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Los consejos de la semana

Laboral

Cuándo se puede interrumpir el contrato de formación por incapacidad temporal

Aquel trabajador con contrato de formación al que le haya sobrevenido una situación de incapacidad temporal, verá que el cómputo de duración de sú contrato será interrumpido hasta que vuelvas a incorporarte, reanudándose desde el mismo punto en el que estaba antes de ser declarada la situación de incapacidad temporal.

El derecho a la interrupción del contrato de formación por incapacidad temporal del trabajador está regulado en el artículo 11.2 b) del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que sea una empresa la que tenga contratado a un trabajador bajo la modalidad de contrato de formación y éste haya causado baja por incapacidad temporal, deberá comunicar esta situación al Servicio de Empleo Público, a la Seguridad Social, al centro de formación correspondiente, en el caso de que la formación se realice de forma externa, y a la mutua (si corresponde).

La incapacidad temporal en el contrato de formación

Tanto el empleador como el trabajador saben que el contrato de formación tiene una duración mínima de 1 año y máxima de 3 años, susceptible de ser sometido a una duración distinta mediante acuerdo en convenio colectivo, por necesidades organizativas o productivas de las propias empresas.

Relacionadas con la posibilidad de interrumpir el cómputo de la duración del contrato de formación, se encuentran las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y la violencia de género.

Apunte. El periodo de baja del trabajador no computa para la duración máxima del contrato de formación, se interrumpe su contrato y vuelve a ser reanudado en el mismo punto en el que se encontraba antes de causar baja por incapacidad temporal.

Significa que, el período de tiempo en el que el trabajador ha permanecido de baja, queda fuera del cómputo total por el que se ha concertado el contrato, así que la finalización contractual se retrasa tanto tiempo como dure el proceso de incapacidad temporal.

Actuaciones de la empresa ante el supuesto de Incapacidad temporal de su trabajador

La empresa debe comunicar esta situación de baja temporal a diferentes organismos:

Al Servicio de Empleo Público (SEPE) para que interrumpa el cómputo del contrato de formación del trabajador.

A la Seguridad Social.

Si la formación se realiza de forma externa, debe comunicarlo también al centro de formación para que suspenda la misma. El Centro de formación deberá reanudar el período formativo del trabajador/alumno por el tiempo que quedó interrumpido, con el alta del trabajador.

A la Mutua, si corresponde.

Consecuencias de comunicar la incapacidad temporal de un trabajador

La comunicación al Servicio de Empleo Público comporta la interrupción para la empresa de las bonificaciones, es decir, durante el tiempo en el que el trabajador está de baja por incapacidad temporal la empresa no tienen derecho a aplicar en los seguros sociales ninguna bonificación por el importe de las horas de formación, ya que no son realizadas.

Consecuencias de comunicar la reanudación y ampliación del contrato de formación

Cuando el trabajador finaliza su período de baja y la empresa vuelve a darle de alta, se encuentra en la obligación de comunicar la ampliación del contrato de formación por el tiempo correspondiente a la duración de la baja temporal.

En estos casos, no se aplicará el límite temporal máximo establecido para esta modalidad de contrato, pudiéndose exceder.

El período de formación volverá a retomarse y como consecuencia, la empresa reanuda su derecho a la bonificación en los seguros sociales por las horas de formación realizadas por el trabajador.

Mercantil, civil y administrativo

¿Son obligatorias las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas?

Todas las personas físicas tienen el derecho de elegir cómo quieren relacionarse con las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones e, incluso, si el medio elegido es el electrónico, podrán modificarlo en cualquier momento.

Ahora bien, existe una salvedad, pues las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

En cambio, si hablamos de personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, así como las personas que ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, como por ejemplo notarios o registradores de la propiedad, o, personas que representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La justicia ha establecido que la Agencia Tributaria aplicó indebidamente unas retenciones a los dividendos que cobraban vehículos de inversión con sede fuera de España y que se negaba a devolver. Ahora, el Estado tendrá que devolver varias decenas de millones de euros.

Entre las gestoras que han ganado la batalla a Hacienda están las más grandes del mundo, las estadounidenses BlackRock y Vanguard, que administran activos entre las dos por valor de más de 10 billones. También está Norges, que junto a BlackRock son los dos mayores inversores de la Bolsa española. Hay gestoras inglesas, como Schroders o Scottish Equitable (propiedad de la aseguradora Aegon), así como los fondos de pensiones de los trabajadores de la BBC y de la red eléctrica británica (National Grid UK) y muchos otros inversores institucionales en un goteo de casos que, según fuentes jurídicas, continuará.

En 11 de las sentencias se fija con claridad cuánto dinero deberá devolver el Estado a los partícipes de los fondos o los planes. En total, cerca de 15 millones de euros más intereses de demora, casi siempre de más de una década. Sin embargo, el importe total será mucho mayor porque BlackRock y Vanguard son las principales propietarias de muchas de las grandes compañías españolas, pero en sus sentencias no se detallan las cantidades. Además, como se recoge en alguno de los fallos judiciales, hay cientos de inversores institucionales en la misma situación. Tras años de batalla administrativa y judicial, el Supremo ha dictado ahora jurisprudencia y la Audiencia Nacional ha reconocido que estaba esperando su doctrina para desbloquear los recursos que se le acumulaban.

Los casos sentenciados ahora por el Supremo y la Audiencia Nacional se remontan a entre 2002 y 2010. Entonces, Hacienda aplicaba una retención del 15% (que luego subió al 18%) a los dividendos que las empresas españolas abonaban a sus accionistas, cuando eran vehículos de inversión extranjeros. Esta retención se aplicaba a cargo del impuesto de la renta de no residentes (IRNR).

