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Los consejos de la semana

Contabilidad

Incidencia del COVID-19 en la formulación de cuentas anuales

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo ampliaron los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales como consecuencia de la crisis sanitaria y, en consonancia con ello, se reguló la posibilidad de presentar una segunda declaración del Impuesto sobre Sociedades hasta el 30 de noviembre de 2020, si las cuentas anuales finalmente aprobadas difieren de la información contable tenida en cuenta para la preparación de la declaración a presentar en período voluntario.

Nuevo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales 2019

Con efectos desde el 28 de mayo de 2020, el Real Decreto-ley 19/2020 establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios se computará desde el 1 de junio de 2020 (y no desde la finalización del estado de alarma). Por otra parte, se reduce a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde que finaliza el plazo para su formulación.

Además, aunque no se considera expresamente en la nueva norma, el 1 de junio también se inicia el plazo de cuatro meses para la legalización de libros, de acuerdo con la interpretación que realizó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución de 10 de abril de 2020 sobre el impacto que en relación a la legalización de los libros de empresarios resulta del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Registro Mercantil ha publicado el 28 de mayo de 2020 una nota en su página web sobre la legalización de los libros y el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, en la que se establecen los siguientes plazos:

Formulación cuentas anuales: Se establece un plazo de tres meses desde el día 1 de junio para formular las cuentas anuales del ejercicio 2019. En consecuencia, la fecha límite para la formulación de Cuentas Anuales sería el 31 de AGOSTO de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, será válida la formulación de las cuentas anuales dentro del período del estado de alarma.

Fecha máxima para presentar en plazo la legalización de los libros: 30 de SEPTIEMBRE 2020 

Fecha máxima para celebrar la junta general ordinaria que aprueba las cuentas y la aplicación del resultado: 31 de OCTUBRE 2020

Atención. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas si los hubiere.

Fecha máxima para presentar en plazo el depósito de las cuentas anuales: Un MES desde el día en que se haya celebrado la junta de aprobación de Cuentas Anuales 31 de octubre (en caso de apurar plazos y celebrarse la Junta en fecha 31 de octubre) la fecha máxima será el 30 de NOVIEMBRE 2020.

Cuentas anuales 2019

Trámite - Plazo máximo
Formulación de las Cuentas Anuales - 31 de agosto de 2020
Legalización de libros oficiales - 30 de septiembre de 2020
Aprobación de las Cuentas Anuales - 31 de octubre de 2020
Depósito de las Cuentas Anuales - 30 de noviembre de 2020

Se considerará válida y en plazo la formulación, aprobación y depósito de las cuentas con anterioridad.

Fiscal

Sabes que se ha anulado la obligación de presentar el modelo 179 de declaración de cesión de viviendas con fines turísticos

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020, ha anulado el artículo del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regula la obligación de informar a Hacienda sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (Modelo 179). Así pues, a partir del tercer trimestre de 2020 no existe la obligación de presentar dicho modelo.

En el BOE del día 23 de septiembre de 2020 se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 23 de julio de 2020 que ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la "Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos". Esta anulación se debe a que, antes de introducir esta nueva obligación informativa, España debería haber notificado a la Comisión Europea su intención de aprobarla, cosa que no ocurrió.

El referido precepto establecía que "las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien" (el llamado "modelo 179").

De esta manera, los intermediarios de arrendamientos turísticos debían informar a la Administración tributaria, con carácter trimestral, sobre los siguientes extremos:

a) Identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos.

b) Identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral.

c) Identificación de las personas o entidades cesionarias, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

d) Importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

Pronunciamiento del Supremo

Pues bien, el TS, en su sentencia de 23 de julio de 2020 ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la "Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos".

El Alto Tribunal trae a colación al caso de autos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el "asunto Airbnb Ireland UC C-390/18", de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una disposición como el artículo 54 ter del citado Reglamento debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva necesariamente su invalidez.

En este sentido, señala el TS que "los términos de la sentencia del TJUE (...) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho".

Por tanto, dicha declaración de nulidad conlleva la desaparición de posibilidad de presentación de la correspondiente declaración informativa contenida en el modelo 179 (declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos).

Ahora, el Ministerio de Hacienda pretende retomar la batalla con el fin de obligar a las plataformas de alquiler de facilitar la citada información fiscal. De momento, la Dirección General de Tributos no ha adoptado una decisión definitiva sobre cómo y cuándo hacerlo.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno certificó ayer que la crisis del coronavirus en España está resultando aún más devastadora de lo que calculó en primavera al actualizar a la baja su cuadro de previsiones macroeconómicas como paso previo al impulso del plan presupuestario para 2021. Los nuevos cálculos del Gobierno, presentados tras el visto bueno del Consejo de Ministros por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, constatan que la recesión es más profunda; el déficit y la deuda generada, más abultados; y que la reactivación es más incierta de lo que el Ejecutivo había trasladado a Bruselas en mayo.

Sin embargo, y aunque admite que la recuperación tardará años, concede mayor potencia al rebote inercial de la economía en 2021 y estima que el Plan de Recuperación que presentará hoy el presidente del Gobierno, la hoja de ruta de la inversión que se hará con las ayudas europeas, impulsará el PIB casi a doble dígito el próximo año.

En concreto, el Ejecutivo asume ahora que el PIB español pasará de crecer un 2% en 2019 a desplomarse un 11,2% este año, frente al 9,2% estimado inicialmente, acercándose ya a la previsión de caída del 12% que dan el grueso de analistas.

La salida de esta sima arrancaría en 2021, cuando la recuperación será solo parcial, con un crecimiento económico inercial del 7,2%, frente al 6,8% anteriormente apuntado. Sin embargo, el Gobierno estima que los 27.400 millones de euros en ayudas europeas que aspira a recibir el año que viene, podrían incrementar el alza del PIB de 2021 en 2,6 puntos más, hasta el 9,8%, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se anunciará hoy.

El nuevo cuadro macroeconómico suaviza las cifras de empleo, con una caída del 8,4% en 2020 (en lugar del 9,7%) y una recuperación del 5,6% en el próximo año, que hará que la tasa de paro salte del 14,1% al 17,1% este año (en vez de hacerlo al 19%) y baje al 16,9% en 2021. El plan de recuperación, eso sí, podría impulsar el empleo un 7,2% y rebajar el paro al 16,3%.

Del lado de las cuentas públicas, en un momento en que la Unión Europea ha suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021 a fin de animar la reactivación económica, el Gobierno prevé que el déficit se dispare del 2,8% del PIB de 2019 al 11,3% este año, frente al 10,3% que había asumido a priori. Como consecuencia, la deuda pública saltaría del 95,5% al 118% en 2020, y no el 115,5% antes planteado. De cara al próximo año, el Gobierno confía en que el agujero fiscal se relaje ya al 7,7%, aunque no detalló qué parte de la mejora será inercial y cuál debido a la mejora de ingresos que prevé lograr con los nuevos Presupuestos.

