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Los consejos de la semana

Fiscal

Los morosos tendrán que pagar multas de hasta 800.000 euros

Que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor asuma la responsabilidad de actuar contra el deudor, esto es, que se enfrente a su cliente.

En el mes de junio de 2017 se inició la tramitación de la Proposición de Ley que regula el régimen sancionador de la Ley de Morosidad con multas que pueden superar los 800.000 euros para quién incumpla los 60 días de plazo máximo de pago en las operaciones comerciales.

Tras su tramitación en el Senado, el texto ha vuelto al Congreso para su votación y, o, aprobación, previo informe de la Comisión de Economía y Empresa de la Cámara cuya redacción definitiva está próxima a finalizar. Hemos tenido que esperar casi un año y medio para que ésta Proposición de Ley haya iniciado el trámite parlamentario.

En los textos sometidos al "iter legal descrito" se dividen las sanciones en multas leves, graves y muy graves, con importes que van desde los 60 a 2.000 euros para las leves, entre los 6.000 y los 40.000 euros en el caso de las grado medio y desde los 40.001 hasta los 800.000 euros para las de máximo incumplimiento.

Entre las infracciones leves se penaliza, por ejemplo, el pacto sobre plazos de pago que excluya del cómputo los períodos de vacaciones.

Graves

- La superación del plazo de pago legal en 20 días,

- La inclusión de cláusulas que marquen el inicio de la contabilización de fechas de pago,

- Los acuerdos relativos a posibles represalias en caso de demora,

- La falta de constancia documental de la fecha de entrega de mercancías,

- La renuncia al derecho de indemnización en caso de retraso,

- La omisión en la memoria de las cuentas anuales de la mención a los PMP o

- La reincidencia en tres infracciones leves.

Muy graves

- La de superar en más de 60 días el periodo estipulado por ley,

- La negativa a colaborar con la inspección,

- La falsificación de facturas, albaranes o de la información que sobre el PMP se ha de incluir en la memoria de las cuentas anuales o

- La comisión de dos infracciones graves.

La graduación de las sanciones, se determinará a partir de un procedimiento de control en el que se valorará la existencia de intencionalidad, fraude, interés de ahorrarse costes financieros, capacidad y solvencia económica, tamaño de empresa, etc… Asimismo se estudiará el importe de la deuda, si esta no excede los 6.000 euros el grado de la infracción será mínimo, entre 6.001 y 100.000 medio y superior a ésta última cuantía máximo.

La Proposición de Ley contempla también con mayor rigor los casos de reincidencia de infracciones calificadas como muy graves privando al sujeto infractor de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de subvención o deducción y suspendiendo, en su caso, el aprovechamiento de los préstamos suscritos con el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Las sanciones indicadas podrán ser objeto de reducción en un 30%, 70% o incluso un 100% si se acredita que se ha procedido a liquidar la factura durante los 6 días siguientes a la notificación de la sanción o se demuestra que las empresas son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída. Asimismo se establece un periodo de prescripción de uno a cuatro años.

El sector público también deberá someterse a este control y tanto la Intervención General del Estado como las autonomías y las corporaciones locales deberán informar trimestralmente a Hacienda de cómo y en cuánto tiempo están abonando sus facturas.

Más medidas de lucha contra la morosidad

El borrador prevé, además de las sanciones, una serie de medidas dirigidas a evitar los retrasos, de entre ellas destacamos las siguientes:

• Un procedimiento de denuncias de conductas contrarias a la Ley de Morosidad, incluyendo un canal anónimo para poder denunciar la existencia de vulneraciones de los plazos de pago.

• Un sistema de arbitraje de morosidad, para dirimir las controversias.

• Un incremento de las obligaciones de transparencia, con obligaciones de publicación en la web, en la memoria anual, etc…

• La creación de un observatorio de los plazos de pago que vele por el cumplimiento normativo.

82 días ha sido el PMP del primer semestre de 2018

Según refleja el índice de morosidad empresarial elaborado por Cepyme el retraso en el pago entre empresas ha registrado un repunte en el primer semestre del año, después de que el periodo medio de pago se situase en los 82 días, por debajo de los 84,8 días registrados en el primer trimestre, pero por encima del periodo medio de pago registrado a finales de 2017 (80,9 días),

Teniendo en cuenta el tamaño de las compañías, las microempresas son las más cumplidoras pues redujeron en tres días el plazo medio de pago durante el segundo trimestre de 2018, hasta los 78,6 días. Estas pagan sus facturas con siete días de antelación respecto de las empresas medianas, que superan en más de 25 días el plazo de pago legal (85,7 días, frente a los 60 días que establece la Ley). Por su parte, las pequeñas empresas redujeron su plazo medio de pago hasta los 80,9 días, frente a los 86,7 días registrados en el trimestre anterior.

Según el informe citado "Estos datos confirman que, a medida que aumenta el tamaño empresarial del deudor, los retrasos en los pagos de las facturas se incrementan, por el mayor poder de negociación del que suelen disfrutar estas empresas en sus relaciones comerciales, lo que supone un hándicap para la financiación del circulante de las empresas de menor tamaño, que suelen soportar periodos medios de cobro más dilatados y de pago más reducidos".

Mercantil, civil y administrativo

¿Cuál es la diferencia entre Asistencia Jurídica Gratuita y Asistencia Letrada de Oficio?

El mandato constitucional del artículo 21 y 119 de la Constitución Española, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la justicia gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar se encuentra desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Ahora bien, no debemos confundir los conceptos de “Asistencia Jurídica Gratuita” con el de “Asistencia Letrada de oficio”.

La asistencia jurídica gratuita puede solicitarla, con carácter general, aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de patrimonio suficiente para litigar. Esto es, carezcan de recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar sin superar determinados umbrales. De forma más concreta, el artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dispone que “tendrán derecho a la misma:

a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.

c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

1.º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2.º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.

d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.

e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.

g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. (…)

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

i) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo”.

La Asistencia Letrada de oficio, se ejerce por abogados particulares o privados que acceden de manera voluntaria a la prestación de esos servicios en diferentes ámbitos de jurisdicción.

