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Los consejos de la semana

Laboral

La Seguridad Social ofrece una serie de servicios electrónicos con el fin de facilitar los trámites a los ciudadanos

La Seguridad social tiene una sede electrónica a través de la cual se pueden realizar estas gestiones. Para ello, es necesario disponer de un certificado digital para poder identificarse, o un sistema cl@ve. Por ello, para aquellos que no tengan autenticación digital, se ha implementado una alternativa de acceso para facilitar los trámites a distancia a todos.

Cómo funciona la identificación vía SMS al teléfono móvil

Se trata de un nuevo sistema de autenticación mediante el envío de un SMS al teléfono del usuario. Se facilita una contraseña de un solo uso al ciudadano y la introduce en la plataforma para poder acceder al servicio que corresponda. Es un sistema seguro que ya se utiliza en algunas entidades bancarias.

El usuario debe introducir sus datos personales: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento. De esta manera, el ciudadano se identifica y el sistema le avisará de que debe tener el teléfono móvil a mano para poder introducir el código que le envíen. Además, previamente el número de teléfono debe registrarse en la Seguridad Social. De esta manera, el sistema se asegura de que los datos pertenecen a una persona en concreto y ésta puede realizar el trámite o gestión que necesite. Los informes o documentos a los que se accede pueden guardarse o imprimirse, de manera que es un acceso total y completo, no solo de consulta.

Trámites a realizar a distancia vía SMS

Actualmente, según se informa en la revista de la Seguridad Social, se han puesto en marcha veinte servicios que el usuario puede realizar y/o solicitar a la Tesorería, pidiendo un SMS al teléfono móvil para identificarse. A continuación enumeramos las gestiones o documentos a los que se puede acceder:

- Acceso al documento sobre la de Vida Laboral, así como Bases de Cotización de los trabajadores.
- Consultar el número de Seguridad Social NUSS.
- Solicitar el duplicado de documentos de inscripción y asignación de CCC para empresarios.
- También los duplicados de resoluciones de altas y/o bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
- Solicitar el informe Acreditación actividad agraria por cuenta propia.
- El informe de alta laboral con una fecha concreta.
- Informe sobre tus bases de cotización.
- Informe de bases y las cuotas ingresadas al Régimen correspondiente.
- Informe de datos de cotización como autónomo en el RETA.
- Informe de datos de cotización RETM.
- Solicitar un documento con los datos identificativos del usuario y de su domicilio.
- Documento en el que se expone que el contribuyente está corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
- Informe sobre la situación actual de un trabajador.
- Informe sobre la situación de un empresario individual.
- La vida laboral del contribuyente.
- El informe de vida laboral acotado como se necesite.
- Informe integrado de prestaciones recibidas.
- Informe negativo de afiliación.
- Informe negativo de inscripción de empresario.
- Justificante de las jornadas reales trabajadas.

Errores del sistema y cómo solventarlos

Desde la revista de la Seguridad Social advierten que en el proceso es posible que se den algunos problemas. Lo primero que se aconseja es revisar bien todos los datos. Según exponen, la inmensa mayoría de los casos, el fallo está en haber introducido mal algún dato y el sistema lo reconoce. Por ejemplo, teclear mal el DNI o el teléfono, así como utilizar formatos inválidos en el sistema son algunos de los errores más comunes. También es posible que el teléfono móvil no esté registrado o no lo esté correctamente. Es por ello que este paso es fundamental para que el sistema funcione.

Fuente: Revista Seguridad Social y Cinco Días.

Mercantil, civil y administrativo

¿Qué es el Consejo de Desarrollo Sostenible?

El 24 de febrero de 2019 entró en vigor la Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se creaba el Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación de la sociedad civil desde la pluralidad de las organizaciones sociales, económicas, medioambientales y culturales de nuestro país para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Fruto de esa colaboración y participación de la sociedad civil en el Plan de Acción para la Agenda 2030, surge la necesidad de reforzar y actualizar los mecanismos institucionales de cooperación de acuerdo a las nuevas estructuras ministeriales y al reparto competencial que se ha originado. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado la nueva Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible, cuya entrada en vigor se produce el 8 de septiembre de 2020 viniendo a concretar determinados aspectos del funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible en aras a una mayor claridad y seguridad jurídica y sustituyendo a las previsiones contenidas en la Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero.

Funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible

a) Asesorar a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030.

b) Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de la Agenda 2030.

c) Contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española.

d) Impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Composición y Funcionamiento

El Consejo estará conformado por la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y las sesenta vocalías que representarán a la sociedad civil en sectores tan diferentes como los empresariales y sindicatos, el universitario y centros de investigación, las principales plataformas y redes ciudadanas del tercer sector, organizaciones representativas de intereses sociales, el sector de la economía social y las fundaciones, el relativo a las redes de personas expertas vinculadas con la Agenda 2030 y personas expertas independientes en el ámbito del desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

La Presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Vicepresidencia corresponderá, con carácter rotatorio cada dos años, a una persona vocal representante del grupo de principales plataformas y redes ciudadanas del tercer sector elegido por el Pleno de entre sus miembros, y la Secretaría del Consejo al titular de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

El Consejo procurará, en la medida de lo posible, la composición paritaria, pero podrá invitar a asistir a sus reuniones, con voz, pero sin voto, a toda persona a título personal o en representación de alguna institución que se considere oportuno y en función de los asuntos que se traten.

En cuanto a su funcionamiento, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 facilitará los medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento del Consejo y una vez constituido podrá establecer sus propias normas de funcionamiento interno y actuar en Pleno (constituido por las personas que ostenten la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y las vocalías designadas en representación de los diferentes grupos de la sociedad civil y de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030) y en Comisión Permanente (compuesta por una persona en representación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que la presidirá, y quince personas vocales elegidas por la Presidencia del Consejo, a propuesta del Pleno de entre sus miembros, representando de manera proporcional los diferentes grupos de interés del Consejo).

Además, podrán constituirse comisiones y grupos de trabajo que garanticen la eficacia del cumplimiento de los fines, que podrán tener carácter temporal o permanente, y que se reunirán cuando así sea necesario para el desarrollo de tareas específicas y para informar al Pleno sobre los asuntos que se les encarguen, realizando su tarea mediante el estudio de los temas encomendados o a través del seguimiento de las actuaciones realizadas.

Las personas integrantes del Consejo no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones y el coste de funcionamiento del Consejo será atendido con cargo a los créditos existentes en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sin que sea necesario incrementar su dotación global.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cree que la propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de forma proporcional a la población residente en cada entidad local, y no de acuerdo con el eventual préstamo de los remanentes, "perjudicaría a los municipios españoles en más de 955 millones, ya que recibirían un 25,5% menos". Según las estimaciones efectuadas por Gestha en la antesala de la votación del Real decreto ley, el Ayuntamiento de Barcelona sería el principal beneficiado y el de Madrid, el más perjudicado.

Conforme a sus números dichos importes se destinarían a las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de Baleares, que aumentarían su participación en 960,6 millones o en un 88% más; ya que cualquier cambio de criterio en el reparto de este fondo beneficiará a algunas entidades locales y perjudicará a otras, al ser un reparto de "suma cero".

