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Los consejos de la semana

Fiscal

Limitación de los pagos en efectivo

Cómo actuar ante estos sucesos:

Pago de nóminas por empresario o profesional

Se plantea si se encuentra sometido a las limitaciones al pago el abono por un empresario de la nómina mensual a su empleado que asciende a 3.000 euros.

Se trata de una prestación de servicios (operación) en la que una de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional, por lo que se encuentra sometido a la prohibición de pago en efectivo si su importe es igual o superior a 2.500 euros.

El art. 29.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) permite que el pago se efectúe en efectivo («en moneda de curso legal»), pero si su importe es igual o mayor de 2.500 euros esta posibilidad se verá limitada por el art. 7 de la Ley 7/2012.

El pago a cada trabajador se trata de una operación distinta, por lo que el límite se aplica a cada uno de los trabajadores y no al total de las nóminas pagadas por la empresa. Así, si un empresario paga a algunos trabajadores una nómina inferior a 2.500 euros y a otros una cantidad superior a ese importe, sólo se encuentra sometido a la limitación a los pagos en efectivo por estas últimas nóminas.

Pago de recibos en las oficinas de correos

Se plantea si son de aplicación las limitaciones a los pagos en efectivo a los pagos de recibos en las oficinas de Correos. Se señala que estos pagos suelen corresponder fundamentalmente a suministros de servicios (agua, electricidad, gas, etc.).

El servicio de cobro consiste en que los clientes que lo deseen pueden acudir a las oficinas de Correos a realizar determinados tipos de pagos, que normalmente son suministros.

Cuando se trate del pago de suministros, el perceptor de los pagos será una persona o entidad que actúa en calidad de empresario o profesional, y que se encuentra sujeta a las limitaciones a los pagos en efectivo. Las oficinas de Correos, al actuar en nombre y por cuenta de los cobradores, deberán atenerse a las limitaciones que la Ley impone a sus mandantes. Luego, las oficinas de Correos no podrá admitir el cobro en efectivo si el importe de la operación es de cuantía igual o superior a 2.500 euros.

Pago efectivo en cuenta bancaria del destinatario del pago

Se plantea si los clientes de una empresa pueden satisfacer en efectivo los pagos superiores a 2.500 euros en la cuenta bancaria de la empresa, cuando queda identificada la persona o entidad que realiza el ingreso y la operación o número de factura.

El artículo 7.Uno.5 establece que la limitación a los pagos en efectivo no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito. Por tanto, si el cliente efectúa el ingreso superior a 2.500 euros directamente en la cuenta bancaria que le indica la empresa, identificando la operación o número de factura a que se refiere el pago y la persona que realiza la imposición en efectivo, no se incumplen las limitaciones a los pagos en efectivo.

Ambos intervinientes, pagador y receptor, deberán conservar los justificantes del pago durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo (art. 7.Uno.4 de la Ley 7/2012).

Pago en efectivo de tributos y sanciones

Se plantea si puede pagarse en efectivo en la caja de una Corporación Local un tributo o una multa cuyo importe supera los 2.500 euros.

La relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos (art. 17.1 LGT), por lo que no se trata propiamente de una operación, sino del ejercicio de una potestad pública que determina el pago de una obligación de derecho público ex lege. Lo mismo puede decirse de las multas o sanciones pecuniarias derivadas de infracciones de Derecho público.

Por consiguiente, en el caso de que la normativa de los tributos locales no establezca un medio de pago específico de un tributo y permita los pagos por Caja, se podrían realizar el pago en efectivo aunque superase los 2.500 euros.

Mercantil, civil y administrativo

Registro de Consignatarios de buques

A partir de del 1 de julio de 2019, los consignatarios de buques, podrán instar su inscripción en el Registro de Consignatarios, en virtud de los establecido en el Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques.

Los consignatarios de buques son aquellas personas naturales o jurídicas que se ocupan, por cuenta del armador o del naviero, en cuyo nombre y representación actúan, de las gestiones materiales y jurídicas necesarias para el despacho y demás atenciones al buque en puerto.

Este Real Decreto, contiene las reglas que presidirán la actividad de los consignatarios en su relación con la Administración Marítima, las Autoridades Portuarias y otras autoridades nacionales que ejercen funciones en los puertos.

En el ejercicio de su actividad, los consignatarios habrán de cumplir con las condiciones exigidas por la Autoridad Portuaria competente en el puerto en el que vayan a desarrollar su actividad, para la prestación de este servicio comercial y contar con su autorización. Además, deberán prestar una atención continua al buque y tener contacto permanente con las Autoridades Marítimas y Portuarias.

Con la finalidad de facilitar el acceso de los armadores y navieros a sus servicios y para el control del cumplimiento de los requisitos exigidos, los consignatarios de buques, podrán instar su inscripción en el Registro de Consignatarios. Podrán presentar la solicitud de inscripción a través del formulario existente en el sitio web del Ministerio de Fomento, haciendo constar su denominación, domicilio o sede social, contacto telefónico y dirección electrónica y los puertos en los que estén autorizados para desarrollar su actividad. La inscripción se llevará a cabo por la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante, en el plazo de dos meses desde que se solicita por el interesado.

Todos los consignatarios inscritos en el Registro tendrán la obligación de mantener actualizada la información de actividad en todo momento.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 revela que el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se ponga en marcha en la próxima legislatura, quiere abordar una profunda reforma fiscal en la que también se van a revisar las exenciones, deducciones y reducciones tributarias que a día de hoy permite la política impositiva. Concretamente, el Ejecutivo va a revisar la efectividad de 13 beneficios fiscales que a día de hoy generan un gasto de 57.187 millones de euros.

Dentro de esta revisión, se tocarán particularmente el campo del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, del IVA y de los Impuestos Especiales. Es decir, que se evaluarán reducciones a las que se pueden acoger tanto empresas como personas físicas. Dentro de ellos, lo que más gasto genera, o más bien lo que más recaudación bloquea, son los tipos reducidos del IVA que suponen unos 25.600 millones.

También se evaluarán las exenciones de los servicios financieros -por valor de 7.040 millones-; las deducciones de carácter social, que suman la de maternidad, familia numerosa y discapacidad -4.800 millones-, y los tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos, que impiden la entrada de una mayor recaudación por los combustibles.

Sin embargo, para algunas de estas reducciones de impuestos ya hay previstos cambios. A lo largo de este año, presumiblemente, el Ejecutivo pondrá en marcha sus acciones de fiscalidad verde, que incluyen una equiparación de la tributación del gasóleo con la gasolina. Sin embargo, fuentes del PSOE, durante la campaña electoral, reconocieron que la idea de los socialistas es llevar a cabo un alza fiscal, en términos generales, de los combustibles, para acercar la fiscalidad española a la europea.

Esta revisión de los beneficios fiscales había sido avisada por los socialistas durante la campaña electoral, particularmente en el campo de las empresas. Aquí se van a revisar los incentivos a la I+D+i y los tipos reducidos y las donaciones en Sociedades.

Con todo, este ambicioso análisis de las deducciones y exenciones del sistema tributario, que ejecutará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no tiene plazo para publicarse, aunque es de prever que a lo largo del año el órgano emita un dictamen.

En cualquier caso, ya en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, hoja de ruta económica del Gobierno durante el primer año de la próxima legislatura, aunque no se hubiese aprobado, ya se preveía una fuerte disminución de los beneficios fiscales de las empresas con el Impuesto sobre Sociedades.

Este es uno de los planes que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez para ejecutar una ambiciosa reforma con la que acercar los niveles de presión fiscal de España a la media de Unión Europea, lo cual supondrá aumentarla en 26.000 millones entre 2019 y 2022. Entre ellos se cuenta tanto con una disminución del gasto público - si en 2018 se quedó en el 41,3% de PIB, en 2022 la idea es que descienda hasta el 40,7 - como con un incremento de los ingresos, tanto a través de cotizaciones como de la recaudación tributaria.

En este sentido, Moncloa se ha comprometido con la Comisión Europea a que todas sus medidas para lograr ingresos adicionales, más allá del ciclo económico, estén en marcha para 2020. Se trata, exactamente, del conjunto de iniciativas que el Gobierno prometió en el proyecto de Cuentas y que valoró en unos 5.654 millones.