Aunque no ofrece cifras para los años siguientes, el Ejecutivo asume que la recuperación inercial no se daría antes de 2024, aunque estima que su plan de medidas podría acelerar la vuelta a los niveles de 2019 a 2022. Calviño defendió que las medidas ya desplegadas por el Gobierno, incluyendo el uso de los ERTE para contener la destrucción de puestos de trabajo, los avales públicos para facilitar financiación a las empresas, o las diversas ayudas sociales concedidas, han permitido evitar una caída del 25% del PIB este año y la destrucción de 3,5 millones de empleos.

Así, ilustró, tras la caída del 5,2% del PIB en el primer trimestre, y del 17,8% en el segundo, la economía avanzó en torno a un 13% en el tercero y 2,7 de los 3,4 millones de afectados por ERTE se han reincorporado ya a sus empleos. Calviño admitió que impera la incertidumbre y que los rebrotes del virus son un riesgo, pero dijo que este es superable si se toman medidas a tiempo.

El Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas una tasa de referencia de déficit orientativo del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la Administración central, así como unas entregas a cuenta de 105.589 millones de euros y la asignación de 10.000 millones de euros del fondo 'React-EU'.

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior a la celebración por videoconferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha presidido junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y que ha reunido a 16 autonomías, ya que el País Vasco se ha ausentado abogando por un encuentro bilateral en la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Montero ha trasladado a las CC.AA. la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales de las administraciones públicas, en línea con la recomendación de la Comisión Europea, que implica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos para que puedan contribuir a la recuperación y las consecuencias de la crisis del Covid-19, pero si lo harán teniendo en cuenta las tasas de referencia.

En este sentido, ha explicado que, aunque no haya objetivos de déficit, sí se apela a la responsabilidad de las administraciones y se mantiene ese objetivo de sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo, aunque cree que no habrá que prolongar la suspensión de reglas fiscales para 2022 si hay vacuna y mejora la situación, y espera "responsabilidad" de las administraciones, aunque el efecto del incumplimiento de la tasa de referencia de déficit sea "ninguno".

En concreto, la tasa de referencia del déficit público para el ejercicio 2021 se sitúa en el 2,2% del PIB, y se ha extraído teniendo en cuenta la consolidación del déficit previsto para este año, que podría situarse en el 0,6% del PIB, recoge también el Fondo Covid-19 (1,4% del PIB) abonado en 2020 y el 0,2% del PIB de menor financiación global que arroja el sistema de financiación. Con estos tres elementos, se establece el déficit de referencia del 2,2%, ha apuntado Montero.

En detalle, ha apuntado que este año las CCAA recibieron por el sistema de financiación 115.662 millones, recibieron adicionalmente 16.000 millones del Fondo Covid y otros 2.211 millones que proporcionaba el objetivo de déficit del 0,2% del PIB para este año, lo que supone un total de 133.873 millones.

Para el año que viene, ha detallado que los recursos del sistema de financiación serán de 113.729 millones, al tiempo que las CCAA recibirán además una transferencia de 13.400 millones y un margen por la tasa de referencia de déficit del 1,1% del PIB, otros 13.400 millones. En total, 140.400 millones, un 4,6% más que el año anterior.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegura que el Gobierno está “teniendo en cuenta las opiniones” de la patronal. “La opinión de los empresarios tiene peso”. Asimismo, defiende que “no es el momento de subir impuestos y tampoco de bajarlos”.

En una entrevista ayer en El Correo, señala que tampoco es momento de “bajar las cotizaciones sociales. Además de que hay que darle varias vueltas a la eficiencia del gasto público, hay que matizar muy bien esto de la presión fiscal”, indica, al tiempo que considera que el problema fiscal de España “no es de impuestos bajos sino de fraude, de economía sumergida”.

En cuanto al acuerdo alcanzado esta semana para prorrogar los ERTE, afirma que en lo que respecta a los empresarios su empeño era que no se podían quedar fuera sectores que “lo están pasando muy mal en la pandemia: el turismo, el comercio, la hostelería, el ocio nocturno... Hay muchas actividades que no podían quedar fuera del ámbito de protección”. Recuerda que en el caso de Alemania se mantendrán hasta el diciembre de 2021 y considera “ingenuo” pensar que los bares pueden solucionar su problema si los ayuntamientos les permiten instalar terrazas.

No obstante, reconoce que si la situación continúa “mucho tiempo así” se verán “muchos ajustes de plantillas” y en el caso específico del turismo muestra su preo­cupación por la campaña de invierno de Canarias. “Hay que hacer un trabajo muy intenso para salvar eso. PCR a la entrada y a la salida, corredores seguros, ofrecer garantías a alemanes e ingleses en materia de asistencia sanitaria. Lo que sea”, defiende.

Asimismo, cree que estaría bien reconocer que se cuenta con los ERTE “gracias a esa reforma laboral que tanto se critica por parte de algunos”. Tras manifestar que la patronal estaría dispuesta a revisar muchas cosas, incide en que en España ha habido 40 reformas en ese ámbito. “Claro que se puede hacer otra”, pero se hace “demasiado anuncio grueso sobre este tema”.

A Garamendi le preo­cupa “la imagen de inestabilidad y de falta de confianza que transmite España” por las especulaciones sobre la legislación laboral. “Los inversores internacionales nos siguen con lupa y esos mensajes no son precisamente un impulso para la inversión. La mera especulación de contrarreforma laboral ya es un freno para el crecimiento”.

Modificar los tipos reducidos del IVA y eliminar los beneficios fiscales que presentan los planes de pensiones. El Gobierno de coalición trabaja en estas dos reformas dentro del marco de la confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo borrador se quiere presentar de manera inminente, y en ambos casos las medidas cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El Ejecutivo necesita elevar los ingresos con urgencia tras el zarpazo del coronavirus y tiene sobra la mesa una reforma exprés del IVA. El equipo de María Jesús Montero perfila estos días una reconfiguración de los tipos más reducidos, cuyo diseño negocia con Unidas Podemos, al tiempo que planea eliminar los beneficios fiscales que todavía tienen los planes de pensiones.

Entre las recetas de la Airef se encuentra una revisión al alza del IVA superreducido (4%) y reducido (10%), que tuvieron en 2016 un coste total de 17.786 millones (5.323 millones el primero y 12.463 millones el segundo) y restan, según la organización, el 2,1% del PIB, nueve décimas más que la media europea. También el tipo efectivo es más bajo en España: 11,1% respecto al 14% de la media de la UE.

La institución considera en su informe que este beneficio fiscal sí cumple su objetivo, porque «facilita el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos». Pese a ello, puntualiza que «desde el punto de vista distributivo» los tipos reducidos y superreducidos no son «eficientes», porque incluyen bienes que son consumidos por rentas altas. El 61% del beneficio generado por los tipos reducidos, explica en su informe la Airef, beneficiaría a estas rentas. Es por ello que la organización presidida por Cristina Herrero propone revisar el gravamen de, entre otros, restauración, hostelería, transporte, libros y prensa, bienes en los que más del 70% del beneficio fiscal de estos tipos recaería en rentas medias-altas, según la Airef.

Ayer, durante la presentación del informe, la presidenta de la Airef destacó que determinadas políticas de gasto «serían más eficientes para beneficiar a colectivos vulnerables y sectores estratégicos» que estos tipos. La Airef considera que si se suprimieran los incentivos del IVA la recaudación rondaría los 14.000 millones de euros, una vez descontado el impacto que tendría esta medida en el consumo. Instituciones como el FMI y la Comisión Europea ya han solicitado al Ejecutivo que revise los tipos reducidos del IVA.

