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Los consejos de la semana

Laboral

Cómo y cuándo puede un autónomo elegir lo que paga a la Seguridad Social

Los trabajadores autónomos pueden modificar su base de cotización. De este modo, cuanta más cuota paguen mejores coberturas obtendrán a la hora de una baja por enfermedad o de su jubilación, entre otras cosas.

Este trámite, que se realiza a través de la Seguridad Social, permite solicitarlo a todos los autónomos registrados en el RETA. El plazo durante el cual puede efectuarse este cambio se sitúa entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efectos del cambio el 1 de abril.

Ocurre lo mismo entre el 1 de abril y el 30 de junio, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y, por último, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Actualmente, los trabajadores por cuenta propia pueden realizar tantas solicitudes como desee, siendo únicamente la última petición realizada la válida, siempre que se haya realizado dentro de los plazos indicados.

Cómo modificar la base de cotización

Los autónomos interesados pueden realizar este trámite de manera telemática. Para ello, deberán acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social, y dentro del aparato “Empresas” hacer clic sobre la opción de afiliación e inscripción.

Una vez ahí, tendrás que seleccionar la opción de cambio de base de cotización en el régimen espacial de trabajadores autónomos.SI aún no dispones de certificado digital puedes hacerlo con usuario y contraseña o con cl@ve.

Los requisitos técnicos son disponer de Windows 7 o superior, MAC OSX 00000 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 o Linux mientas que soporte Firefox. Para los otros dos sistemas operativos anteriormente indicados podrás usar Internet Explorer en versión 9 o superior, Microsoft Edge, Chrome, Safari o Firefoz.

Mercantil, civil y administrativo

Proceso de gestión al Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial

Para las PYMES y grandes empresas del sector industrial a las que hace referencia el artículo 2.2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética, se conceden ayudas con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final.

Aunque los beneficiarios directos son las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, éstas tienen la obligación de destinar el importe de las mismas a las PYMES y grandes empresas del sector industrial que tengan la consideración de destinatarios últimos.

Las ayudas son transferidas por el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) a los beneficiarios directos (CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla), y éstos deberán destinarlas a los destinatarios últimos (PYME y gran empresa). Para obtener esta última consideración y formular solicitud, las entidades han de cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto y en la correspondiente normativa de la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los destinatarios directos efectuarán la convocatoria correspondiente en un plazo no inferior a dos meses ni posterior a cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto, que se producía el día siguiente al de su publicación en el BOE, mediante la publicación de la misma en el diario oficial que corresponda.

A partir de ahí, las solicitudes de ayuda podrán cursarse a partir del momento en que los destinatarios directos lo indiquen en las respectivas convocatorias, hasta la conclusión de su vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.

b) Que se llegue al 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible.

A la finalización del período de vigencia de la correspondiente convocatoria no serán admitidas más solicitudes debiendo la comunidad o ciudad autónoma reembolsar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética el remanente presupuestario a esa fecha. Estos remanentes se podrán reutilizar para siguientes convocatorias con el mismo fin.

Las solicitudes se presentarán en las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla donde esté ubicada la actuación y deberán presentarse de forma electrónica a través de un formulario de solicitud, de tratarse de personas jurídicas y en el resto de supuestos recogidos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.

El formulario de solicitud de ayuda se acompañará de la documentación requerida en las correspondientes convocatorias, recogiendo la documentación que aparece en el anexo III del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, para justificar la cofinanciación con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en su caso, salvo que los órganos instructores de las comunidades o ciudades autónomas habiliten los medios electrónicos o de otro tipo necesarios para realizar por ellos mismos la comprobación de alguno o de todos los extremos referidos.

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.

La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda corresponde a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud.

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de veinticuatro (24) meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.

La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el destinatario último de las ayudas deberá aportar la documentación requerida por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias para cada actuación elegible, así como la necesaria para justificar la cofinanciación con fondos FEDER.

Los destinatarios directos llevarán a cabo un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del coste declarado por los destinatarios últimos de las ayudas, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.

Comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario último de las ayudas, así como la entrega de toda documentación exigida dentro del plazo establecido, el órgano competente de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ordenará el pago de la subvención, con expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la cofinanciación FEDER, en su caso.

Si el destinatario último de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación no se pagará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El carácter automático de las sanciones de Hacienda por la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero ha quedado limitado tras la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que anuló una de estas multas. "La Administración no podrá iniciar expedientes sancionadores con el automatismo con el que lo hacía hasta ahora", explica Esaú Alarcón, asesor fiscal y abogado del contribuyente en Gibernau Asesores.

El motivo es la decisión del TEAC de 14 de febrero de 2018. Este Órgano anula y asegura que no procede una de estas sanciones, que ascienden al 150 por ciento de la ganancia patrimonial imputada por Hacienda. "Es un primer paso para que al final se convierta en una sanción que, además de cumplir con el hecho que da lugar a la sanción, el contribuyente ha de tener una mínima culpa en ello", explica Alarcón.

Javier Gómez Taboada, miembro de la directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca que la resolución no entra tanto en las cuestiones de fondo de la declaración de bienes en el extranjero, sino que centra su decisión en la demostración de la culpabilidad. "Si los tribunales encuentran aquí el argumento para liberarnos de esta espada de Damocles, bienvenido sea", añade.

Según exige la ley, Hacienda debería aplicar la multa prevista en estos casos. Sin embargo, la resolución del TEAC ha añadido la demostración de la culpabilidad del contribuyente para sancionar. "Realmente es el único punto al que se pueden agarrar los tribunales es la falta de culpabilidad demostrada", explica Gómez Taboada.

En la misma línea, Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting que denunció el Modelo 720 ante la Comisión Europea, señala que "el TEAC no se pronuncia sobre la proporcionalidad de la sanción 150 por ciento y su adecuación o no al derecho UE porque la anula por insuficiente motivación de la culpabilidad".

Sin embargo, tanto él como Esaú Alarcón valoran positivamente la resolución. "Va a dar mucha tranquilidad a mucha gente", indica Alarcón. "Tiene una importancia muy psicológica porque hay mucha gente que tenía dinero fuera y no lo presentó en su día, como es el perfil de este caso: una persona mayor que generó el patrimonio hace muchos años y que ahora ha presentado la declaración fuera de plazo", explica.

Abigail Blanco, socia del Departamento Tributario de Garrigues, destaca que la resolución "permite cierto optimismo y que las regularizaciones voluntarias no conlleven la imposición de la sanción del 150 por ciento sobre la deuda correspondiente al incremento no justificado de patrimonio". Sin embargo, Blanco precisa que "habría sido deseable que el TEAC se hiciera eco adecuadamente de la clara vulneración por la normativa española de principios fundamentales del derecho de la UE y de diversos principios constitucionales".

Los especialistas señalan a la Unión Europea como la esperanza final para eliminar estas sanciones. Precisamente, la Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720).

Según Bruselas, esta obligación tributaria española infringe cinco derechos fundamentales recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según consta en el informe, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

Hacienda lo mantuvo en secreto hasta que fue obligada a facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente granadino por requerimiento de la Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018. "El Modelo 720 vulnera de manera tan flagrante el Derecho UE, tal y como pone de manifiesto el Dictamen Motivado, que la Comisión Europea tomará en breve la decisión de interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que no me cabe duda de que terminará tumbando ese régimen", asevera Alejandro del Campo.

