Síguenos en  Síganos en Facebook Síganos en Twitter Síganos en Linkedin
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 – 944 255 220 clientes@disjurex.es

Los consejos de la semana

Laboral

Conoces las ayudas de hasta 15.000 euros para los autónomos que quieran comprar un vehículo

La opción empresarial efectuada anticipadamente en el acto del juicio para el caso de declaración de la improcedencia del despido no debe figurar entre los hechos probados o como una afirmación con valor fáctico. En el marco del recurso extraordinario de suplicación si el recurrente considera que no se produjo tal opción empresarial en el acto del juicio y existe un error material que le ha generado indefensión, debe articular su recurso sobre el motivo contenido en la LRJS art.193.a), para que se pueda declarar la nulidad parcial de la sentencia por incongruencia.

La opción empresarial efectuada anticipadamente en el acto del juicio para el caso de declaración de la improcedencia del despido no debe figurar en la sentencia de despido entre los hechos probados o como una afirmación con valor fáctico, pues no es un hecho o un punto de hecho. No obstante, el juez debe hacer referencia a tal opción en la sentencia y determinar en la misma motivadamente su trascendencia para fundamentar o motivar su fallo.

Si en vía de recurso el trabajador pretende que se declare que existe un error material en la sentencia de instancia al reflejar la existencia de una opción empresarial que realmente no se produjo en el acto del juicio, lo que le ha generado indefensión, y que, por tanto, no se tenga por efectuada la opción anticipada empresarial, con las consecuencias a ello inherentes. Es preciso que articule su recurso de suplicación solicitando que se declare la nulidad parcial de la sentencia por incongruencia y la consiguiente reposición de los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. En efecto, sólo en ese caso se podría declarar la incongruencia de la sentencia de instancia que hubiera permitido, en su caso, decretar su nulidad parcial para que se resolviera sobre la posible real existencia de la opción empresarial y de sus derivadas consecuencias.

Sin embargo, la recurrente no alegó tal motivo y tampoco interpuso correctamente el recurso de casación unificadora, pues lo fundó en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. Motivos procesales que llevan a la Sala IV a desestimar el recurso.

Tratamiento diferente recibe la solicitud del despedido (no titular de la opción) de que la sentencia recoja la opción por la indemnización y declare extinguida la relación laboral, pues tal posibilidad se supedita a la acreditación de la imposible readmisión. En este caso, en los hechos probados de la sentencia, y con tal carácter, deben constar los datos fácticos de los que se pueda inferir tal imposibilidad de readmisión, y tal hecho podrá ser combatido en el recurso procedente contra la sentencia en la misma forma en que se impugnan los demás hechos declarados probados.

Mercantil, civil y administrativo

Normas de transparencia en la comercialización de préstamos hipotecarios

Con la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario se introduce una regulación más detallada de la fase precontractual de los contratos de crédito/préstamo hipotecario con el objetivo de poner a disposición del prestatario toda la información necesaria para que pueda comprender en su integridad la carga económica y jurídica que va a contratar y que, por lo tanto, se pueda considerar cumplido el principio de transparencia en su vertiente material.

A partir de la entrada en vigor de la Ley, el prestamista ha de ofrecer al prestatario la información personalizada que necesite para comparar los préstamos disponibles en el mercado, para evaluar sus implicaciones y para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un contrato de préstamo sin demora injustificada. La información personalizada se facilitará mediante la denominada Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN).

Los prestamistas deberán evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario, fiador o garante antes de celebrar un contrato de préstamo, de modo, que solo pondrá el préstamo a disposición del prestatario si el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de préstamo se cumplan según lo establecido en dicho contrato. Además, tendrán que reevaluar la solvencia del prestatario mediante información actualizada antes de cualquier aumento significativo del importe total tras la celebración del contrato de préstamo, a menos que dicho préstamo adicional estuviera considerado e incluido en la evaluación de solvencia inicial.

Para cumplir con las normas de transparencia en la comercialización de los créditos hipotecarios, el prestamista deberá entregar al prestatario, con una antelación mínima de diez días naturales respecto al momento de la firma del contrato, la siguiente documentación:

a) La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que tendrá la consideración de oferta vinculante para la entidad durante el plazo pactado hasta la firma del contrato que, como mínimo, deberá de ser de diez días.

b) Una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) en la que se informará al prestatario o potencial prestatario de la existencia de las cláusulas o elementos relevantes, debiendo incluir, al menos, una referencia, en su caso, a los índices oficiales de referencia utilizados para fijar el tipo de interés aplicable, a la existencia de límites mínimos en el tipo de interés aplicable como consecuencia de la variación a la baja de los índices o tipos de interés a los que aquel esté referenciado, a la posibilidad de que se produzca el vencimiento anticipado del préstamo como consecuencia del impago y los gastos derivados de ello, a la distribución de los gastos asociados a la concesión del préstamo y que se trata de un préstamo en moneda extranjera.

c) En caso de tratarse de un préstamo a tipo de interés variable, de un documento separado con las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.

d) Una copia del proyecto de contrato, cuyo contenido deberá ajustarse al contenido de los documentos referidos en las letras anteriores e incluirá, de forma desglosada, la totalidad de los gastos asociados a la firma del contrato.

e) Un desglose con la información clara y veraz de los gastos que corresponden al prestamista y los que corresponden al prestatario.

f) En caso de que se requiera al prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario, se deberá entregar al prestatario por escrito las condiciones de las garantías del seguro que exige.

g) Cuando esté previsto que el préstamo se formalice en escritura pública, la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario que elija el prestatario para la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo, sobre el contenido y las consecuencias de la información contenida en la documentación que se entrega conforme a este apartado.

Toda esta documentación junto a la manifestación firmada por el prestatario, en la que declare que ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido, deberá remitirse también al notario elegido por el prestatario. El notario verificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos dejando constancia de ello en un acta notarial previa a la formalización del préstamo hipotecario. El acta donde conste la entrega y asesoramiento imparcial al prestatario no generará coste arancelario alguno.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Transcurridos 15 días desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 1.200 millones de euros a 2,042 millones de contribuyentes, lo que supone un incremento del 32% en el número de beneficiarios y del 42% sobre el monto abonado en el mismo plazo del año anterior.

En este tiempo, 3,248 millones de contribuyentes han presentado su declaración, 613.000 más que un año antes, frente a los más de 20,35 millones de personas que se espera que participen en la campaña que culmina el próximo 1 de julio.

Hacienda estima que 14,13 millones de contribuyentes obtendrán un resultado a devolver tras presentar sus declaraciones, con lo que la administración deberá compensarles con unos 10.468 millones de euros. La cifra supone un 4,5% más que lo abonado el año pasado, mientras que 5,161 millones de contribuyentes tendrán que abonar unos 10.160 millones de euros al fisco.

La Agencia Tributaria ha celebrado la aceleración en el ritmo de declaraciones que achaca, en un comunicado, a las mejoras de su sistema de declaración online, a su mejorada aplicación web y al refuerzo de la atención que presta telefónicamente. Como resultado, a estas alturas se han presentado 168.000 declaraciones con la aplicación móvil, un 49% más, lo que supone que se ha alcanzado el 84% de usos de toda la campaña anterior.

