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Los consejos de la semana

Contabilidad

Novedades en la reformulación y subsanación de errores en las cuentas anuales

Entre las novedades que introduce la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital, se encuentra el apartado referente a la reformulación y subsanación de errores en la Cuentas Anuales.

Reformulación

En concreto, la Resolución del ICAC establece que si una vez formuladas las cuentas anuales del ejercicio los administradores acuerdan su reformulación, en la memoria de las cuentas anuales se deberá incluir toda la información significativa sobre los hechos que han motivado la revisión de las cuentas inicialmente formuladas, sin perjuicio de los cambios que se deban introducir en los restantes documentos que integran las cuentas anuales de acuerdo con la norma de registro y valoración sobre hechos posteriores al cierre del ejercicio del Plan General de Contabilidad (PGC) o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGCPYMES).

Subsanación de error contable

También la Resolución del ICAC, en el caso de la subsanación de un error contable incurrido en un ejercicio anterior al que se refieran las cuentas anuales, establece que en todo caso se contabilizará en las cuentas anuales del ejercicio en que se advierta el error siguiendo la norma de registro y valoración sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del PGC o del PGCPYMES.

Atención. Se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la sociedad podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas.

Entrada en vigor

La Resolución del ICAC entró en vigor el día 12 de Marzo de 2019 y será de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

No obstante, las sociedades podrán optar por aplicar la Resolución del ICAV de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma de registro y valoración sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del PGC y PGCPYMES.

Atención.La Resolución será de obligatorio cumplimiento para todas las sociedades de capital que aplican el Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas; si bien en el caso de las Sociedades Cooperativas aplicarán los criterios regulados en la Orden EHA/ 3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, y, en ausencia de regulación expresa, aplicarán de forma subsidiaria los contenidos en esta resolución.

En el caso de la subsanación de un error contable incurrido en un ejercicio anterior al que se refieran las cuentas anuales, establece que en todo caso se contabilizará en las cuentas anuales del ejercicio en que se advierta el error siguiendo la norma de registro y valoración sobre cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del PGC o del PGCPYMES.

Fiscal

Cómo actuar ante pagos y cobros con personas/entidades domiciliadas en extranjero

Los pagos realizados fuera del territorio español por una persona física o jurídica con domicilio fiscal en España a otra con domicilio en el extranjero, ¿se encuentran sometidos a las limitaciones a los pagos en efectivo?

El ámbito espacial de aplicación de la prohibición de pagos en efectivo por encima de 2.500 euros se limita al territorio español (art. 8.1 Código Civil). Por ello, las operaciones realizadas y pagadas fuera del territorio español no se encuentran afectadas por esta limitación.

Pero, a efectos de prueba, no resulta suficiente la mera alegación por parte de la persona o entidad con domicilio fiscal en territorio español de que el pago se he efectuado en el extranjero. La AEAT podrá exigir que se justifique que los pagos superiores a 2.500 euros se han satisfecho efectivamente en el extranjero.

En concreto, puede exigir que el pagador con domicilio fiscal en territorio español justifique que disponía de efectivo suficiente en el extranjero para efectuar dicho pago o que, en su caso, se ha presentado la declaración previa sobre movimientos de medios de pago por entradas o salidas en territorio nacional de efectivo a que se refiere el art. 2.3 del Real Decreto 925/1995, de 9 junio.

A efectos del límite de 15.000 euros para la limitación a los pagos en efectivo por un pagador persona física que no actúe en calidad de empresario o profesional, ¿quién y cómo justifica que el pagador no tiene domicilio fiscal en España?

Para que un pago por cuantía entre 15.000 y 2.500 euros se pueda realizar en efectivo, el pagador debe justificar que es una persona física que no tiene domicilio fiscal en España y, de las características de la operación, se debe desprender que no actúa en calidad de empresario o profesional. Si el pagador no justifica su domicilio en el extranjero, el cobrador deberá exigirle que el pago se efectúe por un medo distinto al efectivo. La AEAT podrá exigir al cobrador que acredite que se cumplieron los requisitos para que dicho pago superior a 2.500 euros se realizara en efectivo, por lo que deberá conservar la justificación oportuna.

La justificación del domicilio fiscal del pagador se podrá efectuar por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Por ejemplo, con el pasaporte o cualquier otra prueba documental suficiente que le sea facilitada o exhibida por el no residente y del que quede constancia.

¿Qué límite de pagos en efectivo corresponde a las operaciones efectuadas en territorio español por una persona que justifique no tener domicilio fiscal en España?

El importe por el que no se puede pagar en efectivo es de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador es una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. Por lo tanto:

- Si ninguna de las partes que intervienen en la operación han actuado en calidad de empresario o profesional, la operación no se encuentra sometida a la limitación.

- Si el pagador es una persona jurídica o tiene domicilio fiscal en territorio español o actúa en calidad de empresario o profesional, el límite será de 2.500 euros.

- Si el pagador es persona física y no tiene domicilio fiscal en territorio español y no actúa en calidad de empresario o profesional, el límite será de 15.000 euros.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La oficina estadística Eurostat corrigió a la baja los números que le remitió Madrid. El Gobierno anunció que cerró el año pasado con un desfase presupuestario equivalente al 2,63% del PIB, pero Bruselas lo recortó al 2,48% al considerar que ciertos gastos deberán imputarse a 2019. Si nada se tuerce, España, que deja de ser el país de la UE con más déficit, saldrá en junio del brazo correctivo.

España será el último país de la UE en abandonar la UCI de Bruselas, por la que en 2011 llegaron a pasar 24 países. La salida se producirá previsiblemente, según fuentes comunitarias, el próximo junio. Si en las previsiones económicas de mayo la Comisión Europea constata que España no rebasará en los próximos dos años el sacrosanto límite del 3%, dará luz verde para que salga de la estricta vigilancia a la que ahora está sometida.

Como ya anunció poco después de tomar cargo de su cartera la ministra de Economía, Nadia Calviño, España no cumplirá con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Estos pasaban por drenar el déficit del 3,1% de 2017 hasta el 2,2% del PIB en 2018. Calviño consideró entonces que eso implicaba un “ajuste de gran magnitud”. Sin embargo, al final no ha quedado lejos de esa meta. Y paradójicamente, Bruselas ha acabado mejorando el saldo final que estimó el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo anunció en marzo que rebajó el déficit al 2,63% del PIB gracias a una enorme subida de la recaudación fiscal y pese al aumento del gasto y la desaceleración económica. Sin embargo, en las cuentas se anotaron varios gastos extraordinarios —que no se repetirán— y que, según le advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no tenían por qué ser imputados a ese ejercicio.