El turno de oficio está integrado por unas listas de letrados que los Colegios de Abogados establecen, asignándoles asuntos particulares a través de reparto. No todas estas asignaciones están en relación con la asistencia jurídica gratuita. Cualquier persona física o jurídica, para evitar indefensión, puede solicitar la asistencia letrada de oficio, pero sólo quedarán exentos del abono de los correspondientes honorarios aquellos que, reuniendo los requisitos exigidos, sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, de lo contrario, tendrán que hacer frente a la minuta correspondiente.

Por tanto, todo beneficiario de la justicia gratuita tiene derecho a un abogado del turno de oficio, pero no todos los abogados de oficio son gratuitos para los solicitantes.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno da por hecha la aprobación de la denominada 'tasa Google' y está convencido de que España "será el primer país de la UE" que hace realidad el acuerdo comunitario en torno a este gravamen. En respuesta a una pregunta escrita de la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz, el Ejecutivo afirma que el anteproyecto de ley que vio el Gobierno el pasado 19 de octubre por el que se crea el impuesto sobre determinados servicios digitales, "se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI".

"Este anteproyecto de ley va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por esta propuesta de directiva", se indica en la respuesta. El Ejecutivo recuerda que las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.

"Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no sean gravadas por este impuesto. El tipo impositivo que se aplicará será del tres por ciento, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y se establece que, para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios esté situado en territorio español", agrega el Gobierno.

La Agencia Tributaria ha recibido ya los datos de la Seguridad Social sobre los permisos de maternidad y está cruzando las cifras, por lo que está "muy cerca" de arrancar el mecanismo de devolución del IRPF cobrado en estas prestaciones, después de que el Tribunal Supremo determinara la exención del impuesto en las mismas.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en las XVII jornadas tributarias, organizadas por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha explicado que la Seguridad Social ha remitido ya a la AEAT los datos sobre los permisos de paternidad, que "se están cruzando y va bastante bien".

La idea es empezar "enseguida" con la devolución del IRPF, ha asegurado Gascón, quien ha indicado que "depende de un tema de cruces", si bien la Agencia Tributaria está "muy cerca" de arrancar con el mecanismo de solicitud de devolución del gravamen en su página web, tras haber dado por "superada" la fase de recepción y encuadre de datos de la Seguridad Social y el organismo tributario.

Gascón ha explicado en varias ocasiones que se está buscando el procedimiento más rápido para proceder a la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad, de forma que la información nazca cruzada y los contribuyentes no tengan que aportar justificantes. También ha aclarado ya que, en las declaraciones de la Renta de 2018, que se realizarán el próximo ejercicio, se podrá "arreglar" el asunto de la exención del IRPF en las prestaciones por maternidad.

El Tribunal Supremo determinó a principios de octubre que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, que perciben los padres trabajadores durante la baja tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio que había mantenido hasta entonces la Agencia Tributaria.

Tirón de orejas de la Comisión Europea al borrador de Presupuestos de 2019 que envió el Gobierno de Pedro Sánchez. La CE ha advertido que el Ejecutivo está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las directrices de reducción de deuda.

"Se considera que el plan presupuestario presentado por España corre el riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2019", asegura el Ejecutivo comunitario. Con todo, la Comisión ha confirmado que espera que el déficit español baje de la barrera del 3% del PIB [considerado excesivo] el año próximo, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

El Ejecutivo comunitario recuerda además que el borrador le fue remitido sin haber sido presentado en el Parlamento, por lo que pide al Gobierno que le envíe uno actualizado, así como al Eurogrupo, en caso de que haya diferencias importantes entre el borrador analizado y el que finalmente vaya al Congreso.

La evaluación de la Comisión del riesgo de las cuentas españolas se basa en sus previsiones macroeconómicas de otoño, presentadas el 8 de noviembre, que proyectan que el déficit público español se reduzca al 2,7% este año, como prevé el Gobierno, y el año próximo al 2,1%, tres décimas más de lo que espera España. En este sentido, apunta que en todo caso el déficit estaría por encima del 2,2% recomendado por Bruselas para 2018.

El Ejecutivo comunitario prevé además que España no cumpla con el ajuste del déficit estructural -sin tener en cuenta factores ligados al ciclo económico- del 0,65 % del PIB exigido (unos 7.600 millones de euros) y calcula que ni siquiera se efectuará el ajuste del 0,4 % (unos 4.600 millones) que prevé el Gobierno. Bruselas cree que el esfuerzo estructural será como mucho del 0,1% del PIB, lo que supone un desvío "significativo" de la senda marcada.

Bruselas prevé que el país no respete las normas de reducción de deuda -que obligan a rebajarla progresivamente cada año hasta la barrera del 60 % del PIB-, ya que según las proyecciones del Gobierno el ratio bajará al 95,5% en 2019 y de acuerdo con las de Bruselas al 96,2%, en ambos casos un descenso insuficiente.

El aumento del gasto público nominal sería del 1,7%, por encima del 0,6% recomendado, añade. España no, con todo, el único país sobre el que la CE ha detectado desequilibrios, también están Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y Suecia, Estados a los que Bruselas someterá, apunta en un comunicado, a un examen exhaustivo en 2019, según afirma. De hecho, con respecto a Italia el ejecutivo comunitario ha pedido abrir un expediente por déficit excesivo por su elevada deuda pública, que se encuentra en el entorno del 131% del PIB.

"Europa atraviesa un momento de bonanza económica, pero el aumento de los riesgos indica que no durará eternamente. Los países de la UE necesitan inversiones bien orientadas y un esfuerzo de reforma renovado para consolidar sus bases de crecimiento y aumentar la productividad. Por lo que respecta a la política presupuestaria, es el momento de reducir los niveles de deuda pública y reconstituir las reservas presupuestarias, lo que nos dará el margen de maniobra necesario cuando llegue la próxima etapa de recesión. Asimismo, es el momento de avanzar en la profundización de la unión económica y monetaria de Europa", ha asegurado el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis.

Cuando un trabajador percibe dietas de su empresa por los gastos de viaje, comidas y alojamiento no tiene que tributar por estos en su declaración de la renta (IRPF). Pero como algunas sociedades abusan de esta vía para pagar más a sus empleados sin aumentar su carga fiscal, la Agencia Tributaria vigila con celo estos gastos. Verifica que realmente se han producido y que efectivamente está relacionado con la actividad laboral. En caso contrario, el fisco considera que se trata parte de la retribución por el que se debe tributar. Pero si se abre una investigación, ¿es la empresa o el trabajador que gastó quien tiene la responsabilidad de ofrecer pruebas? Depende.