A su vez, 245.000 contribuyentes han concertado ya cita telefónica mediante el plan “Le llamamos”, lo que ha permitido confeccionar hasta ahora 45.000 declaraciones por este canal, un 80% más que el año anterior. En cuanto a la nueva herramienta web de gestión de carteras de valores, 154.000 contribuyentes ya la han utilizado.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de una empresa contra el Real Decreto-ley 2/2016 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para elevar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Esa reforma introdujo un mínimo en los pagos fraccionados (parte del impuesto que se adelanta durante el año a la espera de la liquidación definitiva tras el cierre del ejercicio) con el objetivo de elevar la recaudación de ese año en unos 8.000 millones de euros. En otras palabras, las empresas adelantarían una parte del impuesto que abonan definitivamente a lo largo de la primera mitad del año siguiente cuando conozcan sus resultados reales.

La Audiencia Nacional planteó una cuestión de constitucionalidad al TC para que analice si se adapta a las reglas establecidas en la Constitución Española y finalmente ha sido admitida a trámite. El Constitucional ha comunicado que, por el momento, queda en suspenso la modificación de la "disposición adicional decimocuarta" de la ley 27/2014 introducida en dicho decreto-ley, lo que significa que el pago mínimo a cuenta queda paralizado hasta que se conozca el fallo definitivo.

Esta decisión supone un gran golpe para las cuentas públicas, ya que aunque no significa que se modifique la recaudación total, sí puede provocar que se retrasen los ingresos a 2020, lo que agravaría el déficit de este ejercicio. Precisamente esta modificación se introdujo en 2016 para adelantar una parte de la recaudación y evitar que el déficit se descontrolara todavía más. En concreto, las empresas con una cifra de negocios superior a los 10 millones de euros en el ejercicio anterior estaban obligadas a adelantar un 23% de su beneficio a lo largo de los tres pagos fraccionados.

Si el Constitucional retrasa el fallo, o si finalmente anula este pago fraccionado mínimo, significaría que la Agencia Tributaria sufrirá una fuerte caída de los ingresos por sociedades este año, ya que una buena parte de la recaudación de 2018 ya se abonó a lo largo del año precisamente por estos mínimos. En resumen, la recaudación de la liquidación del ejercicio de 2018 sería reducida y los pagos fraccionados de este ejercicio, caerían todavía más.

La Audiencia Nacional ya tenía dudas sobre la constitucionalidad de este decreto-ley por dos motivos. El primero, porque el pago mínimo se justificaba únicamente por los ingresos de los 12 meses anteriores puede obligar a tributar a una empresa que no tiene tales beneficios. De hecho, en muchas ocasiones la liquidación del tributo es favorable a la compañía y Hacienda tiene que devolver el dinero. Esto podría atentar contra el principio de contribuir al mantenimiento del Estado en función de la capacidad económica de cada uno, establecido en el artículo 31.1 de la Constitución.

En segundo, porque suponía una modificación sustancial de una ley orgánica desarrollada a través de un decreto-ley, lo que genera dudas legales. El TC se refiere aquí al artículo 86.1 de la Constitución, que determina que los decretos-leyes "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado".

Si finalmente el Constitucional anula la modificación de la disposición adicional decimocuarta realizada por el Real Decreto-ley 2/2016 podría obligar a Hacienda a devolver a las empresas los intereses correspondientes a ese adelanto del impuesto. El TC ha dado 15 días al Gobierno y a las Cortes para que presenten sus alegaciones respecto a ese decreto-ley antes de que resuelva definitivamente la cuestión planteada.

Hacienda suspendió la posibilidad de presentar una predeclaración física antes de que arrancara, dejando la opción de imprimir el borrador, pero obligando a los contribuyentes a presentarla digitalmente bien sea en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, mediante su servicio de atención telefónica, en su web o mediante su aplicación móvil.

La Asociación de Asesores Fiscales Aedaf ha decidido ahora presentar un recurso contencioso administrativo para impugnar la orden ministerial HAC/277/2019, de 4 de marzo solicitando su suspensión, por no permitir la presentación de la declaración de IRPF en papel.

La asociación denuncia que hay 350.000 contribuyentes que utilizaron la predeclaración en papel en la campaña de la renta de 2017 (celebrada el pasado ejercicio) y cuyos derechos habrían quedado desamparados por la decisión de la Agencia Tributaria.

“Contribuir es una obligación y se debe, especialmente en las personas mayores, facilitar su cumplimiento sin complicarle aún más la vida al contribuyente. Hay perfiles de contribuyentes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas personas mayores, y esta medida les causa confusión y desconcierto”, ha declarado José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, quien considera que la medida convierte en una obligación el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos.

“Hay zonas de nuestro país en las que Internet aún tiene bajas tasas de penetración y donde tampoco hay a mano una sucursal bancaria y menos aún una Delegación de la AEAT. ¿Qué espera la Agencia Tributaria que hagan en ese caso estos contribuyentes?”, agregan desde Aedaf, donde recuerdan que la digitalización no es plena en todas las regiones de España.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que lo más importante en este momento es que España mantenga una "gestión fiscal responsable" que permita seguir reduciendo el déficit, sin descuidar la atención a las necesidades sociales de la población, para lo que considera importante "huir de recetas mágicas, soluciones milagrosas que no resisten un análisis, como la idea de que una bajada masiva de impuestos resuelve los retos de España".

"Este es un país con ingresos públicos por debajo de la media, con un elevado gasto en educación, sanidad y políticas sociales. Dados los compromisos de reducción del déficit y la deuda, y dada la disciplina de los mercados, este tipo de propuestas milagrosas está muy lejos de la ortodoxia y de la responsabilidad", ha argumentado Calviño. "En el terreno de las cuentas públicas es preciso actuar con prudencia, cualquier reducción de ingresos afecta al déficit y a la deuda si no se acompaña de ajustes. Por eso todas las propuestas de gasto de este año cuentan con ingresos adicionales como ha confirmado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal", ha agregado.

La ministra ha urgido a la necesidad de abordar una política económica que siente las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo, y ha defendido que el programa de reformas del Gobierno es claro. "Hemos ido siguiendo una hoja de ruta sin improvisación, una agenda del cambio que se recoge también en el programa electoral. Entre tanto ruido, es importante señalarlo, porque los ciudadanos han de tener clara la visión del Gobierno y sus intenciones en el ámbito económico". En esta línea, la ministra ha advertido sobre las noticias "que duran 24 horas y de soluciones simples y erróneas para problemas complejos".

Calviño ha puntualizado, además, que los decretos de diciembre que elevaron las bases mínimas y máximas de cotización han inyectado 3.300 millones de euros de ingresos a las arcas públicas mientras que los decretos sociales de las últimas semanas tienen un coste de unos 1.100 millones. Calviño ha aseverado que hay un diferencial positivo de 1.400 millones lo que demostraría, ha defendido, que el Gobierno actuó con responsabilidad al elevar el permiso de paternidad, regular las cotizaciones de cuidadores de dependientes o rebajar a 52 años el acceso al subsidio para mayores desempleados.