Además, un Informe del Defensor del Pueblo Europeo de 26 de abril de 2019 indica que la Comisión Europea tomará en los próximos meses una decisión acerca de si cierra el caso o si inicia un procedimiento ante el Tribunal de Justicia europeo. "Apuesto por lo segundo", asegura del Campo.

La Comisión Europea ha puesto el foco sobre el fraude tributario en materia de IVA como uno de los principales riesgos fiscales que afronta la UE. Para tratar de atajarlo, Bruselas ha puesto a disposición de todos los estados miembros una nueva herramienta, operativa desde este miércoles, diseñada para evitar engaños.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es una de las principales fuentes de ingresos de los países de la Unión Europea. En 2015 aportó más de un billón de euros, lo que supone un 7% del PIB comunitario. “El fraude en materia de IVA es uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día nuestras finanzas públicas, y su erradicación debe ser una de las máximas prioridades de los gobiernos de la UE”, ha declarado en un comunicado Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

Para combatirlo, la Comisión Europea ha creado una herramienta de análisis de las redes de operaciones (Transaction Network Analysis, TNA, por sus siglas en inglés). Su objetivo es reducir “los enormes costes del fraude del IVA para las finanzas públicas, con bandas de delincuentes que se aprovechan a expensas de los contribuyentes honrados”.

“La nueva herramienta aumentará la rapidez con la que las autoridades pueden descubrir actividades sospechosas y actuar contra ellas, pero estos avances no disminuyen la necesidad de una reforma más profunda y fundamental del sistema del IVA de la UE para que pueda afrontar las enormes cantidades de operaciones comerciales transfronterizas en la UE”, ha explicado Moscovici.

Los funcionarios de lucha contra el fraude fiscal de los distintos Estados miembros han sido formados esta semana en el uso de la nueva herramienta y sus ventajas. El sistema ofrecerá a las autoridades tributarias “un acceso rápido y fácil a la información sobre las transacciones transfronterizas”, lo que dará lugar a una actuación rápida en caso de detección de posibles fraudes en materia de IVA.

El modelo facilitará el intercambio de información para que el fraude en cascada en materia de IVA pueda ser detectado y atajado. Además, permitirá cotejar la información con los registros de antecedentes penales, las bases de datos y la información en poder de Europol y de la OLAF (la oficina de la UE contra el fraude), y coordinar investigaciones entre distintos países.

España recaudó 70.177 millones de euros por IVA en 2018 y prevé ingresar otros 73.712 millones por dicho impuesto este año. Se trata de la segunda figura tributaria más relevante, solo por detrás del IRPF (que recaudó 82.858 millones) y a buena distancia de Sociedades (24.838 millones).

Transcurrido mes y medio desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 3.031 millones de euros a 4.481.000 contribuyentes a los que la declaración les salía a pagar. De esta forma, ayer que el fisco abría sus oficinas a la atención asistencial de aquellos contribuyentes que lo solicitan, el volumen de devoluciones se había incrementado ya un 14% respecto a las mismas fechas del año pasado.

Hacienda achaca este incremento en el ritmo de devoluciones a la mayor celeridad de los contribuyentes en la presentación de sus declaraciones gracias, entre otros aspectos, al resto de canales no presenciales puestos en marcha por la Agencia Tributaria. Estas vías incluyen el servicio de atención telefónica del fisco, su mejorada aplicación móvil o el uso de la web que, junto a las oficinas recién abiertas al público han acabado este año con la predeclaración en papel.

Así, hasta la fecha, 7.037.000 contribuyentes han presentado ya su declaración de la renta, un 8,9% más que el año anterior. De ellas, 5.772.000 han salido a devolver (un 8,75% más) y 1.058.000, a pagar (un 9% más).

Para el conjunto del ejercicio, Hacienda espera recibir un total de 20.350.000 de declaraciones, lo que supondría 361.000 más que en 2018 y un récord histórico. La administración estima que 14.314.000 saldrán a devolver, por un importe de 10.160 millones de euros, mientras que otras 5.161.000 obligarán a los contribuyentes a abonar al fisco 10.160 millones de euros. La campaña, que arrancó el 1 de abril, concluirá el próximo 1 de julio.

La Agencia Tributaria atiende desde este martes 14 de mayo en sus oficinas a aquellos contribuyentes que han pedido cita previa para ser atendidos personalmente para hacer la declaración del IRPF de la campaña de la renta 2018. Las citas se pueden pedir desde el pasado 9 de mayo y se conceden para atenciones hasta el próximo 1 de julio, la fecha que marca el fin de la campaña. El último día para solicitar la cita previa es el 28 de junio. Hasta 2,2 millones de españoles utilizan este sistema para presentar su declaración.

Aquellos que tengan rentas del trabajo de hasta 65.000 euros anuales y rendimientos de capital mobiliario de hasta 15.000 euros pueden ser atendidos en las oficinas para que le ayuden a confeccionar y presentar la declaración. Todos los límites y requisitos se pueden consultar en la Agencia Tributaria y afectan a personas que han heredado o transmitido propiedades.

Para solicitar la cita previa existen tres grandes opciones. La primera es a través de Internet, desde el portal de la Renta 2018, en la opción “Cita previa Renta 2018: Plan Le Llamamos y atención en oficinas”; llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71, de lunes a viernes de nueve de la mañana a las siete de la tarde; o desde la aplicación para móviles de la Agencia Tributaria, que se puede descargar en Google Play y en la Apple Store.

En la cita previa se recibe la atención personalizada de los funcionarios de la Agencia Tributaria, lo que permite hacer el trámite sin errores ni fallos. Se hacen las declaraciones con rentas procedentes de rendimientos de actividades empresariales en módulos y de otras ganancias y pérdidas patrimoniales con un límite de dos operaciones. También se hacen declaraciones con compensación entre cónyuges, con rentas exentas con progresividad, con deducción por doble imposición internacional, con regularización de cláusulas suelo y rectificativas y complementarias del ejercicio –cuando el contribuyente se equivoca al presentarla, por ejemplo–.

Si cuando el Ejecutivo presentó una catarata de subidas de impuestos en los Presupuestos y en los proyectos de ley que creaban las 'tasas Google' y 'Tobin' sus previsiones eran que cada tributo recaudara menos de la mitad, o incluso menos, que lo que estimaba el Gobierno, ahora cree que habrá un desfase global de una décima del PIB, de cerca de 1.200 millones.

Así el Ejecutivo estima una recaudación de 5 décimas del PIB, cerca de 5.700 millones, y la AIReF augura una décima menor, de unos 4.500 millones. En sus valoraciones anteriores, pesaba el hecho de que los impuestos sólo entrarían en vigor a mitad de año. Ahora, en el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo plantea que las alzas fiscales entrarán en vigor en 2020, con lo que el efecto recaudatorio será de un ejercicio completo. Sin embargo, para la AIReF, las previsiones del Gobierno siguen siendo "optimistas".

