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Los consejos de la semana

Contabilidad

Conoces las especificaciones técnicas del Proyecto SILICIE (Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales)

La Agencia Tributaria implanta un nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro electrónico de los asientos contables. 

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria se ha habilitado un acceso específico, para facilitar el cumplimiento de esta obligación, a través del portal SILICIE.

Principales novedades

- La llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales se realizará a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de los asientos contables. 

- Se define el contenido de los asientos contables a suministrar, así como los procedimientos, plazos y forma de presentación. 

- Se reducen declaraciones informativas: no serán exigibles las declaraciones de operaciones cuando la contabilidad de impuestos especiales se lleva en sede electrónica de la AEAT.

Colectivo de obligados

Estarán obligados a la llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales a través de la Sede electrónica de la AEAT los titulares de los siguientes tipos de establecimientos: 

- Fábricas  

- Depósitos fiscales  

- Almacenes fiscales 

- Depósitos de recepción 

- Fábricas de vinagre

Objeto de la Contabilidad

La contabilidad deberá reflejar los procesos, movimientos y existencias de los productos objeto de los Impuestos Especiales y, en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con ocasión del almacenamiento, fabricación o circulación.

Contenido de los asientos contables

Los datos que deben cumplimentarse para el suministro electrónico a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los asientos contables se concretan en el siguiente enlace:

Formas de llevanza de la contabilidad

La llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales a través de la Sede electrónica de la AEAT se podrá realizar: 

- Directamente en la Sede electrónica (Regla general) 

- A partir del sistema contable en soporte informático del que, en su caso, dispongan los titulares de establecimientos (Opcional)

Fiscal

Acreditación específica para personas con discapacidad Renta 2018

Para el año 2018, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) continúa prestando especial atención a las personas con discapacidad y a sus familias, en especial a aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % o que, sin alcanzarlo, necesitan la ayuda de terceras personas o tienen movilidad reducida.

A los efectos del IRPF, tienen la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Acreditación

El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas (CC.AA.). De igual manera se acreditará la necesidad de ayuda de terceras personas o la movilidad reducida (según dictamen de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las CC.AA.).

La necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse al lugar de trabajo o para desempeñarlo o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos debe acreditarse con certificado o resolución al órgano competente de las CCAA en valoración de las discapacidades (basándose en el dictamen de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las CCAA).

Se considerará acreditado un grado de discapacidad:

- Igual o superior al 33 %, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por Incapacidad Permanente para el servicio o inutilidad.

- Igual o superior al 65 %, para las personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcancen dicho grado.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de compatibilizar solicitudes de suspensión y aplazamiento deudas con Hacienda, según el fallo de la sentencia. De este modo, el Alto Tribunal estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, anulando el apartado 8 del artículo 46.

El Supremo entiende que la modificación de este apartado 8 supone un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la Ley General Tributaria, lo que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, necesaria, como reconoce el propio artículo 44.2 del reglamento, según el cual "serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes".

El Supremo recuerda que el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria impide el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

Por tanto, en este apartado, la LGT anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la firmeza de la resolución -administrativa, económico administrativa o jurisdiccional- a que dicha resolución haya sido objeto de suspensión, explica el Supremo. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 46 RGR anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión. vPor lo demás, el Alto Tribunal entiende que esta modificación reglamentaria podría generar efectos colaterales cuando, por ejemplo, el artículo 60.2 LGT prevé que no pueda admitirse el pago en especie de deudas tributarias que tengan la condición de inaplazables, respecto de las que el propio artículo 60.2 LGT remite a los supuestos del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria.

El Tribunal Supremo no comparte que el apartado 8 del artículo 46 RGR tenga por objeto únicamente la ordenación de las solicitudes y que, a estos efectos, simplemente priorice la solicitud de suspensión sobre la de aplazamiento.

"Entendemos que el apartado 8 del artículo 46 RGR no persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese "archivo" al que se refiere el art. 46.8 RGR deba tener un alcance distinto del que se decreta en los casos del art. 65.2 LGT.

De ahí, que el Consejo de Estado en su dictamen de 14 de diciembre de 2017 apuntase que "en el caso de que la solicitud de suspensión fuese desestimada, debe contemplarse expresamente la posibilidad de que el interesado no tenga que formular una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago para que esta sea resuelta por el órgano competente", advertencia que no se ha visto reflejada en el reglamento, habida cuenta de que, incluso, no se considera (se archiva) el aplazamiento o fraccionamiento aunque se hubiese formulado "con carácter subsidiario".

El abogado del Estado afirmaba que "denegada la solicitud de suspensión, nada impide, como se ha dicho, solicitar el aplazamiento, aunque pudiera calificarse esa solicitud de abusiva, pues en la normativa vigente no existe precepto alguno que lo prohíba".

"Sin entrar a considerar que esa nueva petición sea o no abusiva, lo cierto es que se trataría de una nueva petición y, obviamente, debido al discurrir procedimental -pese a que, el procedimiento correspondiente debería encontrarse suspendido mientras se resuelva la solicitud de suspensión- bien pudiese ocurrir que en el momento en el que se presenta la nueva petición las circunstancias hubiesen cambiado, lo que a la postre determinaría, una vez más, un condicionamiento añadido por vía reglamentaria que puede llegar a frustrar el ejercicio de un derecho reconocido en la ley. Consecuentemente, el apartado 8 del artículo 46 RGR debe ser anulado", subraya.

El incremento del número de trabajadores sujetos al pago de IRPF y al abono de cotizaciones sociales provocó el año pasado un incremento de la presión fiscal en España que la sitúa en su nivel máximo desde 2007. En concreto, el total de recursos tributarios –obtenidos del cobro de impuestos por parte de las administraciones públicas españolas y europeas más las cotizaciones ingresadas por la Seguridad Social– arrojaron una recaudación total de 425.394 millones de euros, lo que equivale al 35,21% del PIB. Una cota, recogida en el informe de Avance de la actuación económica y financiera de las administraciones públicas recientemente publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que España llevaba 11 años sin alcanzar.

El incremento supone un avance de 0,74 puntos respecto al 34,47% de presión fiscal registrada en 2017. La cifra deja atrás el 30,6% al que llegó a caer en 2009 tras el estallido de la Gran Recesión, lo que supuso un retroceso del peso de la recaudación tributaria a niveles de 1986. La marca recuperada, en todo caso, aún dista del máximo histórico logrado en 2007, cuando se situó en el 36,7%.