Los técnicos advierten al respecto de que esa "importante pérdida de recursos municipales" resulta "muy desigual" en función de su solvencia financiera, de forma que los ayuntamientos que sufren un déficit estructural y no disponen de remanentes serían los grandes beneficiados del Fondo ya que no podrían acceder al no tener remanentes líquidos que prestar. Por su parte, los ayuntamientos con más solvencia a largo plazo serían los más perjudicados.

Así y de acuerdo a los cálculos de Gestha, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, recibiría 43,62 millones adicionales o un 66,45% sobre el reparto previsto en el Real Decreto y que le correspondería por prestar la totalidad de sus remanentes; el de Valencia, 30,02 millones o un 180,54% más; y el de Zaragoza vería incrementado su percepción en 29,23 millones o en un 290,99%. Le seguirían los ayuntamientos de Murcia, Granada y Córdoba, con un ingreso superior en 25,98 millones, 13,32 millones y 12,46 millones, respectivamente.

Al otro lado de la balanza, los más perjudicados serían el de Madrid, con una reducción en 134,34 millones o del 40,84%; seguido por Ourense, con 27,9 millones menos o una disminución del 81,50%; el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, con una merma de 18,08 millones o el 77,02%; Santander, con 12,71% millones o el 50,97% menos; y Badalona, con 11,51 millones o el 45,23% inferior a lo que le correspondía por el Real Decreto.

Para los técnicos de Gestha la propuesta de los alcaldes "sorprende aún más" por la diferente situación en la que quedan los 31 municipios, donde reside el 24,05% de la población en España. Ante esta situación, los técnicos confían en que este Real decreto ley se convalide y tramite como proyecto de ley "para que los municipios dispongan del tiempo necesario para debatir y consensuar sus propuestas".

"Quizás 5.000 millones no sean suficientes para que determinados ayuntamientos puedan atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles", avisa a la vez el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se pueden canalizar los fondos europeos. El presidente ha advertido de que desvincular las ayudas de esta herramienta sería una "gran irresponsabilidad". Durante su intervención en el pleno del Senado, Sánchez ha advertido de que las cuentas con "el tronco" que permite canalizar los recursos de la UE y que desvincularlos "comprometería la absorción y la ejecución de los fondos".

Sánchez ha recordado la relevancia de estas ayudas, 140.000 millones, logradas en un acuerdo "histórico" y el impacto que pueden tener en la recuperación y transformación de la economía española. "No se puede abordar sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con carácter inmediato", ha reiterado Sánchez. España, ha añadido, "desgraciadamente vive" con unos presupuestos de un Gobierno conservador de hace tres años, que si ya "eran un problema por tener prioridades conservadoras" ahora son "dañinos".

El Gobierno, ha insistido, buscará un acuerdo parlamentario lo más amplio posible para tener unos Presupuestos "progresistas, de país, para todos los españoles".

La Fiscalía General del Estado (FGE) constata en su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2019 una tendencia a la baja en los delitos de fraude del IRPF y un aumento en los fraudes de IVA y Sociedades, así como un ligero repunte en el número de defraudaciones a la Seguridad Social. En el documento, la FGE reconoce que la inexistencia de un sistema informático normalizado e igual para todo el territorio, impide tener noticia exacta de la evolución numérica de la criminalidad en la materia. De ahí que los datos que aporta el documento, contengan estimaciones aproximadas.

La Fiscalía lamenta la dificultad que supone la determinación de los delitos societarios, ya que el hecho de que su enjuiciamiento está encomendado a los Juzgados de lo Penal hace extremadamente problemático su cómputo. Asimismo, y como en anteriores ocasiones, deplora la falta de medios con las que trabajan los fiscales, carencia que afecta a la tramitación de las infracciones "más denostadas y que mayor rechazo originan en una sociedad torturada por una grave crisis económica", generadora de profundas desigualdades y particularmente cruel con las clases más desfavorecidas.

La Memoria destaca también el enorme grado de especialización que exige la investigación de estos delitos, normalmente materias complejas y sometidas a continuas modificaciones legislativas y jurisprudenciales. Entre los delitos que se enmarcan en el ámbito económico destaca la falsificación de moneda y de tarjetas de crédito, Durante los últimos doce meses se han intervenido unas cantidades bastantes similares de billetes falsos con respecto a los últimos cinco años, señala la Memoria, y desde 2014, solo en 2018 se intervinieron menos billetes que en 2019.

Por denominaciones, en España la falsificación del billete de 50 euros concentró la mayor parte de las falsificaciones detectadas durante 2019, situándose a continuación el de 20 euros y después el de 10 euros; de las restantes denominaciones, las cantidades no fueron significativas en comparación a las anteriores. La mayor parte de las falsificaciones detectadas en España se concentraron en siete provincias: Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao y Alicante.

Lo que sí ha detectado la Fiscalía General del Estado es un aumento de la comercialización de monedas y tarjetas de crédito falsas a través de internet, especialmente en la "Darknet", así como su empleo para adquisición de útiles y elementos necesarios para llevar a cabo la posterior falsificación, aunque no facilita cifras concretas. La distribución y penetración de la moneda falsa en España se realiza mediante los diferentes pasadores y a través de empresas de paquetería.

“Sin liquidación no hay infracción, y, consecuentemente, sanción”. Esta máxima, vieja conocida de los fiscalistas, debe completarse a partir de ahora con la coletilla, “pero Hacienda sí que puede iniciar el expediente sancionador por la presunta infracción”. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) acaba de hacer pública una sentencia muy esperada en la que declara que es posible iniciar un expediente sancionador a un contribuyente antes de que se le notifique la liquidación del impuesto tras la inspección tributaria.

La resolución (cuyo texto puede consultar aquí) resuelve el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la sanción de 97.000 euros impuesta a una empresa por no declarar el IVA correspondiente a dos periodos impositivos. El tribunal madrileño falló a favor del contribuyente al quedar demostrado que, antes de que se le notificase la infracción, ya se había iniciado un expediente sancionador y se le había comunicado una propuesta de multa.

El fallo ponía en juego millones de euros porque, como reconoce el propio tribunal, es habitual que la Agencia Tributaria tramite en paralelo la infracción y su sanción. Esta es, precisamente, la crítica que hacen dos magistrados de la Sala al suscribir un voto particular: que se haya dejado de lado el principio de separación de procedimientos para avalar una práctica que afectaría a miles de sanciones impuestas. En realidad, censuran, “el núcleo de la sentencia, a la postre, no es otro que el de indicar que nada obsta a la posibilidad que la propia Administración haga sin cortapisas ni trabas lo que ella misma afirma que viene haciendo en el 95 por 100 de los casos”.

Según el abogado del Estado, del reglamento aplicable se desprende "que el inicio del procedimiento sancionador se vincula a la incoación del acta de Inspección y no a la liquidación que derive del acta". De otra forma, agrega, no tendría sentido el precepto de la ley tributaria que amplía el plazo del procedimiento sancionador cuando deba extenderse el del expediente sancionador. Además, el letrado apela a un criterio económico al señalar que esta interpretación es acorde “al principio de celeridad en las actuaciones administrativas”.

La batería de argumentos a favor de la anticipación en la tramitación del expediente sancionador no se agota ahí. A favor de esta posibilidad, el abogado recuerda que la instrucción de los delitos contra Hacienda se inicia tan pronto llegue la sospecha de la actuación criminal al magistrado. Por otro lado, señala, el hecho de que sea habitual que la notificación de la liquidación y la sanción lleguen a la vez no implica una vulneración de la exigencia legal de separación de ambos procedimientos, porque es posible que se desarrollen de forma paralela.