El análisis de la Airef deja en una posición todavía peor a las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones. La institución considera que estos incentivos, que tienen un coste de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal), ni siquiera cumplen su objetivo, y pueden resultar negativos para un conjunto amplio de ahorradores «una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal».

Las desgravaciones ligadas a los planes de pensiones privados, en el punto de mira del Gobierno, son utilizadas fundamentalmente por rentas altas, que copan el 60% de este incentivo fiscal. Sin embargo, para la Airef son las rentas bajas las que se beneficiarían en mayor medida de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, pero su escasa capacidad de ahorro impide que accedan a ellos. Esta escasa repercusión se refleja en las aportaciones: según el organismo, los españoles apenas ahorran 11.000 euros a través de estos instrumentos. Por todo ello, la institución propone la «reformulación completa de este beneficio fiscal», en consonancia con las recomendaciones que se alcancen en el Pacto de Toledo sobre estos planes privados.

El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público. Así lo ha manifestado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, al que ha acudido este miércoles para asistir a la sesión de control al Gobierno.

Montero ha asegurado que el Gobierno hará efectiva esta suspensión cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el 'techo de gasto' a sus nuevos Presupuestos Generales del Estado y presente la nueva senda de estabilidad presupuestaria para este año y el siguiente, desglosado por sectores. La titular de Hacienda ha justificado esta decisión para facilitar a todas las administraciones la "capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicio de los ciudadanos" y "mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás".

La suspensión de las reglas fiscales implica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos, pero si lo harán "teniendo en cuenta las tasas de referencia" que presentará el Gobierno a las comunidades. En este sentido, la ministra portavoz ha señalado que informará de esta referencia a las comunidades autónomas el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que hasta ahora no tenía fecha, y que en esta reunión también debatirá la vía con la que el Gobierno buscará que estas administraciones "no tengan que hacer ningún tipo de política de ajuste".

Así, ha asegurado que las comunidades "podrán contar con recursos homologables" a los recibidos en 2020, ya bien sea a través de las entregas a cuenta o del fondo puesto a disposición para hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Respecto al endeudamiento de las comunidades, Montero ha explicado que aquellas administraciones que puedan salir a los mercados contarán con la respectiva autorización "en esas tasas de referencia" que marcarán las previsiones de déficit y que, para el resto, contará con las líneas de liquidez del FLA.

La responsable de Hacienda ha explicado ante los medios que la suspensión de las reglas fiscales no exime a las administraciones de cumplir con los plazos del pago a proveedores -ha destacado que el pasado mes de julio disminuyó el plazo- ni tampoco con el compromiso de responsabilidad fiscal. Así, ha dejado claro que, con esta decisión, amparada en la extensión de la cláusula de salvaguarda por parte de Bruselas, el Gobierno "no renuncia al principio de estabilidad financiera". "Se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad fiscal que tenemos las administraciones", ha aclarado.

Es más, Montero ha destacado que la previsión del Gobierno es que, a partir de este año de impacto de la crisis, "el déficit se comportará mejor" el próximo año. "No abandonamos la senda descendente de bajada del déficit después de la caída del PIB", ha aseverado.

Laboral

La posible reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que se avecina tras el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ajustar las cotizaciones del colectivo de autónomos tendría un impacto directo sobre cerca de 700.000 trabajadores que automáticamente verían incrementarse la cuota que abonan mensualmente a la Seguridad Social. Se trata de una medida, que tal y como apuntan desde el Ejecutivo, serviría para dotar de contributividad al modelo de cotización del trabajo autónomo y que implicaría una mejora en las prestaciones vinculadas al nivel de aportaciones, como el cese de actividad (cierre del negocio) o la pensión de jubilación. Sin embargo, en plena pandemia, una medida que implique un incremento de la cuota para un elevado volumen de autónomos podría tener un efecto contraproducente en los baremos de afiliación la Reta.

Sin embargo, tras conocerse los fundamentos del borrador de la reforma de autónomos que ya estaría estudiando el Ejecutivo, que prevé un sistema de cotización escalada en función a siete tramos de ingresos (similares a los del IRPF para los trabajadores por cuenta ajena), una de las cuestiones que más preocupa a los autónomos es el efecto que podría tener de llevarse a cabo en los próximos meses y aún con el impacto de la pandemia desplegando su fuerza sobre el mercado de trabajo y la economía del país. Por ello, desde ATA, asociación representante del trabajo autónomo, denuncian que "no es el momento" para abordar cambios de esta magnitud, cuyo impacto no se pueda calibrar.

En este sentido, explican desde la asociación presidida por Lorenzo Amor, al margen del impacto que puede tener ante la coyuntura económica, que solo podría aplicarse a un millón de autónomos, dejando a más de dos millones de trabajadores del colectivo fuera del alcance de las medidas.

Cabe recordar que en cada ejercicio existen 300.000 nuevos autónomos que se dan de alta cada año de media no tienen rendimientos netos del ejercicio anterior o son autónomos que presentan pérdidas en el ejercicio. También, actualmente, el Reta cuenta con 1.038.569 autónomos societarios, en lo que no queda claro cómo se podría aplicar: si sobre rendimientos de la sociedad o del autónomo. Además, se contabilizan unos 198.552 familiares colaboradores, en los que se debería determinar si asumir rendimientos del autónomo principal, además de los 400.000 autónomos en estimación objetiva o módulos (que cotizan sobre rendimientos predeterminados).

En este sentido, dese ATA apuntan que del millón de autónomos a los que se podría aplicar al 70% les supondría un aumento de la cuota de cotización al Reta "y que podría alcanzar el 90% si no se tiene en cuenta el efecto de la pandemia". En este punto, recuerdan que la AEAT estableció en 2018 que de ese millón de autónomos para los que se pueden determinar los ingresos, el 70% declara unos rendimientos netos superiores a la base mínima (944,4) y sólo el 30% está por debajo y verían su cuota disminuida. "Si tomáramos como referencia 2019 no se tendría en cuenta el efecto Covid sobre los ingresos de 2020 y las cuotas a aplicar en 2021 supondrían sobrecotizar para más del 90% situación que solo se corregiría en 2022", advierten los representantes del colectivo sobre el impacto de la medida.

La Seguridad Social ha dado un paso más para que las cotizaciones de los autónomos se fijen en función de sus ingresos y no según una base escogida por el propio trabajador. El departamento que dirige José Luis Escrivá está cruzando datos con Hacienda para fijar un nuevo sistema que establecería varios tramos, como sucede con el IRPF. Un 85% de ellos cotiza por la base mínima (944 euros), un suelo más bajo que el de otros regímenes, como el de asalariados, en el que la base más baja es de 1.108 euros al mes (el equivalente al salario mínimo en 12 mensualidades).

Esta vez parece que la Seguridad Social sí que va en serio para implantar un sistema de cotización para los autónomos que acerque lo que pagan al instituto previsor a sus ingresos reales, según adelantó este lunes la Cadena SER. En el departamento que dirige José Luis Escrivá apuntan que no hay nada concreto todavía, pero también añaden que el cambio que preparan “no sería brusco” y pretende ser sencillo. Le dan importancia a esto último porque creen que un sistema muy complejo administrativamente dificultaría los trámites a los autónomos y podría llevarlo al fracaso.