Además, la AIReF cree muy ajustada la reducción del déficit prevista en el Programa de Estabilidad y alerta de la existencia de riesgos. La senda fiscal prevista plantea una reducción del déficit de 2,5 puntos del PIB en cuatro años, lo que considera factible hasta 2021 e improbable en 2022.

En la búsqueda de reducir el déficit y el gasto público, el Gobierno ha puesto el ojo en los incentivos a la contratación. La Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas la semana pasada plasma el planteamiento del Ejecutivo para ahorrar unos 1.500 millones de euros en este campo. Lo que no revela es que esta iniciativa supondrá, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la eliminación del 60% de estas bonificaciones.

Así lo indica el ente en el informe que ha publicado sobre el Programa de Estabilidad. La propia AIReF ha sido requerida por el Gobierno para analizar dichos incentivos para la contratación y su eficiencia, aunque fuentes de la misma indican que todavía no hay conclusiones sobre dicho estudio, que se está poniendo en marcha.

De hecho, indican que lo único que deja claro el Gobierno son sus intenciones respecto a las bonificaciones de la contratación. De ahí que todavía no puedan valorar, tampoco, el impacto que puede tener esta medida, por pondría fin a la deducción de cotizaciones por valor de una décima de PIB.

Asimismo, la AIReF se corrige. A pesar de que avisó que de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros podría suponer la destrucción de al menos 60.000 puestos de trabajo a lo largo de 2019, la institución reconoce que, al menos hasta abril, no ha habido ningún tipo de impacto negativo en el mercado de trabajo.

En cualquier caso, desde la Autoridad se advierte de que su análisis está hecho en datos agregados y no con microdatos, así que en verano - que será cuando aparezca el próximo informe al respecto - estas conclusiones podrían cambiar, sobre todo porque el impacto del SMI podría ser paulatino. Si esto se da, será solo en trabajadores con menor formación y asalariados, no en autónomos

Laboral

El número de autónomos que cotizan en España en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó durante los cuatro primeros meses del año en 9.949 personas, hasta un total de 3.262.988 personas, lo que supone una desaceleración respecto del incremento de 47.627 contabilizado en los cuatro primeros meses de 2018, según el análisis de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en función de los datos de afiliación de la Seguridad Social.

"Mientras en los cuatro primeros meses de 2018 se crecía a un ritmo del 1,5%, con 47.627 autónomos más, en los cuatro primeros meses de 2019 se crece a un ritmo cinco veces menor, el 0,3%", ha indicado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

En este sentido, la evolución del colectivo de autónomos en todas las regiones ha sido peor que la registrada en 2018, puesto que en aquellas comunidades en las que ha aumentado el número de autónomos lo ha hecho en menor medida, además de que en nueve de ellas se ha observado una caída en la cifra hasta abril.

Andalucía (+5.844 autónomos), Baleares (+5.430) y Comunidad Valenciana (+2.454) son las regiones que lideraron el crecimiento del número de autónomos en los cuatro primeros meses de 2019, aunque con incrementos inferiores a los del mismo periodo del año pasado.

Por el contrario, nueve comunidades perdieron autónomos entre enero y abril. En concreto, Aragón lideró dicho descenso con una pérdida de 2.523 autónomos en los cuatro primeros meses de 2019 como consecuencia de la regularización llevada a cabo por el Grupo Jorge de cerca de 2.000 falsos autónomos.

A continuación, las regiones con mayores pérdidas de autónomos fueron Galicia (752 autónomos menos), País Vasco (-728), Castilla y León (-712 autónomos), Castilla La Mancha (-644 autónomos), el Principado de Asturias (-508), Navarra (-250), La Rioja (-141), y Cataluña, que cierra el cuatrimestre con 18 autónomos menos que con los que empezó el año.

Por provincias, los mayores crecimientos en el cuatrimestre fueron los de Baleares (+5.430 autónomos), Málaga (+1.996 autónomos), Alicante (+1.983) y Cádiz (+1.197), mientras que los mayores descensos se produjeron en Zaragoza (-2.355 autónomos), Asturias (-508), Bizkaia y Gipuzkoa, con una pérdida hasta el 30 de abril de 391 y 344 autónomos, respectivamente, Lleida (-339) y Cuenca (-332).

La Justicia europea avaló ayer la implantación del registro diario de la jornada, que entró en vigor en España el domingo pasado. De hecho, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obliga a los 28 Estados miembros a implantar dicho control horario en las empresas.

Dos días después de la entrada en vigor de la obligatoriedad del registro en España, este tribunal, ubicado en Luxemburgo, ha declarado que los Estados miembros “deben imponer a los empresarios” la obligación de implantar un “sistema objetivo, fiable y accesible” que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Este fallo judicial responde al recurso presentado por el sindicato CC OO que pidió a la justicia que obligara a Deutsche Bank España a establecer un registro de la jornada laboral. El TJUE ha terminado dando la razón a esta central sindical española. Por este motivo el sindicato mostró ayer su satisfacción por la sentencia y por la nueva normativa española que responde a esta exigencia del control horario en las empresas. Y concluyen que, tras esta sentencia “ya no hay marcha atrás gobierne quien gobierne” en España.

El TJUE defiende que este tipo de registro, sin entrar a cómo debería implantarse, “ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado”. Ese sistema “puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos”.

Dicho esto, la justicia comunitaria dictamina que serán los propios Estados miembros los encargados de “definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema”, especialmente la forma que éste debe revestir. Para ello, cada país debe tener en cuenta, “las particularidades propias de cada sector de actividad” e incluso “las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño”.

De esta forma, Luxemburgo, deja la puerta abierta, expresamente, a que los Estados discriminen este control en función del número de trabajadores de las empresas, algo que ahora no se tiene en cuenta en la normativa que acaba de entrar en vigor. La nueva obligatoriedad empresarial afecta a todas las empresas por igual y a todos los sectores y solo exonera a algunas relaciones laborales especiales.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) criticó ayer que en España no se haya excluido a las micro y pequeñas empresas del registro horario como se hace en otros países. En concreto, se refirió a mercados laborales como los de Alemania o la mayoría de los países escandinavos y anglosajones en los que Europa, “prácticamente todas sus normas eximen siempre de aplicaciones a pequeñas empresas para evitar que se conviertan en una nueva traba”.

Otra de las cosas que precisa esta sentencia –cuyo texto completo se conocerá en unos días– es que “el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral”, por lo que la ley debe impedir que el empresario “pueda imponerle una restricción de sus derechos”. Y añade que los Estados deben velar por que los trabajadores se beneficien de los derechos que les reconoce la norma.

Asimismo, los magistrados europeos precisan que el coste económico para las empresas de implantar este registro, no puede primar sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que supone la limitación de las horas de trabajo y el respeto al descanso. “La protección eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”, indica concretamente el tribunal.

Es más, en el caso del conflicto de CC OO con Deutsche Bank, que fue el que motivó la sentencia de ayer, el TJUE indicó que ni la entidad financiera ni el Gobierno español habían identificado de forma precisa y concreta los obstáculos prácticos que podrían impedir a los empresarios implantar este registro con un coste razonable.