Por su parte, la defensa de la empresa sostiene que la multa que se le notificó es nula porque el acuerdo de liquidación “es requisito sine qua non para mantener la existencia de una infracción tributaria que pueda dar lugar a la imposición de una sanción”. De otro modo, faltaría el supuesto de hecho que habilita a la Agencia Tributaria a castigar al infractor. Máxime, “cuando esta consiste en dejar de ingresar”, añade. Los letrados de la defensa alegan también que, conforme a los plazos dispuestos, Hacienda tiene tiempo suficiente para llevar a cabo el expediente sancionador.

El Supremo reconoce ya en el auto de admisión que "no es infrecuente que la notificación de la liquidación y la de la sanción coincidan en el tiempo”. Lo que hay que determinar es si dicha actuación es o no legítima y legal. En resumen, aclara, se plantea “si el ordenamiento jurídico en general, y el artículo 209.2, párrafo segundo, en particular, en el caso de infracciones que causan un perjuicio económico a la Hacienda Pública, autorizan a la Administración tributaria para iniciar un procedimiento sancionador tributario antes de haberse dictado y notificado el acto administrativo de liquidación, determinante del hecho legalmente tipificado como infracción tributaria”.

Los magistrados rechazan, en primer lugar, que la Sala hubiera fijado ya criterio a favor de que el expediente sancionador solo puede iniciarse una vez notificada la liquidación. En este sentido, aclaran que la resolución de 2016, invocada por el tribunal madrileño para anular la multa, ha sido mal interpretada al sacar de contexto unas alegaciones de la parte recurrente en dicho caso.

La primera cuestión que fija la Sala es que ninguna norma legal o reglamentaria establece que el procedimiento sancionador deba iniciarse tras la notificación de la liquidación tributaria. El artículo 209.2 de la ley tributaria que se analiza tan solo determina, explica, un límite máximo para incoar el expediente sancionador (tres meses desde la notificación de la liquidación por infracción tributaria). Deducir la existencia de un límite mínimo para actuar ante la sospecha de infracción, aclaran, sería “forzar” o, incluso, “retorcer, innovar o inventar”, el texto de la norma. La notificación de la liquidación no constituye, por tanto, el límite mínimo para iniciar el procedimiento sancionador. Esta es otra de las cuestiones que se establecen como criterio a seguir.

Además, agrega, no ha de confundirse separación de procedimientos y respeto a las garantías del administrado con la imposibilidad de que los trámites coincidan en el tiempo.

Por último, aunque reconoce que en las infracciones consistentes en no ingresar en las arcas públicas el impuesto la sanción es consecuencia de la constatación de dicha actuación, considera que nada impide que esta se tramite en cuanto existan indicios de incumplimiento. Además, apostilla, la incoación del expediente no conlleva necesariamente (estadísticas aparte) la imposición de una multa. En las "infracciones que causan perjuicio para la recaudación" puede aceptarse, concluye, "la máxima de que sin liquidación no hay sanción, pero no la de que sin liquidación no puede haber inicio del procedimiento tributario sancionador”. Esta es la última de las respuestas que el Supremo fija como doctrina.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) propone reducir al 7% durante 2020 y 2021 los tipos impositivos que se aplican al alojamiento, la restauración o el transporte de viajeros, y mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del turismo hasta que se recupere la demanda, "mínimo" hasta la próxima temporada.

La patronal presentó este jueves junto a la consultora EY el informe 'Gestión de la crisis turística provocada por la Covid-19' en el que analiza el impacto de la coyuntura derivada del coronavirus en el turismo y propone una serie de medidas para paliarla inspiradas en las aportaciones que se hicieron en la cumbre empresarial de CEOE de junio, las demandas de otros representantes y las decisiones adoptadas por otros países.

Desde CEOE alertaron de la situación "muy crítica" en la que se encuentra el turismo y la "travesía muy dura" que tiene por delante para recuperarse, ante la caída en la llegada de turistas, en las pernoctaciones, la imposición de cuarentenas después de visitar el país o la recomendación de no viajar a España.

La patronal reclamó un plan urgente en el que se mantenga la vigencia de los aplazamientos de deudas tributarias y de Seguridad Social, se amplíe la duración y cuantía de los avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se otorguen préstamos a "muy largo plazo" a empresas viables, ayudas al transporte y medidas para "mitigar" el perjuicio derivado de los viajes cancelados y pospuestos.

Entre las medidas recogidas en el informe para alentar la demanda del turismo, CEOE plantea la reducción al 7% durante 2020 y 2021 de los tipos impositivos que se aplican a los servicios de alojamiento, restauración, transporte de viajeros y a otros servicios relacionados con el turismo.

También propone la exoneración "temporal" de tasas turísticas, facilitar la suscripción de seguros médicos de viaje para turistas internacionales que cubran las contingencias del Covid, una campaña de promoción del destino España y el restablecimiento "a la mayor brevedad posible" de la movilidad y conectividad aérea con los principales países emisores de turistas que llegan a España.

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), CEOE pide que se mantengan los causados por fuerza mayor por el coronavirus hasta que se recupere la demanda. El presidente de la organización, Antonio Garamendi, puntualizó que "mínimo" sería hasta la próxima temporada turística y deberían alcanzar a "toda la cadena de valor". Garamendi se preguntó si el comercio, la hostelería o la industria aeronáutica se considera turismo y afirmó que "no hay que abandonar absolutamente a nadie".

Indicó que está a la espera de que desde el Gobierno "nos enseñen los datos" de cara a la nueva prórroga de los ERTE y "nos enseñen quiénes son los trabajadores que tienen que estar en ERTE" planteando si ése sería el caso de los fijos discontinuos y los temporales. "Los que no van a estar en ERTE son los fotógrafos, son los que tienen trabajo, están todo el día sacando fotos a estos ministros", dijo.

El presidente de CEOE consideró un "error" que se tenga que tratar nuevamente una prórroga de los ERTE porque se tenían que haber prorrogado "mínimo hasta diciembre" y "menos mal que se aceptó la postura de CEOE" de introducir el ERTE por rebrote. También dijo que CEOE va a plantear que se dé formación a los trabajadores suspendidos.

Laboral

En cuanto a las propuestas de reforma de las pensiones para el medio y largo plazo, Escrivá ha avanzado cuatro líneas de actuación en las que ya trabaja la Seguridad Social: la transición progresiva hacia un sistema de tramos en el que los trabajadores autónomos coticen por sus ingresos reales; el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, ligando la revalorización de las pensiones al IPC; acortar la brecha entre la edad efectiva de jubilación (ahora fijada en 64,6 años) y la edad legal (actualmente fijada en 65 y 8 meses y que se elevará progresivamente hasta los 67 años en 2027); y cambiar el diseño de los incentivos de la previsión social complementaria.

Dentro de estas cuatro cuestiones se ha referido especialmente a la intención del Gobierno de incentivar el retraso del momento de la jubilación, bien mediante el rediseño de las bonificaciones que recibe quién decide alargar su vida laboral o con una estructura distinta de la compatibilidad entre el cobro de un salario y una pensión.

