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Los consejos de la semana

Laboral

La Seguridad Social ofrece una serie de servicios electrónicos con el fin de facilitar los trámites a los ciudadanos

La Seguridad social tiene una sede electrónica a través de la cual se pueden realizar estas gestiones. Para ello, es necesario disponer de un certificado digital para poder identificarse, o un sistema cl@ve. Por ello, para aquellos que no tengan autenticación digital, se ha implementado una alternativa de acceso para facilitar los trámites a distancia a todos.

Cómo funciona la identificación vía SMS al teléfono móvil

Se trata de un nuevo sistema de autenticación mediante el envío de un SMS al teléfono del usuario. Se facilita una contraseña de un solo uso al ciudadano y la introduce en la plataforma para poder acceder al servicio que corresponda. Es un sistema seguro que ya se utiliza en algunas entidades bancarias.

El usuario debe introducir sus datos personales: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento. De esta manera, el ciudadano se identifica y el sistema le avisará de que debe tener el teléfono móvil a mano para poder introducir el código que le envíen. Además, previamente el número de teléfono debe registrarse en la Seguridad Social. De esta manera, el sistema se asegura de que los datos pertenecen a una persona en concreto y ésta puede realizar el trámite o gestión que necesite. Los informes o documentos a los que se accede pueden guardarse o imprimirse, de manera que es un acceso total y completo, no solo de consulta.

Trámites a realizar a distancia vía SMS

Actualmente, según se informa en la revista de la Seguridad Social, se han puesto en marcha veinte servicios que el usuario puede realizar y/o solicitar a la Tesorería, pidiendo un SMS al teléfono móvil para identificarse. A continuación enumeramos las gestiones o documentos a los que se puede acceder:

- Acceso al documento sobre la de Vida Laboral, así como Bases de Cotización de los trabajadores.
- Consultar el número de Seguridad Social NUSS.
- Solicitar el duplicado de documentos de inscripción y asignación de CCC para empresarios.
- También los duplicados de resoluciones de altas y/o bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
- Solicitar el informe Acreditación actividad agraria por cuenta propia.
- El informe de alta laboral con una fecha concreta.
- Informe sobre tus bases de cotización.
- Informe de bases y las cuotas ingresadas al Régimen correspondiente.
- Informe de datos de cotización como autónomo en el RETA.
- Informe de datos de cotización RETM.
- Solicitar un documento con los datos identificativos del usuario y de su domicilio.
- Documento en el que se expone que el contribuyente está corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
- Informe sobre la situación actual de un trabajador.
- Informe sobre la situación de un empresario individual.
- La vida laboral del contribuyente.
- El informe de vida laboral acotado como se necesite.
- Informe integrado de prestaciones recibidas.
- Informe negativo de afiliación.
- Informe negativo de inscripción de empresario.
- Justificante de las jornadas reales trabajadas.

Errores del sistema y cómo solventarlos

Desde la revista de la Seguridad Social advierten que en el proceso es posible que se den algunos problemas. Lo primero que se aconseja es revisar bien todos los datos. Según exponen, la inmensa mayoría de los casos, el fallo está en haber introducido mal algún dato y el sistema lo reconoce. Por ejemplo, teclear mal el DNI o el teléfono, así como utilizar formatos inválidos en el sistema son algunos de los errores más comunes. También es posible que el teléfono móvil no esté registrado o no lo esté correctamente. Es por ello que este paso es fundamental para que el sistema funcione.

Fuente: Revista Seguridad Social y Cinco Días.

Mercantil, civil y administrativo

¿Qué función tiene el SEPI para el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas?

El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, creaba el denominado Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda para compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad.

Este Fondo, que carece de personalidad jurídica, es gestionado por su propio Consejo Gestor, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a quien le corresponde el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor.

Asimismo, será el encargado de cargar al Fondo los gastos incurridos en la contratación de servicios de apoyo externo, así como la compensación económica por los costes incurridos en el desarrollo y ejecución de sus funciones y deberá efectuar y registrar todas las operaciones con cargo al Fondo mediante una contabilidad específica, separada e independiente pudiendo disponer de los recursos del Fondo y ejecutar las operaciones aprobadas por el Consejo Gestor, en las cuantías y condiciones establecidas en los actos correspondientes.

Además, en su calidad de depositario de los títulos y derechos económicos del Fondo, inscribirá los mismos en el libro registro de socios de las sociedades de capital o en los registros contables de anotaciones en cuenta, a nombre de la Administración General del Estado con la mención expresa de «a cuenta del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, F.C.P.J».

También será el encargado de verificar la concurrencia de los requisitos, con ayuda de expertos independientes en su caso, la validez y suficiencia de la información aportada por parte de las empresas que pudieran resultar beneficiarias de alguno de los instrumentos financieros de apoyo a la solvencia del Fondo.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en La Moncloa durante algo más de dos horas a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en La Moncloa, en el segundo de los encuentros de la ronda de contactos políticos en la que el responsable del Ejecutivo busca lograr consensos en torno al diseño de los Presupuestos de 2021. El primero de los contactos, con el líder del PP, Pablo Casado, en la mañana de este miércoles, se ha saldado sin visos de acuerdo en torno a las cuentas públicas.

En una rueda de prensa tras la cita, Arrimadas ha mostrado su preocupación tanto por la evolución de los rebrotes del coronavirus como por el clima de confrontación política con la que el país está afrontando la pandemia. “Ahora es una obligación llegar a acuerdos”, ha defendido. “El Gobierno nos ha dado motivos para ser muy críticos, y lo hemos sido. Pero desde marzo hemos estado tendiendo la mano” y haciendo propuestas, ha dicho, avanzando que es lo que seguirán haciendo.

“Ya saben lo que pienso de este Gobierno. Traté de impedir que se formara”, ha recordado, pero ha anunciado que “ahora es el momento de arrimar el hombro”, “ser responsables y ser constructivos” para responder a la pandemia. Arrimadas ha pedido a Sánchez que lidere un plan nacional de “vuelta al cole”, en lugar de dejarlo en manos de cada región; que facilite las bajas laborales de padres que deban quedarse al cuidado de hijos; y que extienda los ERTE ligados al Covid-19.

Más allá, ha instado a sellar una “tregua política”, encabezada por el Gobierno, para dejar de lado las confrontaciones entre partidos. Aunque para su formación no será fácil entenderse con el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, Arrimadas ha sostenido que todos los españoles han tenido que hacer cosas difíciles e impensables en los últimos meses y que los políticos no deben ser una excepción.

