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Los consejos de la semana

Laboral

Un autónomo puede ser gerente de su empresa y cobrar la jubilación

El juzgado de lo social número 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa.

Hasta julio de este año, para un autónomo era muy complicado cobrar una pensión equiparable a la que percibe un trabajador por cuenta ajena, pero esto ha cambiado. Gracias a la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y a una sentencia pionera en la aplicación e interpretación favorable de la misma para aquellos trabajadores autónomos que han constituido una empresa, el panorama ya no es el mismo.

Percibir el 100% de la pensión de jubilación activa es compatible con el mantenimiento del puesto de administrador único de una sociedad, siempre que ésta tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, en un caso en el que ha reconocido a un afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) su derecho a cobrar este subsidio íntegro a pesar de continuar regentando un negocio

Este derecho fue reconocido, por la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de forma recurrente se interpretaba que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.

En los hechos juzgados se describe como el INSS, llegada la edad de jubilación del autónomo asturiano, le deniega la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre.

Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoce una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.

No conforme con esta resolución y tras acudir nuevamente a los tribunales argumentando que la última reforma legal tenía como finalidad principal no solo una mejoría de la situación de los autónomos, sino también la promoción y defensa del empleo, ha logrado que los jueces le den la razón.

Esta última sentencia afirma que la interpretación hecha por el INSS es "contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma".

La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias es pionera y de suma trascendencia para los autónomos que regentan una sociedad mercantil, hecho muy habitual sobre todo si se tiene en cuenta que hay muchísimos autónomos que recurren a la creación de sociedades limitadas para acotar el alcance de su responsabilidad patrimonial.

Mercantil, civil y administrativo

¿Cuáles son los requisitos para que una persona mayor de edad transexual pueda obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil?

La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, establece en su artículo 4 los siguientes requisitos para que pueda acordarse la rectificación:

“1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado.

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia”.

Como se puede observar, hoy día, puede resultar incomprensible que una ley que entró en vigor el 17 de marzo del año 2007 y que actualmente tiene aplicación, pueda exigir estos requisitos para que se pueda rectificar el nombre de una persona transexual en el Registro Civil.

Su razón de ser se encuentra en que cuando se aprobó esta ley, la transexualidad, se consideraba por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 1990, como una enfermedad con trastornos de la personalidad de la conducta y del comportamiento del adulto. Pero, como era de esperar, la OMS se ha puesto manos a la obra, y en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE- 11, que no entrará en vigor sino hasta el año 2022) considerará a la transexualidad no como una enfermedad sino como condición, pasando a denominarse “incongruencia de género”, es decir, entre el género que experimenta la persona y el género que se le asigna.

Mientras tanto, en España, aún con la vigencia de la controvertida ley, los requisitos que exige su artículo 4 para una persona transexual pueda rectificar su nombre en el Registro Civil, no son de rigurosa exigencia. Esto es, debido al actual estado de la ciencia médica, está permitido una interpretación correctora de la norma, e incluso, el Parlamento está tramitando una Proposición de Ley modificativa de la anterior de 2007, para que la incongruencia de género no obstruya el cambio de la constancia registral del género y pueda permitir la simple expresión de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, incluso siendo el mismo menor de edad.

Además, desde la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) se ha dictado, muy recientemente (23 de octubre de 2018), una Instrucción sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales que, permite, que aquéllas que sean mayores de edad o se encuentren emancipadas, puedan solicitar el cambio de su nombre por otro diferente al sexo que resulte de su inscripción de nacimiento.

La solicitud deberá presentarse ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, declarando el sentimiento del sexo correspondiente al nombre solicitado. Todo ello, aun cuando no le sea posible obtener el cambio de inscripción por no cumplir con los requisitos del artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno recibió con “desasosiego” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Convencido de que la indignación ciudadana podía llenar las calles de manifestaciones contra el mismo órgano que está a punto de empezar el juicio contra los líderes del ‘procés’, Pedro Sánchez reacciona y fuerza a la banca a pagar.