La IGAE explica que la subida de la presión fiscal se produce por la evolución de las distintas fuentes de ingresos. De un lado por el incremento de 0,51 puntos en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que aportan el 10,68% de la presión fiscal, gracias sobre todo al avance en la recaudación de IRPF (7,76% del total). Las cotizaciones sociales, a su vez, crecen 0,15 puntos (al 12,42%), debido al “incremento del número de afiliados a la Seguridad Social”, y al alza del 1,4% y el 3% en las bases máximas y mínimas de cotización, respectivamente. A su vez, los impuestos sobre la producción y las importaciones aportaron 0,14 puntos extra (al 11,96%), gracias a un aumento del 6% en los ingresos del IVA por la mejora del consumo nacional.

La recuperación del empleo en 2018, año en el que se crearon 566.200 puestos de trabajo y el paro se rebajó del 16,55 al 14.45% según la Encuesta de Población Activa (EPA), ha sido determinante en el incremento de la presión fiscal. El aumento de contribuyentes y cotizantes permitió elevar el ingreso de recursos fiscales un 5,80% interanual, lo que supera con creces el crecimiento nominal de la economía, del 3,59%, provocando ese aumento de peso de la recaudación sobre el PIB, ya que aquella crece más que este, matiza la IGAE.

A falta de la confirmación oficial de Eurostat, la Intervención General española tira de los datos de la Comisión Europea para concluir que, pese al aumento de la presión fiscal en 2018, España es aún el décimo país por la cola de toda la Unión Europea en este campo. La media de los 28 estados se sitúa en el 40,3%, llegando al 41,6% en la eurozona. A la cabeza se sitúan Francia (con una presión fiscal del 48,3%), Bélgica (47,3%) y Dinamarca (46%), mientras que las tasas más bajas son las de Irlanda (23,4%), Rumanía (26,9%) y Bulgaria (30,2%).

El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente devolver también el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad cobrado a aquellos contribuyentes que reclamaron judicialmente o a la administración y recibieron una resolución en contra antes de que el Tribunal Supremo declarara exentas estas ayudas. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras reunirse con un grupo de representantes de la Asociación de afectados por el IRPF de maternidad y paternidad.

Montero ya lanzó en diciembre un formulario digital en diciembre para permitir que los beneficiarios de estas prestaciones solicitaran la devolución del impuesto indebidamente cobrado desde 2014, último año en el que la irregularidad no habría prescrito.

El Gobierno reaccionaba así a la sentencia del Supremo del pasado octubre que declaraba exentas de impuestos estas ayudas públicas. Hacienda extendió además la devolución a los beneficiarios de la prestación de paternidad, que el tribunal no citaba expresamente, y a los funcionarías dependientes de mutuas.

Como resultado, la Agencia Tributaria devuelto ya 960 millones de euros a 734.000 contribuyentes, el 90% de los reclamantes, y confía en dar respuesta al resto de peticiones recibidas en las próximas semanas. Esta solución, sin embargo, dejó fuera a los pioneros en reclamar la devolución del tributo que ya habían obtenido un fallo judicial o una respuesta administrativa negativa antes de la sentencia del Supremo.

Tras consultar a la Abogacía del Estado, Hacienda ha extendido ahora su solución a este colectivo remitiendo hoy una orden a las delegaciones provinciales para que acepten devolver el dinero a quienes, contando ya con un fallo firme en contra, reclamen a través del formulario electrónico.

La medida está enfocada a quienes hayan cobrado la ayuda desde 2014, lo que beneficiará a un grupo numeroso que reclamó tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia Superior de Madrid de 2017. Más allá, Hacienda analizará casi a casi los procesos anteriores cuya judicialización haya interrumpido el plazo de prescripción.

El Ministerio estima que la medida supondrá la devolución de unos 11 millones de euros adicionales a cerca de 8.200 contribuyentes, según ha explicado Montero en rueda de prensa. Eli Fernández, presidenta de la asociación de afectados ha celebrado la solución, que se espera permita al colectivo recuperar su dinero en unos cuatro meses, pero ha reclamado a las haciendas forales que tomen una medida similar a la de la administración central para permitir que vascos y navarros también se beneficien.

La Agencia Tributaria inició el viernes la devolución a los funcionarios y funcionarias del IRPF indebidamente abonado por la prestación de maternidad y paternidad, entre el 2014 y el 2017. A pesar de que desde principios del pasado diciembre Hacienda comenzó a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba exento de tributación la ayuda durante el permiso de maternidad, los funcionarios no se habían podido beneficiar del fallo judicial.

Primero, Hacienda tuvo que cambiar la ley para que afectara a los empleados públicos. Y hasta hace unos días, según explicó en su momento la Agencia Tributaria, estaban recabando la información que deben aportar los pagadores de las prestaciones por nacimiento y adopción de hijos –ministerios, diputaciones, ayuntamientos– para recalcular las declaraciones de la renta de quienes hayan solicitado la devolución al fisco.

Desde los sindicatos detallaron también que otra parte de la información tiene que ser facilitada por las mutuas Muface (funcionarios de la Administración general del Estado), Mugeju (funcionarios de justicia) e Isfas (militares). El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha estimado que la devolución iba a beneficiar a casi 75.000 empleados públicos. Hasta el pasado 10 de junio, más de 734.000 madres y padres han recibido de la Agencia Tributaria el retorno de un total de 960 millones. De media, a las madres les han devuelto 2.066 euros y a los padres, 483 euros.

La AEAT recuerda sobre las prestaciones cobradas en 2018 que “los contribuyentes no deben realizar ningún trámite, dado que su declaración de la Renta de ese año, la que corresponde presentar en la actual campaña, ya incorpora las prestaciones como exentas y las retenciones soportadas son deducibles”. En todo caso, se recomienda que se revisen los datos fiscales para cercenarse de que todo es correcto.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha desestimado el recurso presentado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) a los pliegos del Programa de Turismo Social del Imserso. El Tribunal levanta la suspensión del procedimiento, que se había adoptado como medida cautelar y que fue notificada el pasado 30 de mayo. Así, sigue el procedimiento administrativo habitual y el Imserso continuará con el proceso, valorando las ofertas presentadas, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

"La documentación incorporada al expediente de contratación, unida a la escasa concreción de los argumentos aducidos de contrario por la recurrente, conducen al Tribunal a estimar que el órgano de contratación ha calculado el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, acudiendo a datos y procedimientos que permitan aproximarlos a los precios de mercado", señala la resolución. Por todo ello, concluye que "cabe concluir razonablemente que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato se han calculado atendiendo a precios de mercado".

El director general del Imserso, Manuel Martínez Domene, apunta que "se seguirá el curso habitual del procedimiento administrativo para la ejecución del programa". De esta manera, sostiene que "se hará posible, como viene siendo ya una realidad desde hace muchos años, que un gran número de pensionistas puedan disfrutar de los viajes y circuitos culturales de este programa de Turismo Social, que se ha convertido en uno de los buques insignias de los programas sociales de nuestro país".