Arrimadas ha urgido al Gobierno a diseñar una hoja de reformas estructurales que faciliten el cobro de las nuevas ayudas europeas y ha mostrado su disposición a negociar “unos Presupuestos excepcionales, quizás los más importantes de la historia”.

“He mostrado mi voluntad firme y real de sentarnos a negociar unos Presupuestos que sean moderados, sensatos, que incorporen correctamente la ayuda europea y que no tengan ideologías que sabemos que son contrarias a lo que necesita este país” y que no supongan repartir los fondos entre las fuerzas nacionalistas, ha aseverado.

La líder de Cs ha expuesto que si en la mesa de negociación con el Gobierno se encuentran representantes de Podemos será un buen marco para expresarles sus diferencias y ha considerado que urge tener las cuentas listas de cara a la presentación de un plan nacional de reformas ante Bruselas a mediados de octubre.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que ahora el objetivo inmediato es sacar adelante unos presupuestos de recuperación acordes con la situación económica, y esa idea es compartida por Unidas Podemos.

Montero dijo que "la fiscalidad se inspira por supuesto en el acuerdo programático, como todas las medidas que adopta este Gobierno, pero se tendrá que modular y adaptar al momento del ciclo económico, y esta es una circunstancia compartida con Unidas Podemos".

"Evidentemente no podemos ser ciegos a la situación económica que atraviesa nuestro país. Tenemos a lo largo de la legislatura toda una agenda para la reforma fiscal progresiva que este país quiere hacer", añadió la titular de Hacienda.

"Hay dos velocidades, una primera que acompaña estos proyectos de recuperación, pero sobre todo una a lo largo de la legislatura que nos tiene que permitir la revisión de las principales figuras fiscales en aquellas materias donde entendemos que hay margen para ganar progresividad".

La ministra dijo que se "acompasarán" esas dos cuestiones y "eso lo vamos a abordar como parte nuclear de la negociación de los Presupuestos, no solo con Unidas Podemos, sino con el resto de formaciones".

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, espera que el PIB crezca más de un 10% en el tercer trimestre y que los datos de empleo sigan mejorando. En este sentido, ha avanzado que entre julio y hasta finales de agosto se han sumado "casi 333.000 afiliados".

Así lo ha señalado la ministra durante la inauguración del curso 'El sistema financiero y la crisis del Covid 19. Retos y compromisos' organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La ministra ha dejado claro que los modelos de crecimiento de la economía que maneja el Gobierno ya incorporaban un escenario de rebrotes. "Nuestra previsión es que el crecimiento será muy intenso y superior al 10% en el segundo trimestre", ha resaltado, tras apuntar que es necesario que se controlen los rebrotes para seguir con esta senda de progresiva recuperación. La vicepresidenta precisó que "con toda la cautela y la prudencia, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre", en línea con las previsiones de otros organismos.

La economía española se está comportando "de acuerdo con las previsiones que tenía el Gobierno", con lo que la recuperación será en forma de 'V' asimétrica, según Calviño, con una caída "muy intensa" en la primera parte del año y un crecimiento progresivo posteriormente. "Si se siguen controlando los rebrotes seguiremos en la senda de progresiva recuperación para tener un crecimiento más robusto en 2021, pero a nadie se le escapa que la recuperación está siendo asimétrica", ha apostillado la vicepresidenta.

En el mismo acto, Calviño ha apelado a la "responsabilidad colectiva" para poder tener "cuanto antes" unos Presupuestos del Estado que permitan canalizar recursos, incluidos los fondos europeos, y dar las respuestas necesarias en la pandemia.

"No sé si soy optimista o pesimista, pero soy absolutamente clara al decir que es función de todos", ha respondido Calviño cuando le han preguntado si veía posible llegar a acuerdos que permitan contar con unas cuentas públicas. En su opinión, la aprobación es "un tema crucial para poder absorber los recursos comunitarios (...) y parece que no somos conscientes que esto requiere unos Presupuestos adecuados".

Las comunidades autónomas españolas y las autoridades locales del Reino Unido presentan una mayor exposición entre las cinco grandes economías de Europa al impacto de las presiones fiscales derivadas de la pandemia de Covid-19 como consecuencia de los niveles de gasto público relativamente elevados que deben asumir y la debilidad de su desempeño presupuestario antes de la crisis, según ha advertido la agencia Moody's.

"Esperamos que las regiones españolas y las autoridades locales del Reino Unido experimenten las mayores presiones fiscales dentro de estos cinco países", señala la calificadora de riesgos, para la que ambas administraciones "se enfrentan a presiones de gasto relativamente elevadas, una pérdida de ingresos moderada y un desempeño fiscal prepandémico débil".

En su análisis, Moody's advierte de que las presiones de gasto serán mayores para las regiones y gobiernos locales con más responsabilidad fiscal sobre costes vinculados a la pandemia, como la atención sanitaria, social y de desarrollo económico, destacando los casos de los lander alemanes, por sus responsabilidades en el desarrollo, así como de las comunidades autónomas en España, por su elevado gasto en sanidad y cuidados sociales.

De hecho, la agencia señala que las regiones españolas, por ejemplo, "están particularmente expuestas dada su importante responsabilidad fiscal por los servicios de salud", ya que alrededor del 92% del gasto sanitario del sector público español lo soportan las regiones.

Asimismo, Moody's destaca la exposición de regiones británicas, italianas y españolas a sectores con una mayor exposición al riesgo económico por la pandemia, como la construcción, los transportes, el comercio, el ocio y el turismo. De este modo, Baleares aparece con el mayor porcentaje de exposición a actividades económicas amenazadas entre los cinco grandes países europeos, con un 64%, mientras que en el caso de Canarias la proporción es del 59%, frente al 50% de la Comunidad Valencia y el 49% de Cataluña.

"Estimamos un déficit general de ingresos de 77.000 millones de euros para las regiones y gobiernos locales de las cinco grandes economías europeas en 2020-21", apunta Moody's, advirtiendo de que las regiones con una alta proporción de empleo poco cualificado y una exposición significativa a los sectores de mayor riesgo se enfrentan a la amenaza de menores ingresos propios y una intensificación de las desigualdades.