En cuanto a la situación económica, las previsiones del Gobierno de crecimiento del PIB, de un 2,2%, "son prudentes" y están en línea de la horquilla de los organismos internacionales. Ayer el FMI bajó una décima su estimación hasta el 2,1%. Los indicadores económicos, ha avanzado, apuntan a un fortalecimiento de la demanda interna. Además, aseguró que "estamos muy pendientes de la evolución de los riesgos" por la menor demanda externa, afectado por el "enfriamiento de la Unión Europea", la incertidumbre derivada por el Brexit y las tensiones comerciales entre EE UU y China. "Esta ralentización está afectando en mayor medida a la producción industrial", ha reconocido.

A partir del 11 de abril, los andaluces verán cómo se elimina el controvertido impuesto de Sucesiones de manera definitiva. La medida, anunciada por los nuevos inquilinos del Palacio de San Telmo, el Gobierno formado por PP y Ciudadanos, no es más que el cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados entre las dos formaciones, en el marco de una bajada de impuestos gradual, de la que este martes dio cuenta la Junta de Andalucía.

La eliminación de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familias directas se recoge en la aprobación de un decreto donde se bonifica el 99% la cuota del impuesto para los grupos de parentesco I y II. Mediante esta bonificación fiscal, recuerda la institución andaluza, esta región se sitúa entre las Comunidades Autónomas con la fiscalidad más baja en lo que a este impuesto se refiere.

Pero la eliminación de Sucesiones y Donaciones no fue el único objeto de una rebaja fiscal que se irá aplicando gradualmente, remarcan fuentes oficiales. Además, la Junta ha aprobado un recorte del IRPF (el impuesto a los rendimientos de las personas físicas), que se implementará de forma progresiva desde el 11 de abril hasta el año 2023. A lo largo de estos ejercicios presupuestarios, desaparecerán tres tramos de IRPF, pasando de ocho tramos actuales a los cinco que se quieren alcanzar en 2023.

No obstante, el primer tramo de la tarifa (el de las rentas más bajas) empezará a reducirse para el ejercicio 2019 y alcanzará su tributación definitiva en 2020. Trabajadores, pensionistas y autónomos serán los primeros contribuyentes en notarlo en sus bolsillos desde el primer momento que entre en vigor, es decir, a partir del 11 de abril.

Esta bajada, explican fuentes oficiales de la Junta, no tendrá impacto presupuestario en la recaudación en Andalucía, hasta 2021, que es cuando se producirá la liquidación definitiva con el Estado por entregas a cuenta del tramo autonómico del IRPF correspondiente al ejercicio de 2019. Será a partir de 2013 cuando la Junta devuelva a trabajadores, pensionistas y autónomos andaluces 149 millones de euros anuales, en la aplicación en su conjunto de una medida que beneficiará a 3,7 millones de andaluces.

Los detalles de esta rebaja fiscal sobre el impuesto del IRPF, con una caída de tres tramos, se aplicarían de la siguiente manera: el primer tramo de renta pasará del 10% al 9,5%; se unifican tramos entre 20.000 y 28.000 (que tributa el 15%) y, entre 28.000 y 35.000 (que tributa al 16,5%), en uno solo. Así entre 20.000 y 35.200 se tributará el 15%. Además, los tramos comprendidos entre 35.200 y 60.000 se integran, pasando a tributar del 19,5 al 18,5%. Y, finalmente, a partir de 60.000 pasará el 22,5%, y el tipo máximo pasará del 25,5 al 22,5%.

En respuesta a las críticas que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín reciben del PSOE, por una bajada fiscal, que en opinión de la izquierda, detrae el dinero necesario para el mantenimiento del gasto social, y por tanto, de la mejora de estos recursos, el nuevo Ejecutivo andaluz esgrime que el impacto económico de medidas como la supresión de donaciones, solo para 2019, es de 14,7 millones de euros, una cifra muy lejana de lo que pagará la Junta por sentencias judiciales por errores de gestión en su consejería.

Laboral

Las Administraciones destinan unos 6.500 millones al año a políticas activas de empleo. La Intervención o el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con todos los requisitos legales al desembolsarlos. Sin embargo, no existe un análisis detallado de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se gastan de forma eficaz. Los expertos siempre han denunciado este hecho, que lleva a elaborar los presupuestos por pura inercia, sin que se reorienten los fondos hacia aquellas prácticas que mejores resultados brinden. Según el INE, ahora mismo solo un 2,1% de los asalariados dice haber encontrado su trabajo gracias a una oficina pública de empleo.

Con el objetivo de cambiarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ultima su informe sobre políticas de empleo, conocido en la jerga como spending review. Aunque el organismo ha rehusado hacer comentarios, ya ha adelantado a las Administraciones afectadas sus conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre ellas, destaca el problema que han tenido en la Airef para poder evaluar de verdad lo que hacen las autonomías.

En este ejercicio, la Autoridad Fiscal podía cruzar los datos con el historial de los trabajadores en la Seguridad Social, de forma que se pudiese comprobar cómo había mejorado su empleabilidad tras el paso por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, a pesar de la colaboración de las comunidades, faltaban datos homogéneos y comparables. No había trazabilidad de los gastos y en muchas ocasiones se desconocía en qué se habían empleado exactamente. Al estar dividido entre 17 autonomías, con unos sistemas informáticos muy distintos, la información sobre los cursos o los itinerarios es parcial y de una calidad que varía mucho, señala el documento de presentación de la Airef. Y se complica todavía más cuando entran en juego lo que hacen las entidades locales o las entregas de fondos europeos. Todo ello ha impedido elaborar lo que en verdad se pretendía: una evaluación exhaustiva de lo que funcionaba y de lo que no.

“No es posible tener identificado todo el dinero que se destina a políticas activas de empleo en nuestro país”, dice el organismo que preside José Luis Escrivá. Por eso, ante todo, la Autoridad Fiscal subraya en sus conclusiones la necesidad de homogeneizar las bases de datos, avanzar en la digitalización e, incluso, marca una guía de cómo se debería hacer. En definitiva, reclama crear una arquitectura común que permita saber qué se hace y cuánto cuesta. Al poder comparar entre las prácticas de distintas regiones y localidades, se puede ver qué iniciativas resultan más eficaces. En esta línea, también pide que un mismo desempleado pueda ser atendido en varios sitios distintos de manera coordinada, gracias a la existencia de un expediente único por demandante.

Pese a no poder llegar hasta donde quería, la Airef sí que esboza varias recomendaciones que implican cambios de calado en la manera en que trabajan las oficinas de empleo. Sobre todo, al cotejarlas con los países que tienen un historial de mejores prácticas y que, siendo comparables, han conseguido mejorar mucho sus servicios de recolocación. Si bien estos países dedican más recursos por parado que España, apunta la Airef.

Una de las principales recomendaciones va en la misma línea que han instado organismos como el FMI. El Fondo habla de alinear los incentivos de las comunidades y la Administración central. Es decir, las autonomías son las encargadas de controlar a los parados, pero no tienen ningún interés en vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación lastra el correcto funcionamiento del sistema. La Airef va un paso más allá y defiende que todo ello se fusione en una misma ventanilla, en la que se gestione la prestación social, las políticas para reactivar al parado y, además, como una novedad, incluye las políticas sociales. De manera que en un solo punto se dilucide qué hacer con una persona desocupada: si en realidad lo que precisa es una ayuda social y no la recolocación. En la actualidad, solo unas pocas comunidades integran las políticas sociales con las de empleo.