Durante mucho tiempo ha surgido la duda sobre quién tiene que justificar estos gastos cuando la Agencia Tributaria inicia una comprobación a un empleado, porque se da la circunstancia de que, aunque es el empleado el que cobra las dietas, los recibos o facturas que lo justifican suelen estar en manos de la empresa. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la instancia administrativa que dilucida las cuestiones tributarias, y unifica el criterio de la Administración, dictó una resolución el pasado 6 de noviembre en el que aclara algunos aspectos de esta controversia.

El TEAC advierte de que "no existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas". José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara: "Esto quiere decir que cualquier trabajador que haya percibido dietas puede sufrir una comprobación en su IRPF. Cuestión diferente es quién tiene la carga de la prueba de acreditar la realidad de las dietas, y su vinculación con la actividad laboral.

Lo primero que comprueba Hacienda cuando abre una inspección por esta cuestión es analizar si los gastos están relacionados con la actividad de la empresa. Salcedo explica que "esta no es una cuestión baladí. En la mayoría de los casos, Hacienda obliga a los trabajadores a tributar por estas dietas porque éstos no han podido acreditar su realidad ni su conveniencia para la actividad. Por tanto, en la medida en que dicha prueba correspondiera a la empresa, y no al trabajador, estas liquidaciones podrían ser anuladas".

Precisamente por esto, el TEAC, aclara en su resolución qué documentación corresponde aportar respectivamente, a trabajador y empresa, en estos casos. El resumen de la resolución es que el trabajador deberá justificar las estancias y los viajes cuando se desplace en transporte público. Y la empresa le toca dar cuenta de los gastos de locomoción cuando el desplazamiento sea en vehículo privado y los gastos de manutención.

Y así lo explica el TEAC: "Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella".

Salcedo precisa que la empresa deberá justificar la veracidad de los gastos de locomoción con vehículo privado y los gastos de manutención. Y tendrá que probar el día y el lugar del desplazamiento. Además, la empresa deberá justificar la razón o motivos de los desplazamientos. Es decir, que las dietas pagadas obedecen a razones laborales y de organización de la actividad.

Por otra parte, el TEAC también sostiene que "los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza las críticas de la Embajada de EEUU en España al nuevo impuesto sobre servicios digitales, más conocido por la Tasa Google. "España es un país que no se va a dejar amenazar por nadie", ha declarado tras revelar la oposición frontal del embajador estadounidense Duke Buchan al impuesto por considerarla una medida "unilateral" sin esperar al consenso de la OCDE.

Montero ha apuntado que EEUU "se alía con los intereses de grupos tecnológicos", y ha defendido el impuesto porque estos gigantes están practicando "competencia desleal" y deben pagar más impuestos, a su juicio. Montero cree que, al menos por ahora, "el tono del embajador no es de amenaza", pero se ha mantenido firme en lanzar en España "esta fiscalizad del siglo XXI", sin esperar consenso con EEUU en la OCDE.

La Embajada sostiene que la tasa "frenaría la innovación en España" y puede provocar que los grupos digitales trasladen inversiones a otros países". La ministra ha dicho que comprende que EEUU quiera "proteger algunos intereses", pero ha recalcado que el impuesto afecta a grupos con ingresos internacionales superiores a los 750 millones, por lo que pueden permitirse este aumento de presión fiscal.

Laboral

A pesar de las políticas a favor de la igualdad de género en el ámbito laboral, las mujeres aún siguen cobrando menos que los hombres al desarrollar la misma labor. Su salario es un 14,7% inferior en aquellas profesiones masculinizadas, es decir, con una presencia de hombres superior al 65%; una diferencia que se reduce al 8,4% en las paritarias, y que sin embargo alcanza el 11,1% en aquellas profesiones feminizadas, es decir, con mayor número de mujeres, según se desprende del informe sobre la brecha de género publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en su nuevo número de Esenciales. Por tanto, las diferencias salariales se reducen en mayor medida en las ocupaciones paritarias.

En la actualidad, más de la mitad de las profesiones (el 53,7%) están masculinizadas y el 31,5%, feminizadas, por lo que solo 14,8% tiene una presencia paritaria (en torno al 40%-60%) de hombres y mujeres, de acuerdo a los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial cuatrienal publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014.

No obstante, la mayor o menor presencia de hombres mujeres no está determinada por el hecho de que se trate de un trabajo de alta o baja cualificación. Los hombres ocupan un mayor número de empleos relacionados con las ciencias, la ingeniería, la construcción, la seguridad o el transporte, mientras que las mujeres desarrollar trabajos del sector de la salud, el cuidado y la educación, puestos administrativos, de recepcionistas o dedicados a la atención al público.

Cada semana en España se trabajan casi siete millones de horas extra entre todos los ocupados. De ellas, unos tres millones no se cobran, según un estudio de CC OO elaborado a partir de los datos de la encuesta de población activa (EPA). Ese informe desvela, además, que son 364.400 los empleados que trabajan horas de más sin cobrarlas y otros 415.400 los que las hacen cobrando. Los cálculos del sindicato apuntan que, si dejara de cometerse ese fraude cotidiano, se podrían crear unos 74.700 empleos adicionales en la economía española con sus correspondientes cotizaciones sociales.

Conforme ha ido consolidándose la recuperación, ha crecido el número de horas extra. Aunque ahora hay un cambio respecto a lo que sucedía en los peores momentos de la crisis, las que no se cobran (o no se pagan, según el prisma desde el que se mire) han dejado de superar a las que sí. Sin embargo, su número total sigue manteniéndose cercano a los tres millones.

Si estas horas se convirtieran en puestos de trabajo a tiempo completo, los cálculos de CC OO apuntan que este fraude le cuesta a la economía española unos 74.700 empleos. Esta irregularidad no solo tiene como consecuencia una menor creación de puestos de trabajo; también implica que la Seguridad Social recibe menos cotizaciones.