La pandemia del coronavirus, que ha sumido a la economía global en la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30, también ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a inyectar estímulos fiscales sin precedentes para paliar los efectos de la crisis. Al mismo tiempo, también ha disparado la deuda pública hasta niveles no vistos desde la II Guerra Mundial. De hecho, entre las economías avanzadas, la deuda de los gobiernos con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) aumentó al 128% en julio, según datos del Fondo Monetario Internacional de los que se hace eco el Wall Street Journal. En 1946, este nivel alcanzó el 124%.

El Fondo ya proyectó en junio que dicho porcentaje aumentará aún más antes de que acabe el año, hasta el 131,2% del PIB desde el 105,2% del año pasado y alcance el 132,3% en 2021. En concreto, según las perspectivas de la institución, la deuda de EEUU alcanzaría así el 141,4% del PIB este año y el 146,1% en 2021, mientras que en la zona euro subiría al 105,1% en 2020, aunque se reduciría al 103% un año después.

Desde el pasado mes de abril, más de dos terceras partes de los gobiernos de todo el mundo han tomado más medidas fiscales para contener el impacto de la pandemia social y económico, elevando así el importe agregado de la respuesta fiscal a unos 11 billones de dólares desde los 8 billones de dólares estimados inicialmente.

De esta forma, si la respuesta de Washington y el resto de gobiernos a la Gran Recesión obligó a tomar medidas sin precedentes, la reacción a la pandemia del COVID-19 hace sombra a cualquier disposición llevada a cabo en aquel momento. Los legisladores republicanos y demócratas han orquestado ya estímulos fiscales por alrededor de 3 billones de dólares, más del 14% del PIB registrado en 2019 y todavía se espera otra remesa en algún momento durante los próximos meses que sume al menos otro billón más.

Después de la II Guerra Mundial, las economías avanzadas redujeron la deuda rápidamente, gracias en gran parte al rápido crecimiento económico. La relación entre la deuda y el PIB se redujo en más de la mitad, a menos del 50%, en 1959. No obstante, actualmente, como señala el WSJ, es probable que esta vez el desapalancamiento sea mucho más difícil, por razones demográficas, tecnológicas y un crecimiento más lento.

A finales de la década de los 50, el crecimiento medio anual era de alrededor del 5% en Francia y Canadá, casi el 6% en Italia y más del 8% en Alemania y Japón. La economía de EEUU creció por aquel entonces casi un 4% anual. Sin embargo, en los últimos años, tanto EEUU, Reino Unido y Alemania han crecido alrededor de un 2% anual. En el caso de Japón y Francia, el avance se ha acercado más cerca al 1% y en casos cómo Italia, la economía apenas ha crecido.

Laboral

El ministerio de Trabajo analizará con los agentes sociales en el marco del diálogo social para prorrogar las condiciones de los ERTE mantener el importe de las prestaciones que cobran los afectados, y que, a partir de los 180 días, pasan del 70 % al 50 % de la base reguladora. "Trabajará en esta línea, pero no me corresponde a mi anticipar el resultado de un diálogo social que empieza de manera inminente (...), pero evidentemente es algo que se discutirá en esa mesa", ha señalado en la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de agosto el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

La comisión tripartita -Gobierno, patronal y sindicatos- para prorrogar las condiciones de los ERTE relacionados con la pandemia del coronavirus comienza este viernes en Mallorca. Actualmente, y tras la reforma laboral, cuando un trabajador lleva más de 180 días en ERTE la prestación se reduce del 70 % de la base reguladora al 50 %. Así, los trabajadores que lleven desde marzo en un ERTE verían su prestación reducida a partir de octubre, una situación que desde los sindicatos ya han pedido cambiar.

"El Gobierno es plenamente consciente de esta situación", ha añadido Pérez Rey, quien ha insistido, no obstante, que es un tema que se tiene que ver en esa mesa tripartita. También ha emplazado a ese diálogo social una mayor segmentación por sectores en esa prorroga de ERTE. "No podemos anticipar resultados", ha reiterado Pérez Rey, antes de añadir que ese asunto también se analizará en la mesa y que la nueva prorroga permitirá dar "la respuesta adecuada".

La Seguridad Social ganó en agosto una media de 6.822 cotizantes respecto al mes de julio (+0,04%), lo que situó el número total de ocupados en 18.792.376 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha destacado que es el cuarto mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que es el cuarto mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media tras el desplome provocado por la pandemia del Covid-19 en marzo (-243.469 afiliados) y abril (-548.093). En mayo, la afiliación media subió en cerca de 97.500 personas, en junio lo hizo en más de 68.000 personas y en julio en más de 161.000 personas. Desde abril, el número medio mensual de afiliados ha crecido en 333.709 personas.

El Ministerio ha resaltado que el incremento de agosto es "especialmente relevante" si se tiene en cuenta que es la primera subida media de un mes de agosto en la serie que recoge estos datos (desde 2001). Así, ha recordado que, en 2019, por ejemplo, se contabilizaron 212.984 afiliados menos. El dato de afiliados medios es que el que se venía publicando antes de la crisis sanitaria. Desde el estallido de la misma, la Seguridad Social también facilita los datos de último día de mes, es decir, lo ocurrido entre el primer y el último día, pero sin hacer media.

En este sentido, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social a día de 31 de agosto fue de 18.591.306, lo que supone 82.541 ocupados menos desde el inicio de agosto. Sin contar el dato del 31 de agosto, en el que se dieron de baja 211.566 ocupados, desde el inicio de mes se habrían sumado 129.025. En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en agosto en 232.664 personas, lo que supone un incremento del 1,25%, "el mayor aumento de la serie", tras los descensos registrados en marzo (-356.703 afiliados), abril (-691.054) y mayo (-70.790).

En el último año el sistema ha perdido 527.851 cotizantes de media (-2,73%), la mayoría en el Régimen General (-525.165 cotizantes). El Régimen de Autónomos, por su parte, ha sumado 1.609 afiliados medios en comparación con agosto de 2019 (+0,05%).

Según las cifras del Ministerio, desde que arrancó mayo han salido de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tres de cada cuatro personas. El número de personas incluidas en ERTE al cierre del mes de agosto era de 812.438 personas, lo que supone una reducción de 306.104 trabajadores respecto al mes anterior. En términos relativos, el número de personas incluidas en ERTE se han reducido un 27,36% respecto al 31 de julio y un 76% frente al máximo, registrado el 30 de abril.