El Banco de España concretó que, en parte, el saldo se reduce por el registro de 890 millones de euros por contratos de concesiones de autopistas, en relación a la reclamación que ha formulado Abertis al Estado por unas obras en la AP-7 que aún se halla en los tribunales. Hacienda también cargó al déficit de 2018 los 702 millones que debe devolver a Telefónica por el impuesto de sociedades, a pesar de que la sentencia se dictó este año. En una nota, Hacienda afirmó que “los datos comunicados inicialmente por la Intervención General del Estado” contemplaban un mayor gasto” en 2018 “basándose en el principio de prudencia”. Eso se cambió tras un “proceso habitual de consultas e intercambio de información” con Eurostat.

España, pues, acabó 2018 mejor de lo que esperaba. Pero a la vez tendrá menos margen para este año al tener que afrontar más extraordinarios. Los compromisos con Bruselas pasan por ir cerrando ya el boquete de los Presupuestos y dejarlo en el 1,3% del PIB. No obstante, Calviño avisó de que su meta sería el 1,8%, al considerarla más realista para desplegar las políticas sociales a las que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez.

Ya liberada del corsé del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión examinará cada año el saldo estructural de España. Es decir, la situación de las cuentas públicas descontando los efectos del ciclo económico. Bruselas le exige un ajuste del 0,65% del PIB anual, con un margen de incumplimiento del 0,5% que puede repartir en los dos primeros años.

Fragilidad de las finanzas autonómicas

(Expansión, 22-04-2019)

Esta es la principal conclusión de un estudio sobre Las finanzas autonómicas en 2018 y entre 2003 y 2018 elaborado por Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica de Fedea y el Instituto de Análisis Económico (CSIC). Según el análisis de tallado del último ejercicio presupuestario de las comunidades, estas presentan "una situación similar en muchos aspectos a la observada en 2003 pero también bastante más frágil ante un posible cambio de ciclo".

Esta fragilidad, radica según De la Fuente, en el elevado stock de deuda que han acumulado la mayor parte de las autonomías y el hecho de que la mejora del saldo presupuestario autonómico que se ha registrado en los últimos años "se apoya en factores anómalos y difícilmente sostenibles". Se refieren con ello a una inversión atípicamente baja y fuertes subvenciones a los intereses a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y otros mecanismos estatales de liquidez.

Así, este trabajo alerta, por ejemplo, de que las partidas de inversión, aunque muestran síntomas de recuperación, "continúan en un nivel insosteniblemente bajo". Por ello, su elevación futura presionará al alza los déficits autonómicos de los próximos ejercicios.

Si bien, dicho esto, es cierto que se ha producido una normalización de las finanzas autonómicas, lo que ha supuesto un "alivio" tras los años de la crisis económica. Pero precisamente, esos ejercicios de recesión han dejado a las autonomías "en una situación bastante más frágil" que la de partida de este estudio (2003). Esto --advierte De la Fuente-- que existe un margen de maniobra limitado si los síntomas de desaceleración que se observan en los últimos meses se confirman y acentúan en los próximos trimestres".

Para De la Fuente "quizás lo más preocupante a medio y largo plazo es que la deuda autonómica, medida en relación con la renta nacional, se ha multiplicado por cinco en menos de una década". Aunque en los últimos años de recuperación se ha estabilizado en el entorno del 25%.

Los datos que utiliza este experto provienen de las cuentas regionales que elabora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 2019 y en particular de las series desagregadas por comunidades autónomas que publica este organismo. La elección del año 2003 para hacer el balance obedece a que fue el primer año en el que todas las comunidades fueron responsables de la gestión de la sanidad durante un ejercicio concreto. Y, posteriormente, no ha habido grandes traspasos de competencias que hayan condicionado la financiación.

Las cuentas públicas han mejorado sus resultados respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana. Además, trece de ellas cumplieron el objetivo de déficit y dos más se quedaron a solo unas centésimas de hacerlo, dejando solo a la Comunidad Valenciana y Murcia con déficits muy superiores al objetivo.

En términos generales, la mejora del saldo presupuestario proviene en primer lugar del fuerte crecimiento de los ingresos con la recuperación económica, pero hay también una contribución significativa de las partidas de gasto, que crecen a un ritmo inferior al PIB y por lo tanto pierden peso en este agregado, según Fedea.

En cuanto a su endeudamiento, entre 2003 y 2018 todas las autonomías han incrementado su deuda, en especial durante la crisis económica, pero hoy en día se mantienen grandes diferencias entre ellas. Así, las regiones menos endeudadas respecto a su PIB son Madrid, Canarias, Navarra y País Vasco. Mientras que la más endeudada es, con diferencia, la Comunidad Valenciana, cuya deuda se sitúa "por encima de un preocupante 40%", advierte este experto.

Transcurridos 15 días desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 1.200 millones de euros a 2,042 millones de contribuyentes, lo que supone un incremento del 32% en el número de beneficiarios y del 42% sobre el monto abonado en el mismo plazo del año anterior.

En este tiempo, 3,248 millones de contribuyentes han presentado su declaración, 613.000 más que un año antes, frente a los más de 20,35 millones de personas que se espera que participen en la campaña que culmina el próximo 1 de julio.

Hacienda estima que 14,13 millones de contribuyentes obtendrán un resultado a devolver tras presentar sus declaraciones, con lo que la administración deberá compensarles con unos 10.468 millones de euros. La cifra supone un 4,5% más que lo abonado el año pasado, mientras que 5,161 millones de contribuyentes tendrán que abonar unos 10.160 millones de euros al fisco.

La Agencia Tributaria ha celebrado la aceleración en el ritmo de declaraciones que achaca, en un comunicado, a las mejoras de su sistema de declaración online, a su mejorada aplicación web y al refuerzo de la atención que presta telefónicamente. Como resultado, a estas alturas se han presentado 168.000 declaraciones con la aplicación móvil, un 49% más, lo que supone que se ha alcanzado el 84% de usos de toda la campaña anterior.

A su vez, 245.000 contribuyentes han concertado ya cita telefónica mediante el plan “Le llamamos”, lo que ha permitido confeccionar hasta ahora 45.000 declaraciones por este canal, un 80% más que el año anterior. En cuanto a la nueva herramienta web de gestión de carteras de valores, 154.000 contribuyentes ya la han utilizado.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de una empresa contra el Real Decreto-ley 2/2016 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para elevar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Esa reforma introdujo un mínimo en los pagos fraccionados (parte del impuesto que se adelanta durante el año a la espera de la liquidación definitiva tras el cierre del ejercicio) con el objetivo de elevar la recaudación de ese año en unos 8.000 millones de euros. En otras palabras, las empresas adelantarían una parte del impuesto que abonan definitivamente a lo largo de la primera mitad del año siguiente cuando conozcan sus resultados reales.

