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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Qué tipo de IVA aplicamos a...?

La Agencia Tributaria ha actualizado el cuadro impositivo con fecha 1-1-2019.

Adjuntamos una tabla donde están recogidos para cada situación.

Tipos impositivos de IVA Hasta el 31-8-2012 Desde el 1-9-2012
TIPO GENERAL (artículo 90.Uno Ley 37/1992) 18% 21%
TIPOS REDUCIDOS (artículo 91.Uno Ley 37/1992)
Entregas, Adquisiciones intracomunitarias o Importaciones de bienes (1)

1º. Sustancias o productos utilizados habitual e idóneamente para la nutrición humana o animal

Se excluyen:

- Tabaco

- Bebidas alcohólicas

8%

18%

18%

10%

21%

21%

2.º Animales, vegetales y demás productos destinados a la obtención de productos para la nutrición humana o animal, incluidos los animales reproductores y los destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo humano o animal 8% 10%
3.º Bienes utilizados en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas, fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas, plásticos para cultivos y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de la recolección 8% 10%
4.º Aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido 8% 10%

5.º Medicamentos para uso animal

Sustancias medicinales y principios activos utilizadas en su obtención

8%

8%

10%

10%/21% (2)

6.º Productos farmacéuticos de uso directo por consumidor final (guatas, gasas, vendas…), compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales 8% 10%
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental que por sus características objetivas estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Se incluyen las gafas graduadas, lentillas y productos para su cuidado 8% 10% (3)
Resto de equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental 8% 10%/21% (2)
Equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado para suplir deficiencias físicas de los animales o con fines de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de los animales 8% 10%/21% (2)

Se excluyen:

- Cosméticos y productos de higiene personal (excepto compresas, tampones, protegeslips, y preservativos)

- Accesorios, recambios y piezas de repuesto de equipos médicos, aparatos y demás instrumental

18%

18%

21%

21%

7.º Viviendas, garajes (máximo 2 unidades), y anexos que se transmitan conjuntamente con la vivienda 4% 4%/10% (4)

Se excluyen:

- Locales de negocio

- Edificaciones destinadas a su demolición

18%

18%

21%

21%

8.º Semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen vegetal utilizados en la obtención de flores y plantas vivas

Flores y plantas vivas de carácter ornamental. Se incluyen las flores y coronas entregadas por empresas funerarias y cementerios

8%

8%

10%

21%/10% (5)

9.º Entregas de bienes relacionadas con su actividad por empresas funerarias 8% 21%
10.º Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 8% 21%/10% (6)
11.º Entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir 8% 21%/10% (6)
Prestaciones de servicios
1.º Transportes de viajeros y sus equipajes 8% 10%
2.º Servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario 8% 10%

Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos

8% 21%/10% (7)
3º. Servicios efectuados a favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas 8% 10%

Se excluyen:

- Las cesiones de uso o disfrute y el arrendamiento de bienes

Servicios de las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en común

18%

8%

21%

10%

4º. Servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, personas físicas, a productores de cine y organizadores de teatro 8% 21%/10% (8)
5º. Servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos 8% 10%
6º. Servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización y la recogida o tratamiento de aguas residuales 8% 10%
7º. La entrada a teatros, conciertos; circos, festejos taurinos y demás espectáculos culturales en vivo 8% 21%/10%(7)
La entrada a salas cinematrográficas 8% 21%/10% (9)
La entrada a zoológicos, exposiciones, parques de atracciones y atracciones de feria 8% 21%
Las corridas de toros 18% 21%/10% (7)
8º. La entrada a bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas 8% 10%
9º. Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte, relacionados con dichas prácticas y que no estén exentos 8% 21%
10º. Servicios de asistencia social no exentos (art. 20.Uno.8º) o gravados al tipo impositivo del 4% 8% 10%
11º. Servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y cementerios (no incluye la entrega de flores y coronas) 8% 21%
12º. Asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención 8% 21%
13º. Espectáculos deportivos de carácter aficionado 8% 10%
14º. Exposiciones y ferias de carácter comercial 8% 10%
15º. Servicios de peluquería 8% 21%
16º. Suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital 8% 21%
17º. Los arrendamientos con opción de compra de viviendas, incluidas un máximo de 2 plazas de garaje, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente 8% 10%
18º. La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos 8% 10%

19º. Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular, o sea una comunidad de propietarios.

b) Que la construcción o rehabilitación haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales o, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación

8% 10%

Ejecuciones de obra sobre edificaciones destinadas principalmente a viviendas, incluidos locales, anejos, garajes e instalaciones complementarias.

Precisión: Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.

1º. Las ejecuciones de obras consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación 8% 10%
2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados, consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación 8% 10%
3º. Las ejecuciones de obra consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios y el contratista que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios en terrenos o locales comunes, con un máximo de 2 plazas por propietario 8% 10%
TIPOS SUPERREDUCIDOS (artículo 91.Dos Ley 37/1992)
Entregas de bienes (10)
1º. El pan común; harinas panificables; leche natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales según el Código Alimentario 4% 4%
2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad y, elementos complementarios que se entreguen conjuntamente. Se incluyen los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos 4% 4%

Se excluyen:

“Los objetos que, por sus características, solo pueden utilizarse como material escolar”

4% 21%

3º. Medicamentos de uso humano, formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficiales

Sustancias medicinales, principios activos y productos intermedios utilizados en su obtención

4%

4%

4%

4%/21% (11)

4º. Los vehículos para personas con movilidad reducida y las sillas de ruedas para su uso exclusivo. Vehículos a motor que transporten habitualmente a personas con discapacidad en sillas de ruedas o con movilidad reducida 4% 4%
5º. Prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad 4% 4%
6º. Las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes (con un máximo de dos unidades), y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente 4% 4%
Prestaciones de servicios
1º. Los servicios de reparación de los vehículos para personas con movilidad reducida y de las sillas de ruedas. Servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos y de los vehículos a motor, para transportar personas con discapacidad 4% 4%
2º. Los arrendamientos con opción de compra de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente 4% 4%
3º. Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, y atención residencial en plazas concertadas o mediante precios derivados de un concurso administrativo o consecuencia de prestación económica que cubra más del 10% del precio (12) 4% 4%
(1) También ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios cuyo resultado sea la entrega de alguno de estos bienes (artículo 91. Tres).
 
(2) Desde el 1-9-2012 hasta el 31-12-2014 tributan al 10%; a partir del 1-1-2015 se aplica el 21%.
 
(3) Monturas para gafas graduadas: Desde el 1-1-2015 hasta el 28-6-2017 tributan al 21%; a partir del 29-6-2017 tributan al 10%.
(4) Desde el 1-9-2012 hasta el 31-12-2012 tributan al 4%; a partir del 1-1-2013 se aplica el 10%.
(5) Desde el 1-9-2012 hasta el 31-12-2014 tributan al 21%; a partir del 1-1-2015 se aplica el 10%.
(6) Desde el 1-9-2012 hasta el 25-1-2014 tributan al 21%; a partir del 26-1-2014 se aplica el 10%
(7) Desde el 1-9-2012 hasta el 28-6-2017 tributan al 21%; a partir del 29-6-2017 tributan al 10%.
(8) Desde el 1-9-2012 hasta el 31-12-2018 tributan al 21%; a partir del 1-1-2019 tributan al 10%.
(9) Desde el 1-9-2012 hasta el 4-7-2018 tributan al 21%; a partir del 5-7-2018 tributan al 10%.
(10) También ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios cuyo resultado sea la entrega de alguno de estos bienes, excepto las VPO de régimen especial o promoción pública (artículo 91.Tres).
(11) Desde el 1-9-2012 hasta el 31-12-2014 tributan al 4%; a partir del 1-1-2015 se aplica el 21%.
(12) Desde el 6-11-2010 hasta el 5-7-2018 la prestación económica debía cubrir más del 75% del precio.
 