Mola de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) impugnó a principios de mayo los pliegos del concurso de los viajes del Imserso, tras recibir luz verde de las 51 asociaciones hoteleras a las que representa “15.000 establecimientos y 1,8 millones de plazas”, por considerar que "lesionan gravemente" los intereses del sector y ser "absolutamente incompatibles" con el producto de calidad que deben ofrecer.

Tras conocer la decisión de Hacienda, alerta de que "muchos hoteles" cerrarán en invierno por las "incongruencias" de los pliegos. En cuanto a si la impugnación puede retrasar el proceso y afectar al calendario, los hoteleros defienden que la Administración tiene mecanismos para garantizar su continuidad, como prorrogarlo para un nuevo rediseño, por ejemplo.

Además, para la Cehat, el fallo es "un menosprecio al sector", que "es el principal contribuidor al sostenimiento del programa tanto en su condición de proveedor como subvencionador de estas estancias", critica. En cualquier caso, la patronal está "estudiando a fondo la resolución para plantear un recurso contencioso-administrativo" a dos meses vista desde la fecha de la citada resolución.

Según el Gobierno, el pliego actual contempla una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez del sistema de la Seguridad Social.

El director general del Imserso, Martínez Domene, destaca que se han recibido tres candidaturas. Se trata de UTE Avoris Retail Division S.L.U. y Halcón Viajes S.A.U.; Iberia Líneas Aéreas de España S.A, Operadora S.U. Integración Agencias de Viajes, S.A Next Continental Holdings, S.L.U.; y Traveltino 2009.

Estas candidaturas presentadas ante el concurso contienen más de 360 hoteles que se adhieren a los programas de viajes para jubilados. Estos grupos son los que tradicionalmente ya participan en el programa.

Laboral

Los tribunales están dictando las primeras sentencias que respaldan al trabajador y aplican la jornada a la carta que ha establecido el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades. Así lo están estipulando jueces de lo Social en fallos, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, relativos a demandas presentadas antes y después de que entrara en vigor este nuevo derecho el 8 de marzo, y así lo están incorporando sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en pleitos planteados antes de que la nueva norma alcanzara vigencia, pero que se amparan en ella. De momento afectan a cadenas de supermercados y a plantas de automóviles.

El nuevo derecho es de gran amplitud e inconcreción. Permite a los trabajadores negociar bilateralmente con la empresa la adaptación de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, que deseen en post de la conciliación. La empresa abrirá un proceso de negociación durante un máximo de treinta días. En el caso de que no haya acuerdo, se abre un procedimiento de demanda exprés muy garantista para el trabajador (ver información adjunta).

Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado, según trasladan empresas y despachos, que tienen "cola" de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una "conflictividad" y "litigiosidad" máximas que amenazan la organización empresarial, alertan. Una cocinera de un restaurante en Barcelona con turno partido de comida y cena exige un horario de 9 a 16 horas.

Las primeras sentencias afectan a peticiones de concreción horaria por reducción de jornada y los tribunales están respaldando al trabajador revocando fallos de primera instancia en el caso de los TSJ y ampliando los derechos que ya tenía el empleado en la reducción por cuidado de un menor de 12 años, explica Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas. Gracias a esta nueva norma, dictan los jueces, los trabajadores no sólo tienen derecho a reducir jornada dentro del horario que ya tienen, sino que pueden elegir modificarlo y trasladarse al turno que crean mejor para su conciliación.

La primera sentencia que aplica de forma directa la nueva norma es del Juzgado de lo Social 26 de Madrid y afecta a una cadena de supermercados. Una cajera con horario de tarde reclamó una reducción de jornada con turno de mañana, a lo que se opuso la empresa argumentando que colisionaba con la franja de mayor concentración de ventas y clientes. El juez da la razón a la trabajadora y destaca que "ha habido un hito importante que obliga a reenfocar el estado de la cuestión, habida cuenta que la solicitud es de 13 de marzo y ya había entrado en vigor el Real Decreto-ley 6/2019, que ha modificado de forma sustancial el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (ET) reconociendo el derecho de los trabajadores a adaptar la duración y distribución de la jornada, ordenación del tiempo de trabajo, e incluso la modalidad en que se trabaja, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal".

Este cambio, que el juez subraya que el legislador ha incorporado "de urgencia", debe "resolverse a favor de considerar también que se ha extendido al trabajador el derecho de adaptación cuando se reduce la jornada", concluye.

Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, recuerda a las empresas que "resulta de vital importancia una adecuada justificación cuando la solicitud no sea aceptada". Tanto es así que los tribunales ya no dan la razón a la empresa ni, aunque concrete motivos organizativos o productivos, el caso de un fallo del TSJ de Andalucía de 11 de abril para un pleito planteado antes de la entrada en vigor de la nueva norma que apoya su respaldo al trabajador en que está "corroborado por la nueva redacción del artículo 34.8 del ET por Real Decreto-ley 6/2019".

A su vez, el TSJ de Canarias no sólo da la razón el 12 de marzo a una trabajadora, sino que le otorga daños y perjuicios: "Por tanto la negativa o limitación empresarial al disfrute del derecho a la conciliación laboral y familiar bien en cuanto a la reducción o en su concreción horaria, cuando no existen razones justificadas como sucede en este caso puede generar daños".

Por su parte, el TSJ de Galicia 8 junio ha fallado a favor de una empleada de la planta de Vigo de PSA Peugeot Citroën que solicitó reducir jornada sólo por la mañana a pesar de que PSA firmó un acuerdo con el comité de empresa según el que se establecían turnos rotativos para los trabajadores con reducciones de jornada. Fermín Guardiola, socio de Laboral de Baker McKenzie, insta a las empresas a "tomarse el asunto en serio, dado que los tribunales siempre van a ser favorables a permitir adaptaciones".

El Juzgado de lo Social de Oviedo ha fallado a favor de una trabajadora a la que la empresa otorgó la reducción que pedía salvo el día de descanso, diferente al que disfrutaba hasta entonces. Otro fallo permite el cambio de turno a una empleada que ya tenía reducción a la que trasladaron de una tienda a escasos minutos de su domicilio a otro local a 20 minutos en autobús.

Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado amparándose en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades.

Así lo trasladan empresas y despachos, que tienen "cola" de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una "conflictividad" y "litigiosidad" máximas que amenazan la organización empresarial de turnos y jornadas, alertan.

Una cocinera de un restaurante en Barcelona con horario partido de comida y cena exige un horario de 9 a 16 horas. Es un ejemplo de una demanda, explica Dídac Ripollès, socio responsable de Laboral de Toda & Nel-lo, que destaca que esta novedad "va a costar más de gestionar que el registro horario, ya que supone una revolución que afecta a todas las empresas, mientras que el registro muchas ya lo tenían".

El daño a la organización puede ser importante, y los intentos de la empresa de reubicar al empleado o adaptar sus funciones se topan con negativas, añade Ripollès.