La Audiencia Nacional planteó una cuestión de constitucionalidad al TC para que analice si se adapta a las reglas establecidas en la Constitución Española y finalmente ha sido admitida a trámite. El Constitucional ha comunicado que, por el momento, queda en suspenso la modificación de la "disposición adicional decimocuarta" de la ley 27/2014 introducida en dicho decreto-ley, lo que significa que el pago mínimo a cuenta queda paralizado hasta que se conozca el fallo definitivo.

Esta decisión supone un gran golpe para las cuentas públicas, ya que aunque no significa que se modifique la recaudación total, sí puede provocar que se retrasen los ingresos a 2020, lo que agravaría el déficit de este ejercicio. Precisamente esta modificación se introdujo en 2016 para adelantar una parte de la recaudación y evitar que el déficit se descontrolara todavía más. En concreto, las empresas con una cifra de negocios superior a los 10 millones de euros en el ejercicio anterior estaban obligadas a adelantar un 23% de su beneficio a lo largo de los tres pagos fraccionados.

Si el Constitucional retrasa el fallo, o si finalmente anula este pago fraccionado mínimo, significaría que la Agencia Tributaria sufrirá una fuerte caída de los ingresos por sociedades este año, ya que una buena parte de la recaudación de 2018 ya se abonó a lo largo del año precisamente por estos mínimos. En resumen, la recaudación de la liquidación del ejercicio de 2018 sería reducida y los pagos fraccionados de este ejercicio, caerían todavía más.

La Audiencia Nacional ya tenía dudas sobre la constitucionalidad de este decreto-ley por dos motivos. El primero, porque el pago mínimo se justificaba únicamente por los ingresos de los 12 meses anteriores puede obligar a tributar a una empresa que no tiene tales beneficios. De hecho, en muchas ocasiones la liquidación del tributo es favorable a la compañía y Hacienda tiene que devolver el dinero. Esto podría atentar contra el principio de contribuir al mantenimiento del Estado en función de la capacidad económica de cada uno, establecido en el artículo 31.1 de la Constitución.

En segundo, porque suponía una modificación sustancial de una ley orgánica desarrollada a través de un decreto-ley, lo que genera dudas legales. El TC se refiere aquí al artículo 86.1 de la Constitución, que determina que los decretos-leyes "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado".

Si finalmente el Constitucional anula la modificación de la disposición adicional decimocuarta realizada por el Real Decreto-ley 2/2016 podría obligar a Hacienda a devolver a las empresas los intereses correspondientes a ese adelanto del impuesto. El TC ha dado 15 días al Gobierno y a las Cortes para que presenten sus alegaciones respecto a ese decreto-ley antes de que resuelva definitivamente la cuestión planteada.

Hacienda suspendió la posibilidad de presentar una predeclaración física antes de que arrancara, dejando la opción de imprimir el borrador, pero obligando a los contribuyentes a presentarla digitalmente bien sea en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, mediante su servicio de atención telefónica, en su web o mediante su aplicación móvil.

La Asociación de Asesores Fiscales Aedaf ha decidido ahora presentar un recurso contencioso administrativo para impugnar la orden ministerial HAC/277/2019, de 4 de marzo solicitando su suspensión, por no permitir la presentación de la declaración de IRPF en papel.

La asociación denuncia que hay 350.000 contribuyentes que utilizaron la predeclaración en papel en la campaña de la renta de 2017 (celebrada el pasado ejercicio) y cuyos derechos habrían quedado desamparados por la decisión de la Agencia Tributaria.

“Contribuir es una obligación y se debe, especialmente en las personas mayores, facilitar su cumplimiento sin complicarle aún más la vida al contribuyente. Hay perfiles de contribuyentes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas personas mayores, y esta medida les causa confusión y desconcierto”, ha declarado José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, quien considera que la medida convierte en una obligación el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos.

“Hay zonas de nuestro país en las que Internet aún tiene bajas tasas de penetración y donde tampoco hay a mano una sucursal bancaria y menos aún una Delegación de la AEAT. ¿Qué espera la Agencia Tributaria que hagan en ese caso estos contribuyentes?”, agregan desde Aedaf, donde recuerdan que la digitalización no es plena en todas las regiones de España.

Laboral

La Seguridad Social ganó una media de 41.677 cotizantes extranjeros en marzo (+2,1%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.026.957 personas, informó este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este repunte, la afiliación de extranjeros encadena dos meses consecutivos de ascensos tras haber ganado en febrero algo más de 18.500 inmigrantes.

Además, en marzo el total de inmigrantes ocupados volvió a superar los dos millones de afiliados por primera vez desde octubre del año pasado. Del total de afiliados extranjeros, 1.690.470 cotizan en el Régimen General; 332.096 en Autónomos; 4.329 en el Régimen del Mar, y 62 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 153.144 cotizantes en marzo, un 8,17% más.

Al finalizar el tercer mes del año, un total de 1.187.001 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (839.956) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (347.033), Marruecos (259.893), Italia (115.771) y China (104.183). Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (72.025), Reino Unido (67.880), Colombia (65.234), Bulgaria (61.887) y Portugal (53.400).

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de marzo, al sumar entre ambas el 44,4% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 484.706 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 416.698. Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar marzo fueron Cantabria, con 11.645 extranjeros; Extremadura, con 11.759, y Asturias, con 13.731.

En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros subió en 15 comunidades autónomas, especialmente en Cataluña (+8.898 cotizantes) y Andalucía (+8.256), y bajó en Castilla-La Mancha (-1.012 extranjeros) y La Rioja (-64 cotizantes). En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó en marzo en todas las comunidades. Los mayores avances, en valores absolutos, los registraron Cataluña (+40.992 cotizantes) y Madrid (+34.020 ocupados).

La tasa de empleo temporal en España es, por costumbre, la más alta de Europa. Y la diferencia no se explica solo por la importancia del turismo y otras actividades estacionales. Ese abuso tan extendido se aprecia con claridad en lo sucedido en las conversiones de contratos temporales a fijos en 2018. Se transformaron a indefinidos más de 970.000, y, del total, unos 195.000 se convirtieron tras detectar la Inspección de Trabajo indicios de fraude. Es decir, el 20%. Tanto la cifra absoluta como el porcentaje son los más altos en los últimos 12 años y coinciden con el plan de choque que el Gobierno lanzó el verano pasado.

No es un secreto para nadie que en España se abusa de la contratación temporal. Y se abusa mucho. En teoría, cuando se firma un contrato temporal debe existir una causa justificada: aumento puntual o estacional de la producción, la formación de un trabajador, una sustitución pasajera… El reverso de estas condiciones lleva a que, siguiendo la norma, no se deba emplear a alguien que ya sabe un oficio durante unos meses y tenerlo a examen antes de hacerlo fijo; para eso están los periodos de prueba en los contratos indefinidos. Ni tampoco está permitido que un puesto de trabajo estructural lo cubra un empleado eventual. Pero esto pasa en el mercado laboral español a diario y no solo en las empresas privadas. Las administraciones —especialmente en el sector sanitario— se han llevado más de un bocinazo de los tribunales por abusar.