Mercantil, civil y administrativo

Nuevos requisitos para que los mercados regulados puedan obtener la autorización de la Comisión nacional del Mercado de Valores

Los mercados regulados son aquéllos sistemas multilaterales que permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación, y que están autorizados y funcionan de forma regular.

Los mercados regulados españoles reciben la denominación de mercados secundarios oficiales y a tales efectos, se considerarán mercados secundarios oficiales de valores las Bolsas de Valores, el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, el Mercado de Renta Fija, AIAF, entre otros.

Con el nuevo Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, se desarrolla el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores, y del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Ello, ha supuesto que los mercados regulados precisen de una serie de requisitos para que puedan obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV) y ser inscritos en su correspondiente registro.

Así, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Mercado de Valores, se deberán cumplir todas estas exigencias:

a) Designar un organismo rector, que tendrá la forma de sociedad anónima y cuyas funciones básicas serán la administración y gestión del mercado así como la supervisión de su funcionamiento.

b) Que los miembros del órgano de administración del organismo rector y las personas que ejerzan su alta dirección tengan una reconocida honorabilidad y conocimientos, competencias y experiencia suficientes y dediquen un tiempo suficiente al desempeño de su cometido.

c) Que los accionistas que vayan a tener una participación significativa en el organismo rector del mercado sean idóneos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

d) Disponer de recursos financieros suficientes, atendiendo a la necesidad de asegurar su funcionamiento ordenado y teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de las operaciones que en él se realizan y el tipo y el grado de riesgo a que se expone.

e) Disponer de normas y procedimientos de negociación que cumplan con lo dispuesto en el artículo 6.1.d) del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre.

f) Disponer de sistemas, procedimientos y mecanismos que cumplan con lo establecido en el título I del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre.

Además, la solicitud de autorización para la creación de un mercado regulado dirigido a la CNMV y deberá ir acompañada de un proyecto de estatutos sociales del organismo rector, del proyecto de reglamento de mercado y de un programa de actividades en el que se detalle la estructura organizativa del mercado, los instrumentos financieros susceptibles de ser negociados en el mismo y los servicios que pretende prestar el organismo rector.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende volver a elevar la retención fiscal que se aplica a las grandes empresas españolas en el impuesto de Sociedades. El movimiento va solo un paso más allá del enorme salto que supuso la reforma impulsada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que prácticamente duplicó de golpe el umbral de pagos fraccionados para enjugar el déficit público y salvar la cara del Ejecutivo del PP ante Bruselas. Su sucesora, María Jesús Montero, basa la decisión de seguir sus pasos en el incremento de ingresos previsto en su reforma fiscal si bien la medida, incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, llega en un momento en que la justicia cuestiona la constitucionalidad de elevar estos pagos adelantados.

En concreto, la Audiencia Nacional ha puesto en duda la legalidad del incremento del umbral de retenciones que Montoro aplicó a las grandes empresas, tal y como desveló ayer Expansión. En atención a la demanda de una compañía representada por EY Abogados, la Audiencia ha elevado el asunto al Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. Un fallo en contra de la norma daría al traste con los planes del Gobierno actual de aplicar una nueva subida este año, lo que minaría su previsión de ingresos y podría terminar costando algún tipo de indemnización pública a las empresas que la reclamen.

Los pagos fraccionados que se aplican a las empresas son un sistema similar a las retenciones mensuales que se hacen habitualmente sobre las nóminas de los trabajadores para adelantar el pago que les corresponda por IRPF. Una vez se liquida el impuesto, la Agencia Tributaria reclama al contribuyente el monto que aún deba o bien, mayoritariamente en el caso del IRPF, le devuelve el exceso de retención que haya sufrido. El sistema para las empresas fue implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Luego, en septiembre de 2016, su ministro de Hacienda elevó el pago fraccionado de Sociedades del 12% de los beneficios empresariales al 23% tras el batacazo de recaudación que le supuso eliminar el tipo mínimo durante unos meses. La idea era acercar el umbral de esta especie de retención al tipo nominal de Sociedades, fijado en el 25%. Para bancos y petroleras, cuyo tipo nominal es del 30%, el tipo de pago fraccionado se fijó en el 25%. Además, Montoro rebajó de 20 a 10 millones de euros los ingresos de las compañías afectadas. La medida le permitió recaudar 8.000 millones de euros adicionales aquel ejercicio y adecentar la foto de fin de año de las cuentas públicas.

De esta forma, la Audiencia Nacional dictamina que no se han respetado los límites materiales del Real Decreto-ley que establece el artículo 86 de la Constitución, que estipula que "no podrán afectar (...) a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I". Entre ellos, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo (artículo 31).

El Constitucional ha dictado que no puede afectar a elementos esenciales del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, "como piezas básicas del sistema tributario". La Audiencia entiende que el Real Decreto-ley no puede cambiar ninguno de los elementos que determinan quién soporta y con qué intensidad la presión fiscal. Y la obligación de pago a cuenta es la carga tributaria que efectivamente soporta el contribuyente. "Si se alteran los elementos esenciales de esa obligación tributaria de pagos a cuenta, al menos temporalmente, se está alterando el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

Respecto a la infracción del principio de capacidad económica que exige el artículo 31.1 de la Constitución, entiende la Audiencia que la autonomía que puede tener la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades no puede justificar una profunda desconexión entre la renta que se considera indicio de capacidad económica del sujeto pasivo a efectos del Impuesto y la que se considera a efectos del cálculo de los pagos a cuenta, incluyendo en la base de cálculo de éstos rentas exentas, y desconociendo el efecto que el resultado de ejercicios anteriores tiene sobre la capacidad económica real del sujeto pasivo. "Se impone de manera arbitraria un incremento en los pagos a cuenta sin consideración a la cuota tributaria que finalmente corresponde pagar a las sociedades y, por tanto, sin atender a su capacidad económica real", zanja.

El Gobierno permitirá que las empresas que finalmente tengan que pagar el impuesto sobre determinados servicios digitales, bautizada popularmente como tasa Google, puedan deducírselo en la base imponible del impuesto de sociedades como otro gasto de la actividad. El Ejecutivo trata de compensar así que el tributo pensado para gigantes tecnológicos extranjeros, que eluden el pago de impuestos, pueda afectar a empresas locales más pequeñas.

El proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ya está registrado en el Congreso para su tramitación. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, consta de 16 artículos y cuatro disposiciones finales. Hacienda calcula que podrá recaudar unos 850 millones con este tributo. Aunque este año la cosecha será menor porque no entrará en vigor hasta después de verano.

El Gobierno diseñó el gravamen bajo el pretexto de que los gigantes tecnológicos pagarán más impuestos en España. Este tipo de empresas multinacionales exprimen las legislaciones nacionales para rebajar al mínimo su factura fiscal a través de complejos procesos de ingeniería fiscal. Tras la crisis financiera, las instituciones internacionales con la OCDE a la cabeza trataron de que estas empresas aportaran más. La Comisión Europea lanzó una propuesta de impuesto en marzo del año pasado.

Y así lo recoge el Gobierno de Sánchez en la exposición de motivos del proyecto de ley: "Los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor". Y añade: "Las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos".

