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Los consejos de la semana

Laboral

¿Cómo obtener el Informe de Vida Laboral?

Es un documento en el que la Seguridad Social española le informa del número de días de alta en el sistema español de Seguridad Social, notas informativas y otros posibles textos en función de su relación con la seguridad social, y un listado de los periodos acreditados en el sistema de la Seguridad Social.

Para qué sirve

Tiene efectos solamente informativos, para que la persona interesada sepa el tiempo cotizado en España.

Cómo se pide

El Informe de vida laboral se puede obtener, incluso desde el extranjero, a través de los siguientes medios:

a. Puede solicitarlo a través de la Sede Electrónica, mediante los siguientes vías:

1. Vía SMS, si previamente ha comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social un número de teléfono móvil. En este caso y previa solicitud de un código que recibirá vía SMS, podrá obtener, imprimir y/o consultar el informe de vida laboral en el mismo momento de su petición, a través de su propio ordenador.

2. Sin certificado digital, en este supuesto:

Los datos de Número de la Seguridad Social, DNI y domicilio deben coincidir con los de la base de datos de la Seguridad Social para que se envíe el informe a su domicilio en España, que conste en nuestra base de datos.

Realizada la petición se le enviará un mensaje, a la dirección de correo electrónico que nos facilite, informándole del estado de la misma.

Transcurridas 24 horas de la recepción de dicho correo, podrá conocer el estado de su petición a través del servicio "Consulta de estado de solicitud de informes".

3. Usuario + Contraseña (Cl@ve permanente), siempre que disponga de un usuario activo y una contraseña en vigor. Para activar el usuario y generar la contraseña deberá disponer de un Código de Activación que se obtiene de forma presencial en cualquier Oficina de Registro Cl@ve y podrá obtener, imprimir y/o consultar el informe de vida laboral en el mismo momento de su petición, a través de su propio ordenador.

4. Con certificado digital, lo puede obtener directamente también desde su ordenador.

b. Llamando al 901 50 20 50, siempre que en nuestra base de datos tenga un domicilio en España.

Mercantil, civil y administrativo

Limitaciones a la venta con pérdida en la distribución comercial

Mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España se modifica el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, dando así cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de octubre de 2017.

Doctrina del TJUE

El TJUE, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentación S. A., declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior.

La venta con pérdida tiene lugar cuando el precio aplicado a un producto es inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.

A modo de resumen, la Sentencia del TJUE viene a decir que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con pérdida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva, que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y que la deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva.

Como la regulación sobre la venta a pérdida no se adaptaba a las exigencias comunitarias, se ha procedido a modificar el artículo 14 con urgencia. Así, se da cumplimiento al pronunciamiento del TJUE para evitar un procedimiento sancionador por incumplimiento del derecho europeo, a la vez que intenta superar la inseguridad jurídica que existe sobre esta cuestión dentro de la economía española.

La nueva regulación de la venta a pérdida ya no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.

Por otra parte, esta norma respeta las competencias autonómicas, ya que las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en función de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulación sigue manteniendo la definición técnica de venta con pérdida, que facilita a las Comunidades Autónomas su función de inspección y sanción, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sanción, debe acreditarse que además de existir venta a pérdida ésta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.

Pero, ¿cuándo se ha de considerar desleal la venta a pérdida? Se dan cuatro casos bien definidos en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Estos son:

1) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.

2) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.

3) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

4) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

En los últimos latidos de este 2018 se acelera el pulso de las renovadas metas para el horizonte que abre el próximo ejercicio. Uno de los propósitos más habituales para enfrentar el inicio de año suele ser apuntarse a un gimnasio. No obstante, este sector igualmente se ha fijado un objetivo para el 2019: lograr que se rebaje su carga impositiva, de un 21% desde el 2012, medida que ocasionó varios cierres y despidos. El incremento generalizado hace seis años del IVA bajó en varios sectores el año pasado, pero no en éste. El consumo indirecto de alcohol, por ejemplo, tributa a un 10%. Desde FNEID, la patronal, afirman a elEconomista.es que "aunque los precios más rasos de un gimnasio sean asequibles para la mayoría, otra postura en política fiscal no sólo beneficiaría a los empresarios y a los ciudadanos que quieran practicar deporte, sino que redundaría en la salud de la sociedad". Así, el Consejo Superior de Deportes concluye que "cada euro invertido en actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en Sanidad y Farmacia". Por su parte, Hacienda confirma a este medio que no entra en sus previsiones rebajarlo.

El 1 de septiembre de 2012, época fuerte de crisis económica en España, diversos sectores comenzaron a lidiar con la imposición de una subida del IVA al 21%, entre ellos el correspondiente a los gimnasios, que experimentó un aumento de 13 puntos, hasta entonces disfrutaba de un IVA reducido del 8%, que en su día pasó al 10%. Sin embargo, muchos, tales como las flores, balnearios, festejos taurinos, teatro o la consumición de bebidas espirituosas en una discoteca, bajaron al tipo reducido de un 10% en 2017. Alberto García Chápuli, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), la patronal, admite a elEconomista.es que "en aquel momento, asumes que todos debemos ser solidarios, pero hoy no entendemos cómo unos servicios vinculados con la salud, y cuyo uso da al sistema sanitario un ahorro sanitario brutal, sigue en un 21%". En esa línea el Consejo Superior de Deportes avala en un informe que "el incremento de la actividad física lograría un ahorro anual de 5.000 millones de euros", esto es, un retorno de 2,9 euros por cada euro invertido. Según datos oficiales del Ejecutivo, la recaudación gracias al IVA en los gimnasios alcanzó los 44.967.014 de euros en el ejercicio anterior.

Para Chápuli, la economía del sector, que, según un estudio de Deloitte, cuenta con una penetración en España de un 11% (5,2 millones de usuarios) "se ha ido recuperando y se ha compensado el número de instalaciones cerradas, pero hasta 2015 fueron años durísimos y de muchísimos cierres", algo que obligó "a cambiar el modelo y dio lugar a la entrada de inversores de fondos extranjeros con los low cost". Según datos de FNEID, tras la adopción de esta subida del IVA, se cerraron 800 centros deportivos en España y hubo un descenso del 40% de los usuarios, destruyéndose de esta manera el 30% de los puestos trabajos. ¿Y las instalaciones deportivas públicas? "Las entendemos como complementarias y no como competencia, no pueden dar servicio a todo el mundo", contestan desde la patronal.