Las gestoras extranjeras utilizaban figuras como la sicav luxemburguesa, los fondos irlandeses o seguros de vida domiciliados en el Reino Unido. Cuando empezaron a aplicarse estas retenciones a los dividendos que cobraban, acudieron a la justicia para denunciar que se estaba produciendo una discriminación contraria al derecho de la UE, puesto que el régimen fiscal que se les estaba aplicando era peor que el que soportaban los fondos o planes españoles.

Los fondos y sicavs tienen una fiscalidad especial, por su condición de vehículo de inversión colectiva. Tienen que pagar un gravamen del 1%, pero no tributar por los dividendos que cobran. Quienes pagan impuestos son los dueños de los fondos. Si venden su participación y esta ha generado plusvalías, tributarán como rendimiento de capital en el IRPF.

Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (adscrito al Ministerio de Hacienda) fueron contrarias a los intereses de las gestoras extranjeras, por lo que decidieron recurrir y acudir, primero a la Audiencia Nacional y luego al Tribunal Supremo.

La ministra de Economía en funciones Nadia Calviño ha señalado hoy que España no descarta una ‘tasa Google’ española si no se logra un acuerdo a nivel europeo o global. En concreto, ha indicado que el Gobierno apoya que se establezca un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero deja la puerta abierta a establecer un impuesto de forma unilateral en España si no prospera a nivel comunitario o en el marco de la OCDE.

Calviño ha asegurado en declaraciones a los medios durante la inauguración de DigitalES Summit 2019 que el fenómeno de las grandes plataformas digitales es algo mundial. “Lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo, pero si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa”. Las palabras de la ministra se producen después de que en el documento elaborado por el PSOE remitido a Unidas Podemos para negociar la investidura se abogara porque dicho impuesto se aprobara a nivel europeo, y también tras anunciar Francia la semana pasada que va a implantar su propia Tasa Google.

La ministra ha remarcado, sin embargo, que esto último “no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsado el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o mundial”. Calviño ha añadido que el Gobierno español tiene una participación “muy activa” en temas relacionados con la modernización de la fiscalidad para adaptarla a la realidad del siglo XXI en todas las reuniones de la OCDE y del G20.

Calviño ha vuelto a destacar que uno de los retos que plantea la revolución digital y, sobre todo, la creación de estas nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente donde se produce el valor añadido, porque tradicionalmente estaba donde se producían los bienes, pero ahora resulta que el valor añadido se deriva de los datos y, por tanto, nosotros como ciudadanos que proporcionamos datos somos también generadores de valor añadido, y por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal y adaptarlo a esta nueva realidad.

La ministra también ha anunciado que tendrá liberado y adjudicado mediante subasta antes del 30 de junio de 2020 el espectro radioeléctrico que ocupará el 5G. Calviño no quiso cifrar el objetivo de recaudación que persigue el Gobierno español cuando se le preguntó si la meta es aproximarse a los 6.550 millones de euros que ha recaudado el Estado alemán en su subasta. “Como en las subastas anteriores, no tenemos un objetivo recaudatorio porque el criterio es impulsar la innovación y la inversión. Nuestra prioridad es lograr un adecuado equilibro entre una recaudación que refleje el valor de ese espectro que se está poniendo a disposición de los operadores y los adecuados incentivos al despliegue de las redes, la innovación y la inversión”.

El Gobierno ha decidido finalmente impulsar un nuevo organismo que luchará contra la manipulación de las competiciones deportivas e hípicas y contra el fraude en las apuestas. Se trata de una Comisión Nacional que el Ejecutivo ha impulsado a través de una orden ministerial del departamento de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, de la mano de los Ministerios de Interior, y Cultura y Deporte.

La iniciativa del Gobierno se en marca en un momento en el que este tipo de engaños van ganando relevancia. Después de todo, los datos indican que los españoles han triplicado en un lustro el dinero destinado al juego online, donde una de las principales actividades son las apuestas deportivas.

La institución contará con la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación con los tres ministerios responsables de la misma, con el objetivo de “elaborar planes de actuaciones, recomendaciones o diagnósticos para detectar, prevenir y combatir las actuaciones ilícitas en el ámbito de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas”, según ha detallado Hacienda en un comunicado.

“La corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y al fraude en las apuestas relacionadas con estas, tanto las deportivas como las hípicas, constituye una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atenta contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores”, defiende Hacienda en su nota.

La medida, en la línea apuntada por el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, supone crear una institución a escala nacional que permita centralizar el diálogo y cooperación entre autoridades públicas, federaciones y organizaciones deportivas, organizadores de competiciones deportivas y representantes del sector del juego. La Comisión propondrá a estos actores la firma de un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la prevención de amaños y otros engaños.

Esta Comisión Nacional estará presidida de forma rotatoria por el responsable de la Dirección General de Ordenación del Juego y el de la Dirección General de Deportes, que se alternarán cada año, y funcionará a través de un Pleno –que se reunirá al menos dos veces al año- y de una Comisión Permanente, que realizará análisis periódicos.

El organismo, que también se dedicará a impulsar la formación como medida preventiva de este tipo de fraudes, recibirá información del Sistema de Alertas sobre apuestas, gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego, y de los casos tramitados por el Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte, Juegos y Apuestas.

Hacienda asevera que su creación y mantenimiento no supondrá un incremento del gasto público porque se nutrirá del presupuesto y personal con el que ya cuenta la Dirección General de la Ordenación del Juego.

En los últimos años se vienen realizando unas 2.500 actuaciones inspectoras al año dentro del “programa socio-sociedad”, en el que se enmarcan en buena medida este tipo de irregularidades. Su persecución, coinciden los expertos consultados, ha crecido porque las prácticas detectadas son siempre muy similares y el fisco optó por intensificar su vigilancia en este campo cuando percibió que se generalizaban. Hay por tanto una estrategia, pero en Gestha descartan que a los famosos se les esté cazando gracias a un cambio normativo o de criterio. Este tipo de prácticas siempre han sido fraudulentas.