El Consejo de Ministros aprobará hoy una modificación legislativa para que a partir de ahora sean las entidades financieras y no los clientes quienes asuman el pago de ese gravamen, en una medida, eso sí, que no tendrá retroactividad. Podemos, Ciudadanos y el PDECat la apoyarán en el Congreso (aunque los morados la consideran insuficiente). ERC y PNV no lo han decidido y el PP pide que se elimine el impuesto, que nutre las arcas autonómicas.

La vía para que sean los bancos quienes paguen es un real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este jueves para modificar la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. “Queremos que pague la banca y no la ciudadanía”, resumió Sánchez en una comparecencia celebrada con urgencia en la Moncloa tras reunir a su gabinete para embridar una sentencia que no ha gustado nada al Gobierno.

La norma se publicará el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a partir del día siguiente, aunque al ser fin de semana en la práctica operará a partir del próximo lunes. Con esta fórmula, los ciudadanos que firmen hipotecas a partir de la semana que viene estarán exentos de pagar el impuesto. No afecta a quienes ya tengan suscrito un crédito. El Gobierno rechaza, en todo caso, la propuesta del PP para eliminar totalmente la tasa, y recuerda que este impuesto permite a las comunidades autónomas una recaudación fundamental para poder sufragar el Estado del bienestar.

Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, el pago de este impuesto supone una cantidad aproximada de 640 millones de euros al año.

El Gobierno “lamenta” el fallo del Supremo y cree que el tribunal debería hacer “autocrítica”, pero Sánchez se guardó mucho de abonar la tesis de que la polémica de las hipotecas le desacredita para juzgar el ‘procés’. El juicio a los líderes independentistas empezará en enero y el Ejecutivo admite que un clima de movilizaciones en la calle echando por tierra la reputación del TS es un escenario inquietante. "Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra”, desvinculó Sánchez. También dejó un aviso a navegantes cuando le preguntaron qué le parece que su principal aliado, Pablo Iglesias, espolease a los ciudadanos a manifestarse este sábado, azuzando un clima de indignación. "Cada partido es libre de hacer oposición como considere. Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones”, señaló el presidente.

La respuesta de Podemos no gustó al Gobierno. Fuentes de la Moncloa subrayan que mientras sus socios agitan la calle para intentar rentabilizar electoralmente la oleada de enfado, el Ejecutivo legisla con medidas efectivas en el Parlamento.

Sánchez no respondió si, tras el decreto que se aprobará este jueves, el Gobierno desestima o mantiene el proyecto de imponer un nuevo impuesto a la banca. El Ejecutivo admitió la semana pasada que la sentencia del Supremo condicionaba la voluntad de forzar a los bancos a hacer una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar tener que dar nuevas ayudas públicas este año. El presidente remitió esta respuesta al ministerio de Economía.

Tras casi 16 horas de tensa deliberación, y semanas de enorme incertidumbre para bancos, consumidores y comunidades autónomas, el Tribunal Supremo decretó este martes pasadas las 19.30 horas de la tarde que es el cliente, y no la entidad financiera, quien debe asumir el pago del impuesto asociado a la constitución de hipotecas.

El fallo, que supone volver a la doctrina original del tribunal tras el giro de sus últimas tres sentencias favorables al cliente, proporciona un importante alivio económico al sector financiero y a las regiones que cobran el tributo, pues no habrá dinero que cambie de manos; pero no garantiza el fin del debate jurídico, que podría acabar ante la Corte de Luxemburgo. El fallo amenaza además con erosionar la imagen del Supremo, ante el que Podemos ya ha convocado manifestaciones de protesta aduciendo que sirve a la banca.

La sentencia es fruto de una votación muy ajustada. Fueron 15 de los 28 magistrados reunidos los que votaron en contra del cliente mientras otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen.