El impuesto al que más rendimiento le quiere sacar el Ejecutivo es al de Sociedades, que el año pasado permitió ingresar 24.838 millones. Los socialistas apuestan por crear un tipo mínimo para grandes empresas del 15%, y del 18% en el caso de entidades financieras y compañías de hidrocarburos. Así mismo, se limitarán las exenciones para evitar la doble imposición en los dividendos y plusvalías generados por empresas españolas en el exterior como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del cien por cien actual al 95%. Con estas propuestas, el Ejecutivo aspira lograr 1.776 millones adicionales.

El otro filón con el que cuenta Sánchez es el de la creación de nuevos impuestos. Solo a través de la incorporación del tributo a determinados servicios digitales, la tasa Google, se espera recaudar unos 1.200 millones, mientras que con el de transacciones financieras, es decir, la tasa Tobin, se vaticinan 850 millones más.

A todo esto, hay que sumar el conjunto de iniciativas contra el fraude fiscal, cuyo proyecto de ley ni siquiera se llegó a presentar en el Congreso de los Diputados antes de que cerraran las Cortes por el adelanto electoral del 28-A y que permitirían recuperar de la economía sumergida 828 millones.

Sin embargo, estas pretensiones de ingresos estarían infladas, según varios organismos reguladores como el Banco de España o la propia AIReF. Concretamente, consideran demasiado elevados los pronósticos sobre las tasas Google y Tobin, sobre todo teniendo en cuenta que no hay experiencia previa en su uso.

Por otro lado, hay medidas que no se acercarán ni remotamente a las estimaciones del Gobierno. Es el caso de los 339 millones esperados por subir el impuesto de patrimonio a grandes fortunas. Lo más posible es que, a pesar de esta alza, la recaudación sea, como mucho, de diez millones más, dado que se trata de un tributo que está bonificado en varias regiones.

El Gobierno está decidido a subir los impuestos para "incrementar la recaudación agregada hasta equipararse a la media de los países del "entorno de España". Hasta 2022, la relación entre los ingresos y el Producto Interior Bruto aumentará desde el 38,9% de este año hasta el 40,7% de 2022. Es decir 1,8 puntos más, que equivalen a 22.550 millones de euros, con el PIB de 2019, que está previsto que ascienda a 1, 255 billones de euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez, de momento en funciones, avanzó este martes a Bruselas que tras ganar las elecciones retomará íntegramente la reforma tributaria que intentó impulsar en su plan presupuestario de 2019 a fin de lograr el superávit de las cuentas públicas para el año 2022. Así lo recoge el Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía remitió anoche a la Comisión Europea. Aunque oficialmente el Ejecutivo no descarta tomar medidas adicionales este mismo año, el texto imputa ya a 2020 el efecto de su batería fiscal en un contexto en el que el retraso en la formación de nuevo Gobierno podría impedir la aprobación de unos Presupuestos para 2019.

“Sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso, esta estrategia fiscal parte del escenario actual de prórroga presupuestaria en 2019”, reconoce el Programa de Estabilidad, que recuerda que sí se han tomado ya medidas de gasto social y de incremento de cotizaciones sociales.

“Para los posteriores ejercicios, y dada la actual situación política, se plantea un escenario para 2020 sin medidas a excepción de tres elementos que el Gobierno actual ya había planteado: el paquete tributario incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las medidas de lucha contra el fraude y la creación de las dos nuevas figuras tributarias que había impulsado mediante los correspondientes proyectos normativos”, expone el documento.

El paquete de medidas tributarias diseñado por el Ejecutivo de Sánchez, que aspiraba a elevar la recaudación en unos 5.500 millones de euros, incluía una subida del IRPF a rentas superiores a 140.000 euros; un tipo mínimo de Sociedades del 15% (y una rebaja al 23% para las pymes); reducir la exención sobre beneficios de filiales extranjeras; la equiparación del gravamen del diésel al de la gasolina o la creación de nuevos impuestos sobre los negocios digitales (tasa Google) y las transacciones financieras (tasa Tobin). Este plan presupuestario fue tumbado por el Parlamento, lo que llevó a Sánchez a convocar las elecciones generales del pasado domingo. Aunque volver a impulsar unas nuevas cuentas para este mismo año es uno de los compromisos electorales del PSOE, la formación parece dispuesta a esperar a que pasen los comicios autonómicos y locales del 26 de mayo antes de impulsar las negociaciones oficiales para formar un nuevo Gobierno tras pasar de 84 a 123 diputados. Esta demora podría complicar aún más el impulso de unos Presupuestos que no se debatirían hasta otoño, cuando deberían abordarse ya las cuentas de 2020.

"Hemos redistribuido, hemos repartido la mejora económica y al mismo tiempo somos capaces de reducir el déficit y la deuda", celebró este martes la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, admitiendo que el Ejecutivo no ha empezado aún a confeccionar un Presupuesto para 2019. De acabar aprobándolo, esas cuentas podrían modificar las previsiones planteadas por Economía para el actual marco de prórroga presupuestaria en el que espera un alza de la recaudación del 4,6% (hasta el 39% del PIB, con el gasto en el 41%).

A políticas constantes, la previsión del Gobierno es que el total de ingresos sobre el PIB pase del 38,9% de 2018 (469.538 millones) al 40,2% en 2022, siendo el alza esperada en 2019 de dos décimas. Por su parte, el gasto pasaría del 41,3% (499.520 millones) al 40,7% en cuatro años, con una reducción de otras dos décimas en 2019. Sin embargo, con la reforma fiscal planteada, Economía estima que la ratio de ingresos sobre PIB aumentará al 40,7% para 2022 gracias a “la favorable evolución de la economía” y “a la estrategia del Ejecutivo de incrementar la recaudación” para acercarse a la media europea. De lograrlo, el salto supondría un incremento de ingresos de 21.700 millones en este periodo, en el que a su vez se rebajaría el gasto en 7.200 millones.

De momento, con la prórroga presupuestaria y los reales decretos leyes de los últimos meses, el Ejecutivo aspira a reducir el déficit del 2,48% de 2018 al 2% este ejercicio, cuando se lograría ya un superávit primario. A partir de ahí, prevé rebajar el agujero al 1,1% en 2020, con plena efectividad ya de la reforma fiscal, al 0,4% en 2021 y lograr el superávit en 2022.

Pese a que el objetivo de déficit oficial para 2019, heredado del Ejecutivo de Rajoy, sigue siendo rebajarlo al 1,8% este año, la victoria del PSOE en el Senado impedirá al PP volver a vetar de nuevo un cambio de la senda fiscal si Sánchez logra aprobarla otra vez en el Congreso de los Diputados.

De momento, el arranque del año juega en contra del plan de saneamiento fiscal del presidente en funciones. El alza de las pensiones y del sueldo de los funcionarios han elevado un 14% el déficit del conjunto de las administraciones entre enero y febrero. Como consecuencia del saneamiento de las cuentas, la deuda pública bajaría del 97,2% de cierre de 2018 al 95,8% este año, el 94% el próximo, el 91,4% en 2021 y por debajo del 90%, al 88,7%, en 2022.

A su vez, el programa remitido a Bruselas recoge un descenso del paro superior al estimado hasta ahora. El desempleo pasaría del 14,45% al 13,8% este año (frente al 14% previsto en enero), el 12,3% en 2020, el 11% en 2021, y el 9,9% en 2022. Calcula además que el empleo crecerá más de lo previsto: un 2,1% frente al 1,8% previo. Acompañaría a ello un freno a la desaceleración, con crecimientos del 2,2% del PIB este año, del 1,9% el próximo y del 1,8% los dos siguientes.

Los cálculos del Gobierno prevén además una aceleración de dos décimas en el gasto en el consumo privado, hasta el 1,9% este año, al que se suma el gasto de las Administraciones Públicas, que eleva cinco décimas al 1,9%, si bien reduce las inversiones (formación bruta de capital fijo) en cuatro décimas, al 4%. Asimismo, prevé un avance de las exportaciones de una décima menos que en enero (2,7%).