El personal de alta dirección está "completamente" excluido de la obligación del registro diario de la jornada laboral que entró en vigor el domingo. Así lo aclaró ayer el Ministerio de Trabajo en una Guía que publicó con el fin de despejar las numerosas dudas que tienen las empresas sobre la aplicación de la nueva obligación. Están por lo tanto excluidas las relaciones laborales de carácter especial que regula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2. 1.a). Es decir, consejeros y personal con contrato mercantil y quienes tengan contrato de alta dirección especial.

Mandos intermedios. En cambio, sí deberá registrarse la jornada laboral de trabajadores que no siendo estrictamente personal de alta dirección (mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades), tienen pactado un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo o forma parte de sus obligaciones contractuales su plena disposición horaria para el cabal cumplimiento de su actividad profesional.

Trabajo explica que este registro de los mandos intermedios se realiza "bajo la premisa de que tras estas modalidades no se ocultan situaciones de abuso de derecho", sin perjuicio de la acreditación de su tiempo de trabajo mediante el pacto de disponibilidad horaria. Este control tendrá en cuenta, añade la Guía, que "la retribución obtenida por el trabajador ya compensa de manera proporcionada esa mayor exigencia de tiempo de trabajo". Es decir, que estos cargos podrán sobrepasar la jornada máxima, estipulada en 40 horas semanales. Con el fin de que reflejar estas consideraciones, "sería recomendable que la capacidad de autorregulación de los sujetos colectivos mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa dejara constancia de tal circunstancia para evitar situaciones indiciariamente abusivas o desproporcionadas", apunta el Ministerio.

Autónomos. Tampoco existirá obligación de registro horario de autónomos y socios trabajadores de cooperativas, ya que se trata de relaciones o prestaciones de trabajo excluidas del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Socios de cooperativas. En cuanto a los socios de cooperativas, la Guía recuerda que tienen relación societaria y que deben autorregular su jornada.

Contratos a tiempo parcial y móviles. Hay dos colectivos que ya contaban con un régimen específico de registro de jornada, prosigue la Guía, que lo mantienen: los trabajadores con contrato a tiempo parcial y los llamados trabajadores móviles (determinados transportes por carretera), trabajadores de la marina mercante y los que realizan servicios de interoperatividad transfronteriza en el transporte ferroviario.

Flexibilidad y teletrabajo. La Guía también aclara que, en el caso de la distribución irregular de jornada o la flexibilidad del tiempo de trabajo, dentro de los límites legales, "el registro de jornada no constituye un impedimento alguno a su continuidad o ampliación", ya que "garantiza la acomodación a las necesidades empresariales y a los intereses de conciliación".

En el caso del teletrabajo, según recuerda el Ministerio, existen fórmulas que aseguran el registro de la jornada de forma telemática. Como ejemplo, Trabajo señala que, puesto que se pueden dar variaciones en la jornada diaria de trabajo, se deberá ponderar y globalizar el registro diario de jornada exigible en todo caso en las secuencias superiores a la jornada diaria.

Si un registro horario computa excesos de jornada, no se interpretará como trabajo extraordinario o por encima del pactado si, al analizar los demás días del mes, queda acreditado el cumplimiento de la jornada mensual ordinaria establecida.

Este domingo entró en vigor en toda España la obligatoriedad para las empresas de registrar diariamente la jornada de trabajo de sus empleados. ¿Por qué el Gobierno ha aprobado esta medida? Fundamentalmente porque la Inspección de Trabajo lleva años instando a que dicho registro fuera obligatorio, como única vía para atajar el fraude en las horas extra.

El Estatuto de los Trabajadores ya exigía que empresario registrara las horas extraordinarias de sus trabajadores, pero los inspectores se quejaban de que al no existir un control de la jornada diaria era imposible calcular si los trabajadores hacían horas extra no reconocidas por la empresa.

La Inspección ha ganado la batalla y ha conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara este registro obligatorio en marzo pasado. A partir de hoy, siempre y cuando la empresa cumpla la ley, los trabajadores podrán tener constancia escrita del número de horas que trabajan y, por tanto, poder probar si hacen o no horas extra.

Pero ¿y ahora qué? ¿Cuándo se considera que una hora es extraordinaria? ¿Están los trabajadores obligados a hacerlas? ¿Cómo deben retribuirse? Aquí están algunas respuestas a esas y otras preguntas sobre las horas extra:

¿Qué se considera legalmente una hora extraordinaria? El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores es el que regula este tipo de horas. Este texto indica que son aquellas horas de trabajo "que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo". Así dicho parece claro, pero las jornadas son casi tan variadas como los trabajadores, por lo que es pertinente preguntarse, dónde aparece la jornada de cada uno. La jornada ordinaria aplicable a un trabajador debe estar o bien en el contrato o en el convenio colectivo de referencia.

En este punto se aplica el principio denominado "condición más beneficiosa" que hace que, si la jornada que aparece en el contrato es superior a la del convenio, se tomaría como jornada ordinaria esta última, para no perjudicar al trabajador. Y, si no apareciera ni el convenio ni en el contrato, el tope máximo serían las 40 horas semanales que marca la ley.

¿Estoy obligado a hacer horas extra? En principio, la realización de estas horas es voluntaria, salvo que se hayan pactado específicamente en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo. En ese caso, el pacto deberá cumplir los límites legales (80 horas anuales como máximo). No obstante, en caso de que ni el contrato ni el convenio del trabajador incluyan la realización de horas extra, este podrá realizarlas si así lo desea y si su empleador se lo permite.

¿Cómo deben retribuirse las horas extra? Se deben pagar aparte o compensarse con descanso durante los cuatro meses siguientes a su realización. El Estatuto de los Trabajadores indica que será el convenio colectivo o el contrato de trabajo el que fije la retribución de las horas extraordinarias. Si bien, la ley precisa que "en ningún caso podrá ser inferior a la hora ordinaria". Otra alternativa es que la retribución que se establezca en contrato o convenio sea su compensación en tiempo equivalente de descanso retribuido. Pero si la empresa opta por compensar las horas extra con tiempo de descanso en lugar de retribuirlas monetariamente, estas horas no computarán para el límite máximo de 80 horas extra anuales, siempre y cuando dicha compensación se haya hecho en los cuatro meses siguientes.

Si no hay ningún tipo de referencia a cómo pagar las horas extra, la ley dice que "se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización".

¿Quiénes están exentos de realizar horas extraordinarias? Hay varios casos en los que el empleado se puede negar a hacer horas extraordinarias. Se trata en primer lugar de los trabajadores nocturnos. Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, estos empleados son los que realizan su actividad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. De esta forma, la jornada de los empleados nocturnos no podrá exceder las 8 horas y no podrán realizar horas extraordinarias.

En segundo lugar, también podrán negarse a hacer horas extra quienes tengan un contrato a tiempo parcial. Aunque estos últimos sí podrán hacer horas complementarias, que son distintas de las extraordinarias. Y, finalmente, aquellos empleados que trabajen en una empresa inmersa en un Expediente de regulación de empleo Temporal (ERTE) de reducción de jornada, aunque no afecte al propio trabajador.