Con el tiempo, eso sí, se han ido dando novedades legislativas que restan armas a la elusión fiscal. Algunas datan de 1996, cuando se detectó que muchos deportistas pasaban a recibir más remuneración en forma de derechos de imagen que como sueldo sujeto a IRPF, lo que llevó al legislador a limitar que la primera pesara más de un 15% sobre la retribución total que les ofrecían los clubs. Diez años después, a su vez, se regularon a fondo las operaciones vinculadas, las que hace el propietario de una firma con su sociedad, para exigir que se hagan a precios de mercado. Hace un lustro, de otra parte, se cambió la llamada Ley Beckham, pensada para atraer a talentos científicos ofreciéndoles baja tributación, para evitar que, como ocurría, se aprovechase para fichar a deportistas de élite.

En cualquier caso, Hacienda viene ganando la batalla fiscal a los famosos por unas irregularidades que están sujetas a diferentes grados de castigo. Así, solo se considera delito fiscal cuando la cuantía reclamada supera los 120.000 euros y se aprecia dolo, por intención de ocultación, como en los entramados enclavados en delitos fiscales. Estas causas pasan a la justicia penal.

Sin embargo, son los recursos de los afectados los que a menudo llevan el asunto a manos de un juez pues los casos de sociedades interpuestas en España se suelen saldar administrativamente con una infracción leve, detallan en Gestha. Se multan con el 50% de la cuota defraudada; del 50% al 100% si hay ocultación; y del 100% al 150% en casos muy graves. A su vez, en muchos casos judicializados el contribuyente y Hacienda acaban llegando a un pacto antes del fallo, lo que rebaja esas multas por debajo, al 25% del monto, critican desde Gestha.

El contribuyente, responsable directo, es el objeto tradicional de estas causas. Últimamente, sin embargo, van cobrando peso los procesos en que se imputa también al asesor fiscal, después de que el Tribunal Supremo echara en falta su presencia en el juicio a Messi. Como consecuencia, estos asesores han pasado a formar parte de causas como la del jugador de fútbol Xabi Alonso o la de la asesoría Nummaria, que también implica a clientes suyos como los actores Imanol Arias y Ana Duato.

A falta de ver si esta tendencia se consolida, Hacienda promete mantener su cruzada contra la elusión fiscal de los famosos pues evitar estas irregularidades es ya un punto habitual del plan anual de la Inspección y ha permitido al fisco recuperar decenas de millones en los últimos años.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo el decreto del gobierno catalán que regula el impuesto autonómico sobre bebidas azucaradas envasadas, creado a través de los presupuestos de 2017. El TJSC estima así el recurso interpuesto por diversas patronales y asociaciones, entre ellas la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en contra del reglamento de este impuesto, contra el que cabe recurso.

La sección segunda de la sala contencioso-administrativa del TSJC considera que el gobierno catalán "ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas expresamente exigidos" a la hora de tramitar este decreto.

El recurso lo habían presentado, además de FIAB, la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca.

Estas entidades se oponían al citado decreto por su "falta de justificación y precipitación", por la omisión de trámites relevantes en su tramitación, por apreciar vicios de constitucionalidad y por vulneraciones del derecho europeo. El TSJC ve "evidente" la vulneración de los preceptivos trámites de consulta, audiencia e información públicas, y por ello no cree "necesario entrar a examinar los restantes motivos del recurso".

Para sustentar su decisión, el TSJC argumenta que el gobierno catalán "pretende escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora tan solo aprecia un déficit de motivación respecto a la omisión de los mismos". Sin embargo, el tribunal concluye que "no nos encontramos ante una insuficiente motivación, sino que la motivación alegada se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir de tales trámites".

La dirección general de Tributos de la Generalitat alegó en su momento ante la Comisión Jurídica Asesora que consideraba que ese decreto no debía superar todos esos trámites porque el despliegue reglamentario, la carga impositiva y las obligaciones fiscales ya venían contempladas en la ley que creó este impuesto; es decir, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017.

Este impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo de 2017, lo gestiona la Agencia Tributaria de Cataluña y aportó el año pasado 42 millones de euros. El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas; esto es, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros.

Así pues, en la práctica, el impuesto afecta a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, aguas con sabores o bien a bebidas energéticas, aunque quedan exentos por ejemplo los yogures bebibles o las leches que no contengan edulcorantes.

Laboral

Según el avance mensual del regulador, el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas (Estado y organismos, administraciones territoriales y Seguridad Social) aumentó en mayo en 12.400 millones de euros, por lo que llegó a los 1,19 billones de euros, superando así la barrera del billón. En porcentaje del PIB, está en el 97,5% por lo que se aproxima al alcanzado en 2016, cuando superó el 100%, otra de las barreras ‘intocables’ en esta materia, y a los niveles de febrero y marzo de este año.

Los datos del Banco de España indican que en mayo creció respecto a abril –mes en el que se redujo en gran medida– pero sobre todo frente a mayo de 2018, ya que subió un 3,3% al aumentar en 38.688 millones. Al analizar el dato mensual, la deuda del Estado fue la causante pues de los 12.400 millones, 9.082 millones corresponden a la Administración central. Sin embargo, es la Seguridad Social la que sigue imparable porque alcanzó un nuevo récord en mayo, con una subida del 4,1% hasta llegar a los 46.821 millones. De mayo a mayo creció un 71%, lo que confirma que este organismo sufre ya un desfase entre ingresos y gastos estructural y penaliza al endeudamiento de todas las administraciones.

Ese mismo mes, las cuentas de la Seguridad Social arrojaron una subida de las pensiones contributivas del 7,11% y de las no contributivas, del 4,23%, respecto al mismo mes de 2018. Hay que tener en cuenta que en mayo del año pasado todavía no se había llevado a cabo la revalorización de las pensiones acordada en la ley de Presupuestos de 2018, que entró en vigor en julio, y por la que subieron las prestaciones un 1,6%, en vez de un 0,25%, y las mínimas, un 3%. El propio organismo cuantifica el gasto de los cinco primeros meses de 2019 en 495,47 millones de euros más que el del mismo periodo de 2018.