El escenario del mayor triunfo de los socialistas tras las elecciones ha sido el Senado. El PSOE se ha hecho con 121 de los 208 escaños de la Cámara Alta, donde ahora disfrutará de una mayoría absoluta que hasta ahora detentaba el Partido Popular. Esto permitirá a Pedro Sánchez ejecutar una medida fundamental en sus planes económicos y que hasta ahora era inviable: aprobar una nueva senda de estabilidad, con sus correspondientes objetivos de déficit, de deuda pública y regla de gasto.

El PSOE ha insistido en que su programa económico y fiscal es el que plasmó en los Presupuestos, que entraron en el Congreso para su tramitación pero que retiró por falta de apoyos, así como los dos proyectos de ley que creaban las tasas Google y Tobin. Estas medidas las pactó en otoño con un Podemos más fuerte que ahora, así que no es previsible que los socialistas incrementen sus subidas.

Estas alzas del IRPF, de Sociedades y del diésel, junto con la creación de las tasas Google y Tobin, suponen más de 5.600 millones desde este año. Eso sí, Podemos ha subido su apuesta de alza fiscal en su programa y tratará de que Sánchez asuma estos nuevos incrementos, como la creación de un impuesto a patrimonios de más de un millón para recaudar 12.000 millones.

IRPF. Los Presupuestos contenían una subida del IRPF de dos puntos para ingresos a partir de 130.000 euros y de cuatro puntos para más de 300.000.

Rentas del capital. En las Cuentas, se incrementaba el tipo máximo del ahorro a cuatro puntos, al 27%, para rentas superiores a 140.000 euros. Las medidas del IRPF preveían recaudar 328 millones.

Impuesto sobre Sociedades. Se impone un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen del 5% a los dividendos del extranjero para recaudar 1.776 millones. Además, Hacienda sube los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades es un punto, al 24%, para las empresas que facturan más de 10 millones de euros, y seis puntos, también al 24%, para el resto.

'Tasa Google'. El proyecto que tramitaba el Congreso y que recuperaría gravaba un 3% los ingresos generados por la publicidad dirigida en línea, la intermediación en línea y la venta de datos. Afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros y que tengan ingresos en España superiores a los 3 millones. Se liquidará trimestralmente y el devengo se producirá por cada prestación de servicios sujeta al impuesto. El Gobierno espera recaudar 1.200 millones al año. Se prevén sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección IP u otras pruebas.

'Tasa Tobin'. También se estaba tramitando en el Congreso un impuesto a las transacciones financieras que gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. No estarán sujetas al impuesto las salidas a bolsa, las reestructuraciones, las operaciones entre sociedades del mismo grupo ni las cesiones de carácter temporal. El Gobierno espera recaudar 850 millones de euros al año.

Fiscalidad verde. En el programa del PSOE se plantea el impulso de la fiscalidad ambiental, aunque no se menciona la subida del diésel para equipararlo a la gasolina de los Presupuestos. El partido asegura que no ha abandonado el proyecto de equiparar el diésel a la gasolina, que se incluyó en los Presupuestos para recaudar 670 millones de euros este año. Se elevaría el tributo del diésel en 38 euros cada mil litros de carburante, pasando de los 307 euros actuales hasta 345 euros. Aún quedaría margen para seguir aplicando subidas hasta igualarlo a la gasolina.

Impuesto de Patrimonio. El Gobierno también contemplaba en sus Cuentas una subida del 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros con la previsión de ingresar 339 millones.

Sicav. El Gobierno devuelve a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria el control sobre las Sicav que le arrebató Zapatero para otorgárselo a la CNMV.

Socimis. Castigo fiscal a los beneficios no distribuidos de las Socimis, a los que se aplicará un gravamen del 15%.

Límite al efectivo, lista de morosos y 'unit linked'. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que tramitaba el Gobierno daba un golpe fiscal a los seguros de vida unit linked, a los que hacía tributar en Patrimonio, rebajaba el límite del efectivo a 1.000 euros y reducía la deuda para entrar en la lista de morosos a 600.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto que establece las normas básicas de calidad para la elaboración y que permite aplicar el IVA reducido del 4% a otros panes como los integrales, los de cereales distintos al trigo y los elaborados con salvado.

"Esta norma llega para tratar de mejorar la información que tiene el consumidor porque el pan es un alimento fundamental en la cesta de la compra de los españoles", ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que esta normativa conlleva un "importante efecto" en la fiscalidad de estos productos.

Así, entre las novedades se introduce una nueva definición del 'pan común', que incluye panes elaborados con otro tipo de harinas distintas a la del trigo, permitiendo así el uso de harinas integrales, de otros cereales, pero, además, incluirá productos más beneficiosos para la salud, demandados por el consumidor moderno.

Agricultura ha precisado que esta nueva definición de 'pan común' permite que, a partir de ahora, se aplique un IVA reducido a más productos que hoy en día se consideran de consumo habitual en los hogares, como son los panes integrales, los de cereales distintos al trigo y los elaborados con salvado. De esta forma y gracias a la ampliación de la definición de 'pan común', se rebajará del 10% al 4% el tipo de IVA reducido a más tipos de panes.

Esta norma sienta un precedente legal en las normas de calidad de los alimentos, al introducir una fiscalidad positiva, y que garantiza que los ciudadanos adquieran productos de calidad perfectamente caracterizados y etiquetados.

La nueva norma mejora la competitividad del sector español del pan, garantiza la leal competencia entre industrias estableciendo las mismas condiciones a todos los productores, y facilita la innovación atendiendo las nuevas necesidades de los consumidores. Además, garantiza un alto nivel de calidad de los productos y mejora la información que reciben los consumidores, clarificando las denominaciones de venta, así como el resto de información voluntaria que pueden utilizar los operadores.

Otra de las novedades es que contempla requisitos más estrictos para considerar un pan integral, exigiéndose que el 100% de la harina empleada será integral. Para aquellos panes integrales o de otros cereales que no estén elaborados de forma exclusiva con ese tipo de harinas, se tendrá que indicar el porcentaje de harina en el etiquetado.

En el caso de pan de otros cereales, también se incluyen requisitos más estrictos, estableciéndose por ejemplo para el pan de centeno que sea elaborado solo con ese tipo de harina. También se define el pan multicereal.

Además, se concreta la definición de masa madre, que se preserva a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales, y se establecen los requisitos para utilizar la denominación 'elaborado con masa madre'. En la norma también se define la elaboración artesana del pan, en la que debe primar el factor humano frente al mecánico y los requisitos que se deben cumplir para poder incluir esta mención en el etiquetado de los productos.

Por último y fruto de las negociaciones entre las distintas administraciones, se ha incluido una medida que limita la cantidad de sal que se puede emplear para elaborar el pan común. El consumo medio por persona y año en España en 2018 se situó en los 31,77 kilos y los hogares españoles destinaron el 5,09% de su presupuesto para alimentación y bebidas en el hogar a la compra de pan, siendo el gasto por persona anual es de 76,13 euros.

Por tipos de pan, el más consumido en España es el pan fresco o congelado (80,7%), frente al pan industrial (pan seco y de larga duración que supone el 19,3%).

La plusvalía, el impuesto municipal que grava el incremento del valor del terreno de un inmueble urbano cuando se vende, lleva años en entredicho, y, ahora, puede ser desterrado de nuestro ordenamiento por confiscatorio. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 32 de Madrid ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad (mediante auto de 8 de febrero de 2019 cuyo texto puede consultar aquí) en la que pregunta al Tribunal de Garantías si exigir al contribuyente una cuota superior al beneficio líquido obtenido por una transacción es expropiatorio. La pelota está en el tejado del Constitucional, que ya ha admitido la cuestión a trámite, y su decisión puede provocar todo un tsunami para las arcas municipales y un aluvión de demandas en los tribunales.