El nuevo derecho es de gran amplitud e inconcreción. Permite a los trabajadores negociar bilateralmente con la empresa la adaptación de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, que deseen en post de la conciliación.

La empresa abrirá un proceso de negociación durante un máximo de treinta días. Finalizado, por escrito, comunicará la aceptación, planteará una alternativa o manifestará la negativa. En este último caso, indicará las razones objetivas, que pueden ser económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. El trabajador tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada anterior cuando considere.

A partir de la negativa, el trabajador tiene veinte días para demandar a la empresa ante un Juzgado de lo Social según el procedimiento de urgencia que regula la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. Una vez admitida la demanda, deberá celebrarse una vista en cinco días y dictarse sentencia en tres, contra la que no cabe recurso. Sólo podría recurrir el trabajador si alega vulneración de derechos fundamentales.

En la demanda podrá acumularse la acción de daños y perjuicios al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida. Estas acciones son muy comunes, cuenta Montse Rodríguez Viñas, directora de Laboral de BDO Abogados, y también pueden ser daños morales.

Rodríguez Viñas traslada que ya tienen una "cola de clientes que se enfrenta a demandas". Considera que "sólo se puede llevar a la negociación colectiva la forma en que se solicita el derecho, por ejemplo, los plazos". Se ha encontrado un comité que pretende establecer una flexibilidad colectiva y la empresa se ha negado, ya que argumenta que tiene que ser caso por caso, y está a la espera de cómo se resuelve este conflicto.

El Banco de España ha elaborado un estudio sobre las características del empleo autónomo en la economía española, y las compara con el resto de la UE para comprobar en qué estado se encuentra. "Su dinámica es crucial para alcanzar una estructura económica competitiva que favorezca un crecimiento más innovador", señala el organismo supervisor. Sin embargo, el dibujo que arroja no es precisamente halagüeño: "Un 26% de los no asalariados declara iniciar el negocio por no disponer de otras opciones, dato solo superado por Letonia, Portugal y Austria", denuncia el Banco de España.

Y esta situación empeora entre los trabajadores por cuenta propia que tienen estudios bajos. Un 30% de ellos lo son por necesidad. En los jóvenes autónomos este porcentaje se dispara hasta el 60%. Pese a que hay más autoempleo entre los mayores de 50 y los hombres, la proporción de autónomos forzosos resulta mucho mayor entre jóvenes y mujeres.

En España, el 16% del empleo —unos 3,1 millones— es no asalariado, dos puntos porcentuales más que en la media comunitaria. En el fondo, el estudio trata de distinguir entre aquellos autónomos que tienen una idea de negocio y aquellos que entran en el autoempleo porque no encuentran otra cosa. Y el resultado es que más bien prevalece lo segundo.

Aunque hay ligeramente algo más de autónomos empleadores que en Europa —un 5% del total de trabajadores frente a un 4,5%—, España se encuentra lejos de países punteros como Alemania. En España, un tercio de los autónomos son empleadores; en Alemania, casi la mitad.

Además, en el mercado español abundan los autónomos con poca formación. El 40,5% de los autónomos y el 35,1% de los autónomos empleadores poseen estudios bajos, bastante por encima del 24,8% y el 20,1% que respectivamente se registra en la UE. "Mientras que los individuos con bajo nivel educativo tienen una mayor probabilidad de transitar involuntariamente por motivos de necesidad, los individuos con un nivel educativo más alto son más propensos a encontrar oportunidades de negocio y acceder por motivos de oportunidad", explica el documento.

A este fenómeno contribuye el hecho de que en España se cuente con una población muy polarizada por nivel educativo, con muchos estudios superiores y bajos pero poca gente con unas cualificaciones intermedias, indica el estudio.

Según apunta el Banco de España, también desempeña un papel decisivo el peso que tienen en el empleo autónomo sectores como la agricultura, la hostelería, el comercio y el transporte. En todos ellos destaca poco la innovación, algo consustancial a un emprendimiento de calidad. Por el contrario, presentan un menor peso que en Europa las profesiones liberales, un colectivo de mayor formación.

Otra razón de esta mayor dependencia del empleo autónomo reside, obviamente, en la crisis. Durante los primeros años de recesión se observó una caída muy intensa en el empleo no asalariado, incluso mayor que en el asalariado. Y la destrucción fue todavía más virulenta en la tasa de autónomos empleadores. Pero a partir de 2011 la proporción de autónomos repuntó desde su mínimo histórico, "posiblemente como respuesta a la dificultad para encontrar un empleo asalariado" y conforme "se enfrentaban al progresivo agotamiento de las prestaciones por desempleo", dice.

Además, a partir de 2013 recibieron el incentivo de una tarifa plana para el pago de las contribuciones a la Seguridad Social. Respecto a la tarifa plana, cita un estudio que concluye que esta ayuda al emprendimiento "no tuvo un efecto significativo sobre la supervivencia" del empleo autónomo. Una vez se inició la recuperación, la ocupación asalariada creció a un ritmo mayor que por cuenta propia, dice el papel del servicio de estudios del banco.

En cuanto a la riqueza media de los hogares con un cabeza de familia autónomo, estos son en toda Europa más ricos que los asalariados. En España presentan, de media, unas 2,8 veces más de patrimonio, en línea con la que es habitual en la UE.

Los sindicatos UGT y CC OO acaban de recibir un revés judicial en su batalla por la correcta aplicación del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales en 14 pagas (12.600 euros anuales). La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que dice claramente que los complementos salariales e incluso una “prima de producción” son absorbibles por el nuevo salario mínimo. Esto quiere decir que dichos pluses deben computar a la hora de tener en cuenta que la retribución anual del trabajador llegue a los 12.600 euros al año, que es el mínimo exigido por la ley para 2019.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado una demanda de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, a la que se adhirieron también CC OO y USO. En este conflicto colectivo, los abogados de UGT perseguían que el tribunal declarase la obligación de la empresa de abonar el salario mínimo de 900 euros y 14 pagas, “adicionando” a dicho importe tanto los complementos salariales que los trabajadores venían percibiendo (según el artículo 35 del convenio colectivo de referencia de la empresa) como el concepto denominado “prima de producción”.

Por su parte, la Federación de Servicios de CC OO, añadió que “la prima de producción es un complemento salarial que retribuye un mayor esfuerzo de los trabajadores, por lo que no cabe compensarla o absorberla con el SMI”. Con estos argumentos, los sindicatos pretendían que los trabajadores de la empresa demandada, que se dedica a la lectura, instalación y mantenimiento de contadores, por cuenta de terceras empresas, abonaran además de los 12.600 euros anuales de salario mínimo, los complementos salariales y la prima de producción.