La Seguridad Social añade otro elemento adicional: el final de los trabajos del Pacto de Toledo. Esta reforma entraría en las recomendaciones de esta comisión parlamentaria, que ya ha apuntado en esa dirección en sus borradores de conclusiones, aunque aún sin los textos definitivos.

Como norma general, los autónomos ahora cotizan según la base de cotización que ellos eligen. Aunque hay algunos matices. El cambio a un sistema en que lo que pagan se acerque a lo que ingresan se debate desde hace años en el Congreso y entre las asociaciones que velan por los intereses de este colectivo. Hace un par de años, cuando se aumentó un 22,3% el salario mínimo (que es el ancla de la base mínima de cotización en el régimen general) esta opción cogió fuerza. Las asociaciones de autónomos rechazaron un incremento igual al del SMI. Hasta entonces, también el SMI era la referencia de la base de cotización más baja de este régimen.

Finalmente, hubo cambios y un aumento en lo que se cotizaba, pero muy lejos de ese incremento del 22,3%. A cambio hubo un compromiso por parte de todos —Seguridad Social y asociaciones de autónomos— de ponerse a trabajar en un sistema que aproximara lo cotizado a lo ingresado. Llegaron las elecciones y el bloqueo político, y el asunto quedó parado.

El ministerio que dirige José Luis Escrivá retoma ahora el tema, como él mismo señaló en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo en septiembre. En este departamento añaden, además, que su pretensión inicial era comenzar a hablarlo con las asociaciones de autónomos hace semanas, pero que las reuniones que han tenido con ellas se han concentrado en las ayudas aprobadas para el colectivo por la pandemia. El mecanismo que se esboza sería similar al de la Agencia Tributaria con el IRPF, es decir, por tramos de renta.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtió este lunes que ahora no es el momento: “No vamos a apoyar ningún cambio en el sistema de cotización de los autónomos que implique un aumento de las cuotas. Ni es el momento, ni pueden los autónomos, que están asfixiados”. Esta asociación de trabajadores por cuenta propia, la más grande e integrada en CEOE, nunca ha sido una firme partidaria de este tipo de cotización. No lo rechaza, pero suele argumentar, como hizo este lunes Amor, que no es “factible” porque no existen ni los medios ni los procesos para determinar los ingresos reales. Sí que lo defienden otras asociaciones, como UATAE y UPTA.

“Celebramos que un Gobierno lleve al fin una de las reivindicaciones históricas del colectivo, que es tener un sistema de protección solidario. Es importante que salgamos del cuarto de la precariedad y entremos definitivamente en el Estado del bienestar y esta medida es un paso fundamental para ello”, celebró María José Landaburu, secretaria general de UATAE. “Valoramos muy positivamente el cambio. El sistema actual es injusto, puesto que a las rentas de trabajo con mayor grado de debilidad se les perjudica, ya que tienen que hacer un esfuerzo contributivo por encima de sus posibilidades”, añadió Eduardo Abad, presidente de UPTA.

El 85% de autónomos cotizan en la actualidad por la base mínima. Esto, en un sistema contributivo como el español, se traduce en niveles de protección más bajos cuando llega el momento de recurrir a las prestaciones. Un ejemplo de esto se ha visto durante la pandemia, al cotizar la mayoría de ellos por esa base mínima, la ayuda extraordinaria que han percibido se ha quedado en muchísimos casos en el 70% de esa base de cotización, 660 euros.

Las empresas que se encuentren en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con origen en la pandemia que no formen parte de las 42 actividades protegidas en la última prórroga de los ERTE pero que sí estén vinculadas a su cadena de valor podrán solicitar desde mañana, 5 de octubre, hasta el próximo día 19, ser declaradas como tales para poder beneficiarse de exoneraciones en las cuotas.

Según el real decreto-ley que prorroga automáticamente los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, los ERTE de las 42 actividades que la norma considera como más afectadas por la pandemia, entre ellas los hoteles, el transporte marítimo y aéreo y los espectáculos, tienen derecho a exoneraciones mensuales en las aportaciones empresariales del 85% entre octubre y enero si cuentan con menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si tienen más de 50 empleados. Estas exenciones se aplican tanto a los trabajadores que se queden en el ERTE como a los que salen.

Pero no son las únicas que pueden beneficiarse de estas exoneraciones del 75% y el 85%. También podrán hacerlo aquellas empresas que formen parte de la cadena de valor de las 42 actividades incluidas en la lista o cuyo negocio depende en su mayoría de ellas.

En este caso, se entiende que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, las empresas cuya facturación, durante 2019, se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en la norma, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos.

Para ser declaradas empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor, las empresas que cumplan estos requisitos deben solicitarlo ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del ERTE, acreditando debidamente las circunstancias mencionadas, desde mañana y hasta el 19 de octubre.

Estas exoneraciones también pueden aplicarse a las empresas que transiten desde un ERTE de fuerza mayor por Covid a uno de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) cuya actividad se clasifique en alguno de los sectores incluidos en la norma, o a aquellas que hayan sido calificadas como integrantes de la cadena de valor que también realicen esa transición. También se aplicarán a las empresas que se encuentren en un ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción (ETOP) si forman parte de las 42 actividades amparadas en la norma.

Estas exenciones serán incompatibles con las establecidas para las dos nuevas figuras de ERTE que se crean en el decreto: los ERTE de impedimento y los ERTE de limitación de actividad, cuyas exoneraciones son distintas. La norma considera empresas más afectadas por la pandemia a aquellas que han recuperado del ERTE a menos del 65% de los trabajadores y que tienen en un CNAE concreto a más del 15% de personas reguladas del total de afiliados al Régimen General. En total, la lista incluye 42 actividades.

Hoteles y alojamientos similares, transporte aéreo de pasajeros, transporte marítimo o la gestión de salas de espectáculo figuran entre las 42 actividades cubiertas por la prórroga automática de los ERTE. De la lista también forman parte la extracción de minerales de hierro; fabricación de explosivos; edición de periódicos; producción de metales preciosos; actividades de operadores turísticos; de agencias de viaje; reproducción de soportes grabados; transporte espacial; comercio al por mayor de cueros y pieles; alquiler de medios de transporte aéreo y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

También se encuentran el alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico; actividades auxiliares a las artes escénicas; el comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados; fabricación de instrumentos musicales; fabricación de artículos de bisutería y similares; organización de convenciones y ferias de muestras, y alquiler de cintas de video y discos.

Asimismo, los códigos CNAE de la norma incluyen también la reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial; las artes gráficas; alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; tipos de transporte terrestre de pasajero; otras actividades de impresión y artes gráficas; artes escénicas; actividades de exhibición cinematográfica; fabricación de alfombras y moquetas; actividades de fotocopiado y otras actividades especializadas de oficina; parques de atracciones y temáticos; el estirado en frío; actividades anexas al transporte aéreo; fabricación de artículos de joyería; otros alojamientos; alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros; transporte por taxi; fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; lavado y limpieza de prendas textiles y de piel, y otras actividades recreativas y de mantenimiento.