Recordemos que el Tribunal Constitucional (TC) ya anuló (en su sentencia 59/2017) los artículos de la ley de haciendas locales que regulaban el impuesto en cuestión, en tanto en cuanto presuponían siempre la existencia de una ganancia. La situación tras esta resolución ha sumido en un caos a los contribuyentes y ayuntamientos y tanto el Constitucional como el Tribunal Supremo han ido delimitando el alcance de dicha resolución. El Alto Tribunal ha rechazado que, como interpretaban algunos tribunales superiores de ciertas comunidades autónomas, los ayuntamientos deban abstenerse de liquidar el impuesto hasta que el legislador no adapte la normativa a lo dispuesto en la citada sentencia. En una reciente resolución (que puede consultar aquí) el Supremo ha confirmado incluso la validez de la fórmula empleada por los municipios para girar el tributo.

Con esta situación, aconseja Leopoldo Gandarias Cebrián, abogado experto en derecho tributario del despacho Alliantia, los contribuyentes tienen que tener en cuenta "los elementos que inciden en el cálculo de una variación del valor de un terreno, incluido, naturalmente, el efecto de la inflación, causante de plusvalías monetarias que no suponen un incremento real". En los casos en los que el incremento sea cuestionable, como el planteado por el Juzgado núm. 32 de Madrid, "conviene solicitar la rectificación de la autoliquidación, o impugnar la liquidación, si ese es el mecanismo previsto por el ayuntamiento para dar cumplimiento a la obligación", recomienda Gandarias.

La cuestión sometida ahora a la decisión del TC tiene su origen en el litigio de un contribuyente contra el Ayuntamiento de Majadahonda, que le giró 3.560 euros por la plusvalía de su inmueble. Según los cálculos del juzgado, el beneficio neto de la transacción fue de 3.473 euros, por lo que había tenido que poner de su bolsillo una diferencia negativa de 86 euros. Incluso, sin tener en cuenta los gastos de la operación, pagar el 83,89 % del rendimiento obtenido por la venta de un inmueble, pregunta el juez, ¿es confiscatorio?

Además, cuando un ciudadano vende su casa, no solo debe hacer frente al pago de la plusvalía, también ha de tributar por la ganancia obtenida (en términos generales la diferencia entre el precio de adquisición y venta) en la declaración del IRPF. La suma de ambos impuestos, plantea el juez, podría resultar expropiatoria "al destinar a pagar los tributos más cantidad que el beneficio obtenido por la transmisión del inmueble".

Por tanto, se cuestiona la existencia misma de la plusvalía dentro de nuestro sistema tributario, no solo por cuanto su cuota puede resultar más elevada incluso que el incremento real gravado, sino por cuanto de la suma de los tributos que recaen sobre la misma operación producen una expropiación prohibida por los artículos 31 y 33 de la Constitución.

Laboral

Sin embargo, la construcción, el transporte, el comercio y las actividades administrativas también han sido otros de los principales dinamizadores del mercado laboral en el primer trimestre. El mercado laboral sigue creando empleo con fuerza en el primer trimestre, aprovechando el impulso del acelerón de la economía entre enero y marzo. A pesar de la pérdida de empuje de dos tradicionales motores de la economía, como son el turismo y la industria, España ha sido capaz de encontrar nuevos sectores que puedan tirar del carro de la contratación.

Así, en el primer trimestre del año hubo 51 ramas de actividad que aumentaron su número de ocupados con respecto al mismo periodo de 2018, sumando en total 811.100 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, que publicó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación, la construcción, el transporte y el comercio quedan a la cabeza de la clasificación.

La educación es el subsector que más aumenta su plantilla, con 111.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2018, hasta alcanzar los 1.434.000 puestos de trabajo en total. Esta ocupación es también la que más ha crecido en los últimos años, capitalizando el repunte del gasto público antes del nuevo ciclo electoral, ya que el número de alumnos se ha mantenido muy estable. Aunque no todos los ocupados en esta área dependan de las Administraciones, lo cierto es que el empleo público tiene un gran peso en esta plantilla, ya sea directa o indirectamente.

Y algo similar ha sucedido en otros sectores con un elevado peso de las Administraciones, como es el caso de los servicios sociales (sin incluir alojamiento), que suman 21.300 ocupados más; las actividades postales (21.200 trabajadores más), muy impulsadas por la oferta de empleo de Correos en 2018, que se ha materializado ahora; la asistencia social en establecimientos residenciales (18.300 ocupados más); la Administración Pública, incluyendo Defensa y Seguridad Social aunque no los servicios sociales (12.700); o las actividades sanitarias (4.200). En total, uno de cada cinco nuevos empleos es un puesto público.

En segundo lugar, la construcción también ha sido un potente foco de creación de empleo, con todas sus ramas en positivo. Así, la construcción de edificios suma 73.900 trabajadores en los últimos doce meses y rebasa el medio millón de ocupados, seguida de la construcción especializada (49.200 ocupados más) y la ingeniería civil (6.500).

Todo ello se explica por tres factores: la fuerte inercia positiva del mercado de la vivienda, con un fuerte crecimiento del número de proyectos en cartera, la reactivación de las inversiones empresariales y el aumento de la obra pública, que se disparó un 23% en el primer trimestre por la cercanía a las elecciones, de acuerdo con los datos de la patronal del sector, Seopan. Además, las actividades inmobiliarias suman 24.500 ocupados más.

Más adelante, el transporte terrestre y por tubería ha incrementado su plantilla en 54.200 trabajadores, en un movimiento también ligado al transporte aéreo (13.400) pero sobre todo al comercio, con fuertes incrementos en todas sus áreas, tanto la minorista (52.800 ocupados), como la mayorista (22.400) y la venta de vehículos (10.600).

Esta mejora ha estado ligada al incremento del poder adquisitivo, que también ha arrastrado de los servicios de comidas y bebidas (20.800 trabajadores más). Este año, no obstante, los servicios de hostelería han ido desligados de los servicios de alojamiento (que apenas suman 1.200 ocupados), debido a la pérdida de los turistas prestados en favor de Turquía o Egipto.

Sin embargo, es quizá el área de los servicios ligados a empresas donde hay un mayor número de nichos de empleo. Hay que mencionar en este campo las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (con 27.600 ocupados más), las jurídicas y contables (23.800 nuevos trabajadores), las de seguridad (20.500), las de programación y consultoría informática (19.700), los servicios a edificios y jardinería (13.600) o los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (9.700). Todo esto muestra que las empresas están percibiendo una demanda que puede ser sostenida en el futuro, lo que le lleva a aumentar las contrataciones.

También en la industria hay un buen número de sectores en positivo, si bien con números no muy elevados, lo que arroja una luz tras los malos resultados al final del año pasado. Así, la fabricación de productos minerales, la de fármacos y la de bebidas superan los 10.000 nuevos ocupados respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que los grabados, la industria química, la metalúrgica, la textil, la reparación e instalación de maquinaria, la de productos informáticos, electrónicos y ópticos y la de vehículos de motor, entre otras, se sitúan también en positivo, aunque a menores ritmos. Y a todo esto hay que sumar los 17.700 nuevos contratos en cuanto a suministro de energía, que está muy vinculada a la actividad manufacturera.

El resultado de las elecciones del pasado domingo invita a pensar que el PSOE retomará todas aquellas propuestas para reforma el mercado laboral, que tuvo que aparcar al final de la pasada legislatura por falta de apoyo político. Por ejemplo, una reforma inmediata de la negociación colectiva y de la contratación, mientras el Gobierno redacta un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Incluso, el previsible acuerdo de gobernabilidad con Podemos podría plantear varias de las ideas que la formación morada anunció en la campaña electoral. Por ejemplo, la ampliación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.200 euros mensuales.

En todo caso, las propuestas más importantes planteadas por el PSOE y Podemos son las siguientes: Un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En su nuevo mandato, el Gobierno quiere sustituir el actual marco laboral que, con reformas parciales, tiene cuarenta años. De esta forma, el Ejecutivo cambiará la profunda modificación que hizo el Partido Popular en 2012. El Gobierno quiere restaurar el poder del convenio sectorial sobre el de la empresa en los salarios, y de los sindicatos en la negociación de los convenios. El Ejecutivo quiere reducir la contratación a tres modelos básicos: indefinido, temporal y para la formación. Pero, además, el Gobierno quiere regular los derechos laborales en la economía de las plataformas digitales y abordar el avance tecnológico en los procesos de producción.