A la par que la sensación de precariedad creciente que ha acompañado a la recuperación laboral en los últimos años, o quizá por ella, la lucha contra los abusos en la temporalidad injustificada ha cogido cierto impulso en los últimos años. La eficacia de la Inspección de Trabajo para detectarla y forzar la conversión de los contratos temporales en indefinidos ha crecido.

Hace 10 años las transformaciones instadas por la policía laboral tras detectar fraude suponían el 5% del total. Ese porcentaje y la cifra absoluta han aumentado en los últimos años con alguna interrupción hasta llegar al salto de 2018. Pese a esto, no se puede negar que esta lucha no está sirviendo para reducir el exceso de temporalidad en el mercado de trabajo español: el 27% de asalariados a finales de 2018 eran temporales, una tasa creciente desde que empezó a crearse empleo.

Sin embargo, el año pasado hubo 970.838 conversiones de contratos temporales a fijos. De ellas, 194.295 llegaron después de que los inspectores actuaran. Buena parte de este salto, tanto en números absolutos (en 2017 hubo 102.000 conversiones menos) como en porcentaje (pasa del 11,9% al 20%) se debe al plan de choque contra el abuso de los eventuales puesto en marcha por el Gobierno en verano. La primera acción de ese plan consistió en el envío masivo de cartas en las que se advertía a las empresas de que había indicios de fraude en la contratación temporal que hacía y que de no convertirlos en indefinidos recibirían una visita de la Inspección. Esto provocó una primera oleada de transformación de 61.445 contratos temporales en contratos indefinidos.

A estos hay que sumar las 132.850 conversiones que realizó la propia Inspección con su actuación ordinaria. De la suma de ambas y el cruce hecho por EL PAÍS con los datos del servicio público de empleo, que contabiliza las conversiones del plan de choque del Gobierno, pero no las ordinarias, surge ese porcentaje del 20% de conversiones que resultan de la mano dura de la Inspección.

“No me sorprende ese porcentaje tan alto”. La respuesta que dan Mercedes Martínez, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), y Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo, coincide cuando se les pregunta por estas cifras. Tampoco otros dos inspectores consultados para esta información, que prefieren no dar su nombre, se sorprenden. Incluso señalan que es un porcentaje bajo para lo que ellos se encuentran en el día a día. Lo mismo opinan en CC OO y UGT. Este sindicato llega a hablar de “adicción a la contratación temporal fraudulenta” de los empresarios.

Las Administraciones destinan unos 6.500 millones al año a políticas activas de empleo. La Intervención o el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con todos los requisitos legales al desembolsarlos. Sin embargo, no existe un análisis detallado de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se gastan de forma eficaz. Los expertos siempre han denunciado este hecho, que lleva a elaborar los presupuestos por pura inercia, sin que se reorienten los fondos hacia aquellas prácticas que mejores resultados brinden. Según el INE, ahora mismo solo un 2,1% de los asalariados dice haber encontrado su trabajo gracias a una oficina pública de empleo.

Con el objetivo de cambiarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ultima su informe sobre políticas de empleo, conocido en la jerga como spending review. Aunque el organismo ha rehusado hacer comentarios, ya ha adelantado a las Administraciones afectadas sus conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre ellas, destaca el problema que han tenido en la Airef para poder evaluar de verdad lo que hacen las autonomías.

En este ejercicio, la Autoridad Fiscal podía cruzar los datos con el historial de los trabajadores en la Seguridad Social, de forma que se pudiese comprobar cómo había mejorado su empleabilidad tras el paso por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, a pesar de la colaboración de las comunidades, faltaban datos homogéneos y comparables. No había trazabilidad de los gastos y en muchas ocasiones se desconocía en qué se habían empleado exactamente. Al estar dividido entre 17 autonomías, con unos sistemas informáticos muy distintos, la información sobre los cursos o los itinerarios es parcial y de una calidad que varía mucho, señala el documento de presentación de la Airef. Y se complica todavía más cuando entran en juego lo que hacen las entidades locales o las entregas de fondos europeos. Todo ello ha impedido elaborar lo que en verdad se pretendía: una evaluación exhaustiva de lo que funcionaba y de lo que no.

“No es posible tener identificado todo el dinero que se destina a políticas activas de empleo en nuestro país”, dice el organismo que preside José Luis Escrivá. Por eso, ante todo, la Autoridad Fiscal subraya en sus conclusiones la necesidad de homogeneizar las bases de datos, avanzar en la digitalización e, incluso, marca una guía de cómo se debería hacer. En definitiva, reclama crear una arquitectura común que permita saber qué se hace y cuánto cuesta. Al poder comparar entre las prácticas de distintas regiones y localidades, se puede ver qué iniciativas resultan más eficaces. En esta línea, también pide que un mismo desempleado pueda ser atendido en varios sitios distintos de manera coordinada, gracias a la existencia de un expediente único por demandante.

Pese a no poder llegar hasta donde quería, la Airef sí que esboza varias recomendaciones que implican cambios de calado en la manera en que trabajan las oficinas de empleo. Sobre todo, al cotejarlas con los países que tienen un historial de mejores prácticas y que, siendo comparables, han conseguido mejorar mucho sus servicios de recolocación. Si bien estos países dedican más recursos por parado que España, apunta la Airef.

Una de las principales recomendaciones va en la misma línea que han instado organismos como el FMI. El Fondo habla de alinear los incentivos de las comunidades y la Administración central. Es decir, las autonomías son las encargadas de controlar a los parados, pero no tienen ningún interés en vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación lastra el correcto funcionamiento del sistema. La Airef va un paso más allá y defiende que todo ello se fusione en una misma ventanilla, en la que se gestione la prestación social, las políticas para reactivar al parado y, además, como una novedad, incluye las políticas sociales. De manera que en un solo punto se dilucide qué hacer con una persona desocupada: si en realidad lo que precisa es una ayuda social y no la recolocación. En la actualidad, solo unas pocas comunidades integran las políticas sociales con las de empleo.

Según los hallazgos de la Autoridad Fiscal, semejante articulación debe reforzarse con un sistema común que clasifique rápida y automáticamente a los parados en función de su empleabilidad, el llamado perfilado. Y a partir de ahí que los orientadores traten con ellos y que se establezcan itinerarios de formación. Debe haber un diagnóstico, un registro de las acciones que se toman, una tutoría continua y una comprobación de lo que al final ha pasado con el desempleado.