El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 26.329 (-0,69%) personas en el mes de septiembre. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 66.518 personas. Es el mayor descenso en un mes de septiembre de la actual serie histórica que comenzó en 1996. El mes de septiembre mantiene la tendencia de mejora en el mercado de trabajo de meses anteriores. De hecho, en los últimos tres meses, el paro registrado ha disminuido en más de 86.000 personas y supone el mejor trimestre de la serie histórica.

El total de desempleados y desempleadas es de 3.776.485. El paro registrado baja en todos los sectores productivos. En Servicios se reduce en 13.367 personas (-0,50%); en Agricultura se reduce en 9.503 personas (-5,07%); en la industria, el descenso es de 8.095 personas (-2,59%); y también baja en la Construcción en 7.682 personas (-2,51%). El paro registrado aumenta en el colectivo Sin Empleo Anterior en 12.318 personas (3,78%).

El desempleo baja respecto al mes de agosto tanto entre hombres, donde se reduce en 10.210 personas (-0,64%) como entre mujeres, donde desciende en 16.119 personas (-0,73%). El ritmo de recuperación del paro entre las mujeres es más lento y se mantiene la brecha. Hay un total de 1.594.691 hombres parados frente a 2.181.794 de mujeres. El paro aumenta entre los jóvenes con 16.657 (5,06%) nuevos inscritos menores de 25 años.

El importe total de las prestaciones abonadas en el mes de agosto asciende a 2.846,2 millones de euros. El gasto en prestaciones derivadas de ERTE fue de 867 millones de euros, un importe que es menos de la cuarta parte del gasto del mes de mayo cuando esta partida alcanzó su máximo valor. El importe acumulado en prestaciones por ERTE entre los meses de abril y agosto asciende a 10.752 millones de euros. El total de beneficiarios a final del mes fue de 2.942.301 personas.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de agosto de 2020 ha sido de 994,0 €, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 111,0 € (12,6%). La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto de 2020 ha sido de 792,3 euros.

En el mes de septiembre se celebraron 1.632.484 contratos. Suponen un 78% de los que se comunicaron en el mes de septiembre de 2019, lo que denota la recuperación creciente de los flujos laborales habituales. En septiembre de 2020 se han registrado 163.209 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 10% de todos los contratos. Los contratos indefinidos del mes de septiembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 90.951 a tiempo completo y 72.258 a tiempo parcial.

El paro registrado baja en 13 comunidades autónomas, sobre todo, en Castilla-La Mancha (-7.687), Madrid (-5.387) y en la Comunidad Valenciana (-3.344). Sube, en cambio, en las cuatro restantes: Illes Balears (3.359), Asturias (708) y Extremadura (590) y Cantabria (500).

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado hoy que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre ha sido "muy, muy buena", con una creación de empleo, en términos promedios y desestacionalizados, de unos 100.000 puestos de trabajos respecto a agosto. Escrivá ha destacado hoy en una entrevista con RNE que esta cifra se ha conseguido a pesar de las restricciones a algunas actividades adoptadas por algunas comunidades autónomas para limitar los contagios, como las puestas en marcha por la Comunidad de Madrid.

"Puede parecer un poco sorprendente o contradictorio (...), pero puedo anticipar que el dato va a ser muy, muy bueno (...) El ritmo de recuperación de agosto se ha intensificado en septiembre", ha apuntado el ministro. Escrivá, cuyo Departamento publicará los datos de afiliación el próximo viernes, ha recordado que septiembre es un mes en el que suele crecer mucho la ocupación en el sector de la educación por el inicio del curso escolar, pero ha precisado que, si se excluye a este sector, otras actividades también han mostrado bastante dinamismo.

El ministro ha afirmado que es "bastante difícil de decir" que esta tendencia se vaya a poder mantener hasta final de año, porque depende también de cómo evolucione la pandemia. En todo caso, ve difícil que se mantenga un ritmo "tan intenso" de recuperación del empleo como el que se está teniendo en los últimos meses dado que hay actividades que dependen de la demanda exterior. Sobre cuántas personas han podido salir de ERTE en septiembre, el ministro calcula que en torno a 100.000 trabajadores se han reincorporado a la actividad desde principios de este mes.

Así, ha explicado que a día de hoy algo más de 600.000 trabajadores permanecen en ERTE de fuerza mayor y en torno a 120.000 se encuentran en ERTE de causas económicas, organitavizas, productivas y técnicas (ETOP).

Mercantil, civil y administrativo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que el deterioro financiero de empresas y hogares impactará plenamente en las entidades en los próximos trimestres, por lo que el pago de dividendos y la política de remuneraciones deberá seguir siendo "muy prudente" hasta que se disipe la incertidumbre actual y la recuperación económica sea sólida. Esta es una de las advertencias que ha realizado hoy a la banca durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados.

En este acto, Hernández de Cos ha recordado la recomendación realizada el pasado 27 de marzo por el BCE y secundada por el Banco de España a las entidades financieras para eliminar temporalmente el reparto de dividendos y la aplicación de criterios prudentes en la retribución variable a los empleados, cuyo objetivo era reforzar la posición de capital de la banca.

Ha explicado que estas medidas se revisarán en las próximas semanas, pero, ha sido tajante al asegurar que "en cualquier caso, la política de distribución de dividendos y de remuneraciones de las entidades deberá seguir siendo muy prudente hasta que no se disipe la incertidumbre actual y se consolide una recuperación económica sólida".

De esta forma, muestra su posición ante las peticiones de la banca para que se levante este veto, y ante las últimas decisiones de varias entidades de someter a la junta de accionistas el reparto de dividendos en 2021 con cargo a 2019 y 2020.

Además, tras los anuncios de fusión de CaixaBank y Bankia y el inicio de conversaciones preliminares entre Unicaja Banco y Liberbank, considera que existe margen aún para procesos de consolidación en el sector bancario que favorezcan el fortalecimiento de las entidades y del sistema en su conjunto. Ha pedido a la banca en general que mejore su eficiencia, lo que conlleva más cierre de oficinas y de ajustes de plantilla, pero considera que es un "peligro mantener entidades sobredimensionadas".

Pero mejorar la eficiencia no pasa solo por reducir costes, sino también por realizar inversiones necesarias en digitalización y explotación de la información para proporcionar un servicio de mayor calidad y expandir actividades más rentables con un estricto control sobre los riesgos asumidos. "Solo esto permitirá a las entidades afrontar el reto adicional que supone la potencial entrada de nuevos competidores, como las bigtech, en el mercado de crédito", ha asegurado.

El gobernador insiste en que hay que evitar que la crisis económica se convierta en una crisis financiera, tras avisar de que el "deterioro previsible" de los activos por la situación, incluido un repunte en los próximos meses de la morosidad, va a tener un "impacto significativo" sobre la solvencia del sector. Hernández de Cos ha subrayado que el deterioro de la actividad económica generado por la pandemia del Covid-19 solo se ha trasladado "moderadamente" y una muestra de ello es la evolución de los créditos morosos, con un leve repunte en el segundo trimestre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentará el próximo miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, necesario para poder recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden del Fondo y que tendrá que ser aprobado por la Comisión Europea.