También le cuesta dinero al instituto previsor las horas extra cobradas. En este caso no porque no coticen, sino porque las cotizaciones que se pagan por ellas son menores que en el caso del tiempo ordinario de trabajo. El sindicato también ha calculado a cuántos puestos de trabajo equivalen estas horas: 95.900. Un aspecto reseñable de este estudio es que las horas extra no están distribuidas de forma uniforme entre todos los trabajadores. En realidad, son unos 825.500 los que trabajan por encima de la jornada prevista inicialmente en los contratos laborales y en los convenios colectivos. De estos, algo menos de la mitad (364.400) serían los que no reciben nada.

“Las horas extra no pagadas son una forma de explotación que se concentra en mayor medida en empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo, ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios, desempeñadas por hombres”, señala el informe.

El análisis sectorial revela en qué ramas de actividad se hacen más horas extra, pagadas y no pagadas. En conjunto, destaca la industria manufacturera, con más de 1,1 millones de horas a la semana. En cambio, si solo se toman las que se dejan de pagar la clasificación la encabeza la hostelería, con 418.000, seguida del comercio y la reparación de vehículos (345.000) y la educación (340.000).

Toda esta situación cambia si en lugar de analizar números absolutos se toman porcentajes. En este tipo de análisis, destaca el sector financiero, en el que el 94% de sus horas extraordinarias no se cobran. Este dato confirma una de las denuncias habituales de los sindicatos del sector bancario.

Por otra parte, ayer el diario económico Cinco Días adelantó la propuesta que el Gobierno ha hecho a los agentes sociales para reformar el Estatuto de los Trabajadores en el control de jornada. Si finalmente se aprueba con esta redacción, la empresa tendrá cada día “la obligación de registrar la jornada de cada trabajador [...] y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida”. Además, establecerá la obligación de que los empleados reciban cada mes la información sobre el número de horas ordinarias y extraordinarias que han hecho. Además de los interesados, también “los representantes de los trabajadores serán informados mensualmente por el empresario sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado”.

Nuevo registro de jornada

(Cinco Días, 28-11-2018)

Los trabajadores van a tener que volver a fichar a la entrada y a la salida de su puesto de trabajo. Si sale adelante la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez, el Estatuto de los Trabajadores va a reconocer como derecho laboral básico de cada empleado “conocer la duración y la distribución de su jornada ordinaria de trabajo, así como su horario de trabajo”.

Así lo recoge el último borrador de propuesta de modificación del registro horario en las empresas que ha enviado el Ministerio de Trabajo a los sindicatos y los empresarios. El texto propuesto por el Ejecutivo reforma cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores (4, 12, 34 y 35) y otro artículo más de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

De esta forma, para que se haga efectivo este nuevo derecho de los trabajadores, la ley que regula el mercado de trabajo especificará en el artículo 34 del citado Estatuto cómo deberán registrar la jornada las empresas. “Será de obligación de la empresa registrar la jornada de cada trabajador. Este registro de jornada será diario y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida”, indica el borrador legal del Ejecutivo.

Esto supondrá, por tanto, la vuelta al tradicional sistema de fichar al llegar y al marcharse del trabajo que, a fecha de hoy, aún tienen muchas grandes empresas, pero prácticamente ninguna de las medianas y pequeñas.

La propuesta del Gobierno, que en todo caso necesitará el respaldo parlamentario para salir adelante, recoge también que “los convenios colectivos podrán establecer la forma de organización del registro de jornada y de acceso al mismo de la persona trabajadora”.

El Gobierno tiene previsto revalorizar las pensiones de 2018 con el IPC de diciembre para compensar la pérdida de poder adquisitivo, según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio. Teniendo en cuenta las previsiones de inflación para final de año, esto supondría un coste para la Seguridad Social que rondaría los 386 millones de euros.

En el acuerdo de Presupuestos, el Gobierno se comprometió con Unidos Podemos a que, en el caso de que la subida de los precios superase el 1,6% al final del año, los 8,6 millones de pensionistas recibirían una paga compensatoria a principios de 2019 para igualar dicha alza, con el fin de no perder poder adquisitivo.

El objetivo del Ejecutivo, sin embargo, es que el IPC cierre el año por debajo del 2%, varias décimas por encima del 1,6% previsto en los Presupuestos. De cumplirse esas previsiones, y teniendo en cuenta que, según fuentes de Trabajo, cada décima de desviación costará 128,6 millones de euros, el gasto de la actualización retroactiva de las pensiones para 2018 se elevará a los 385,8 millones de euros si cierra en el 1,9%. Además, dado que esa paga se consolida habitualmente en la nómina de las pensiones para el año siguiente, habría que multiplicar por dos esa cantidad, lo que resultaría en un gasto de 771,6 millones de euros entre 2018 y 2019.

Hasta ahora, la duda estaba en saber si Trabajo usaría como referencia el IPC de noviembre, tal y como se procedía hasta la reforma del 2013 llevada a cabo por el PP –que implicó la aplicación del denominado índice de revalorización de las pensiones–, o el de diciembre, como había acordado con Podemos. Dado que el dato definitivo de la inflación de diciembre no se sabrá hasta enero, este cambio podría retrasar el abono de la paga hasta febrero.

Otros indicadores, como el panel de expertos consultado por el think tank Funcas, prevén en cambio que la inflación a cierre de año sea algo menor, del 1,8% en lugar del 1,9%. Esto supondría dos décimas por encima de lo previsto en los Presupuestos, lo que reduciría el gasto de la paguilla a 257,2 millones de euros este año, y a 514 millones si se suma la revisión de 2019.

Durante su intervención, la ministra Valerio ha afirmado que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom.

Valerio ha subrayado que no hay que tener una "visión catastrofista" de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está "bastante tocado" y el sistema, endeudado.

"Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.

Respecto al acuerdo sobre las cotizaciones de los autónomos, alcanzado la semana pasada con la las organizaciones ATA, UPTA y CEAT, la ministra se ha mostrado convencida de que "esta semana [el pacto] estará totalmente definido", tras haber sido sometido a debate en la mesa del diálogo social. Valerio ha remarcado que el acuerdo permitirá equilibrar las aportaciones de los autónomos al tiempo que les dotará de mayor protección, mejorando las prestaciones por contingencias comunes y profesionales.