La subida de las pensiones ha incrementado el gasto de la Seguridad Social pero no es el motivo principal de su desfase. Éste hay que buscarlo en causas más sociológicas como el envejecimiento de la población, que tiene una mayor esperanza de vida, lo que provoca que más personas cobren más pensiones durante más años. Las cotizaciones, principal fuente de ingresos de la Seguridad Social, han crecido en los últimos meses al ritmo del aumento del empleo, pero no ya es suficiente porque el déficit es crónico. Hasta el punto que instituciones como la Airef reclaman que la financiación de la Seguridad Social sea competencia del Estado al ser evidente la imposibilidad de que el sistema se sostenga solo con las cotizaciones de los trabajadores.

En lo que se refiere al Estado y la gran subida de su endeudamiento en mayo, el Ministerio de Economía y Empresa explicó ayer que el saldo mensual tiene una evolución volátil debido a la concentración de emisiones de deuda en los primeros meses del año. Las comunidades autónomas también aumentaron su deuda el pasado mayo, según el Banco de España. Respecto a abril, se elevó en 1.638 millones de euros, hasta alcanzar un total de 298.568 millones. En términos interanuales creció un 2,6%.

Por último, las corporaciones locales continúan con la senda iniciada en 2013 y sus cuentas son las más saneadas. El organismo regulador señala que en mayo estas administraciones territoriales redujeron su endeudamiento en 290 millones en comparación con el mes de abril y lo dejaron en 26.040 millones de euros. Al contrario que el resto de administraciones públicas, las corporaciones locales recortaron su deuda en los 12 meses que van de mayo de 2018 a mayo de 2019 en 2.871 millones, lo que representa un 10%. Estas instituciones están fuertemente controladas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que les prohíbe de facto endeudarse y les obliga a tener estabilidad.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. ATA quiere que en ella se contemple la inclusión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Esto es, los créditos públicos, tal y como se establece en una sentencia del Tribunal Supremo.

La sentencia, que data del 2 de julio, indica que los juzgados de lo mercantil pueden actuar sobre las deudas que se han contraído con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Todo surge a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca sobre una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

Según dicho fallo, los juzgados de lo mercantil podían decidir sobre si eximían de la obligación del pago del crédito público concedido y si al deudor se le condonaba más de la mitad de la deuda que tenía con la administración pública. A su vez, la sentencia también abría la puerta a que el resto de la deuda se pudiera abonar de manera fraccionada hasta los cinco años siguientes.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaba solicitando unas conclusiones similares a las de esta sentencia desde el año 2015, fecha en la que se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad. ATA reclamaba que el deudor pudiera abonar de manera fraccionada el pago de intereses y sanciones contraídas con la Administración.

En ese sentido, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, desde la Asociación recuerda que de esta manera son los tribunales los que pueden exonerar hasta un 70% de las deudas que se han contraído tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Y decidir, por tanto, en cuánto se fraccionan los pagos.

Según su presidente, que reclama que se corrija la Ley para incluir este detalle en ella, “ha tenido que llegar el Tribunal Supremo para decir lo que desde ATA llevamos diciendo años, que no podía existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos”.

Más de un millón de niños y niñas (1.078.249) se beneficiarán de la mejora de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social que se abonará mañana 16 de julio. El incremento de las cuantías de estas prestaciones y de los umbrales para acceder a ellas fueron incluidos en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo.

La prestación familiar por hijo a cargo estaba congelada desde el año 2000, cuando su cuantía se estableció en 291 euros. La nueva cuantía de 341 euros anuales implica un incremento del 17,18%. Además, este Real Decreto-Ley incluyó un nuevo supuesto, el de pobreza severa, por el que las familias con menos recursos reciben una prestación de 588 euros anuales por cada hijo o menor a su cargo. En estos casos, el aumento es del 102,06%.

Para acceder a la prestación económica por hijo a cargo de 341 euros, el límite de ingresos familiar es de 12.313 euros/año, y alcanza los 18.532 si se trata de familias numerosas. El límite de ingresos se incrementa en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. En la actualidad, 384.974 familias se benefician de esta asignación, de forma que se protege a 498.040 niños y niñas.

En el caso de las familias con menos recursos, aquellas que se benefician de la prestación de 588 euros al año, el límite de ingresos oscila entre los 4.679,99 euros o menos para las unidades familiares compuestas por un adulto y un menor de 14 años, y los 6.839,99 euros para las familias de un adulto y tres menores. En esta situación se encuentran 381.728 unidades familiares, en total, 580.209 niños y niños, de acuerdo con los datos de que dispone la Seguridad Social y una vez actualizadas las rentas con la información proporcionada por la Agencia Tributaria.

Las prestaciones familiares están destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos.

Por un lado, está la asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o mayor de dicha edad y que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

Mientras no supere el salario mínimo interprofesional, el hijo o menor a cargo puede realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena. Además, de esta, la Seguridad Social cubre una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad; y una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

La crisis les ha afectado, y tanto los que tienen una formación baja como los más formados ingresan menos que los que tenían hace diez años su edad. El Banco de España ha llegado a esta conclusión en un estudio que está preparando con datos de los últimos 30 años, y que presentó en un reciente discurso en Cunef el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En él se observa que cada nueva generación fue siempre superando los ingresos laborales de las previas. Incluso se aprecia que la crisis de los noventa apenas se notó.

Sin embargo, esta trayectoria se truncó con la Gran Recesión. Entonces todos los grupos vieron cómo se redujeron sus retribuciones anuales. Pero hay un grupo que lo ha sufrido especialmente: los de menor edad. Y entre ellos, “el colectivo de los jóvenes menos formados fue el que sufrió una mayor caída en sus ingresos anuales totales”, explicó Hernández de Cos en su intervención.