Desde la patronal inciden en que no sólo buscan el beneficio del sector. "El Ministerio de Sanidad asegura que hay 52.000 muertes al año en España provocadas directamente por el sedentarismo. Claro que si hay más usuarios habrá más margen que beneficiaría al sector, pero tendríamos también una sociedad más sana. ¿Por qué conformarse con ese 11% de participación?", argumenta Chápuli. ¿No es sólo un mensaje amable en pos de un beneficio (lícito) para el empresario? "No es eso exactamente. Contra ese sedentarismo sólo se puede luchar con una vida más activa. Se trata de fomentar el deporte. Vendemos algo positivo, que entendemos como un derecho, no como un lujo, y lleva porcentaje de esto último". En esa línea, Ángel García señala que "yo tengo mucho público de 40 años en adelante que viene porque se quiere sentir saludable".

De momento, la carga fiscal del 21% en este sector permanecerá. El Gobierno de Sánchez no tiene pensando, al menos en el corto y medio plazo, efectuar una modificación. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a elEconomista.es que "a día de hoy las únicas rebajas del IVA que se contemplan son las relativas a los productos de higiene femenina y a los servicios veterinarios, que se llevarán a cabo cuando se presenten los Presupuestos. Además, las mismas fuentes, señalan que "somos conscientes de la reivindicación que hacen los gimnasios y de los argumentos que plantean. Cada sector legítimamente pide la suya y hay que evaluar cómo se le da cabida" y avisa de que "las bebidas alcohólicas tienen también su propio gravamen". Para la patronal, no estar incluida en esas previsiones del Ejecutivo se debe "a que nadie lo ha liderado. En el pacto PSOE-Podemos se acordó bajar el IVA a los servicios veterinarios. Alguno de ellos tuvo ese interés. Nosotros, a pesar de haber tenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, no conseguimos que vaya hacia adelante".

El Gobierno logró aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados su nueva senda de déficit, más expansiva que la vigente, gracias al apoyo de última hora de los grupos independentistas catalanes. Las intensas negociaciones de los últimos días con el PDeCAT y ERC sobre el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona y de la reunión que el presidente del Gobierno mantendrá esta tarde con el responsable del Govern catalán, Quim Torra, se han traducido en votos favorables que se sumaron a los de Unidos Podemos, Compromís o PNV.

El Gobierno se apunta así una de sus mayores victorias en el Parlamento, logrando reeditar el consenso de la moción de censura que le aupó al poder y abriendo ligeramente la puerta a la posibilidad de tramitar los Presupuestos Generales de 2019. A efectos prácticos, sin embargo, el hito de ayer fue meramente simbólico. Los populares siguen teniendo derecho de veto en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, que previsiblemente tumbará definitivamente la nueva senda en la votación de la próxima semana.

Aunque el PSOE, Unidos Podemos o ERC han impulsado una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con la potestad de veto extraordinaria del Senado a la senda fiscal, su tramitación ha sido retrasada por PP y Cs, por lo que sigue pendiente de aprobación. El Gobierno, por tanto, se verá condenado a presentar en enero los Presupuestos Generales de 2019 que ha pactado con Podemos adaptados a la senda fiscal vigente, que recorta el margen de gasto en unos 6.000 millones de euros frente al planteamiento que aborda hoy el Congreso.

"Si hoy aprobamos esta nueva senda, le mandamos un mensaje a la ciudadanía de que es posible el dialogo la política frente a la confrontación. Si votan 'sí', dicen 'no' a quienes quieren una España en blanco y negro", ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en defensa de la propuesta del Gobierno. Esta supone que el objetivo de déficit pase del 1,3% para 2019 al 1,8% habida cuenta de que el agujero de las cuentas públicas no culminará este año en el 2,2% como había comprometido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que lo hará en el entorno del 2,7%.

"Apoyar la senda no es apoyar al Gobierno es aprobar una subida del salario mínimo, de las pensiones o la recuperación de la Sanidad" y del Estado del bienestar que se ha visto mermado durante los años de crisis, ha aseverado Montero.

La ministra ha recordado que la diferencia entre una senda y otra supone un recorte de 6.000 millones de euros en el margen de gasto que impactará fundamentalmente en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. Montero ha instado a los grupos a retratarse en este "baile sin máscaras" en un momento en que partidos como el ultraderechista Vox proponen acabar con el Estado de las autonomías, y decidir si apoyan una senda que fortalece el modelo descentralizado y los servicios sociales públicos.

En los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.

El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.

Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente, pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementos suficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.

De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.

Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedores, clientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.

“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.

El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.

Los datos ofrecidos este martes por la Agencia Tributaria revelan, entre otras cosas, que las mayores empresas del país pagan un tipo real del 16% sobre la base imponible de sus negocios en España, frente al 25% que les correspondería en función del tipo nominal de partida, o el 23% que pagan las pymes.

Más allá, los datos indican que el fisco solo ingresa el equivalente al 2,84% del beneficio total que logran globalmente los grupos bancarios, o el 5,99% de las del resto de grupos empresariales. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que estas dos últimas cifras se basan en la ganancia total obtenido por las compañías españolas en todo el mundo, incluyendo aquellas por las que ya tributan en el extranjero.

La imagen más fiel a la realidad se logra haciendo el cálculo sobre la base por la que deben tributar en España, descontando el monto ya gravado por las Haciendas de otros países, así como las deducciones, créditos fiscales o bases imponibles negativas. Este cálculo indica que las empresas pagan de media un tipo efectivo real de Sociedades del 21,25% por su negocio español (18,96% cuando son grupos) y que la banca abona un 23,02% (22,43% en caso de grupos).