"Estamos hablando de dos incentivos --ha dicho --por un lado, demorar la jubilación, lo que supondrá generar un sistema de incentivos que induzca a trabajar más y reformar fórmulas que permitan compatibilizar pensión y trabajo. Mientras que, la segunda línea que Escrivá dijo que hay que abordar consiste en "corregir elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas".

En su opinión "España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación", por lo que ha indicado que su departamento está realizando un estudio de cómo es el mercado de trabajo de las personas que están a punto de jubilarse, evaluando los incentivos que existen y analizando por qué no son utilizados, "para diseñar un sistema mejor construido".

Respecto a la futura cotización según los ingresos reales de los autónomos, Escrivá no quiso dar más detalles porque tiene previsto negociar el nuevo sistema de cuotas con este colectivo a partir de la semana que viene. Aunque sí adelantó que "un buen número de autónomos que ahora cotizan por la base mínima, cotizarán aún menos" y, al mismo tiempo, otros tantos trabajadores por cuenta propia tendrán que cotizar más de lo que lo hacen actualmente.

El Gobierno deberá decidir en las próximas dos semanas si los Presupuestos de 2021 incluyen una congelación del sueldo de los funcionarios o aprueba una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo. Fuentes del Ministerio de Función Pública, que dirige la ministra Carolina Darias, aseguran que aún no han tomado ninguna decisión y que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos. La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial.

El reloj corre y el Gobierno aún no tiene listo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que debería presentar antes del 30 de septiembre, según marca la Constitución Española. Otros años en estas fechas el Ejecutivo ya había convocado la mesa de negociación de la función pública para tratar la subida del sueldo de los funcionarios, pero este año aún no ha entablado conversaciones con los representantes de los empleados públicos para abordar esta cuestión, según confirman todas las partes implicadas.

No obstante, en el resto de ministerios económicos ya se están haciendo números para cuadrar los Presupuestos de 2021, unas cuentas esenciales para la legislatura. “No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco”, concede un alto cargo, que admite que a pesar de las ayudas europeas las cuentas públicas están muy tensionadas. Otra fuente ministerial no niega que sea una posibilidad, pero evitan dar nada por cerrado.

El gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, es una de las mayores partidas de los Presupuestos. En las cuentas de 2018, que aún están vigentes porque han sido prorrogadas durante dos años, esa partida ascendía a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios.

A favor del Gobierno juega que los precios están muy contenidos debido al parón de la actividad económica y la posterior crisis. Hasta julio, el IPC estaba en territorio negativo (-0,5%) y el consenso de analistas es que la evolución de los precios termine el año sin ninguna variación. Esto permitiría al Ejecutivo congelar el salario de los empleados públicos o vincularlo al IPC para que no pierdan poder adquisitivo como ya ocurrió en la anterior crisis.

En 2010, el anterior Gobierno de Zapatero redujo el sueldo de los funcionarios entre un 5% y un 7%. Durante los años siguientes y hasta 2016, ya bajo el mandato de Rajoy, vieron como su remuneración no mejoraba. Incluso en lo más crudo de la crisis, en 2012, el Gobierno del PP les retiró la paga extraordinaria de diciembre, que devolvió años más tarde, y limitó las plantillas, lo que propició una merma de efectivos públicos que aún hoy no se han recuperado.

No fue hasta 2018 cuando los funcionarios pudieron empezar a mejorar sus condiciones. Ya en plena recuperación, el exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, acordó con los representantes sindicales de los empleados públicos (UGT, CC OO y CSIF) una senda de subidas salariales hasta 2020. El pacto, que recogía otras mejoras como la reducción de la temporalidad pública, incluía unas subidas de entre el 6,1% y el 8,8% durante esos tres años, lo que permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la anterior crisis financiera. Las subidas salariales, eso sí, estaban vinculadas al crecimiento económico y al cumplimiento de los objetivos de déficit público, y no al IPC, algo que no había ocurrido antes.

Según consensuaron entonces todas las partes, la subida para 2020 recogía un aumento del un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales. Una ejecución que tendría un coste de 3.264 millones de euros, ya que también se llevaría a cabo la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero ese pacto caduca este año y no seguirá en 2021. El Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez pretendía firmar un acuerdo similar antes de que estallara la pandemia., pero el coronavirus ha trastocado todos los planes.

La decisión que adopte el Estado sobre el sueldo de los empleados públicos es importante porque al acordarla en la mesa de negociación de la función pública se extiende a todas las comunidades autónomas. Aunque algunos territorios tengan excepciones. Extremadura y Baleares anunciaron este verano que la subida del 2% quedaba suspendida “indefinidamente” para sus trabajadores públicos.

Este verano, CC OO denunció que el Ministerio de Hacienda no prevé aplicar en este año la mejora salarial adicional comprometida para unos 40.000 empleados públicos que son personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). El sindicato aseguró entonces que Hacienda le había comunicado que aplicaría esa mejora en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

El gasto en pensiones supone la mayor partida de los Presupuestos del Estado. El año pasado fueron necesarios 135.163 millones de euros para pagar las prestaciones de jubilados, un 6,11% más que el año anterior y el mayor aumento en una década. El próximo año la partida volverá a aumentar, aunque el Ejecutivo decida no aplicar grandes subidas a los pensionistas por la crisis. El motivo es que se incorporarán al sistema jubilados con prestaciones cada vez más elevadas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha analizado los datos de desempleo y afiliación del mes de agosto, los cuales considera que “no reflejan” el deterioro de algunas actividades económicas y del empleo. El motivo por el que creen que estos datos no se ajustan a la realidad se debe a la aplicación de mecanismos como los ERTE, por lo que ha instado al Gobierno a “intensificar las medidas de ayuda” para garantizar la supervivencia de las empresas y del empleo.

Medidas que son más urgentes en sectores tan golpeados por la pandemia como el turismo, han expresado desde CEOE en un comunicado. “Sectores como éste tienen un efecto tractor sobre otros sectores de manera incuestionable”, han expresado. Durante el pasado mes de agosto, el aumento del paro registrado fue de 29.780 personas, algo inferior al de años previos. No obstante, para CEOE es “inevitable recordar” que la tasa de afiliación dista mucho de alcanzar los niveles anteriores al inicio de la crisis, con casi 458.000 afiliados menos, y con el efecto de los ERTEs distorsionando la imagen re al del mercado laboral.

El análisis de estos datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social no permite a la patronal "ver con optimismo la evolución del mercado laboral" y la recuperación de los efectos negativos consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Desde la CEOE también consideran que la evolución de los rebrotes también afecta negativamente en el ritmo de recuperación del empleo, y que por ello es necesario que desde el Ejecutivo se tomen medidas para intensificar esas ayudas. Por último, desde la patronal recuerdan al Gobierno que la falta de demanda en sectores como el turismo agravará la situación de las casi 300.000 personas que aún siguen en ERTE en este sector.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha abogado por extender los ERTE para las empresas con problemas de demanda, pero sin discriminar por sectores, dado que el tejido empresarial español está muy entrelazado. "Esta herramienta debe ponerse encima de la mesa en las empresas con un problema de demanda, con un problema real. Es muy difícil dividir por sectores, porque todo está entrelazado. Cuando hablamos de turismo no hay que referirse solo a aerolíneas o agencias, también a otros como fábricas de pirotecnia, mantenimiento de aires acondicionados de hoteles, el sector de alimentación y bebidas... Lo que habrá que ver es cómo se gestiona un sistema para que nadie se quede atrás.