Del total de afiliados a cierre de agosto, 812.438 personas seguían en ERTE. De ellos, 663.656 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor (-23,83% en comparación con julio). Además, del total, 165.598 tenían una suspensión parcial, lo que supone algo más del 20% del total de trabajadores incluidos en expedientes temporales de empleo. Por su parte, las personas incluidas en ERTE de no fuerza mayor ascendían a 148.782 a 31 de agosto, con una caída de 37.151 personas (-19,98% en comparación con julio).

A finales de agosto, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son Servicios de comidas y bebidas (149.908 afectados), Servicios de alojamiento (104.102) y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (61.771). Geográficamente, la reducción de trabajadores en ERTE ha sido "heterogénea" en el octavo mes del año. Así, el número de ocupados en estos expedientes se ha reducido notablemente en Cantabria, (-41,28%) y Castilla y León, donde se ha reducido un 37,85%.

El número de personas paradas ha aumentado en 29.780 personas (0,79%) en el mes de agosto, en relación con el mes anterior. Es un aumento inferior al que se ha producido en este mismo mes en los últimos cuatro años. Agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo debido al fin de la temporada turística de verano. De hecho, supone un 45% menos del incremento registrado en agosto de 2019, en plena fase expansiva de la economía, cuando el desempleo aumentó en 54.371 personas respecto al mes de julio de 2019.

En términos desestacionalizados, sin embargo, el paro registrado se reduce en 34.371 personas. El total de desempleados registrados es de 3.802.814. El paro registrado se reduce en el sector de la Agricultura en 13.523 (-6,61%) personas. Sube, sobre todo, en Servicios, con 20.216 (0, 76%) personas más debido, en gran medida a las restricciones de movilidad determinadas por los principales países emisores de turismo del mercado español. Sirva como contexto que el aumento del paro en el sector Servicios no alcanza ni el 10% del que se produjo en los meses de marzo y abril. En la Construcción se produce un incremento en 7.983 (2,68%) y la Industria anota 2.981 (0,96%) inscritos más. Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 11.853 (3,78%).

En el mes de agosto, el paro sube entre las mujeres en 20.327 (0,93%), hasta un total de 2.197.913 trabajadoras inscritas. El paro femenino solo se redujo durante el mes de julio desde el inicio de la pandemia y sigue manteniendo un saldo negativo para el empleo. Tras tres meses de caída, el paro masculino aumenta en 9.453 (0,59%) trabajadores, hasta un total de 1.604.901 inscritos. El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se incrementa en agosto en 7.804 personas (2,43%), respecto al mes anterior.

El paro registrado baja en ocho comunidades autónomas encabezadas por Navarra (-1.078), Cantabria (-763) y Extremadura (-548). Sube en las nueve comunidades restantes, sobre todo en Cataluña (11.293), Madrid (6.260) y la Comunidad Valenciana (5.694), que concentran el 78% de los nuevos parados. En el mes de agosto se han firmado 1.118.663 contratos, según los datos comunicados al SEPE, una cifra que equivale al 73,6% de los contratos firmados en agosto de 2019. En agosto se han firmado 96.275 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 8,61% de todos los contratos.

Estos contratos de carácter indefinido se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 59.527 a tiempo completo y 36.748 a tiempo parcial. El resto de contratos, hasta completar el total de 1.118.663 del mes de agosto, son 4.151 de carácter formativo y 1.018.237 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 28,76% del total de todos los contratos y de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 28,64%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 28,23%.

Pese a crisis sanitaria, en los ocho primeros meses del año se han firmado un total de 9.954.263 contratos. 4.180.418 personas recibieron una prestación del Servicio público de Empleo Estatal en el mes de julio, 949.202 personas menos que en el mes anterior. De ellas, un 1.912.197 estaban incluidos en un ERTE. El gasto total en prestaciones en el mes de julio ascendió a 3.238 millones de euros, 877 millones de euros menos que en el mes de junio y 2.270 millones de euros (-58,8%) menos que en el mes de mayo, cuando la partida de prestaciones alcanzó su máximo durante la pandemia. El gasto en prestaciones derivadas de ERTE fue de 1.265 millones de euros, 2.052 millones menos que en mes de mayo cuando esta cifra alcanzó su máximo valor.

El plazo medio de reconocimiento del mes de julio de 2020 ha sido de 3,2 días. Las personas perceptoras de prestaciones al final del mes de julio fueron 3.241.832 personas. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de julio de 2020 ha sido de 1.014,3 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 162,4 euros (19,1%). La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de julio de 2020 ha sido de 791,7 euros.

El número de beneficiarios extranjeros del mes de julio de 2020 fue de 411.662 personas. En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, los beneficiarios extranjeros representan el 12,7%. Los beneficiarios de prestaciones extranjeros suponen el 39,8% del total de demandantes de empleo extranjeros. El gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de 328,6 millones de euros que, en relación con el gasto total de las prestaciones por desempleo, supone el 10,1%.

El Gobierno estaría dispuesto a elevar del 20% al 30% el porcentaje de la jornada laboral que debe hacerse a distancia, lo que implica que al menos se teletrabaje dos días a la semana para considerar que se realiza de forma regular. Sería la condición para considerar que existe una prestación de teletrabajo regular que obligue a firmar un acuerdo específico a las empresas con los representantes de sus trabajadores.

Así lo han asegurado fuentes de la patronal, tras la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para avanzar en las negociaciones con el objetivo de acordar una ley de teletrabajo. En la reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme han presentado sus alegaciones al texto que les presentó Trabajo en agosto.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno estaría dispuesto a elevar del 20 % al 30 % el porcentaje de la jornada laboral que debe hacerse a distancia, lo que implica que al menos se teletrabaje dos días a la semana para considerar que se realiza de forma regular. En los próximos días, el Ministerio de Trabajo remitirá a los agentes sociales el texto del anteproyecto de Ley, que recogerá éste y otros cambios.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el acuerdo "está cerca" pero que aún hay elementos que "separan", y ha pedido dejar que el dialogo social avance.

En declaraciones a los medios este martes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en que el acuerdo será posible "este mismo mes de septiembre", y ha subrayado la importancia de que la norma incluya al personal laboral de la Administración. Fuentes de CCOO han explicado a los medios que, a falta de unos flecos, la negociación avanza de forma favorable y han confiado en que el nuevo documento que envíe el Gobierno sea "definitivo".

