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Los consejos de la semana

Laboral

El Congreso pide que los vales de comida de hasta 11 euros no computen en la base de cotización

La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha reclamado al Gobierno que los vales de comedor de hasta 11 euros no computen en la base de cotización de la Seguridad Social.

La iniciativa, acordada por Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT a partir de una proposición no de ley de esta última formación, ha salido adelante con estos apoyos, ya que tanto PP como PSOE han optado por abstenerse.

En concreto, el texto aprobado por el Congreso pide la modificación de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de incluir la prestación del servicio de comedor entre los conceptos que no computan en la base de cotización.

Sin embargo, establece una cuantía máxima de 11 euros diarios, o en la misma que esté prevista en cada momento en la normativa del IRPF, y también tiene en cuenta la garantía del equilibrio del sistema de la Seguridad Social.

Mercantil, civil y administrativo

Imposición de deber de vigilancia reforzada a los concesionarios de autopistas ante nevadas u otras situaciones meteorológicas adversas

Desde el Ministerio de Fomento, se ha dictado recientemente el Real Decreto-ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que modifica la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Entre las medidas que se adoptan, se encuentra la de dar una mayor cobertura a la gravedad de las infracciones que los concesionarios de autopistas puedan cometer, ocasionando un gran perjuicio a los usuarios, e imponerles mayores sanciones cuando afecte significativamente a los mismos.

En esta época invernal, las nevadas y concentraciones de automóviles en carretera son frecuentes debido a los temporales. Cuando esas circunstancias meteorológicas ocurren, los concesionarios de carreteras han de salvaguardar tanto la seguridad ciudadana como la vial, por eso tienen un deber de vigilancia reforzada.

La infracción de este deber de vigilancia, estaba castigada por la Ley de Carreteras, antes de que se dictara el Real Decreto- ley 18/2018, como infracción grave. Ahora, tras su modificación, cuando por parte de los concesionarios se perjudique significativamente a los usuarios mediante negligencia en la prestación de servicios, o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión, y sin perjuicio de las penalizaciones contractuales que, en su caso se encuentren establecidas en los correspondientes contratos, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, en materia de protección del dominio público viario y de sus zonas de protección.

Se ha de tener en cuenta que, dado el deber de vigilancia reforzada que incumbe al concesionario, salvo prueba en contrario, se presumirá dicho perjuicio cuando en un intervalo de 24 horas se interrumpa la continuidad del servicio durante más de 2 horas o resulten afectados por ello más de 30 vehículos. Igualmente, se presumirá dicha negligencia del concesionario cuando, ante situaciones meteorológicas adversas, incurra en falta de previsión, incumpla injustificadamente los planes operativos previstos para dichas contingencias, no disponga de los medios que le fueran exigibles, no proporcione información suficiente a los usuarios o no adopte las medidas necesarias para la regulación del tráfico.

El ejercicio de esta potestad sancionadora le compete al Ministerio de Fomento, por tener la consideración de infracción muy grave. El procedimiento para sancionar estas infracciones se iniciará de oficio por el órgano competente del Ministerio de Fomento, bien por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros órganos o denuncia.

Para la imposición de las sanciones, se atenderá a los daños y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, y, cuya multa oscilará entre 15.001 a 300.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de las multas coercitivas, que se puedan imponer de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para conseguir la ejecución material de las órdenes de paralización, derribo o transformación que haya ordenado la Administración conforme a esta ley. Pero es que, además, la imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, y de la de restituir o reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con sus respectivos procedimientos y normativa de aplicación.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Tirón de orejas de la Comisión Europea al borrador de Presupuestos de 2019 que envió el Gobierno de Pedro Sánchez. La CE ha advertido que el Ejecutivo está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las directrices de reducción de deuda.

"Se considera que el plan presupuestario presentado por España corre el riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2019", asegura el Ejecutivo comunitario. Con todo, la Comisión ha confirmado que espera que el déficit español baje de la barrera del 3% del PIB [considerado excesivo] el año próximo, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

El Ejecutivo comunitario recuerda además que el borrador le fue remitido sin haber sido presentado en el Parlamento, por lo que pide al Gobierno que le envíe uno actualizado, así como al Eurogrupo, en caso de que haya diferencias importantes entre el borrador analizado y el que finalmente vaya al Congreso.

La evaluación de la Comisión del riesgo de las cuentas españolas se basa en sus previsiones macroeconómicas de otoño, presentadas el 8 de noviembre, que proyectan que el déficit público español se reduzca al 2,7% este año, como prevé el Gobierno, y el año próximo al 2,1%, tres décimas más de lo que espera España. En este sentido, apunta que en todo caso el déficit estaría por encima del 2,2% recomendado por Bruselas para 2018.

El Ejecutivo comunitario prevé además que España no cumpla con el ajuste del déficit estructural -sin tener en cuenta factores ligados al ciclo económico- del 0,65 % del PIB exigido (unos 7.600 millones de euros) y calcula que ni siquiera se efectuará el ajuste del 0,4 % (unos 4.600 millones) que prevé el Gobierno. Bruselas cree que el esfuerzo estructural será como mucho del 0,1% del PIB, lo que supone un desvío "significativo" de la senda marcada.

Bruselas prevé que el país no respete las normas de reducción de deuda -que obligan a rebajarla progresivamente cada año hasta la barrera del 60 % del PIB-, ya que según las proyecciones del Gobierno el ratio bajará al 95,5% en 2019 y de acuerdo con las de Bruselas al 96,2%, en ambos casos un descenso insuficiente.

El aumento del gasto público nominal sería del 1,7%, por encima del 0,6% recomendado, añade. España no, con todo, el único país sobre el que la CE ha detectado desequilibrios, también están Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y Suecia, Estados a los que Bruselas someterá, apunta en un comunicado, a un examen exhaustivo en 2019, según afirma. De hecho, con respecto a Italia el ejecutivo comunitario ha pedido abrir un expediente por déficit excesivo por su elevada deuda pública, que se encuentra en el entorno del 131% del PIB.