Subcontratación. Ésta es otra reforma que quedó pendiente en la última legislatura. Para el PSOE es tan urgente que podría adelantar la medida al nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se trata de aumentar la protección de los empleados de las empresas más pequeñas en los procesos de subcontratación. Es una de las respuestas a la precariedad con la que trabajan las mujeres que limpian habitaciones en los hoteles u hospitales.

Un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros mensuales. Éste es un objetivo de Podemos para la próxima legislatura. La formación de Pablo Iglesias recuerda que, en sus últimas negociaciones, "sólo" pudo arrancar al Gobierno un SMI de 900 euros mensuales, que es el nivel actual de esta renta. El Ejecutivo sabe que la subida del SMI eleva los costes de muchas prestaciones y de trabajadores de las propias administraciones.

Una semana laboral de 34 horas. Podemos sostiene que una de las razones de los 3,3 millones de parados que hay en España es que no hay trabajo para todos. Por esta razón, plantea una semana laboral de 34 horas que reparta el trabajo entre quienes lo tienen y los que lo piden. La propuesta de Podemos es una hora inferior a la semana de 35 horas que en Francia fue un fracaso. La razón es que no se puede implantar una medida unilateral sobre sectores y empresas que tienen distintas circunstancias.

Extender a 24 semanas los permisos de maternidad y de paternidad. Con ello, Podemos quiere ampliar estas prestaciones desde las 16 semanas en las que quedarán ambos permisos en 2021. La discusión estará en su elevado coste. Ampliar el permiso de paternidad desde las cinco a las 16 semanas ya cuesta 2.600 millones de euros.

El Gobierno ha celebrado hoy su último Consejo de Ministros antes de entrar en funciones el próximo lunes, tras la celebración de las elecciones generales del domingo. En su reunión ha aprobado la posibilidad de cobrar a la vez una pensión de jubilación y mantener ingresos por actividades de creación artística derivados de derechos de autor.

En concreto, el Ejecutivo ha aprobado una norma que establece un régimen de compatibilidad de actividad artística con el 100% de la pensión de jubilación, siempre que dicha actividad esté motivada por la existencia de unos derechos de autor reconocidos. En la actualidad, cuando un creador que cobraba una pensión de jubilación y derechos de autor reconocidos, no podía realizar, además, otras actividades artísticas remuneradas, aunque estas no fueran habituales.

Los beneficiarios de esta medida, que, según la ministra de Educación, Isabel Celaá rondarán de manera inmediata las 1.300 personas, mantendrán a todos los efectos su condición de pensionistas. La norma aprobada hoy supone el desarrollo de un derecho que ya fue aprobado en un Real Decreto Ley el pasado 28 de diciembre. Según Celaá, esta iniciativa obedece "a la necesidad de toda sociedad de mantener su capital cultural e intelectual".

No obstante, Celaá ha precisado que los futuros beneficiarios podrán optar por esta nueva modalidad de compatibilidad o cualquier otro modo de concurrencia a la que tenga derecho. Actualmente los asalariados pueden compatibilizar el 50% de la pensión y del sueldo una vez pasada la edad de jubilación y en el caso de los autónomos con asalariados esta compatibilidad se eleva al 100% de la pensión.

Así, en lugar de obligar a los creadores a renunciar al 50% de su pensión si se mantienen en activo y cobrando derechos de autor, se permitirá compatibilizarla a cambio de una cotización de solidaridad del 8% (en el caso de trabajadores por cuenta ajena, el empresario pondrá el 6% y el trabajador, el 2%).

Además, el Ejecutivo ha estudiado la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, algo que no se hacía desde 1989; y la regulación del régimen retributivo del personal investigador funcionario de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs).

Esta última medida homologa las estructuras salariales de los investigadores con efectos a 1 de enero de 2018 y crea una comisión evaluadora del desempeño de la profesión científico técnica. Un total de 836 investigadores se verán afectados, según Celaá, lo que supone el 23% de los investigadores funcionarios.

La ministra Portavoz ha aclarado también que el Ejecutivo actual estará en funciones, a partir del cierre de las urnas el próximo domingo y hasta la toma de posesión un nuevo Gobierno. Además, aclaró que sus funciones se limitarán al "despacho ordinario de los asuntos públicos salvo urgencia de interés general debidamente acreditado".

La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece un saldo neto entre todo el empleo que se ha creado y se ha destruido en un trimestre y en los doce meses anteriores al periodo de referencia. Las cifras conocidas hoy reflejan así que en el saldo entre las ganancias y pérdidas de empleo entre enero y marzo de este año en comparación con el último trimestre de 2018 reflejan que hay 93.400 ocupados menos que cuando terminó el año, pero 506.900 más que hace un año.

Sin embargo, esto no es más que el resultado de una balanza entre lo que se crea y se destruye. Pero cuando se mira el detalle de lo ocurrido en el mercado laboral, el comportamiento del empleo en el primer trimestre de este año ha sido muy dispar según qué sectores se analicen. Así, por ejemplo, pese al saldo negativo en el trimestre, hubo casi 40 actividades económicas, de entre el centenar que cuantifica la EPA, que ganaron ocupados entre enero y marzo, mientras que los 60 restantes destruyeron empleo.

La lista de los diez sectores que crearon empleo en un trimestre tradicionalmente malo para el mercado de trabajo está encabezada por las actividades de educación, donde se crearon 46.200 empleos en el primer trimestre. No obstante, esta ganancia de ocupados podría estar condicionada al alza por aquellos trabajadores que en el último trimestre de 2018 declararon no estar trabajando al estar afectados por la práctica fraudulenta de dar de baja a los trabajadores en periodos vacacionales como la Navidad o el verano, y que después recuperaron su empleo a partir de enero.

En segundo y tercer lugar se situaron los sectores del "transporte terrestre y por tubería" y la "agricultura, ganadería y caza" que generaron 20.800 y 20.000 nuevos empleos en el primer trimestre, respectivamente. En el caso de la agricultura, por ejemplo, solo las provincias andaluzas con más peso de este sector (Almería, Huelva, Jaén y Córdoba) ganaron 34.200 ocupados.

Entre el resto de actividades que también crearon puestos de trabajo destacaron las de los sectores jurídicos y de consultoría (18.900 ocupados más); la programación y consultoría informática (13.300); el comercio al por mayor (11.900) o la fabricación de productos farmacéuticos (11.700) entre otros.

En total, los diez sectores que generaron nuevos puestos de trabajo en el primer trimestre sumaron unos 186.000 trabajadores más. Esta cantidad no sirvió para contrarrestar los 261.200 empleos que se perdieron en los otros diez sectores que destruyeron más ocupación en este mismo periodo. Así, la hostelería fue el sector más perjudicado en este trimestre en el que, a diferencia de 2018, no se celebró la semana santa, que se retrasó a abril este año. Tanto los bares y restaurantes como los hoteles y otros servicios de alojamiento destruyeron 51.600 y 35.200 empleos, respectivamente.

El fin de la campaña de Navidad repercutió en un empeoramiento del empleo en el comercio, a pesar de la celebración de las rebajas en enero, con una pérdida de casi 37.000 empleos en el primer trimestre. Las empresas de servicios a otras empresas y las actividades administrativas en general, también restaron 35.400 empleos en este periodo respecto a finales del año pasado.

Seguidamente se situó el sector de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria donde se destruyeron 20.100 empleos, que fueron compensados fundamentalmente por empleo público del sector de la educación, que sí generó empleo. Así, el sector público en general arroja un saldo positivo en el trimestre de 2.600 trabajadores más.

Otras cuatro áreas de actividad completan la lista de los sectores que más empleo perdieron entre enero y marzo: sanidad (con una caída de 17.100 trabajadores); sector financiero y de seguros (-16.200); la industria de la alimentación (destruyó 15.300 puestos) y las telecomunicaciones, con 12.800 trabajadores menos que en el cuarto trimestre de 2018.

Uno de cada cinco empleos en el país tiene un alto riesgo de desaparecer por la automatización, según un informe publicado este jueves por la OCDE, el organismo que reúne a las 36 mayores economías del mundo. La institución alerta de la vulnerabilidad de España por su alto número de empleos temporales y llama a acabar con los falsos autónomos.