Respecto a las cifras de empleo del mes de agosto, que se conocerán este miércoles, la ministra ha avanzado que entre julio y hasta finales de agosto -sin contar el último día de mes que suele ser negativo por el fin de la campaña de verano- se han sumado "casi 333.000 afiliados" en el régimen general y cerca de 19.000 en el de autónomos.

Además, desde abril, los datos de afiliación muestran un incremento de 440.000 trabajadores por cuenta ajena y de cerca de 60.000 en el caso de los autónomos, lo que hace que la cifra total de trabajadores por cuenta propia esté en línea con la registrada antes del estado de alarma.

La responsable económica ha resaltado que los meses de julio y agosto han reflejado tendencias en la afiliación a la Seguridad Social "más positivas que en otros años". Así, indicó que agosto ha terminado con un crecimiento del empleo en casi 333.000 asalariados respecto al cierre del 30 de junio. Si se compara con finales de abril, el empleo asalariado ha aumentado en 440.000 personas y los autónomos han sumado 60.000 afiliados.

Asimismo, ya se han incorporado al trabajo el 75% de los trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "La recuperación laboral también está siendo asimétrica", ha señalado Calviño, que ha citado la situación "particularmente difícil" en Baleares y Canarias. En cualquier caso, valoró que el mercado laboral "ha resistido de manera muy reseñable" por los ERTE y su recuperación está siendo "más fuerte" que la de la economía.

Los ERTE y el resto de medidas económicas aprobadas han evitado que el PIB cayera más del 25% y el paro sumara tres millones más de personas, según Calviño. Respecto a su renovación, la titular de Asuntos Económicos se ha limitado a decir que se van a analizar los sectores que tienen mayor dificultad para recuperarse y se tendrá en cuenta "si hay una dimensión geográfica relevante". Con ello, se pretende "ajustar" el mecanismo para "acompañar a los sectores que lo necesitan" al tiempo que se incentiva la incorporación de los trabajadores, dado que el ERTE es un mecanismo "tremendamente costoso", en palabras de Calviño.

Se trata de "ir avanzando a un mecanismo que no sea tanto de protección del desempleo como de apoyo al empleo" y de posibilitar "ajustes" en las empresas, por ejemplo, a través de las horas trabajadas, ha continuado. Calviño ha recordado que en esta semana se producirá una reunión de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los agentes sociales en Baleares para abordar la prórroga de los ERTE, que terminan su vigencia el 30 de septiembre.

Mercantil, civil y administrativo

Los precios de producción industrial de la zona euro registraron un incremento del 0,6% durante el mes de julio en comparación con el mes anterior, lo que equivale a una décima menos que el alza registrada en junio y el segundo mes consecutivo de crecimiento, según los datos publicados este martes por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

No obstante, en comparación con el mismo mes de 2019, los precios de producción industrial observaron una caída del 3,3%, lo que supone una mejoría de cuatro décimas con respecto al descenso del 3,7% de junio. En mayo, la caída llegó a ser de cinco puntos porcentuales, coincidiendo con el impacto de la pandemia.

Entre los Veintisiete, la inflación mayorista se situó en el 0,4% en el séptimo mes del año, cuatro décimas menos que en junio, mientras que en tasa interanual descendió un 3%, frente al 3,3% del mes precedente. Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, las mayores subidas mensuales se registraron en Bélgica (+2,3%), España (+1,8%) y Bulgaria (+1,6%), mientras que las mayores bajadas se observaron en Chipre (-2,2%), Estonia (-2,1%) y Suecia (-0,8%).

En comparación con julio de 2019, los únicos aumentos de los precios de producción industrial correspondieron a Malta (+1,7%), Eslovenia y Eslovaquia (+0,3% ambos), al tiempo que los descensos más abultados se dieron en Lituania (-8,5%), Chipre (-6,7%) e Italia (-5,4%).

El vicepresidente del BCE ha advertido durante su participación en un seminario en la Universidad Menéndez Pelayo organizado por Apie que la recuperación de la economía de la zona euro será "incierta, incompleta y desigual por sectores y países". También ha asegurado que la pandemia dejará daños estructurales importantes, como un aumento de entre 15 y 20 puntos de la deuda pública sobre PIB.

En relación con el sector bancario, Luis de Guindos ha afirmado que esta crisis ha empeorado problemas que ya existían antes del Covid, como los altos costes de estructura (redes comerciales y plantilla), el elevado apalancamiento y baja rentabilidad.

Según sus datos, antes de la pandemia la rentabilidad de la banca europea en relación a su capital era del 6%, frente al 10%-12% que exigen los inversores para tomar posiciones en el sector. "Esa rentabilidad caerá por debajo del 2% este año y rondará el 3% en 2021, según las expectativas del mercado", ha afirmado. Las razones de ese desplome son los menores ingresos por la caída del consumo, pero sobre todo la necesidad de hacer provisiones para cubrir los balances de posibles impagos de créditos.

El camino que señala el BCE para afrontar esta situación es el de las fusiones, ya sean nacionales o transfronterizas. "Con la pandemia las medidas de ajuste de costes son aún más imprescindibles. La consolidación bancaria puede ser un instrumento útil para eso y debería llevarse a cabo de una forma relativamente rápida y urgente [..] La banca española está saneada, pero también tiene un problema de rentabilidad. Además, la caída del PIB español ha sido más intensa que la media europea. Por tanto, esta recomendación es extensible también a España", ha señalado.

Este verano se ha concretado la compra del italiano UBI por Intesa Sanpaolo. Pero el supervisor quiere que vengan muchas más operaciones. Prueba de su interés es que justo antes del verano rebajó notablemente los requisitos de capital que hasta ahora exigía a los grupos que se fusionan. A partir de ahora basta con que el banco resultante tenga un nivel de solvencia equivalente a la suma de las dos entidades que se integran. Se trata de un incentivo importante porque puede hacer innecesarias algunas ampliaciones de capital, algo que cualquier banco quiere evitar porque las cotizaciones están muy deprimidas en Bolsa.

Arropado por todos sus ministros, incluidos los miembros del ala morada del Gobierno, y por los primeros espadas de las grandes empresas españolas, Pedro Sánchez anticipó que el Ejecutivo trabaja ya en los planes de reconstrucción de la economía tras el pasado devastador del coronavirus. Unos planes que se sustentan en los fondos europeos y que, según Sánchez, permitirán impulsar el crecimiento de la economía por encima del 2% en el largo plazo durante la próxima década.