"Europa atraviesa un momento de bonanza económica, pero el aumento de los riesgos indica que no durará eternamente. Los países de la UE necesitan inversiones bien orientadas y un esfuerzo de reforma renovado para consolidar sus bases de crecimiento y aumentar la productividad. Por lo que respecta a la política presupuestaria, es el momento de reducir los niveles de deuda pública y reconstituir las reservas presupuestarias, lo que nos dará el margen de maniobra necesario cuando llegue la próxima etapa de recesión. Asimismo, es el momento de avanzar en la profundización de la unión económica y monetaria de Europa", ha asegurado el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis.

Cuando un trabajador percibe dietas de su empresa por los gastos de viaje, comidas y alojamiento no tiene que tributar por estos en su declaración de la renta (IRPF). Pero como algunas sociedades abusan de esta vía para pagar más a sus empleados sin aumentar su carga fiscal, la Agencia Tributaria vigila con celo estos gastos. Verifica que realmente se han producido y que efectivamente está relacionado con la actividad laboral. En caso contrario, el fisco considera que se trata parte de la retribución por el que se debe tributar. Pero si se abre una investigación, ¿es la empresa o el trabajador que gastó quien tiene la responsabilidad de ofrecer pruebas? Depende.

Durante mucho tiempo ha surgido la duda sobre quién tiene que justificar estos gastos cuando la Agencia Tributaria inicia una comprobación a un empleado, porque se da la circunstancia de que, aunque es el empleado el que cobra las dietas, los recibos o facturas que lo justifican suelen estar en manos de la empresa. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la instancia administrativa que dilucida las cuestiones tributarias, y unifica el criterio de la Administración, dictó una resolución el pasado 6 de noviembre en el que aclara algunos aspectos de esta controversia.

El TEAC advierte de que "no existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas". José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara: "Esto quiere decir que cualquier trabajador que haya percibido dietas puede sufrir una comprobación en su IRPF. Cuestión diferente es quién tiene la carga de la prueba de acreditar la realidad de las dietas, y su vinculación con la actividad laboral.

Lo primero que comprueba Hacienda cuando abre una inspección por esta cuestión es analizar si los gastos están relacionados con la actividad de la empresa. Salcedo explica que "esta no es una cuestión baladí. En la mayoría de los casos, Hacienda obliga a los trabajadores a tributar por estas dietas porque éstos no han podido acreditar su realidad ni su conveniencia para la actividad. Por tanto, en la medida en que dicha prueba correspondiera a la empresa, y no al trabajador, estas liquidaciones podrían ser anuladas".

Precisamente por esto, el TEAC, aclara en su resolución qué documentación corresponde aportar respectivamente, a trabajador y empresa, en estos casos. El resumen de la resolución es que el trabajador deberá justificar las estancias y los viajes cuando se desplace en transporte público. Y la empresa le toca dar cuenta de los gastos de locomoción cuando el desplazamiento sea en vehículo privado y los gastos de manutención.

Y así lo explica el TEAC: "Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella".

Salcedo precisa que la empresa deberá justificar la veracidad de los gastos de locomoción con vehículo privado y los gastos de manutención. Y tendrá que probar el día y el lugar del desplazamiento. Además, la empresa deberá justificar la razón o motivos de los desplazamientos. Es decir, que las dietas pagadas obedecen a razones laborales y de organización de la actividad.

Por otra parte, el TEAC también sostiene que "los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza las críticas de la Embajada de EEUU en España al nuevo impuesto sobre servicios digitales, más conocido por la Tasa Google. "España es un país que no se va a dejar amenazar por nadie", ha declarado tras revelar la oposición frontal del embajador estadounidense Duke Buchan al impuesto por considerarla una medida "unilateral" sin esperar al consenso de la OCDE.

Montero ha apuntado que EEUU "se alía con los intereses de grupos tecnológicos", y ha defendido el impuesto porque estos gigantes están practicando "competencia desleal" y deben pagar más impuestos, a su juicio. Montero cree que, al menos por ahora, "el tono del embajador no es de amenaza", pero se ha mantenido firme en lanzar en España "esta fiscalizad del siglo XXI", sin esperar consenso con EEUU en la OCDE.

La Embajada sostiene que la tasa "frenaría la innovación en España" y puede provocar que los grupos digitales trasladen inversiones a otros países". La ministra ha dicho que comprende que EEUU quiera "proteger algunos intereses", pero ha recalcado que el impuesto afecta a grupos con ingresos internacionales superiores a los 750 millones, por lo que pueden permitirse este aumento de presión fiscal.

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha avalado la decisión de la Comisión Europea en la que se declaró ilegal las ayudas concedidas por España a multinacionales por comprar empresas extranjeras gracias al régimen fiscal de amortización del fondo de comercio.

La legislación española permitía desde el 2002 a las sociedades que tributan en España amortizar durante 20 años el fondo de comercio resultante de una compra de una participación de al menos el 5% de una compañía extranjera, siempre que la mantuviera durante al menos un año.

El Ejecutivo comunitario dictaminó en el 2009 que este régimen era una ayuda pública ilegal en el caso de la adquisición de empresas europeas y en 2011 prohibió también estas ayudas para la compra de compañías de fuera de la UE. Además, ordenó la devolución de las bonificaciones concedidas desde diciembre de 2007.

Tras el recurso presentado por varias empresas establecidas en España, entre ellas Autogrill España, S.A. (actualmente World Duty Free Group, S.A.), Banco Santander y Santusa Holding, el Tribunal General de la UE (de primera instancia) anuló en 2014 las decisiones de Bruselas por considerar que no había demostrado el carácter selectivo de la medida.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia anuló a su vez este fallo del Tribunal General y le obligó a pronunciarse de nuevo sobre si la medida fiscal es o no selectiva, puesto que es uno de los requisitos necesarios para calificar una medida nacional de ayuda de Estado.