De haber fallado en contra del sector bancario, el Supremo habría tenido que matizar los efectos retroactivos de la sentencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que barajaba ese escenario, estimó este martes que el importe en juego (que las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver y habrían exigido abonar a la banca) serían los 5.000 millones de euros pagados por los clientes en los últimos cuatro años (desde enero de 2014), periodo sobre el que se puede reclamar el pago de un tributo. La retroactividad total podía haber elevado el monto hasta los 26.000 millones de euros, según la casa de análisis Kepler Cheuvreux.

El sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas ha sido objeto de una larga controversia legal y judicial. Aunque el Supremo declaró, en diciembre de 2015, que las cláusulas hipotecarias que obligan al consumidor a correr con todos los gatos de constitución de las hipotecas son nulas, por abusivas, la jurisprudencia venía matizando que en el caso del impuesto era el cliente quien debía hacerse cargo del pago.

Así lo ratificó la Sala Primera de lo Civil, el pasado febrero, cuando sentenció que es el consumidor quien debe abonar el tributo. El pasado 16 de octubre, sin embargo, la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo, especialista en materia fiscal, decretó que el reglamento de 1995 que así lo fija debe ser anulado porque el banco es el beneficiario directo de la inscripción del préstamo y, por tanto, quien debe correr con el pago del impuesto de AJD.

Esta decisión, que marcó el signo de tres fallos en firme en relación a recursos de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas contra la Comunidad de Madrid, llevó al presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, a avocar la revisión de la doctrina al Pleno ante la “enorme repercusión económica y social” y el “giro radical en el criterio jurisprudencial” que supuso.

Aunque el Pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, que comenzó el lunes y continuó este martes, debía reunir a 31 magistrados, hubo tres ausentes. Uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se encontraba de viaje, mientras que Segundo Menéndez, miembro de la Junta Electoral Central, se ocupaba el lunes de asuntos relacionados con las elecciones autonómicas de Andalucía y un tercero, Octavio Herrero, reside en Rivas (Madrid) y tiene dos hijos con vivienda de protección en dicho municipio, materia directa también de los recursos estudiados estos días, lo que le llevó a apartarse.

El resultado de la votación sorprendió incluso a la banca, que temía un fallo en contra y se preparaba para plantar batalla legal. El sector venía advirtiendo de que las dudas causadas por los últimos pronunciamientos han ralentizado la firma de hipotecas en las últimas semanas y amenazaba la seguridad jurídica sobre la que se sustenta el sistema.

Los abogados especializados en litigios de consumidores contra la banca, por su parte, anticipan que el fallo del Supremo contra la clientela acabará siendo elevado por algún juez de instancias inferiores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ya ocurrió con el caso de las cláusulas suelo.

La AIReF acaba de revisar sus previsiones de PIB de España para el cuarto trimestre con los últimos datos de coyuntura, y ha elevado la previsión para España al 0,75%. Además, se calcula por primera vez el primer trimestre de 2019, que también crecería un 0,75%.

Recordemos que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la economía española creció un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, lo mismo que en los dos trimestres anteriores, gracias, principalmente, al empuje del consumo de los hogares y del sector público, que aumentaron a tasas superiores a las del segundo trimestre, con avances del 0,6% y del 0,8%, respectivamente. Estos datos hablarían de una nueva aceleración de la economía española en contra de lo que auguran muchos sectores que hablan desde hace meses de frenazo económico en España.

En este sentido, los máximos representantes de los empresarios se posicionan de forma contundente contra lo que consideran "globos sonda" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia fiscal. Aseguran que la falta de concreción en los anuncios de subidas de impuestos genera una incertidumbre que agrava la desaceleración de la economía española.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguraba que la desaceleración de la economía española es "muy débil" y que "más bien se debería estar hablando de consolidación". Lo ha dicho durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre, donde también ha hecho hincapié en que desde 2016 el mercado de trabajo ha alcanzado una velocidad de crucero que se sigue manteniendo. Tras celebrar la cifra récord de afiliación de este mes de octubre aseguró que "la economía española funciona bastante mejor de lo que algunos vaticinan".