El 22% de los trabajadores españoles corre el riesgo de ser reemplazado por una máquina en el futuro, 8 puntos más que la media de la OCDE (14%). Entre las grandes economías, España sería el país que saldría más perjudicado, solo por detrás de Grecia, Eslovenia y Eslovaquia. A ese 22% de empleados se suma otro 30% que sufriría cambios significativos en el desempeño de su puesto.

Si la formación de los trabajadores constituye un elemento clave para poder asegurar una “transición serena”, la OCDE advierte de la vulnerabilidad del mercado laboral español para acometer esta transformación. En efecto, el organismo sostiene que existe una brecha formativa “particularmente preocupante” entre los trabajadores indefinidos y aquellos con contrato temporal o parcial, cuyo peso ha ido en aumento en los últimos años. España es, de hecho, uno de los países de la OCDE con la tasa de temporalidad más alta (del 27% frente al 11% de la media del resto de países), y el peso de los trabajadores por cuenta propia que dependen de un único pagador ha crecido un 40% desde 2010, señala el informe.

Por todo ello, la institución insta reforzar la protección de los trabajadores precarios, a través de una serie de medidas como la lucha contra las empresas que emplean a falsos autónomos, la supresión de los incentivos fiscales que fomenten la clasificación errónea de los trabajadores, la extensión de la protección a los empleados que se encuentren en “una zona gris” entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, como por ejemplo los trabajadores de plataformas digitales –como Deliveroo o Uber– , y el reequilibrio de la negociación colectiva, actualmente favorable a la patronal, detalla la OCDE.

Pese a todo, el organismo destaca los avances emprendidos por el Gobierno para aumentar la capacidad de la Inspección de Trabajo, dotando de mayor preparación a los inspectores y concentrado esfuerzos en los sectores donde el fraude es más frecuente. En ese sentido, el pasado año, Trabajo detectó más de 19.000 falsos autónomos de los que el 60% provenía del sector cárnico. Igualmente, en 2018 se convirtieron en fijos casi 200.000 falsos contratos temporales, más del doble que un año antes.

El informe de la OCDE también critica que la situación de los jóvenes en el mercado laboral haya empeorado en la última década, afectando especialmente a aquellos sin estudios universitarios y estando las mujeres peor paradas que los hombres. A pesar de la recuperación y la consolidación de la economía, el organismo con sede en París alerta de que el porcentaje de los llamados Ninis –jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan– es todavía 4 puntos más alto que en 2007, llegando al 20%, el tercer peor puesto entre el resto de grandes economías.

Pero la precariedad laboral no solo afecta a los jóvenes sin estudios superiores, sino también a aquellos altamente cualificados: casi la mitad (44%) de quienes están muy preparados en España tiene un empleo poco remunerado o con salarios bajos, una cifra que se ha disparado desde 2006, cuando la proporción era 20 puntos menor.

Mercantil, civil y administrativo

La industria española ganó pulso durante el mes de abril, según la encuesta de gestores de compras PMI. La consulta mostró mejoras tanto en producción como en nuevos pedidos y empleo. El índice PMI elaborado por la empresa Markit cerró el mes en 51,8 puntos, por encima de los 50,9 de marzo. Se trata del mejor dato desde enero. Los 50 puntos son el umbral que separa la contracción de la expansión económica.

"El sector industrial español ha disfrutado de un mes relativamente positivo, especialmente en el contexto de un entorno de demanda internacional exigente", explicó en una nota el economista de Markit Pail Smith. "Además, la subida de la demanda parece haber sorprendido a muchos industriales, con las empresas tirando de inventarios durante el mes y, en ocasiones, sufriendo escasez de personal".

El índice de empleo subió a 51,3 puntos desde 51,1 en marzo. El incremento de las ventas fue el mejor observado durante diez meses, mientras que la producción ha aumentado ininterrumpidamente durante casi cinco años y medio. Por último, la confianza a plazo de doce meses vista mejoró también en abril. "Se espera que el lanzamiento programado de nuevos productos, el aumento de las actividades comerciales y los pronósticos de una mayor demanda incrementen las ventas y la producción durante los próximos doce meses", explica Markit en su comunicado.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se comprometió a que un Gobierno liderado por el PSOE emprendería la reforma del sistema nacional de vigilancia del sistema financiero. Y, el pasado lunes, la segunda persona que más manda en el Banco de España defendió durante una conferencia en la Universidad de Navarra que el modelo que debe seguirse es el de dos supervisores, cada uno centrado en una labor específica.

Conocido en la jerga regulatoria como twin peaks, este sistema consiste en que haya un único vigilante de la solvencia del sector financiero y otro encargado de hacer que todas las entidades que vendan productos u ofrezcan servicios financieros se comporten de manera adecuada. En la práctica, esta fórmula traspasaría una parte importante de los actuales poderes de supervisión del Banco de España a la CNMV.

El organismo que preside Sebastián Albella se ocupa ahora de controlar los mercados de renta variable y deuda y también es el responsable de que se cumplan las normas de comercialización de algunos, pero no todos, productos financieros. Entre ellos, los fondos de inversión, los productos cotizados (acciones o bonos, por ejemplo), los derivados (opciones, futuros, y warrants, entre ellos) y los estructurados o depósitos que incluyen un derivado en su composición.

La paradoja es que la CNMV no tiene competencias en la comercialización de productos de préstamo (léase, créditos al consumo, hipotecarios y los vinculados a tarjetas de crédito) y de los depósitos clásicos. La actual legislación tampoco le permite ocuparse de la venta de los seguros de ahorro, en la práctica un producto financiero más que se ofrece en las ventanillas de los bancos.

Entre ellos, los seguros de ahorro a largo plazo (Sialp), los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), los planes de previsión asegurados (PPA), los seguros de rentas vitalicias o los unit linked. Además, tampoco tiene capacidad de actuación sobre los fondos de pensiones. Todos estos instrumentos caen bajo la batuta supervisora de la DGSFP, un organismo que ni siquiera es independiente, sino una dirección del Ministerio de Economía.

El cambio eventual tendría como consecuencia que la CNMV habría de ocuparse de velar por la integridad del mercado y, al mismo tiempo, de la comercialización de todos los productos financieros sin distingos de ningún tipo.

A cambio, el Banco de España tendría que hacerse cargo del control de la solvencia de las empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores), gestoras de fondos de inversión y de capital riesgo y, previsiblemente, también de los fondos de pensiones, así como de las aseguradoras. Quedaría por dilucidar el papel de la DGSFP en el nuevo esquema de supervisión.

Es decir, si es más eficiente que sus funciones se repartan entre el Banco de España y la CNMV. La reforma propuesta por el anterior Ejecutivo apostaba por su transformación en una agencia independiente, pero que siga en un sistema de doble supervisión no tendría, a priori, sentido.

Solo hay cinco comunidades que registran incrementos de su producto interior bruto superior a la media de España, del 2,6% durante 2018, de acuerdo con los datos de Contabilidad Regional que ha dado hoy a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Después de Madrid, Cantabria y Navarra, están Castilla-La Mancha (con un crecimiento del 2,8%) y Galicia (del 2,7%).

Por su parte, los comportamientos del PIB en términos de volumen han correspondido a Región de Murcia (1,5%) y a las ciudades autónomas de Ceuta (1,5%) y Melilla (1,6%). De los 19 territorios regionales de España, 15 han arrojado crecimientos del PIB superiores a la media de la UE, que fue del 2%.

"El mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB en volumen registrado en Comunidad de Madrid se debió a una evolución de la rama de actividad de la Construcción más favorable que la registrada a nivel nacional. Por el contrario, la menor variación real del PIB en Región de Murcia estuvo afectada, fundamentalmente, por una evolución de las ramas de actividad de la energía, la construcción y los servicios menos favorable que las registradas a nivel nacional", asegura el organismo estadístico.

En cuanto al PIB per cápita, la Comunidad de Madrid ha registrado el mayor PIB nominal por habitante en el año 2018, con 34.916 euros, seguida por País Vasco (34.079 euros), Navarra (31.809 euros) y Cataluña (30.769 euros), todas ellas por encima de la media nacional (25.854 euros).