Para hacer esta afirmación, el gobernador parte de datos: ahora los nacidos en 1987 con pocos estudios tienen, en promedio, un 20% menos de ingresos laborales que quienes tenían 30 años en la anterior década. Y eso ocurre por primera vez con datos de tres décadas tomados de la Seguridad Social.

Lo mismo les ha sucedido a los poco formados que ahora ya no son tan jóvenes: aquellos que tienen 40 años y nacieron en 1977. Este grupo gana ahora menos que los que habían nacido diez años antes cuando estaban en los 40. En su caso se ve cómo ha les ha perjudicado la crisis, pues en la década anterior ingresaban más que la generación precedente de 1967. En estos resultados son decisivos el elevado paro y la alta rotación, que hace que los trabajadores hagan menos horas y, por tanto, cobren menos. Las cifras incluyen a todos los que han trabajado a partir de un solo día en el año.

Esta evolución de las rentas salariales está en consonancia con lo sucedido en el PIB per cápita una vez restada la inflación. De estos datos se desprende que el español medio es en torno a un 13% menos rico de lo que hubiese sido de no haber padecido la crisis. Hasta el punto de que han vuelto a niveles del año 2000. Según el Banco de España, en los jóvenes sin formación incluso se retrocede algo más y se desciende a cotas de finales de los noventa. Ahora a los 30 ganan menos de lo que se ganaba 10 años antes y prácticamente lo mismo que 20 años antes. Han perdido dos décadas medido por el poder de compra. Y a esto se suma que los jóvenes tienen que dedicar en la actualidad más recursos a la vivienda en alquiler, un hecho que ha denunciado el organismo.

En los sueldos de trabajadores formados también se detecta un retroceso similar: un individuo de 40 años con estudios altos consigue ahora unos ingresos salariales en torno a un 20% menores que lo que ganaba hace una década alguien de la misma edad. Entre las razones de este deterioro en la situación de los jóvenes, el gobernador apuntó al papel que desempeña la regulación laboral. Esta hace que para las empresas sea más fácil despedir al temporal y joven antes que abordar un ajuste de salarios, que suele afectar más al indefinido con más experiencia, más años y mayor sueldo. El gobernador está intentando despertar la conciencia en los jóvenes de que la legislación brinda un reparto intergeneracional muy desigual.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya tiene una posición sobre el polémico registro de jornada. Este jueves, el pleno del organismo ha enviado un comunicado en el que manifiesta su apoyo a que los despachos de abogados registren la jornada de sus trabajadores, pero al mismo tiempo vuelve a insistir en que se establezca una suerte de 'categoría especial' que tenga en cuenta la singularidad del sector, algo que por ahora Trabajo no contempla, como señaló 'Cinco Días'.

En concreto, el CGAE pide al Ministerio de Trabajo que tenga en cuenta la realidad diaria de las firmas, en que las jornadas de trabajo suelen ser bastante largas y los plazos marcan el día a día. "Debe ser posible compaginar el registro de la jornada diaria con el carácter liberal de una profesión como la nuestra, que demanda una flexibilidad y un plus de disponibilidad plenamente compensables con horas de descanso equivalentes o, en su defecto, abonos", señala el comunicado difundido este jueves.

"Dadas las singularidades y múltiples perfiles o modalidades de desarrollo de la abogacía por cuenta ajena, nada obsta a que se pacte un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo, o bien que la plena disponibilidad horaria constituya un elemento esencial para el correcto desarrollo del trabajo encomendado, incluyendo incluso la variante del trabajo no presencial", añade el comunicado, que también señala que el registro de los abogados de despacho debe "singularizarse" para "individualizar las condiciones de jornada y horario de cada abogado trabajador".

Además, el consejo también quiere que Trabajo aclare si el tiempo dedicado "a desplazamientos puntuales o extraordinarios desde su centro habitual de trabajo constituye tiempo efectivo de trabajo". En opinión del organismo, "el empleo del registro de la jornada diaria debería permitir racionalizar los 'picos de sobreesfuerzo' propios de las exigencias de nuestra profesión liberal, ya sean derivados de la presentación de una demanda especialmente compleja a término, la negociación de un contrato con una pluralidad de partes en plazo, o del cierre en tiempo de una operación transnacional que requiere trabajar con varias franjas horarias, por ejemplo".

Por último, el consejo también considera que "el modelo de registro para trabajadores abogados que cada despacho implante debe permitir la individualización del tiempo de trabajo efectivo, dado que la obligación de llevanza de dicho registro tiene por objeto no solo controlar los excesos sino ofrecer flexibilidades a los trabajadores, así como al despacho u organización en la que ejercen su actividad profesional, por medio de compensaciones". En todo caso, el consejo añade que "dado que la norma no distingue situaciones ni modalidades contractuales, en tanto el legislador no perfile o la jurisprudencia no module, debemos insistir en que la jornada laboral debe ser objeto de registro y su soporte debe ser conservado durante al menos cuatro años".

Mercantil, civil y administrativo

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, es uno de los nombres que los líderes europeos están barajando para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmó una fuente comunitaria conocedora de las negociaciones.

Los gobernantes europeos están buscando un candidato de consenso para dirigir el organismo con sede en Washington, después de que Lagarde renunciara este martes a su puesto a cambio de presidir el Banco Central Europeo (BCE). “Calviño está en el mix de nombres que se está discutiendo”, confirmó la fuente.

Por su parte fuente de Moncloa han considerado un "honor" que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, figure en la lista de lista de favoritos para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ejecutivo en funciones se felicita así después de que haya trascendido la iniciativa de los miembros europeos del G7 --que aglutina a Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia e Italia-- para promover un grupo de candidatos a la dirección del FMI en la que ha sido incluida Calviño.