Sin embargo, en el resumen de esta sentencia, los magistrados de la Audiencia Nacional, indican que “se descarta que no quepa la compensación y absorción de los complementos salariales, así como de la prima de producción”. Esto significa que dichos pluses sí son absorbibles, con lo que deberán contar para llegar al salario mínimo de 12.600 euros anuales.

De hecho, es el caso de esta empresa en el que el salario mensual medio en 2018 ascendió a 889,77 euros; la media del plus de productividad ascendió a 190 euros mensuales y la paga de beneficios a 342,51 euros anuales. Por ello, los trabajadores recibieron una media de 11.019 euros anuales que se elevaron a 13.300 euros con la prima de productividad.

Entre sus argumentos, la Audiencia Nacional desestima la pretensión de los sindicatos “porque las reglas de compensación no pueden desbordar el mandato legal, donde queda perfectamente claro que, la compensación y absorción está referida, en su conjunto al cómputo anual, con el propio SMI, es decir, con 12.600 euros anuales en 2019”. Es más, dicho resumen de la sentencia añade que “si n o fuera así, se desbordaría la finalidad del SMI y se vaciaría de contenido la negociación colectiva y la autonomía de las partes”.

El actual equipo del Ministerio de Trabajo que está en funciones, tiene la intención, si sigue el frente de este departamento, de reactivar la creación y publicación de una lista de empresas morosas con la Seguridad Social.

Se trataría, en principio, de hacer públicos los nombres de las compañías que no estén al corriente de pago de las cotizaciones sociales de sus empleados, según han confirmado fuentes de Trabajo.

La publicación de esta lista, similar a la que ya publica el Ministerio de Hacienda con los nombres de los morosos con el fisco, fue anunciada por primera vez en octubre de 2018 por el secretario de Estado de la Seguridad Social, hoy en funciones, Octavio Granado.

La intención primera del equipo de Trabajo fue incluir esta nueva lista de morosos en los Presupuestos Generales para 2019, ya que requería hacer cambios en la Ley General de Seguridad Social. Sin embargo, estos presupuestos no vieron la luz por falta de apoyos parlamentarios. Y, en el caso de esta medida, se descartó llevarla a cabo por real decreto, algo que también se habían planteado en un primer momento.

Según los planes que tenían quienes diseñaron esta lista desde la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el umbral de deuda por impago de cotizaciones que llevaría a las empresas a aparecer quedaría fijado por regla general en un millón de euros.

No obstante, la medida debería desarrollarse posteriormente en un reglamento que precisaría asuntos como si se podría descender del umbral de un millón de deudas en algún caso para ser incluido en la lista, o si además del nombre de la empresa morosa se haría también público el nombre de sus administradores, por ejemplo.

De momento, la Seguridad Social ya detectó más de 1.100 empresas que adeudaban más de un millón de euros al sistema por impagos de cotizaciones sociales.

Pero, en general, la tasa de morosidad de la Seguridad Social es baja y el pasado año se situó en el entorno del 1%, muy cerca del mínimo histórico del 0,96%.De una cota que en este organismo creen que será difícil de mejorar.

Mercantil, civil y administrativo

España se librará finalmente de la multa de hasta 80 millones que estudiaba la Justicia Europea por el retraso en aprobar la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio, después de que Bruselas haya comunicado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que la transposición de las normas europeas es correcta y haya retirado su denuncia.

En concreto, la Comisión Europea comunicó a la Secretaría del tribunal de Luxemburgo que considera que España ha trasladado correctamente la directiva europea a la legislación española y, en consecuencia, ha notificado su desistimiento formal del caso, según han confirmado varias fuentes europeas. El Ejecutivo comunitario formalizó este procedimiento el pasado 16 de junio, el día que entró en vigor la nueva ley hipotecaria.

Esto significa que ya no habrá una sentencia condenatoria, sino un auto con el que el Tribunal formalizará el cierre del caso. Según establece el reglamento del TUE, cuando un demandante informa de que desiste del procedimiento, el presidente ordenará el archivo del asunto.

La Justicia europea, no obstante, tendrá que dirimir qué parte del asunto es responsable del pago de las costas. En estos casos, el reglamento establece que es el demandante que desiste el que tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero esta responsabilidad puede trasladarse a la parte denunciada "si se estimase que la actitud de ésta última lo justifica".

Bruselas denunció a España ante la Justicia Europea en abril de 2017 porque todavía no había aprobado una nueva ley que trasladase al acervo nacional la directiva sobre créditos hipotecarios, algo que debería haber hecho como muy tarde el 21 de marzo de 2016. Las autoridades europeas pidieron al Tribunal que impusiese una multa de 106.000 euros por cada día de retraso en aprobar estas normas desde el día del fallo.

El caso seguía su curso en el tribunal con sede en Luxemburgo mientras las autoridades comunitarias analizaban la adecuación de la nueva legislación española, que fue aprobada por el Congreso finalmente a finales de febrero de este año.

Los líderes de la Unión Europea (UE) fracasaron este jueves en su intento de cerrar un acuerdo sobre la renovación de la jefatura de sus principales instituciones y convocaron una nueva cumbre el 30 de junio para consensuar los nombres antes de que empiece a funcionar la nueva Eurocámara.

El objetivo de la primera jornada de la cumbre celebrada hoy en Bruselas era decidir quiénes ocuparán la presidencia de la Comisión Europea, la del Consejo Europeo, el cargo de alto representante para la Política Exterior Comunitaria y la presidencia del Banco Central Europeo, un puesto este último que responde más a criterios técnicos que políticos pero que se ha incluido en el paquete.

"No hubo una mayoría para ningún candidato. El Consejo Europeo acordó que es necesario tener un paquete reflejando la diversidad de la UE. Nos reuniremos de nuevo el 30 de junio", explicó el presidente del Consejo, Donald Tusk, en una rueda de prensa al término del encuentro.

Tras abordar a primera hora de la tarde los puntos relativos a asuntos exteriores o cambio climático, los líderes de los Veintiocho celebraron una cena centrada en el reparto de cargos, a puerta cerrada, sin asesores ni teléfonos móviles, que se prolongó unas cuatro horas sin conseguir forjar un consenso.

Pese a que en los últimos días y horas los contactos entre jefes de Gobierno, familias políticas y con el Parlamento Europeo se han intensificado, el encuentro comenzó ya con pocos visos de permitir un acuerdo que debe conseguir un difícil equilibrio entre familias políticas, países del norte y sur, este y oeste, y de género.

El Partido Popular Europeo (PPE), ganador de los comicios europeos, reclama la presidencia de la Comisión Europea y respalda para ello al alemán Manfred Weber, su cabeza de lista -"Spitzenkandidat" en la jerga comunitaria- en las elecciones.

