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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Puede un profesional, al confeccionar las facturas emitidas por sus servicios profesionales, aplicar un tipo de retención superior al establecido en el Reglamento del Impuesto?

El importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades económicas de naturaleza profesional se encuentra regulado en el artículo 95.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En dicho precepto, no se prevé la aplicación de un porcentaje superior al tipo de retención establecido en dicho artículo 95.2 del Reglamento del Impuesto.

Por tanto, el profesional no podrá aplicar un tipo de retención superior al previsto.

Mercantil, civil y administrativo

¿En qué consisten las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español?

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se dicta el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, cuyo objeto es establecer la normativa básica aplicable a las medidas que fueron recogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023, presentado por el Reino de España ante la Comisión Europea y aceptado por la misma. Esas medidas de apoyo se relacionan con la promoción en mercados de terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos, la eliminación de subproductos, las inversiones y la cosecha en verde.

¿En qué consisten exactamente estas ayudas?

Para la promoción en mercados de terceros países, los beneficiarios que reúnan los requisitos del artículo 5 del Real Decreto (en adelante RD), podrán mejorar la competitividad de los vinos españoles mediante acciones de información y promoción de productos de calidad destinados al consumo directo, que cuenten con la posibilidad de exportación o de nuevas salidas comerciales en terceros países, pues podrán ser financiados con cargo a los presupuestos de la Unión Europea. Para saber cuáles son esos productos, los interesados tendrán que verificarlos en el ANEXO II del mismo RD, donde quedan detallados y que, además, han de pertenecer a alguna de las siguientes categorías: Vinos con denominación de origen protegida; Vinos con indicación geográfica protegida; o Vinos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación.

Por otro lado, los viticultores y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación se podrán acoger a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, pero sólo podrá concederse para una o varias de las actividades siguientes: reimplantación de viñedos, reconversión varietal y mejora de las técnicas de gestión de viñedos. Pero hay excepciones, pues, por ejemplo, queda fuera de estas ayudas la renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural, entendida como la replantación de una misma parcela de tierra con la misma variedad de uva de vinificación y según el mismo «método de cultivo».

En relación a la medida de eliminación de subproductos, los mayores beneficiarios de la ayuda podrán ser los destiladores que deberán estar autorizados por el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio estén radicadas las instalaciones de destilación, para actuar en el marco del artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Se concederá la ayuda a los destiladores autorizados que transformen los subproductos de la vinificación obtenidos en territorio nacional, con la finalidad contemplada en el artículo 42 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, entregados para su destilación en alcohol con un grado alcohólico mínimo del 92 por cien vol. Posteriormente, el alcohol obtenido de la destilación de subproductos por el que se haya concedido una ayuda se utilizará exclusivamente con fines industriales o energéticos con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.

Ahora bien, con el objetivo de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad, se establece la ayuda de inversiones, para financiar las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles. Dichas inversiones se tendrán que referir a la producción, comercialización o ambas de los productos vitivinícolas a los que hace referencia el ANEXO VII, parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/20013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que se hayan producido en territorio español. Y, además, las operaciones objeto de ayuda deberán contribuir, al menos, a uno de los objetivos estratégicos previstos en el ANEXO XVII del RD.

Para concluir, por cosecha en verde se ha de entender la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, de manera que se reduzca a cero el rendimiento de la parcela, sin que puedan existir uvas sin vendimiar en la parcela de viñedo. Así, podrán también beneficiarse de la ayuda de cosecha verde, los viticultores cuyos viñedos se encuentren en esta situación y estuvieran destinados a la producción de uva para vinificación. Sin embargo, solo podrán acogerse a estas ayudas las solicitudes de parcelas completas, con una superficie mínima igual o superior a 0,3 hectáreas, y sin que pueda extenderse la ayuda a la cosecha en verde de una misma superficie en dos campañas consecutivas, ni parcelas de viñedo plantadas en las tres campañas anteriores a aquélla en la que se solicita la ayuda para la cosecha en verde.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Multinacionales por la marca España se sumó ayer al clamor empresarial contra los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de subidas de impuestos a las compañías. El presidente de la organización, José María Palomares, advirtió al Ejecutivo de que "el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación fiscal no debe basarse en aumentos impositivos que desincentiven la actividad económica y fomenten la deslocalización de capital y talento", con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo.

Por el contrario, en la inauguración del V Congreso anual de la institución empresarial, que reúne a 40 de las grandes multinacionales extranjeras en España, Palomares explicó que "necesitamos un sistema fiscal estable, simple y eficaz" con el que trabajar. "No estamos especialmente contentos con unos anuncios de subidas de impuestos, que pueden debilitar nuestra posición competitiva frente al resto de países", dijo Palomares.

Entre otras decisiones, el Gobierno ha anunciado para 2019 próximas subidas de los impuestos de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. También ha propuesto un aumento, de hasta un 12%, de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 736 a los 900 euros mensuales.

Palomares mostró su preocupación por la "sensación de inestabilidad institucional" que transmite el Gobierno con sus reiterados anuncios de medidas y de rectificaciones. No es una crítica a las negociaciones con Podemos para sacar adelante los presupuestos, "porque la legitimidad la dan las urnas", sino de despejar las intenciones económicas y políticas para poder operar. "Necesitamos conocer la acción de Gobierno", dijo el presidente de Multinacionales por marca España.

Los empresarios demandaron "seguridad jurídica, con un marco institucional y entorno jurídico estable". En este sentido, el desafío del Gobierno independentista de Cataluña forma parte de lo que las compañías califican como Riesgo país. "Es un tema que nos preocupa, aunque ahora menos que hace unos años. Reclamamos nuestro apego a la legalidad vigente", dijo Palomares. Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aprovechó la inauguración del congreso de las multinacionales para defender ante los inversores "la estabilidad política" de la región. Una comunidad autónoma "que tiene los impuestos más bajos de España", con unos "presupuestos rigurosos, realistas y también ambiciosos".

Garrido recordó al auditorio de empresarios que, en el primer semestre del año, la inversión extranjera en la comunidad de Madrid ascendió a 2.260 millones de euros, el 70% de todo el capital extranjero recibido en España. También recalcó Garrido que "Madrid es líder en la creación de empleo en España", con 122.573 nuevos puestos de trabajo en el último año.