Según los hallazgos de la Autoridad Fiscal, semejante articulación debe reforzarse con un sistema común que clasifique rápida y automáticamente a los parados en función de su empleabilidad, el llamado perfilado. Y a partir de ahí que los orientadores traten con ellos y que se establezcan itinerarios de formación. Debe haber un diagnóstico, un registro de las acciones que se toman, una tutoría continua y una comprobación de lo que al final ha pasado con el desempleado.

Las empresas prevén un freno al empleo

(Expansión, 16-04-2019)

Una de las grandes evidencias de la pérdida de dinamismo del sector privado es que el peso la creación de empleo recae cada vez con más fuerza sobre el sector público, hasta el punto de que uno de cada cuatro puestos de trabajo generados el último año vino de la mano de las Administraciones, mientras que el sector manufacturero redujo su plantilla por primera vez desde 2014 y la hostelería pierde fuelle por la pérdida de los turistas prestados. Por ello, los empresarios reclaman que el Gobierno que salga de las próximas elecciones retome la senda reformista, de forma que se dé un nuevo impulso a la creación de empleo.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmCham) señala que la estabilidad tras las elecciones es fundamental para dar certidumbre a las empresas y que estas se animen a contratar, mientras que Multinacionales por marca España reclama un trato igualitario para el capital extranjero que reactive las inversiones en el país, lo que a su vez apoyaría la creación de nuevos puestos de trabajo.

La ausencia de la desaceleración económica del debate electoral también se contrapone con el temor cada vez mayor entre los principales organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Comisión Europea, que en los últimos meses han rebajado constantemente sus previsiones de crecimiento. El último recorte lo hizo el FMI esta misma semana, restando dos décimas a sus pronósticos de crecimiento para este año.

Aunque el crecimiento español se mantiene más firme que el de otros países, hay que tener en cuenta que el grueso de esta rebaja de las perspectivas está teniendo lugar en Europa, adonde se dirige el 60% de las exportaciones nacionales. Por eso, muchos empresarios sospechan que la desaceleración va a acabar llegando a España antes o después, aunque de momento esté encubierta por el aumento del gasto público y la tendencia positiva de la construcción. En concreto, Alemania crecerá este año un 0,8%, según el Fondo, mientras que Italia quedará prácticamente estancada, con un escaso avance del 0,1%.

Y los problemas no acaban ahí, ya que el servicio de estudios de BBVA calcula que la incertidumbre sobre política económica que puede tener lugar dar tras las elecciones desincentivaría tanto las contrataciones como la inversión, pudiendo provocar un ajuste extra de dos décimas más en el PIB, hasta el 2%. En cambio, un Gobierno sólido que no dependiera de elementos extremistas alejaría estos temores, a la vez que haría más viable retomar la senda reformista que permitiera elevar el potencial de crecimiento. Asimismo, alejaría las tentaciones de volver a elevar el déficit, algo muy peligroso en un contexto de desaceleración.

Los datos de empleo del primer trimestre del año son habitualmente malos y vienen reflejando siempre una destrucción de empleo respecto al trimestre anterior. Esto es algo que manejan los Gobiernos y dan por descontado los expertos, pero este año, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre la marcha del mercado laboral entre enero y marzo adquieren una relevancia especial. El motivo es que estos datos se conocerán el próximo 25 de abril, solo tres días antes de que los ciudadanos acudan a las urnas a elegir presidente del Gobierno y el Ejecutivo para los próximos cuatro años.

Por ello, cuanto peor sean estos datos, peor resultará para el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que se verá obligado a dar explicaciones por ellos y justificarlos en vísperas electorales. Las cifras de la próxima EPA serán, por tanto, las más determinantes electoralmente hablando de los últimos años. E irrumpirán, precisamente, en una campaña que no se prevé que gire especialmente en torno a los asuntos económicos.

Por ello, surge una incógnita: dado que se trata de un mes estacionalmente negativo para el empleo ¿cómo de negativos serán los datos? Distintas estimaciones de expertos apuntan a que las cifras de destrucción de empleo de este primer trimestre serán seguramente peores que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Los analistas más pesimistas son los de la patronal de empresas de trabajo temporal (Asempleo). La actividad de estas funciona como indicador adelantado del mercado laboral. Si bien, en este caso no se trata de adelantar las cifras sino calcular que es lo que ha ocurrido ya. Así, el servicio de estudios de Asempleo espera un comportamiento de la EPA del primer trimestre “algo más negativo al observado en los últimos dos años”. De hecho, esperan una destrucción de empleo cercana a las 200.000 personas y un incremento de 36.000 parados solo entre enero y marzo. Esto se traduciría en un incremento de tres décimas de la tasa de paro hasta el 14,7%.

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, las cifras registradas por la afiliación a la Seguridad Social en los tres primeros meses del año no anticipan que este declive vaya a ser tan importante. Asimismo, las cifras previsibles de aumento de rentas por la subida de los salarios, el aumento del salario mínimo o las ofertas de empleo público sugieren que la EPA podría no ser tan mala como la pintan.

Los datos sin corregir del efecto estacional reflejan una leve ganancia que no llega a los 20.000 cotizantes en el primer trimestre. Si bien, una vez hecho el ajuste estacional, que es el dato que refleja mejor la tendencia de la marcha del empleo, se observa la ganancia de unos 130.000 nuevos afiliados entre enero y marzo.

Los empleados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT) tienen derecho a percibir no solo las retribuciones fijadas en el convenio colectivo aplicable a la empresa de destino, sino también el salario total que la empresa abona a sus propios trabajadores, incluyendo los bonus por beneficios.

Así lo determina la Audiencia Nacional en una reciente sentencia en la que argumenta que recurrir a la mano de obra de las ETT debe ser un medio para atender a necesidades temporales y no para reducir costes salariales.

Según la resolución, la obligación de igualdad de trato se extiende incluso a las condiciones retributivas que deriven de decisiones del empresario, “siempre que estas tengan eficacia personal general en el ámbito de la empresa usuaria”. Así, el salario de los empleados cedidos debe comprender “todas las remuneraciones económicas, fijas o variables”, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la compañía.

Los magistrados se apoyan en la Directiva europea de 2008 relativa al trabajo a través de ETT y al principio de igualdad de trato entre trabajadores. Su primer artículo señala que las condiciones esenciales de empleo de personal cedido por ETT “serán, como mínimo, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto”. En este sentido, recuerdan que es doctrina unificada que este tipo de empleados puedan superar la retribución total “por producirse pactos entre la empresa de trabajo temporal y sus trabajadores”.

En definitiva, la Audiencia Nacional dictamina que, ya que a los empleados de plantilla se les abonó en 2018 un total de 2.785 euros en concepto de bonus por los beneficios obtenidos, (2.497 euros fruto de un acuerdo colectivo y 288 como suplemento económico extraordinario por los esfuerzos realizados), este criterio también debe extenderse a los provenientes de las ETT. “La obligación de abono se extiende no solo a los conceptos salariales en sentido estricto, sino a todo tipo de retribuciones”, concluye.