En este sentido, fuentes de Moncloa han subrayado que para el Ejecutivo es "un honor" que "la valía y competencia de sus integrantes sea reconocida a nivel internacional" y ha incidido que supone "una buenísima noticia para España" que la ministra Calviño "sea considerada entre el reducido grupo de personas que podría dirigir uno de los principales organismos financieros internacionales, como es el FMI".

Tras agradecer a los países europeos integrantes del G7 (Reino Unido, Francia e Italia) que hayan sugerido el nombre de la ministra española como candidata, desde Moncloa han destacado la importancia de "mantener la unión de acción" entre los países de la Unión Europea para seguir optando a la dirección del FMI.

Finalmente, ha recordado que España "siempre" ha apoyado que la nueva dirección del FMI tras la marcha de Lagarde, que se hará efectiva el próximo 12 de septiembre, recaiga "en una mujer europea de reconocido prestigio". "Nos llega de orgullo que Nadia Calviño haya sido incluida en este grupo de candidatos, convirtiéndose en exponente de las políticas de igualdad de género que este Gobierno está impulsado bajo la Presidencia de Pedro Sánchez", han destacado fuentes de Moncloa.

A primera hora del miércoles, Calviño reconoció haber hablado con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de presentarse para presidir la institución. Sin embargo, en la entrevista con la emisora de radio Cadena Ser, Calviño no dejó claro si tras la conversación con el presidente se había decidido postular su nombre para el puesto.

“No se ha planteado en estos términos la conversación”, respondió la ministra al ser preguntada por si Sánchez le había anunciado que propondría su candidatura.

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler se situó en 11 euros mensuales en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 2,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según datos publicados por el portal inmobiliario idealista.

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en los precios de sus alquileres durante el segundo trimestre, destacando los avances de Murcia (+9,2), Baleares (+9%), Navarra (+6,6%), Castilla y León (+5,9%) y La Rioja (+5,4%). Los menores aumentos corresponden a Madrid (+1,9%) y Asturias y País Vasco (+2% en ambos casos).

Entre las comunidades más caras para alquilar una vivienda se encuentran Madrid y Cataluña, con un precio medio por metro cuadrado de 14,8 euros y de 14,3 euros, respectivamente. Por el contrario, las comunidades más baratas son Extremadura (5,2 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (5,3 euros) y La Rioja (6,2 euros).

Para el jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, los datos confirman que el mercado del alquiler "ha venido para quedarse". "La demanda es muy alta y continúa al alza, especialmente en los grandes mercados que son motor de empleo o destinos turísticos", ha añadido.

El funcionario ha sido sancionado por la vía administrativa con 3 años sin empleo y sueldo por un delito de tráfico de influencias. Encinar cree que para contener los precios en este escenario de demanda creciente son necesarias políticas que favorezcan un nuevo producto en el mercado.

Por el contrario, ha advertido, medidas "coercitivas" como una posible limitación de precios reducen el mercado y encarecen el alquiler. Asimismo, Encinar ha subrayado que la situación política española tampoco está ayudando a contener de las rentas del alquiler.

La inflación baja en junio al 0,4%

(El País, 13-07-2019)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy que el dato ya adelantado de la inflación de junio, que fue del 0,4% tras situarse en mayo en el 0,8%, un mes en el que se desplomó siete décimas respecto a abril. El INE señala que el transporte tuvo en junio una tasa cero, casi dos puntos inferiores a la de mayo, debido a la disminución de los precios de los carburantes y lubricantes. También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo.

También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo. Por el contrario, la temporada veraniega impulsó el precio de los paquetes turísticos, lo que elevó ocho décimas la tasa anual del ocio y la cultura, que pese a ello continúa en el 0,4% negativo. En junio, el precio de los hoteles, cafés y restaurantes avanzó un 2,2% en tasa anual; el de la enseñanza, un 1%, y el vestido y el calzado, un 0,9%.

A un nivel más desagregado, el precio de los productos energéticos bajó un 2,6% en junio en tasa anual y el de los alimentos sin elaboración, un 1,4%, mientras que el mayor repunte lo registraron los servicios con un índice del 1,4%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos por ser los más volátiles, se situó en el 0,9%, dos décimas más que en mayo y cinco décimas por encima de la tasa general.

De esta manera, en junio la inflación subyacente superó al IPC general por primera vez desde enero de 2018. En términos mensuales, los precios bajaron un 0,1% en junio con respecto a mayo, con lo que pusieron fin a cuatro meses consecutivos de subidas. Los grupos que presionaron a la baja los precios mensuales fueron el transporte -influido por los carburantes-, el vestido y el calzado -por el impacto de las rebajas- y la vivienda -por la bajada de los precios de la electricidad y el gas-.

Por el contrario, impulsaron los precios el ocio y la cultura, sobre todo por los paquetes turísticos, y los alimentos y bebidas no alcohólicas ante el aumento del precio de la fruta y la carne.

En mayo se crearon 8.583 sociedades mercantiles, un 2,8% menos que en el mismo mes de 2018, mientras que se disolvieron 1.629 empresas, un 6,9% más, según la estadística publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con estas cifras, el número de empresas constituidas en España aumentó un 0,1 % en los cinco primeros meses del año, mientras que el de sociedades disueltas se incrementó un 7,3%, recogen los datos del INE.

De las empresas que cerraron sus puertas en mayo, el 71% lo hizo voluntariamente; el 16,5%, por fusión, y el 12,5% restante por otras causas. Por sectores, el 20,1% de las sociedades creadas se encuadra en el comercio y el 15,3% en las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, seguidas por las constructoras, un 13,5%; en tanto que la mayoría de las disueltas se dedican a la industria y energía, el 20,7%, y al comercio, 19,7%.

De vuelta a las nuevas empresas creadas en mayo, sumaron 500 millones de euros de capital para montarse, un 27% más que en el mismo mes de 2018. El capital medio suscrito fue de 58.266 euros, también un 30,6% más que en el mismo mes de 2018. Por otro lado, en mayo ampliaron capital 2.511 sociedades mercantiles, un 2,2% menos que en el mismo mes de 2018. El capital suscrito en esas ampliaciones bajó un 10% hasta 1.438 millones de euros.