La responsable de la cartera de Trabajo ha añadido que este acuerdo supone un régimen transitorio, ya que la voluntad del Gobierno es avanzar el año que viene hacia un sistema de cotización según ingresos reales, con el fin de "dar un trato diferenciado a aquellas personas que tengan ingresos por debajo del SMI". "Pero un sistema de ingresos reales no se improvisa", ha remarcado la ministra, al tiempo que ha explicado la "dificultad de un sistema para el que hay que cruzar millones" de cotizaciones y tributaciones.

Una primera sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado julio (asunto Somoza) y una segunda, hecha pública en octubre por el Tribunal Supremo, han dado un vuelco a la tradicional subrogación convencional contemplada en convenios como el de la limpieza o el de seguridad privada.

Distintas fuentes consultadas coinciden en que se produce, de facto, un paso a la subrogación legal, en la que rige el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Al traspaso de plantillas se suma también la asunción de la responsabilidad solidaria laboral y de Seguridad Social. El asunto ha caído como una bomba entre compañías de servicios intensivas en mano de obra.

En el caso que ha llevado al Supremo a unificar doctrina, Clece había sido denunciada por una antigua empleada de la limpieza del aeropuerto Virgen del Camino (León), cuya disputa salarial ascendía a 2.900 euros. La filial de ACS elevó recurso de casación al TS y la respuesta ha llegado con fuerte onda expansiva. En el caso que ha llevado al Supremo a unificar doctrina, Clece había sido denunciada por una antigua empleada por un conflicto salarial de 2.900 euros

Vista la doctrina marcada por el TSJUE, y que asume el Alto Tribunal español, la carga a soportar ahora por cualquier contrata, que sucede a una anterior, incluye a la totalidad de los trabajadores (también en el caso en que la nueva adjudicación reduzca las tareas encomendadas) y se lleva el riesgo de posibles deudas con organismos como la Seguridad Social o Hacienda.

A la vista de que las empresas pueden ser sometidas a inspecciones que abarcan los cuatro años anteriores, las cargas o costes en que podrían incurrir las contratas son un misterio en el momento de firmar una adjudicación y subrogarse el personal.

Hasta que el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ha decidido alinearse con el TJUE, en España eran subrogables los trabajadores con más de siete meses adscritos al servicio en que se produce la sucesión de empresas adjudicatarias. Y la nueva empleadora tenía potestad para quedarse solo con los equipos humanos necesarios para prestar la tarea en el caso de que el órgano contratante hubiera introducido cambios.

En los fallos del tribunal con sede en Luxemburgo y del Supremo se ofrece un papel predominante al concepto de “sucesión de plantillas” y se califica a los recursos humanos como “entidades económicas” en actividades en que la subrogación de mano de obra tiene más relevancia que el traspaso de infraestructura productiva.

En este sentido, el TS afirma que “se produce una transmisión de empresa, encuadrable en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si la sucesión de contratas va acompañada de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante”. Esa trasmisión de empresa incluye la asunción de las obligaciones del empleador saliente. “A efectos jurídicos es como si se tratara de la adquisición de una compañía y sus actividades”, argumenta un conocido abogado especialista en laboral.

Otro de los consultados por este periódico, directivo del sector de la seguridad privada, recuerda que su convenio sectorial recoge en el artículo 14 la regulación de la subrogación y límites a la responsabilidad, salvaguarda que se ha convertido en arma de doble filo. “Ese artículo 14 el convenio obliga a las empresas a mantener en plantilla a los empleados con más de siete meses de servicio. Y la nueva doctrina del Supremo añade que, si el personal subrogado supone una parte esencial de la plantilla, la subrogación se extiende a la totalidad de la misma, incluso si en el cambio de contrata se contempla una reducción del servicio”.

La típica subrogación convencional queda prácticamente encadenada, por tanto, a la sucesión de plantilla y de empresa, tal y como contempla la Directiva 2001/23 y en línea con sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, este último se había declarado incompetente en pasado verano en el conflicto entre normas nacionales, como son el citado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y convenios sectoriales, quedando ahora marcado el predominio del 44 sobre transmisión de empresa.

Mercantil, civil y administrativo

La confianza de los consumidores y empresarios en la economía de la eurozona cayó dos décimas durante noviembre, hasta los 109,5 puntos, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) descendió ocho décimas, hasta los 109,6 puntos. Son los datos recogidos en el Indicador de Sentimiento Económico (ISE) publicado hoy por la Comisión Europea, donde también se precisa que la confianza de los consumidores y empresarios en España retrocedió tres décimas durante el undécimo mes del año, hasta los 107,1 puntos.

Entre las grandes economías de la moneda única, el principal retroceso tuvo lugar en Italia (1,2), inmersa en una disputa con el Ejecutivo comunitario por su plan presupuestario para 2019, pero aumentó en Francia (0,2), Holanda (0,1) y Alemania (0,6).Por sectores, en España progresó la confianza en la industria (de -1,5 a -0,8 puntos), el comercio minorista (de 9,5 a 10,7) y entre los consumidores (de -7,5 a -6,6).Las bajadas se produjeron en los servicios (de 20,9 a 19,6 puntos) y en la construcción (de 2,2 a -0,2).En el área del euro, el retroceso de dos décimas se debió a que la confianza entre los consumidores cayó de forma acusada, pero en los servicios y la construcción permaneció estable y mejoró en la industria y el comercio minorista.

En concreto, la confianza de la industria creció 0,4 puntos por las mejores expectativas de los directivos sobre la producción y su valoración sobre los niveles actuales de los pedidos, en tanto que su evaluación sobre las reservas de productos acabados empeoró de manera leve.

La falta de cambios en los servicios respondió a la mejora de la opinión de los directivos sobre la demanda pasada, que se vio perjudicada por un deterioro de las expectativas de demanda y valoraciones de la situación empresarial pasada.

El Gobierno adaptó el sábado a la legislación española una avalancha de normativa europea relativa a los mercados de valores. La mayor parte de ella ya estaba en vigor puesto que procede de reglamentos europeos, que gozan de efecto directo, a diferencia de las directivas.

El común denominador de toda esa normativa es ampliar el poder de la CNMV en la vigilancia del mercado. Se le otorgan más competencias para vigilar la información privilegiada y para controlar al milímetro la comercialización de productos financieros.