Con ese espíritu se empezó a tramitar el impuesto. Para que empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft contribuyeran en el país donde operan en función de los beneficios que generen en él y no trasladen artificialmente, de forma legal, sus beneficios a otros Estados con una fiscalidad más reducida.

El texto legal que ha diseñado Hacienda define tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios es decisiva para la creación de valor: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software, o red social); la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y, por último, la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.

El problema es que la redacción del texto legal es ambigua en algunos puntos y deja abierta la puerta a que no solo tengan que tributar las multinacionales digitales, sino otro tipo de empresas locales más pequeñas.

Por ejemplo, los hechos imponibles no están descritos como tal. El artículo 5 del documento solo define que "estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas efectuadas por los contribuyentes de este impuesto". A continuación, la ley enumera los supuestos de no sujeción, pero hay que acudir a la exposición de motivos para aclarar qué actividades son las que realmente se gravan.

En el epígrafe sobre los servicios de publicidad online, señala el proyecto legal, "se entienden aquellos consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz". Esta redacción deja abierta la puerta a gravar a empresas que utilizan la publicidad en sus plataformas y ya pagan todos sus impuestos en España.

Lo que sí queda claro es que el gravamen (del 3%) solo se aplicará sobre los ingresos generados por una de esas tres actividades: publicidad dirigida online, intermediación o venta de datos.

En el análisis de impacto económico del proyecto, Hacienda reconoce que sus previsiones duplican a las de la Comisión. La ministra Montero estima que podrá ingresar unos 1.200 millones con este tributo, frente a los 600 millones de Bruselas. El Ejecutivo comunitario sustenta sus cálculos en el peso del país en el PIB europeo, alrededor de un 7,5%. Pero Hacienda replica que la actividad en redes sociales, la búsqueda de información para comprar y para viajes y alojamientos en España representan un 9,1% del total de la UE. La recaudación con esta tesis llegaría a los 728 millones.

Otro de los argumentos es que se ha ampliado "significativamente" el número de obligados por establecer un umbral más exigente. El Gobierno eleva a tres millones los ingresos obtenidos a partir de los cuales hay que tributar, frente a los cinco de Bruselas. Esto elevaría la estimación hasta 968 millones. Además, el Gobierno aduce que "el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad online, los servicios de intermediación de plataformas y el tráfico de datos en Internet" le lleva a estimar un mayor impacto. En total, recaudará entre 1.065 millones y 1.258 millones, calcula.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda respaldan la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, pero creen que la previsión de recaudación por los nuevos impuestos está "sobrevalorada" y dudan de que pueda repercutir en los ingresos de este año.

En una nota, el sindicato señala que los nuevos impuestos dotarán de una "mayor equidad y suficiencia" al sistema tributario, aunque advierten sobre las dificultades que conllevará su control tributario y de que entrarán en vigor con un retraso "considerable" de no corregirse la actual dinámica parlamentaria, lastrando la posibilidad de recaudarlos en 2019.

Sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', Gestha señala que, a nivel global, según estimaciones del Comité de Fiscalidad de la OCDE, la carga tributaria efectiva de las grandes transnacionales está entre 4 y 8,5 puntos porcentuales por debajo de la de empresas similares que operan únicamente a nivel nacional. Sin embargo, apunta que algunos Estados tienen un grado de corresponsabilidad en la elusión de aquéllas cuando, para atraerlas a sus territorios, conceden ventajas fiscales.

Así, para reducir la evasión, España ha implementado la nueva directiva de IVA que la UE aprobó en 2015 para garantizar la recaudación del IVA en el país donde se encuentra el consumidor, de forma que los bienes y servicios prestados digitalmente se localicen en el país del destinatario, un problema que para los técnicos resulta "especialmente relevante" en las transacciones online B2C (de empresa a consumidor final).

En este sentido, subraya que la AEAT contará con una "valiosa información" cuando reciba de los países de la UE la recaudación y los importes declarados del IVA en destino. Además, recibirá los informes "país por país" con una información desglosada de los ingresos de entidades vinculadas, ganancias antes de impuestos, impuestos pagados y devengados, número de empleados, activos tangibles y otros indicadores de actividades dentro de grandes grupos transnacionales.

Gestha valora que España haya sido pionera al crear este impuesto en solitario, que afectará a los gigantes digitales que facturan más de 750 millones en el mundo y más de tres millones en España, pese a lo cual "no pagan adecuadamente sus impuestos y, en ocasiones, compiten de manera desleal con los sectores tradicionales".

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda respaldan la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, pero creen que la previsión de recaudación por los nuevos impuestos está "sobrevalorada" y dudan de que pueda repercutir en los ingresos de este año.

En una nota, el sindicato señala que los nuevos impuestos dotarán de una "mayor equidad y suficiencia" al sistema tributario, aunque advierten sobre las dificultades que conllevará su control tributario y de que entrarán en vigor con un retraso "considerable" de no corregirse la actual dinámica parlamentaria, lastrando la posibilidad de recaudarlos en 2019.

Sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', Gestha señala que, a nivel global, según estimaciones del Comité de Fiscalidad de la OCDE, la carga tributaria efectiva de las grandes transnacionales está entre 4 y 8,5 puntos porcentuales por debajo de la de empresas similares que operan únicamente a nivel nacional. Sin embargo, apunta que algunos Estados tienen un grado de corresponsabilidad en la elusión de aquéllas cuando, para atraerlas a sus territorios, conceden ventajas fiscales.

Así, para reducir la evasión, España ha implementado la nueva directiva de IVA que la UE aprobó en 2015 para garantizar la recaudación del IVA en el país donde se encuentra el consumidor, de forma que los bienes y servicios prestados digitalmente se localicen en el país del destinatario, un problema que para los técnicos resulta "especialmente relevante" en las transacciones online B2C (de empresa a consumidor final).

En este sentido, subraya que la AEAT contará con una "valiosa información" cuando reciba de los países de la UE la recaudación y los importes declarados del IVA en destino. Además, recibirá los informes "país por país" con una información desglosada de los ingresos de entidades vinculadas, ganancias antes de impuestos, impuestos pagados y devengados, número de empleados, activos tangibles y otros indicadores de actividades dentro de grandes grupos transnacionales.

Gestha valora que España haya sido pionera al crear este impuesto en solitario, que afectará a los gigantes digitales que facturan más de 750 millones en el mundo y más de tres millones en España, pese a lo cual "no pagan adecuadamente sus impuestos y, en ocasiones, compiten de manera desleal con los sectores tradicionales".

La Agencia Tributaria ha situado a las fintech (aplicaciones que ofrecen servicios financieros o bancarios intensivos en tecnología) y la logística del comercio electrónico como dos de las novedades en las grandes líneas de actuación para 2019. “La investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica especialmente en comercio electrónico, siguen constituyendo una prioridad para la Agencia Tributaria”, señala el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, que ha publicado el BOE. Este año “continuarán las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporarán otras nuevas”, asegura.

Respecto a las fintech, la Agencia tributaria anuncia que llevará a cabo un "estudio inicial" de este tipo de tecnologías “para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre la actividad económica”. En paralelo, “se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes”, señala el informe.