El gravamen general del impuesto de Sociedades es del 25% para el grueso de compañías y del 30% para entidades de crédito o petroleras. Así, los datos de la Agencia Tributaria, de 2016, ponen en negro sobre blanco que las compañías españolas pagan de media 3,75 puntos por debajo del tipo general que les corresponde por este tributo mientras que las entidades financieras abonan casi ocho puntos menos que lo inicialmente establecido para ellas. Fuentes financieras achacan la diferencia a que ese año Banco Popular perdió 3.485 millones de euros.

Uno de los pilares de la reforma fiscal que pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez con su plan presupuestario es fijar un tipo mínimo de sociedades del 15% para las grandes empresas en general y del 18% para banca y petroleras.

Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) revela que alrededor de seis de cada diez españoles considera que la oferta pública de servicios y prestaciones no justifica el pago de impuestos. La encuesta muestra que el servicio público más valorado es la sanidad, pero a la vez es el que más mejoras necesita. El 86% de los consultados cree que el fraude fiscal ha aumentado en la última década y que los empresarios y los autónomos son los que más engañan al fisco.

Una lectura a la encuesta sobre las Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017 arroja un panorama desolador para las autoridades públicas. "La mayoría de los encuestados considera que prácticamente toda la oferta pública está deficientemente gestionada", señala en sus conclusiones. El paisaje que refleja la consulta, que elabora y publica cada año el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), muestra un país donde sus ciudadanos confían poco en sus políticos. En general, creen que pagan muchos impuestos para los servicios que reciben y que el fraude fiscal está generalizado en España, pese a que nadie confiesa cometerlo.

Pero al desentrañar los detalles de la encuesta afloran algunas luces. La mayoría de los encuestados cree que la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de los impuestos. Los ciudadanos preguntados por el IEF advierten que también es el servicio que presenta más margen de mejora. El 93% de los hogares españoles recurrió a servicios sanitarios durante el año pasado, el servicio público más demandado con diferencia. Le siguen las infraestructuras (el 87%), y los transportes (75%), que han aumentado su uso en los últimos tres años. La educación, colegios, institutos y universidades solo fueron utilizados por un 46% de las familias.

Respecto al grado de satisfacción de los usuarios, "la sanidad, las infraestructuras, los transportes y la educación son los que obtienen los índices más altos", señala el informe. El 67% de los usuarios están bastante satisfechos por el servicio sanitario que reciben. El mismo índice para las infraestructuras y similar para los transportes y la educación.

En resumen, aunque los españoles creen que los servicios públicos están mal gestionados confían en el Estado de bienestar que ofrecen los poderes públicos. Pese a todo, más de la mitad de los entrevistados (el 65,3%) cree que la oferta pública de servicios y prestaciones públicas no ha mejorado en los últimos cinco años o, incluso, ha empeorado.

Otro de los asuntos que analiza la encuesta es si los impuestos que pagan los ciudadanos están justificados por el nivel de servicios y prestaciones públicas. La mayoría de expertos recuerda que para que un estado pueda tener una presión fiscal elevada, como ocurre con los países nórdicos, las instituciones públicas deben ganarse el respeto y la credibilidad de sus ciudadanos. El 64,8% concluye que la oferta pública actual en España no justifica el pago de impuestos. Esta creencia crece, sobre todo, a partir de la crisis financiera, según la serie histórica del IEF. "La mayoría de los entrevistados ha venido manifestando que los impuestos que se pagan son poco o nada adecuados en relación con los servicios y prestaciones que se reciben", señala el documento.

Tras ese sentimiento se esconde la percepción de fraude fiscal. El 66% de los encuestados considera que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década. "Entre los ciudadanos entrevistados en 2017 predomina la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la última década".

Laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes por decreto la subida del salario de los empleados públicos en un 2,25% el próximo año, según ha informado hoy la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Batet ha detallado que esta medida beneficiará a dos millones y medio de empleados públicos del sector estatal, autonómico y local “que han soportado congelaciones e incluso reducciones salariales” durante la crisis, por lo que “parece lógico” que recuperen ingresos en este “nuevo contexto económico”.

Tras los recortes de la crisis, Batet ha señalado que hay que recuperar esos recursos en todos los ámbitos “y especialmente en la Administración General del Estado”, tanto los materiales como “sobre todo” los humanos, porque la administración sufre un problema de envejecimiento y una reducción “drástica” de empleados.

Se complementará con un repunte del 0,25% en fondos adicionales cuya aplicación se decidirá en cada administración y podría sumar otro 0,25% en función de una serie de factores vinculados al crecimiento económico, tal y como acordaron sindicatos y Gobierno en marzo del pasado año.

Este acuerdo prevé un incremento salarial fijo del 1,75% este año, ya aplicado, el 2,25% en 2019 y el 2% en 2020, a lo que se suma una parte variable del 0,25% en 2019 y el 1% en 2020 si la economía crece al menos un 2,5% cada año -si es menor a esta cifra disminuye proporcionalmente.

En 2020, se añade un 0,55% adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público. El acuerdo también prevé fondos adicionales para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones que permitirán añadir subidas del 0,2% en 2018, del 0,25% en 2019 y del 0,3% en 2020.

El Gobierno acaba de aprobar el mayor incremento del salario mínimo interprofesional desde 1977 en un Consejo de Ministros de especial relevancia simbólica por su celebración en Barcelona dentro de la estrategia del equipo de Pedro Sánchez de abrir canales de diálogo con las fuerzas independentistas de Cataluña.

El Ejecutivo pone en marcha así una de las medidas estrella de su plan económico, un alza del 22% en el salario mínimo interprofesional que lo elevará desde los 735,9 a los 900 euros a partir del próximo 1 de enero.

En paralelo, el Gobierno ha aprobado una subida del sueldo de los funcionarios del 2,25% para el ejercicio 2019, con la posibilidad de que se den incrementos del 0,25% adicional en función del PIB y otro 0,25% que dependerá de cada administración. La medida había sido pactada por el Ejecutivo anterior del PP con los sindicatos.

"Los empleados públicos han soportado congelaciones y reducciones salariales debido a la crisis económica. Parece lógico que en el nuevo contexto económico podamos avanzar en el incremento de los salarios privados y públicos", ha expuesto la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, subrayando que el Ejecutivo tiene el firme compromiso de promover mejoras salariales en todos los ámbitos.