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha abierto este lunes la puerta a una prórroga a los presupuestos de este año, elaborados por el Gobierno anterior del Partido Popular, en el caso de que el plan presupuestario para 2019 no logre los apoyos necesarios por parte del resto de partidos políticos, una opción que sigue siendo el "plan A" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria, y podemos hacer los ajustes necesarios", ha asegurado a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Bruselas.

Calviño, sin embargo, ha enfatizado que el Gobierno está "por supuesto determinado" a intentar "llevar adelante" el plan presupuestario porque cree que "son los presupuestos que España necesita". "Está claro que ese es nuestro 'plan A' (...) y confío en que todos los partidos políticos se den cuenta de que esto es lo que España necesita", ha defendido. En cualquier caso, Calviño ha recordado que el Gobierno ha "puesto sobre la mesa" la creación de nuevos impuestos, que serán adoptados y enviados a las Cortes "en las próximas semanas".

Así, la ministra ha afirmado que le resulta "difícil" entender que "haya partidos que ni siquiera están dispuestos a discutir" el borrador presupuestario del Gobierno "para tratar de lograr ese necesario consenso". De la misma forma, ha criticado que "no es deseable" mezclar la negociación presupuestaria con "otras cuestiones", en referencia a la negativa de las fuerzas independentistas catalanes a apoyar las cuentas de 2019.

"Particularmente si están en un ámbito tan separado de aquél en el que puede influir el Gobierno como es el judicial", ha subrayado. La titular de Economía ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una reunión bilateral con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, con el que ha abordado, entre otras cuestiones, las negociaciones presupuestarias en España.

El Pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, deberá aclarar definitivamente si el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe abonarlo el cliente, como el propio tribunal ratificó en febrero, o debe asumirlo el banco, como ha dictaminado en tres ocasiones desde el 16 de octubre.

La cuestión no es menor. Además del futuro reparto de gastos en la constitución de créditos para la compra de vivienda y su posible influencia en el coste de los préstamos, están en juego unos 16.000 millones de euros en función del criterio que fije el Supremo y de los efectos retroactivos del mismo. Un monto que las haciendas autonómicas podrían llegar a tener que devolver a los contribuyentes y que la banca podría tener que abonar a las administraciones.

De momento, todo está en el aire. En febrero, al abordar un pleito entre un cliente y su banco, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil sentenció que es el cliente quien debe pagar el impuesto porque así lo fija la legislación. A mediados de octubre, sin embargo, al estudiar un litigo entre la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (Madrid) contra la Comunidad de Madrid, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (especializada en materia tributaria) decretó que es el prestamista quien debe correr con el impuesto y que el reglamento que fija lo contrario debe ser anulado.

Un día después de hacerse público el fallo, y ante la “enorme repercusión económica y social” que tuvo este “giro radical en el criterio jurisprudencial”, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, ordenó dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación de asuntos similares y avocar la decisión al Pleno de la Sala para clarificar la doctrina. Ante el revuelo causado, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, remitió un comunicado el lunes siguiente matizando que había tres sentencias de la Sección Segunda en el mismo sentido que eran ya firmes, pero que el alto tribunal aclarará la situación abordando otros casos similares este lunes.

Se abren ahora tres posibles escenarios. El “más probable” coinciden los juristas consultados por este diario, es que los 31 magistrados del Pleno ratifiquen la doctrina más reciente y establezcan que es el banco quien debe pagar el impuesto. La gran duda es si el fallo tendrá efectos retroactivos.

“En lo Civil, la limitación de efectos –por ejemplo, el efecto retroactivo de las cláusulas suelo- es ilegal”, expone Patricia Gabeiras, socia directora del bufete Gabeiras y Asociados que aclara, sin embargo, que una “limitación de los efectos de una sentencia por razón del interés general es frecuente en lo Contencioso-Administrativo, pues afecta a lo común”. En este caso, la recaudación de un tributo que solo en 2017 aportó 2.051,3 millones de euros a las arcas autonómicas (por todos los conceptos, no solo el hipotecario).