¿Qué puedo hacer si mi empresa no me paga ni compensa con descanso las horas extraordinarias? En ese caso se pueden reclamar judicialmente. Para ello es imprescindible que el trabajador pueda demostrar que ha realizado dichas horas extras y la mejor forma es con un registro diario de jornada documentado, como el que hoy entra en vigor. Precisamente, la nueva normativa permite el acceso del trabajador a su jornada diaria, lo que, según los abogados laboralistas, facilitará y aumentará las reclamaciones judiciales por este tipo de horas no satisfechas.

¿Cuántas horas extra puedo reclamar? Solo se pueden reclamar judicialmente las horas extraordinarias realizadas de un año hacia atrás. Las anteriores a los doce meses previos de la reclamación habrán prescrito. Además, si la empresa no ha retribuido estas horas tampoco las habrá cotizado a la Seguridad Social, por lo que el trabajador, además de la reclamación económica, podrá denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo para exigirle las cotizaciones correspondientes al tiempo extra de trabajo. En este caso, la reclamación puede hacerse por los cuatro años anteriores, más allá las cuotas también habrán prescrito.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha dado su aval con matices al Programa de Estabilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas la pasada semana. Si bien rebaja levemente la previsión oficial de ingresos y ve improbable que logre el equilibrio presupuestario en 2022, la Airef da un espaldarazo a una de las medidas estrella de Sánchez: el alza del salario mínimo interprofesional.

"No encontramos ningún efecto negativo en estos cuatro meses" sobre el empleo "en ningún ángulo, por la subida del salario mínimo", han aseverado este jueves fuentes del organismo fiscal independiente coincidiendo con la remisión al Gobierno de su informe de evaluación del Programa de Estabilidad. Desde el organismo asumen que, transcurridos siete meses desde el anuncio y cuatro desde la entrada en el mayor incremento de la historia del salario mínimo, un 22% hasta los 900 euros al mes, es momento de poder hacer un análisis, aunque sea "provisional".

Tras estudiar la evolución de cotizaciones, empleo, afiliación, paro, así como la evolución laboral en las Comunidades Autónomas en las que el salario mínimo es más común, la Airef entiende que no hay impacto negativo alguno. "Nos pasamos de negativos", ha reconocido la Airef sobre su previsión de que el alza podría suponer una rebaja de 40.000 empleos en 2019, pese a que esta estimación estaba en la parte baja de la horquilla de impacto de diversos organismos, como el Banco de España, que apuntaban a la destrucción de hasta 120.000 empleos.

Más allá, la Airef considera factible la hora de ruta remitida por el Ejecutivo a la Comisión Europea, aunque estima que los ingresos anunciados serán ligeramente inferiores (en tres décimas, por lo que consideran la estimación oficial improbable) y el gasto algo superior (dos décimas, por lo que ve factible el objetivo del Gobierno). Esto, dice el organismo, impediría alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022 como pretende el Gobierno. La Airef estima que el déficit, que cerró 2018 en el -2,48 y pasaría este año al -2,1 según su visión, pasaría al -0,5 en 2022.

Su estimación es que el alza de recaudación se fía demasiado al ciclo, pues solo se ha planteado públicamente retomar en 2020 la reforma fiscal anunciada para 2019, y prevén una décima menos de ingresos por cotizaciones sociales que el Ejecutivo. A su vez, asumen que la inversión pública y los salarios de los funcionarios elevará el gasto contemplado por el Ministerio de Economía.

En todo caso, desde la Airef instan al Gobierno a agilizar sus planes económicos, especialmente la reforma fiscal anunciada ya para 2020, en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del 28 A, a fin de que dé tiempo a que las novedades tributarias previstas estén plenamente operativas desde el 1 de enero del próximo ejercicio. Además, subraya que el Ejecutivo no ha detallado sus planes fiscales para 2021 ni 2022.

El paquete tributario, incluido en el fallido plan presupuestario de 2019 pero que el Gobierno busca volver a impulsar el año próximo, aspira a recaudar 5.654 millones si bien la Airef estima que permitirá ingresar unos 1.200 millones menos. En concreto, una horquilla entre 3.541 y 4.889 millones.

En cuanto al escenario a medio y largo plazo, la Airef se muestra más optimista que el Gobierno en la evolución del gasto en pensiones hasta 2050, periodo que en el que se espera un fuerte incremento de costes por la jubilación de la generación del baby boom y el envejecimiento de la población. Para entonces, el Ejecutivo espera una caída de cinco millones en la población activa (la Airef, de un millón), más paro y un sobrecoste del 1,7% del PIB. Para el mismo horizonte, pero con perspectivas más positivas en lo laboral, la Airef prevé un alza de gasto de solo el 0,5%. Ambos cálculos asumen que, pasada la nueva legislatura, seguirá vigente una revalorización anual del 0,25%. De blindarse la actualización anual con el IPC, como prometió el PSOE, la autoridad prevé un sobrecoste del 2,6% del PIB para 2050 por lo que urge al Ejecutivo a actuar para costear un sistema en el que Sánchez es ya hoy más pesimista que la propia Airef.

Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea (CE) impuso este jueves una multa de 1.068 millones de euros a los bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG por su participación en dos cárteles en los mercados de cambio de divisas con once monedas diferentes, acuerdos que según Bruselas "socavaron la integridad del sector".

Una investigación de la CE determinó que varios agentes de los bancos involucrados "intercambiaron información sensible y planes de intercambio, y ocasionalmente coordinaron sus estrategias a través de salas de chat en internet", lo que les permitió "tomar decisiones informadas" sobre si comprar o vender moneda y cuándo hacerlo.

El primer cártel, bautizado "Banana Split para tres", involucró A agentes de bolsa de Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan entre el 18 de diciembre de 2007 y el 31 de enero de 2013 y se ha saldado con una multa de 811.197.000 euros. El segundo, llamado "Essex Express", reunió a agentes de Barclays, RBS y MUFG entre el 14 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2012 y ha concluido en una sanción de 257.682.000 euros.

La firma suiza UBS, involucrada en ambos cárteles, no ha sido multada por ser la que ha revelado a la Comisión la existencia de estas prácticas ilegales, por las que le hubiera correspondido abonar 285 millones de euros en sanciones.

"La investigación de la Comisión reveló que algunos agentes individuales a cargo de los intercambios de divisas en Forex en nombre de los bancos, intercambiaron información sensible y planes de comercio", señala Bruselas, que añade que estas conversaciones tenían lugar en salas de chat en internet que desvelan que los "brokers" se conocían personalmente.

Algunos de los agentes creaban inicialmente la sala de chat donde se intercambiaba la información, incluyendo "actualizaciones continuas sobre sus actividades comerciales", y posteriormente invitaban a otros competidores directos a unirse.

Los agentes intercambiaban información sensible como las órdenes de intercambio de los clientes, las diferencias entre los precios de compra y venta de dos divisas en transacciones específicas y otros detalles de operaciones de intercambio de divisas ya planeadas. Las once monedas afectadas son, además del euro, los dólares estadounidense, canadiense, neozelandés y australiano; la libra británica; el yen japonés; el franco suizo, y las coronas danesa, sueca y noruega.