El alza salarial de los funcionarios se realiza por decreto ley para que tenga efecto desde el 1 de enero sorteando la incertidumbre que sobrevuela la capacidad del Gobierno para sacar adelante su plan presupuestario de 2019, ha reconocido la ministra.

La reunión del Gabinete se ha producido en la Llotja de Mar de Barcelona, solo un día después de que Sánchez se reuniera con el president del Govern, Quim Torra, en una cita en la que se pactó abrir una negociación para encontrar soluciones políticas de amplio consenso para el conflicto independentista catalán.

A falta de ver qué dan de sí las reuniones que se efectuarán desde el próximo mes de enero, el Consejo de Ministros ha tenido un primer gesto este viernes cambiando el nombre del aeropuerto de Barcelona del Prat por el de Josep Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante el franquismo. Además, se ha aprobado la anulación del juicio franquista a Lluís Companys, que fue fusilado en 1940 tras un consejo de guerra.

Finalmente, el Gobierno ha aprobado obras de reacondicionamiento de carreteras catalanas por valor de 127,77 millones de euros. “Lo que en otras ocasiones fueron compromisos y promesas, este Gobierno lo ha materializado”, ha defendido la ministra portavoz, Isabel Celaá.

El Gobierno ha decidido revalorizar las pensiones según la media de la inflación de los últimos doce meses anteriores al final del año, es decir, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso, según anunció este jueves el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, a los periodistas después de su intervención en un acto sobre autónomos organizado por ATA en la Fundación Mapfre.

La nueva fórmula se trasladará a la Ley General de la Seguridad Social, por lo que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados tras un Decreto Ley a proposición de la ministra de Hacienda y tendrá carácter retroactivo. "Lo tenemos que hacer el año que viene porque este año no tenemos ni norma que lo habilite ni posibilidad de contabilizar una subida, sí tendríamos dinero para pagarla, pero no posibilidad de contabilizarla", aclaró Granado.

No obstante, este año lo que sí se hará es utilizar esta fórmula –la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre de 2017 a noviembre de 2018- para la paga compensatoria de los pensionistas. Curiosamente, excepto en "raras ocasiones", este promedio suele coincidir con la tasa del mes de noviembre –que este año fue del 1,7%-, por lo que solamente se tendría que compensar en una décima las pensiones respecto a la subida del 1,6% establecida en los Presupuestos del 2018.

Una medida que tendrán un incremento del gasto para la Seguridad Social de 256 millones, puesto que cada décima de desviación del IPC sobre el 1,6% tiene un coste de 128 millones de euros en compensación a los pensionistas y otros 128 para consolidar dicha nómina en la desviación.

La decisión del Gobierno ha llegado después de un tiempo dando vueltas sobre qué dato utilizar para calcular esa compensación para los pensionistas: primero se inclinó por hacerlo en base al IPC de diciembre con la esperanza de que este bajase hasta el 1,6% y se igualase a la subida del 1,6% de las pensiones; después, con el dato de noviembre en la mano (1,7%) la balanza se fue moviendo hacia el mes once –el que se utilizaba antes de la reforma del Partido Popular en el 2013- pero finalmente, se ha optado por hacerlo con el IPC medio de todo el año.

Con este cambio en la Ley, a falta de que se materialice, el Gobierno atiende las recomendaciones del Pacto de Toledo, el órgano encargado de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, que abogó por una subida de las pensiones en torno al IPC real como fórmula para garantizar en el futuro del poder adquisitivo de las pensiones. No obstante, este anuncio llega unos días después de que el Banco de España advirtiese al Gobierno sobre el impacto que podría tener subir la pensión con el IPC pues según el organismo que preside Pablo Hernández de Cos serán necesarias medidas adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema de la Seguridad Social para compensar la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes una convocatoria de subvenciones por valor de 350 millones de euros para formar a trabajadores ocupados, según ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Esta convocatoria, que acaba de ser aprobada en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, tendrá como destinatarios las entidades y centros formativos acreditados, que solicitarán estas subvenciones en concurrencia competitiva. Esto es, una vez presentadas todas las solicitudes de estos centros –entre los que pueden estar entidades vinculadas a patronales y sindicatos—se evaluarán las ofertas formativas y se autorizarán las ayudas públicas.

Las actividades formativas financiadas por esta convocatoria “incluirá acciones de formación a nivel estatal dirigidas prioritariamente a personas ocupadas a partir de las necesidades formativas detectadas por las estructuras sectoriales paritarias”, ha precisado Valerio.

La mayoría de las subvenciones se destinarán a formación de carácter sectorial (unos 300 millones), mientras que también habrá una cantidad cercana a los 20 millones para cursos trasversales (de idiomas; informática y otras habilidades) y otros 9 millones para formación de autónomos y otros 9 millones para empresas de economía social.

Se trata de la primera convocatoria de este tipo de ayudas que se hace desde 2016. De hecho, Valerio ha arremetido contra la actual regulación de la formación de los trabajadores ocupados aprobada en 2015 al asegurar que “no solo no ha servido para impulsar el sistema, sino que está lleno de disfunciones que han llevado, entre otras cosas, a la falta de convocatoria de planes de formación para estos empleados durante 2017 y 2018.

Por este motivo, aproximadamente una tercera parte de la cantidad que se destinará a estos cursos procede de la recaudación de la cotización por formación de años anteriores que no se habían gastado.

La ministra ha criticado duramente esta ley de 2015 vigente en la actualidad asegurando que “ha conducido a la quiebra de centros y entidades de formación; a la ausencia total de formación de ocupados en determinados territorios y a la falta de seguridad jurídica para el sector”.

También antes de fin de año, se convocará la orden ministerial que regulará la formación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios para capacitarles en materia de negociación colectiva y diálogo social. Para impartir estos cursos se aprobará una partida de 6 millones de euros.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha adelantado que el Gobierno optará finalmente por subir las bases máximas de cotización para el año que viene en torno a un 7%. Esto generará un incremento de costes laborales para los empresarios de unos 1.000 millones de euros. Esto, según alertó Garamendi, y provocará un recorte de las contrataciones.