Tras haber revisado el caso, el Tribunal de Justicia ha concluido que este régimen fiscal es "selectivo" a pesar de que todas las empresas sujetas el impuesto de sociedades en España pueden acceder a la ventaja que establece dicha medida.

Los jueces europeos han defendido este punto argumentando que las sociedades que tributan en España y adquieren participaciones en compañías domiciliadas en España no pueden obtener la ventaja prevista en el mecanismo de deducción, a diferencia de lo que ocurre con las empresas que adquieren participaciones en el extranjero.

En esta línea, señalan que, según la jurisprudencia europea, una medida puede ser selectiva, aunque la diferencia de trato se base en la distinción entre empresas que optan por realizar ciertas operaciones y las que optan por no realizarlas, y no en la distinción entre empresas en función de sus características propias.

Por estas razones, el Tribunal General de la UE ha confirmado las decisiones de la Comisión Europea de 2009, incluida la disposición que permitía que esta medida fiscal siguiera aplicándose a las adquisiciones de participaciones anteriores al 21 de diciembre de 2007 o que se hubieran acordado antes de esta fecha.

El objetivo de esta disposición es proteger la confianza legítima de los beneficiarios del régimen fiscal que podrían pensar que no constituía una ayuda de Estado a causa de una posición anterior del Ejecutivo comunitario que descartó que fueran ilegales.

Multinacionales por la marca España se sumó ayer al clamor empresarial contra los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de subidas de impuestos a las compañías. El presidente de la organización, José María Palomares, advirtió al Ejecutivo de que "el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación fiscal no debe basarse en aumentos impositivos que desincentiven la actividad económica y fomenten la deslocalización de capital y talento", con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo.

Por el contrario, en la inauguración del V Congreso anual de la institución empresarial, que reúne a 40 de las grandes multinacionales extranjeras en España, Palomares explicó que "necesitamos un sistema fiscal estable, simple y eficaz" con el que trabajar. "No estamos especialmente contentos con unos anuncios de subidas de impuestos, que pueden debilitar nuestra posición competitiva frente al resto de países", dijo Palomares.

Entre otras decisiones, el Gobierno ha anunciado para 2019 próximas subidas de los impuestos de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. También ha propuesto un aumento, de hasta un 12%, de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 736 a los 900 euros mensuales.

Palomares mostró su preocupación por la "sensación de inestabilidad institucional" que transmite el Gobierno con sus reiterados anuncios de medidas y de rectificaciones. No es una crítica a las negociaciones con Podemos para sacar adelante los presupuestos, "porque la legitimidad la dan las urnas", sino de despejar las intenciones económicas y políticas para poder operar. "Necesitamos conocer la acción de Gobierno", dijo el presidente de Multinacionales por marca España.

Los empresarios demandaron "seguridad jurídica, con un marco institucional y entorno jurídico estable". En este sentido, el desafío del Gobierno independentista de Cataluña forma parte de lo que las compañías califican como Riesgo país. "Es un tema que nos preocupa, aunque ahora menos que hace unos años. Reclamamos nuestro apego a la legalidad vigente", dijo Palomares. Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aprovechó la inauguración del congreso de las multinacionales para defender ante los inversores "la estabilidad política" de la región. Una comunidad autónoma "que tiene los impuestos más bajos de España", con unos "presupuestos rigurosos, realistas y también ambiciosos".

Garrido recordó al auditorio de empresarios que, en el primer semestre del año, la inversión extranjera en la comunidad de Madrid ascendió a 2.260 millones de euros, el 70% de todo el capital extranjero recibido en España. También recalcó Garrido que "Madrid es líder en la creación de empleo en España", con 122.573 nuevos puestos de trabajo en el último año.

Pese a las críticas de las multinacionales, las secretarias de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y de la España Global, Irene Lozano, defendieron la labor económica del Gobierno y el cambio político. Además, resaltaron que "las políticas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario, [pactado con Podemos], son socialmente justas, pero también económicamente productivas. Además, resultan responsables desde la estabilidad presupuestaria". Así, Ana de la Cueva dijo que, aunque en el acuerdo "se recoge el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal". Coherente "con perseverar en la consolidación fiscal de la economía".

En esta línea, también defendió las medidas fiscales. "El Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará su papel como mecanismo distributivo de la renta", dijo la secretaría de Estado de Economía.

No obstante, Ana de la Cueva elogió el papel de estas empresas en la economía española. De hecho, las filiales en España suponen el 15% del PIB; el 40% de la industria y de la propia exportación española. Además, dan trabajo a 1,4 millones de personas.

Laboral

El directorio del FMI ha subrayado la necesidad de "salvaguardar la viabilidad financiera del sistema de pensiones", señalando que vincular permanentemente su revalorización a la inflación, sin introducir medidas compensatorias, colocaría el gasto en pensiones en una "pronunciada trayectoria alcista", por lo que ha pedido una aproximación transparente, exhaustiva y equitativa a las reformas del sistema de pensiones. A este respecto, Andrea Schaechter considera que las reformas de 2011 y 2013 abordaron las presiones financieras sobre el sistema de pensiones, aunque la aceptabilidad de dichos cambios ha sido puesta en entredicho por los ciudadanos.

"Está claro que serán necesarios más ajustes del sistema de pensiones", explica la funcionaria del FMI, añadiendo que, en su opinión, será "muy difícil" evitar completamente una reducción de las prestaciones en el futuro si no hay cambios fundamentales en las contribuciones al sistema y en el mercado laboral.

En este sentido, los dirigentes del FMI destacaron la fuerte creación de empleo registrada en España, lo que ha llevado a la institución a prever que la tasa de paro bajará este año al 15,6% y continuará disminuyendo los próximos años, situándose en el 14,7% en 2019 y el 14,3% en 2020.

A este respecto, el FMI ha alentado a las autoridades españolas a perseverar en las políticas y reformas dirigidas a mejorar de forma adicional la resiliencia económica, reduciendo la deuda pública, mejorando la productividad, recortando la desigualdad y aumentando el empleo, especialmente entre los parados de larga duración y los jóvenes.