Garamendi ha destacado la eficacia de la herramienta de los ERTE, que ha servido para proteger a los trabajadores -hoy quedan bajo este mecanismo 700.000 personas de los 3,5 millones que se acogieron- y para hibernar a las empresas ante la pandemia. Aunque expresamente no ha aludido a ninguna fecha de extensión de los ERTE, en otras entrevistas recientes el presidente de la patronal ha solicitado que este mecanismo se prolongue hasta al menos junio de 2021.

Preguntado por los incentivos para reactivar el empleo, ha abogado por aplicar fórmulas para determinar qué empresas pueden contratar y cuáles no, y ha recordado que a esta situación se ha llegado por la pandemia y por los cierres administrativos decretados, que han afectado a sectores como la hostelería o el ocio nocturno, más de 300.000 locales. "El dinero tiene que ir a la gente que lo necesita", ha remarcado.

Respecto a si es partidario de una baja remunerada para los padres con hijos en cuarentena, ha emplazado al Gobierno a presentar una propuesta final, ante la divergencia de criterios entre ministros, y ha pedido que se trate de una regulación ex profeso para el Covid y temporal y que no represente un coste más para las empresas. "Mucho cuidado con regular cosas que luego se quedan en el tiempo", ha advertido Garamendi, quien se ha mostrado contrario a que se cargue el coste de la medida en las mutuas de accidentes de trabajo, "porque pueden conseguir quebrarlas". "Tendrá que poner el Estado un dinero adicional", ha reclamado.

Por último, respecto a los Presupuestos, ha remarcado que un país debe tener cuentas públicas, y si es con consenso, "mejor", y en cuanto a los fondos europeos para la reconstrucción, ha manifestado que se trata de una "oportunidad histórica" contar con una financiación "potente" para tener grandes proyectos que sirvan para apuntalar el cambio tecnológico y digital, y ha pedido a la clase política que sea "muy responsable" para no hacer partidismo con esta cuestión.

"En la CEOE hemos creado una oficina para esta cuestión. Estaremos vigilantes, porque el dinero tiene que ir para cambiar el modelo de país", ha advertido.

El Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse este lunes para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. Este encuentro, que en este caso será de la mesa técnica, se produce después de que el viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.

Tanto Escrivá como Díaz confiaron en alcanzar un acuerdo definitivo para prorrogar esta herramienta más allá de finales de mes y "sin dejar a nadie atrás". Díaz destacó que este lunes arrancan "con fuerza" los trabajos técnicos para concretar la prórroga de los ERTEs, y apuntó que todas las partes se han comprometido "a no agotar los tiempos de negociación" de los que disponen.

En el encuentro celebrado en Palma de Mallorca, los agentes sociales pusieron encima de la mesa multitud de propuestas y los ministros se comprometieron a debatir y estudiar todas y cada una de ellas. "Seguramente todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país", apostilló Díaz.

Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa es evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días. No obstante, este viernes quedó claro que parece haber consenso entre todas las partes y que están a favor de esta petición de los sindicatos.

Para UGT y CC.OO., es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la "alternativa" a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.

De su lado, los empresarios defenderán la necesidad de focalizar las exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas que están cerradas, planteamiento que fue visto con buenos ojos por parte del Gobierno en el encuentro del viernes.

Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas europeas han cerrado con sólidos avances apoyadas en el rebote de Wall Street tras las recientes caídas. El Ibex, algo rezagado, ha sumado un 0,95% hasta 7.020,90 puntos con el empuje de los bancos, agitados por los movimientos en el sector. Las compras se han impuesto con fuerza en las Bolsas europeas pese a las incertidumbres que planean sobre los inversores. Wall Street cerró su tercera sesión de recortes, que en el caso del índice Nasdaq superaron el 4%, con fuertes caídas para grandes tecnológicas como Apple, Amazon o Alphabet. Sin embargo, el rebote en la sesión de hoy en la Bolsa de Nueva York ha animado a la toma de posiciones.

La atención también ha estado puesta en la farmacéutica AstraZeneca, que ha decidido interrumpir el principal ensayo clínico para lograr una vacuna contra la COVID-19 porque uno de los participantes ha sufrido "una enfermedad inexplicable". El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, ha salido al paso para afirmar que la interrupción de los ensayos clínicos que desarrolla la Universidad de Oxford no supone un revés y no es la primera vez que esto pasa. También lo ha hecho la Comisión Europea (CE), al asegurar que "puede suceder de manera normal en cualquier ensayo clínico" y que "un único evento no es suficiente para sacar conclusiones en firme".

Por otra parte, la amenaza de un Brexit duro regresa a los mercados, después del nuevo proyecto de ley del Mercado Interior del Reino Unido, que vulnera las disposiciones del acuerdo. Con todo, los inversores aguardan atentos a la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE) ante la posibilidad de pistas sobre algún tipo de estímulo o de medida para frenar la apreciación del euro. El Ibex, tras anotarse ayer un recorte del 1,78%, se ha mostrado muy volátil durante la jornada de hoy. Tras chocar varias veces con los 7.000 puntos durante la sesión, finalmente ha conseguido superar esta cota apoyado en el rebote de Wall Street. Con todo, el selectivo español se queda rezagado respecto a otros grandes índices europeos. Al cierre ha sumado un 0,95% hasta 7.020,90 puntos.

Los bancos, agitados por las noticias sobre la concentración del sector, han cerrado con avances. CaixaBank ha subido un 5,09%; Bankinter, un 4,89%; Sabadell, que podría estar explorando opciones estratégicas con Goldman Sachs, un 2,05% y Bankia, un 2,95%. De los grandes, Santander ha sumado un 1,57% y BBVA, un 1,12%. Los inversores también han tomado posiciones en valores más defensivos como son las 'utilities', con avances para Red Eléctrica (+2,37%), Enagás (+2,15%), Iberdrola (+1,29%) y Endesa (+1,61%). También han destacado en las subidas Mapfre (+4,67%) y Siemens Gamesa (+3,54%).

Entre los más bajistas de la sesión se encuentran IAG (-3,46%), que ayer aprobó una ampliación de capital de hasta 2.750 millones de euros para mejorar el balance y la posición de liquidez, Inditex (-0,91%) y Ferrovial (-0,57%), a la que JPMorgan ha rebajado su recomendación a 'neutral' desde 'sobreponderar' y su precio objetivo a 25 euros desde los 27 anteriores. En el resto de las Bolsas europeas las subidas han sido mayores que en el caso del índice español. El Dax alemán se ha anotado un alza del 2,07%; el Cac francés, un 1,40%; el Mib italiano, un 2,02%; y el Ftse británico, un 1,39%.

A la espera de lo que suceda el jueves en la reunión del BCE, el euro recupera los 1,18 dólares, mientras que la libra, con las nuevas tensiones sobre el acuerdo del Brexit, se cambia por 1,30 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en el 0,33%, con la prima de riesgo estable en el entorno de los 80 puntos básicos. El mayor optimismo en la renta variable se traslada también al precio del barril de petróleo Brent, que se acerca a los 41 dólares y al de crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, que sube hasta los 38 dólares.