De confirmarse el incremento del 7%, las bases máximas se colocarían por debajo de lo previsto inicialmente. En un primer momento el Gobierno estimó que se elevarían entre un 10% y un 12%, según desveló la Airef, y la pasada semana Magdalena Valerio, la titular de Trabajo, dijo que se situarían “un poco por debajo” del 10%.

Desde el mes de agosto la base máxima del Régimen General está en 4.070 euros al mes, unos 48.840 euros al año. De confirmarse, la subida de 2019 será la mayor alza de la historia. El alza de las bases de cotización será de 284,9 al mes, hasta los 4.354,9 euros, o 52.258,8 euros al año. Para los empresarios, que deben abonar un 23,6% de la cuantía como cotizaciones de contingencias comunes, pasarán a pagar 12.333 euros al año por cada empleado en base máxima de cotización. Esto es, 807 euros más al año.

El propio trabajador, que debe abonar otro 4,7% en cotizaciones, pagará 2.456,16 euros, 160,7 euros más. Garamendi insistió que “en España ya tenemos unos costes de la Seguridad Social un 30% superiores a los de Europa y si nos meten un rejón del 7% más tendremos un problema de competitividad” e insistió en que los anuncios realizados del Gobierno retrasan las decisiones empresariales.

Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión sobre cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe devolver al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato hipotecario. Así, en una sentencia difundida, el Pleno de la Sala Primera determina que el recargo aparece desde la fecha en que el consumidor pagó las cantidades cuestionadas.

El alto tribunal alcanza esta conclusión porque, conforme al principio de no vinculación de la Directiva 93/13 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la propia Sala Primera, la abusividad de la cláusula tiene como consecuencia que haya de actuarse como si esta nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponda.

Los magistrados razonan que el efecto restitutorio, cuando se trata de la cláusula de gastos, no es directamente reconducible al artículo 1.303 del Código Civil, que regula la restitución de prestaciones recíprocas entre las partes. Esto es así porque no se trata de abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (en este caso, a la gestoría y al tasador), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como la declaración de abusividad obliga a restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula en cuestión, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades que le hubiera correspondido pagar de no haberse incluido la estipulación abusiva.

Aunque en nuestro Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, se trataría de una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Y también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido, en cuanto que el consumidor hizo un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría beneficiado del mismo.

En consecuencia, la entidad bancaria deberá abonar el interés legal desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos.

Con las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, apuntando a un retraso en el proceso de subida de tipos planeando los mercados, el Comité de Mercado Abierto (FOMC) ha acordado por unanimidad elevar las tasas en 25 puntos básicos, hasta la horquilla del 2,25%-2,5%. El movimiento que ya había sido puesto en precio por el mercado llegó a cuestionarse en los últimos días ante los temores a una desaceleración de la economía. Desde el pasado 28 de noviembre, las probabilidades de alza de las tasas antes de cierre de año han ido cayendo sesión a sesión desde el 76,9% de finales de noviembre al 69,1% que marcaba minutos antes de conocerse la decisión.

La tendencia bajista de la Bolsa en el mes de diciembre, la debilidad de los datos macroeconómicos y la presión del presidente de EE UU, Donald Trump, para que Powell haga un alto en el camino no han sido suficientes para alterar las previsiones a corto plazo. La Fed cierra el año fiel a sus estimaciones y acomete la cuarta alza de las tasas en 2018 y novena desde que la institución pusiera fin a la era de los tipos cero.

Los temores a una ralentización de la economía en 2019 no dejaron indiferente al comité que rebajó de tres a dos las subidas para el próximo año. Este cambio ha venido acompañado de un lenguaje más moderado. Como venían apuntado los expertos desde que Powell afirmara que los tipos estaban próximos a su nivel neutral, el comité ha optado por desactivar el piloto automático y condiciona las próximas subidas a los datos que se vayan conociendo. Es decir, antes de tomar una decisión precipitada analizarán con lupa las condiciones económicas para evitar sustos y tener que dar marcha atrás.

A pesar de la histeria que vive el mercado en las últimas sesiones, el comité considera que "los riesgos siguen siendo más o menos equilibrados". "El mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y la actividad económica sigue aumentando a un ritmo fuerte", señalan. Con una tasa de desempleo en mínimos de 1969, "el gasto de los hogares prosigue sus crecimientos mientras la inversión empresarial se ha moderado desde los fuertes niveles registrados a comienzos de año", remarcan los miembros del banco central. Es decir, recoge el bandazo del sentimiento inversor en los últimos 12 meses, periodo en el que se ha pasado de esperar un supercrecimiento de la mano de la rebaja de impuestos a preguntarse cuándo llegará la recesión, algo que está favoreciendo la rotación de las carteras desde los activos de riegos como la Bolsa a otros de corte defensivo como los bonos.

La Fed ha aprovechado la última reunión para actualizar sus previsiones macroeconómicas. Los miembros de la institución recortan en una décima su estimación de crecimiento para 2018 (3%, la cifra más elevada desde 2015) y en dos décimas la de 2019, hasta el 2,5%. Eso sí, mantienen intacto su cálculo para 2020, cuando se prevé que el PIB suba un 2%, unos datos que evidencian la ralentización, pero que continúan lejos de enviar señales de recesión. La tasa de paro cerrará el año en el 3,7%, bajando al 3,5% en 2019. La previsión inflación, por su parte, cae dos décimas para 2018, hasta el 1,9% y una para 2019, hasta el 1,9%. Habrá que esperar a 2020 para que los precios superen el 2% (2,1%).

Los cambios contribuyeron al aplanamiento de la curva de tipos. Mientras las rentabilidades de la deuda a corto plazo subían, el bono a 10 años marcaba mínimos de seis meses (2,76%).

Diciembre tradicionalmente es el mes que los gestores e inversores minoristas aprovechan para comprar acciones y dar rienda suelta al conocido como rally de fin de año, un movimiento que tiene su origen en EE UU. Sin embargo, parece que en 2018 tendrá que esperar. A falta de una semana para el cierre de año, Wall Street es incapaz de sacudirse las pérdidas. Con descensos del 9,17% para el S&P 500 y del 8,67% para el Dow Jones, los índices van camino de cerrar el mes como el peor diciembre desde 1931, en plena Gran Recesión.