Preguntado a este respecto Gentiloni rehusó pronunciarse sobre el plan, puesto que aún no han recibido el documento, e indicó que las conversaciones sobre el mismo con las autoridades españolas comenzarán en la segunda mitad de octubre, aunque ya ha habido contactos previos.

"Por supuesto el diálogo ya está ahí. Me he reunido personalmente con el presidente del Gobierno, con el ministro (de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis) Escrivá, y nuestros servicios están en contacto con las autoridades españolas", dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

"Estoy totalmente seguro de que España presentará un plan de recuperación fuerte y ambicioso para una recuperación que es muy necesaria", añadió. La Comisión Europea ha alentado a los países a presentarle ya sus borradores de los planes de recuperación para poder debatirlos y modificarlos si es necesario antes de que tengan que presentar los documentos finales, en principio a partir del próximo 1 de enero de 2021 y hasta finales de abril de ese año.

Para que el Fondo de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, pueda empezar a funcionar en esa fecha, aún es necesario que los parlamentos nacionales de varios países ratifiquen la legislación que permitirá emitir la deuda para financiarlo.

Pero de momento este procedimiento está bloqueado a la espera de un acuerdo entre los países y la Eurocámara sobre el paquete global de la recuperación, que incluye también el presupuesto 2021-2027.

El Ejecutivo cree que el paso adelante dado por la entidad de origen catalán y el banco nacionalizado ha cambiado el mapa del sector en España y hace más evidente la necesidad de algunas entidades de fraguar alianzas para ganar escala, aprovechar sinergias y mejorar su rentabilidad en el complejo contexto actual. La crisis derivada de la pandemia del Covid-19 perpetuará durante más años la situación de tipos de interés en mínimos para estimular la reactivación económica, lo que estrechará los márgenes de unas entidades cuya rentabilidad está ya por debajo de su coste de capital, mientras que el previsible deterioro de la cartera crediticia cuando finalicen las distintas moratorias puede elevar la morosidad y tensionar aún más los balances.

El fuerte castigo bursátil que sufren los bancos españoles, tras perder las dos terceras partes de su valor en Bolsa desde 2017, es otro factor que mete presión a los bancos para aliarse de forma voluntaria antes de ser objeto de una OPA no deseada. Este escenario impulsará a las entidades que siguen 'solteras' a explorar posibles operaciones corporativas, "siempre desde el máximo respeto del Gobierno a la autonomía de los equipos gestores para adoptar las decisiones estratégicas que consideren oportunas".

Desde el Ejecutivo confían también en el 'efecto arrastre' que la operación liderada por CaixaBank puede ejercer en el resto del sector, que puede intentar mover ficha para no quedarse descolgado, consciente de que la inacción en algunos casos puede poner en riesgo su supervivencia futura. En el Gobierno se felicitan de la confidencialidad y sigilo con que se han llevado las negociaciones que han desembocado en el acuerdo de absorción de Bankia por parte de CaixaBank, una opción que no figuraba en las quinielas de los analistas, quienes especulaban con BBVA o con Sabadell como posibles compañeros de viaje del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

El Ejecutivo sintoniza con el mensaje del BCE animando a las entidades a fusionarse, aunque la institución gobernada por Christine Lagarde desearía que las operaciones tuvieran carácter transnacional, con el fin de forjar así una verdadera unión bancaria europea. En España, algunas entidades se han desmarcado del baile de fusiones a escala local, caso de Santander, cuya presidenta, Ana Botín, ha dejado claro que "juega en otra liga", o de Bankinter, en plena digestión de Evo y Avant Card. Otros, como Sabadell, se lo piensan. La entidad presidida por Josep Oliu ha contratado a Goldman Sachs para explorar opciones estratégicas.

De su lado BBVA se ha mostrado dispuesto a estudiar oportunidades que presenten sinergias, dependiendo siempre del coste de financiación que suponga y de si se necesita elevar el capital en un momento en que las acciones del banco están en mínimos históricos, algo que conllevaría una fuerte dilución para los accionistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido a los líderes europeos a su llegada al Consejo Europeo que ha arrancado este jueves a que el plan de recuperación esté aprobado "cuanto antes", de forma que el segundo se pueda poner en marcha el próximo año "con todas las garantías" y en el "tiempo debido". En su intervención, el presidente del Gobierno ha instado al Parlamento Europeo a "aprobar cuanto antes el Marco Financiero Plurianunal y también el plan de recuperación porque implicará que podamos poner en marcha este plan a lo largo del próximo año con todas las garantías y en tiempo debido".

Sánchez ha asegurado que "en las próximas semanas" el Gobierno remitirá su plan nacional de reformas e inversiones a la Comisión Europea, en línea con la recomendación de Bruselas, que ha sugerido a todas las capitales que envíen sus borradores junto con sus anteproyectos de presupuestos el 15 de octubre. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que este plan estará compuesto por "cuatro ejes" de actuación, que serán la transición climática, la transición digital, la cohesión social y territorial y la lucha contra el "impacto de género" que está teniendo la crisis en la destrucción de empleo.

Previamente, Sánchez se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel antes del inicio de la cumbre para insistirle en la urgencia de acelerar los plazos para recibir la ayuda europea. Fuentes de la delegación española en la UE citadas por Efe han explicado que éste ha sido uno de los asuntos tratados entre los dos dirigentes en un encuentro que se ha prolongado durante media hora.

Sin embargo, de manera oficial no consta que los líderes europeos vayan a mantener un debate sobre los fondos europeos durante la cumbre de dos días que ha arrancado esta tarde. En esta primera jornada, la reunión de los líderes de los 27 estará dedicada casi exclusivamente a la política exterior, mientras que en el orden del encuentro también se analizará el resultado de la cumbre bilateral que celebró la UE con China durante el pasado mes de septiembre, así como la evolución de la pandemia del Covid 19 en el territorio comunitario.

Posteriormente, los líderes serán informados además del estado de las negociaciones entre la UE y Reino Unido para alcanzar un acuerdo de comercio que evite una ruptura sin acuerdo y caótica de la relación comercial entre ambos. Esta semana ambas delegaciones apuran las opciones para alcanzar un acuerdo in extremis en una tanda de negociaciones técnicas para preparar el Consejo Europeo de dentro de dos semanas sobre la relación futura entre el bloque europeo y Londres.

Otro de los temas tratados por Sánchez y Michel ha sido las tensiones entre Turquía y Grecia y Chipre a cuenta de las prospecciones marítimas y de la discusión sobre sus zonas económicas exclusivas. Las mismas fuentes subrayan que el presidente del Gobierno ha estado trabajando para apoyar las labores de mediación en esta crisis que ha impulsado la Presidencia de turno de la UE, a cargo de la canciller alemana, Angela Merkel.

Junto a la prórroga de parte del escudo social en materia de vivienda aprobada ayer por el Consejo de Ministros, el Gobierno ampliará también el plazo para que los arrendatarios soliciten las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un lado, y la vigencia del programa de ayudas en manos de las comunidades autónomas, por otro. Las dos órdenes ministeriales aparecerán recogidas previsiblemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, ya que no dio tiempo a su publicación en el documento de este miércoles, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

De esta forma, la cartera que dirige José Luis Ábalos ha dado luz verde a ampliar, en esta ocasión hasta el 30 de noviembre, el plazo para que los arrendatarios puedan solicitar los préstamos ICO para el alquiler en las mismas condiciones en las que venían funcionando hasta ahora. En este caso, el Estado concede un préstamo de hasta 5.400 euros por hogar para financiar un máximo de seis mensualidades, a 900 euros por periodo. Con esta ampliación, estas ayudas podrán formalizarse hasta fin de año.