El nivel de vida de la clase media ha caído o se ha mantenido estancado en las últimas tres décadas, frente a los grupos con más ingresos, que han continuado acumulando ingresos y recursos, según recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Bajo el título: "Bajo presión: La clase media exprimida", la OCDE presentó este miércoles un informe en el que destaca que los hogares de la clase media de los países integrantes de esta institución están "cada vez más angustiados por su situación económica" y muchos consideran "injusto" el sistema socio-económico. Según la OCDE, el 10 por ciento de las personas más ricas acumulan casi la mitad de la riqueza del mundo, mientras que el 40 por ciento de las personas con menos ingresos se reparten el 3 por ciento.

Asimismo, sostiene que los integrantes de este grupo social han sido testigos del encarecimiento de su estilo de vida, especialmente el del coste de la vivienda, la buena educación y la atención sanitaria, que han crecido por encima de sus salarios; y detalla que más de uno de cada cinco núcleos familiares de clase media gastan más de lo que ganan.

En concreto, la OCDE sostiene que entre 2007 y 2016 el aumento anual de los ingresos reales medios fue de un 0,3% en los países de la OCDE, comparado con el 1% entre mediados de los 80 y mediados de los 90 y del 1,6 % entre mediados de los 90 y mediados de la primera década de este siglo.

El informe, que también llama la atención sobre la persistencia de las desigualdades de género, destaca que, además, las perspectivas laborales son cada vez más inciertas, dado que uno de cada seis trabajadores de ingresos medios tiene trabajos con alto riesgo de ser automatizados.

La OCDE advierte DE que, entre mediados de los años 80 del siglo pasado y mediados los años 10 de este siglo, el número de hogares de los países de la OCDE que pertenecían a clase media se redujo del 64% al 61 %.

Un porcentaje que varía entre cifras que van desde el 50 % como en México, Chile, Estados Unidos o Israel hasta el 70 % de las familias que pertenecen a la clase medie en los países nórdicos y algunos países de la Europa continental.

La OCDE recordó un anterior estudio en el que destacaba que una persona nacida en una familia pobre necesita entre cuatro y cinco generaciones (unos 150 años) en alcanzar el nivel de ingresos medios.

Así, insistió en que esta tendencia es "política y económicamente insostenible" porque, según establece el estudio, "una clase media próspera y fuerte es crucial para cualquier economía con éxito y una sociedad cohesionada".

De este modo, plantea que en el sistema político actual mientras la clase media se ha convertido es el sector más vulnerable, es a su vez el que "sostiene el consumo, dirige una gran parte de la inversión en educación, sanidad y vivienda y juega un papel clave en apoyar los sistemas de protección social a través de sus impuestos".

Sociedades con una clase media fuerte, apunta la OCDE, tienen bajos niveles de crimen y disfrutan de mayores niveles de confianza y satisfacción, así como de una mayor estabilidad política y buen gobierno.

Ante este panorama tan poco halagüeño, la OCDE insta a las autoridades a aplicar planes de acción que aborden estos problemas y alivien las cada vez mayores presiones económicas que sufre la clase media, que define como aquel grupo social cuyos ingresos se sitúan en torno al 75 % y el 200 % del sueldo medio de cada país.

"Los Gobierno deben tener un amplio abanico de herramientas políticas para abordar los retos que presentan estos gastos injustos e inabordables y la vulnerabilidad laboral, por lo que se necesitan reformas en el mercado de trabajo, la educación, los sistemas de formación, así como de las políticas sociales y fiscales", asegura el estudio.

Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno español anunció ayer que protegerá los intereses españoles en Cuba, que son principalmente negocios hoteleros. Pero ¿qué ha pasado exactamente? Pues que Donald Trump ha asestado el enésimo golpe al orden establecido, en lo que parece ser la tónica de su controvertido mandato. Después de más de 20 años, el mandatario estadounidense decidió, de forma unilateral, romper el estatus quo en Cuba.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles de forma oficial la activación por primera vez en la historia del título III de la ley Helms-Burton, que permitirá denunciar ante tribunales estadounidenses a empresas que operen en Cuba en propiedades expropiadas por el castrismo.

Pompeo confirmó que entrará en vigor el 2 de mayo. La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aseveró que “no habrá excepciones” a ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea. Además, el gobierno Trump confirmó nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, al que prohibirá el acceso a dólares de EE UU.

Precisamente la Unión Europea, que ya había amenazado con denunciar a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas ilícitas, elevó ayer el tono, una vez confirmada la ejecución de la medida. En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la ministra de exteriores canadiense Chrystia Freeland, aseguraron que estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Ambas mostraron su intención de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Bruselas de recurrir al uso del “estatuto de bloqueo”.

Esta herramienta prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el título III de la ley Helms-Burton dentro del territorio europeo. Además, abre la puerta a que las compañías que sean demandadas en tribunales estadounidenses, puedan ser indemnizadas por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en los tribunales europeos.

“La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba que son contrarias al derecho internacional”, explican las representantes de la UE. Se estima que en la actualidad existen 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del gobierno estadounidense, por un importe estimado de 9.000 millones de dólares.

El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, expresó “su tajante rechazo” a la decisión de la administración estadounidense. “Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”, afirma el comunicado, en el que se destaca el compromiso de defender los intereses “y el futuro de las empresas españolas en Cuba”.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, aseveró que la demanda de la UE ante la OMC contra EE UU es “casi obligada”.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado abusiva, y, por tanto, ilegal, la práctica bancaria de cobrar comisiones sobre la cuenta que la entidad obliga al cliente a abrir para el pago de su préstamo hipotecario. Lo abusivo, explica la sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí), es el uso que hace el banco y no la cláusula que lo establece, que no es "abusiva en sí misma".

En el litigio examinado, el demandante ejerció la acción de nulidad sobre la cláusula que le imponía que el pago de las cuotas del préstamo hipotecario debía hacerse desde una cuenta de la entidad bancaria prestamista (en este caso, el BBVA) y reclamó que se le permitiera designar otra cuenta de otro banco. Su escrito fundamentaba su pretensión en la práctica abusiva de cobrar, cada seis meses, comisiones indebidas, sobre una cuenta que era únicamente instrumental. Asimismo, solicitó una indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia del tribunal barcelonés resuelve que, de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no cabe declarar la nulidad de la cláusula impugnada, "sino de la práctica abusiva que la parte demandada realiza con el cobro indebido de comisiones en relación con una cuenta que constituye el lugar del pago del préstamo hipotecario". En efecto, tal y como estableció el Banco de España en una circular, no corresponde cobrar a los clientes ninguna comisión por mantenimiento o administración cuando estas cuentas se han abierto "por imposición" de la entidad o cuando son utilizadas exclusivamente para abonar un préstamo.

"Es su reconocido carácter indebido lo que la convierte en abusiva por no corresponderse con ningún servicio prestado", asevera la resolución de la Audiencia Provincial, que obliga a la entidad a cesar en dicha práctica, "si bien no cabe estimar que pueda abrir una cuenta en cualquier otra entidad de crédito desde la que pagar el préstamo hipotecario". Ello derivaría de la nulidad de la cláusula, algo que los magistrados no han estimado.