El organismo que preside Sebastián Albella podrá acceder a los registros de llamadas –no a las conversaciones– y de tráfico de datos de las operadoras de telefonía. El jefe de la CNMV solicitó esta potestad al Gobierno anterior, que aceptó la petición. Nadia Calviño, la actual ministra de Economía, ha respetado esta demanda. Así, el supervisor, tras solicitar el acceso al juzgado central de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas, podrá acceder a esos registros.

Hasta ahora, solo podían llegar a esos datos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando desempeñen funciones de policía judicial, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Otro de los cambios clave de la ley del mercado de valores es la diferenciación entre información privilegiada y “otra información relevante”. En esencia, las empresas cotizadas tendrán que rotular cuando informen al mercado de datos de carácter concreto que, de hacerse públicos, podrían influir de manera apreciable sobre su cotización. Fuentes jurídicas explican que este es el concepto que se utiliza en el ámbito europeo y que es el preferido por la CNMV, de ahí esta modificación.

Los resultados empresariales, por ejemplo, se considerarán “otra información relevante”, mientras que la firma de un megacontrato con un gran impacto en el negocio futuro será “información privilegiada”. Lo curioso es que esa información obviamente dejará de ser “privilegiada” en el mismo instante en que se publique.

Así, los actuales “hechos relevantes” se dividirán en dos clases. Cuando se publique “información privilegiada” se hará constar expresamente tal condición, se creará un archivo específico para ella y se separará de las otras comunicaciones. Estas últimas serán aquellas informaciones de carácter financiero o corporativo que previsiblemente no tendrían efecto directo en la acción.

Otro poder de la CNMV que ha sido puesto negro sobre blanco en la ley española del mercado de valores es la capacidad de prohibir “la comercialización de un producto de inversión minorista empaquetado”. Cierto es que la CNMV, gracias a un reglamento europeo en vigor desde el pasado enero que desarrolla Mifid 2, ya contaba con esta capacidad.

El organismo que dirige Sebastián Albella dispone de la autoridad para vetar sine die la venta de productos financieros como depósitos estructurados, fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), derivados en general y, en particular, opciones binarias y contratos por diferencias (CFD). Estos dos últimos productos son la diana actual del supervisor, pues existe una resolución de la CNMV a consulta pública para prohibir las primeras y restringir las segundas ad eternum.

El BCE estudia medidas de liquidez

(Expansión, 21-11-2018)

Los meses de octubre y noviembre están siendo difíciles para acudir al mercado de capitales y el año próximo trae nuevas complicaciones que pueden hacer la financiación más costosa para los bancos, en especial para los italianos. Mientras todo el sector aguarda con máxima expectación un alza de tipos que tarda en llegar, la banca de la zona euro deberá afrontar en 2019 las primeras devoluciones de las líneas de liquidez vinculada a la concesión de crédito (TLTRO) que el BCE comenzó a ofrecer en junio de 2016 y con las que ha prestado a las entidades 740.000 millones de euros.

El gran desafío de este proceso de devolución se presenta para la banca italiana, la que más dinero solicitó en aquellas subastas. En concreto, 244.000 millones de euros, el 33% del total concedido.

El sector no está obligado a devolver esa financiación hasta al cabo de cuatro años, a partir de junio de 2020, pero si apura esos plazos se verá penalizada en sus ratios de liquidez. Así, en el cálculo de la ratio de financiación estable neta de las entidades dejan de computar los recursos a plazos más cortos: no cuentan los que vencen en menos de seis meses y solo lo hacen al 50% los que se amortizan en el plazo de un año. A la presión por empezar a devolver de forma anticipada esas líneas de liquidez TLTRO se suma además el fin de las compras de deuda del BCE, de modo que la institución dejará de adquirir las cédulas hipotecarias del sector.

La amortización de las megainyecciones de liquidez y el fin de las compras del BCE son los efectos del proceso de normalización de la política monetaria emprendida por Draghi, aunque la confluencia de ambos factores en un mercado cada vez más volátil ha elevado el temor a posibles problemas de liquidez en la banca. Sobre todo, en la italiana, para la que se ha cerrado el mercado de capitales en los últimos meses a medida que ha ido creciendo el desafío del Gobierno italiano ante Bruselas con la elaboración de sus presupuestos.

La Comisión Europea anunciará hoy su respuesta a la negativa mostrada la semana pasada por Roma a rectificar sus cuentas públicas para 2019, que insisten en mantener un déficit del 2,4%. Ante la creciente tensión, la prima de riesgo italiana subió ayer un nuevo peldaño hasta máximos no vistos desde 2013 y trepó a los 326 puntos básicos, con el bono a 10 años en el 3,6%1%, en niveles de 2014.

Sobre la mesa del BCE está por tanto el estudio de nuevas medidas de liquidez –que tanto entidades como inversores ya contemplan– con las que evitar un encarecimiento excesivo del coste de financiación de los bancos y que sería difícilmente asumible para las entidades italianas. “En términos globales, no hay apuros de liquidez en la banca de la zona euro. Hay exceso de liquidez en la facilidad de depósito, pero el problema es Italia”, afirman desde una entidad financiera.

“El BCE va a tener que hacer alguna operación de liquidez. Los vencimientos de las líneas TLTRO son muy elevados y la alternativa es financiarse en mercado a precios más caros, lo que al final resulta en una política monetaria más restrictiva”, explica Francisco Carmona, director general de Unicredit en España.

Las entidades financieras españolas han aceptado ya devolver a su clientela 2.292 millones de euros de las cláusulas suelo hipotecarias opacas, según revisaron representantes del Gobierno, la banca, los consumidores y el supervisor financiero reunidos en la cuarta comisión de seguimiento, control y evaluación del mecanismo extrajudicial de devolución habilitado en enero de 2017.

La cifra supone la mitad de los cerca de 4.700 millones de euros ingresados por el conjunto del sector gracias a estas condiciones, que limitan la rebaja de cuotas de la que disfruta el consumidor pese a la caída del euríbor a mínimos históricos y que la justicia ha declarado nulas cuando se comercializaran sin la debida transparencia.