El PSOE de Pedro Sánchez ganó este domingo claramente las Elecciones Generales, aunque necesitará apoyos de otros partidos para gobernar. Con el 99,99% del voto escrutado, los socialistas lograron 123 diputados en su mejor resultado desde 2008, frente a los 85 con los que han gobernado en los 11 meses que han transcurrido desde la moción de censura contra Mariano Rajoy. La cifra casi duplica además los 66 diputados de la segunda fuerza, un PP que sella el peor resultado histórico de estas siglas.

Sin embargo, alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños exigirá al PSOE lograr un pacto con Ciudadanos, que vetó esta opción en la campaña, para sumar 180 escaños, o bien el de Unidas Podemos, sus confluencias, PNV y una amalgama de apoyos que podría incluir a parte del nacionalismo catalán. No hay alternativa clara a la derecha, en cualquier caso, ya que PP, Ciudadanos y Vox suman 147 diputados.

Más de 26 millones de españoles se acercaron a las urnas en una jornada con una participación del 75,75%, la más alta desde el triunfo de Rodríguez Zapatero en 2004 y cerca de la de José María Aznar en 1996. El llamamiento generalizado a la movilización masiva fue por tanto un éxito que capitalizó mejor el bloque de izquierdas, pese a la debacle de Podemos (pasa de 71 a 42 diputados) y al auge de Cs (sube de 32 a 57), dado el triunfo del PSOE, el batacazo popular y que la irrupción en el Congreso del ultraderechista Vox fue menor a la que anunciaban las encuestas (saca 24 escaños).

Por su parte, ERC obtuvo su mejor resultado en Cataluña con 15 escaños frente a los siete de Junts per Catalunya, mientras que PNV logró seis; EH Bildu, cuatro; Coalición Canaria, dos; al igual que Navarra Suma. A falta de ver si Albert Rivera se desdice de su cordón sanitario a los socialistas y tiende la mano de Cs a Sánchez, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dio por hecho que los esfuerzos deben concentrarse en formar un Gobierno de izquierdas, aunque pidió “paciencia”.

De hecho, es previsible que el nuevo Ejecutivo tarde aún semanas en formarse. De hecho, la proximidad de las elecciones autonómicas, locales y europeas del próximo 26 de mayo podría retrasar cualquier acuerdo entre los partidos, reacios a retratarse a escala nacional mientras piden de nuevo el voto para gobernar otras circunscripciones en solitario. Ese tacticismo político complicaría que haya unos Presupuestos Generales de 2019, como el propio PSOE se ha propuesto, ya que la formación del Ejecutivo podría retrasarse hasta las puertas del verano y a su vuelta deberían impulsarse ya las cuentas de 2020.

Mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez, de momento en funciones, remitirá a Bruselas mañana sus nuevas previsiones de déficit a tres años y un cuadro macroeconómico que corre el riesgo de ir quedando lastrado por la desaceleración económica global.

En cualquier caso, los resultados para el Senado prometen facilitar las cosas para un probable Gobierno socialista. El PP pierde la mayoría absoluta de 130 escaños de la que disfrutaba para contar con tan solo 56 asientos en la Cámara Alta, mientras que el PSOE salta de 43 a 121 senadores. El movimiento en el Senado es clave porque esta Cámara tiene derecho de veto sobre los objetivos de déficit que apruebe el Congreso de los Diputados, lo que ya impidió a Sánchez suavizar la senda fiscal prevista para estos años. Con el resto de la Cámara Alta ampliamente fragmentada, la llave para aplicar el artículo 155 de la Constitución –que permitió suspender la autonomía de Cataluña– quedará en manos del PSOE, lo que le da más margen para modular la presión sobre los independentistas en una negociación parlamentaria.

Con estos mimbres deberán de conformarse de nuevo las dos Cámaras del Parlamento en los últimos días de mayo para una XIII Legislatura que se antoja compleja desde su arranque, pero en la que el PSOE tiene visos de poder formar un Gobierno con mayor estabilidad de la que gozaba hasta la fecha. Su capacidad para sacar adelante unos Presupuestos y durar cuatro años dependerá de la fortaleza de los pactos que logre cerrar en los próximos días.

España ha culminado finalmente este viernes la trasposición de la directiva de protección de los consumidores hipotecarios aprobada en 2014 y que el país debía haber incorporado a su normativa antes de marzo de 2016.

Con tres años de retraso, la trasposición ha sido completada este viernes con la aprobación de un real decreto ley y una orden ministerial que complementan la reforma hipotecaria aprobada por una amplia mayoría del Parlamento el pasado marzo y que entrará en vigor a mediados de junio.

Las medidas aprobadas hoy aportan el desarrollo reglamentario necesario para terminar de cumplir la directiva, paso que ha sido tomado in extremis por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en su última reunión antes de pasar a trabajar en funciones tras los comicios del domingo. El retraso acumulado por España le valió una denuncia de Bruselas ante la justicia europea por la que ahora mismo se juega una sanción de 100.000 euros diarios par cada día de retraso en la aplicación de la norma.

“Culminada la trasposición de esta norma haremos todo lo posible para que la Comisión Europea retire la demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la UE para evitar la imposición de esta multa, por este retraso de tres años que hemos arrastrado”, ha avanzado la ministra de Economía, Nadia Calviño.

El abogado general del TJUE, una suerte de fiscal general, se ha mostrado partidario de multar a España por su demora y de hacerlo con cierto carácter retroactivo, si bien la decisión final está en manos del tribunal, que deberá pronunciarse en los próximos meses si Bruselas no retira antes su demanda.

El real decreto ley y la orden ministerial aprobadas el viernes desarrollan algunos aspectos pendientes como el régimen de servicios de asesoramiento a los hipotecados, el sistema telemático que usarán los notarios, los requisitos para que una empresa distinta a una entidad de crédito pueda ser prestamista inmobiliario, así como una serie de garantías de protección del consumidor en materia de seguridad del contrato (como las fichas de advertencias) o las reglas de publicidad.

El reglamento también desarrolla los requisitos mínimos de formación del personal bancario que comercialice los préstamos, y aclara que la protección que introduce la reforma hipotecaria también afectará a las hipotecas inversas.

“La normativa refuerza la seguridad jurídica y la protección de las personas, así como del sistema financiero”, ha defendido Calviño recordando que la norma eleva la transparencia en la comercialización de los préstamos, acota los intereses de demora o aumenta el número de meses de impago ante el que el banco puede iniciar un desahucio.

Sector

La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial pide a los jueces que eviten buscar información a través de Internet o de las redes sociales sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso pueda "alterar la posición imparcial que deben adoptar en su enjuiciamiento". Por ello, señala que "no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".

Esta afirmación está contenida en el dictamen emitido por la Comisión de Ética Judicial en su respuesta a la consulta realizada por un juez de lo social que debía resolver un pleito sobre invalidez en el que una de las partes había alegado la existencia de una lesión que le limitaba la capacidad de andar y, por tanto, de realizar su trabajo como peón de la construcción. La otra parte en litigio había aportado una prueba médica contradictoria con la anterior.

Dos horas después del juicio, y de forma casual, el juez coincidió en la estación de Renfe con el trabajador que dijo haber sufrido la lesión y vio que éste caminaba normalmente. En su consulta, el juez plantea si puede tenerse en cuenta el conocimiento de esa circunstancia para resolver el pleito y, en una reflexión más genérica, si puede el juzgador hacer alguna indagación relacionada con el hecho objeto de enjuiciamiento a través de internet o de las redes sociales.

La Comisión señala que la cuestión suscitada por la consulta afecta, desde la perspectiva ética, a la independencia y a la imparcialidad judicial, principios en cuya preservación el juez debe ser "extremadamente diligente"; de modo que, en el proceso de decisión sobre los hechos y de valoración de la prueba, el juez no debe contaminarse "por cualquier clase de prejuicio contra alguna de las partes que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos".