Por último, la sentencia acepta la reclamación de la indemnización por daños morales "que ha debido sufrir el demandante al tener que ir reclamando, de forma reiterada, la devolución de las comisiones indebidamente cobradas". Una cuantía que se fija en 500 euros.

Más allá de cambios sociales, el Banco de España apunta a la precariedad laboral como uno de los principales factores que empujan a los jóvenes (y a los que ya no lo son tanto), a alquilar en vez de comprar. Pero a pesar de que les mueva la necesidad económica, el organismo también advierte de que los precios de los alquileres ya superan, en Madrid y Barcelona, a los registrados durante el boom inmobiliario. No así los de venta, aunque también se acercan (ver gráfico). Así lo sostienen los economistas del organismo regulador Pana Alves y Alberto Urtasun en el informe Evolución reciente del mercado de la vivienda en España publicado este jueves.

Entre 2008 y 2017, el número de hogares que vivían de alquiler pasó del 14% al 17%, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). A pesar de que esa proporción todavía se encuentra lejos de la media europea –que ronda el 30%, según Eurostat–, los datos muestran que “la tendencia hacia un mayor peso del alquiler es generalizada”, sostiene el Banco de España. Dos grupos de población engordan las cifras: los jóvenes de entre 16 y 29 años, de los que casi uno de cada dos vive de alquiler (17 puntos porcentuales más que en 2008), y los que tiene entre 30 y 44 años: uno de cada cuatro es arrendatario (9 puntos más).

Y sin descartar los “factores sociológicos ligados a cambios en las preferencias”, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apunta al “impacto de la crisis económica” y la precarización del empleo como una de las razones más importantes. En concreto, los autores del informe recuerdan cómo afectó la recesión a las personas recién incorporadas al mercado laboral. Entre 2008 y 2016, los jóvenes de 20 a 24 años perdieron un 15% de su sueldo, mientras que aquellos entre 25 y 29, percibieron un 9% menos.

A ello vinieron a sumarse altas tasas de paro y de temporalidad. “Para los trabajadores de entre 16 y 29 años, la tasa de paro alcanzó el máximo del 42% (2013), con una incidencia del paro de larga duración del 52% (2014) y una ratio de temporalidad del 57% (2017)”, reza el estudio. En 2018, con la recuperación ya supuestamente consolidada, uno de cada tres jóvenes (29%) seguía en paro y más de la mitad (56%) tenía un contrato temporal.

El informe menciona también la reducción de los incentivos fiscales a la compra de vivienda como otra de las causas que explican la tendencia creciente del alquiler. En concreto, el Banco de España recuerda que en 2013 se eliminaron las deducciones por inversión en vivienda habitual, a lo que le siguieron subidas impositivas tanto a la tenencia como a la compraventa, como la de transmisiones patrimoniales y la del IVA.

El FMI sitúa a España entre las economías que menos se verán afectadas por la desaceleración. Rebaja una décima su previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,1% y la iguala con la de la Comisión Europea, frente al 2,2% previsto por el Ejecutivo. Pero mantiene su estimación para el año que viene en el 1,9%. De esta forma, la economía española sigue liderando el crecimiento económico de los principales países de la zona euro para el FMI.

La institución que dirige Christine Lagarde proyecta ahora un crecimiento del 2,1% este año para la economía española. La cifra supone un recorte del 0,1% respecto a las previsiones de enero y se sitúa por debajo del 2,2% que pronostica BBVA, tras anunciar ayer una rebaja desde el 2,4%. El 2,2% es también la cifra que maneja el Gobierno.

Para 2020, el FMI mantiene la estimación en el 1,9%, porcentaje que constata el fuerte parón en el ritmo de desarrollo en España, que se impulsó un 3% en 2017 y un 2,5% el año pasado. Mientras, la institución financiera pronostica que la tasa de empleo cerrará en el 14,2% este año, por encima del 13,9% que calcula BBVA. El Fondo vuelve a recomendar una mayor iniciativa privada para seguir reduciendo el paro.

España se ve afectada por su propia incertidumbre política y por la fuerte desaceleración que vive la Eurozona, para la que el FMI recorta las previsiones del 1,6% al 1,3% este año. La rebaja es aún mayor si se compara con el 1,9% que el Fondo había calculado en octubre. Para 2020, las proyecciones de la zona euro se reducen del 1,7% al 1,5%.

En una sentencia hecha pública la pasada semana, a la que ha tenido acceso Cinco Días, el Tribunal revoca su propio criterio de 2016 y obliga al ayuntamiento de Cádiz a rehacer su zona de gran afluencia turística (ZGAT) al considerar que sus limitaciones físicas y temporales a la libertad de horarios comerciales no están bien justificadas.

La demanda, presentada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), en la que están representados gigantes de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Media Markt o Leroy Merlín, entre otros, denunciaba que el Ayuntamiento de Cádiz había restringido la libertad de horarios comerciales a una zona muy determinada del casco histórico, que dejaba fuera de esa ventaja competitiva a una parte muy importante de las grandes superficies, y que solo les permitía disfrutarla durante dos quincenas del año (la primera de mayo y la segunda de septiembre), coincidiendo con la llegada de cruceristas a la ciudad.

En concreto, la propuesta en vigor hasta la citada sentencia, autorizada por la Junta de Andalucía, dejaba fuera a dos tercios del gran comercio censado en el centro de la ciudad (44 de 68 establecimientos) y a la mitad de las tiendas de más de 300 metros cuadrados (11 de 21).

En la sentencia, el Supremo considera que cualquier limite “requiere una justificación efectiva y fundada en criterios objetivos sobre la forma en que atienden los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor”. Y además exige que se expliquen las razones por las que determinados establecimientos comerciales (en clara alusión a las grandes superficies) quedan, en su caso, fuera de las zonas con libertad de horarios. “Un asunto muy importante porque la gran mayoría de ZGAT se han construido precisamente bajo la premisa de excluir determinados comercios del ámbito de libertad”, recalcan desde Anged.

Todo lo contrario que lo defendido por el Alto Tribunal en abril de 2016, cuando en una sentencia desestimó un recurso de la asociación que engloba a la gran distribución contra la Junta de Andalucía por restringir al máximo la libertad de horarios comerciales en Sevilla. En ese caso, el consistorio de Sevilla, gobernado por el PP, quería ampliar el número de comercios y el tiempo en el que podían disfrutar sin restricciones de la citada libertad en una zona de gran afluencia turística, pero la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, no lo autorizó. Anged demandó y el Supremo le dio la razón a la Junta.

Desde Anged consideran que lo más relevante de la nueva sentencia es que revoca lo citado en el texto de 2016 y que ya no es válida una mera justificación genérica para restringir la actividad comercial en un municipio. “Deben justificarse de forma concretas y específicas”, recalcan. Y ponen como ejemplo en la sentencia sobre Cádiz el hecho de que el Supremo requiera “una motivación especial cuando las restricciones convierten en infrecuente o excepcional la regla general de libertad de horarios comerciales, como ocurre en el caso de Cádiz, que señala únicamente cuatro semanas”.