En España existen más de 300 empresas fintech y 5.000 empleados en el sector con fuertes perspectivas de crecimiento. Según algunas estimaciones, las fintech facturan en torno a 100 millones al año en total. La mayor parte, casi la mitad, ofrece un modelo de negocio B2B (entre negocios), según el Observatorio Fintech de Finnovating de 2018. Las empresas que más empleo van a generar en este sector "serán empresas extranjeras que comienzan su actividad en España" recoge este estudio sectorial,

En cuanto al comercio electrónico, una de las novedades del plan de control de la Agencia Tributaria se centra en las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico. "No solo por su propia tributación, sino especialmente por servir de catalizadores de la actividad de otros operadores nacionales y extranjeros", asegura el documento. "Valiéndose de estas plataformas virtuales de mercado, consiguen una importante penetración comercial, no siempre acompañada de la correcta tributación directa e indirecta".

La Agencia explica que el crecimiento del comercio electrónico impulsa el aumento de empresas que “sustituyen al vendedor tradicional en el almacenamiento y entrega de los productos” y que en ocasiones este tipo de negocios están establecidos en España y en otras, en países de la UE. Como consecuencia de nuevas actividades como la “triangulación de envíos”, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y «tiendas de tiendas» instaladas en páginas web.

Además, como continuación de actividades realizadas en años anteriores, se seguirá el análisis y estudio de los nuevos medios de pago "para avanzar en su control" y se propondrán medidas para establecer las mismas obligaciones a "todos los intermediarios en los mercados financieros".

Laboral

El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados convalidó este martes el real decreto-ley que eleva el salario de los funcionarios y aprobó tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La norma recibió 343 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones para convalidarse, y 346 votos favorables a tramitarlo como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y uno en contra.

Durante su intervención, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, repasó el acuerdo, que contempla una subida salarial fija del 2,25% este año, que se aplica ya de manera lineal para todos los empleados públicos, más un 0,25% variable ligado al PIB y otro 0,25% ligado a la negociación de fondos adicionales.

La ministra destacó que, con este decreto, cuyo contenido fue acordado con los sindicatos por el anterior Gobierno y posibilita la subida salarial desde el 1 de enero, se da un "impulso" a la Función Pública, es "un acto de justicia" y constituye una "decisión de política económica de impulso de la recuperación salarial y de consolidación de la dinámica de crecimiento económico". Justificó que se aprobó a finales del año pasado para que tuviera efectos desde el 1 de enero de este año y se evitara una "congelación" salarial, y quiso agradecer la "dinámica de cooperación en conversaciones previas" con los grupos parlamentarios.

Por parte de la oposición, desde las filas del PP, la diputada Susana López recordó que el real decreto-ley es consecuencia de los acuerdos del PP con los sindicatos y no del PSOE, y por ello, consideró que la ministra "tendría que dar las gracias y pedir perdón por no reconocer el trabajo de otros". Criticó que el Gobierno "se dedica a la foto de la vergüenza, la de mantener sentado al señor Pedro Sánchez en La Moncloa".

Desde Unidos Podemos, María Auxiliadora Honorato saludó las medidas, pero las consideró insuficientes. Esta diputada sostuvo que la recuperación de derechos económicos que habían sufrido los empleados públicos no puede condicionarse a la mejora de la economía. Por parte de Ciudadanos, Vicente Ten calificó de "supermartes" la jornada por debatirse la convalidación o derogación de ocho reales decretos-ley. Criticó al Gobierno por poner "en riesgo" el crecimiento económico y apuntó que Sánchez "no es de fiar".

La Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) destacó este lunes que las pensiones españolas son "de las más generosas" de la UE, al contar con la mayor tasa de sustitución cuando se compara la pensión que se cobra con el salario cobrado antes de la jubilación (la cuarta si se compara con el salario medio de la vida laboral). Además, Fedea advirtió de que "incrementar desmesuradamente el gasto en pensiones atenta contra la equidad entre generaciones", por lo que abogó por "distribuir más los esfuerzos" y no hacerlos recaer tanto como hasta ahora en las generaciones futuras.

Así se recoge en su informe 'Pensiones: mitos y realidades', presentado este lunes por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y el autor de la investigación, Miguel Ángel García, quienes aseguraron que el documento desmiente algunos mitos y afirmaciones como que las pensiones españolas no sean suficientemente altas o que se puedan financiar solamente cobrando más impuestos a las mayores rentas.

En este sentido, García afirmó que "la política tiende a complacer esos criterios y no se adoptan las medidas necesarias" para la sostenibilidad del sistema y criticó las últimas revalorizaciones en base al IPC y que se hayan abandonado las últimas reformas que introducían en los índices de Revalorización y Sostenibilidad. Asimismo, destacó que durante la crisis el colectivo pensionista "ha sido mejor tratado que el resto de la población", por lo que incidió en la necesidad de "distribuir con más equidad los esfuerzos" entre toda la población. Sobre este punto, el informe señala que desde 2007, el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza relativa en España creció hasta casi el 20%, mientras que la población pensionista en dicha situación se redujo del 15% en 2006 al 8,9% en 2016.

Por su parte, De la Fuente afirmó que los pensionistas "no han sido los que más han sufrido durante la crisis" y defendió que "una parte del ajuste en el futuro debería recaer sobre los ya jubilados" para que "a nadie la caiga un coste excesivo", al considerar, según palabras de García, que "incrementar desmesuradamente el gasto en pensiones atentará contra la equidad entre generaciones". "El sistema de pensiones tiene que colaborar con un comportamiento sano de la economía", afirmó García, quien advirtió de que "un sistema no puede ser al mismo tiempo muy contributivo y muy universal, ya que si son suficientes para todo el mundo entonces no se cumple con el elemento contributivo y se rompe con el principio de salario en diferido".

Sobre este punto, el autor del informe explicó que el sistema español es contributivo pero que una gran parte de la población cobra una pensión mayor a lo que le correspondería en función de lo aportado durante su vida laboral.

El 30% de los contratos fijos firmados en 2018 tenía jornada parcial, en un año en el que la contratación indefinida ha registrado la cifra más alta de la serie histórica, con un total de 2,28 millones de contratos, que suponen un incremento del 18,44% con respecto a 2017. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 58,5% de la contratación indefinida se hizo a tiempo completo y el 11,3% fue para empleados fijos discontinuos.

La contratación total acumulada en el conjunto de 2018 ha alcanzado la cifra de 22,29 millones, un dato que también bate récord, tras superar en más de dos millones la cifra obtenida en 2017, cuando se registraron 20,2 millones de contratos. De todos los contratos firmados en 2018, 20,01 millones fueron temporales y representaron el 89,75% del total, mientras que los 2,28 millones restantes, el 10,25%, fueron indefinidos.

El análisis de los datos del SEPE refleja que el año 2018 se volvió a caracterizar, no solo por la prevalencia de la temporalidad de los contratos, sino también por su corta duración, ya que entre enero y diciembre casi el 40% de los contratos firmados (8,5 millones) tuvieron una duración de un mes o menos. En este sentido, el sector servicios es el que más acumula contratos de una duración de un mes o menos, con un porcentaje que roza el 30% del total (6,5 millones), que es reflejo de las condiciones laborales que han caracterizado a este sector en los últimos años.

El sector servicios es también el que acumula mayor contratación en general, con 15,6 millones de contratos firmados en 2018, lo que supone el 70,3% de todas las contrataciones del año. A los servicios le siguen de lejos la agricultura y la pesca, con 3 millones de contrataciones, la industria (2,2 millones) y la construcción (1,2 millones). Durante 2018 fueron las empresas más pequeñas, de hasta 25 trabajadores, las que más contratos realizaron, con 10,7 millones (el 48% de todas las contrataciones), tanto temporales (9,4 millones) como indefinidos (1,3 millones).