No hay datos oficiales del impacto que esta medida ha tenido desde su puesta en marcha en el mes de abril, aunque las entidades financieras han dejado caer en varias ocasiones que la proporción de solicitudes ha sido baja. Entre otras razones, han señalado tanto asociaciones de propietarios como sindicatos de inquilinos, porque aunque las ayudas tengan que devolverse en un plazo de hasta 10 años a cero interés, implican un endeudamiento de los hogares en tiempos en los que los ingresos han caído a causa de la crisis sanitaria y económica.

Para acogerse a estas ayudas, que ahora podrán gestionarse hasta final de año, los arrendatarios deben acreditar una reducción de ingresos, estar en situación de desempleo o bajo un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), o haber reducido su jornada por motivo de cuidados o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la pandemia. Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no debe alcanzar el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, unos 2.689 euros.

A su vez, la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos (agua, gas, luz y telecomunicaciones) debe estar por encima del 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Los beneficiados tampoco pueden ser propietarios de una vivienda habitable en España.

Además de las ayudas vinculadas al ICO, en otra orden ministerial que también saldrá publicada mañana, Mitma ampliará, esta vez sin una fecha tope en el horizonte, la vigencia de todo el Programa de ayudas a la vivienda Covid-19, con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan seguir tramitando todas las solicitudes recibidas en materia residencial a lo largo de estos meses sin miedo a su vencimiento.

En este caso, el Ejecutivo liberó a las autonomías, que son las que tienen competencias en materia de vivienda, unos 800 millones de euros comprometidos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para dotar a las regiones de un músculo financiero con el que poder gestionar el aluvión de peticiones.

El Gobierno transfirió dinero por importe de 346,6 millones y 354,2 millones de euros para 2020 y 2021, respectivamente, además de flexibilizar las normas de gasto de estos montantes. También se movilizaron otros 100 millones de euros por la concesión de un suplemento de crédito en la partida de ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, que se dirigieron a ayudas a los arrendatarios en el plan de choque en el alquiler. Con esta ampliación sine díe de los plazos, las autonomías tendrán tiempo suficiente para poder gestionar estos fondos sin que caduquen, tal y como confían en Mitma.

Sector

Las asociaciones de jueces y fiscales han traslado al Ministerio de Justicia que el plan de choque ideado por el departamento del ministro Juan Carlos Campo para la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus presenta problemas como la "imposibilidad material" para lograr los objetivos previstos por falta de salas de vista, por la ralentización de los juicios por los protocolos sanitarios o por las deficiencias en los sistemas digitales que dificultan los actos vía telemática.

Las asociaciones, tras una reunión mantenida con el ministerio, han explicado que trasladaron que el autorefuerzo como medida a mantener en el tiempo es "inadecuada", y plantearon la necesidad de ampliar la plantilla tanto judicial como fiscal y crear nuevas unidades que palien el déficit estructural de la Administración de Justicia.

Al hilo, también han demandado una previsión del departamento de Campo al respecto y la necesidad de disponer de un calendario de actuaciones que permita que se realice un seguimiento. Así, durante la reunión acordaron que a lo largo de esta semana tanto las asociaciones de jueces como de fiscales propondrán a Justicia los compañeros que formarán parte de los grupos de trabajo en materia de la Ley de Agilización, Ley de Discapacidad, Registro Civil y Tribunales de Instancia/Oficina judicial.

Asimismo, el lunes 19 de octubre se llevará a cabo una reunión de jueces con Justicia para abordar los planes de choque en el orden social y mercantil, en la que se propondrán modificaciones al plan actual y se introducirán mejoras de cara a la segunda fase que arranca en enero de 2021.

Tras esto habrá varias reuniones. El 20 de octubre, jueces y fiscales se reunirán con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; el martes 27 de octubre habrá reunión del grupo de trabajo sobre Ley de Discapacidad; y ya en noviembre se dará una reunión de seguimiento del período de los trabajos.

Por su parte, el ministerio ha informado además de la propuesta de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la creación de 60 unidades judiciales y 40 fiscales, así como de una oferta de empleo público (oposiciones) de 240 plazas.

También ha tomado nota de la problemática suscitada en relación con los jueces y fiscales que iniciaron el autorefuerzo en septiembre para que perciban el complemento correspondiente, y ha anunciado que el objetivo es incluir en la Ley de Agilización una reforma del artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para resolver de forma definitiva la cuestión relativa al plazo en relación con las actuaciones del Ministerio Fiscal.

Además, el Ministerio de Justicia trasladó a jueces y fiscales el plan de actuación para la recuperación de la jurisdicción social y los órganos mercantiles tras la entrada de asuntos provocada por la Covid-19. E informó de la inmediata creación de 28 unidades judiciales. Fuera del orden del día, se explicó el estado en que se encuentra la tramitación del Reglamento del Ministerio Fiscal y el desarrollo de la Fiscalía Europea, y se propuso la creación de 7 fiscales delegados.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido al Partido Popular de que si no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el Gobierno llevará a cabo la modificación legal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, Campo se ha referido al anuncio de Sánchez, que el pasado viernes señaló que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando así el "bloqueo" del partido que lidera Pablo Casado.

"El presidente lo que anunció es que si no se aviene el PP que es el que tiene esa llave y que durante 40 años ha sido un partido de Estado que ha permitido esta renovación de órganos constitucionales, habrá que plantearse algo", ha señalado Campo. En esta línea, el titular de Justicia ha asegurado que el bloqueo en la renovación está provocando que el CGPJ pierda legitimidad de forma "paulatina" y, a su vez, que la "ciudadanía pierda la confianza en las instituciones". "Los relojes de la democracia no se puede parar. Cuando los paramos, nos va mal".

"No podemos permitirnos el bloqueo constitucional. Aquí hay una cosa que requiere cierta explicación: es la Constitución, no otra norma, la que dice que el CGPJ tiene una duración de cinco años. Dice que ningún vocal puede repetir en el siguiente Consejo. El mandato es claro: cinco años y renovación", ha insistido. Así, y tras señalar que el Gobierno no se puede oponer a las decisiones adoptadas por el propio CGPJ, Campo ha expresado su malestar por los nombramientos efectuados por el Consejo. "Me gustaría que no (se hubieran realizado). Era un elemento de poner sobre la mesa la incuestionable y necesaria renovación", ha añadido.

Por todo ello, y pese a reconocer que el Gobierno mantiene un "cauce de comunicación abierto" con el PP, Campo ha lamentado que la formación esté cerrada "en banda a la solución". Así, ha recordado cómo el acuerdo para la renovación estaba "completamente cerrado" hasta que los 'populares' dieron "un paso atrás". En esta línea, el titular de Justicia se ha mostrado "convencido" de que el PP será "llamado al buen entendimiento" para afrontar de "manera inmediata" la renovación. "Espero y confío en que pronto podamos tener buenas noticias", ha apostillado.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha ofrecido al Ministerio de Justicia y, a través de él, a las comunidades autónomas con competencias en la materia la utilización de una aplicación informática para smartphones que permitiría informar a los profesionales jurídicos de los horarios de las vistas judiciales, así como de su modificación o suspensión.