Sector

Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

La Ley de Derecho de Defensa. Es la primera petición de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ya que, de llevarse a cabo, “nos situaría a la vanguardia mundial en protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Una reivindicación a la que se suma José María Alonso, decano del Colegio de Madrid (ICAM), y Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona (ICAB). Alonso urge al nuevo ministro su aprobación “de una vez por todas” y Gay incide en la necesidad de contar con la norma para “asegurar la intervención de la abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la justicia”.

Reforma del sistema de acceso. Para el sector es inaplazable que Justicia acepte adecuar el examen de acceso a la abogacía a las demandas del mercado, haciéndolo “eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión”, declara Ortega. Esta medida ya ha sido negociada con los anteriores responsables y tiene como fin hacer un modelo más serio y acorde a los países de nuestro entorno.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, Ortega apuesta por la “actualización de baremos y pagos puntuales”, así como “dignificar el turno de oficio por el servicio público esencial que presta”. A esta petición, la decana del Colegio de Barcelona reconoce que también se sumará.

Sistema de elección del CGPJ. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), apunta que la primera medida que exigen es cumplir con las llamadas de atención de Europa sobre la independencia judicial. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) reclama, especialmente, que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Tenemos la impresión de que se ha convertido en un club de golf. Se nombra a conocidos”, critica. Tras esta reforma, exige su fortalecimiento para dotarlo de mecanismos que eviten intromisiones del resto de poderes del Estado.

Retribución de jueces y letrados de Justicia. Una de las viejas peticiones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido la adaptación de sus retribuciones a las del resto de Cuerpos Superiores de la Administración Pública y de Justicia; en especial, la de los letrados de nuevo ingreso. “En algunos juzgados, sus salarios no alcanzan ni los 1.500 euros”, reprocha Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia. Asimismo, exige una modificación del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de Justicia para adaptarlo a las competencias asumidas en los últimos diez años. “En virtud de esto, en la actualidad, se tramitan y resuelven el 90% de los procedimientos ingresados en los juzgados”, expresa. Por su parte, la judicatura recuerda que han perdido un 14% del sueldo de 2009 a 2018 y Justicia no ha hecho caso de sus reclamaciones.

Aumento de la planta judicial y fiscal. Incrementar el número de jueces y fiscales es una de las necesidades que la AJFV considera más urgentes dado el colapso que sufren los tribunales españoles. “En relación al número de jueces y fiscales por habitante, estamos muy por debajo de los países europeos”, dice Prado. Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno acaba de anunciar la creación de 300 nuevas plazas para jueces, la realidad es que solo hay 75 oficinas creadas. “Unos 200 jueces no saben dónde van a ir”, alerta. Para ello, insta al próximo ministro a crear los “famosos tribunales de instancia y racionalizar el sistema”. “Lo hacen en otros países y funciona, pero aquí no se atreven”.

El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.

Si el abogado no se presenta a la citación porque esta le coincidía con un señalamiento en otro juzgado, pero no avisa de tal circunstancia, se le tendrá por desistido en la causa. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que unifica doctrina y rechaza el recurso de casación interpuesto por una letrada, a quien, después de haber sido llamada tres veces sin respuesta a la hora que debía dar comienzo el acto de conciliación, un juzgado de lo social de Sevilla tuvo por desistida de su demanda.

Según subraya el alto tribunal, la legislación permite la suspensión de los señalamientos en aras de garantizar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Eso sí, todas las previsiones legales que regulan estas circunstancias, entre ellas el artículo 83.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, determinan que la incomparecencia injustificada se entenderá como una renuncia a la pretensión.

Sin embargo, tal y como sucedió en el caso enjuiciado, en el que la abogada llegó media hora tarde a la sala sin haber dado previo aviso, los magistrados aseveran que no cabe amparar al profesional. Por tres razones: primero, los preceptos legales son "claros y precisos"; segundo, el trámite que permite sortear dicha circunstancia es muy sencillo (una mera notificación), y tercero, porque la gravedad de las consecuencias legales obliga a los letrados a "extremar su diligencia" y al órgano judicial a "exigirles el celoso cumplimiento de sus obligaciones". Asimismo, explican, un trato de favor al letrado autor de tal descuido supondría un trato de favor que infringiría los derechos de la contraparte.

El Supremo, no obstante, apunta a que "no desconoce" el atasco que sufren los juzgados y tribunales, pero insiste en que dicha circunstancia "no puede ser excusa para ignorar una obligación tan evidente y fácil de cumplimentar". Aunque matizan que el fallo sería distinto si la recurrente hubiera intentado comunicarse con el juzgado o alegara alguna razón que pudiera interpretarse como una "causa justa" de la incomparecencia.

Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades. El sector legal es un gran dinamizador del mercado inmobiliario. Son los inquilinos perfectos. Los despachos de abogados buscan inmuebles emblemáticos, alquilan por empleado más metros cuadrados que empresas de otros sectores y, aunque son buenos negociadores y pelean el precio, están dispuestos a pagar un poco más si el inmueble se ajusta a lo que están buscando.

Además, son negocios estables, que buscan contratos a largo plazo y pagan las facturas en tiempo y forma. Aunque 2018 no fue el ejercicio más activo, sobre todo porque 2017 marcó varios récords con grandes mudanzas, tanto en número como en metros cuadrados (como las de Baker McKenzie o Allen & Overy), el pasado ejercicio siguió siendo muy positivo para la actividad inmobiliaria ligada a las sedes corporativas de los bufetes, sobre todo en la capital española, donde se encuentran los cuarteles generales de la mayoría de las firmas internacionales, que el año pasado fueron las grandes protagonistas (como Andersen, Latham & Watkins o Pinsent Masons).

En la última década, la media anual de metros cuadrados alquilados en edificios exclusivos de oficinas en Madrid por los despachos de abogados alcanza los 11.000 metros cuadrados, más del doble que, por ejemplo, en Barcelona, la siguiente plaza más activa, según se desprende del informe El futuro de los espacios de trabajo en el sector legal, elaborado por CBRE. Hay que tener en cuenta que sólo entre 2017 y 2018 se han cerrado tantas operaciones inmobiliarias en el sector legal como en los tres ejercicios anteriores juntos. A la hora de hablar de espacio, el liderazgo es para las firmas internacionales, que tienden a alquilar, de media, el doble de metros que los bufetes con pasaporte español.

Sin embargo, a la hora de hablar por número de transacciones, son los bufetes nacionales los que se muestran más activos (seis de cada diez, aunque se trata de sedes más modestas). Por zonas, en el caso de Madrid, el Barrio de Salamanca copa el 43% del interés, mientras que el distrito norte (en torno a las Cuatro Torres) ocupa el segundo lugar, con un 17%, según datos de CBRE.

En Barcelona, la situación es muy similar, aunque en una escala más pequeña. La media anual de metros cuadrados alquilados se sitúa en poco más de 4.500, con un boom que marcó un récord en 2013. Estas cifras no incluyen el cambio de sede de Cuatrecasas en 2016, con cerca de 20.000 metros cuadrados.

En el caso de la Ciudad Condal, nueve de cada diez operaciones están protagonizadas por bufetes nacionales. Por tamaño, sólo el 3% supera los 1.500 metros cuadrados, mientras que el 93% se refiere a oficinas de menos de 700 metros cuadrados. El pasado ejercicio, entre las mudanzas más importantes se encontraron la de Marinel-lo & Partners (Edificio @Mar), la de Dentons (Torre Barcelona) y la de CHR Legal (Paseo de Gracia), todas ellas por debajo de los 500 m2. Por zonas, el distrito central de negocios es el más demandado en los últimos movimientos inmobiliarios, donde el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal son los ejes de referencia.