Nadia Calviño, ha defendido la necesidad de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros el próximo año, y ha negado que vaya a tener un impacto negativo en la creación de empleo. “Sobre el conjunto de medidas, el impacto del plan presupuestario es neutro”, ha señalado la responsable de la cartera de Economía en un foro organizado por el semanario The Economist, en el que también ha participado el presidente Pedro Sánchez. Calviño ha explicado que, teniendo en cuenta otras medidas incluidas en los presupuestos para el próximo año, como “el aumento de la renta familiar y el plan de choque del desempleo juvenil”, la ecuación para el empleo acabará siendo neutra.

Tanto el FMI como el Banco de España y la Airef han pedido cautela al Gobierno con la subida del salario mínimo, el mayor de la historia de la democracia, hasta los 900 euros el año que viene. Según los tres organismos, el incremento del 22% implicará una pérdida de empleo centrado, fundamentalmente en los empleos menos cualificados. Fuentes comunitarias aseguraron que implicaría la pérdida de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo, en línea con los 40.000 anuales que apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. El Banco de España ha llegado a elevar la cifra a los 150.000 empleos.

La ministra ha querido insistir en la necesidad de esta medida para trasladar la recuperación económica a la mejora de la calidad del empleo. “Tenemos que replantearnos qué modelo de sociedad queremos, porque la competitividad con salarios tan bajos nos ha llevado a tener trabajadores pobres que no pueden llegar a fin de mes”, ha criticado, para añadir después que el Gobierno busca asegurar condiciones dignas para los ciudadanos que garanticen la “sostenibilidad social y económica a medio plazo”.

Calviño ha destacado además que la medida tendrá especial incidencia en la brecha de género, ya que “el 70% de las personas que perciben el salario mínimo son mujeres, y para ello es importante abarcar esta cuestión”.

En cuanto a los Presupuestos de 2019, sobre las que se pronunciará la Comisión Europea este miércoles, la ministra ha negado que su Gobierno haya hecho unas previsiones de ingresos muy optimistas y ha asegurado su determinación por trabajar en la disciplina presupuestaria. “Tenemos que ser más ambiciosos con el ajuste estructural, no lo podemos fiar únicamente a la buena marcha de la economía como se ha venido haciendo hasta ahora”, ha señalado.

“Parece que el Gobierno está dispuesto a considerar como acuerdo solo el pacto con los sindicatos, porque con lo que plantean no van a tener el respaldo de los empresarios; y, aun así, parece que quieren sacar su reforma adelante”, aseguraba ayer un representante patronal conocedor de la marcha de esta mesa negociadora. De esta misma opinión son los sindicatos, quienes consideran que los próximos cambios del mercado laboral podrían llevarse a cabo sin el acuerdo con las empresas.

En la reunión mantenida ayer por todas las partes estaba previsto dejar cerrada la reforma de la ultraactividad, de forma que se restituyera la prórroga automática de un convenio colectivo hasta que no se acuerde un convenio nuevo que lo sustituya. La intención del Gobierno es volver así a la situación anterior a la reforma laboral del PP de 2012, que fijó un límite de doce meses para negociar convenios vencidos, de forma que, transcurrido ese tiempo, el convenio y las condiciones laborales en él recogidas decaen.

Los representantes de CC OO y UGT respaldan este cambio de la negociación colectiva, pero CEOE-Cepyme no lo avala de ninguna manera. Según los empresarios, el límite de un año en la ultraactividad “no ha dado grandes problemas”. Y añaden que la mayoría de los convenios ya incluyen que se mantendrán vigentes hasta que no haya uno nuevo, con lo que el límite de los 12 meses no opera.

Además, desde CEOE insisten en que los posibles cambios en la ultraactividad de los convenios estaban dentro de los temas que patronal y sindicatos acordaron abordar de forma bilateral, al margen del Gobierno, cuando firmaron el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2018-2020.

El Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 6.330 que quedaban sin usar del crédito de 13.830 millones concedido por el Tesoro para pagar pensiones contributivas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esta nueva cantidad del préstamo se destinará costear las nóminas de noviembre y paga extra de Navidad de los 9,5 millones de pensiones existentes.

Asimismo, el Gobierno también ha informado al Comité de Seguimiento del Fondo de Reserva que dispondrá también de otros 3.000 millones de la hucha de las pensiones para abonar dicha extra navideña. Con esta nueva disposición, el fondo se quedará con una cuantía de entorno a los 5.000 millones de euros.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado la autorización del Gobierno del uso de lo que restaba del préstamo del Tesoro tras la habitual reunión del Ejecutivo de los viernes. No ha hecho, sin embargo, ninguna referencia a la disposición de los 3.000 millones que también se tomarán del fondo de reserva.

El gasto en pensiones se ha incrementado un 1,6% desde agosto pasado debido a las medidas de aumento de pensiones mínimas, asistenciales y de viudedad pactadas por el anterior Gobierno del PP y el PNV y asumidas por el actual Ejecutivo socialista y sus socios presupuestarios de Podemos. Con ello, la nómina y la extra de noviembre superarán los 18.000 millones de euros.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha enfriado hoy las expectativas de las principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA y UPTA, que ayer aseguraban que habían alcanzado un preacuerdo con el secretario de Estado de Seguridad, Octavio Granado para subir las bases mínimas de cotización de los autónomos un 1,25% e incrementar los tipos que se aplican sobre esa base del 29,80% al 30%. Esto supondría un aumento de 5 euros al mes de la cuota mínima que pagan ahora los autónomos (unos 60 euros al año) y, además traería aparejada una mejora de varias prestaciones (cese de actividad, incapacidad temporal o formación).