“El Tribunal de Justicia de la UE ya nos ha aclarado que no puede darse abusividad en los casos en los que la cláusula se limita a aplicar una norma, aun cuando sea de manera equivocada por falta de claridad de la norma”, apostilla Gabeiras.

“Si se confirma el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Supremo, lo más razonable es entender que la Sala de lo Civil de este Tribunal obligue a devolver estas cantidades a los bancos”, aduce por el contrario Ramiro Salamanca, director legal de Reclamador.es. Bajo su punto de vista, de consolidarse la nueva doctrina se abriría la puerta para reclamar a las comunidades autónomas por la vía administrativa, sobre los últimos cuatro años (que es el periodo en el que se pueden corregir las declaraciones de la renta), pero también se podría ir por la vía civil contra el banco que obligó al cliente a pagar, en cuyo caso “no existe plazo de prescripción”.

Un segundo escenario es que el Supremo rectifique y vuelva a defender que sea el consumidor quien pague. El Artículo 29 de la Ley del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados establece que “será sujeto pasivo el adquiriente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. “Es claro que el interés de la garantía hipotecaria y su inscripción notarial es del banco”, subraya Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí. “¿Podrían aun así sostener que el sujeto pasivo es el cliente? Podrían, pero tendrían que retorcer el derecho”, sentencia.

Navas considera, de hecho, que el artículo reglamentario que achacaba específicamente el pago al cliente debe ser declarado nulo por abusivo lo que permitiría reclamar el tributo abonado por las hipotecas firmadas desde que entró en vigor, el 29 de mayo de 1995.

Si el Supremo continuara sosteniendo desde el lunes que el impuesto debe ser abonado por el hipotecado, asumen desde Reclamador.es, “sería ineludible acudir a la justicia europea”, como ya ocurrió en el caso de las cláusulas suelo. No es descartable, en todo caso, que sea la propia banca quien recurra a la Corte de Luxemburgo si el fallo es en su contra.

Finalmente, una tercera opción es que el Pleno del Supremo sea incapaz de llegar a un acuerdo este lunes. “Dada la repercusión mediática del caso”, dicen en Reclamador.es, es “improbable que esto tenga lugar” habida cuenta que el propio Lesmes ya ha criticado la gestión del peliagudo asunto. Sin embargo, la complejidad del asunto y las sentencias contradictorias del tribunal prometen complicar la sesión. De necesitar tiempo adicional para seguir debatiendo, la firma de hipotecas seguiría semiparalizada a la espera de un criterio definitivo para los créditos que se vienen constituyendo estas semanas.

La factura del caso dependerá del escenario que se cumpla. El Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que el impacto máximo para la administración será de 3.631 millones por la devolución de lo cobrado por el tributo a 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años.

Si el efecto fuera retroactivo desde la aplicación del reglamento de 1995, el monto ascendería a más de 26.000 millones de euros. Para la banca, la devolución de dinero puede oscilar entre 6.500 y 9.000 millones de euros, según la casa de análisis Kepler Cheuvreux, que advierte que la horquilla se eleva a entre 12.000 y 18.000 millones de euros si se tienen en cuenta las costas judiciales e intereses de demora generados. En esta línea, la agencia de calificación de riesgos Moody´s advertía hace unos días de que el impacto podría ser de unos 16.000 millones de euros, aunque considera más probable que la sentencia no tenga efectos retroactivos.

Laboral

Pedro Sánchez ha admitido este miércoles por primera vez la fórmula del 'plan b' para seguir al frente del Gobierno en una legislatura que se niega a dar por amortizada. A saber: no convocará adelanto electoral, aunque no consiga aprobar los Presupuestos porque puede prorrogar los de Mariano Rajoy y, en paralelo, sacar adelante las medidas estrella de su proyecto a través de reales decretos ley. La más importante, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

El presidente se ha comprometido a que entre en vigor en enero del 2019, con Presupuestos o sin. Aunque este planteamiento se había sugerido desde las filas del PSOE y el ministerio de Hacienda esta es la primera vez que Sánchez habla abiertamente de la "prórroga" y el plan para driblar la austeridad de las viejas cuentas.