El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones (DGSFP) cuentan desde hoy con nuevas herramientas macroprudenciales para prevenir una nueva crisis financiera, según el real decreto ley publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con estas herramientas el Banco de España no solo podrá limitar el crecimiento sectorial del crédito, sino que podrá fijar límites e imponer condiciones a la banca sobre la compra de títulos de renta fija y derivados, con lo que se pretende evitar el aumento excesivo del riesgo bancario o en el endeudamiento de los agentes económicos.

De esta forma, el supervisor bancario podrá restringir la exposición del crédito, deuda o derivados con una nueva capacidad para exigir a las entidades que limiten su exposición a un sector en particular o pudiendo penalizar todas las exposiciones de la entidad o a un determinado sector imponiendo exigencias superiores de capital con un colchón específico.

La norma indica que el Banco de España podrá fijar límites a la parte de la renta disponible que un prestatario puede destinar al pago de la deuda o al endeudamiento máximo que puede obtener dadas las garantías aportadas (lo que se conoce como loan to value), entre otras medidas, que el articulado no especifica.

La norma también incluye la posibilidad de restringir los periodos máximos de amortización de los préstamos. Este refuerzo competencial tiene su origen en la Junta de Riesgo Sistémico creada en 2010 en Europa, una autoridad macroprudencial que en 2011 pide a los Estados miembros reproducir este órgano en cada país.

Esta autoridad monitorizará los riesgos y podrá lanzar avisos, recomendaciones de intervención o pedir a los supervisores que tomen medidas, aunque habrá que esperar a febrero para que la autoridad sea afectiva, ya que antes se ha aprobado las herramientas que disponen los supervisores.

A la CNMV se le da competencia para poder exigir “de manera temporal, y justificando la necesidad y proporcionalidad de la medida”, mantener un colchón de activo líquidos a gestoras tradicionales y de tipo cerrado si en momentos de tensión de los mercados ve que los necesitan para atender los reembolsos. Podrá, además, introducir “límites y condiciones” a la actividad de sus entidades supervisadas, lo mismo que la Dirección General de Seguros.

Una de las enmiendas transaccionales presentadas trata de añadir otra excepción y permitir que un determinado colectivo pueda beneficiarse de un plazo más elevado en el pago de sus deudas comerciales. Según ha podido saber Cinco Días de fuentes cercanas a la negociación, la enmienda permitirá pagar las facturas a 90 o 120 días, siempre y cuando se fijen compensaciones a los proveedores afectados.

“Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso del plazo de pago estipulado en el artículo 4 de la ley 3/2004, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario”, reza la redacción del artículo.

De esta manera, aquellos productos que se venden en grandes superficies como El Corte Inglés, Decathlon, Leroy Merlin o Ikea, entre otras, y que no entran dentro de las categorías incluidas en el redactado de la enmienda, podrían acogerse a esos beneficios y disfrutar de un período más holgado para pagar a sus proveedores.

En el texto, la enmienda fija tres escenarios posibles. El primero marca las acciones en caso de exceder los 60 días. “Cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en un documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura”. El segundo plantea un pago superior a 90 días. “En ese caso, el documento será endosable a la orden”.

E incluso el tercero plantea plazos superiores a 120 días, el doble del límite legal. “Para la concesión de aplazamientos de pagos superiores a 120 días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito y caución”. Esas mismas fuentes precisan que la enmienda, presentada por el PSOE, cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el rechazo de Podemos y no saben concretar cuál será la posición final del PP, determinante para que la enmienda transaccional se convierta en ley. De hecho, precisan que una parte sustancial del texto procede de otra enmienda más antigua presentada por el Grupo Popular en el Congreso.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de empresas y a 4,5 millones de trabajadores, justifica esa enmienda por la presión de los lobbies. “La supresión del pacto entre partes para pagar las facturas a un plazo más elevado fue un golpe muy duro para la gran distribución y están presionando para volver a recuperarlo”, asegura Cañete, que recuerda que estos ya ejercieron una presión muy fuerte para acabar dejando en papel mojado otra de las medidas estrella diseñada por Cristóbal Montoro para aportar liquidez a las empresas: el IVA de caja.

Este régimen permitía a las empresas no pagar el IVA de las facturas siempre y cuando no las hubieran cobrado. Pese a lo importante del beneficio ofrecido, apenas un 1% de los contribuyentes se acogió a ese sistema. La clave del fracaso radicó en la presión de los grandes grupos para que las pymes no se acogieran a ese régimen, ya que les impedía deducirse el IVA de las facturas hasta que no hubieran realizado el pago de las mismas.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado un 0,1% en noviembre en relación al mes anterior y recortó seis décimas su tasa interanual, hasta el 1,7%, su menor nivel desde el pasado mes de abril, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Estadística ha atribuido la caída de la tasa interanual del IPC de noviembre al descenso de los precios de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de los carburantes, de los paquetes turísticos, y de algunos alimentos, como las frutas y el aceite.

La tasa interanual de noviembre es la vigésimo séptima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 1,7% superiores a los de hace un año. Tras seis meses por encima del 2%, en el penúltimo mes del año el IPC ha logrado bajar de esa barrera y situarse en su menor nivel desde abril.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en noviembre, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa ocho décimas por debajo de la del IPC general. Lleva ya 64 meses seguidos por debajo del 2%. En el penúltimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 1,7%, seis décimas menos que en octubre.

En comparación intermensual, la tasa ha sido del -0,1%, lo que supone la primera tasa negativa desde noviembre de 2014. Por productos, los que más se han encarecido han sido las prendas de vestir de mujer (+6,5% respecto a octubre) y el calzado femenino (+5,7%). Y los que más han bajado han sido los hoteles, hostales y pensiones (-11%).

La tasa anual del IPC ha disminuido en todas las comunidades autónomas en noviembre respecto a octubre. El mayor descenso se produce en Cantabria, que recortó su tasa ocho décimas, hasta el 1,6%. Por su parte, Canarias es la comunidad donde menos se ha reducido la tasa anual, tres décimas, hasta el 1,6%.