Así lo ha asegurado durante la conferencia que, bajo el título de España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia, ha pronunciado esta mañana en la Casa de América de Madrid y con la que ha hecho una apelación a toda la sociedad, aunque con a mirada puesta sobre todo en los partidos de la oposición, para superar la crisis y "relanzar" la economía, las empresas y el empleo. Un llamamiento a la unidad que ha efectuado en presencia de los pesos pesados del Ibex 35 y destacados representantes de la sociedad civil.

El presidente ha recordado que España recibirá alrededor de 140.000 millones de euros en fondos europeos, de los que unos 72.000 millones serán a fondo perdido y el resto vía créditos. "Europa ha sabido estar a la altura y no se ha desentendido de la suerte de España", ha afirmado Sánchez en su intervención, en referencia al histórico acuerdo sellado por la UE el pasado mes de julio.

Una fuerte inyección de recursos para intentar superar una crisis cuyos efectos, ha reconocido, serán duraderos: "Cada vez es más obvio que la evolución de la pandemia y sus consecuencias van a seguir afectando durante los próximos meses a la vida cotidiana", ha asegurado el presidente del Gobierno, quien ha añadido que "nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente por completo al virus y recuperemos plenamente nuestra actividad económica y social".

En ese proceso de reconstrucción y transformación de la economía para hacerla más resiliente, Sánchez ha asegurado que "el futuro del trabajo, el ocio y la educación pasa por lo digital.; también el comercio, los contactos interpersonales y nuestra salud". Una visión del futuro que se alinea con los objetivos que se ha marcado la UE. "Alrededor del 40% del PIB europeo estará digitalizado en 2021", ha afirmado Sánchez, por lo que es necesario acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.

La otra gran pata del proceso de transformación que debe abordar España es la transición ecológica, también en sintonía con el horizonte marcado por Europa, impulsando proyectos que aceleren ese proceso. Junto a estos grandes pilares, Sánchez ha anticipado que su hoja de ruta buscará también fomentar la "cohesión territorial y social, porque "no podemos tolerar más desigualdad ni desequilibrios", ya que no solo es una cuestión de justicia, sino también de "eficacia económica".

Sánchez ha concluido su discurso apelando a la unidad de todas las fuerzas políticas, porque "no hay virus de izquierdas ni de derechas", sino "un virus que nos amenaza a todos". En este sentido, el presidente ha enfatizado que "España debe entenderse con España, como Europa se entendió con Europa en julio". En un mensaje cuyo destinatario principal era en gran medida el PP, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que "para recuperarnos necesitamos trabajar unidos y para ello necesitamos instituciones sólidas, legitimadas, actualizadas", ha señalado

Sánchez en referencia a las renovaciones pendientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. A eso ha añadido la necesidad de "un nuevo clima político marcado por la estabilidad y la unidad".

Sánchez ha pronunciado estas palabras dos días antes de recibir en la Moncloa a los líderes del PP y Cs, Pablo Casado e Inés Arrimadas, respectivamente. Una apelación a la unidad escenificada junto a grandes empresarios y colectivos de la sociedad civil con la que el Gobierno elevaba a priori la presión esencialmente sobre Casado. No obstante, el rechazo de Unidas Podemos a que ni Cs y ni PP participen en la negociación de los Presupuestos de 2021, una oposición luego ligeramente matizada, ha diluido en buena parte esa presión, al torpedear ya de antemano un llamamiento a la unidad al que se opone su propio socio de Gobierno.

Los mercados europeos, tras los avances de primera hora y sin la referencia de la Bolsa de Londres, han despedido la última sesión del mes con recortes. El Ibex ha sido el peor, con una caída del 2,29%, la mayor en un mes, hasta los 6.969,50 puntos, lastrado por los dos grandes bancos. Con este retroceso, el selectivo español ha limitado la subida de agosto al 1,3%.

La jornada puso punto y final a uno de los meses más temidos por los inversores. Y aunque el balance en conjunto ha sido positivo, las Bolsas europeas han cerrado la última sesión del mes con recortes. Y eso que las primeras referencias de la jornada, las procedentes de Asia, habían adquirido un sesgo favorable. En China, el índice PMI ha consolidado el crecimiento de la actividad manufacturera (51 puntos), al mismo tiempo que el sector servicios ha acelerado su reactivación al subir a 55,2 puntos. El índice CSI 300 de China roza máximos de cinco años, desde mediados de 2015. El conjunto de la renta variable asiática se mueve en zona de máximos de 29 meses, gracias al tirón adicional de hoy en el Nikkei de Tokio. Las expectativas de una continuidad en la política económica a pesar de la dimisión de Shinzo Abe y el estímulo de las inversiones realizadas por Warren Buffett en los principales brókeres japoneses han relanzado otro 1,12% al Nikkei.

La Bolsa española se ha quedado, una vez más, muy rezagada respecto al resto de plazas del Viejo Continente. El Ibex se revalorizó un 2,2% la semana pasada, y en la sesión de hoy ha llegado a rozar el umbral de los 7.200 puntos, más de un 4% por encima de los 6.877 puntos con los que cerró el mes de julio. Sin embargo, a mediodía, el índice español giró a la baja y fue agravando las caídas hasta despedir la sesión con un retroceso del 2,29%, el mayor en un mes, en los 6.969,50 puntos. Así, el selectivo ha limitado finalmente la ganancia de agosto al 1,3%.

En el ajuste de carteras del último día del mes, la peor parte ha ido para los dos grandes bancos. BBVA se ha dejado un 5,65% y Santander, un 5,06%. También han destacado los retrocesos de otros grandes valores, como Repsol, un 4,06%; Inditex, un 2,08% y Telefónica, un 2,33%. También han cedido posiciones con fuerza los valores del sector mas castigado por la pandemia: el turístico. IAG ha liderado las caídas del Ibex con un descenso del 6,38%. Amadeus se ha depreciado un 4,32%, Meliá, un 3,04% y Aena, un 2,87%.

El sector que mejor ha aguantado la presión vendedora ha sido el de las utilities, con el aliciente de los movimientos corporativos del sector en Francia. Naturgy ha repuntado un 1,00%; Red Eléctrica, un 0,88% y Siemens Gamesa (+0,76%), mientras que las caídas han sido suaves en Enagás (-0,29%) y Endesa (-0,30%). ArcelorMittal ha sido el valor que más ha subido en la última sesión de agosto: un 1,26%. En el Mercado Continuo, Duro Felguera se ha disparado un 16,88% tras anunciar la firma de un acuerdo para un proyecto de explotación del mineral de litio en Brasil.