Las hipotecas españolas volvieron a ser protagonistas este lunes en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tras abordar la cláusula suelo, la de desahucios o el interés de demora, la Corte de Luxemburgo abordó este lunes el índice hipotecario IRPH.

Aunque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el uso de esta referencia como alternativa al euríbor, alegando que su funcionamiento es similar y está respaldado por autoridades como el Banco de España, la demanda de una cliente contra Bankia llevó al Juzgado de Primera Instancia de Barcelona a elevar una cuestión prejudicial para que el alto tribunal europeo analice si se comercializó con la debida transparencia.

El tribunal, con el presidente del TJUE Koen Lenaerts al frente, arrancó la sesión preparando el proceso a puerta cerrada con los abogados de las distintas partes, como es habitual. Durante la vista posterior, que se alargó casi tres horas, Bankia defendió el uso de IRPH al tratarse de un índice oficial, “transparente y comprensible", y alegando que no es posible por tanto anular la cláusula que lo contiene y fija el precio de la hipoteca. A su vez, los abogados de la demandante cuestionaron la falta de información con que fue comercializada la hipoteca.

La entidad nacionalizada contó con un aliado de excepción: el Reino de España. La Abogacía del Estado, representada por María José García-Valdecasas, defendió los intereses de la banca y el uso del IRPH. Es más, instó al tribunal a limitar el efecto retroactivo del fallo si acaba tumbando este índice. Después de todo, los analistas de Goldman Sachs estiman que el sector bancario español se juega hasta 44.000 millones de euros. En todo caso, el precedente de las cláusulas suelo dejó claro el criterio del TJUE: si la cláusula es nula, por opaca, lo es desde el origen del contrato.

Por su parte, los representantes de la Comisión Europea defendieron que la regulación comunitaria solo permite usar estos índices si se hace con total transparencia. Por su parte, Reino Unido también ha comparecido en la vista para defender la validez los contratos hipotecarios que recogen índices oficiales, a fin de proteger sus propios contratos de cualquier cuestionamiento judicial.

Finalmente, el abogado general Maciej Szpunar (una suerte de fiscal general que ya apostó por anular los desahucios españoles basados en cláusulas abusivas) avanzó que ofrecerá sus conclusiones el 24 de junio. Aunque su criterio no es vinculante, este suele guiar al tribunal, que dictará sentencia sobre el asunto previsiblemente a la vuelta del verano.

"Hoy ha sido un día muy importante en la defensa de los afectados por IRPH, estamos convencidos de que las conclusiones del Abogado General serán favorables a los consumidores y que la sentencia será un antes y un después, como lo fue la de la cláusula suelo", ha declarado al concluir la vista la presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez.



NOVEDADES LEGISLATIVAS (ver)
Disjurex presenta
DERECHO PROCESAL
Pack Memento Procesal Penal 2020 + Memento Procesal Civil 2020 + Memento Procesal Contencioso - Administrativo 2020

Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417985172


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 28 de Noviembre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 201,76 €
Precio final por compra On-Line: 181,58 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO CIVIL
Formularios Prácticos Proceso Civil (Sólo Internet)

  Autor: Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: On line
Fecha publicación: 08/10/2019
ISBN: 9788417794194


Precio original: 105,27 €
Precio final por compra On-Line: 100,01 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO CIVIL
Los criterios de atribución del uso de la vivienda familiar tras la crisis de pareja

Autor: Inmaculada García Presas
Editorial: Reus
Soporte: Libro
Fecha publicación: 02/10/2019
ISBN: 9788429021653
212 páginas


Precio original: 24,00 €
Precio final por compra On-Line: 22,80 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO MERCANTIL
Memento Práctico Sociedades Mercantiles 2020

Autor: VV.AA
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794965
1950 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 10 de Octubre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 175,76 €
Precio final por compra On-Line: 158,18 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO PENAL
Delincuencia Informática - Tipos delictivos e investigación Con jurisprudencia tras la reforma procesal y penal de 2015


Autor: Eloy Velasco Núñez / Carolina Sanchis Crespo
Editorial: Tirant Lo Blanch
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publiación: 25/09/2019
ISBN: 9788413133560
834 páginas


Precio original: 75,90 €
Precio final por compra On-Line: 72,10 € (I.V.A. incluido)

Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRIBUTARIO
Cierre fiscal contable 2019

Autor: Carlos Marín Lama / Juan Ignacio Gutiérrez Garrido / Ferran Rodríguez García / Lluis Garrido Gómez
Editorial: Amado Consultores
Soporte: LIBRO + FICHERO PDF + AUDIO + HERRAMIENTAS
Fecha publiación: 30/09/2019
ISBN: 9788412098907
533 páginas


Precio original: 114,40 €
Precio final por compra On-Line: 108,68 € (I.V.A. incluido)
 
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

* Para ampliar más información sobre las obras, no tiene más que pulsar sobre su título, accediendo de este modo a la ficha del libro, donde podrá conocer los datos más relevantes sobre él, si desea ampliar más información en " Ver el índice de esta obra " podrá visualizar el índice completo.

 

PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Si está registrado
Para acceder a su zona privada, introduzca su dirección de e-mail y contraseña en  Mi cuenta, añada los productos deseados y finalice la compra.

Si no está registrado, tiene dos opciones

1- Registrarse como nuevo cliente, se le pedirán entonces una serie de datos. Elija una clave que recuerde habitualmente, dicha clave la selecciona el propio Cliente. De esta manera, cuando realice un pedido no tendrá que volver a rellenar sus datos.

Si desea registrarse como nuevo cliente pulsar aquí: Alta nuevo cliente

2- Realizar la compra como Invitado, sin la obligatoriedad de estar registrado, se solicitaran sus datos para el envío y facturación del libro, y podrá confirmar su pedido sin necesidad de facilitarnos datos adicionales.

 

Si aún no está registrado/a como cliente, regístrese aquí.

 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Respondiendo a nuestra dirección de correo electrónico clientes@disjurex.es, por teléfono: 902 540 992 - 944 255 220, por fax: 902 540 993 - 944 245 811, se aplicarán siempre los descuentos anunciados en nuestras comunicaciones.

 
Sobre Disjurex
» Qué es Disjurex » Escaparate » Novedades » Promociones
» Consultas
 

NOTA LEGAL: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la responsabilidad de Disjurex - Librería Jurídica. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Disjurex - Librería Jurídica no aceptará ningún tipo de responsabilidades por la información contenida en esta circular.

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no desea seguir recibiendo nuestro boletín Actualidad y Consejos semanal, sólo tiene que darse de baja en Baja de Servicio Actualidad y Consejos, o indicárnoslo enviando un correo electrónico a clientes@disjurex.es con el asunto 'Baja de servicio Actualidad y Consejos', desde la cuenta de correo que recibe nuestras comunicaciones.

Recuerde que la baja en este boletín no implica la baja en las restantes comunicaciones del Servicio de Novedades de Disjurex - Librería Jurídica.