Por su parte, el candidato socialista es el vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, mientras que la liberal es la comisaria danesa de Competencia, Margrethe Vestager. Ninguno de ellos logró este jueves el apoyo mayoritario de los líderes, pero esto no significa que hayan quedado automáticamente fuera de la contienda.

"Necesitamos más tiempo para discutir todo el panorama y por eso volveremos sobre tema a finales de junio. Hoy es demasiado pronto para prejuzgar nombres y puestos", dijo Tusk. "Estoy convencido de que el proceso en curso, el 'Spitzenkandidaten", no ha llegado a término, pero veremos qué dice la autopsia", añadió el todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy y mañana en Bruselas con el objetivo de nominar a los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo, un enmarañado sudoku que quieren resolver a toda costa antes de la primera sesión de la Eurocámara el próximo 2 de julio. Sobre la mesa de negociación está un reparto de poder sin precedentes en la Unión Europea: la presidencia de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, así como el cargo de responsable de la política exterior comunitaria y el del jefe del Banco Central Europeo (BCE).

"Hay diferentes puntos de vista, diferentes intereses, pero también una voluntad común de finalizar este proceso antes de la primera sesión del Parlamento Europeo", señaló el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la carta de invitación que ha enviado a los presidentes y primeros ministros de los países de la UE.

El reparto institucional deberá ser validado por mayoría cualificada reforzada en el Consejo, es decir, con el respaldo del 72% de sus miembros (21 países) que representen al 65% de la población de la UE, aunque la intención es lograr un consenso. Resulta difícil pensar que se pueda alcanzar un acuerdo que no cuente con el apoyo de París y Berlín, señalan fuentes diplomáticas.

El exministro polaco, que ejerce de mediador de los Veintiocho y seguirá hablado hasta el inicio de la cumbre a las 15.00 horas con capitales y partidos para intentar avanzar en las negociaciones, se dice "cautelosamente optimista" ante la perspectiva de alcanzar un acuerdo durante la cumbre europea, aderezada con muchas reuniones bilaterales entre países para intentar acercar posturas.

Las legaciones diplomáticas, y los presidentes y primeros ministros que últimamente multiplican sus reuniones con homólogos europeos, evitan enseñar sus cartas en público y se limitan a mencionar los criterios que pesarán en la decisión, como la procedencia, el género o la familia política de los nominados.

Se trata, en definitiva, de buscar un "equilibrio" que contente al menos a populares, socialistas, liberales y verdes, pues quien ejerza la presidencia de la Comisión Europea tendrá que ser respaldado por la mayoría del Parlamento Europeo, en un "paquete" de nombramientos que satisfaga también a los países del este, del sur y del centro-norte, y que apunte hacia un reparto equitativo en términos de género.

El mejor situado, en teoría, debería de ser el alemán Manfred Weber, cabeza de lista de los populares en las elecciones europeas que ganaron los conservadores y candidato al que refrenda la canciller germana, Angela Merkel, aunque se le critica su falta de experiencia de Gobierno, un requisito que muchos ven fundamental para dirigir el Ejecutivo comunitario.

En la mesa también están los nombres del candidato socialista y vicepresidente primero de la CE, el holandés Frans Timmermans, o del negociador europeo del "brexit", el conservador francés Michel Barnier. En clave femenina suenan la eurocomisaria de Competencia y candidata liberal, la danesa Margrethe Vestager, la máxima responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, la excomisaria europea y actual directora general del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, o incluso Angela Merkel.

La última reunión del Banco Central Europeo ya incluyó un viraje en sus perspectivas sobre política monetaria, al adoptar un sesgo más bajista sobre los tipos de interés. Lejos de contener las expectativas de nuevos estímulos que desató entonces en los mercados, la intervención este martes de Mario Draghi en el foro de Sintra (Portugal) multiplicó las opciones de nuevas medidas extraordinarias en los próximos meses. Draghi, en su última intervención en el foro de Sintra como presidente del BCE, recalcó que la institución monetaria está preparada para utilizar todos los instrumentos disponibles para asegurar su objetivo de una inflación próxima al 2%.

Pocos minutos después de la intervención de Draghi, Eurostat confirmó un repunte de los precios de la eurozona del 1,2% en mayo, el dato más bajo en más de un año. Si los niveles de inflación no se reactivan, serán necesarios más estímulos, según reconoció el presidente del BCE.

En su advertencia, Draghi no se limitó a recordar la predisposición del banco central a adoptar nuevos estímulos monetarios. Aseguró que no aceptarán unas tasas persistentemente bajas de inflación, y añadió que todas las opciones barajadas para alcanzar su objetivo ya fueron objeto de debate durante la última reunión del BCE, la celebrada el pasado 6 de junio. El propio presidente del BCE comentó, públicamente, las opciones barajadas, que pasan tanto por una rebaja de los tipos de interés como por la reactivación de su programa de compra de deuda.

Los mensajes del presidente del BCE, cuyo mandato expira el 31 de octubre, apuntó además a que las novedades en su política monetaria podrían materializarse a corto o medio plazo. En el foro de Sintra adelantó que el consejo de gobierno del BCE debatirá "en las próximas semanas" sobre cómo podrían aplicarse los estímulos para mitigar los riesgos que amenazan la estabilidad de precios.

Entre las frases que más ha llamado la atención a los analistas figura la que apunta directamente a una reactivación de su programa multimillonario de compra de deuda. Draghi dejó claro que aún existe un margen considerable para poner en marcha un nuevo programa de adquisición de activos, a pesar de las dudas de los analistas sobre la saturación del mercado a raíz de las compras llevadas a cabo por el banco central.

Frases como esta última contribuyeron a acelerar de nuevo las compras de deuda en el mercado secundario, hasta el punto de provocar nuevos mínimos históricos en la rentabilidad del bono español a diez años. El lunes cerró por encima del 0,50%, pero ayer acabó el día en el 0,39%.

A los descensos en el interés de la deuda, que evoluciona de manera inversa a su precio, contribuyen también las expectativas de una próxima rebaja de los tipos de interés por parte del BCE. Los mercados monetarios ya descuentan por completo un recorte de tipos para la reunión de diciembre del BCE, según recoge Reuters. En el mercado de divisas, el euro comenzó la sesión reforzado por encima del nivel de 1,12 dólares. Pero a raíz de los comentarios de Draghi giró a la baja hasta registrar mínimos intradías por debajo de los 1,12 dólares.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha terminado con el principal argumento de queja de los bancos en los últimos años, cuando dicen que no pueden ser rentables por los tipos de interés negativos. "En el Banco Central Europeo hemos estudiado las consecuencias que tienen los bajos tipos de interés. En su conjunto, el efecto neto es positivo para los bancos. Si bien es cierto que reducen el margen financiero de las entidades, también favorecen que los créditos crezcan más de lo que lo harían en otra situación, algo bueno para los bancos, y mejora la capacidad de pago de los clientes, lo que reduce la morosidad, uno de sus grandes problemas históricos, y permite que puedan vender carteras de activos dañados", ha apuntado Cos.