Las empresas prevén un freno al empleo

(Expansión, 16-04-2019)

Una de las grandes evidencias de la pérdida de dinamismo del sector privado es que el peso la creación de empleo recae cada vez con más fuerza sobre el sector público, hasta el punto de que uno de cada cuatro puestos de trabajo generados el último año vino de la mano de las Administraciones, mientras que el sector manufacturero redujo su plantilla por primera vez desde 2014 y la hostelería pierde fuelle por la pérdida de los turistas prestados. Por ello, los empresarios reclaman que el Gobierno que salga de las próximas elecciones retome la senda reformista, de forma que se dé un nuevo impulso a la creación de empleo.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmCham) señala que la estabilidad tras las elecciones es fundamental para dar certidumbre a las empresas y que estas se animen a contratar, mientras que Multinacionales por marca España reclama un trato igualitario para el capital extranjero que reactive las inversiones en el país, lo que a su vez apoyaría la creación de nuevos puestos de trabajo.

La ausencia de la desaceleración económica del debate electoral también se contrapone con el temor cada vez mayor entre los principales organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Comisión Europea, que en los últimos meses han rebajado constantemente sus previsiones de crecimiento. El último recorte lo hizo el FMI esta misma semana, restando dos décimas a sus pronósticos de crecimiento para este año.

Aunque el crecimiento español se mantiene más firme que el de otros países, hay que tener en cuenta que el grueso de esta rebaja de las perspectivas está teniendo lugar en Europa, adonde se dirige el 60% de las exportaciones nacionales. Por eso, muchos empresarios sospechan que la desaceleración va a acabar llegando a España antes o después, aunque de momento esté encubierta por el aumento del gasto público y la tendencia positiva de la construcción. En concreto, Alemania crecerá este año un 0,8%, según el Fondo, mientras que Italia quedará prácticamente estancada, con un escaso avance del 0,1%.

Y los problemas no acaban ahí, ya que el servicio de estudios de BBVA calcula que la incertidumbre sobre política económica que puede tener lugar dar tras las elecciones desincentivaría tanto las contrataciones como la inversión, pudiendo provocar un ajuste extra de dos décimas más en el PIB, hasta el 2%. En cambio, un Gobierno sólido que no dependiera de elementos extremistas alejaría estos temores, a la vez que haría más viable retomar la senda reformista que permitiera elevar el potencial de crecimiento. Asimismo, alejaría las tentaciones de volver a elevar el déficit, algo muy peligroso en un contexto de desaceleración.

Los datos de empleo del primer trimestre del año son habitualmente malos y vienen reflejando siempre una destrucción de empleo respecto al trimestre anterior. Esto es algo que manejan los Gobiernos y dan por descontado los expertos, pero este año, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre la marcha del mercado laboral entre enero y marzo adquieren una relevancia especial. El motivo es que estos datos se conocerán el próximo 25 de abril, solo tres días antes de que los ciudadanos acudan a las urnas a elegir presidente del Gobierno y el Ejecutivo para los próximos cuatro años.

Por ello, cuanto peor sean estos datos, peor resultará para el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que se verá obligado a dar explicaciones por ellos y justificarlos en vísperas electorales. Las cifras de la próxima EPA serán, por tanto, las más determinantes electoralmente hablando de los últimos años. E irrumpirán, precisamente, en una campaña que no se prevé que gire especialmente en torno a los asuntos económicos.

Por ello, surge una incógnita: dado que se trata de un mes estacionalmente negativo para el empleo ¿cómo de negativos serán los datos? Distintas estimaciones de expertos apuntan a que las cifras de destrucción de empleo de este primer trimestre serán seguramente peores que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Los analistas más pesimistas son los de la patronal de empresas de trabajo temporal (Asempleo). La actividad de estas funciona como indicador adelantado del mercado laboral. Si bien, en este caso no se trata de adelantar las cifras sino calcular que es lo que ha ocurrido ya. Así, el servicio de estudios de Asempleo espera un comportamiento de la EPA del primer trimestre “algo más negativo al observado en los últimos dos años”. De hecho, esperan una destrucción de empleo cercana a las 200.000 personas y un incremento de 36.000 parados solo entre enero y marzo. Esto se traduciría en un incremento de tres décimas de la tasa de paro hasta el 14,7%.

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, las cifras registradas por la afiliación a la Seguridad Social en los tres primeros meses del año no anticipan que este declive vaya a ser tan importante. Asimismo, las cifras previsibles de aumento de rentas por la subida de los salarios, el aumento del salario mínimo o las ofertas de empleo público sugieren que la EPA podría no ser tan mala como la pintan.

Los datos sin corregir del efecto estacional reflejan una leve ganancia que no llega a los 20.000 cotizantes en el primer trimestre. Si bien, una vez hecho el ajuste estacional, que es el dato que refleja mejor la tendencia de la marcha del empleo, se observa la ganancia de unos 130.000 nuevos afiliados entre enero y marzo.

Mercantil, civil y administrativo

Los bancos tendrán que calificar como morosidad "significativa" cualquier deuda impagada de un cliente particular desde 100 euros, lo que podría conllevar un aumento de las provisiones y un refuerzo de su solvencia por el tratamiento contable de las insolvencias. Este hecho, además, llevará a las entidades a tener que hacer hincapié en todos los procesos legales a su alcance para poder recuperar el dinero y mitigar las consecuencias, como la ejecución de garantías si las hubiera o alcanzar acuerdos con los usuarios, además de incluirlo en el fichero de morosos o de iniciar una reclamación por la vía judicial.

El Banco de España ha puesto a consulta hasta el próximo 26 de abril la circular en la que se fijan las reglas sobre los umbrales de significatividad de las obligaciones crediticias en mora para las entidades bajo su supervisión directa, es decir aquellas con menos de 30.000 millones de activos, siguiendo los pasos al reglamento aprobado por el Banco Central Europeo (BCE) a finales del año pasado para los grupos financieros de más tamaño.

En ambos casos se establece que como tarde los bancos tendrán que gestionar los impagos como relevantes desde 100 euros para los clientes minoristas y a partir de 500 euros para las empresas. La legislación abre la puerta a que esta consideración se tome cuando el dinero insolvente sea al menos el 1% de la exposición total con ese deudor sobre el balance de la entidad de crédito, su empresa matriz o cualquiera de sus filiales, excluidos riesgos de renta variable.

Las entidades deberán aplicar el umbral de significatividad y tendrán que notificar al Banco de España antes del 31 de diciembre de 2019 la fecha exacta en la que empezarán a aplicarlo, según sostiene la circular. En el caso de las entidades bajo supervisión del BCE, tendrán que notificar en qué momento iniciarán el nuevo tratamiento antes de finales de junio de este año.

Con la fijación de estos niveles se pretende garantizar una aplicación coherente de los requisitos prudenciales referidos al cálculo del riesgo de crédito y mejorar la comparabilidad de los requerimientos de fondos propios. El sector financiero considerará, como hasta ahora, que se ha producido un impago cuando se hayan dejado de pagar las cuotas durante 90 días consecutivos.