La información anticipada sobre la marcha de las vistas en tiempo real evitaría esperas innecesarias en los pasillos de las sedes judiciales y, lo que en este momento es mucho más importante, la acumulación de personas que necesariamente deben guardar una distancia mínima de seguridad.

La Abogacía tiene el desarrollo a punto de culminar y ha anunciado ya al Ministerio que pueden contar su utilización en los próximos días. No obstante, para ponerlo en marcha será preciso que cada una de las administraciones competentes adapte sus sistemas de información de horarios, retrasos y suspensiones a la nueva aplicación, lo que podría demorar su implantación algunas semanas más.

Algunas comunidades autónomas ya disponen de este sistema, por lo que el trabajo consistiría únicamente en su adaptación. Otras, sin embargo, deberían desarrollar su propio panel horario para después adaptarlo a la aplicación desarrollada por la Abogacía para nutrirla de los datos horarios en cada jornada.

La Abogacía confía en la utilidad de la app para obtener una buena acogida en el Ministerio y en las propias comunidades autónomas, así como entre los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Si bien la aplicación tiene una utilidad muy evidente ante las circunstancias sanitarias, la Abogacía considera que debería tener vocación de continuidad en el tiempo.

El vocal del servicio del sistema de la información del Colegio de Registradores, José María de Pablos, ha presentado este miércoles la app Registradores de España. Esta aplicación, que se puede instalar de manera gratuita en todos los dispositivos móviles (tanto con sistema Android como iOS), pretende facilitar el acceso a la información de los registros de la propiedad y mercantiles.

La nueva aplicación, ha explicado de Pablos, pretende ser una herramienta “muy útil para los ciudadanos”, facilitándoles la solicitud determinados datos registrales de fincas o sociedades con las ventajas asociadas a estas tecnologías, más necesarias, si cabe, en estos tiempos de pandemia.

Los ciudadanos podrán realizar estas gestiones desde su dispositivo móvil de forma rápida e intuitiva a través de diversas herramientas incorporadas a la aplicación. Así, por ejemplo, la búsqueda de una sociedad por su razón social o NIF, la localización de una finca, o solicitar una nota simple de la misma por la ubicación del dispositivo si no se conocen sus datos catastrales. Incluso, en el supuesto de que se trate de un edificio en régimen de propiedad horizontal, la tecnología permite elegir el concreto piso para el que se solicitan los datos. En este sentido, ha señalado de Pablos, la aplicación nace, en su primera versión, con unas funcionalidades que irán perfeccionándose y a las que se irán incorporando nuevas operatividades.

La herramienta también cubre una función divulgativa con la inclusión en su menú principal de guías informativas del Colegio de Registradores, preguntas frecuentes de los ciudadanos, y las publicaciones periódicas, como la revista del colegio.

Entre las distintas funciones que incorpora la nueva app, de Pablo ha puesto en valor un apartado pensado específicamente para los opositores al cuerpo de Registradores, de la que, ha dicho, se sienten “especialmente orgullosos”. Esta aplicación permite a los aspirantes conocer en tiempo real, “minuto a minuto”, el desarrollo de las pruebas. Los opositores sabrán en cada momento cuándo está previsto su llamamiento e, incluso, pueden hacer reserva de turno, de modo que el tribunal también puede ajustar mejor el número de convocados en el día.

Por último, José María de Pablo ha manifestado la “total disposición” de los registradores para colaborar con el Ministerio en su plan de digitalización de la Justicia, y, en concreto, para ayudar con el previsible aumento de trabajo en la jurisdicción mercantil con las solicitudes de concurso de las empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

El pleno del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado seis importantes nombramientos del Tribunal Supremo (tres plazas de la sala de lo penal y tres presidencias de sala) y lo ha hecho con una amplia mayoría y tan solo dos votos en blanco de los 21 vocales.

Entre presiones para que se paralizaran los nombramientos de cargos judiciales mientras no se renovara la composición del Consejo, en funciones desde diciembre de 2018, la mayor parte de los vocales han decidido continuar con un destacado paquete de designaciones con amplio consenso, pues solo los progresistas Álvaro Cuesta y Concepción Sáez han optado por votar en blanco.

El pleno ha elegido este miércoles a Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos magistrados de la sala de lo penal del Supremo, con 19 votos a favor y dos en blanco, y ha avalado también con amplia mayoría a tres nuevos presidentes de sala del alto tribunal.

Entre los nuevos magistrados de la sala segunda del Supremo se encuentra el juez de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, que presidió el tribunal del caso Gürtel, se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo y emitió un voto particular en el que rechazaba condenar al PP como partícipe a título lucrativo

Hurtado, que cubrirá la vacante por jubilación de Luciano Varela, prestaba servicios en la Audiencia Nacional desde 2006 y en mayo del año pasado entró a formar parte de su Sala de Apelación. También accederá a la sala de lo penal del Supremo Javier Hernández, presidente de la sección de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que cubrirá la vacante por jubilación de Francisco Monterde.

Leopoldo Puente, el tercer nuevo magistrado de la sala segunda, la que juzgó a los acusados por el procés, estaba actualmente destinado en la sección de apelación de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ocupará la vacante abierta por la jubilación de Alberto Jorge Barreiro.

El pleno ha decidido también este miércoles con el voto en blanco de los dos mismos vocales que el magistrado César Tolosa presida la sala tercera del Supremo; Jacobo Barja de Quiroga, la quinta, y María Luisa Segoviano, la cuarta (de lo laboral). Segoviano, que llegó al Supremo en 2006, se convierte en la primera mujer que accede a la presidencia de una sala del alto tribunal en los más de doscientos años de la institución y ha conseguido 19 votos a favor.

Jacobo Barja de Quiroga, que ha sido respaldado los mismos vocales, presidirá la sala de lo militar, a la que accedió en 2014, mientras que César Tolosa, que llegó al Supremo ese mismo año desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ocupará la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo.

Ha tenido un voto menos que sus compañeros (18), ya que un vocal ha preferido apoyar la candidatura de la magistrada Pilar Teso.



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Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413457574
2.700 páginas


Precio original: 200,00 €
Precio final por compra On-Line: 190,00 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech


Autor: Matilde Cuena Casas / Javier Ibáñez Jiménez (Directores)
Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro
ISBN: 9788418662461
864 páginas

Precio original: 98,80 €
Precio final por compra On-Line: 93,86 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO PENAL
El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España


Autor: Clara Martínez García (Coordinador)
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413456836
560 páginas

Precio original: 61,05 €
Precio final por compra On-Line: 58,00 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO PENAL
La psicopatía


Autor: Nuria Janire Rámila Díaz (Coordinador)
Editorial: Wolters Kluwer Empresas
Soporte: Libro
ISBN: 9788412261684
240 páginas

Precio original: 31,20 €
Precio final por compra On-Line: 29,64 € (I.V.A. incluido)
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