En cuanto al nivel de estudios, la mayor concentración de contratos la reunió el colectivo con estudios secundarios (12 millones), seguidos de los que tienen estudios primarios (5,8 millones), los que no tienen estudios (1,5 millones) y los titulados en segundo o tercer ciclo universitario -licenciados, graduados con máster o doctores- (1,2 millones).

Sin embargo, de estos datos se puede extraer que solo el 5,6% de los contratos firmados por los trabajadores sin estudios fueron indefinidos, mientras que este porcentaje se eleva al 20,5% para los titulados en segundo o tercer ciclo universitario. Por edad, los menores de 30 años suscribieron el 35,6% de los contratos totales; los trabajadores entre 30 y 44 años, el 39,3%; los de entre 45 y 55 años, el 18,4%; y los mayores de 55 años, el 6,7%.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha anunciado que su departamento abonará en febrero a los pensionistas la denominada “paguilla” cuya cuantía por pensión será de media de unos 13 euros y se abonará una sola vez.

Esta paga puntual compensa la diferencia entre el incremento del 1,6% que tuvieron todas las pensiones en 2018 y el 1,7% que subieron los precios de media el pasado ejercicio. Esta décima de diferencia supondrá un desembolso de unos 127 millones de euros. Dividiendo esta cantidad entre cada una de los 9,6 millones de pensiones contributivas se obtiene la citada media de 13 euros.

Si bien, esta cuantía sería algo mayor si el reparto se hace entre el número de pensionistas (8,5 millones de personas), ya que hay poco más de un millón de beneficiarios que cobran dos pensiones –en su mayoría jubilación y viudedad--. En este caso la paga media que abonará el sistema euros sería de unos 14 euros de media.

Pero para calcular en concreto la cuantía de esta paga única, el pensionista deberá estimar cuánto es el 0,1% de su pensión anual. Así, por ejemplo, un jubilado que cobre una pensión de 2.000 euros mensuales tendrá una paga puntual de unos 28 euros y otro que reciba 800 euros mensuales, cobrará unos 11 euros extras en febrero.

Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, ha precisado que solo recibirán esta paga única los pensionistas que tuvieran reconocida su pensión antes del 31 de diciembre de 2017.

Valerio ha hecho este anuncio durante la presentación de los detalles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que prevé destinar 151.492 millones de euros para pagar pensiones, prestaciones de incapacidad temporal, familiares de maternidad y paternidad y otras rentas. Esto supondrá un incremento del 6,7% respecto al año anterior.

Para abonar estos gastos, Trabajo espera tener un fuerte aumento de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social del 7,5%, unos 8.600 millones más. Casi la mitad de esta cantidad se explica por cambios legales adoptados por el Gobierno. Fundamentalmente por el incremento del salario mínimo y las bases mínimas de cotización un 22,3%; una subida del 7% de las bases máximas; la reforma del sistema de las empleadas de hogar; y el incremento de las bases y tipos de cotización de los trabajadores autónomos.

El Gobierno espera que la otra mitad de este incremento recaudatorio llegue de manos de la mejora de salarios y del empleo. En concreto, desde la Seguridad Social confían en que las bases medias de cotización crezcan un 3% este año, por el incremento del empleo, “en torno a un 2%” y de los salarios por encima de este último porcentaje.

De hecho, Valerio ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno “espera y desea” que el acuerdo de negociación colectiva entre patronal y sindicatos --que recoge una subida salarial de entre el 2% y el 3% para este año y tender a un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes en 14 pagas en 2020—“funcione y tire para delante”, en palabras de la ministra.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el Gobierno apuesta por "seguir luchando" por los derechos laborales de los ciudadanos y que trabajarán con las organizaciones sindicales, en el marco de los convenios colectivos y del diálogo social, para considerar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de los 900 euros de 2019 a los 1.000 euros mensuales a lo largo del año 2020. "Las familias deben tener un trabajo que les saque de la pobreza o que, al menos, les permita llegar a fin de mes con cierta holgura", ha declarado la ministra.

En un encuentro con los medios previo a la reunión que ha mantenido con el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, Montero ha realizado un nuevo llamamiento a todas las fuerzas políticas contrarias al proyecto, en especial a PP y Ciudadanos, para solicitar su abstención en la votación del PGE. "El apoyo a los Presupuestos no implica apoyo al Gobierno de Sánchez, sino a los ciudadanos españoles", ha defendido.

En este sentido, Montero ha señalado que el documento trata de recuperar los derechos que se quedaron "aparcados" durante la crisis y ofrecer una oportunidad a los empresarios y trabajadores. "Los ciudadanos deben saber que la utilidad de la política ha venido para quedarse y que el Gobierno se encuentra dando pasos en la dirección adecuada para conseguir un mayor colchón de bienestar para las familias españolas", ha declarado.

Respecto al Consejo de Ministros del viernes, la ministra ha indicado que el Gobierno aprobará los proyectos de ley de creación del impuesto a las tecnológicas y a las transacciones financieras, que supondrán una recaudación de 2.000 millones de euros en total, 1.200 millones correspondientes a la conocida como 'tasa Google' y 800 millones de las transacciones financieras.

Mercantil, civil y administrativo

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando más de lo previsto al gigante asiático y a la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para este año en dos décimas, hasta el 3,5%, y podría ser más si la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos potencias se recrudece. Así las cosas, el Fondo espera que los bancos centrales tomen nota del nuevo escenario de riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, las subidas de los tipos de interés.

La expansión continúa, pero se debilita más rápido de lo previsto hace apenas unos meses, según ha admitido este lunes en Davos la nueva economista jefe del FMI, Gita Gopinath. Y aunque la rebaja es modesta (dos décimas este año y otra décima para 2020, hasta el 3,6%), el creciente vínculo entre las tensiones comerciales y los mercados financieros en un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras eleva considerablemente los riesgos a la baja para este ejercicio.

“El comercio y la inversión se han frenado, la producción industrial fuera de EE UU se ha desacelerado y los índices de los gestores de compras se han debilitado, lo que apunta a un escenario general más débil. Aunque eso no significa que estemos en puertas de una crisis económica es importante tomar nota de los muchos riesgos al alza que existen”, ha recalcado Gopinath. Entre esos riesgos, el Fondo pone el acento en la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo --"una amenaza que ya se refleja en la caída de la inversión", ha apuntado Gopinath-- y una desaceleración mayor de lo previsto en China.

En 2018, las autoridades chinas emprendieron reformas para regular la actividad bancaria en la sombra y la inversión no presupuestaria de los gobiernos locales que frenó su ritmo de crecimiento, pero la escalada comercial con EE UU ha obligado a Pekín a revertir esas políticas y aprobar medidas de estímulo para suavizar el frenazo. "Las rebajas de los tipos de interés y la relajación de las reservas de capital a los bancos han amortiguado el frenado", ha explicado Gopinath. Pero puede no ser suficiente. “Su desaceleración podría ser más rápida de lo previsto si continúan las tensiones comerciales y eso podría provocar ventas abruptas en los mercados financieros y de materias primas, como ya sucedió en 2015-2016”, advierte la economista jefe.

A esas amenazas se suma la incertidumbre que rodea la agenda política de los nuevos Gobiernos, como sucede en Brasil o en México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las materias primas. El Fondo prevé que el barril de petróleo se sitúe entre los 55 y los 60 dólares este año.

Entre los países desarrollados, es la zona euro la que sufre una revisión mayor de sus perspectivas de crecimiento (tres décimas menos de lo previsto en octubre, hasta el 1,6%), debido a las dificultades del sector automotriz en Alemania (cuyo crecimiento cae seis décimas al 1,3%) y las renovadas tenciones financieras y soberanas en Italia, que apenas crecerá un 0,6% este año.