La reunión del Consejo de Gobierno del BCE vuelve a ser el centro de atención de los inversores, a pesar de que no se aguarden decisiones de calado. Pero el desafío que ha impuesto la pandemia despierta nuevos interrogantes entorno a cada encuentro y en esta ocasión, el BCE afronta una segunda oleada del coronavirus –que ha llegado antes de lo previsto–, una fuerte apreciación del euro que entorpece aún más la meta de impulsar el alza de los precios y la presión desde la Reserva Federal después de que Jerome Powell haya decidido ser más flexible con el objetivo de inflación.

El entorno económico ha vuelto a cambiar, una vez más, en la zona euro. El BCE decidió en junio aumentar en 600.000 el importe de su programa de compras antipandemia, convertido en su herramienta estrella de política monetaria. En julio mantuvo el piloto automático y en la cita de este septiembre no se prevén cambios de calado. Será el momento de revisar las perspectivas de crecimiento e inflación, sin que se prevean grandes ajustes.

Pero la mayoría de expertos coincide en que habrá que leer entre líneas y que, más que nuevas decisiones, el BCE irá preparando el terreno para una actuación de más calado en diciembre. “El Consejo del BCE podría utilizar la reunión para preparar el mercado para una mayor flexibilización en diciembre”, señalan en Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo y donde prevén que el programa de compras se amplíe en 600.000 millones de euros, hasta el equivalente al 17% del PIB de la zona euro, y se prolongue hasta finales de 2021.

En Goldman Sachs también prevén que el PEPP tenga que elevarse de forma significativa, a la vista de una inflación baja de forma persistente. Auguran para el encuentro de mañana un ligero ajuste en las previsiones económicas, que recojan un segundo trimestre mejor de lo esperado que sin embargo se está viendo empañado por la nueva oleada del virus.

El banco estadounidense estima que el BCE mejore su previsión para el PIB de este año en la zona euro desde la caída del 8,7% avanzada en junio al 8,3%, aunque el alza en 2021 menguaría del 5,2% al 5%. Y el alza de precios sería ligeramente menor a la previsto en junio, del 0,2% este año y 0,7% en 2021, frente al 0,3% y 0,8% anterior y sin cambios en las previsiones de 2022.

La baja inflación ha encontrado un nuevo obstáculo en la subida del euro, cuya apreciación reciente es motivo de inquietud ya en el BCE. Así, las importaciones en la zona euro resultan más baratas, lo que presiona la inflación aún más a la baja. Aun así, no se espera del BCE ninguna actuación encaminada a frenar la divisa. Lejos de descontar un endurecimiento monetario, el mercado está incluso apuntando a una nueva rebaja de la facilidad de depósito. “Es muy difícil para el BCE suavizar la tendencia alcista del euro”, señalan en Nomura. Una tendencia que se ha visto acentuada por la nueva estrategia de la Fed y la larga era de tipos bajos en EE UU.

El producto interior bruto (PIB) de la eurozona anotó una caída del 11,8% durante el segundo trimestre del año con respecto al primero a causa de la pandemia de coronavirus, mientras que en la Unión Europea (UE) la bajada fue del 11,4%, en ambos casos los mayores descensos desde que comenzaron los registros en 1995. De ese modo, la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, revisó este martes los datos publicados el pasado 14 de agosto, cuando anunció una bajada del PIB del 12,1% en los países del euro y del 11,7% en los Veintisiete entre abril y junio.

En los primeros tres meses de 2020, la economía se había contraído un 3,7% en los diecinueve países que comparten la moneda única y un 3,3% en el conjunto del club comunitario. Si se realiza la comparación interanual, el PIB cayó un 14,7% en el área del euro y un 13,9% en la UE entre abril y junio de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre, los descensos habían sido del 3,2% y del 2,7%, respectivamente. Por países, España experimentó la mayor caída del PIB durante el segundo trimestre con respecto al primero, al anotar una bajada del 18,5%.

Le siguieron Croacia (14,9% menos), Hungría (14,5%), Grecia (14%), Portugal (13,9%) y Francia (13,8%). Mientras tanto, los menores retrocesos tuvieron lugar en Finlandia (4,5%), Lituania (5,5%), Estonia (5,6%), Irlanda (6,1%), Letonia (6,5%) y Dinamarca (6,9%). Por componentes, en el segundo trimestre el gasto final de consumo de los hogares decreció un 12,4% en la eurozona y un 12 % en los Veintisiete, tras caer un 4,5% en los socios de la moneda compartida y un 4,2% en todo el club comunitario entre enero y marzo.

La formación bruta de capital fijo retrocedió un 17% en el área del euro y un 15,4% en la UE, en tanto que las exportaciones se desplomaron un 18,8 % en ambos espacios. Las importaciones se hundieron un 18% en la eurozona y un 17,8% en todo el club comunitario. La contribución del gasto final de consumo de los hogares al PIB resultó "muy negativa", destacó Eurostat, pues supuso un descenso de 6,6 puntos porcentuales en la eurozona y de 6,3 puntos en los Veintisiete. También fue negativa la aportación de la formación bruta de capital fijo, que disminuyó 3,8 puntos en los Estados del euro y 3,4 en la UE.

Asimismo, resultó negativa la contribución de la balanza exterior y del gasto final del Gobierno en ambas zonas, mientras que los cambios en los inventarios fueron "ligeramente positivos" en la eurozona y "ligeramente negativos" en el conjunto del club comunitario. Por otro lado, el número de personas empleadas se redujo un 2,9% en la eurozona y un 2,7% en la Unión entre abril y junio con respecto al primer trimestre de 2020. De nuevo, se trata de las bajadas más acusadas desde que comenzaron los registros en 1995.

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, ha señalado que la posible fusión entre CaixaBank y Bankia cumple con los criterios básicos para que sea "eficaz". Campa ha explicado, en una jornada organizada por el IESE Business School, que dicha operación va en línea de los aspectos fundamentales para que sea una fusión que proporcione un conjunto de sinergias y mejoras en eficiencias de costes, y ayude a obtener un modelo sostenible hacia el futuro.

La fusión entre las dos entidades financieras españolas responde a la necesidad que tiene el sector bancario europeo de reestructurarse y de resolver sus problemas de rentabilidad y exceso de capacidad, ha agregado. Según Campa, los tres principales retos de la banca son el tecnológico, la falta de rentabilidad del sector -que ha empeorado por el Covid-19 porque los tipos de interés van a estar más bajos durante más tiempo, la actividad económica está más débil y puede haber un incremento de morosidad-; y el de exceso de capacidad en ciertas partes del sistema europeo.

Para ello, se debe mejorar la tasa de eficiencia en los costes y las fusiones son "un mecanismo más y válido" para intentar lograrlo, ha añadido. No obstante, ha matizado que no hay que hablar de fusiones por fusiones, sino de oportunidades de negocio y de visiones de negocios y puede haber operaciones que funcionen, pero también es importante que haya una salida ordenada de las entidades que no son buenas.

Se trata de que los bancos buenos crezcan y ganen cuota de mercado y que los malos salgan del mercado de forma ordenado y que el sector, en su conjunto, sea capaz de reorientarse hacia un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo, ha remarcado.

El profesor del IESE Juan José Toribio ha destacado que la operación planeada por las dos entidades españolas puede tener efectos diferentes en función de cómo se lleve a cabo, si por una fusión o por una absorción de Bankia por parte de CaixaBank, aunque, según Campa, es algo que aún no está decidido.