Las regiones que al finalizar noviembre han presentado las mayores tasas anuales de IPC son Castilla-La Mancha (+2%) y Cataluña y Madrid (+1,9%), mientras que Baleares registró la tasa más baja (+1,2%).

Sector

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el requisito de una previa declaración de aptitud que se exige a los jueces suspendidos de funciones para el reingreso a la carrera judicial. El TC considera que esta medida, contenida en el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), vulnera la seguridad jurídica.

El Constitucional considera que la normativa impugnada "no permite definir qué debe entenderse por aptitud y, en consecuencia, cuáles son los parámetros para valorar la idoneidad, suficiencia o capacidad de quien pretenda dicha declaración". A su juicio, "la imprecisión de la norma no puede ser salvada sin su reconstrucción, pues genera una incertidumbre insuperable que solo el legislador debe y puede resolver".

"El término aptitud afecta al aplicador de la norma, que carece de criterios en los que basar la declaración de aptitud o denegarla", señala la sentencia, de 13 de diciembre de 2018. "Produce una incertidumbre insuperable acerca de los aspectos a tomar en consideración para valorar la misma, pese a que de la declaración de aptitud depende que el magistrado pueda ejercer o no la función jurisdiccional", añade el fallo.

La sentencia concluye que la norma tampoco "permite prever con un mínimo grado de determinación las consecuencias que la falta de declaración de aptitud conlleva o las facultades que conforman la nueva situación en la que queda el magistrado". En este sentido, el TC explica que a los jueces "se les sumerge en un limbo jurídico de contornos tan indefinidos, como imprecisos -por inexistentes- son los presupuestos que le llevan a dicha situación".

Por otra parte, "la indeterminación de la situación en la que queda el juez o magistrado que no obtiene la declaración de aptitud es incompatible con la limitación temporal esencial en la configuración de la situación de suspensión de funciones", apunta la sentencia. Por todo ello, el Tribunal Constitucional concluye que "el precepto impugnado de la LOPJ aparece desprovisto de las garantías constitucionalmente exigidas por el principio de seguridad jurídica y de reserva de ley".

El Pleno ha decidido así por unanimidad estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y, en consecuencia, declarar que son inconstitucionales y nulos el apartado primero del artículo 367 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los incisos del apartado segundo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha ofrecido a las asociaciones de jueces y fiscales destinar 1,3 millones de euros para complementar con una paga única que se cobraría el año que viene el salario de los miembros de ambas carreras de menor categoría.

Según explica el Ministerio en un comunicado tras la reunión mantenida con los representantes de las asociaciones después de la huelga que protagonizaron el pasado 19 de noviembre, se pretende hacer "un esfuerzo presupuestario" con los jueces y fiscales que prestan sus servicios en los partidos judiciales de menor población, los que mantienen las peores condiciones salariales.

Se usarán fondos adicionales de la masa salarial de ambos colectivos correspondientes a 2018 y así 908 fiscales y 789 jueces recibirían 777 euros cada uno en un solo pago en 2019, computados como atrasos del presente ejercicio.

Asistentes a la reunión consultados por Efe no han ocultado su decepción, recordando que las asociaciones reivindican recuperar el nivel salarial que perdieron con los recortes aplicados durante la crisis, y confían que, en el próximo encuentro, el 10 de enero, el Ministerio sea capaz de ofrecerles nuevas mejoras a partir ya de los presupuestos de 2019.

Delgado, según el Ministerio, se ha comprometido también a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan.

Ordenará por ello a la Abogacía del Estado que desista de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo, apunta Justicia.

La titular de ese departamento ha recordado además a las asociaciones que mañana se dará luz verde en el Congreso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá recuperar a jueces y fiscales otros derechos laborales recortados, como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.

A su paso por el Senado, el PP y Ciudadanos incluyeron en esa reforma el cambio de modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial que reclaman las asociaciones, para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales, pero previsiblemente ese punto no será aprobado mañana en el Congreso.

La propia ministra ha defendido hoy el sistema vigente de elección parlamentaria de los vocales y los socialistas votarán en contra de la reforma que han reclamado jueces y fiscales en las dos huelgas conjuntas que han realizado este año.

Ciudadanos ha anunciado que el PP ha aceptado las enmiendas que registró en el Senado para modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de los 20 vocales sean escogidos directamente en una votación por los jueces y magistrados.

Según ha explicado a los periodistas el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, se trata de cuatro enmiendas que su partido presentó a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado 20 de noviembre.

Ese mismo día, el PP registró también una enmienda para cambiar el sistema de elección del CGPJ, tras el escándalo que se produjo al publicarse en prensa un mensaje privado de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, explicando cómo el acuerdo con el PSOE para la renovación de los vocales de ese órgano les permitiría controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo "desde detrás".

"Es un acuerdo muy importante" porque supone que "el PP ha rectificado" y que "vamos a ese modelo que proponía Ciudadanos de elección directa por parte de los jueces y magistrados de los doce vocales de representación corporativa", ha declarado Prendes.

En su opinión, el sistema defendido por su partido da respuesta a "un clamor social" y a una "demanda prácticamente unánime de las asociaciones judiciales" y garantiza "la pluralidad en la representación de las distintas sensibilidades" que hay en la carrera judicial.

Asimismo, ha señalado que permite avanzar en la "despolitización de la Justicia" y recupera "el espíritu constitucional" al rechazar el "reparto partidista" de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial.

Actualmente, los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Cada una de las Cámaras elige a la mitad de los vocales: cuatro entre juristas de reconocida trayectoria y seis entre jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial.

Tras recordar que la próxima semana el proyecto de ley vuelve al Congreso, Prendes ha pedido al PSOE que aproveche la "oportunidad histórica" y "se sume de verdad, no con palabras huecas, a la regeneración democrática" apoyando el modelo que plantean Cs y el PP.

El Tribunal Supremo acaba de aplicar por primera vez la nueva doctrina sobre los intereses de demora de las hipotecas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado verano respaldó la jurisprudencia de la Sala Primera, y declaró nula por abusiva cualquier penalización que supere en dos puntos porcentuales el interés remuneratorio del préstamo.