La nueva regla, que procede de un mandato del Parlamento Europeo de 2013, es una vuelta de tuerca más sobre el tratamiento de los riesgos de los bancos, que durante la crisis han sufrido los efectos de la crisis económica y de las insolvencias.

El año pasado entró en vigor la denominada IFRS 9, por la que los bancos tuvieron que hacer provisiones para pérdidas esperadas a futuro, en vez de para pérdidas reales ya sufridas. Esta normativa tuvo un impacto mayor del esperado, ya que sólo para la gran banca española tuvo un coste de 4.400 millones de euros. El mayor impacto de la normativa se debe principalmente, según el Banco de España, al cambio introducido en el cálculo de provisiones para los activos normales en vigilancia. Si hasta entonces se provisionaba teniendo en cuenta las pérdidas incurridas con una presunción de doce meses, desde principios de 2018 se debe dotar con una probabilidad de impago para toda la vida de la operación.

Las nuevas exigencias se producen en un momento en que la desaceleración económica puede provocar un aumento de la morosidad por parte de empresas y familias, tras varios años de bajada de los impagos en nuestro país. Todo dependerá del frenazo que experimente la economía y de la incertidumbre política.

De momento, la banca ya ha dado la primera voz de alarma sobre el parón en la demanda de crédito por parte de empresas y familias que se ha vivido en el primer trimestre del año por la incertidumbre económica, el frenazo de las inversiones y la menor confianza de los consumidores. BBVA advierte en su último informe sobre la situación de España de este nuevo escenario, en línea con otras advertencias ya procedentes del Banco de España y la Asociación Nacional de Entidades Financieras (Asnef) que también han señalado una menor demanda de los préstamos al consumo en los tres primeros meses de 2019.

El Gobierno español anunció ayer que protegerá los intereses españoles en Cuba, que son principalmente negocios hoteleros. Pero ¿qué ha pasado exactamente? Pues que Donald Trump ha asestado el enésimo golpe al orden establecido, en lo que parece ser la tónica de su controvertido mandato. Después de más de 20 años, el mandatario estadounidense decidió, de forma unilateral, romper el estatus quo en Cuba.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles de forma oficial la activación por primera vez en la historia del título III de la ley Helms-Burton, que permitirá denunciar ante tribunales estadounidenses a empresas que operen en Cuba en propiedades expropiadas por el castrismo.

Pompeo confirmó que entrará en vigor el 2 de mayo. La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aseveró que “no habrá excepciones” a ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea. Además, el gobierno Trump confirmó nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, al que prohibirá el acceso a dólares de EE UU.

Precisamente la Unión Europea, que ya había amenazado con denunciar a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas ilícitas, elevó ayer el tono, una vez confirmada la ejecución de la medida. En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la ministra de exteriores canadiense Chrystia Freeland, aseguraron que estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Ambas mostraron su intención de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Bruselas de recurrir al uso del “estatuto de bloqueo”.

Esta herramienta prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el título III de la ley Helms-Burton dentro del territorio europeo. Además, abre la puerta a que las compañías que sean demandadas en tribunales estadounidenses, puedan ser indemnizadas por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en los tribunales europeos.

“La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba que son contrarias al derecho internacional”, explican las representantes de la UE. Se estima que en la actualidad existen 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del gobierno estadounidense, por un importe estimado de 9.000 millones de dólares.

El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, expresó “su tajante rechazo” a la decisión de la administración estadounidense. “Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”, afirma el comunicado, en el que se destaca el compromiso de defender los intereses “y el futuro de las empresas españolas en Cuba”.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, aseveró que la demanda de la UE ante la OMC contra EE UU es “casi obligada”.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado abusiva, y, por tanto, ilegal, la práctica bancaria de cobrar comisiones sobre la cuenta que la entidad obliga al cliente a abrir para el pago de su préstamo hipotecario. Lo abusivo, explica la sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí), es el uso que hace el banco y no la cláusula que lo establece, que no es "abusiva en sí misma".

En el litigio examinado, el demandante ejerció la acción de nulidad sobre la cláusula que le imponía que el pago de las cuotas del préstamo hipotecario debía hacerse desde una cuenta de la entidad bancaria prestamista (en este caso, el BBVA) y reclamó que se le permitiera designar otra cuenta de otro banco. Su escrito fundamentaba su pretensión en la práctica abusiva de cobrar, cada seis meses, comisiones indebidas, sobre una cuenta que era únicamente instrumental. Asimismo, solicitó una indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia del tribunal barcelonés resuelve que, de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no cabe declarar la nulidad de la cláusula impugnada, "sino de la práctica abusiva que la parte demandada realiza con el cobro indebido de comisiones en relación con una cuenta que constituye el lugar del pago del préstamo hipotecario". En efecto, tal y como estableció el Banco de España en una circular, no corresponde cobrar a los clientes ninguna comisión por mantenimiento o administración cuando estas cuentas se han abierto "por imposición" de la entidad o cuando son utilizadas exclusivamente para abonar un préstamo.

"Es su reconocido carácter indebido lo que la convierte en abusiva por no corresponderse con ningún servicio prestado", asevera la resolución de la Audiencia Provincial, que obliga a la entidad a cesar en dicha práctica, "si bien no cabe estimar que pueda abrir una cuenta en cualquier otra entidad de crédito desde la que pagar el préstamo hipotecario". Ello derivaría de la nulidad de la cláusula, algo que los magistrados no han estimado.

Por último, la sentencia acepta la reclamación de la indemnización por daños morales "que ha debido sufrir el demandante al tener que ir reclamando, de forma reiterada, la devolución de las comisiones indebidamente cobradas". Una cuantía que se fija en 500 euros.

Más allá de cambios sociales, el Banco de España apunta a la precariedad laboral como uno de los principales factores que empujan a los jóvenes (y a los que ya no lo son tanto), a alquilar en vez de comprar. Pero a pesar de que les mueva la necesidad económica, el organismo también advierte de que los precios de los alquileres ya superan, en Madrid y Barcelona, a los registrados durante el boom inmobiliario. No así los de venta, aunque también se acercan (ver gráfico). Así lo sostienen los economistas del organismo regulador Pana Alves y Alberto Urtasun en el informe Evolución reciente del mercado de la vivienda en España publicado este jueves.

Entre 2008 y 2017, el número de hogares que vivían de alquiler pasó del 14% al 17%, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). A pesar de que esa proporción todavía se encuentra lejos de la media europea –que ronda el 30%, según Eurostat–, los datos muestran que “la tendencia hacia un mayor peso del alquiler es generalizada”, sostiene el Banco de España. Dos grupos de población engordan las cifras: los jóvenes de entre 16 y 29 años, de los que casi uno de cada dos vive de alquiler (17 puntos porcentuales más que en 2008), y los que tiene entre 30 y 44 años: uno de cada cuatro es arrendatario (9 puntos más).