En el caso de los emergentes, son Turquía y México los que apuntalan la rebaja de las previsiones, al pronosticar una recesión mayor de lo previsto en el primero y una caída de la inversión privada, en el segundo. En el caso de México, con un nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre, el FMI prevé una notable desaceleración (de cuatro décimas este año y medio punto el que viene, al 2,1% y 2,2% respectivamente), debido a la "incertidumbre política, que afecta a la inversión y el sector privado", señala el organismo.

Sin embargo, para Brasil, cuyo nuevo Ejecutivo tomó posesión el pasado día 1, el Fondo confía en que la recuperación se mantenga, con un crecimiento del 2,5% este año, una décima más de lo previsto, y un 2,2% para 2020, una décima menos. Pero no como consecuencia del programa económico del presidente Jair Bolsonaro, explicaba el subdirector del Departamento de Análisis, Jean Maria Milesi Feretti. "Son factores puramente cíclicos, Brasil acaba de salir de una fuerte recesión y es normal que la economía se recupere", ha asegurado.

Después de años fuera del foco, tras el esencial protagonismo que mantuvieron durante la Gran Recesión, el Fondo lanza una advertencia a los banqueros centrales, que este año están ausentes de Davos. “La política monetaria en las economías desarrolladas debería seguir normalizándose con cuidado. Los principales bancos centrales están al tanto del momento de desaceleración y esperamos que calibren sus próximos pasos en línea con estos acontecimientos”, ha señalado Gopinath. Un argumento que, salvando las distancias, se aproxima a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump al criticar las subidas de tipos de la Reserva Federal y que recoge el sentimiento del mercado de que no habrá nuevas alzas del precio del dinero en EE UU en la mayor parte de este ejercicio.

España logró en 2018 un nuevo récord de turistas extranjeros, con 82,6 millones. Un balance, sin embargo, ensombrecido porque el incremento en las llegadas fue del 0,9%, lo que representa la cifra más baja desde 2009. De esta manera, el ciclo expansivo del turismo iniciado en 2010 (en el que se ha pasado de 52,1 a 82,6 millones de viajeros extranjeros) podría haber tocado techo por la mejora de los destinos competidores de sol y playa, como Turquía, Túnez o Egipto. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, calculó ayer que solo en 2018 recuperaron 12,5 millones de los viajeros perdidos (8 de ellos los ha ganado Turquía) desde la irrupción de la primavera árabe y los atentados terroristas. “Esos países son los que han drenado turistas de sol y playa a España”, recalcó Oscar Perelli, director de estudios e investigación de Exceltur.

Pese a ese contexto más negativos, la industria turística se muestra muy optimista respecto a sus previsiones para este ejercicio y calculan que sus resultados y sus ventas, lejos de estancarse o de bajar este año, volverán a crecer con fuerza, con lo que encadenarían un ciclo de seis años seguidos de aumento. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de la encuesta realizada a 2.000 firmas turísticas por Exceltur (hoteles, transporte, alquiler de vehículos, agencias de viajes o touroperadores), que refleja que las ventas subirán una media del 5,5% y los resultados avanzarán un 5,2% este año, por encima incluso de los avances registrados en 2018. “Aquellas empresas que están invirtiendo en renovar su oferta están siendo capaces de capitalizar esas mejoras en mayores precios y también en crear empleo, ya que el 60% considera que generará nuevos puestos de trabajo”, resaltó Zoreda.

Ocho de cada diez empresas consultadas aseguran que prevé mejores ventas y resultados que las obtenidas en 2018. Respecto a la facturación, un 12,9% de las empresas prevé que sus ventas crecerán entre un 5% y un 10%, e incluso un 13,9% avanza que su cifra de negocio aumentará a tasas superiores al 10%. En el caso de los resultados, un 21,2% prevé que subirán entre un 5% y un 10%, y un 7,5% augura que crecerán más allá del 10%. Los sectores que más optimismo albergan respecto a su evolución para este año son el transporte, el alquiler de vehículos y las agencias de viajes y turoperadores, mientras que en el otro lado se sitúa el sector hotelero, con crecimientos por debajo de la media.

Estas cifras, precisó Zoreda, pueden verse alteradas “por algunas de las medidas legislativas que se pueden poner en marcha en España o por un brexit duro”. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur fue especialmente crítico con la partida de gasto que se le ha reservado al turismo en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. “El presupuesto turístico deja mucho que desear a la hora de apoyar al sector en sus retos más importantes, como el reposicionamiento de la oferta y renovar sus instalaciones para atraer viajeros de mayor poder adquisitivo. Hay que proteger al turismo para que siga siendo la locomotora de la economía española”.

Zoreda apoyó su petición a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en las estimaciones de Exceltur sobre el peso que representa el turismo dentro de la economía española. Estas apuntan a que la actividad económica generada por el turismo en España habría alcanzado, al igual que la llegada de viajeros, un nuevo máximo histórico al cierre de 2018. En concreto habría llegado a 142.000 millones de euros, lo que supone un 11,8% del PIB de España.

El balance de Exceltur muestra cómo la pérdida de turistas británicos y alemanes llegados a España en 2018 se habría compensado con el crecimiento de otros mercados de larga distancia, gracias al fuerte crecimiento de las conexiones aéreas con esos destinos. Los últimos datos oficiales hasta noviembre revelan como en 2018 la cifra de vuelos a España creció un 5,6% (56.602 más), con un peso muy importante de destinos lejanos con turistas con un mayor poder adquisitivo. Es el caso de China, con un gasto medio por turista de 180 euros al día, donde el número de vuelos creció un 18,2%, o de EE UU, con un gasto medio de 137 euros por día y un incremento de las conexiones del 11,8%.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dado a conocer esta mañana el primer balance del cierre del turismo extranjero en España en 2018. Pese a que la llegada de viajeros cayó durante tres meses (abril, julio y agosto), el pasado ejercicio concluyó con 82,6 millones de viajeros, lo que supone un nuevo máximo histórico, con 818.000 turistas más que en 2017 y un alza interanual del 0,9%. Todo ello pese a la masiva fuga de turistas alemanes, sobre todo, y de británicos a destinos más baratos, como Turquía, Túnez o Egipto, compensada solo parcialmente por el alza de turistas de algunos mercados europeos, América y Asia.

En su comparecencia, Maroto ha hecho especial hincapié en el crecimiento del gasto, que avanzó un 3,1% hasta rozar los 90.000 millones de euros, lo que supone también un nuevo máximo histórico, con un aumento cuatro veces superior al de las llegadas. “Hoy es un día de satisfacción para todos con estos buenos datos. El alza en el gasto confirma la robustez del sector y la apuesta del Gobierno por un turismo de mayor calidad”, recalcó.

Los datos hasta noviembre (los oficiales los dará a conocer el INE el próximo 1 de febrero) mostraban un deterioro de los dos principales mercados emisores (Reino Unido y Alemania), que suponen un 36,2% de los turistas extranjeros que escogen España para sus vacaciones. Reino Unido representa un 22,4% del total y Alemania un 13,8%. En los once primeros meses de 2018, el número de viajeros de Reino Unido bajó un 2% (356.000 menos), mientras que el ajuste en el caso de Alemania fue del 4,7%, con 535.000 viajeros menos. Ese profundo deterioro podría haber provocado, a la espera de confirmación, que Francia haya desbancado a Alemania como segundo destino emisor de viajeros. Hasta noviembre la distancia era apenas de 95.000 viajeros.