El resto de Bolsas europeas también ha despedido el mes con descensos, pero mucho más moderados que los del Ibex, en una sesión marcada por el festivo en la Bolsa de Londres. El Dax alemán se ha dejado un 0,67% y ha perdido los 13.000 puntos, el Cac francés se ha dejado un 1,11%; el Mib italiano, un 1,04% y el Ftse británico, un 0,67%, a la espera de los datos macro que se conocerán en las próximas jornadas, con las cifras de PMI y los datos de empleo de EEUU como principales citas.

El IPC repunta una décima hasta el -0,5%

(El Economista, 31-08-2020)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó variación en agosto en relación al mes anterior, pero elevó una décima su tasa interanual, hasta el -0,5%, frente al -0,6% de julio, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este avance de una décima, el IPC interanual regresa a los ascensos después de haber retrocedido en julio tres décimas. Con el dato de agosto, la inflación encadena cinco meses en tasas negativas.

El organismo estadístico ha atribuido el aumento de la tasa interanual del IPC a la subida de los precios de la electricidad, frente al descenso que experimentaron en agosto de 2019. En sentido contrario, el INE destaca que los precios de los paquetes turísticos subieron en agosto de este año menos que un año antes.

Debido a la situación de confinamiento de los hogares por el covid-19, el INE elaboró dos agregaciones especiales en las que se recoge el efecto en los precios de los bienes y servicios que la mayoría de los hogares siguieron consumiendo durante la pandemia. Estas dos agregaciones se seguirán publicando para permitir analizar la situación tras el fin del estado de alarma.

Los precios de los productos del 'Grupo especial bienes Covid-19', en el que se incluyen los productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y artículos no duraderos para el hogar, comida para animales, productos farmacéuticos y cuidado personal, aumentan un 1,7% en agosto respecto al mismo de 2019, una décima menos que en julio.

Estadística destaca el comportamiento de los alimentos frescos, que alcanzan una tasa del 3,5%, cuatro décimas más que en el mes anterior, y de los alimentos envasados, que sitúan su tasa anual en el 1,3%, cuatro décimas por debajo de la de julio.

Por su parte, los precios del 'grupo especial servicios covid-19', en el que figuran los servicios de alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, gasóleo para calefacción, telefonía, música y televisión en 'streaming', seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios, disminuyeron un 2% en agosto en tasa interanual, nueve décimas por encima de la de julio, debido al encarecimiento de la electricidad.

Sector

El Ministerio de Justicia defiende que los abogados y procuradores han hecho un "uso intensivo" de los juzgados entre el 11 y 31 de agosto pasados, que fueron habilitados este año en los tribunales para tratar de superar el colapso tras el Estado de Alarma pese a las fuertes críticas que motivó la medida entre el colectivo profesional. Según ha informado este miércoles mediante una nota, han contabilizado 110.000 escritos iniciadores de procedimientos y más de 436.000 escritos de trámite a lo largo de los citados días.

La medida ha supuesto la antesala, según el Ministerio, de un plan de arranque del año Judicial "para asegurar la adecuada prestación del servicio, garantizar el rendimiento y reaccionar de forma rápida y eficaz a las incidencias que puedan producirse en el sistema".

Tras analizar las cifras de uso del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet, se muestra que abogados y procuradores han hecho un uso intensivo durante el periodo hábil, aumentando tanto la recepción de notificaciones como la remisión de escritos de inicio de demandas y de trámite a los órganos judiciales.

Durante el periodo hábil de agosto de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, se observa también un aumento considerable en todos los actos de comunicación. En particular, el número de notificaciones ha sido de 1.310.000 (un 1.000% más respecto a 2019), y los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245% más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585% más).

Según los datos del informe realizado por Justicia, esta medida ha compensado en parte los meses de inactividad y ha reactivado un gran número de procedimientos. Las comunicaciones electrónicas a lo largo del periodo habilitado en agosto han sido fluidas y los sistemas han funcionado con normalidad sin producirse incidencias reseñables. "Las cifras permiten concluir que, gracias al esfuerzo de todos, se ha mantenido una razonable actividad judicial y se ha respondido adecuadamente a la situación generada por la pandemia", concluye la nota.

Hoy, martes 1, entrará en vigor el texto refundido de la Ley Concursal, un documento, en teoría, con pocas novedades de calado más allá de su estructura, que armoniza la legislación actual y la prepara para su gran reforma, la transposición de la directiva europea, que podría llegar en 2021. Sin embargo, los expertos consultados por Efe creen que el nuevo texto, que pasa de 242 artículos a 752, debería haber esperado, al menos, hasta comienzos de año, máxime teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentran juzgados y profesionales, sumidos en una avalancha de trabajo provocada por la pandemia.

Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28 ocasiones, lo que ha generado incongruencias, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica, según el Ministerio de Justicia. La nueva norma, informada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y las Secretarías Generales Técnicas de Justicia y Asuntos Económicos, es fruto del mandato del Parlamento para "refundir, armonizar, clarificar y ordenar" la legislación, y está dividida en tres libros.

El primero de ellos, compuesto por más de una docena de títulos, está relacionado con los concursos de acreedores o antiguas suspensiones de pagos. Tras este, se desarrolla el derecho preconcursal, donde se regulan aspectos como las comunicaciones y los acuerdos de financiación, en tanto que el tercero versa sobre las normas de derecho internacional privado. "Somos conscientes de que tampoco podía ir más allá porque su mandato era armonizar la ley anterior, una 'ley follón' después de 28 reformas", explica el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador.

Aunque, "teóricamente no debería haber novedades de calado", sí han detectado "algunas reformillas", reconoce Comendador, que, no obstante, avisa de que tendrán que estudiarlo más en profundidad "porque a veces lees por encima, crees que está igual, y ves una coma o un punto desubicado que cambia el sentido de la frase". Para la asociación, es necesario modificar "rápidamente" el texto refundido para que solvente los problemas de la Ley Concursal.

"Hay que abordar la reestructuración, las alertas tempranas, los mecanismos de la segunda oportunidad, y hay que establecer medidas para aumentar la eficiencia de los procesos de insolvencia", dice Comendador, que recuerda que España tiene pendiente la transposición de la directiva europea, aprobada el año pasado y que está llamada a arrojar luz sobre el asunto. El plazo estipulado para la reforma sería junio de 2021, esto es, dos años desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, si bien los Estados miembros tienen la posibilidad de solicitar un año más de prórroga.