Y sin descartar los “factores sociológicos ligados a cambios en las preferencias”, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apunta al “impacto de la crisis económica” y la precarización del empleo como una de las razones más importantes. En concreto, los autores del informe recuerdan cómo afectó la recesión a las personas recién incorporadas al mercado laboral. Entre 2008 y 2016, los jóvenes de 20 a 24 años perdieron un 15% de su sueldo, mientras que aquellos entre 25 y 29, percibieron un 9% menos.

A ello vinieron a sumarse altas tasas de paro y de temporalidad. “Para los trabajadores de entre 16 y 29 años, la tasa de paro alcanzó el máximo del 42% (2013), con una incidencia del paro de larga duración del 52% (2014) y una ratio de temporalidad del 57% (2017)”, reza el estudio. En 2018, con la recuperación ya supuestamente consolidada, uno de cada tres jóvenes (29%) seguía en paro y más de la mitad (56%) tenía un contrato temporal.

El informe menciona también la reducción de los incentivos fiscales a la compra de vivienda como otra de las causas que explican la tendencia creciente del alquiler. En concreto, el Banco de España recuerda que en 2013 se eliminaron las deducciones por inversión en vivienda habitual, a lo que le siguieron subidas impositivas tanto a la tenencia como a la compraventa, como la de transmisiones patrimoniales y la del IVA.

El FMI sitúa a España entre las economías que menos se verán afectadas por la desaceleración. Rebaja una décima su previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,1% y la iguala con la de la Comisión Europea, frente al 2,2% previsto por el Ejecutivo. Pero mantiene su estimación para el año que viene en el 1,9%. De esta forma, la economía española sigue liderando el crecimiento económico de los principales países de la zona euro para el FMI.

La institución que dirige Christine Lagarde proyecta ahora un crecimiento del 2,1% este año para la economía española. La cifra supone un recorte del 0,1% respecto a las previsiones de enero y se sitúa por debajo del 2,2% que pronostica BBVA, tras anunciar ayer una rebaja desde el 2,4%. El 2,2% es también la cifra que maneja el Gobierno.

Para 2020, el FMI mantiene la estimación en el 1,9%, porcentaje que constata el fuerte parón en el ritmo de desarrollo en España, que se impulsó un 3% en 2017 y un 2,5% el año pasado. Mientras, la institución financiera pronostica que la tasa de empleo cerrará en el 14,2% este año, por encima del 13,9% que calcula BBVA. El Fondo vuelve a recomendar una mayor iniciativa privada para seguir reduciendo el paro.

España se ve afectada por su propia incertidumbre política y por la fuerte desaceleración que vive la Eurozona, para la que el FMI recorta las previsiones del 1,6% al 1,3% este año. La rebaja es aún mayor si se compara con el 1,9% que el Fondo había calculado en octubre. Para 2020, las proyecciones de la zona euro se reducen del 1,7% al 1,5%.

Sector

Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

La Ley de Derecho de Defensa. Es la primera petición de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ya que, de llevarse a cabo, “nos situaría a la vanguardia mundial en protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Una reivindicación a la que se suma José María Alonso, decano del Colegio de Madrid (ICAM), y Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona (ICAB). Alonso urge al nuevo ministro su aprobación “de una vez por todas” y Gay incide en la necesidad de contar con la norma para “asegurar la intervención de la abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la justicia”.

Reforma del sistema de acceso. Para el sector es inaplazable que Justicia acepte adecuar el examen de acceso a la abogacía a las demandas del mercado, haciéndolo “eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión”, declara Ortega. Esta medida ya ha sido negociada con los anteriores responsables y tiene como fin hacer un modelo más serio y acorde a los países de nuestro entorno.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, Ortega apuesta por la “actualización de baremos y pagos puntuales”, así como “dignificar el turno de oficio por el servicio público esencial que presta”. A esta petición, la decana del Colegio de Barcelona reconoce que también se sumará.

Sistema de elección del CGPJ. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), apunta que la primera medida que exigen es cumplir con las llamadas de atención de Europa sobre la independencia judicial. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) reclama, especialmente, que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Tenemos la impresión de que se ha convertido en un club de golf. Se nombra a conocidos”, critica. Tras esta reforma, exige su fortalecimiento para dotarlo de mecanismos que eviten intromisiones del resto de poderes del Estado.

Retribución de jueces y letrados de Justicia. Una de las viejas peticiones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido la adaptación de sus retribuciones a las del resto de Cuerpos Superiores de la Administración Pública y de Justicia; en especial, la de los letrados de nuevo ingreso. “En algunos juzgados, sus salarios no alcanzan ni los 1.500 euros”, reprocha Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia. Asimismo, exige una modificación del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de Justicia para adaptarlo a las competencias asumidas en los últimos diez años. “En virtud de esto, en la actualidad, se tramitan y resuelven el 90% de los procedimientos ingresados en los juzgados”, expresa. Por su parte, la judicatura recuerda que han perdido un 14% del sueldo de 2009 a 2018 y Justicia no ha hecho caso de sus reclamaciones.

Aumento de la planta judicial y fiscal. Incrementar el número de jueces y fiscales es una de las necesidades que la AJFV considera más urgentes dado el colapso que sufren los tribunales españoles. “En relación al número de jueces y fiscales por habitante, estamos muy por debajo de los países europeos”, dice Prado. Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno acaba de anunciar la creación de 300 nuevas plazas para jueces, la realidad es que solo hay 75 oficinas creadas. “Unos 200 jueces no saben dónde van a ir”, alerta. Para ello, insta al próximo ministro a crear los “famosos tribunales de instancia y racionalizar el sistema”. “Lo hacen en otros países y funciona, pero aquí no se atreven”.

El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.

Si el abogado no se presenta a la citación porque esta le coincidía con un señalamiento en otro juzgado, pero no avisa de tal circunstancia, se le tendrá por desistido en la causa. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que unifica doctrina y rechaza el recurso de casación interpuesto por una letrada, a quien, después de haber sido llamada tres veces sin respuesta a la hora que debía dar comienzo el acto de conciliación, un juzgado de lo social de Sevilla tuvo por desistida de su demanda.

Según subraya el alto tribunal, la legislación permite la suspensión de los señalamientos en aras de garantizar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Eso sí, todas las previsiones legales que regulan estas circunstancias, entre ellas el artículo 83.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, determinan que la incomparecencia injustificada se entenderá como una renuncia a la pretensión.