"Quiero aclarar que aún se está en fase de negociación; la reunión de ayer (entre Trabajo y ATA y UPTA) fue puntual, de las muchas que está habiendo con sus diversas organizaciones para llegar a un acuerdo y reformar el régimen especial de trabajadores autónomos en materia de cotización. Ayer hubo una reunión más pero todavía tiene que haber más reuniones con todas las asociaciones del sector", ha precisado hoy Valerio cuando se le ha requerido que precisara si había o no dicho pacto.

Y es que ayer mismo surgieron las primeras dudas sobre la existencia del citado preacuerdo. Apenas una hora después del término de la mencionada reunión, y una vez que ATA y UPTA habían anunciado públicamente los detalles del pacto surgieron las primeras matizaciones desde el Ministerio de Trabajo.

Esas matizaciones apuntaban a que sí había acuerdo para subir la base mínima de cotización un 1,25% hasta los 944 euros mensuales, pero no sobre el incremento de los tipos de cotización necesarios para poder costear la mejora de las prestaciones. De hecho, desde Trabajo barajaban que esa subida de tipos podía llegar hasta el 31,4%, lo que implicaría que la cuota mínima de los autónomos se incrementaría alrededor de 18 euros al mes (unos 260 euros al año).

Las principales asociaciones del colectivo ATA y UPTA insisten hoy en que ese preacuerdo quedó cerrado con Granado. Pero hoy Valerio ha asegurado que no solo no está cerrado y que debe haber más reuniones --ya estaría convocada una para finales de la próxima semana- sino que, además, el acuerdo al que se llegue con las cuatro asociaciones que están sentadas a la mesa de negociación (ATA, UPTA, Uatae y Ceat) deberá ratificarse por patronal y sindicatos en el ámbito del diálogo social. "Por supuesto también tendrá que verse en la mesa de diálogo social que no quería que se me olvidase" ha insistido hoy hasta en dos ocasiones Valerio.

Mercantil, civil y administrativo

El BCE estudia medidas de liquidez

(Expansión, 21-11-2018)

Los meses de octubre y noviembre están siendo difíciles para acudir al mercado de capitales y el año próximo trae nuevas complicaciones que pueden hacer la financiación más costosa para los bancos, en especial para los italianos. Mientras todo el sector aguarda con máxima expectación un alza de tipos que tarda en llegar, la banca de la zona euro deberá afrontar en 2019 las primeras devoluciones de las líneas de liquidez vinculada a la concesión de crédito (TLTRO) que el BCE comenzó a ofrecer en junio de 2016 y con las que ha prestado a las entidades 740.000 millones de euros.

El gran desafío de este proceso de devolución se presenta para la banca italiana, la que más dinero solicitó en aquellas subastas. En concreto, 244.000 millones de euros, el 33% del total concedido.

El sector no está obligado a devolver esa financiación hasta al cabo de cuatro años, a partir de junio de 2020, pero si apura esos plazos se verá penalizada en sus ratios de liquidez. Así, en el cálculo de la ratio de financiación estable neta de las entidades dejan de computar los recursos a plazos más cortos: no cuentan los que vencen en menos de seis meses y solo lo hacen al 50% los que se amortizan en el plazo de un año. A la presión por empezar a devolver de forma anticipada esas líneas de liquidez TLTRO se suma además el fin de las compras de deuda del BCE, de modo que la institución dejará de adquirir las cédulas hipotecarias del sector.

La amortización de las megainyecciones de liquidez y el fin de las compras del BCE son los efectos del proceso de normalización de la política monetaria emprendida por Draghi, aunque la confluencia de ambos factores en un mercado cada vez más volátil ha elevado el temor a posibles problemas de liquidez en la banca. Sobre todo, en la italiana, para la que se ha cerrado el mercado de capitales en los últimos meses a medida que ha ido creciendo el desafío del Gobierno italiano ante Bruselas con la elaboración de sus presupuestos.

La Comisión Europea anunciará hoy su respuesta a la negativa mostrada la semana pasada por Roma a rectificar sus cuentas públicas para 2019, que insisten en mantener un déficit del 2,4%. Ante la creciente tensión, la prima de riesgo italiana subió ayer un nuevo peldaño hasta máximos no vistos desde 2013 y trepó a los 326 puntos básicos, con el bono a 10 años en el 3,6%1%, en niveles de 2014.

Sobre la mesa del BCE está por tanto el estudio de nuevas medidas de liquidez –que tanto entidades como inversores ya contemplan– con las que evitar un encarecimiento excesivo del coste de financiación de los bancos y que sería difícilmente asumible para las entidades italianas. “En términos globales, no hay apuros de liquidez en la banca de la zona euro. Hay exceso de liquidez en la facilidad de depósito, pero el problema es Italia”, afirman desde una entidad financiera.

“El BCE va a tener que hacer alguna operación de liquidez. Los vencimientos de las líneas TLTRO son muy elevados y la alternativa es financiarse en mercado a precios más caros, lo que al final resulta en una política monetaria más restrictiva”, explica Francisco Carmona, director general de Unicredit en España.

Las entidades financieras españolas han aceptado ya devolver a su clientela 2.292 millones de euros de las cláusulas suelo hipotecarias opacas, según revisaron representantes del Gobierno, la banca, los consumidores y el supervisor financiero reunidos en la cuarta comisión de seguimiento, control y evaluación del mecanismo extrajudicial de devolución habilitado en enero de 2017.

La cifra supone la mitad de los cerca de 4.700 millones de euros ingresados por el conjunto del sector gracias a estas condiciones, que limitan la rebaja de cuotas de la que disfruta el consumidor pese a la caída del euríbor a mínimos históricos y que la justicia ha declarado nulas cuando se comercializaran sin la debida transparencia.

Con datos a cierre de agosto, es decir en algo más de año y medio, la banca ha recibido 1.166.485 solicitudes de devolución del dinero abonado por estas cláusulas, "lo que pone de manifiesto el significativo volumen de solicitudes que el mecanismo establecido por la norma en vigor ha permitido canalizar y atender por vía extrajudicial", informó el Banco de España.