Desde Aspac exigen estar "en la cocina" de la reforma, "en el origen del texto", y dar su perspectiva sobre él, no en vano son "los actores principales de este procedimiento junto con el juez". "Estamos en todo el proceso: liquidación, fase común, negociamos con proveedores... Somos los que conocemos a los deudores, su perfil y situación. Sabemos por qué se atascan los procedimientos, y tenemos soluciones para agilizarlos y mejorarlos", incide Comendador.

En este sentido, afea que se trabaje en la elaboración del Estatuto del Administrador Concursal y en la comisión "no haya ninguno", y es que, al igual que "no se puede hacer una ley sobre medicina sin contar con un médico", estos profesionales reclaman tener voz en una norma que les atañe directamente. Los expertos también destacan la "celeridad" en la entrada en vigor del texto refundido, como apunta Igor Ochoa, de Dipcom Corporate, que sostiene que "hubiera sido interesante que se hubiera puesto en marcha el 1 de enero".

Un extremo en el que coincide Comendador, que cree que es "una barbaridad" introducir este cambio "en un momento con tanto trabajo, con un montón de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y con los despachos trabajando y echando humo".

"Si prevés, como decía Justicia, que va a haber más de 50.000 concursos, parece un sinsentido", añade Comendador, que entiende que el texto refundido, al ser la base de una posterior modificación fruto de la directiva europea, "prácticamente no debería haber entrado en vigor, porque no tiene sentido estudiarlo ahora para que dentro de seis meses o un año tengamos la nueva forma".

La Abogacía Española (CGAE) ha solicitado al Ministerio de Hacienda que, en el marco de las modificaciones que a nivel europeo se están estudiando en la directiva del IVA, el Gobierno español reclame una aplicación de tipos reducidos para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje.

La demanda, que se ha venido fraguando en el seno de la Abogacía durante los últimos meses, según explica una nota enviada por el CGAE, obedece al criterio de que los particulares no deben seguir cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues supone un importante agravio frente a las empresas, que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad.

Ante el previsible incremento de la litigiosidad que se originará como consecuencia de la crisis económica derivada de la Covid-19, esta reducción del IVA para las personas físicas iría en línea con la recomendación efectuada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este mismo mes de julio. El organismo independiente que vela por la ortodoxia de las cuentas públicas expone en un informe que se acaba de hacer público que los tipos reducidos del IVA deben dirigirse y tener como objetivo "facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos".

Probablemente, explica la Abogacía, el incremento del número de litigios incidirá especialmente sobre aquellos colectivos más desfavorecidos que se vean abocados a defender sus derechos ante los tribunales y que tendrán que seguir asumiendo un 21% del IVA en situaciones de especial dificultad económica.

La reforma de la directiva Europea del IVA permitiría trasladar la aplicación de los tipos reducidos de aquellas actividades o adquisición de bienes que, según la AIReF, son consumidas o adquiridas por las rentas más altas hacia aquellas otras de primera necesidad o que los ciudadanos están obligados o compelidos a tener que utilizar, como son es la defensa de sus derechos más elementales -en el ejercicio, además, de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial-.

El PSOE ha reactivado las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios, y en especial con el del PP, para renovar a los miembros de Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato está caducado. El CGPJ acordó ayer retirar del orden del día la votación de nombramientos discrecionales ante “la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para su renovación”.

Poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó la existencia de esas negociaciones políticas y aseguró que la renovación de los órganos constitucionales es “urgente”, porque “no favorece nada una situación de interinidad y provisionalidad”. Fuentes del grupo parlamentario popular en el Congreso explican que el PSOE se ha puesto en contacto con el PP para “pedir la renovación de todos los órganos constitucionales”, aunque no reconocen la existencia de negociaciones “formales”.

La puesta al día del TC y del CGPJ es una asignatura pendiente del Congreso que se ha ido alargando un septiembre tras otro. El actual presidente del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre del 2019. El mandato del Consejo General del Poder Judicial venció el 4 de diciembre del 2018, y su presidente, Carlos Lesmes, ha recordado en varias ocasiones que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es “legalmente obligada”.

Sin embargo, no es una tarea fácil, porque la elección de los componentes de estos organismos requiere de una mayoría cualificada en las Cortes. El artículo 159.1 de la Carta Magna señala que el Constitucional se “compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

Y el artículo 122.3 señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el ­presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros”.

El problema radica en esa mayoría cualificada, que implica poner de acuerdo a 210 diputados, lo que obliga a los socialistas, principales interesados en la renovación, a pactar con los populares. En noviembre del 2019, PSOE y Partido Popular alcanzaron un principio de acuerdo para renovar el CGPJ, pero la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, alardeando de que su partido controlaría a los jueces “desde atrás”, dio al traste con ese pacto que ahora los socialistas tratan de reactivar.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado han acordado impulsar la justicia restaurativa, así como nuevas herramientas que permitan agilizar y aumentar la eficiencia de la solución de los conflictos. Según ha informado el CGPJ este lunes, el presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha firmado con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, un convenio con el que ambas instituciones se comprometen a trabajar en la difusión de nuevos métodos adecuados para resolver los conflictos, como la justicia restaurativa.

La justicia restaurativa es un servicio de mediación intrajudicial para la resolución de conflictos en el ámbito penal que permite a las víctimas y a los autores de los delitos participar de forma activa en la búsqueda de soluciones. De acuerdo con la normativa europea, el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio Público pretenden promover un cambio de "paradigma" que permita incluir los métodos de resolución amistosa de los conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales, sobre todo en el ámbito penal con la justicia restaurativa.

Mediante la firma del convenio, ambas partes se comprometen a crear mecanismos de colaboración y a diseñar proyectos comunes, una acción coordinada con la que se pretende dar a conocer estos mecanismos entre la ciudadanía. Con este acuerdo, la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal tratan de optimizar los recursos de que dispone la Administración de Justicia con la finalidad de ofrecer una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos, especialmente a los colectivos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, cada vez más frecuentes como consecuencia de crisis económicas y sociales.

La firma de este acuerdo refuerza la cooperación que ambas instituciones vienen manteniendo en esta materia desde 2016 y permite adecuarla a la normativa vigente, resalta el CGPJ.



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