Pese a las críticas de las multinacionales, las secretarias de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y de la España Global, Irene Lozano, defendieron la labor económica del Gobierno y el cambio político. Además, resaltaron que "las políticas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario, [pactado con Podemos], son socialmente justas, pero también económicamente productivas. Además, resultan responsables desde la estabilidad presupuestaria". Así, Ana de la Cueva dijo que, aunque en el acuerdo "se recoge el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal". Coherente "con perseverar en la consolidación fiscal de la economía".

En esta línea, también defendió las medidas fiscales. "El Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará su papel como mecanismo distributivo de la renta", dijo la secretaría de Estado de Economía.

No obstante, Ana de la Cueva elogió el papel de estas empresas en la economía española. De hecho, las filiales en España suponen el 15% del PIB; el 40% de la industria y de la propia exportación española. Además, dan trabajo a 1,4 millones de personas.

El Ministerio de Trabajo está preparando los cambios legales pertinentes para elaborar una lista de morosos que adeudan al sistema más de un millón de euros. Según ha avanzado el secretario general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG), Javier Aibar, su departamento ha detectado ya la existencia de 1.100 empresas que deben más de esa cantidad por impago de cotizaciones sociales de sus trabajadores y que, en consecuencia, de no saldar su deuda, estarían en dicha lista que se hará pública en próximos meses

La intención del Gobierno es incluir en la Ley General de Presupuestos para 2019 las modificaciones legales necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para hacer pública esta lista de empresas morosas entre las que prácticamente no habría ningún autónomo, según ha precisado Aibar. Aunque aún no hay una fecha definitiva para que se haga pública, desde la Tesorería General sí han explicado hoy que, en el caso de que no hubiera Ley de Presupuestos para el próximo año, cabría la posibilidad de aprobar, en un Real Decreto Ley, los cambios normativos necesarios para poder publicar esta lista, similar a la que ya publica la Agencia Tributaria de los contribuyentes que deben más de un millón de euros al fisco.

Aibar ha explicado las líneas generales de cómo funcionará la publicación de esta lista, precisando que la Seguridad Social se dirigirá a estas 1.100 empresas morosas con deudas superiores a un millón de euros --que de hecho ya saben que adeudan ese dinero al sistema-- para darles la posibilidad de que salden su deuda o presenten las alegaciones pertinentes que les hagan no aparecer en el listado. Pero, de no darse estas circunstancias, su nombre aparecerá entre los morosos con el sistema de pensiones.

El funcionamiento detallado de esta lista deberá regularse en un reglamento, donde se estipulará la periodicidad con la que se harán públicos los nombres de estas empresas u otras cuestiones, como por ejemplo si, como ya ocurre con la lista de morosos con la Agencia Tributaria, se incluyen además de los nombres de estas compañías también se hacen públicos los nombres de sus administradores. O también, si podría descender en algún caso el umbral del millón de euros para ser incluidos en la lista.

En general, el responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social avanzó que la deuda total acumulada exigible por la Seguridad Social y que ya está en vía de apremio asciende a 4.476 millones de euros, de los que unos 1.800 se han generado en el último año. En esta cantidad no está incluidos otros 1.162 millones de euros en duda aplazada con la Seguridad Social y no está aún en vía de apremio. Solo en lo que va de año se han concedido aplazamientos por 616 millones de euros, de los que 591 millones fueron concedidos a particulares y empresas del sector privado y 25,5 millones a organismos públicos.

Así, la tasa de morosidad del sistema se sitúa en el 1%, muy cerca de su nivel mínimo histórico del 0,96%, alcanzado antes de la última crisis económica. "Esto quiere decir que de cada 100 euros que recauda la Seguridad Social, solo hay que reclamar uno por vía de apremio" ha dicho Aibar. Es más, el responsable de la Tesorería General ha reconocido que "va a ser muy difícil bajar la tasa de morosidad de la Seguridad Social por debajo de ese 1%".

La reforma legal del Gobierno obliga a las entidades a asumir el impuesto de AJD por primera vez en23 años. La vinculación del cliente con más productos marcará el precio de los nuevos préstamos. Las oficinas bancarias se enfrentan hoy a la nueva situación jurídica en el mercado hipotecario. Tras casi un mes de incertidumbre por los vaivenes de criterios del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, las entidades ya tienen la certeza de que son la parte que debe asumir el pago de esta tasa. El impuesto de Actos Jurídicos Jurídicos (AJD) supone el 70% de los gastos para formalizar una hipoteca.

Las agencias de rating y bancos de inversión ya descuentan que los bancos trasladarán el coste por el IAJD al precio de las nuevas hipotecas. La tasa hipotecaria supone una factura de unos 700 millones de euros al año, según cálculos de Moody's y Standard and Poor's (S&P). Aunque algunas entidades ya se adelantaron a esta situación y elevaron el diferencial de los nuevos préstamos para la compra de viviendas en medio de las dudas jurídicas sobre si era el cliente o la entidad quien debía asumir el impuesto.

En cualquier caso, los banqueros han dejado abierta la posibilidad de no trasladar todo el coste al precio, aunque un alto directivo de un banco recuerda que la regulación del Banco de España impide por ley vender por debajo de coste. Lo más probable, según señalan los expertos, parece ser que la banca creará trajes a medida dependiendo de la vinculación de los clientes. Es decir, a más productos contratados mejores condiciones en las hipotecas. Una práctica que los bancos ya han extendido en los últimos años como vía para mejorar sus ingresos.

El Gobierno justificó legislar sobre el IAJD por el freno de la actividad hipotecaria y por la confusión generada en la sociedad. Ahora, según adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo vigilará que las entidades no repercutan el coste del AJD al cliente con "cláusulas abusivas". Para ello, ha creado una autoridad de protección de clientes, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Está por ver cómo reacciona el sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. La aprobación del real decreto sobre las hipotecas fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ajustada decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto con la legislación anterior.

La letra pequeña de la modificación legislativa incluye también la prohibición de que la banca pueda deducirse el Impuesto de Sociedades el pago del tributo de Actos Jurídicos Documentados. Además, el nuevo párrafo que se añade a la normativa fiscal establece que "cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que la fórmula disipa cualquier posible duda.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que, desde el respeto a las decisiones judiciales, "desde un primer momento el Gobierno ya manifestó su intención de apoyar a los ciudadanos y a las comunidades autónomas". Ha añadido que el Ejecutivo ha querido aprobar el decreto ley para que las medidas entren cuanto antes en vigor y acaben con una incertidumbre jurídica que ha durado tres semanas.