En el otro lado aparece EE UU, con 2,7 millones de viajeros (274.000 más); Holanda, con 3,7 millones (124.000 más que en el mismo periodo de 2017); Italia, que supera por primera vez los cuatro millones de viajeros (120.797 más), y los grandes destinos asiáticos, con 200.000 turistas más.

El principal desafío para este ejercicio, tal y como recalcó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, es el futuro de Reino Unido ante las dificultades de si finalmente habrá Brexit, de qué intensidad será la ruptura y cómo afectará a los más de 18 millones de turistas que visitan España. “Se está trabajando de forma intensa en la definición de los planes de contingencia a llevar a cabo, tanto por los ministerios como por las empresas, para ayudar a reducir el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea”, precisó Maroto, que indicó que, en concreto, el sector hotelero ha sido uno con los que más se ha estado trabajando “de forma muy activa”.

Maroto también recalcó, al igual que hizo el martes en el Spain Investors Day, que el Gobierno abrirá dos líneas de ayuda para empresas afectadas por la salida del Reino Unido, conocidas como cheque Brexit. El importe y el reparto de las mismas entre el tejido empresarial aún no ha sido desvelado.

La luz, el gas, el teléfono y el alquiler. Los servicios básicos del hogar están entre los artículos que más se han encarecido en el año 2018, según los resultados definitivos del IPC publicados esta mañana por el INE. La inflación cerró el año en el 1,2%, un dato inferior en cinco décimas al del mes de noviembre gracias a la fortísima caída del precio del petróleo, castigado a medida que el pesimismo económico cundía entre los inversores.

Lo que más se ha encarecido de las 44 categorías principales del IPC (hay varias clasificaciones) son los servicios postales: hasta un 12,2%. Obviamente, el impacto de estos artículos en los precios es ínfimo. No sucede lo mismo con los suministros del hogar. El gas y la electricidad para el hogar se han encarecido en un 4,4%. Según el INE el gas natural se ha disparado un 13,3%, pero la electricidad solamente un 0,5%.

La segunda categoría que más se encarece son los servicios de telefonía, un 3,9% en 12 meses (un 9% solamente los servicios de telefonía fija, según las clasificaciones de mayor detalle). Seguros, bebidas y hoteles y restaurantes están también entre los epígrafes que más crecen, además de algunos alimentos como patatas (+11,1%), legumbres o la fruta fresca.

Los suministros de vivienda son el grupo de gasto que más encarece la cesta de la compra, 3,3 décimas, por otras 2,6 de los alimentos y 2,2 de los hoteles y restaurantes. Por el contrario, los servicios de transporte (donde se incluyen los gastos en combustibles) apenas generan inflación, merced a la caída del último mes.

El descenso del petróleo ha permitido que la inflación se haya reducido a la mitad en los dos últimos meses del año (desde el 2,3% de octubre), el cierre de 2018 en el 1,2% supone una décima más respecto al cierre de 2017 (1,1%).

Sin tener en cuenta los productos energéticos ni los alimentos frescos, de mayor volatilidad, la inflación subyacente acabó el año en el 0,9%, sin cambios con respecto a la tasa interanual registrada en noviembre y tan sólo una décima menos que la de octubre.

El IPC Armonizado (IPCA), que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro, coincide en el 1,2 %, tras un descenso también de cinco décimas respecto a noviembre.

La votación del acuerdo ‘brexit’ pasará a la historia como la mayor derrota infligida por la Cámara de los Comunes a un gobierno en el Reino Unido. El plan presentado por Theresa May, ratificado los Veintisiete países de la Unión Europea, fue rechazado por 432 votos en contra frente a 202 a favor. El margen de la derrota fue de 230 votos. Un castigo, que superó todas las expectativas, propinado en buena medida por los propios diputados conservadores. En total 118 de ellos votaron contra su líder y primera ministra, en un show de desunión e indisciplina a una escala sin precedentes en el parlamento de Westminster.

May logró lo imposible. Consiguió aunar contra su plan a conservadores y oposición, a partidarios radicales de la salida de la UE y decididos entusiastas de la permanecía, a los que abogan por una salida sin acuerdo y los que piden un segundo referéndum. Un fracaso colosal, tras casi dos años de negociaciones y a poco más de diez semanas de la salida oficial del Reino Unido, prevista para el 29 de marzo.

Inmediatamente después del resultado, la primera ministra invitó al líder de la oposición a proponer una moción de no confianza al gobierno. El jefe de los laboristas, Jeremy Corbyn, que barajaba la posibilidad desde hacía tiempo, la presentó inmediatamente. “Esta es una derrota catastrófica. La Cámara ha expresado su veredicto sobre el acuerdo. Los retrasos y el negar la realidad se ha acabado”, señaló Corbyn. El debate tendrá lugar este miércoles y se votará a última hora de la tarde, pero May tiene posibilidades de superar la prueba, después de que los conservadores del European Research Group, los mismos que presentaron la moción contra ella recientemente, al igual que los unionistas confirmarán que la respaldarán.

La votación dejó claro el rechazo sin paliativos al acuerdo de May, pero no resuelve en absoluto el futuro del ‘brexit’. Si, como parece, sobrevive a la moción, May se propone celebrar consultas con parlamentarios de todos los partidos, “para identificar lo que es necesario hacer para lograr el respaldo de la Cámara”, según dijo. “El acuerdo está muerto”, declaró Boris Johnson. “La derrota da a May un mandato masivo para volver a Bruselas y renegociar”.

El exministro de Exteriores y el cabecilla más popular de los ‘brexiteers’ insistió en que la opción de una salida sin acuerdo no estaba “en absoluto” fuera de cuestión. “No sólo debemos conservar las partes buenas del acuerdo (de May) y librarnos de la salvaguarda (de Irlanda del Norte), también debemos prepáranos activamente para una salida sin acuerdo con incluso más entusiasmo”. La líder del Partido Unionista Democrático, Arlene Foster también cree que la derrota da a May más poder para pedir nuevos cambios a la Unión Europea. “May va a poder demostrar ahora a los negociadores de Bruselas que hacen falta cambios si quieren que cualquier acuerdo tenga el apoyo del Parlamento”.

La primera ministra May trató hasta el último momento de convencer a los diputados y limitar daños. En el discurso final, con el que cerró el debate antes de la votación, les recordó la transcendencia de su decisión. “Este es el voto más significativo en el que cualquiera de nosotros vamos a tomar parte en nuestras carreras políticas. Después de todo el debate, todos los desacuerdos, toda la división, ha llegado el momento para todos nosotros de tomar una decisión. Una decisión que va a marcar nuestro país en las próximas décadas”.

Pero la intervención de los diputados Tory puso en evidencia a lo largo del quinto y último día de discusiones hasta qué punto el Partido está dividido y enfrentado. La exministra conservadora de Educación, Justine Greening, pidió una ampliación del calendario de salida y defendió la opción de un segundo referéndum, al igual que su colega Anna Soubry. El exministro para el ‘brexit’, Dominic Raab, partidario de una salida dura, explicó que rechazaba el acuerdo porque supondría para el Reino Unido ceder control de su soberanía y podía colocar a la “democracia al borde del abismo”. El Tory ‘brexiteer’, Julian Lewis, apenas necesitó de 20 segundos para dejar clara su postura. ‘Brexit significa ‘brexit’. Es mejor que no haya acuerdo a un mal acuerdo y por tanto el votaría “no, no, no”, imitando una famosa respuesta de Margaret Thatcher.