Hernández de Cos ha inaugurado el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, en donde estuvo acompañado por el presidente del BBVA, Carlos Torres, entidad que patrocina el evento. Sobre la opinión del Banco de España, Torres no ha entrado en el debate de fondo y ha apuntado que la perspectiva actual es que se retrase la subida de tipos "no tanto que se produzca una nueva bajada. Ya solo este retraso en subir los tipos hace más difícil elevar la rentabilidad; el BBVA ha mejorado la rentabilidad reduciendo gastos y continuaremos haciéndolo". Ha añadido que la perspectiva es que la Reserva Federal, en lugar de subir tipos, como se esperaba antes, "proceda a realizar bajadas".

No obstante, el gobernador ha comentado, en línea con lo expresado por Mario Draghi, presidente del BCE hace unos días, que si se tomaran nuevas medidas respecto a los tipos de interés o potenciar economía "analizaríamos que efectos tiene en la banca porque es el sector que trasmiten los instrumentos que nosotros utilizamos".

El Banco de España ha realizado un repaso de todas las deficiencias de la banca, además de la baja rentabilidad que está por debajo del coste de capital, "una situación difícil de sostener a largo plazo", ha señalado Hernández de Cos. También les ha reclamado un mayor descenso de la morosidad, que vigilen los crecientes impagados en el crédito al consumo y les alertó de que un potencial ajuste a la baja de los precios de la vivienda tendría un impacto negativo, "aunque de menor cuantía" que, en la anterior crisis, en las entidades de depósito.

Sobre la burbuja inmobiliaria pasada en España ofreció dos datos desconocidos y de gran relevancia: en aquellos años, la banca concedió el 50% de las hipotecas por encima del valor de tasación y, en segundo lugar, “el peso del sector inmobiliario, en un sentido amplio, se situó en 2008 en el 99% del PIB”, cifra que ha caído al 52% en 2018. En este cálculo incluye el crédito para la adquisición de vivienda, más crédito para empresas de construcción y otras relacionadas.

Sector

El Consejo General de la Abogacía Española ha estrenado su Registro de Impagos Judiciales (RIJ). A partir de ahora, los abogados, previa autorización de sus clientes, podrán incluir en este fichero las deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme. De esta forma, el resto de compañeros podrán consultar esta información en la propia plataforma online.

La empresa que se encargará de gestionar este registro de impagados es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, Icired, con Informa D&B y Everis como socios de este proyecto.

"Este registro va a suponer un avance claro contra la morosidad en España y va a favorecer la ejecución de las sentencias", manifestó Juan María Sáinz, consejero delegado de Informa D&B, durante la presentación del RIJ. "Nuestro objeto social es colaborar en la transparencia mercantil y estos ficheros de incidencias o impagados judiciales que no existían hasta ahora nos pareció una innovación y una novedad importantísima", añadió.

Resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro con validez en toda España. Por primera vez los abogados contarán con un registro para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados.

Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española, destacó que "este sistema se basa en la colaboración". Bonmatí explicó que "los abogados somos los que pondremos la información en la plataforma y somos todos nosotros los que nos beneficiaremos de ella".

En 2017 y según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han ejecutado más de 2,39 millones de sentencias que han dado lugar a 1.936.796 títulos judiciales, 394.414 ejecuciones penales y 44.632 ejecuciones en la jurisdicción social, además de las 6.670 reclamaciones de cantidad derivadas de laudos arbitrales. Miles de estas sentencias o laudos arbitrales quedan incumplidos o tienen un cobro infructuoso.

El Registro de Impagados Judiciales nace como una herramienta al servicio de la justicia y del ordenamiento jurídico español, que dota a los acreedores que han visto reconocido su derecho al cobro de una deuda por resolución judicial firme, de mayores garantías para el cumplimiento de la misma, reforzando y garantizando su derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumpla la ejecución de la sentencia.

Con este pionero fichero de morosidad online, la Abogacía Española ha querido avanzar en las oportunidades que ofrece la transformación digital facilitando la labor de los abogados y defendiendo el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. De esta manera, el fichero facilitará la ejecución de deudas reconocidas por resolución judicial firme superiores a 50 euros y con un máximo de cinco años de antigüedad.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad ampliar progresivamente el permiso de paternidad de jueces y magistrados hasta alcanzar en 2021 las 16 semanas, en aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó a finales de 2018. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la modificación de la duración del permiso de paternidad del que disfrutan los miembros de la carrera judicial por nacimiento de hijo supone pasar de las cinco semanas actuales a las 16 marcadas por ley.

Así la primera ampliación se hará este año (con efectos del pasado 8 de marzo) y se llegarán hasta las 8 semanas; de tal modo que en 2020 se pase hasta las 12 semanas y, finalmente, en 2021 se alcancen las 16 semanas de permiso.

El Pleno del CGPJ ha aplicado la obligación recogida en el artículo 373.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la última reforma, que establece que este órgano "tendrá la obligación de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del Pleno" cualquier modificación que se produzca para los miembros de la Administración General del Estado "y que suponga una mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito".

Así, los permisos por paternidad se adaptan a lo previsto en el real decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Además de la ampliación del permiso de paternidad, el acuerdo del pleno afecta a la licencia en caso de parto, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción; al permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses y al permiso por razón de violencia de género sobre la mujer.

Ésta es la segunda vez que el pleno del órgano de gobierno de los jueces aplica el citado precepto para equiparar la situación de los jueces y magistrados a la de otros empleados públicos, recuerda el comunicado. Lo hizo el pasado 28 de febrero, también en relación con el permiso de paternidad, que pasó entonces de cuatro a cinco semanas al equipararse al previsto en ese momento en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Abogacía se moviliza para que el Ministerio de Trabajo le exima del registro diario de la jornada en un desarrollo reglamentario. Considera que la norma es de imposible cumplimiento para esta profesión. Movilización en la Abogacía para que la profesión quede exenta de la nueva obligación de registro diario de la jornada laboral. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) intentan que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.

Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites legales. "Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario", resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo conlleva plena disponibilidad.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis de Carlos, presidente de Uría Menéndez; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de Roca Junyent, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, han expresado su preocupación con la nueva obligación en el congreso de la Abogacía que se ha celebrado en Valladolid. Coincide en esta inquietud la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que considera que "si, efectivamente, en alguna profesión choca este registro, es en la Abogacía" y se ha comprometido a actuar institucionalmente.

Es evidente que no todos los abogados con jornadas interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones (también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u 80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El sistema es duro y competitivo, pero, en términos económicos y de prestigio profesional, la recompensa es grande.

Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo. "El sistema premia a quien echa más horas", explica otra fuente. "De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez". Según ha podido saber este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la ley.

