes por hacer. Y más aún porque entre los competidores figuran las áreas legales de unas big four que ya ofertan el pack consultoría y asesoramiento jurídico.

En todo caso, la captación de negocio no es el único frente abierto que tienen los grandes bufetes. Durante estos días, algunos de ellos también mantienen contactos al más alto nivel con la Administración y las instituciones y organizaciones implicadas en la revisión de la tramitación pública. Es el caso de Uría Menéndez, PwC Tax & Legal, Garrigues o Cuatrecasas, firmas a las que CEOE ha invitado a su grupo de trabajo que debe elaborar una propuesta de reforma para agilizar los procedimientos administrativos y suprimir los cuellos de botella.

La composición de los equipos diseñados por los bufetes permite radiografiar los elementos que estos consideran clave desde el punto de vista legal para resultar agraciado con el maná europeo. Así, destaca la presencia en los mismos de abogados del Estado, profesionales que no solo cuentan con una formación técnica de primer nivel, sino que además conocen los entresijos de la Administración. También es relevante el peso de los expertos en el derecho y las instituciones comunitarias; buena parte de la batalla se libra en Bruselas. Y, finalmente, todas las firmas inciden en la transversalidad de sus paneles.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha destacado durante la reunión informal de ministros de Justicia de la UE, los avances logrados en el esquema de seguridad jurídica digital en España a raíz de la pandemia de coronavirus. Zapatero, que ha participado por videoconferencia en sustitución del ministro, Juan Carlos Campo, ha resaltado los progresos que ha hecho España en materia de digitalización en el ámbito judicial en el contexto de la crisis sanitaria, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.

"Hemos hecho reformas legales y disponemos ya de infraestructuras tecnológicas que nos permitirán la identificación electrónica fiable y segura en videoconferencia", ha dicho el secretario de Estado. Zapatero ha explicado que este esquema de seguridad judicial digital permitirá hacer todo tipo de actuaciones judiciales telemáticas con plena garantías legales, detallando que ya se han llevado a cabo por esta vía más de 97.000.

Por otro lado, ha valorado que la Comisión Europea haya articulado una estrategia europea para combatir el abuso infantil, incluidos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, "difíciles de combatir". "La lucha contra los delitos en Internet exige la plena cooperación entre estados", ha afirmado.

A este respecto, ha indicado que España cuenta con instituciones para erradicar este tipo de crímenes, entre las que ha mencionado la Unidad Central de Ciberdelincuencia, de la que depende una brigada destinada a luchar contra delitos de explotación sexual infantil en la Red, o la Fiscalía de criminalidad informática, destaca Europa Press.

Asimismo, ha recordado la actual tramitación de un proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia contra la violencia, con especial atención al ámbito 'online y a la prevención, detección y coordinación entre los agentes implicados. "Es un problema que debe abordarse de forma conjunta", ha sostenido.

Por último, se ha referido a la necesidad de formar a los operadores jurídicos y concienciar a la sociedad en general frente al antisemitismo. "En España contamos con secciones especializadas de la Fiscalía para los delitos de odio en general y la Policía dispone de protocolos específicos de actuación para estos casos", ha apuntado.

Las asociaciones de jueces y fiscales han traslado al Ministerio de Justicia que el plan de choque ideado por el departamento del ministro Juan Carlos Campo para la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus presenta problemas como la "imposibilidad material" para lograr los objetivos previstos por falta de salas de vista, por la ralentización de los juicios por los protocolos sanitarios o por las deficiencias en los sistemas digitales que dificultan los actos vía telemática.

Las asociaciones, tras una reunión mantenida con el ministerio, han explicado que trasladaron que el autorefuerzo como medida a mantener en el tiempo es "inadecuada", y plantearon la necesidad de ampliar la plantilla tanto judicial como fiscal y crear nuevas unidades que palien el déficit estructural de la Administración de Justicia.

Al hilo, también han demandado una previsión del departamento de Campo al respecto y la necesidad de disponer de un calendario de actuaciones que permita que se realice un seguimiento. Así, durante la reunión acordaron que a lo largo de esta semana tanto las asociaciones de jueces como de fiscales propondrán a Justicia los compañeros que formarán parte de los grupos de trabajo en materia de la Ley de Agilización, Ley de Discapacidad, Registro Civil y Tribunales de Instancia/Oficina judicial.

Asimismo, el lunes 19 de octubre se llevará a cabo una reunión de jueces con Justicia para abordar los planes de choque en el orden social y mercantil, en la que se propondrán modificaciones al plan actual y se introducirán mejoras de cara a la segunda fase que arranca en enero de 2021.

Tras esto habrá varias reuniones. El 20 de octubre, jueces y fiscales se reunirán con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; el martes 27 de octubre habrá reunión del grupo de trabajo sobre Ley de Discapacidad; y ya en noviembre se dará una reunión de seguimiento del período de los trabajos.

Por su parte, el ministerio ha informado además de la propuesta de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la creación de 60 unidades judiciales y 40 fiscales, así como de una oferta de empleo público (oposiciones) de 240 plazas.

También ha tomado nota de la problemática suscitada en relación con los jueces y fiscales que iniciaron el autorefuerzo en septiembre para que perciban el complemento correspondiente, y ha anunciado que el objetivo es incluir en la Ley de Agilización una reforma del artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver de forma definitiva la cuestión relativa al plazo en relación con las actuaciones del Ministerio Fiscal.

Además, el Ministerio de Justicia trasladó a jueces y fiscales el plan de actuación para la recuperación de la jurisdicción social y los órganos mercantiles tras la entrada de asuntos provocada por la Covid-19. E informó de la inmediata creación de 28 unidades judiciales. Fuera del orden del día, se explicó el estado en que se encuentra la tramitación del Reglamento del Ministerio Fiscal y el desarrollo de la Fiscalía Europea, y se propuso la creación de 7 fiscales delegados.



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