Por regiones, las comunidades donde se generaron más empresas en mayo fueron Madrid, con 1.889; Cataluña, con 1.870, y Andalucía, con 1.401. Por el contrario, el menor registro se dio en La Rioja (48), Cantabria (50) y Navarra (60). En cuanto a las empresas que cerraron, Madrid (489), Andalucía (219) y Cataluña (205) lideraron la estadística en cifras absolutas.

Revés judicial al taxi en Barcelona, mientras Uber y Cabify sonríen. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente varios artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre ellos el que fija un lapso obligatorio de una hora entre la contratación y la prestación efectiva de este servicio. Dicho reglamento fue aprobado el pasado 21 de mayo y supuso la salida de Barcelona de empresas como Uber, al considerar que esa obligación hacía inviable su servicio.

El TSJC también ha decidido suspender el registro electrónico de la AMB, a través de la cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa. El tribunal asegura que dicho registro puede convertirse en "un régimen autoritario encubierto y sobrepuesto al de carácter autonómico o estatal/autonómico".

Según precisa el auto del citado tribunal, la necesidad de hacer la reserva anticipada de una hora "es contraria a la libertad de empresa y discriminatoria frente a los servicios del taxi prestados previa llamada telefónica o mediante una aplicación informática", como pueda ser la de Free Now (antigua Mytaxy).

El auto, que supone un duro contratiempo para Ada Colau, añade igualmente que esos preceptos del reglamento "no parece que sean compatibles con la libertad de establecimiento y con la prohibición de adoptar medidas que puedan entrañar una ventaja o ayuda (en este caso indirecta) a uno de los sectores implicados, como es el del taxi".

Un peligro que "existe", en opinión del TSJC, si se analizan las consecuencias económicas que pueden derivarse de las restricciones analizadas. "Máxime tratándose de restricciones añadidas sobre un sector empresarial que en un corto periodo de tiempo deberá renunciar a la prestación de servicios urbanos o metropolitanos y que con regulaciones como las que vamos a suspender cautelarmente, podría colapsar definitivamente antes de tiempo".

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la sentencia no afecta a la restricción de 15 minutos de la Generalitat. "Básicamente, supone que Colau no podrá poner reglar más duras que las marcadas por la normativa del Gobierno catalán durante al menos los cuatro años que da el real decreto ley de José Luis Ábalos a las VTC para hacer transporte urbano, y luego los dos más extras que podían obtener”.

En su resolución, el TSJC estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares formuladas por la empresa Luxury VTC, que interpuso un recurso contencioso-administrativo para pedir la suspensión del reglamento metropolitano que establece también multas de hasta 1.400 euros para quien incumpla la precontratación de los servicios VTC con una antelación mínima de 60 minutos.

Sector

Además de los problemas económicos, los profesionales del turno de oficio también tienen que enfrentarse a estas dificultades en su día a día. Y, como en muchos otros trabajos, la mujer es quien más padece las agresiones o la intimidación de los clientes (o los clientes de la parte contraria).

No obstante, y con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que se celebró el pasado viernes, Luis Álvarez, abogado de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), advierte que, de no tomarse medidas de protección, cualquiera de los 46.100 profesionales que ejercen de oficio (uno de cada tres), puede convertirse en víctima o sufrir consecuencias mayores.

Una de las situaciones que propicia las amenazas y las demandas de los clientes contra sus abogados es el no haber ganado su caso. Algo que, además, según Álvarez, sale gratis porque lo hacen a través del servicio de justicia gratuita con el fin de lucrarse o simplemente pleitear. “Hay quienes tienen hasta 50 abogados designados porque quieren asustar a los letrados que les han defendido antes”, explica, ante la ausencia de límites en la concesión de justicia gratuita en casos de amenazas a juristas.

A esta situación se suma otro problema. El nuevo Código Deontológico de la Abogacía, aprobado en mayo, incluye la obligación de los letrados de entregar a sus clientes, si ellos lo piden, toda la información que tengan de su caso, ya sean grabaciones, autos o documentos donde puede aparecer la dirección, el teléfono o los datos de la otra parte.

Muchos profesionales están preocupados por este cambio (ante el que no se les ha preparado) porque facilita su localización. “Es como darle la cerilla al pirómano”, explican algunos abogados que creen que así se pone en riesgo a testigos protegidos, víctimas de violencia de género o, incluso, menores.

Se avecinan fuertes cambios en el mercado legal. La abogacía de los negocios (los grandes despachos) es un sector que ha resistido relativamente bien los embates de la crisis gracias a su amplia oferta de servicios. En la época de bonanza, alimentan los ingresos las operaciones financieras, mercantiles e inmobiliarias; mientras que, en los malos momentos, se disparan los litigios, las reestructuraciones y los despidos colectivos. Sin embargo, cada vez son más los indicadores que alertan del agotamiento de este modelo de éxito. Con algo de retraso respecto a otras actividades, la máxima de renovarse o morir ha llegado a la abogacía.

El gran motor de esta revolución será (o están siendo ya) las asesorías jurídicas internas de las empresas, departamentos encargados de decidir a qué firma contratar. El cliente manda y, por tanto, sus necesidades marcan la pauta. Y lo que los consejeros delegados de las compañías están exigiendo a los jefes de sus asesorías es hacer “más con menos”. Así lo asevera el estudio Reimaginando la función legal, de EY, según el cual el 82% de los departamentos jurídicos prevé llevar a cabo en los próximos dos años una reducción de costes, un 42% de los cuales lo hará a doble dígito. Y ello a pesar de que la cada vez mayor complejidad regulatoria provoca que nueve de cada diez afirmen haber sufrido un incremento de carga de trabajo en los últimos cinco ejercicios. El informe recoge la opinión de 1.058 directores legales de empresas de más de una veintena de países.