El cambio normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este viernes. Es decir, el sábado, en lugar de mañana como se había anunciado. Tal modificación de la norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no hará necesario modificar el artículo 68 del reglamento de 1995 que establecía específicamente que es el consumidor quien debe pagar, ha matizado Montero.

Este cambio legal seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras dos años y medio de retraso. De hecho, la ministra portavoz ha anunciado que el Gobierno ha solicitado al Parlamento la tramitación por vía de "urgencia" de la reforma hipotecaria para que ésta pase al Senado en el plazo de 20 días a fin de tratar de evitar la multa comunitaria que pende sobre España por su retraso. Una sanción de 100.000 euros diarios por cada jornada de retraso.

Cuestionada sobre si el Gobierno se plantea eliminar el impuesto, como pide el PP, Montero ha defendido que este tributo arroja 2.000 millones de euros de ingresos a las comunidades autónomas, necesarios para sufragar su gasto en educación, sanidad o protección social.

La ministra ha justificado que Andalucía, autonomía de la que era consejera de Hacienda, así como otras comunidades apliquen el gravamen más alto de este impuesto, un 1,5% frente al tipo del 0,5% que aplican otras. “Las comunidades con peor financiación per cápita tienen que hacer mayor uso de los instrumentos normativos que tienen a su disposición en contraste con otras comunidades cuyos recursos, aun siendo insuficientes a criterio de esta ministra, siguen siendo mayores”, ha argumentado Montero.

La ministra ha avanzado también que el Gobierno convocará a las comunidades autónomas a la Comisión de Tributos para resolver las dudas que suscite el cambio legal de modificar el sujeto pasivo del impuesto y eliminar las bonificaciones de este tributo sobre las personas físicas, pues ahora solo se cargarán a la banca, persona jurídica.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la banca acabe trasladando el coste del tributo al cliente, Montero ha aseverado que el Gobierno no creen en esa dicotomía de que los impuestos al sector financiero "se repercute a los ciudadanos, o se repercute a los ciudadanos". La responsable de Hacienda ha subrayado que la nueva oficina de protección del consumidor financiero velará por impedir la inclusión de cláusulas o comisiones abusivas y además ha considerado que el sector financiero se comportará con responsabilidad, condicionado además por las reglas del mercado que le obligarán a ofertar las mejores condiciones posibles para ganar clientela.

Los bancos tendrán que pagar por ley el impuesto de las hipotecas desde mañana. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley para reformar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Se modificarán dos artículos de esta norma para que "con toda contundencia y toda claridad" los bancos asuman a partir de ahora esta tasa, según afirmó ayer la ministra portavoz, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Este recargo no cogerá al sector por sorpresa, que, antes de que el Supremo volviera a la doctrina que ha imperado durante más de 20 años, ya había encarecido las hipotecas. El Gobierno incluirá un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley del AJD para fijar que las entidades serán la parte que asuma el impuesto hipotecario. La modificación que se hará en el artículo 45, de carácter más técnico, añade un apartado para adaptar la redacción del texto. El AJD supone el 70% de los gastos para la formación de un crédito para comprar una vivienda y durante 23 años lo han asumido los hipotecados.

"El ciudadano no tendrá que pagar más este impuesto", proclamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiterando el mensaje lanzado un día antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La titular de Hacienda justificó la reforma legislativa por la vía de urgencia ante la "confusión generada en la sociedad" tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Para "vigilar que no se repercuta al consumidor", el Gobierno creará una autoridad de protección a clientes financieros que controlará que los bancos no incluyen nuevas cláusulas en las hipotecas como contrapartida al recargo del AJD.

No obstante, el Banco de España fija por ley que las entidades incluyan en los precios de sus productos un aumento de los costes para evitar las ventas a pérdidas. Desde 1995 el cliente ha pagado la tasa AJD, que recaudan las comunidades autónomas, pero el octubre pasado tres sentencias del Supremo obligaban a los bancos a asumir este coste. El Pleno de la Sala de Contencioso-Administrativo decidió el pasado martes por 15 votos a 13 volver al criterio anterior y fijar que el pago del impuesto recae sobre el cliente. El Gobierno se apoyó en la ajustada votación del Supremo para justificar el cambio normativo.

Y alegó que ahora introduce seguridad jurídica al mercado hipotecario, que en el último mes había sufrido cierto freno en la concesión de nuevas hipotecas. "Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos", indicó Montero.

Laboral

El Gobierno y las asociaciones de autónomos han llegado a un principio de acuerdo para subir la base mínima mensual que pagan estos trabajadores a la Seguridad Social. Tras varias reuniones infructuosas y declaraciones de unos y otros que habían sembrado cierta incertidumbre sobre cuanto subiría la cotización de más de tres millones de autónomos en 2019 hoy se ha conocido finalmente que este preacuerdo establece una subida de la base mínima de cotización del 1,25%, con lo que pasará de los actuales 932,70 euros a unos 944,35 euros.

Sin embargo, para saber cuál será la cuota mínima mensual que pagarán los autónomos el año que viene a la Seguridad Social, aún queda por saber cuál será el tipo de cotización final. Y eso, dependiendo a quién se pregunte aún no se ha determinado.

Según las asociaciones mayoritarias de autónomos ATA y UPTA, que se han reunido hoy con Trabajo, en dicho encuentro sí se ha acordado de forma clara una subida del tipo de cotización del 29,80% actual hasta el 30% en 2019. De esta forma, la cuota mínima mensual subiría solo 5 euros o unos 60 euros anuales. Mientras que, en el caso del millón de autónomos societarios, su cuota subirá unos 82 euros anuales, casi siete euros al mes. Además, estas dos organizaciones han detallado que también se ha pactado un alza de estos tipos de cotización hasta el 30,3% para 2020 y del 30,6% en 2021.

Por el contrario, desde el Ministerio de Empleo han admitido que sí hay un pacto para subir la base mínima un 1,25% pero que aún no se ha cerrado cual será el incremento final de los tipos de cotización. Según estas fuentes "los tipos se quedarán en algún punto entre el 29,8% actual y el 31,4%". Esto supondría que la cuota mínima podría subir hasta unos 18 euros al mes o 223 euros al año de llegarse a un tipo del 31,4%.