Con datos a cierre de agosto, es decir en algo más de año y medio, la banca ha recibido 1.166.485 solicitudes de devolución del dinero abonado por estas cláusulas, "lo que pone de manifiesto el significativo volumen de solicitudes que el mecanismo establecido por la norma en vigor ha permitido canalizar y atender por vía extrajudicial", informó el Banco de España.

El sector financiero ha admitido a trámite un 64,7%, tiene pendiente de analizar un 0,7% y ha rechazado un 34,6%. La banca justifica esta última cifra alegando que en cerca de la mitad de los casos los solicitantes no tenían cláusulas suelo mientras que la otra mitad mantenía ya en marcha un procedimiento judicial de reclamación.

La banca ofrece pagar 2.226 millones por la vía pactada a medio millón de afectados por las cláusulas suelo. De los escritos admitidos a trámite, las entidades han estimado un 68,5%, 517.502 solicitudes, alcanzando un acuerdo con el 93% de los interesados a los que han devuelto 2.292 millones de euros a razón de 4.430 euros por cliente, de media. Según asegura el supervisor financiero, "la evolución de los datos evidencia la reducción paulatina del número de solicitudes presentadas por los ciudadanos".

Desde la asociación de consumidores Adicae, que forma parte de la comisión, criticaron el alto volumen de solicitudes desestimadas o en las que las que no se alcanzó un acuerdo porque la entidad ofreció a su cliente una cuantía menor a la que le correspondía por una devolución con retroactividad total, como exige el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Buena parte de estos casos, recuerdan, acaban atascados en los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria que el Ejecutivo anterior puso en marcha en junio de 2017 y que han tramitado ya 305.437 causas contra la banca, de las que apenas ha podido resolver una cuarta parte.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.

Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.

Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.

"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.

Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.

La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

Sector

El Tribunal Supremo acaba de aplicar por primera vez la nueva doctrina sobre los intereses de demora de las hipotecas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado verano respaldó la jurisprudencia de la Sala Primera, y declaró nula por abusiva cualquier penalización que supere en dos puntos porcentuales el interés remuneratorio del préstamo.

En aplicación al reciente fallo europeo, el Supremo acaba de anular por abusivo el interés del 25% que aplicaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), luego absorbida por Banco Sabadell, ante los retrasos en el pago de cuotas hipotecarias.

Como consecuencia, el alto tribunal español corrige la sentencia recurrida en casación, que sustituía el interés de demora abusivo por otro equivalente al triple del interés legal del dinero. Sin embargo, rechaza la pretensión del consumidor recurrente de quedar liberado de pagar interés alguno.

En su lugar, el Supremo da por valido mantener el interés remuneratorio original del crédito, del 4,75%, “que sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución”, explica una nota del gabinete técnico del Supremo.

Fue el propio Supremo quien, después de la corrección que le impuso la Corte de Luxemburgo estableciendo la devolución de las cláusulas suelo irregulares con retroactividad total, elevó una consulta prejudicial a la justicia europea para curarse en salud sobre este asunto, que también despertaba una importante controversia judicial.

"El TJUE decidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajusta al Derecho de la Unión y, en particular, a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores", recuerda el Supremo.

Las tres sentencias del Pleno de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que establecen que sea el cliente el que abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) -impuesto que se aplica a las hipotecas- carga contra los cinco magistrados de una de las secciones de este tribunal que fallaron inicialmente a favor del prestatario en este asunto, a los que se critica duramente su "drástico viraje jurisprudencial" y su "arbitrismo judicial".

Las resoluciones, que superan las 180 páginas cada una, evidencian la grave fractura en el seno del tribunal respecto a este asunto, ya que parecen servir de excusa para saldar cuentas entre las dos facciones en las que se dividió la Sala que falló el pasado 6 de noviembre por 15 votos frente a 13 a favor de anular la novedosa jurisprudencia de la sección especializada en tributos y volver a la jurisprudencia tradicional, que libra a las entidades bancarias del pago del tributo.

Posteriormente, un Decreto-ley del Gobierno dio de nuevo la vuelta al asunto y eximió a los clientes en detrimento de los bancos, por lo que al cabo el criterio de la mayoría quedará en nada, al menos para las nuevas hipotecas que se constituyan.

Los quince magistrados que inclinaron la balanza a favor de los bancos critican las resoluciones iniciales porque se actuó sin que se hubiera producido una modificación previa del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, "un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia".

Recuerda también la mayoría de la Sala que la "fijación definitiva de jurisprudencia es, precisamente, una de las finalidades básicas -si no la que más- de los plenos jurisdiccionales", y acusan a los firmantes de las sentencias iniciales de causar "arbitrismo judicial" con su inesperada decisión.

En lo que se refiere a la cuestión que constituye el núcleo del litigio, la sentencia recuerda que la Sala mantenía desde 1988 con la normativa anterior y desde 2001 con la ahora vigente una jurisprudencia constante en la que se atribuía al prestatario el pago del referido impuesto.

A su vez la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo había declarado que, en armonía con la jurisprudencia de esta Sala Tercera, en la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados era el prestatario. Entender lo contrario, insiste la mayoría a lo largo de su resolución, "sería tanto como sostener que la atribución de asuntos a las secciones, que se acuerda anualmente por la Sala de Gobierno a propuesta del Presidente de cada sección, es una suerte de atribución competencial excluyente que impide que el Pleno asuma la fijación de doctrina en cualquier materia".

A este respecto precisa la sentencia que resulta "fútil" el argumento de que con las tres sentencias de octubre ya se había sentado jurisprudencia, y que no resultaba admisible su revisión inmediata por el Pleno de esta Sala. "Y no ya sólo porque los tres recursos fuesen idénticos y deliberados conjuntamente -que también-, sino porque como se acaba de señalar y es evidente, cualquier criterio jurisprudencial, incluso consolidado, puede cambiarse", aducen.

Así, pudo separarse la Sala especializada en tributos en las referidas sentencias de la Sección Segunda respecto a una jurisprudencia de décadas, y así lo ha hecho el Pleno de la Sala respecto a tres únicas sentencias discordantes con dicha jurisprudencia, "se considere o no que tal posición discrepante haya de ser calificada o no propiamente como jurisprudencia, a la vista de que fue un criterio adoptado en recursos idénticos en una misma deliberación y, sobre todo, a la vista de su inmediata desautorización por el Pleno".