Sin embargo, tal y como sucedió en el caso enjuiciado, en el que la abogada llegó media hora tarde a la sala sin haber dado previo aviso, los magistrados aseveran que no cabe amparar al profesional. Por tres razones: primero, los preceptos legales son "claros y precisos"; segundo, el trámite que permite sortear dicha circunstancia es muy sencillo (una mera notificación), y tercero, porque la gravedad de las consecuencias legales obliga a los letrados a "extremar su diligencia" y al órgano judicial a "exigirles el celoso cumplimiento de sus obligaciones". Asimismo, explican, un trato de favor al letrado autor de tal descuido supondría un trato de favor que infringiría los derechos de la contraparte.

El Supremo, no obstante, apunta a que "no desconoce" el atasco que sufren los juzgados y tribunales, pero insiste en que dicha circunstancia "no puede ser excusa para ignorar una obligación tan evidente y fácil de cumplimentar". Aunque matizan que el fallo sería distinto si la recurrente hubiera intentado comunicarse con el juzgado o alegara alguna razón que pudiera interpretarse como una "causa justa" de la incomparecencia.

Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades. El sector legal es un gran dinamizador del mercado inmobiliario. Son los inquilinos perfectos. Los despachos de abogados buscan inmuebles emblemáticos, alquilan por empleado más metros cuadrados que empresas de otros sectores y, aunque son buenos negociadores y pelean el precio, están dispuestos a pagar un poco más si el inmueble se ajusta a lo que están buscando.

Además, son negocios estables, que buscan contratos a largo plazo y pagan las facturas en tiempo y forma. Aunque 2018 no fue el ejercicio más activo, sobre todo porque 2017 marcó varios récords con grandes mudanzas, tanto en número como en metros cuadrados (como las de Baker McKenzie o Allen & Overy), el pasado ejercicio siguió siendo muy positivo para la actividad inmobiliaria ligada a las sedes corporativas de los bufetes, sobre todo en la capital española, donde se encuentran los cuarteles generales de la mayoría de las firmas internacionales, que el año pasado fueron las grandes protagonistas (como Andersen, Latham & Watkins o Pinsent Masons).

En la última década, la media anual de metros cuadrados alquilados en edificios exclusivos de oficinas en Madrid por los despachos de abogados alcanza los 11.000 metros cuadrados, más del doble que, por ejemplo, en Barcelona, la siguiente plaza más activa, según se desprende del informe El futuro de los espacios de trabajo en el sector legal, elaborado por CBRE. Hay que tener en cuenta que sólo entre 2017 y 2018 se han cerrado tantas operaciones inmobiliarias en el sector legal como en los tres ejercicios anteriores juntos. A la hora de hablar de espacio, el liderazgo es para las firmas internacionales, que tienden a alquilar, de media, el doble de metros que los bufetes con pasaporte español.

Sin embargo, a la hora de hablar por número de transacciones, son los bufetes nacionales los que se muestran más activos (seis de cada diez, aunque se trata de sedes más modestas). Por zonas, en el caso de Madrid, el Barrio de Salamanca copa el 43% del interés, mientras que el distrito norte (en torno a las Cuatro Torres) ocupa el segundo lugar, con un 17%, según datos de CBRE.

En Barcelona, la situación es muy similar, aunque en una escala más pequeña. La media anual de metros cuadrados alquilados se sitúa en poco más de 4.500, con un boom que marcó un récord en 2013. Estas cifras no incluyen el cambio de sede de Cuatrecasas en 2016, con cerca de 20.000 metros cuadrados.

En el caso de la Ciudad Condal, nueve de cada diez operaciones están protagonizadas por bufetes nacionales. Por tamaño, sólo el 3% supera los 1.500 metros cuadrados, mientras que el 93% se refiere a oficinas de menos de 700 metros cuadrados. El pasado ejercicio, entre las mudanzas más importantes se encontraron la de Marinel-lo & Partners (Edificio @Mar), la de Dentons (Torre Barcelona) y la de CHR Legal (Paseo de Gracia), todas ellas por debajo de los 500 m2. Por zonas, el distrito central de negocios es el más demandado en los últimos movimientos inmobiliarios, donde el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal son los ejes de referencia.

Las hipotecas españolas volvieron a ser protagonistas este lunes en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tras abordar la cláusula suelo, la de desahucios o el interés de demora, la Corte de Luxemburgo abordó este lunes el índice hipotecario IRPH.

Aunque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el uso de esta referencia como alternativa al euríbor, alegando que su funcionamiento es similar y está respaldado por autoridades como el Banco de España, la demanda de una cliente contra Bankia llevó al Juzgado de Primera Instancia de Barcelona a elevar una cuestión prejudicial para que el alto tribunal europeo analice si se comercializó con la debida transparencia.

El tribunal, con el presidente del TJUE Koen Lenaerts al frente, arrancó la sesión preparando el proceso a puerta cerrada con los abogados de las distintas partes, como es habitual. Durante la vista posterior, que se alargó casi tres horas, Bankia defendió el uso de IRPH al tratarse de un índice oficial, “transparente y comprensible", y alegando que no es posible por tanto anular la cláusula que lo contiene y fija el precio de la hipoteca. A su vez, los abogados de la demandante cuestionaron la falta de información con que fue comercializada la hipoteca.

La entidad nacionalizada contó con un aliado de excepción: el Reino de España. La Abogacía del Estado, representada por María José García-Valdecasas, defendió los intereses de la banca y el uso del IRPH. Es más, instó al tribunal a limitar el efecto retroactivo del fallo si acaba tumbando este índice. Después de todo, los analistas de Goldman Sachs estiman que el sector bancario español se juega hasta 44.000 millones de euros. En todo caso, el precedente de las cláusulas suelo dejó claro el criterio del TJUE: si la cláusula es nula, por opaca, lo es desde el origen del contrato.

Por su parte, los representantes de la Comisión Europea defendieron que la regulación comunitaria solo permite usar estos índices si se hace con total transparencia. Por su parte, Reino Unido también ha comparecido en la vista para defender la validez los contratos hipotecarios que recogen índices oficiales, a fin de proteger sus propios contratos de cualquier cuestionamiento judicial.

Finalmente, el abogado general Maciej Szpunar (una suerte de fiscal general que ya apostó por anular los desahucios españoles basados en cláusulas abusivas) avanzó que ofrecerá sus conclusiones el 24 de junio. Aunque su criterio no es vinculante, este suele guiar al tribunal, que dictará sentencia sobre el asunto previsiblemente a la vuelta del verano.

"Hoy ha sido un día muy importante en la defensa de los afectados por IRPH, estamos convencidos de que las conclusiones del Abogado General serán favorables a los consumidores y que la sentencia será un antes y un después, como lo fue la de la cláusula suelo", ha declarado al concluir la vista la presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez.



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Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788490208595
1626 páginas


Precio original: 33,50 €
Precio final por compra On-Line: 31,82 (I.V.A. incluido)
 
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