El sector financiero ha admitido a trámite un 64,7%, tiene pendiente de analizar un 0,7% y ha rechazado un 34,6%. La banca justifica esta última cifra alegando que en cerca de la mitad de los casos los solicitantes no tenían cláusulas suelo mientras que la otra mitad mantenía ya en marcha un procedimiento judicial de reclamación.

La banca ofrece pagar 2.226 millones por la vía pactada a medio millón de afectados por las cláusulas suelo. De los escritos admitidos a trámite, las entidades han estimado un 68,5%, 517.502 solicitudes, alcanzando un acuerdo con el 93% de los interesados a los que han devuelto 2.292 millones de euros a razón de 4.430 euros por cliente, de media. Según asegura el supervisor financiero, "la evolución de los datos evidencia la reducción paulatina del número de solicitudes presentadas por los ciudadanos".

Desde la asociación de consumidores Adicae, que forma parte de la comisión, criticaron el alto volumen de solicitudes desestimadas o en las que las que no se alcanzó un acuerdo porque la entidad ofreció a su cliente una cuantía menor a la que le correspondía por una devolución con retroactividad total, como exige el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Buena parte de estos casos, recuerdan, acaban atascados en los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria que el Ejecutivo anterior puso en marcha en junio de 2017 y que han tramitado ya 305.437 causas contra la banca, de las que apenas ha podido resolver una cuarta parte.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.

Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.

Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.

"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.

Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.

La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

Las negociaciones para consumar el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea dieron ayer un nuevo –y parece que casi definitivo– impulso. Según informó el Gobierno de Theresa May, Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo sobre el Brexit. La primera ministra británica reunirá hoy a las 14.00 hora local (las 15.00 hora española) a su gabinete de ministros para presentarles el borrador del acuerdo y decidir los próximos pasos que debe dar Reino Unido. Tras ello, y una vez formalizado el tratado con los 27 estados miembros de la UE, el texto deberá someterse a votación en Westminster, donde May está lejos de tener asegurada una mayoría para respaldarlo.

Ante la perspectiva de un acuerdo a la vista que evite un Brexit duro, la libra subió a máximos de siete meses en su cruce frente al euro y se anotaba, al cierre de esta edición, 0,42%, hasta los 1,15 euros. Respecto al dólar, la divisa británica repuntó un 0,81%, hasta los 1,29 billetes verdes. El principio de acuerdo se habría logrado, según informó ayer la televisión pública irlandesa RTE, tras desencallar uno de los principales puntos que obstaculizaba la negociación: el futuro de la frontera entre las dos Irlandas.

Esta cadena indicó que el borrador del de salida incluye una salvaguarda para evitar el restablecimiento de una barrera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una vez que el divorcio se haga oficial, en marzo del año que viene. Se trataría de un mecanismo para que el conjunto de Reino Unido permanezca dentro de un arreglo aduanero con la UE por un periodo temporal del que todavía se desconoce su duración. Según indicaron varios medios británicos, May invitó ayer por la tarde a sus ministros a Downing Street para que leyeran el borrador y buscar así su aprobación antes de la reunión de este mediodía.

Las reacciones tras la noticia del preacuerdo no se hicieron esperar. El exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, tachó el borrador de “inaceptable”, en declaraciones a la BBC. El político, una de las figuras que más ha mostrado públicamente su rechazo a las negociaciones llevadas a cabo por Theresa May y que dimitió por ello en julio pasado, afirmó que Reino Unido se convertiría en un “Estado vasallo” de la UE. “Significaría que deberemos aceptar normas y regulaciones de Bruselas sobre las que no tendremos nada que decir. Esto es francamente inaceptable para cualquiera que crea en la democracia”, dijo Johnson, quien en 2016 fue uno de los líderes más prominentes en defender la campaña a favor del Brexit.

El político adelantó además que se opondrá a la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico. Otro diputado tory, el también euroescéptico Jacob Rees-Moog, criticó que el texto “no cumple muchos de los compromisos que hizo la primera ministra” sobre el Brexit. Sin conocer todavía los detalles del borrador, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, consideró “improbable” que el acuerdo sea “bueno” para el país. “Los laboristas hemos sido claros desde el principio con que necesitamos un acuerdo que proteja el empleo y la economía”, escribió Corbyn en Twitter, y agregó que, de no ser así, votarán en contra.

Bruselas quiso esperar a la reunión de hoy entre May y su Gabinete antes de hacer valoraciones, por lo que el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, se limitó a afirmar que “están en marcha negociaciones muy intensas”, pero que el acuerdo “todavía no se ha dado”. Unas declaraciones similares a las pronunciadas desde el Gobierno irlandés, que también se apresuró en señalar que quedaban “asuntos pendientes” en las negociaciones del divorcio y que las conversaciones entre ambos lados no habían concluido.

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado la voz de alarma. El crecimiento exponencial que ha tenido la industria de fondos de inversión, unido a sus múltiples interconexiones con el sector bancario y con los emisores de deuda, ha creado una amenaza que puede desestabilizar el sistema y crear un colapso financiero.

El encargado de llamar la atención sobre los peligros que se han creado por el fuerte desarrollo de esta industria ha sido el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en un discurso pronunciado ayer en Fráncfort, en unas jornadas financieras.

Guindos recordó ante cientos de banqueros y gestores que el patrimonio gestionado por fondos de inversión europeos se ha triplicado en la última década, hasta sumar más de 12 billones de euros. Si en 2008 sus activos gestionados equivalían al 15% de los activos bancarios, al cierre de 2017 ya representan el 42%.

“Este fuerte crecimiento en términos de tamaño podría tener importantes implicaciones en la capacidad del sistema [financiero] para absorber shocks y para la situación de la economía en general”, apuntó Guindos.

El exministro de Economía español considera que uno de los grandes peligros que implica el gran tamaño de la industria de fondos es que haya una retirada masiva de dinero por parte de los clientes. “La liquidez del sistema podría verse comprometida rápidamente si muchos particulares deciden retirar el dinero de sus fondos a la vez”, explicó.