En conclusión, lo discutible del criterio adoptado por la Sección que firmó las sentencias iniciales -el no tener en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en una jurisprudencia "inveterada y sin fisuras", "la absoluta pertinencia en pro de la seguridad jurídica y de la propia noción de jurisprudencia de mantener en tales circunstancias la existente por encima del criterio subjetivo de quienes componen un órgano en un determinado momento"- entre otros factores, fueron los que determinaron que el Pleno "no pudiera asumir ni, por tanto, ratificar el cambio jurisprudencial tan inopinado como radical como ha sido el acometido" por la Sección Segunda, que fue la que firmó las tres resoluciones iniciales.

De conformidad con lo todo ello, la posición del Pleno en relación con el objeto litigioso es la de confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sentido de que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios es el prestatario. Dicha conclusión parte de reconocer que el préstamo "tiene sentido y viabilidad en sí mismo, sin perjuicio de que sin la garantía hipotecaria estaría presumiblemente sometido a condiciones más rigurosas en beneficio del prestamista".

Por ello, no considera el Pleno de lo Contencioso del Supremo que "el requisito de la inscribilidad del acto deba acarrear la consecuencia, como se sostiene en las sentencias de la Sección Segunda, de hacer prevalecer a la hipoteca sobre el préstamo como negocio principal a efectos tributarios en las escrituras públicas en las que se documentan préstamos con garantía hipotecaria, en contra -se insiste- de una jurisprudencia constante y uniforme".

Si eso es así, "es claro que desde un punto de vista tributario es el préstamo el que debe guiar la interpretación de las consecuencias tributarias que sean de rigor". Todo ello, añade la sentencia, "a reserva de una previsión expresa del legislador en sentido contrario, como precisamente ha ocurrido con la aprobación por parte del Gobierno mediante un Real Decreto-ley, con posterioridad a la decisión de este asunto por el Pleno.

Los notarios españoles han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el año 2006, según ha informado el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido. Estas cifras han sido difundidas en la inauguración del encuentro Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución. Este evento está organizado por el Consejo General del Notariado y la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a profesionales de 88 países.

El director de general de los Registro y el Notariado, Garrido, ha afirmado que las nuevas tecnologías y la globalización permiten realizar operaciones al margen de la ley que son difíciles de seguir. Además, el blockchain y otras criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. "La colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos adquiere un carácter fundamental en la persecución de estos delitos", ha explicado Garrido.

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, ha resaltado la concienciación del notariado español contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Martínez Sanchiz ha hecho hincapié en la dificultad para los notarios de perseguir estos delitos. "La sociedad ha cambiado y la delincuencia cuenta con posibilidades inimaginables. Hay que dejar de considerar a los delitos económico como de cuello blanco, son una lacra", ha aseverado Martínez Sanchiz.

El presidente de la UINL, José Marqueño, ha explicado que los objetivos del foro que se celebra este martes y miércoles deben servir para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. "Tras este foro se presentarán propuestas concretas al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece los estándares mundiales de prevención para los delitos económicos", ha concluido el Marqueño.

Las injerencias de los partidos políticos —acentuadas en las últimas semanas— han sumido al Poder Judicial en una crisis inédita. El magistrado Manuel Marchena renunció este martes a ser candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue propuesto por el PP y el PSOE. La decisión de Marchena para defender su independencia dinamitó el pacto para renovar el CGPJ, que el Gobierno trata ahora de salvar.

Manuel Marchena apretó a primera hora de este martes el botón nuclear. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo renunciaba por sorpresa a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. A través de un comunicado, Marchena reaccionaba, sin mencionarlo, al mensaje de Whatsapp enviado el día anterior por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 compañeros de su grupo parlamentario, en el que defendía la designación de Marchena como máximo representante del Poder Judicial.

En aquel mensaje, Cosidó destacaba la experiencia y la capacidad jurídica de Marchena y argumentaba que su nombramiento, pactado con el PSOE, permitiría controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala Segunda, de lo Penal, que juzgará en enero la causa por rebelión en el procés.

“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalcó Marchena en su comunicado de renuncia. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añadía la nota.

La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace nueve días por el Gobierno y el PP, y tratada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano.

Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores. Marchena ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial.

Hacienda no puede argumentar un plan de control tributario para pedir los datos personales de todos los abogados y procuradores que han participado en procedimientos judiciales en un periodo de tiempo. Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia (accede aquí al texto) que estima el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio el visto bueno parcial a la petición de la Agencia Tributaria. El único dato sensible que el CGPJ se negaba a dar era el del cliente de estos profesionales.

En su sentencia, el Supremo declara dicho informe contrario a derecho. La Sala argumenta que los planes de control tributario de Hacienda no justifican una solicitud global sobre la totalidad de los abogados como la realizada.

Dicho acuerdo, de 20 de julio de 2017, admitía la entrega de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. La Comisión Permanente informaba favorablemente, de conformidad con un informe del Gabinete Técnico del Consejo, sobre la petición formulada por la Agenda Estatal de la Administración Tributaria relativa a la remisión de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, salvo en el dato que pretendía Hacienda relativo a la identificación del cliente.

Asimismo, la Comisión Permanente del CGPJ establecía la comunicación del acuerdo, junto con el informe del Gabinete Técnico, al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, “a los efectos de que, en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas en el expresado informe y en el aprobado por la Comisión Permanente del día 27 de julio de 2016, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales”.

Los datos de los que quería disponer Hacienda eran la identificación, referente a 2014,2015 y 2016, de cada abogado y procurador que hubiese intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional, con datos como fechas de inicio de su intervención en el procedimiento, importe en litigio o identificación del cliente (la remisión de este último dato fue informado en contra por el CGPJ).

Entre otros argumentos para considerar disconforme a derecho el acuerdo, el Supremo explica que los planes de control tributario de Hacienda de 2016 y 2017 no justificaban un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía como es el que era objeto de controversia.



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DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL
Memento Práctico Recurso de Amparo 2020 - 2021

Autor: Manuel Aragón Reyes (Coordinador)
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794996
600 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el  25 de Septiembre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 80,08 €
Precio final por compra On-Line: 72,07 (I.V.A. incluido)
 
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