No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el instrumento que se emplee como registro.

Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es incompatible "con la naturaleza y características especiales" de la profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de los Trabajadores. "Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra exceptuar los mecanismos para evitar abusos", explica un letrado.

En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva).

Programador de smart contracts, asesor de criptomonedas o experto en derechos de autor de objetos impresos en 3D. Quizá suene futurista, pero estas tres son algunas de las nuevas funciones que, antes de lo que se cree, tendrán que asumir los abogados y, por tanto, que surtirán de negocio a los bufetes. Así lo revela el informe Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El informe, que ha sido presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid, explora el impacto que están teniendo en el sector jurídico los avances científicos más disruptivos. Para ello, identifica seis ejes tecnológicos principales: blockchain, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial (IA), objetos conectados (internet of things) e innovaciones médicas.

En el ámbito del blockchain, el impacto es significativo. Esta tecnología, que se basa en un hilo de información estructurada en bloques enlazados y cifrados unos con otros, aporta un plus de protección, seguridad y privacidad a los procesos y transacciones, convirtiéndose en una atractiva oportunidad de negocio. No obstante, el estudio señala que todavía no existe una certeza sobre dónde se dirige esta tecnología y qué tipo de aplicaciones surgirán de la misma. Lo que sí está claro es que, de sus aplicaciones, hay una que va a generar un profundo impacto en el sector legal: los smart contracts.

Como su propio nombre indica, un contrato inteligente es un registro informático digital entre dos o más partes que facilita el cumplimiento un acuerdo de manera automática. Es el propio sistema el que identifica de forma autónoma si se han cumplido las condiciones acordadas por las partes. No necesita por tanto un tercero que lo verifique, agilizando de manera significativa el proceso.

El uso de este sistema es ya una realidad en sectores como el energético, la banca, telecomunicaciones o seguros. Concretamente, la compañía Fizzy Axa, especializada en seguros de vuelo, ofrece un servicio por el cual el cliente introduce el número de vuelo y la plataforma verifica si se ha producido un retraso de más de dos horas. De ser así, abona el importe de la compensación automáticamente, sin que el pasajero tenga que proceder al engorroso trámite de reclamar.

En este sentido, el informe revela la aparición de nuevas prácticas como asesor o programador de smart contracts, en las que los abogados podrán elaborar plantillas de contratos inteligentes de, por ejemplo, compraventa o de alquiler. Asimismo, los colegios de abogados podrían ofrecer un servicio de certificación por el que se garantice que los contratos son ajustados a derecho, otorgando “sellos de calidad”.

Por otro lado, las criptomonedas, divisas basadas en la metodología blockchain, también ofrecen una oportunidad a las firmas, que podrán asesorar sobre su uso a los clientes. Además, el informe sugiere que, en determinadas circunstancias, los bufetes con clientes internacionales pueden admitir esta moneda para el cobro de sus servicios.

El XII Congreso Nacional de la Abogacía, que ha reunido entre el 8 y el 11 de mayo a 2.500 congresistas y ponentes, concluyó con la lectura de la Declaración de Valladolid, texto en el que la profesión quiso reafirmar "su compromiso con un futuro de progreso, paz y convivencia, basado en los mismos valores que han inspirado este periodo democrático" y en el que se mostró la confianza y el apoyo de la Abogacía en "el proyecto común de convivencia europea más ilusionante de nuestra historia reciente". Justo antes de las elecciones del 26 de mayo, el documento afirma que "Europa, hoy más que nunca, es una obligación y una responsabilidad".

Además de estos primeros aspectos, la Declaración de Valladolid también pone sobre la mesa ciertos aspectos que, a sus ojos, deben mejorar profundamente. En este sentido, y frente a la lentitud e incumplimiento de plazos, por la desorganización y burocracia, por el déficit y escasez de órganos judiciales y medios, por los problemas de personal y de planta judicial, la Abogacía reitera su compromiso y disponibilidad "para abordar su imprescindible reforma estructural que sólo podrá realizarse a través de un gran Pacto de Estado desde el diálogo, el consenso y la participación de todos los colectivos implicados".

Otro aspecto que destaca el documento, y sobre el que existe un acuerdo generalizado, es la necesidad de promulgar definitivamente una ley orgánica que regule el derecho de defensa. Según el texto, la aprobación de esta normativa serviría para cerrar "el circulo de garantías constitucionales de la ciudadanía, situando a nuestro país en la vanguardia de la protección de sus derechos y preservando, al máximo nivel, el secreto profesional como elemento esencial sobre el que se sostiene el ejercicio de nuestra profesión y el derecho de defensa".

La Abogacía no se olvida de tratar en la Declaración de Valladolid la modernización y tecnificación que está viviendo la sociedad y la propia profesión jurídica. Por esa razón, y aunque la tecnología abra nuevos horizontes y oportunidades para el ejercicio de la profesión, se constata "la necesidad de acometer con urgencia nuevas regulaciones y reformas sustantivas que protejan de modo eficaz los derechos de la ciudadanía y, en especial, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la igualdad".

El documento insiste en la necesidad de avanzar "en la protección de los datos personales en los procesos judiciales, a la vez que se hace preciso un esfuerzo en la formación de los profesionales de la abogacía en relación con el uso de la tecnología. La transformación digital -insiste el texto- ha de ser siempre un instrumento para la mejor defensa de los derechos de la ciudadanía y no exclusivamente una herramienta comercial y de negocio".

La abogacía española muestra en el texto su inquietud y compromiso por buscar soluciones a los problemas de la sociedad y por promocionar y defender los derechos humanos y la garantía del derecho universal de acceso a la Justicia. Por esta razón, el documento insiste en que el "sistema de justicia gratuita es un servicio público, ajeno a las leyes del mercado y la competencia, que garantiza el derecho de acceso a la justicia, con profesionales con un alto compromiso".

Los letrados no olvidan las desigualdades y las nuevas luchas de la sociedad, por lo que afirman dentro de estas conclusiones del XII Congreso Nacional de la Abogacía que también "es prioritaria la atención a los problemas derivados de los fenómenos migratorios, evitando toda clase de xenofobia, exclusión, discriminación o desigualdad", y hace igualmente hincapié en la marcada función social que tienen y que les obliga a implicarse también "en el derecho al medio ambiente, comprometiéndonos en la defensa de la sostenibilidad de nuestro mundo y haciendo realidad los objetivos de desarrollo sostenible".

Los dos últimos puntos de la Declaración de Valladolid, las principales conclusiones de este XII Congreso de la Abogacía, se centran en la defensa de la igualdad -"un desafío colectivo que requiere de un profundo cambio cultural, que implica compromiso, voluntad y firmeza para impulsarlos"- y en el futuro de la profesión: los jóvenes abogados.



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