ATA y UPTA se han ratificado en lo que ellos consideran un acuerdo completo y firme que afecta tanto a la base mínima como a los tipos de cotización y han advertido a Trabajo "que no van a firmar otras cifras distintas; si ahora las vuelven a subir, no habrá acuerdo con los autónomos", han asegurado. Fuentes del colectivo atribuyen la rectificación del Ministerio a posibles quejas de las asociaciones minoritarias, sobre todo de Uatae, que no han asistido a la reunión de hoy.

En cualquier caso, el aumento de los tipos de cotización implicará, según ATA, que los autónomos cotizarán por todas las contingencias que cotizan ahora los asalariados (contingencias comunes, incapacidad temporal, accidente profesional y enfermedades profesionales, cese de actividad y formación).

Este aumento de los tipos y bases de cotización de los autónomos conllevará también un aumento de la tarifa plana para los nuevos trabajadores por cuenta propia durante el primer año que pasará de 50 a 60 euros al mes, siempre según fuentes de ATA, el Ministerio no lo confirma tampoco. Asimismo, implicará mejoras en las prestaciones que reciben. En concreto, fuentes del colectivo han precisado que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad (similar a la prestación por desempleo de los asalariados). Para ello se creará un catálogo con las causas concretas de acceso a dicha prestación y se duplicará su tiempo de cobro.

Asimismo, los autónomos cobrarán la prestación por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de la baja. Y los autónomos que estén de baja por enfermedad común dejarán de abonar su cotización a la Seguridad Social desde su segundo mes de baja.

Con estos incrementos acordados por Gobierno y autónomos se producirá una situación inédita hasta ahora y es que la base mínima de cotización será, por primera vez, inferior a la base mínima de los asalariados que el próximo ejercicio ascenderá a 1.050 euros mensuales. Según numerosos expertos esta situación podría fomentar la aparición de más falsos autónomos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado hoy que este principio de acuerdo se planteó por este departamento previamente y fue respaldado primero por las asociaciones UATAE y CEAC y hoy se han sumado ATA y UPTA en una reunión solicitada por esta última asociación "que ha ejercicio de mediador". Solo queda, por tanto, la ratificación conjunta de este preacuerdo.

Los representantes de los grupos parlamentarios han debatido la recomendación número 16 sobre los planes de pensiones privados complementarios, ya sean de empleo -aquellos que se suscriben para los trabajadores en el seno de las empresas- o individuales.

Como es habitual los portavoces de esta comisión han salido sin haber llegado a un acuerdo. Si bien hoy, la mayoría de ellos, han aceptado estudiar si incluir como recomendación del Pacto de Toledo la propuesta del PNV de extender al resto de España el modelo de pensiones complementarias que existe en el País Vasco. En esta comunidad, los planes de pensiones colectivos que se suscriben para los trabajadores como parte de sus beneficios sociales, han tenido un gran éxito, llegando a tener un capital equivalente al 30% del PIB del País Vasco, cuando en el resto del país lo invertido en estos planes de empleo no llegan al 2% del PIB nacional.

La principal diferencia del modelo vasco de pensiones complementarias es que la entidad que se encarga de gestionar los planes colectivos de los trabajadores es una entidad sin ánimo de lucro en lugar de una entidad financiera, como en el modelo general del resto de España. En concreto, la normativa vasca prevé la creación de mutualidades de previsión social, en las que están representadas y ejercen el control de la gestión los representantes sindicales y patronales.

La propuesta de extender este modelo conocido como EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntarias) la ha llevado hoy al Pacto de Toledo el diputado del PNV Íñigo Bariandarán, después de que hace unos días, Virginia Erogi, la gerente de Geroa, la entidad vasca más exitosa, explicara también a los integrantes de esta comisión el funcionamiento de este sistema de pensiones complementarias. De hecho, según recordaba hoy Bariandarán, los partícipes de los planes de Geroa incrementan en diez puntos el porcentaje de equivalencia entre el último sueldo y la pensión de jubilación que reciben.

Según todas las fuentes consultadas, la mayoría de los portavoces ha accedido a estudiar las posibilidades de adaptar este modelo vasco al resto del territorio español, si bien con diferentes matices. Si bien antes de entrar a esta recomendación, los integrantes del Pacto parece que han accedido mayoritariamente también, a que la recomendación parlamentaria haga una clara distinción entre el segundo pilar del sistema de pensiones (planes colectivos de empleo para trabajadores de carácter complementario) y el tercer pilar (planes privados de pensiones individuales).

"Una vez hecha esta distinción, en el PSOE nos gustaría que la recomendación distinguiera también entre planes de empleo que se gestionen por entidades sin ánimo de lucro, como las del País Vasco, y planes gestionados por entidades financieras, y ya después que cada uno elija, pero estaríamos más por los primeros", ha asegurado la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea. Si bien, esta diputada ha precisado que no existe aún una posición oficial del PSOE a este respecto. De salir adelante esta recomendación, las nuevas entidades sin ánimo de lucro competirían directamente con la banca y entidades financieras en la gestión de estos planes, de ahí lo delicado de adoptar una postura en un sentido o en otro.

Desde el PP, sin rechazar de plano este modelo han demandado que la recomendación 16 incluya también nuevos incentivos para fomentar los planes individuales de pensiones. En este sentido, desde la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social han llevado hoy a esta comisión un cálculo de lo que cuestan actualmente estos incentivos: 700 millones menos de ingresos tributarios solo este año, según fuentes que han asistido a esta reunión. Sin embargo, este cálculo es parcial y no refleja el impacto neto de estas deducciones, porque no se trata de una rebaja fiscal como tal sino de una deducción diferida, ya que el beneficiario de estos planes tributa por el capital cuando lo rescata.

En el otro extremo, Podemos considera que las recomendaciones del Pacto de Toledo no deberían hacer ninguna mención siquiera a los planes privados de pensiones, sobre todo a los individuales gestionados por las entidades financieras. "No es el momento ni de amparar y menos de incentivar desde el Pacto de Toledo, los planes privados de pensiones con un nivel de rentas salariales tan bajo", ha dicho la portavoz de Podemos, Aina Vidal. De esta misma opinión personal es Mercè Perea, la portavoz socialista, que nuevamente ha precisado que el PSOE aún no tiene una postura oficial respecto a cómo reflejar los planes privados individuales en el Pacto de Toledo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos.

Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su "agenda de cambio" y que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.

Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad.

Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores. La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias.

También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones. En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo.

De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados. Su "agenda del cambio" incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera.

De la misma forma ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.

La organización de autónomos ATA ha realizado una contrapropuesta al Gobierno sobre las cotizaciones del colectivo en la que plantea que la subida de la base mínima para 2019 sea como máximo del 1,5% y con una cuota reducida para aquellos cuyos ingresos anuales sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), según el documento que ha elaborado la Federación.

ATA se opone así a la última propuesta del Gobierno de vincular la subida de la base mínima del próximo año a la inflación anual que se registre en noviembre de este año, una medida que, según denuncia, implicaría un gasto para los autónomos superior a los 260 euros anuales, cifra que considera "inasumible".

La organización recuerda en este punto que, de acuerdo con una encuesta que realizó recientemente, el 80% de los autónomos rechazaba una subida de cotizaciones, la mayoría (71%) porque no podía asumirla. La base mínima de cotización actual de los autónomos (932,7 euros mensuales) es tres veces superior a la que existente hace tres décadas y se ha revalorizado un 21,1% en los últimos 15 años, con subidas anuales medias del 1,4%.

Por todo ello, ATA 'contraoferta' al Gobierno con tres posibles escenarios de subida de cotizaciones para los autónomos, también los societarios, que no supondrían en ningún caso un gasto superior a los 60 euros anuales y en los que se incluirían las contingencias de pensiones, incapacidad temporal, cese de actividad y formación.

En el primer escenario que aceptaría la organización la base mínima subiría en 2019 un 1,5% y el tipo de cotización sería del 29,8%; el segundo escenario consistiría en un alza de la base mínima del 1%, con un tipo del 30%, y el tercer escenario implicaría la congelación de la base mínima en los 932,7 euros actuales, pero con un tipo inicial del 30,3%, que se incrementaría al 30,6% en 2020 y el 30,9% en 2021 como consecuencia de la subida progresiva de lo que pagan los autónomos por contingencias profesionales.

Estos tres escenarios, que para ATA suponen una propuesta de máximos, irían ligadas a otras medidas a adoptar con carácter previo o de forma paralela, entre ellas el establecimiento de una cuota reducida para los autónomos que ingresen menos del SMI anual. Esta cuota sería de 55 euros mensuales para quienes facturen hasta 6.000 euros anuales; de 75 euros mensuales para ingresos de entre 6.001 y 8.000 euros anuales; de 100 euros mensuales para ingresos de entre 8.001 y 10.000 euros anuales, y de 125 euros mensuales para quienes facturen entre 10.001 y 12.600 euros al año.

ATA no está a favor de obligar a los autónomos a cotizar por contingencias profesionales ni por cese de actividad y prefiere que está decisión siga siendo voluntaria. En el primer caso, alega que a muchos autónomos no les aporta nada cotizar por contingencias profesionales y en el segundo, el de cese de actividad, denuncia que acceder a la prestación es complejo tal y como está configurado el sistema actualmente.

La Comisión Europea ha seguido los pasos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Banco de España y FMI y ha alertado al Gobierno de que la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros el próximo año tendrá un efecto negativo en el empleo. Los cálculos de las fuentes comunitarias indican que en los dos próximos años se crearán entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo menos, en línea con los 40.000 el primer año que apuntó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá. Consideran, eso sí, que la subida del SMI tendrá un impacto positivo del 0,35% sobre la masa salarial. Si bien, la creación de empleo se ralentizará por la desaceleración de la demanda final, aunque se seguirá reduciendo la tasa de desempleo, hasta el 13,4% en 2020.

Bruselas cuestionó ayer además el impacto recaudatorio de esta medida vía cotizaciones sociales, que el Gobierno ha calculado en 1.500 millones de euros y que el Ejecutivo comunitario reduce a "un poco más de 1.000 millones".

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, reconoció la "cautela" de la Comisión al evaluar el impacto de las medidas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar la recaudación el próximo año: tasa a las transacciones financieras, impuesto a las grandes tecnológicas y lucha contra el fraude. Por otro lado, fuentes comunitarias apuntan que la celebración de las elecciones municipales podría hacer que algunas de las medidas de gasto planteadas a nivel local no pudieran ejecutarse, logrando con ello un menor gasto. Además, consideran un riesgo la indemnización por la anulación de la concesión de la gestión de ATLL a Acciona.

Esas diferencias de ingresos tributarios llevan a la Comisión a aumentar su estimación de déficit público para el año que viene al 2,1%, tres décimas por encima de lo previsto por el Ejecutivo por el incremento del gasto en pensiones, el alza salarial de los funcionarios y, en menor medida, por el aumento del permiso de paternidad y la bajada del IRPF para las rentas más bajas. Para este año, considera que España acabará con una desviación del 2,7%, en línea con el Gobierno, pero cinco décimas por encima de la senda presupuestaria del PP.

Más allá de las dudas sobre los ingresos fiscales, a las que restó importancia Moscovici, la Comisión Europea ratificó ayer el cambio de marcha de la economía europea, y con ella, de la española –ayer se conoció además que la producción industrial entró en septiembre en negativo en su mayor recorte en 17 meses–. Bruselas ha rebajado las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo para la zona euro, al 2,1% este año (una décima) y al 1,9% en 2019. Una desaceleración que también percibe en el grupo de los Veintisiete, donde rebaja una décima el crecimiento para el año próximo, hasta el 2%.

España, según las estimaciones de la Comisión, seguirá creciendo por encima de la zona euro, si bien lo hará dos décimas menos de lo previsto este año, al 2,6%, en línea con la del Gobierno, y el de 2019 (2,2%), por debajo de las estimaciones del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda respondió ayer a "los agoreros que permanentemente han arrojado dudas sobre la robustez del plan presupuestario" afirmando que la visión que hace la Comisión de los Presupuestos del año próximo "es positiva y satisfactoria".

Mercantil, civil y administrativo

El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.

Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.

Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.

"Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor", ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.

Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.