En el primer caso, el Estado, que tiene ahora más del 60% de Bankia, pasaría a tener un 14-15 % de la fusionada, con lo que se diluiría su participación, pero sería una participación en una entidad más rentable y que valdría más, ha indicado Toribio.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank y, una vez disponga de las conclusiones de dicho informe, será Economía quien tenga la última palabra sobre la operación, según fuentes financieras consultadas. El papel del BCE en una fusión depende de la normativa del país o países en los que tengan su sede las entidades que se fusionan, ya que este tipo de operaciones no se regulan en el Derecho europeo, sino en el Derecho nacional.

Si el Derecho del país en cuestión otorga facultades al supervisor nacional a este respecto, el BCE ejerce dichas facultades cuando se trata de fusiones de entidades significativas que supervisa directamente. En cualquier caso, el BCE debe aprobar adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o derechos de voto de la entidad o superen los demás umbrales pertinentes (20%, 30% o 50%).

De este modo, la entidad que pretenda adquirir una participación cualificada deberá notificarlo al supervisor nacional, que junto al BCE evalúan la adquisición propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva de Requisitos de Capital (reputación del adquiriente y experiencia de los directivos propuestos, solvencia del adquiriente, impacto en la entidad y riesgo de vínculos con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo). "En principio, el BCE no tiene preferencias en relación con el tamaño y no disuade a las entidades de convertirse en más grandes", explica el BCE, aunque recuerda que para las entidades "demasiado grandes para quebrar" existen normas acordadas internacionalmente que exigen colchones de capital adicional y/o capacidad de absorción de pérdidas a las entidades grandes y sistémicas.

La legislación española hace recaer la última palabra en una operación de estas características en el Ministerio de Asuntos Económicos, que deberá pedir al BCE, como supervisor, un informe. En cualquier caso, el papel del BCE podrá cobrar mayor relevancia en función de la estructura de la operación. El Consejo de Supervisión del BCE anunció en julio que "facilitará" la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras, por lo que no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión.

De este modo, los proyectos "sostenibles" de consolidación tendrán unos requisitos de capital iniciales iguales a la media ponderada a los requisitos del Pilar 2 de las entidades que se van a fusionar. Como precaución ante la evolución de la crisis, el BCE decidió en julio extender hasta el 1 de enero de 2021 su recomendación a la banca de no repartir dividendos y no efectuar recompras de acciones propias para preservar el capital de las entidades, ampliando así en tres meses las actuales restricciones, en vigor desde el pasado mes de marzo.

No obstante, el BCE señaló que revisará si esta postura sigue siendo necesaria en el cuarto trimestre de 2020, teniendo en cuenta el entorno económico, la estabilidad del sistema financiero y la fiabilidad de la planificación del capital.

Sector

La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha entregado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral. Según destaca una nota informativa del Ministerio de Justicia, el texto responde a la demanda histórica de superación del modelo decimonónico a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

El ministro ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la comisión y se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente. En este sentido, ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto "en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal".

"Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras", apostilla, insistiendo en que "dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos".

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de Ministros, desde el ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.

En el acto de apertura del año judicial, marcado por la pandemia, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advierte del "grave quebranto" que sufriría la Justicia si el órgano que dirige no se renueva. Por segundo año consecutivo, el discurso de apertura del año judicial de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha estado dirigido a los "poderes públicos" con una exigencia: renovar "sin mayores dilaciones" la institución ante la "seria anomalía" que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018.

Las llamadas a la renovación del CGPJ han marcado la tónica del discurso de Lesmes durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, y que este año está marcado por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. Lesmes, que se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad, ha recordado que "es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo".

Además, el presidente del Supremo defendió que, mientras los partidos acuerdan su renovación, el órgano de gobierno de los jueces siga funcionando "con normalidad”, ya que la Justicia sufriría un "grave quebranto" si el órgano de gobierno paraliza su funcionamiento mientras se designa a los nuevos vocales. Como no podía ser de otra manera, la pandemia provocada por el Covid-19 y sus consecuencias han tenido un papel protagonista en las palabras de Lesmes. Así, ha señalado que la crisis del coronavirus puede ser el detonante de un cambio en la Administración de Justicia", a la que ha calificado como "ineficientemente organizada".

Lesmes ha apuntado como el COVID-19 ha provocado "importantísimas tensiones" en el orden legal de los Estados, que han llevado a la adopción de estrictas medidas, "sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas". En este sentido, el presidente del Supremo ha aprovechado para señalar que, "al margen de discrepancias políticas, quizás ahora ya sí sea útil un análisis sosegado sobre el contenido del estado de alarma decretado". Además, ha reclamado "una mayor claridad normativa" respecto de la adopción de medidas "tan restrictivas de la libertad".

Por su parte, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha precedido a Lesmes en el discurso de apertura del año judicial, ha aprovechado su discurso para anunciar que en los próximos días dictará una instrucción que aborde "el tratamiento por parte de los fiscales" sobre el tema de las "ocupaciones de morada", al que se ha referido como "fenómeno delictivo". Delgado ha comenzado su discurso con unas palabras de recuerdo y homenaje a las víctimas del covid-19, reconociendo la "lección impagable de responsabilidad y entrega" de la ciudadanía y reconociendo a los colectivos profesionales decisivos para afrontar la situación, en especial a los sanitarios.

Por otro lado, Delgado se ha referido a los principales hitos judiciales del pasado año, como el juicio del proceso independentista en Cataluña, que condenó por e sedición y de un delito agravado de malversación de caudales públicos. "Culmina así un proceso penal de especial trascendencia a todos los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad", ha manifestado.

Además, quiso señalar el especial énfasis que pone la institución que dirige en los delitos contra el terrorismo. "La dignidad mostrada a lo largo de los años por quienes hubieron de sufrir directamente la lacra del terrorismo, de cualquier signo, ha contribuido decisivamente al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho".

También ha querido destacar el papel de la Fiscalía en otro proceso especialmente relevante durante el pasado ejercicio, el del caso de 'La Manada'. "Es importante destacar que es en 2019 cuando se ha resuelto el recurso de casación que interpuso el Ministerio Fiscal contra la Sentencia del caso conocido públicamente como 'de La Manada', en la que, como es sabido, se condenaba a los acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento", ha explicado Delgado.

La fiscal general ha defendido la actuación del Ministerio Fiscal en este caso, apuntando que siempre ha sostenido "que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual".

El Rey Felipe VI presidirá como viene siendo tradicional el acto forma de apertura del Año Judicial que tendrá lugar en el Tribunal Supremo, y que este año quedará algo 'descafeinado' debido a la pandemia. No se ofrecerá el tradicional vino español que reúne cada año en el salón de pasos perdidos del palacio de Villa de París a los principales representantes de la cúpula judicial y fiscal española. En todo caso, está confirmada la presencia de altas autoridades del Estado como son la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo y las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop.

Será también la primera ocasión en que Dolores Delgado pronuncia su discurso como fiscal general del Estado, ya que fue nombrada el pasado mes de febrero. En su intervención, como también es habitual, presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2019. Dicha Memoria, que recoge las actuaciones de la Fiscalía durante el ejercicio anterior, en este caso 2019, también aporta datos estadísticos clave sobre el número de procedimientos abiertos o puestos en conocimiento de los jueces por cada fiscalía según delitos.