El gobierno irlandés decidió tramitar con el procedimiento de urgencia planes de contingencia en caso de una salida del Reino Unido sin acuerdo. La ‘macro’ ley consta de diecisiete apartados y abarca asuntos que van de los impuestos, a la salud, el transporte o la energía.

Sector

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han firmado un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una excepcional carga de trabajo.

Según han informado ambas instituciones, el protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones, así como su gestión económica. En concreto, se prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo, consideradas "estructurales", y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años.

El sistema está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma se aprobó el pasado diciembre, y dispone que sea el órgano de gobierno de los jueces el que acuerde la necesidad de estos refuerzos. Sin embargo, deben contar con la autorización del Ministerio de Justicia, que tan sólo se podrá oponer a la propuesta del CGPJ por motivos de disponibilidad presupuestaria.

Así con la firma de este acuerdo, el departamento que dirige Delgado da por autorizadas las medidas adoptadas para responder a las situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos que fueron prorrogados sistemáticamente. Por otro lado, el protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar.

Además, deberá detallar cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes. Tras ello, el Ministerio, con periodicidad mensual, tendrá que validar esas medidas y tampoco podrá oponerse, salvo insuficiencia económica.

El impuesto catalán que grava las viviendas vacías y que puso en marcha la Generalitat en 2015 se ajusta al derecho y no invade competencias estatales. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, después de analizar el recurso que había presentado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley aprobada por el Parlament. El tribunal ya había levantado la suspensión cautelar al tributo, si bien el Govern lo reformuló para poder seguir cobrándolo, a la espera de la decisión que se ha conocido este jueves.

La Abogacía del Estado presentó el recurso al Constitucional por considerar que el impuesto era redundante con uno de los apartados del Impuesto de Bienes Inmuebles, que preveía recargos de hasta el 50% si los pisos estaban vacíos. Esto implicaría invadir competencias del Estado central. Aún no se conoce el texto de la sentencia, pero sí la decisión de los magistrados, que ha adelantado El Español. El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha celebrado la decisión judicial y ha lamentado que en su día Rajoy no reconociera el carácter “avanzado” de la normativa catalana.

El tributo a los pisos vacíos fue creado por la Generalitat como un instrumento para devolver al mercado de la vivienda miles de pisos vacíos en poblaciones catalanas, en plena crisis por el impago de hipotecas derivado de la crisis económica. El impuesto gravaba a las entidades financieras y grandes propietarios de inmuebles que estuvieran vacíos por más de 24 meses sin causa justificada.

En septiembre de 2016, el Constitucional levantó la suspensión cautelar y eso le permitió al Ejecutivo catalán recaudar ese año más de 18 millones de euros, que fueron destinados a comprar más vivienda social. Estaban exentas las viviendas particulares. Pese al recurso, la Generalitat reformuló el texto de la ley para poder seguir aplicándolo, pero ahora el Constitucional le da la razón.

El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, ha anunciado que convocará 500 plazas para jueces y fiscales en el año 2019 en caso de que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cifra, explica, supera en 200 plazas la prevista en las cuentas anuales del año pasado y es la más alta de los últimos 25 años.

Según apuntan desde el ministerio, la convocatoria de estas 500 plazas de jueces y fiscales contribuirá a rebajar la pendencia de asuntos y los tiempos de respuesta en los tribunales, dando a su labor diaria una mayor celeridad y permitiendo reforzar los órganos que más lo necesiten. La medida, en definitiva, redundará en la mejora del servicio público que presta la administración de Justicia a los ciudadanos, una de las prioridades de la ministra Dolores Delgado.

La cifra supera en mucho a la de los ejercicios precedentes. En 2013, la oferta fue de 50 plazas para ambas carreras, mientras que, en los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017, ascendió a 100. En el Presupuesto de 2018, el número de puestos fue de 300, 200 menos de las que se convocarán en 2019 siempre que el Parlamento apruebe el proyecto de Presupuestos.

UGT sostiene que WhatsApp o cualquier otra aplicación similar y algunas redes sociales como Facebook o Twitter no son herramientas válidas para que una empresa comunique un despido a un trabajador. Según defiende el sindicato, este tipo de apps y redes sociales permiten la libre creación de cuentas de forma anónima, esto es, sin comprobar fehacientemente la autenticidad del titular, por lo que es perfectamente posible emitir comunicaciones falsas o bien cuya autoría no está fehacientemente acreditada.

Como consecuencia, con estas aplicaciones no se puede verificar quién es el autor real de los mensajes, ni tampoco permiten tener constancia de su recepción por el destinatario, por lo que no deben ser un medio válido para comunicar un despido. Por ello, considera que, aunque el empresario comunique el despido por medios como WhatsApp para que la extinción contractual sea válida será necesaria su notificación por escrito al trabajador a través de la correspondiente carta de despido, ya sea mediante su entrega física directa o bien mediante el envío de un burofax que le permita tener constancia fehaciente de su recepción.

Ahora bien, UGT advierte de que si el trabajador que recibe una notificación de despido a través de Whatsapp deja de acudir a su puesto de trabajo, se arriesga a que el empresario pueda alegar que no existe tal despido, sino un incumplimiento contractual del trabajador por dejar de asistir voluntariamente a su puesto de trabajo, lo que dejaría al trabajador sin indemnización y sin derecho a percibir la prestación por desempleo, y habría que acudir a un procedimiento judicial para acreditar que se había producido previamente el despido a través de la comunicación recibida por el trabajador a través de WhatsApp.

Para evitar esta situación, recomienda que el trabajador acuda a su puesto de trabajo como si no hubiera recibido ningún mensaje de WhatsApp y exija, en su caso, la entrega de la carta de despido. Si el empresario se niega a darle la carta de despido o bien no le deja acceder al puesto de trabajo, el trabajador, según explica UGT, deberá recabar pruebas que le permitan denunciar a la empresa por despido improcedente.

Así lo plantea en un borrador para la reforma de la Ley General Tributaria con el fin de trasponer la Directiva que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. El Fisco cerró ayer la consulta pública que había abierto para la elaboración de una ley que tiene que entrar en vigor antes de que acabe 2019, aunque los asesores estarán obligados a informar de operaciones desde julio de 2018. En el borrador, el Ministerio hace ya una declaración de intenciones de los supuestos de los que parte antes de analizar las sugerencias que ha recibido.

La norma se va a tramitar en un momento en el que los asesores fiscales se sienten criminalizados por Hacienda en pleitos por fraude fiscal. En este texto, Hacienda avanza que estudia que haya que informar de las operaciones nacionales, las que sólo se producen en España, lo que supone ir más allá de la Directiva, que únicamente obliga a informar de las operaciones transfronterizas, entre dos Estados miembros o desde un Estado miembro y un tercer Estado. Esto multiplicaría el impacto y el volumen de la ley y de sus obligaciones, ya que estarían concernidas todas las operaciones en las que intervengan las empresas radicadas en España y sus asesores.

El Fisco traslada que tiene que definir qué es el secreto profesional, donde va a estar la clave de la norma, y para ello, ya parte de que el abogado interno de empresa, conocido como in-house, no tiene secreto. Señala que lo tienen los abogados externos, que son intermediarios. Éste es un tema delicado y que genera mucha controversia.

El Estatuto de la Abogacía, un Decreto, blinda el secreto de los abogados, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE dijo, en un asunto de Competencia, ante una inspección a una empresa por un cártel, que el abogado de empresa no lo tiene, y en España se han planteado dudas desde entonces. La Abogacía española ha tratado de blindar el secreto del abogado de empresa, que hasta ahora se ha mantenido.



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