La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

Las negociaciones para consumar el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea dieron ayer un nuevo –y parece que casi definitivo– impulso. Según informó el Gobierno de Theresa May, Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo sobre el Brexit. La primera ministra británica reunirá hoy a las 14.00 hora local (las 15.00 hora española) a su gabinete de ministros para presentarles el borrador del acuerdo y decidir los próximos pasos que debe dar Reino Unido. Tras ello, y una vez formalizado el tratado con los 27 estados miembros de la UE, el texto deberá someterse a votación en Westminster, donde May está lejos de tener asegurada una mayoría para respaldarlo.

Ante la perspectiva de un acuerdo a la vista que evite un Brexit duro, la libra subió a máximos de siete meses en su cruce frente al euro y se anotaba, al cierre de esta edición, 0,42%, hasta los 1,15 euros. Respecto al dólar, la divisa británica repuntó un 0,81%, hasta los 1,29 billetes verdes. El principio de acuerdo se habría logrado, según informó ayer la televisión pública irlandesa RTE, tras desencallar uno de los principales puntos que obstaculizaba la negociación: el futuro de la frontera entre las dos Irlandas.

Esta cadena indicó que el borrador del de salida incluye una salvaguarda para evitar el restablecimiento de una barrera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una vez que el divorcio se haga oficial, en marzo del año que viene. Se trataría de un mecanismo para que el conjunto de Reino Unido permanezca dentro de un arreglo aduanero con la UE por un periodo temporal del que todavía se desconoce su duración. Según indicaron varios medios británicos, May invitó ayer por la tarde a sus ministros a Downing Street para que leyeran el borrador y buscar así su aprobación antes de la reunión de este mediodía.

Las reacciones tras la noticia del preacuerdo no se hicieron esperar. El exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, tachó el borrador de “inaceptable”, en declaraciones a la BBC. El político, una de las figuras que más ha mostrado públicamente su rechazo a las negociaciones llevadas a cabo por Theresa May y que dimitió por ello en julio pasado, afirmó que Reino Unido se convertiría en un “Estado vasallo” de la UE. “Significaría que deberemos aceptar normas y regulaciones de Bruselas sobre las que no tendremos nada que decir. Esto es francamente inaceptable para cualquiera que crea en la democracia”, dijo Johnson, quien en 2016 fue uno de los líderes más prominentes en defender la campaña a favor del Brexit.

El político adelantó además que se opondrá a la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico. Otro diputado tory, el también euroescéptico Jacob Rees-Moog, criticó que el texto “no cumple muchos de los compromisos que hizo la primera ministra” sobre el Brexit. Sin conocer todavía los detalles del borrador, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, consideró “improbable” que el acuerdo sea “bueno” para el país. “Los laboristas hemos sido claros desde el principio con que necesitamos un acuerdo que proteja el empleo y la economía”, escribió Corbyn en Twitter, y agregó que, de no ser así, votarán en contra.

Bruselas quiso esperar a la reunión de hoy entre May y su Gabinete antes de hacer valoraciones, por lo que el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, se limitó a afirmar que “están en marcha negociaciones muy intensas”, pero que el acuerdo “todavía no se ha dado”. Unas declaraciones similares a las pronunciadas desde el Gobierno irlandés, que también se apresuró en señalar que quedaban “asuntos pendientes” en las negociaciones del divorcio y que las conversaciones entre ambos lados no habían concluido.

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado la voz de alarma. El crecimiento exponencial que ha tenido la industria de fondos de inversión, unido a sus múltiples interconexiones con el sector bancario y con los emisores de deuda, ha creado una amenaza que puede desestabilizar el sistema y crear un colapso financiero.

El encargado de llamar la atención sobre los peligros que se han creado por el fuerte desarrollo de esta industria ha sido el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en un discurso pronunciado ayer en Fráncfort, en unas jornadas financieras.

Guindos recordó ante cientos de banqueros y gestores que el patrimonio gestionado por fondos de inversión europeos se ha triplicado en la última década, hasta sumar más de 12 billones de euros. Si en 2008 sus activos gestionados equivalían al 15% de los activos bancarios, al cierre de 2017 ya representan el 42%.

“Este fuerte crecimiento en términos de tamaño podría tener importantes implicaciones en la capacidad del sistema [financiero] para absorber shocks y para la situación de la economía en general”, apuntó Guindos.

El exministro de Economía español considera que uno de los grandes peligros que implica el gran tamaño de la industria de fondos es que haya una retirada masiva de dinero por parte de los clientes. “La liquidez del sistema podría verse comprometida rápidamente si muchos particulares deciden retirar el dinero de sus fondos a la vez”, explicó.

El vicepresidente del BCE dijo sentirse “seriamente preocupado sobre la reducción de la liquidez en el sistema y el papel que pude jugar la industria de fondos de inversión en un escenario de estresamiento de las condiciones financieras”.

Guindos también advirtió del rápido crecimiento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), un tipo de activo similar a los fondos de inversión, que replica la evolución de los índices de acciones (como el Ibex o el Nasdaq) y de bonos. “Cada vez están entrando más en la renta fija, y no hay experiencia de capacidad de liquidez pueden ofrecer en situaciones de estrés), apuntó.

El Gobierno ha dado este jueves el pistoletazo final para crear la autoridad macroprudencial nacional, que deberá contribuir a evitar o mitigar cualquier riesgo sistémico futuro susceptible de afectar a la estabilidad financiera, según informó el Ministerio de Economía y Empresa.

Se gestará con la transformación del Consejo de Estabilidad Financiera (Cesfi), creado en 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero, en la bautizada como Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), que estará igualmente integrada por representantes del Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su cometido será la citada supervisión macroprudencial del sistema financiero, con capacidad para efectuar análisis de riesgos y emitir opiniones, así como alertas sobre todos los aspectos que puedan suponer un riesgo sistémico que afecte a la estabilidad financiera.

El nuevo organismo tendrá potestad para formular recomendaciones para la adopción de medidas específicas cuando atisbe dichos riesgos, con la posibilidad de dar publicidad al seguimiento de esas indicaciones cuando lo considere necesario.

La oportunidad de crear una institución así se puso de manifiesto cuando la crisis detonó en los balances de las entidades financieras, ante los errores cometidos en la advertencia, análisis y prevención de la burbuja crediticia e inmobiliaria.

La nueva autoridad será un órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia y adscrito a Economía, aunque con independencia funcional. Aunque el uso de las herramientas macroprudenciales seguirá siendo competencia de los organismos supervisores, antes de aplicarlas deberán informar a la nueva Autoridad.