Desde la Associaton of Corporate Counsel (ACC, la principal organización de abogados de empresa del mundo), Teresa Mínguez apunta que, en efecto, las asesorías jurídicas pretenden reducir el coste de las “operaciones legales”. Es decir, no es que los departamentos vayan a ver mermados sus presupuestos globales (de hecho, un informe de la organización apunta lo contrario), sino que quieren ajustar lo que pagan por cada servicio jurídico, acercando su precio al valor que realmente aporta a la empresa. Y es aquí donde se produce la gran disrupción.

Dentro del asesoramiento legal conviven dos tipos de tareas. Por un lado, aquellas más sofisticadas, en las que los bufetes aportan un conocimiento y una experiencia de alta calidad. Y, por otro, un conjunto de operaciones y trabajos rutinarios, también imprescindibles, pero de escaso valor (gestión documental, revisión contractual, tramitación de expedientes, etcétera).

El Consejo General de la Abogacía Española ha estrenado su Registro de Impagos Judiciales (RIJ). A partir de ahora, los abogados, previa autorización de sus clientes, podrán incluir en este fichero las deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme. De esta forma, el resto de compañeros podrán consultar esta información en la propia plataforma online.

La empresa que se encargará de gestionar este registro de impagados es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, Icired, con Informa D&B y Everis como socios de este proyecto.

"Este registro va a suponer un avance claro contra la morosidad en España y va a favorecer la ejecución de las sentencias", manifestó Juan María Sáinz, consejero delegado de Informa D&B, durante la presentación del RIJ. "Nuestro objeto social es colaborar en la transparencia mercantil y estos ficheros de incidencias o impagados judiciales que no existían hasta ahora nos pareció una innovación y una novedad importantísima", añadió.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en toda España. Por primera vez los abogados contarán con un registro para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados.

Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española, destacó que "este sistema se basa en la colaboración". Bonmatí explicó que "los abogados somos los que pondremos la información en la plataforma y somos todos nosotros los que nos beneficiaremos de ella".

En 2017 y según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han ejecutado más de 2,39 millones de sentencias que han dado lugar a 1.936.796 títulos judiciales, 394.414 ejecuciones penales y 44.632 ejecuciones en la jurisdicción social, además de las 6.670 reclamaciones de cantidad derivadas de laudos arbitrales. Miles de estas sentencias o laudos arbitrales quedan incumplidos o tienen un cobro infructuoso.

El Registro de Impagados Judiciales nace como una herramienta al servicio de la justicia y del ordenamiento jurídico español, que dota a los acreedores que han visto reconocido su derecho al cobro de una deuda por resolución judicial firme, de mayores garantías para el cumplimiento de la misma, reforzando y garantizando su derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumpla la ejecución de la sentencia.

Con este pionero fichero de morosidad online, la Abogacía Española ha querido avanzar en las oportunidades que ofrece la transformación digital facilitando la labor de los abogados y defendiendo el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. De esta manera, el fichero facilitará la ejecución de deudas reconocidas por resolución judicial firme superiores a 50 euros y con un máximo de cinco años de antigüedad.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad ampliar progresivamente el permiso de paternidad de jueces y magistrados hasta alcanzar en 2021 las 16 semanas, en aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó a finales de 2018. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la modificación de la duración del permiso de paternidad del que disfrutan los miembros de la carrera judicial por nacimiento de hijo supone pasar de las cinco semanas actuales a las 16 marcadas por ley.

Así la primera ampliación se hará este año (con efectos del pasado 8 de marzo) y se llegarán hasta las 8 semanas; de tal modo que en 2020 se pase hasta las 12 semanas y, finalmente, en 2021 se alcancen las 16 semanas de permiso.

El Pleno del CGPJ ha aplicado la obligación recogida en el artículo 373.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la última reforma, que establece que este órgano "tendrá la obligación de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del Pleno" cualquier modificación que se produzca para los miembros de la Administración General del Estado "y que suponga una mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito".

Así, los permisos por paternidad se adaptan a lo previsto en el real decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Además de la ampliación del permiso de paternidad, el acuerdo del pleno afecta a la licencia en caso de parto, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción; al permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses y al permiso por razón de violencia de género sobre la mujer.

Ésta es la segunda vez que el pleno del órgano de gobierno de los jueces aplica el citado precepto para equiparar la situación de los jueces y magistrados a la de otros empleados públicos, recuerda el comunicado. Lo hizo el pasado 28 de febrero, también en relación con el permiso de paternidad, que pasó entonces de cuatro a cinco semanas al equipararse al previsto en ese momento en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Abogacía se moviliza para que el Ministerio de Trabajo le exima del registro diario de la jornada en un desarrollo reglamentario. Considera que la norma es de imposible cumplimiento para esta profesión. Movilización en la Abogacía para que la profesión quede exenta de la nueva obligación de registro diario de la jornada laboral. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) intentan que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.

Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites legales. "Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario", resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo conlleva plena disponibilidad.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis de Carlos, presidente de Uría Menéndez; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de Roca Junyent, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, han expresado su preocupación con la nueva obligación en el congreso de la Abogacía que se ha celebrado en Valladolid. Coincide en esta inquietud la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que considera que "si, efectivamente, en alguna profesión choca este registro, es en la Abogacía" y se ha comprometido a actuar institucionalmente.

Es evidente que no todos los abogados con jornadas interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones (también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u 80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El sistema es duro y competitivo, pero, en términos económicos y de prestigio profesional, la recompensa es grande.

Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo. "El sistema premia a quien echa más horas", explica otra fuente. "De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez". Según ha podido saber este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la ley.

No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el instrumento que se emplee como registro.

Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es incompatible "con la naturaleza y características especiales" de la profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de los Trabajadores. "Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra exceptuar los mecanismos para evitar abusos", explica un letrado.

En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva).



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