"Estas decisiones mandan un claro mensaje de que la Comisión no va a tolerar prácticas colusorias en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos socavó la integridad del sector con un coste para la economía y consumidores europeos", dijo en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Desde que el Consejo General del Poder Judicial inició en 2013 el recuento de los desahucios tanto por alquiler como por ejecución hipotecaria, los primeros han venido superando a los segundos, pero su proporción ha ganado especial peso en los últimos tres años, con aumentos anuales de cinco puntos porcentuales, hasta representar en 2018 el 66% del total de los lanzamientos ejecutados en el país. Un resultado que se debe a una doble dinámica.

Por un lado, el auge de los desahucios de alquiler –un 9% más entre 2016 y 2018– responde a la mayor incidencia de los alquileres como régimen de tenencia entre los hogares y a los importantes incrementos de precios. Por otro, el fuerte descenso de las ejecuciones hipotecarias –un 28% menos en ese mismo periodo– se explica, en parte, por el hecho de que muchas han sido dejadas en suspenso, o incluso archivadas, por los jueces españoles desde que en 2017 el Tribunal de Justicia de la UE abriera la puerta a anular esos lanzamientos en los casos en los que los bancos hubieran aplicado cláusulas abusivas.

En la Comunidad de Madrid, los casos de desahucios por alquiler habían ido descendiendo desde 2013, en línea con la evolución nacional, hasta que tocaron fondo en 2016. Desde entonces, los lanzamientos han repuntando. Concretamente, entre 2016 y 2017, las ejecuciones aumentaron un 5% y, entre 2017 y 2018, un 3%, lo que supone más de un 8% acumulado para un periodo en el que los precios del alquiler han escalado un 32% y se sitúan ya por encima de los niveles precrisis, según los datos del portal Fotocasa. A cierre de 2018, la capital había registrado 5.157 casos de desahucios por alquiler, esto es, el 83% del total de las ejecuciones.

En paralelo, el número de desahucios en Barcelona ha menguado de forma continua desde 2013 y, en los dos últimos años se han reducido un 7,6% y un 1,6%, respectivamente, siendo el descenso de 2018 el menor de toda la serie. Todo ello en un contexto en el que los precios de los alquileres han crecido un 27% acumulado entre 2016 y 2018, según Fotocasa. En la provincia catalana, los lanzamientos por impago de la renta supusieron en 2018 el 75% de todas las ejecuciones, con 6.100 casos. Con todo, a pesar de los descensos, la incidencia de desahucios –tanto hipotecarios como por alquiler– en Barcelona sigue siendo mucho mayor que en Madrid. En 2018, en la región catalana se produjeron 22 lanzamientos al día, y el equivalente a 145 por cada 100.000 habitantes. En la comunidad madrileña, fueron 17 diarios y 94 por cada 100.000 habitantes.

El Gobierno enviará de nuevo los presupuestos generales del Estado de 2019 al Congreso de los Diputados en cuanto se configure el nuevo Ejecutivo, según ha adelantado en Bilbao la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto.

En un debate empresarial en Bilbao, la ministra ha hecho el anuncio de pasada durante su intervención, al anunciar nuevas inversiones para energía y clima, "que empezarán a canalizarse a partir de los nuevos presupuestos de 2019, que espero podamos pronto, una vez se configure el nuevo Gobierno, presentar en la Cámara".

El proyecto de presupuestos de este año fue enviado por el Gobierno a las Cortes y rechazado por éstas en febrero pasado, de manera que siguen prorrogados los de 2018. Ahora la intención es enviar de nuevo el proyecto al Congreso.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a Efe que el proyecto incorporará los 6.000 millones de euros en proyectos "sociales" que fueron rechazados en el Senado. Más adelante se enviará el proyecto de presupuestos de 2020.

La trasposición de directivas comunitarias ha marcado buena parte de la regulación patria de los últimos años y promete ser crucial también en la próxima legislatura. Como punto de partida, el nuevo Gobierno que tratará de formar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales deberá trasponer 18 directivas pendientes y lidiar con la amenaza de cuatro multas europeas por los retrasos ya acumulados.

Las normas comunitarias pendientes de ser aplicadas en España son un conjunto de directivas, aprobadas entre 2015 y 2018, que regulan campos tan cruciales como los fondos de pensiones de empleo; la seguridad ferroviaria; la resolución de litigios fiscales en la UE; el transporte terrestre de mercancías peligrosas; la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión; el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente; el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT; la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros, entre otros asuntos.

Teóricamente, el futuro Ejecutivo tendrá hasta finales de año para trasponerlas todas, según el calendario que maneja el grupo mixto, si bien el Parlamento español no es precisamente el más riguroso en el cumplimiento de los plazos comunitarios. Más bien lo contrario, según el documento La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, publicado la pasada semana por el Consejo General de Economistas. “España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional”, lo que ha llevado al país a concentrar “el 70% de las sanciones por estos retrasos”, revela el informe.

“En España se tarda demasiado en transponer las directivas europeas, nuestra lista de temas pendientes es muy extensa porque no se cumplen las fechas”, denuncian desde el Consejo General de Economistas, advirtiendo de que esta demora generalizada “no sólo es negativa por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”.

Actualmente España se juega cuatro sanciones de este tipo. La más célebre se debe al retraso del país en adoptar la directiva de 2014 de protección de los consumidores de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Parlamento aprobó el pasado febrero con tres años de retraso sobre la fecha límite establecida por Bruselas. Como consecuencia, la Comisión Europea denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá en las próximas semanas si aplica una multa coercitiva de 105.991,6 euros a España por cada día de demora. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que pedirá clemencia a Bruselas tras aprobar in extremis en las últimas semanas el desarrollo reglamentario que termina de trasladar la directiva europea al ordenamiento español.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, es una de las personas más respetadas por el sector financiero español e incluso europeo desde hace tiempo. Tiene fama de dura, pero también de conocer a la perfección las necesidades del sector.

Por ello, las advertencias que ha lanzado a la banca española no parece que caerán en saco roto. De momento, Delgado leyó la cartilla a la banca y la impuso una larga lista de deberes, entre ellos, destacó uno por afectar no solo a las propias entidades sino también a sus inversores. Reclamó al sector que ajuste sus políticas de dividendo y pay-out (parte del beneficio que se destina a remunerar al accionista) y recriminó la actitud de la banca al considerar que es conveniente que “defrauden” las expectativas con el objetivo de disciplinar al mercado.

Además, ha criticado la política de comunicación del sector, que califica de “rígida” y que considera que provoca que se den asuntos como el pago de dividendo por descontado, lo que ha calificado en el XXVI Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación, de una actitud “completamente irracional”.

"La renta variable no es renta fija, la realidad es que en muchas ocasiones las previsiones comunicadas han generado unas expectativas de mercado excesivamente rígidas respecto a la cantidad a pagar en dividendos", ha criticado, añadiendo que la variabilidad de resultado debería traducirse en una variabilidad del dividendo.

Sus palabras, de hecho, contrastan con los objetivos de la banca, que cada año intenta repartir un dividendo como mínimo igual que el año anterior para no disgustar a sus accionistas. Santander y CaixaBank, de hecho, han anunciado que prevén mejorar este año el dividendo del pasado ejercicio. El Banco de España ya alertó ayer en su Informe de Estabilidad Financiera sobre la política de dividendos de los bancos. Afirmó que los dividendos repartidos en el período 2015-2018 representan el 1,8% de los activos ponderados por riesgos (APRs) del pasado ejercicio, con un pay-out en torno al 50%.