En opinión de la Comisión, en la actualidad revisten especial interés las posibilidades que el juez tiene de obtener información sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso a través de internet o de las redes sociales. Por esta razón, señala que el juez debe ser especialmente diligente y cuidadoso "en evitar que la información que pudiera llegarle por esta vía pueda alterar la posición imparcial que debe adoptar en su enjuiciamiento".

Puesto que el juez puede llegar a conocer hechos o circunstancias que no han sido aportadas al proceso u obtener información sobre alguna de las partes o sus letrados que sesguen de forma inconsciente su enjuiciamiento, la Comisión concluye que "en cualquier caso, no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".

Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

La Ley de Derecho de Defensa. Es la primera petición de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ya que, de llevarse a cabo, “nos situaría a la vanguardia mundial en protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Una reivindicación a la que se suma José María Alonso, decano del Colegio de Madrid (ICAM), y Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona (ICAB). Alonso urge al nuevo ministro su aprobación “de una vez por todas” y Gay incide en la necesidad de contar con la norma para “asegurar la intervención de la abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la justicia”.

Reforma del sistema de acceso. Para el sector es inaplazable que Justicia acepte adecuar el examen de acceso a la abogacía a las demandas del mercado, haciéndolo “eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión”, declara Ortega. Esta medida ya ha sido negociada con los anteriores responsables y tiene como fin hacer un modelo más serio y acorde a los países de nuestro entorno.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, Ortega apuesta por la “actualización de baremos y pagos puntuales”, así como “dignificar el turno de oficio por el servicio público esencial que presta”. A esta petición, la decana del Colegio de Barcelona reconoce que también se sumará.

Sistema de elección del CGPJ. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), apunta que la primera medida que exigen es cumplir con las llamadas de atención de Europa sobre la independencia judicial. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) reclama, especialmente, que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Tenemos la impresión de que se ha convertido en un club de golf. Se nombra a conocidos”, critica. Tras esta reforma, exige su fortalecimiento para dotarlo de mecanismos que eviten intromisiones del resto de poderes del Estado.

Retribución de jueces y letrados de Justicia. Una de las viejas peticiones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido la adaptación de sus retribuciones a las del resto de Cuerpos Superiores de la Administración Pública y de Justicia; en especial, la de los letrados de nuevo ingreso. “En algunos juzgados, sus salarios no alcanzan ni los 1.500 euros”, reprocha Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia. Asimismo, exige una modificación del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de Justicia para adaptarlo a las competencias asumidas en los últimos diez años. “En virtud de esto, en la actualidad, se tramitan y resuelven el 90% de los procedimientos ingresados en los juzgados”, expresa. Por su parte, la judicatura recuerda que han perdido un 14% del sueldo de 2009 a 2018 y Justicia no ha hecho caso de sus reclamaciones.

Aumento de la planta judicial y fiscal. Incrementar el número de jueces y fiscales es una de las necesidades que la AJFV considera más urgentes dado el colapso que sufren los tribunales españoles. “En relación al número de jueces y fiscales por habitante, estamos muy por debajo de los países europeos”, dice Prado. Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno acaba de anunciar la creación de 300 nuevas plazas para jueces, la realidad es que solo hay 75 oficinas creadas. “Unos 200 jueces no saben dónde van a ir”, alerta. Para ello, insta al próximo ministro a crear los “famosos tribunales de instancia y racionalizar el sistema”. “Lo hacen en otros países y funciona, pero aquí no se atreven”.

El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.

Si el abogado no se presenta a la citación porque esta le coincidía con un señalamiento en otro juzgado, pero no avisa de tal circunstancia, se le tendrá por desistido en la causa. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que unifica doctrina y rechaza el recurso de casación interpuesto por una letrada, a quien, después de haber sido llamada tres veces sin respuesta a la hora que debía dar comienzo el acto de conciliación, un juzgado de lo social de Sevilla tuvo por desistida de su demanda.

Según subraya el alto tribunal, la legislación permite la suspensión de los señalamientos en aras de garantizar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Eso sí, todas las previsiones legales que regulan estas circunstancias, entre ellas el artículo 83.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, determinan que la incomparecencia injustificada se entenderá como una renuncia a la pretensión.

Sin embargo, tal y como sucedió en el caso enjuiciado, en el que la abogada llegó media hora tarde a la sala sin haber dado previo aviso, los magistrados aseveran que no cabe amparar al profesional. Por tres razones: primero, los preceptos legales son "claros y precisos"; segundo, el trámite que permite sortear dicha circunstancia es muy sencillo (una mera notificación), y tercero, porque la gravedad de las consecuencias legales obliga a los letrados a "extremar su diligencia" y al órgano judicial a "exigirles el celoso cumplimiento de sus obligaciones". Asimismo, explican, un trato de favor al letrado autor de tal descuido supondría un trato de favor que infringiría los derechos de la contraparte.

El Supremo, no obstante, apunta a que "no desconoce" el atasco que sufren los juzgados y tribunales, pero insiste en que dicha circunstancia "no puede ser excusa para ignorar una obligación tan evidente y fácil de cumplimentar". Aunque matizan que el fallo sería distinto si la recurrente hubiera intentado comunicarse con el juzgado o alegara alguna razón que pudiera interpretarse como una "causa justa" de la incomparecencia.

Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades. El sector legal es un gran dinamizador del mercado inmobiliario. Son los inquilinos perfectos. Los despachos de abogados buscan inmuebles emblemáticos, alquilan por empleado más metros cuadrados que empresas de otros sectores y, aunque son buenos negociadores y pelean el precio, están dispuestos a pagar un poco más si el inmueble se ajusta a lo que están buscando.

Además, son negocios estables, que buscan contratos a largo plazo y pagan las facturas en tiempo y forma. Aunque 2018 no fue el ejercicio más activo, sobre todo porque 2017 marcó varios récords con grandes mudanzas, tanto en número como en metros cuadrados (como las de Baker McKenzie o Allen & Overy), el pasado ejercicio siguió siendo muy positivo para la actividad inmobiliaria ligada a las sedes corporativas de los bufetes, sobre todo en la capital española, donde se encuentran los cuarteles generales de la mayoría de las firmas internacionales, que el año pasado fueron las grandes protagonistas (como Andersen, Latham & Watkins o Pinsent Masons).

En la última década, la media anual de metros cuadrados alquilados en edificios exclusivos de oficinas en Madrid por los despachos de abogados alcanza los 11.000 metros cuadrados, más del doble que, por ejemplo, en Barcelona, la siguiente plaza más activa, según se desprende del informe El futuro de los espacios de trabajo en el sector legal, elaborado por CBRE. Hay que tener en cuenta que sólo entre 2017 y 2018 se han cerrado tantas operaciones inmobiliarias en el sector legal como en los tres ejercicios anteriores juntos. A la hora de hablar de espacio, el liderazgo es para las firmas internacionales, que tienden a alquilar, de media, el doble de metros que los bufetes con pasaporte español.

Sin embargo, a la hora de hablar por número de transacciones, son los bufetes nacionales los que se muestran más activos (seis de cada diez, aunque se trata de sedes más modestas). Por zonas, en el caso de Madrid, el Barrio de Salamanca copa el 43% del interés, mientras que el distrito norte (en torno a las Cuatro Torres) ocupa el segundo lugar, con un 17%, según datos de CBRE.

En Barcelona, la situación es muy similar, aunque en una escala más pequeña. La media anual de metros cuadrados alquilados se sitúa en poco más de 4.500, con un boom que marcó un récord en 2013. Estas cifras no incluyen el cambio de sede de Cuatrecasas en 2016, con cerca de 20.000 metros cuadrados.

En el caso de la Ciudad Condal, nueve de cada diez operaciones están protagonizadas por bufetes nacionales. Por tamaño, sólo el 3% supera los 1.500 metros cuadrados, mientras que el 93% se refiere a oficinas de menos de 700 metros cuadrados. El pasado ejercicio, entre las mudanzas más importantes se encontraron la de Marinel-lo & Partners (Edificio @Mar), la de Dentons (Torre Barcelona) y la de CHR Legal (Paseo de Gracia), todas ellas por debajo de los 500 m2. Por zonas, el distrito central de negocios es el más demandado en los últimos movimientos inmobiliarios, donde el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal son los ejes de referencia.



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