De hecho, al Banco de España se le amplían las competencias en ámbitos como el colchón de capital anticíclico sectorial, la fijación de límites máximos a la concentración sectorial de exposiciones crediticias y las relacionadas con las condiciones de concesión de créditos.

El nuevo organismo tendrá un Consejo presidido por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, será el vicepresidente. En su seno se sentarán también la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones. Y, por otro lado, contará con un Comité Técnico presidido por la subgobernadora Margarita Delgado y con nueve representantes de los organismos integrantes de la Anesfi.

Con periodicidad anual, el nuevo organismo reportará al Congreso un informe con el análisis de los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas macroprudenciales vinculantes adoptadas, sus recomendaciones y avisos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer desde el Palacio de La Moncloa de que además de impulsar un decreto ley para establecer que sea la banca quien paga el impuesto hipotecario creará una oficina en defensa del consumidor bancario.

En concreto, informó, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica. Aunque el anuncio se enmarcó en la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo contra los intereses de la clientela, lo cierto es que esta medida ya estaba contemplada y lleva meses de retraso.

Su creación es una exigencia de la directiva europea 2013/11 que fue traspuesta hace un año con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses (hasta el pasado julio) para regular la protección del cliente financiero.

Entre otras cuestiones, está por ver si la atención a las quejas de la clientela bancaria sigue estando en manos del Banco de España, o pasa a esta nueva oficina, o si las recomendaciones del supervisor a la banca pasan a ser vinculantes.

El texto está en manos del Ministerio de Economía, en el que la ministra Nadia Calviño heredó el compromiso que, a su vez, su antecesor Román Escolano recibió de Luis de Guindos. Hasta la fecha no había habido avances en su desarrollo.

Sector

El PP y el PSOE negocian in extremis la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes conocedoras de las conversaciones, los representantes de ambos partidos habían pactado ya “18 o 19” vocales de los 20 que componen el órgano de gobierno de los jueces y que serán los que luego elijan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo. La lista de los diez vocales elegidos por el Congreso debe presentarse este lunes en la Cámara, mientras que los diez del Senado tienen hasta el 18 de diciembre.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial —el órgano constitucional que ejerce funciones de gobierno de los jueces y magistrados y que se encarga de garantizar su independencia— está siendo sorprendentemente rápida, según fuentes jurídicas. Al menos si se tiene en cuenta la fragmentación del Congreso de los Diputados, Cámara que elige a 10 de los 20 vocales del organismo por mayoría de tres quintos. “PP y PSOE están aprovechando que Podemos no está poniendo excesivas condiciones y que Ciudadanos no quiere entrar en las negociaciones”, afirma un magistrado conocedor de las conversaciones entre los partidos.

Según estas fuentes, el partido de Pablo Iglesias, que reclamaba al PSOE cuatro de los 10 vocales que se van a repartir las formaciones de izquierda, ha conseguido incluir en la lista a la magistrada Victoria Rosell. Esta juez fue diputada de Podemos entre los meses de enero y mayo de 2016, y dimitió tras ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, que finalmente fue archivado.

Ciudadanos ha rechazado reclamar para sí alguno de los puestos del Consejo porque no comparte el método de elección del órgano. El líder del partido, Albert Rivera, considera que la fórmula actual supone una politización de la justicia y defiende cortar el “cordón umbilical” entre la política y la judicatura. La formación ha registrado una iniciativa en el Congreso para que, en la elección de los vocales, 12 sean designados directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado.

El PSOE, representado en la negociación por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el PP, con el exministro Rafael Catalá, aceleran sus contactos. Y han acordado establecer un sistema por el cual los partidos no vetarán a los candidatos del otro. Ambas formaciones tienen interés en dejar cerrada la renovación —el mandato del CGPJ es de cinco años— antes de que unas elecciones generales, ya sean anticipadas, ya agotando la legislatura—, reduzcan su representación parlamentaria actual. En la actualidad, ambos partidos suman 218 diputados, y la mayoría de tres quintos del Congreso requerida para la renovación es de 210 parlamentarios.

El plazo para la renovación del Consejo actual expira el 4 de diciembre. El pleno del órgano colegiado es el que, sobre el papel, tiene el mandato de nombrar al presidente, que a su vez será presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque en teoría este nombramiento clave no corresponde a los políticos sino a los 20 vocales una vez designados por el Congreso y el Senado, lo cierto es que en la práctica el nombramiento como vocal lleva aparejada la condición previa impuesta por el poder político de votar al presidente que pacten los partidos. “Es una demostración gráfica de la quiebra del sistema”, se queja un juez bajo condición de anonimato.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para suceder al actual presidente, Carlos Lesmes —que acaba su mandato en medio del huracán de la sentencia del impuesto de las hipotecas— figuran el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares y la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer. En principio, la propuesta de presidente la debe formular el PP, partido que tiene mayor representación tanto en el Congreso como en el Senado.

Los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo del martes.

De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.

Concretamente, según informan a este diario, los clientes pueden acudir a los juzgados de instrucción bajo el argumento de que el banco les impuso el pago de la tasa dentro de una cláusula abusiva en la que se determinó que el prestatario debía hacerse cargo de todos los gastos de la hipoteca. A pesar de que el alto tribunal ha cambiado la jurisprudencia, seguirla no es una obligación de los jueces, y los magistrados de lo civil pueden determinar que la cláusula es abusiva y exigir la devolución del dinero.

De hecho, la sentencia del Supremo del 16 de octubre sigue siendo firme, lo que significa que el artículo 68.2 de la normativa del impuesto AJD que decía que debía afrontarlo el cliente continúa siendo nulo por ilegal.

Así, según los despachos, los magistrados de lo civil también pueden ampararse en la nulidad de este artículo para dar la razón a los usuarios, en los argumentos del propio fallo judicial de dicho día e incluso en los alegatos que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de cargar el impuesto a las entidades financieras expusieron este martes. "La jurisprudencia ha cambiado y puede volver a cambiar", asegura un reconocido abogado especializado en estos asuntos.

Por otro lado, precisamente por la controversia que ha levantado la actuación del Supremo respecto al impuesto hipotecario, también cabe la posibilidad de que, finalmente, se plantee una cuestión de prejudicialidad a Europa.

Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ya anunció el martes que elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación ya se dio en el caso de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo cerró la puerta a la retroactividad de las devoluciones, pero Europa, en diciembre de 2016, no respaldó el fallo del órgano judicial español y sentenció lo contrario. De hecho, los expertos aseguran que el TJUE tiende a estar del lado de los consumidores.

Aunque la decisión del alto tribunal cierra la puerta a las demandas masivas y a la creación de un mecanismo de devoluciones similar al que se puso en marcha con las cláusulas suelo, desde la banca aún perciben las demandas judiciales como un riesgo puesto que consideran que la actuación del Supremo de las últimas tres semanas "ha abierto el melón", según informan fuentes del sector financiero.

No obstante, estas mismas fuentes aseguran que para conocer el alcance real de los riesgos a nivel de litigiosidad a los que se enfrenta la banca aún hay que esperar a que el alto tribunal publique la sentencia del martes, que puede tardar días. El Supremo no hizo ningún comunicado oficial ni publicó el fallo después de más de 16 horas de reunión repartidas entre el lunes y el martes.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido la mañana de este jueves perdón por la confusión en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a renglón, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión".

En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habló varias veces con Díez-Picazo el pasado jueves después de que se hiciera pública la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación.

Ambos volvieron a hablar por teléfono el viernes. En una primera conversación, Lesmes, según su versión, pidió a Díez-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. Y, poco después, llamó a Lesmes y le comunicó que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensión de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusión" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.

El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibió "ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisión sobre quién pagará el impuesto está ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunirá el día 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesión se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepción no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuación ha afirmado también que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.

El presidente del Supremo sí ha dado a entender que, en su opinión, el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedirá su dimisión.

Nuevo varapalo para la banca, que ayer volvió a sentirse acorralada, o ese era su sensación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer por sorpresa que su departamento, junto a las comunidades autónomas, habían “dado el paso” para solventar el colapso de los juzgados de las cláusulas suelo, sobre todo en las grandes ciudades, ya que en las pequeñas estos juzgados están prácticamente sin actividad.

El objetivo, ya debatido por Podemos en la legislatura de Mariano Rajoy, es imponer medidas sancionadoras a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. Este proceso dilatador no solo colapsa los juzgados, según apuntan fuentes jurídicas, “sino que al final provoca que muchos usuarios bancarios renuncien a seguir pleiteando por las cláusulas abusivas, ya que los bancos se pueden permitir litigar durante años. Además, pueden encargar informes que el suscriptor de las cláusulas suelo no puede costearse”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que mostró su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, destacó la importancia de esta “medida preventiva”, en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

Fuentes de Justicia explican que solo en un año se han presentado a los juzgados 250.000 causas relativas a cláusulas abusivas, que ya han comenzado también a descender a las audiencias provinciales, con el consiguiente peligro también de colapso.

La iniciativa explicada por Delgado ya fue discutida hace tres semanas en la comisión interministerial en la que se sientan también las comunidades autónomas, y aunque este no fue el punto principal del orden del día, la preocupación de las distintas autonomías por el colapso judicial por las cláusulas suelo derivó en que la reunión se centrase en buscar soluciones a estas peticiones.

La iniciativa, que se incluirá en un cambio de dos normas actuales, no solo hará referencia a las cláusulas suelo, sino que se incluirán todas las cláusulas abusivas para el consumidor, con lo que se pretende agilizar las soluciones para el usuario bancario.

Los cambios afectarán al Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo ámbito se ampliará ahora a otras cláusulas de productos financieros. También modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Tribunal Supremo ha obligado a una empresa a repartir entre sus trabajadores la cesta de Navidad que en 2016 sustituyó por un cóctel, al considerar que cuando una "permanencia continuada en el tiempo" del disfrute de este obsequio, la empresa no puede decidir unilateralmente suprimirla.

Así lo ha establecido la Sala de lo Social del alto tribunal en una sentencia en la que analiza el conflicto colectivo de una empresa que fue demanda por las organizaciones sindicales cuando ésta decidió de forma unilateral dejar de repartir la cesta de Navidad que llevaban haciendo casi 10 años y sustituida por un cóctel.

Según consta la sentencia, con fecha del pasado 12 de julio, desde el año 2007 la empresa demandada ha venido entregando a los trabajadores una cesta de Navidad durante "los primeros días de diciembre de cada año", cuyo importe ha ido incrementándose cada vez más, salvo el año anterior a suprimirla, que su coste disminuyó a cuatro euros para regalar un panettone. Según consta como hechos probados, fue en 2016 cuando se comunicó que únicamente "realizaría un pequeño cóctel" para los directivos y empleados que lo deseen.

La empresa sostiene en su recurso que la decisión de que los empleados tengan este beneficio obedece a una "pura y simple liberalidad". Si bien el Supremo, que indica que hay que estudiar las circunstancias concretas de cada caso, no lo entiende, así pues, según dice en su resolución, la "suma muy importante", el "esfuerzo logístico y organizativo que comporta el encargo y distribución" de las mismas durante casi 10 años no es algo "puntual".

Es más, los magistrados apuntan que el hecho de la reducción de la cuantía de la cesta se enmarca en la "grave crisis que ha afectado a todos los sectores económicos a nivel nacional" y que la empresa ofreciese este ágape, cuando nunca antes lo había hecho, supone "en cierto modo" asumir "la necesidad de sustituir una cosa por la otra, en lo que implícitamente pudiere suponer un reconocimiento de la existencia de una determinada obligación".

Por ello, la Sala considera que cuando esta cesta se ha entregado durante tanto tiempo no se puede calificar esta actuación empresarial como una mera liberalidad, sino como "condición más beneficiosa", lo que implica que para su supresión es necesario alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores o tramitar una modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto del Trabajador.

"La condición más beneficiosa, la mejor forma de demostrar su existencia es la permanencia continuada en el tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o los trabajadores que la tengan reconocida", explica la sentencia, que desestima el recurso de la empresa y confirma la sentencia dictada en marzo de 2017 que declaró el "derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que se les entregue la cesta de Navidad de 2016".



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Fecha publicación: 02/09/2020
ISBN: 9788413089539
2.176 páginas


Precio original: 60,00 €
Precio final por compra On-Line: 57,00 € (I.V.A. incluido)
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