El acto, que podrá seguirse en directo en la web www.poderjudicial.es, tendrá lugar en el Salón de Plenos del alto tribunal y en el mismo intervendrá, pronunciando el discurso inaugural del Año Judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al que precederá la intervención de Delgado.

A la ceremonia asistirán magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, además el jefe de la oposición, Pablo Casado; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entre otras autoridades.

El Ministerio de Justicia defiende que los abogados y procuradores han hecho un "uso intensivo" de los juzgados entre el 11 y 31 de agosto pasados, que fueron habilitados este año en los tribunales para tratar de superar el colapso tras el Estado de Alarma pese a las fuertes críticas que motivó la medida entre el colectivo profesional. Según ha informado este miércoles mediante una nota, han contabilizado 110.000 escritos iniciadores de procedimientos y más de 436.000 escritos de trámite a lo largo de los citados días.

La medida ha supuesto la antesala, según el Ministerio, de un plan de arranque del año Judicial "para asegurar la adecuada prestación del servicio, garantizar el rendimiento y reaccionar de forma rápida y eficaz a las incidencias que puedan producirse en el sistema".

Tras analizar las cifras de uso del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet, se muestra que abogados y procuradores han hecho un uso intensivo durante el periodo hábil, aumentando tanto la recepción de notificaciones como la remisión de escritos de inicio de demandas y de trámite a los órganos judiciales.

Durante el periodo hábil de agosto de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, se observa también un aumento considerable en todos los actos de comunicación. En particular, el número de notificaciones ha sido de 1.310.000 (un 1.000% más respecto a 2019), y los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245% más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585% más).

Según los datos del informe realizado por Justicia, esta medida ha compensado en parte los meses de inactividad y ha reactivado un gran número de procedimientos. Las comunicaciones electrónicas a lo largo del periodo habilitado en agosto han sido fluidas y los sistemas han funcionado con normalidad sin producirse incidencias reseñables. "Las cifras permiten concluir que, gracias al esfuerzo de todos, se ha mantenido una razonable actividad judicial y se ha respondido adecuadamente a la situación generada por la pandemia", concluye la nota.

Hoy, martes 1, entrará en vigor el texto refundido de la Ley Concursal, un documento, en teoría, con pocas novedades de calado más allá de su estructura, que armoniza la legislación actual y la prepara para su gran reforma, la transposición de la directiva europea, que podría llegar en 2021. Sin embargo, los expertos consultados por Efe creen que el nuevo texto, que pasa de 242 artículos a 752, debería haber esperado, al menos, hasta comienzos de año, máxime teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentran juzgados y profesionales, sumidos en una avalancha de trabajo provocada por la pandemia.

Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, lo que ha generado incongruencias, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica, según el Ministerio de Justicia. La nueva norma, informada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y las Secretarías Generales Técnicas de Justicia y Asuntos Económicos, es fruto del mandato del Parlamento para "refundir, armonizar, clarificar y ordenar" la legislación, y está dividida en tres libros.

El primero de ellos, compuesto por más de una docena de títulos, está relacionado con los concursos de acreedores o antiguas suspensiones de pagos. Tras este, se desarrolla el derecho preconcursal, donde se regulan aspectos como las comunicaciones y los acuerdos de financiación, en tanto que el tercero versa sobre las normas de derecho internacional privado. "Somos conscientes de que tampoco podía ir más allá porque su mandato era armonizar la ley anterior, una 'ley follón' después de 28 reformas", explica el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador.

Aunque, "teóricamente no debería haber novedades de calado", sí han detectado "algunas reformillas", reconoce Comendador, que, no obstante, avisa de que tendrán que estudiarlo más en profundidad "porque a veces lees por encima, crees que está igual, y ves una coma o un punto desubicado que cambia el sentido de la frase". Para la asociación, es necesario modificar "rápidamente" el texto refundido para que solvente los problemas de la Ley Concursal.

"Hay que abordar la reestructuración, las alertas tempranas, los mecanismos de la segunda oportunidad, y hay que establecer medidas para aumentar la eficiencia de los procesos de insolvencia", dice Comendador, que recuerda que España tiene pendiente la transposición de la directiva europea, aprobada el año pasado y que está llamada a arrojar luz sobre el asunto. El plazo estipulado para la reforma sería junio de 2021, esto es, dos años desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, si bien los Estados miembros tienen la posibilidad de solicitar un año más de prórroga.

Desde Aspac exigen estar "en la cocina" de la reforma, "en el origen del texto", y dar su perspectiva sobre él, no en vano son "los actores principales de este procedimiento junto con el juez". "Estamos en todo el proceso: liquidación, fase común, negociamos con proveedores... Somos los que conocemos a los deudores, su perfil y situación. Sabemos por qué se atascan los procedimientos, y tenemos soluciones para agilizarlos y mejorarlos", incide Comendador.

En este sentido, afea que se trabaje en la elaboración del Estatuto del Administrador Concursal y en la comisión "no haya ninguno", y es que, al igual que "no se puede hacer una ley sobre medicina sin contar con un médico", estos profesionales reclaman tener voz en una norma que les atañe directamente. Los expertos también destacan la "celeridad" en la entrada en vigor del texto refundido, como apunta Igor Ochoa, de Dipcom Corporate, que sostiene que "hubiera sido interesante que se hubiera puesto en marcha el 1 de enero".

Un extremo en el que coincide Comendador, que cree que es "una barbaridad" introducir este cambio "en un momento con tanto trabajo, con un montón de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y con los despachos trabajando y echando humo".

"Si prevés, como decía Justicia, que va a haber más de 50.000 concursos, parece un sinsentido", añade Comendador, que entiende que el texto refundido, al ser la base de una posterior modificación fruto de la directiva europea, "prácticamente no debería haber entrado en vigor, porque no tiene sentido estudiarlo ahora para que dentro de seis meses o un año tengamos la nueva forma".



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Precio final por compra On-Line: 129,17 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario - Estudios y comentarios

  Autor: Lorenzo Prats Albentosa (Director)
Editorial: Civitas - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413460673
420 páginas


Precio original: 63,16
Precio final por compra On-Line: 60,00 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
Formularios Prácticos Concursales 2021

  Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788418405044
1.200 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 30 de Octubre de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 105,04 €
Precio final por compra On-Line: 94,54 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Memento Práctico Contrato de Trabajo 2021 - 2022

  Autor: Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788418405020
1.050 páginas

10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 30 de Octubre de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 112,32 €
Precio final por compra On-Line: 101,09 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Claves prácticas Laborales - La nueva regulación del Trabajo a Distancia y el Teletrabajo


Autor: Martín Godino Reyes (Coordinador)
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788418405136
126 páginas


Precio original: 30,16 €
Precio final por compra On-Line: 28,65 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO ECONOMÍA Y EMPRESA
El espíritu del mundo en Silicon Valley - Vivir y pensar el futuro


Autor: Hans Ulrich Gumbrecht
Editorial: Deusto Ediciones
Soporte: Libro
Fecha publicación: 19/10/2020
ISBN: 9788423431830
272 páginas


Precio original: 17,95 €
Precio final por compra On-Line: 17,05 € (I.V.A. incluido)
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