En aplicación al reciente fallo europeo, el Supremo acaba de anular por abusivo el interés del 25% que aplicaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), luego absorbida por Banco Sabadell, ante los retrasos en el pago de cuotas hipotecarias.

Como consecuencia, el alto tribunal español corrige la sentencia recurrida en casación, que sustituía el interés de demora abusivo por otro equivalente al triple del interés legal del dinero. Sin embargo, rechaza la pretensión del consumidor recurrente de quedar liberado de pagar interés alguno.

En su lugar, el Supremo da por valido mantener el interés remuneratorio original del crédito, del 4,75%, “que sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución”, explica una nota del gabinete técnico del Supremo.

Fue el propio Supremo quien, después de la corrección que le impuso la Corte de Luxemburgo estableciendo la devolución de las cláusulas suelo irregulares con retroactividad total, elevó una consulta prejudicial a la justicia europea para curarse en salud sobre este asunto, que también despertaba una importante controversia judicial.

"El TJUE decidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajusta al Derecho de la Unión y, en particular, a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores", recuerda el Supremo.

Las tres sentencias del Pleno de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que establecen que sea el cliente el que abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) -impuesto que se aplica a las hipotecas- carga contra los cinco magistrados de una de las secciones de este tribunal que fallaron inicialmente a favor del prestatario en este asunto, a los que se critica duramente su "drástico viraje jurisprudencial" y su "arbitrismo judicial".

Las resoluciones, que superan las 180 páginas cada una, evidencian la grave fractura en el seno del tribunal respecto a este asunto, ya que parecen servir de excusa para saldar cuentas entre las dos facciones en las que se dividió la Sala que falló el pasado 6 de noviembre por 15 votos frente a 13 a favor de anular la novedosa jurisprudencia de la sección especializada en tributos y volver a la jurisprudencia tradicional, que libra a las entidades bancarias del pago del tributo.

Posteriormente, un Decreto-ley del Gobierno dio de nuevo la vuelta al asunto y eximió a los clientes en detrimento de los bancos, por lo que al cabo el criterio de la mayoría quedará en nada, al menos para las nuevas hipotecas que se constituyan.

Los quince magistrados que inclinaron la balanza a favor de los bancos critican las resoluciones iniciales porque se actuó sin que se hubiera producido una modificación previa del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, "un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia".

Recuerda también la mayoría de la Sala que la "fijación definitiva de jurisprudencia es, precisamente, una de las finalidades básicas -si no la que más- de los plenos jurisdiccionales", y acusan a los firmantes de las sentencias iniciales de causar "arbitrismo judicial" con su inesperada decisión.

En lo que se refiere a la cuestión que constituye el núcleo del litigio, la sentencia recuerda que la Sala mantenía desde 1988 con la normativa anterior y desde 2001 con la ahora vigente una jurisprudencia constante en la que se atribuía al prestatario el pago del referido impuesto.

A su vez la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo había declarado que, en armonía con la jurisprudencia de esta Sala Tercera, en la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados era el prestatario. Entender lo contrario, insiste la mayoría a lo largo de su resolución, "sería tanto como sostener que la atribución de asuntos a las secciones, que se acuerda anualmente por la Sala de Gobierno a propuesta del Presidente de cada sección, es una suerte de atribución competencial excluyente que impide que el Pleno asuma la fijación de doctrina en cualquier materia".

A este respecto precisa la sentencia que resulta "fútil" el argumento de que con las tres sentencias de octubre ya se había sentado jurisprudencia, y que no resultaba admisible su revisión inmediata por el Pleno de esta Sala. "Y no ya sólo porque los tres recursos fuesen idénticos y deliberados conjuntamente -que también-, sino porque como se acaba de señalar y es evidente, cualquier criterio jurisprudencial, incluso consolidado, puede cambiarse", aducen.

Así, pudo separarse la Sala especializada en tributos en las referidas sentencias de la Sección Segunda respecto a una jurisprudencia de décadas, y así lo ha hecho el Pleno de la Sala respecto a tres únicas sentencias discordantes con dicha jurisprudencia, "se considere o no que tal posición discrepante haya de ser calificada o no propiamente como jurisprudencia, a la vista de que fue un criterio adoptado en recursos idénticos en una misma deliberación y, sobre todo, a la vista de su inmediata desautorización por el Pleno".

En conclusión, lo discutible del criterio adoptado por la Sección que firmó las sentencias iniciales -el no tener en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en una jurisprudencia "inveterada y sin fisuras", "la absoluta pertinencia en pro de la seguridad jurídica y de la propia noción de jurisprudencia de mantener en tales circunstancias la existente por encima del criterio subjetivo de quienes componen un órgano en un determinado momento"- entre otros factores, fueron los que determinaron que el Pleno "no pudiera asumir ni, por tanto, ratificar el cambio jurisprudencial tan inopinado como radical como ha sido el acometido" por la Sección Segunda, que fue la que firmó las tres resoluciones iniciales.

De conformidad con lo todo ello, la posición del Pleno en relación con el objeto litigioso es la de confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sentido de que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios es el prestatario. Dicha conclusión parte de reconocer que el préstamo "tiene sentido y viabilidad en sí mismo, sin perjuicio de que sin la garantía hipotecaria estaría presumiblemente sometido a condiciones más rigurosas en beneficio del prestamista".

Por ello, no considera el Pleno de lo Contencioso del Supremo que "el requisito de la inscribilidad del acto deba acarrear la consecuencia, como se sostiene en las sentencias de la Sección Segunda, de hacer prevalecer a la hipoteca sobre el préstamo como negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria, en contra -se insiste- de una jurisprudencia constante y uniforme".

Si eso es así, "es claro que desde un punto de vista tributario es el préstamo el que debe guiar la interpretación de las consecuencias tributarias que sean de rigor". Todo ello, añade la sentencia, "a reserva de una previsión expresa del legislador en sentido contrario, como precisamente ha ocurrido con la aprobación por parte del Gobierno mediante un Real Decreto-ley, con posterioridad a la decisión de este asunto por el Pleno.



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