El vicepresidente del BCE dijo sentirse “seriamente preocupado sobre la reducción de la liquidez en el sistema y el papel que pude jugar la industria de fondos de inversión en un escenario de estresamiento de las condiciones financieras”.

Guindos también advirtió del rápido crecimiento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), un tipo de activo similar a los fondos de inversión, que replica la evolución de los índices de acciones (como el Ibex o el Nasdaq) y de bonos. “Cada vez están entrando más en la renta fija, y no hay experiencia de capacidad de liquidez pueden ofrecer en situaciones de estrés), apuntó.

Sector

Las injerencias de los partidos políticos —acentuadas en las últimas semanas— han sumido al Poder Judicial en una crisis inédita. El magistrado Manuel Marchena renunció este martes a ser candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue propuesto por el PP y el PSOE. La decisión de Marchena para defender su independencia dinamitó el pacto para renovar el CGPJ, que el Gobierno trata ahora de salvar.

Manuel Marchena apretó a primera hora de este martes el botón nuclear. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo renunciaba por sorpresa a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. A través de un comunicado, Marchena reaccionaba, sin mencionarlo, al mensaje de Whatsapp enviado el día anterior por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 compañeros de su grupo parlamentario, en el que defendía la designación de Marchena como máximo representante del Poder Judicial.

En aquel mensaje, Cosidó destacaba la experiencia y la capacidad jurídica de Marchena y argumentaba que su nombramiento, pactado con el PSOE, permitiría controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala Segunda, de lo Penal, que juzgará en enero la causa por rebelión en el procés.

“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalcó Marchena en su comunicado de renuncia. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añadía la nota.

La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace nueve días por el Gobierno y el PP, y tratada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano.

Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores. Marchena ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial.

Hacienda no puede argumentar un plan de control tributario para pedir los datos personales de todos los abogados y procuradores que han participado en procedimientos judiciales en un periodo de tiempo. Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia (accede aquí al texto) que estima el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio el visto bueno parcial a la petición de la Agencia Tributaria. El único dato sensible que el CGPJ se negaba a dar era el del cliente de estos profesionales.

En su sentencia, el Supremo declara dicho informe contrario a derecho. La Sala argumenta que los planes de control tributario de Hacienda no justifican una solicitud global sobre la totalidad de los abogados como la realizada.

Dicho acuerdo, de 20 de julio de 2017, admitía la entrega de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. La Comisión Permanente informaba favorablemente, de conformidad con un informe del Gabinete Técnico del Consejo, sobre la petición formulada por la Agenda Estatal de la Administración Tributaria relativa a la remisión de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, salvo en el dato que pretendía Hacienda relativo a la identificación del cliente.

Asimismo, la Comisión Permanente del CGPJ establecía la comunicación del acuerdo, junto con el informe del Gabinete Técnico, al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, “a los efectos de que, en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas en el expresado informe y en el aprobado por la Comisión Permanente del día 27 de julio de 2016, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales”.

Los datos de los que quería disponer Hacienda eran la identificación, referente a 2014,2015 y 2016, de cada abogado y procurador que hubiese intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional, con datos como fechas de inicio de su intervención en el procedimiento, importe en litigio o identificación del cliente (la remisión de este último dato fue informado en contra por el CGPJ).

Entre otros argumentos para considerar disconforme a derecho el acuerdo, el Supremo explica que los planes de control tributario de Hacienda de 2016 y 2017 no justificaban un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía como es el que era objeto de controversia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a fijar servicios mínimos al no estar desarrollado normativamente este derecho; la Fiscalía General del Estado sí va a asegurar que las actuaciones que resulta urgentes estén cubiertas; y el Ministerio de Justicia pretende descontar el día de su sueldo a los huelguistas, algo que no había ocurrido en anteriores huelgas.

La huelga convocada es el resultado de una serie de reivindicaciones que lleva realizando la carrera fiscal y judicial desde hace por lo menos dos años y que no se han visto cumplidas. Ya hicieron este paro con Rafael Catalá siendo ministro de Justicia y ahora le toca el turno a Dolores Delgado.

Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que al Gobierno y la oposición lo único por lo que se preocupan en temas judiciales es repartirse los vocales del CGPJ. Consideran que “para mejorar la Justicia”, devolver a sus profesionales “el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales” necesarios o “incrementar la autonomía” del Ministerio Fiscal, “nunca hay dinero ni interés”.

“La situación crítica que atraviesa la Justicia -anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta- es salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia”, dicen las organizaciones en diversos comunicados, que inciden en que la “responsabilidad personal” de los operadores jurídicos hizo posible que en 2017 se resolvieran “pese a todo”, 5.478.410 asuntos en 2017. “Todo ello, en un ambiente de desafección de la Carreras Judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes”, añaden.

Uno de los puntos más conflictivos a la hora de afrontar esta huelga es que hasta ahora nunca se había descontado de su salario el día de huelga para aquellos que habían decidido hacerla. Sin embargo, en esta ocasión, desde el Ministerio de Justicia su intención es descontarlo para que se asemejen al resto de trabajadores que deciden acogerse a su derecho de huelga.

Diversas fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen que alguna de las asociaciones no estaba de acuerdo con que su salario se viera mermado por disfrutar de su derecho a la huelga e incluso se planteó que los días posteriores pudieran utilizar horas extras, pagadas, para recuperar el trabajo perdido de aquel día.

Aunque es cierto que su derecho a la huelga no está regulado, desde el Departamento de Delgado se pretende conseguir una lista de huelguista y descontarles el día de su sueldo. Para ello, necesita la ayuda del órgano de los jueces, todavía presidido por Carlos Lesmes, y de la Fiscalía General del Estado, con María José Segarra al mando.

Las dos instituciones informarán al Ministerio de los datos de huelguistas, quienes a su vez habrán tenido que enviar un correo electrónico y comunicar a sus superiores su falta al trabajo el lunes para hacer huelga.