El supervisor incidía el martes en su informe en que si la banca destina alrededor del 50% de sus beneficios a remunerar al accionista no serán capaces de generar el capital suficiente para hacer frente a una repentina demanda de crédito o a llevar a cabo nuevas provisiones sin perjudicar a su solvencia. Delgado siguió la misma línea. Explicó las políticas de retribución al accionista deben adecuarse a las necesidades de generación orgánica de capital de cada entidad.

Y como lo hiciera ayer el informe del Banco de España, la subgobernadora ha puesto el foco en la necesidad de mejorar el capital y la solvencia de la banca, ya que se sitúa a la cola de la zona euro. La supervisora, de hecho, ha criticado a las entidades españolas que sean aún el "farolillo rojo" en solvencia en Europa, pese a que su nivel de capital ha mejorado en los últimos años, al pasar del 9,8% al 11,5%. Pero la distancia media entre sus homólogos del Viejo Continente ha pasado de 200 puntos básicos a 300 en el ratio de máxima calidad CET1. "La banca europea ha reforzado mucho más su capital que la de nuestro país", ha advertido.

Sector

Programador de smart contracts, asesor de criptomonedas o experto en derechos de autor de objetos impresos en 3D. Quizá suene futurista, pero estas tres son algunas de las nuevas funciones que, antes de lo que se cree, tendrán que asumir los abogados y, por tanto, que surtirán de negocio a los bufetes. Así lo revela el informe Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El informe, que ha sido presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid, explora el impacto que están teniendo en el sector jurídico los avances científicos más disruptivos. Para ello, identifica seis ejes tecnológicos principales: blockchain, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial (IA), objetos conectados (internet of things) e innovaciones médicas.

En el ámbito del blockchain, el impacto es significativo. Esta tecnología, que se basa en un hilo de información estructurada en bloques enlazados y cifrados unos con otros, aporta un plus de protección, seguridad y privacidad a los procesos y transacciones, convirtiéndose en una atractiva oportunidad de negocio. No obstante, el estudio señala que todavía no existe una certeza sobre dónde se dirige esta tecnología y qué tipo de aplicaciones surgirán de la misma. Lo que sí está claro es que, de sus aplicaciones, hay una que va a generar un profundo impacto en el sector legal: los smart contracts.

Como su propio nombre indica, un contrato inteligente es un registro informático digital entre dos o más partes que facilita el cumplimiento un acuerdo de manera automática. Es el propio sistema el que identifica de forma autónoma si se han cumplido las condiciones acordadas por las partes. No necesita por tanto un tercero que lo verifique, agilizando de manera significativa el proceso.

El uso de este sistema es ya una realidad en sectores como el energético, la banca, telecomunicaciones o seguros. Concretamente, la compañía Fizzy Axa, especializada en seguros de vuelo, ofrece un servicio por el cual el cliente introduce el número de vuelo y la plataforma verifica si se ha producido un retraso de más de dos horas. De ser así, abona el importe de la compensación automáticamente, sin que el pasajero tenga que proceder al engorroso trámite de reclamar.

En este sentido, el informe revela la aparición de nuevas prácticas como asesor o programador de smart contracts, en las que los abogados podrán elaborar plantillas de contratos inteligentes de, por ejemplo, compraventa o de alquiler. Asimismo, los colegios de abogados podrían ofrecer un servicio de certificación por el que se garantice que los contratos son ajustados a derecho, otorgando “sellos de calidad”.

Por otro lado, las criptomonedas, divisas basadas en la metodología blockchain, también ofrecen una oportunidad a las firmas, que podrán asesorar sobre su uso a los clientes. Además, el informe sugiere que, en determinadas circunstancias, los bufetes con clientes internacionales pueden admitir esta moneda para el cobro de sus servicios.

El XII Congreso Nacional de la Abogacía, que ha reunido entre el 8 y el 11 de mayo a 2.500 congresistas y ponentes, concluyó con la lectura de la Declaración de Valladolid, texto en el que la profesión quiso reafirmar "su compromiso con un futuro de progreso, paz y convivencia, basado en los mismos valores que han inspirado este periodo democrático" y en el que se mostró la confianza y el apoyo de la Abogacía en "el proyecto común de convivencia europea más ilusionante de nuestra historia reciente". Justo antes de las elecciones del 26 de mayo, el documento afirma que "Europa, hoy más que nunca, es una obligación y una responsabilidad".

Además de estos primeros aspectos, la Declaración de Valladolid también pone sobre la mesa ciertos aspectos que, a sus ojos, deben mejorar profundamente. En este sentido, y frente a la lentitud e incumplimiento de plazos, por la desorganización y burocracia, por el déficit y escasez de órganos judiciales y medios, por los problemas de personal y de planta judicial, la Abogacía reitera su compromiso y disponibilidad "para abordar su imprescindible reforma estructural que sólo podrá realizarse a través de un gran Pacto de Estado desde el diálogo, el consenso y la participación de todos los colectivos implicados".

Otro aspecto que destaca el documento, y sobre el que existe un acuerdo generalizado, es la necesidad de promulgar definitivamente una ley orgánica que regule el derecho de defensa. Según el texto, la aprobación de esta normativa serviría para cerrar "el circulo de garantías constitucionales de la ciudadanía, situando a nuestro país en la vanguardia de la protección de sus derechos y preservando, al máximo nivel, el secreto profesional como elemento esencial sobre el que se sostiene el ejercicio de nuestra profesión y el derecho de defensa".

La Abogacía no se olvida de tratar en la Declaración de Valladolid la modernización y tecnificación que está viviendo la sociedad y la propia profesión jurídica. Por esa razón, y aunque la tecnología abra nuevos horizontes y oportunidades para el ejercicio de la profesión, se constata "la necesidad de acometer con urgencia nuevas regulaciones y reformas sustantivas que protejan de modo eficaz los derechos de la ciudadanía y, en especial, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la igualdad".

El documento insiste en la necesidad de avanzar "en la protección de los datos personales en los procesos judiciales, a la vez que se hace preciso un esfuerzo en la formación de los profesionales de la abogacía en relación con el uso de la tecnología. La transformación digital -insiste el texto- ha de ser siempre un instrumento para la mejor defensa de los derechos de la ciudadanía y no exclusivamente una herramienta comercial y de negocio".

La abogacía española muestra en el texto su inquietud y compromiso por buscar soluciones a los problemas de la sociedad y por promocionar y defender los derechos humanos y la garantía del derecho universal de acceso a la Justicia. Por esta razón, el documento insiste en que el "sistema de justicia gratuita es un servicio público, ajeno a las leyes del mercado y la competencia, que garantiza el derecho de acceso a la justicia, con profesionales con un alto compromiso".

Los letrados no olvidan las desigualdades y las nuevas luchas de la sociedad, por lo que afirman dentro de estas conclusiones del XII Congreso Nacional de la Abogacía que también "es prioritaria la atención a los problemas derivados de los fenómenos migratorios, evitando toda clase de xenofobia, exclusión, discriminación o desigualdad", y hace igualmente hincapié en la marcada función social que tienen y que les obliga a implicarse también "en el derecho al medio ambiente, comprometiéndonos en la defensa de la sostenibilidad de nuestro mundo y haciendo realidad los objetivos de desarrollo sostenible".