El Ministerio tiene previsto quitarles ese dinero, pero hasta que no llegue el lunes y compruebe qué datos se les aporta y que fiabilidad tienen no podrá decidir definitivamente si se les puede aplicar de manera efectiva ese derecho.

El PP y el PSOE negocian in extremis la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes conocedoras de las conversaciones, los representantes de ambos partidos habían pactado ya “18 o 19” vocales de los 20 que componen el órgano de gobierno de los jueces y que serán los que luego elijan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo. La lista de los diez vocales elegidos por el Congreso debe presentarse este lunes en la Cámara, mientras que los diez del Senado tienen hasta el 18 de diciembre.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial —el órgano constitucional que ejerce funciones de gobierno de los jueces y magistrados y que se encarga de garantizar su independencia— está siendo sorprendentemente rápida, según fuentes jurídicas. Al menos si se tiene en cuenta la fragmentación del Congreso de los Diputados, Cámara que elige a 10 de los 20 vocales del organismo por mayoría de tres quintos. “PP y PSOE están aprovechando que Podemos no está poniendo excesivas condiciones y que Ciudadanos no quiere entrar en las negociaciones”, afirma un magistrado conocedor de las conversaciones entre los partidos.

Según estas fuentes, el partido de Pablo Iglesias, que reclamaba al PSOE cuatro de los 10 vocales que se van a repartir las formaciones de izquierda, ha conseguido incluir en la lista a la magistrada Victoria Rosell. Esta juez fue diputada de Podemos entre los meses de enero y mayo de 2016, y dimitió tras ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, que finalmente fue archivado.

Ciudadanos ha rechazado reclamar para sí alguno de los puestos del Consejo porque no comparte el método de elección del órgano. El líder del partido, Albert Rivera, considera que la fórmula actual supone una politización de la justicia y defiende cortar el “cordón umbilical” entre la política y la judicatura. La formación ha registrado una iniciativa en el Congreso para que, en la elección de los vocales, 12 sean designados directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado.

El PSOE, representado en la negociación por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el PP, con el exministro Rafael Catalá, aceleran sus contactos. Y han acordado establecer un sistema por el cual los partidos no vetarán a los candidatos del otro. Ambas formaciones tienen interés en dejar cerrada la renovación —el mandato del CGPJ es de cinco años— antes de que unas elecciones generales, ya sean anticipadas, ya agotando la legislatura—, reduzcan su representación parlamentaria actual. En la actualidad, ambos partidos suman 218 diputados, y la mayoría de tres quintos del Congreso requerida para la renovación es de 210 parlamentarios.

El plazo para la renovación del Consejo actual expira el 4 de diciembre. El pleno del órgano colegiado es el que, sobre el papel, tiene el mandato de nombrar al presidente, que a su vez será presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque en teoría este nombramiento clave no corresponde a los políticos sino a los 20 vocales una vez designados por el Congreso y el Senado, lo cierto es que en la práctica el nombramiento como vocal lleva aparejada la condición previa impuesta por el poder político de votar al presidente que pacten los partidos. “Es una demostración gráfica de la quiebra del sistema”, se queja un juez bajo condición de anonimato.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para suceder al actual presidente, Carlos Lesmes —que acaba su mandato en medio del huracán de la sentencia del impuesto de las hipotecas— figuran el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares y la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer. En principio, la propuesta de presidente la debe formular el PP, partido que tiene mayor representación tanto en el Congreso como en el Senado.

Los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo del martes.

De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.

Concretamente, según informan a este diario, los clientes pueden acudir a los juzgados de instrucción bajo el argumento de que el banco les impuso el pago de la tasa dentro de una cláusula abusiva en la que se determinó que el prestatario debía hacerse cargo de todos los gastos de la hipoteca. A pesar de que el alto tribunal ha cambiado la jurisprudencia, seguirla no es una obligación de los jueces, y los magistrados de lo civil pueden determinar que la cláusula es abusiva y exigir la devolución del dinero.

De hecho, la sentencia del Supremo del 16 de octubre sigue siendo firme, lo que significa que el artículo 68.2 de la normativa del impuesto AJD que decía que debía afrontarlo el cliente continúa siendo nulo por ilegal.

Así, según los despachos, los magistrados de lo civil también pueden ampararse en la nulidad de este artículo para dar la razón a los usuarios, en los argumentos del propio fallo judicial de dicho día e incluso en los alegatos que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de cargar el impuesto a las entidades financieras expusieron este martes. "La jurisprudencia ha cambiado y puede volver a cambiar", asegura un reconocido abogado especializado en estos asuntos.

Por otro lado, precisamente por la controversia que ha levantado la actuación del Supremo respecto al impuesto hipotecario, también cabe la posibilidad de que, finalmente, se plantee una cuestión de prejudicialidad a Europa.

Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ya anunció el martes que elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación ya se dio en el caso de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo cerró la puerta a la retroactividad de las devoluciones, pero Europa, en diciembre de 2016, no respaldó el fallo del órgano judicial español y sentenció lo contrario. De hecho, los expertos aseguran que el TJUE tiende a estar del lado de los consumidores.

Aunque la decisión del alto tribunal cierra la puerta a las demandas masivas y a la creación de un mecanismo de devoluciones similar al que se puso en marcha con las cláusulas suelo, desde la banca aún perciben las demandas judiciales como un riesgo puesto que consideran que la actuación del Supremo de las últimas tres semanas "ha abierto el melón", según informan fuentes del sector financiero.

No obstante, estas mismas fuentes aseguran que para conocer el alcance real de los riesgos a nivel de litigiosidad a los que se enfrenta la banca aún hay que esperar a que el alto tribunal publique la sentencia del martes, que puede tardar días. El Supremo no hizo ningún comunicado oficial ni publicó el fallo después de más de 16 horas de reunión repartidas entre el lunes y el martes.



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