Los dos últimos puntos de la Declaración de Valladolid, las principales conclusiones de este XII Congreso de la Abogacía, se centran en la defensa de la igualdad -"un desafío colectivo que requiere de un profundo cambio cultural, que implica compromiso, voluntad y firmeza para impulsarlos"- y en el futuro de la profesión: los jóvenes abogados.

La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial pide a los jueces que eviten buscar información a través de Internet o de las redes sociales sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso pueda "alterar la posición imparcial que deben adoptar en su enjuiciamiento". Por ello, señala que "no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".

Esta afirmación está contenida en el dictamen emitido por la Comisión de Ética Judicial en su respuesta a la consulta realizada por un juez de lo social que debía resolver un pleito sobre invalidez en el que una de las partes había alegado la existencia de una lesión que le limitaba la capacidad de andar y, por tanto, de realizar su trabajo como peón de la construcción. La otra parte en litigio había aportado una prueba médica contradictoria con la anterior.

Dos horas después del juicio, y de forma casual, el juez coincidió en la estación de Renfe con el trabajador que dijo haber sufrido la lesión y vio que éste caminaba normalmente. En su consulta, el juez plantea si puede tenerse en cuenta el conocimiento de esa circunstancia para resolver el pleito y, en una reflexión más genérica, si puede el juzgador hacer alguna indagación relacionada con el hecho objeto de enjuiciamiento a través de internet o de las redes sociales.

La Comisión señala que la cuestión suscitada por la consulta afecta, desde la perspectiva ética, a la independencia y a la imparcialidad judicial, principios en cuya preservación el juez debe ser "extremadamente diligente"; de modo que, en el proceso de decisión sobre los hechos y de valoración de la prueba, el juez no debe contaminarse "por cualquier clase de prejuicio contra alguna de las partes que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos".

En opinión de la Comisión, en la actualidad revisten especial interés las posibilidades que el juez tiene de obtener información sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso a través de internet o de las redes sociales. Por esta razón, señala que el juez debe ser especialmente diligente y cuidadoso "en evitar que la información que pudiera llegarle por esta vía pueda alterar la posición imparcial que debe adoptar en su enjuiciamiento".

Puesto que el juez puede llegar a conocer hechos o circunstancias que no han sido aportadas al proceso u obtener información sobre alguna de las partes o sus letrados que sesguen de forma inconsciente su enjuiciamiento, la Comisión concluye que "en cualquier caso, no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".

Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

La Ley de Derecho de Defensa. Es la primera petición de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ya que, de llevarse a cabo, “nos situaría a la vanguardia mundial en protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Una reivindicación a la que se suma José María Alonso, decano del Colegio de Madrid (ICAM), y Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona (ICAB). Alonso urge al nuevo ministro su aprobación “de una vez por todas” y Gay incide en la necesidad de contar con la norma para “asegurar la intervención de la abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la justicia”.

Reforma del sistema de acceso. Para el sector es inaplazable que Justicia acepte adecuar el examen de acceso a la abogacía a las demandas del mercado, haciéndolo “eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión”, declara Ortega. Esta medida ya ha sido negociada con los anteriores responsables y tiene como fin hacer un modelo más serio y acorde a los países de nuestro entorno.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, Ortega apuesta por la “actualización de baremos y pagos puntuales”, así como “dignificar el turno de oficio por el servicio público esencial que presta”. A esta petición, la decana del Colegio de Barcelona reconoce que también se sumará.

Sistema de elección del CGPJ. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), apunta que la primera medida que exigen es cumplir con las llamadas de atención de Europa sobre la independencia judicial. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) reclama, especialmente, que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Tenemos la impresión de que se ha convertido en un club de golf. Se nombra a conocidos”, critica. Tras esta reforma, exige su fortalecimiento para dotarlo de mecanismos que eviten intromisiones del resto de poderes del Estado.

Retribución de jueces y letrados de Justicia. Una de las viejas peticiones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido la adaptación de sus retribuciones a las del resto de Cuerpos Superiores de la Administración Pública y de Justicia; en especial, la de los letrados de nuevo ingreso. “En algunos juzgados, sus salarios no alcanzan ni los 1.500 euros”, reprocha Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia. Asimismo, exige una modificación del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de Justicia para adaptarlo a las competencias asumidas en los últimos diez años. “En virtud de esto, en la actualidad, se tramitan y resuelven el 90% de los procedimientos ingresados en los juzgados”, expresa. Por su parte, la judicatura recuerda que han perdido un 14% del sueldo de 2009 a 2018 y Justicia no ha hecho caso de sus reclamaciones.

Aumento de la planta judicial y fiscal. Incrementar el número de jueces y fiscales es una de las necesidades que la AJFV considera más urgentes dado el colapso que sufren los tribunales españoles. “En relación al número de jueces y fiscales por habitante, estamos muy por debajo de los países europeos”, dice Prado. Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno acaba de anunciar la creación de 300 nuevas plazas para jueces, la realidad es que solo hay 75 oficinas creadas. “Unos 200 jueces no saben dónde van a ir”, alerta. Para ello, insta al próximo ministro a crear los “famosos tribunales de instancia y racionalizar el sistema”. “Lo hacen en otros países y funciona, pero aquí no se atreven”.

El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.



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Soporte: Libro
ISBN: 9788417985172


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 28 de Noviembre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 201,76 €
Precio final por compra On-Line: 181,58 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
Formularios Prácticos Proceso Civil (Sólo Internet)

  Autor: Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: On line
Fecha publicación: 08/10/2019
ISBN: 9788417794194


Precio original: 105,27 €
Precio final por compra On-Line: 100,01 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
Los criterios de atribución del uso de la vivienda familiar tras la crisis de pareja

Autor: Inmaculada García Presas
Editorial: Reus
Soporte: Libro
Fecha publicación: 02/10/2019
ISBN: 9788429021653
212 páginas


Precio original: 24,00 €
Precio final por compra On-Line: 22,80 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
Memento Práctico Sociedades Mercantiles 2020

Autor: VV.AA
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794965
1950 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 10 de Octubre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 175,76 €
Precio final por compra On-Line: 158,18 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO PENAL
Delincuencia Informática - Tipos delictivos e investigación Con jurisprudencia tras la reforma procesal y penal de 2015


Autor: Eloy Velasco Núñez / Carolina Sanchis Crespo
Editorial: Tirant Lo Blanch
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publiación: 25/09/2019
ISBN: 9788413133560
834 páginas


Precio original: 75,90 €
Precio final por compra On-Line: 72,10 € (I.V.A. incluido)

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DERECHO TRIBUTARIO
Cierre fiscal contable 2019

Autor: Carlos Marín Lama / Juan Ignacio Gutiérrez Garrido / Ferran Rodríguez García / Lluis Garrido Gómez
Editorial: Amado Consultores
Soporte: LIBRO + FICHERO PDF + AUDIO + HERRAMIENTAS
Fecha publiación: 30/09/2019
ISBN: 9788412098907
533 páginas


Precio original: 114,40 €
Precio final por compra On-Line: 108,68 € (I.V.A. incluido)
 
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