Las dudas, en todo caso, se despejarán definitivamente en diciembre, cuando lleve al Congreso de los Diputados las Cuentas Públicas y la Cámara apruebe o rechace las enmiendas de totalidad. Mientras llegue ese momento, Sánchez se aferra a la posibilidad (remota) de que ERC y el PDECat se desdigan del portazo anunciado y apoyen los Presupuestos por "responsabilidad".

Las fuerzas independentistas se quitan de encima esa presión y ya han anunciado que respaldarán las medidas estrella que se saquen vía decreto, como la subida del SMI o las políticas de fomento del alquiler, peor no apoyarán sus Cuentas. "¿Qué tiene que ver la subida del SMI con la situación judicial de los líderes encarcelados del 'procés'?", se ha preguntado y ha acusado a los separatistas y a la derecha de aprovechar el juego de espejos para alimentarse mutuamente.

El Gobierno propuso este martes a las organizaciones de autónomos una subida de cotizaciones para el colectivo de autónomos personas físicas de "como mínimo" 260 euros el próximo ejercicio y de 340 euros al año para los autónomos societarios, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que dijo que no aceptará la propuesta. Así lo señaló el presidente de la organización, Lorenzo Amor, en las que avisa de que ATA no aceptará ni la propuesta de hace dos semanas, que era prácticamente el doble, ni esta última formulada por el Gobierno en la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y representantes de Empleo y Seguridad Social con las organizaciones de autónomos.

Amor detalló que la propuesta del Ejecutivo es de una subida de las cotizaciones para los autónomos (personas físicas) de "como mínimo" 260 euros al año, y para los autónomos societarios de 340 euros al año, lo que supone que hagan frente a 13 cuotas al año, una más que en el ejercicio actual. "Si era inaceptable la propuesta de 500 euros, inaceptable es esta también", apuntó Amor, ya que "el 70% no puede pagar más de lo que paga y ATA no va a permitir que los asfixien".

Además, explicó que el Gobierno ofrece "teóricamente" mejores prestaciones, que tildó de "estafa" como la prestación de paro, puesto que "no funciona" al denegarse al 60% de los que lo solicitan. Por ello, pidió que se solucione primero el asunto de las prestaciones y el acceso a las mismas y después se hable de cotizaciones. En cualquier caso, ATA le hará llegar una propuesta al Gobierno "muy alejada" de la última planteada por el Ejecutivo, pero que "sí pueden pagar los autónomos", de forma que la base mínima pueda subir lo que ha subido de media los últimos 25 años y se solucione el tema de las prestaciones.

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 130.360 cotizantes, el mayor incremento en un mes de octubre, a pesar de que el paro registrado ha crecido en 52.195 personas. El estirón del empleo no se ha visto correspondido en la disminución de las filas del paro durante el mes pasado. Algo que ya sucedió en septiembre. Así lo ha dado hoy a conocer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En concreto, el paro registrado ha aumentado en octubre un 1,63%, es decir, 52.194 personas, hasta un total de 3,254 millones de desempleados. Es el tercer mes consecutivo con aumentos. En términos desestacionalizados (que significa teniendo en cuenta los festivos), el paro se ha reducido en 27.483 personas.

Entre las mujeres los hombres, ha aumentado en 27.039 personas, hasta 1.340.190, mientras que entre las mujeres lo ha hecho en 25.155, hasta 1.914.513. Por sectores, el paro solo ha menguado en la construcción, con 3.695 registrados menos. En cambio, ha aumentado en agricultura en 9.301 personas (un 6,6% más); en industria, en 2.821 (1,01%); en servicios, en 43.219 personas (1,9%) y en el colectivo sin empleo anterior, en 548 (0,19%).

En cuanto a la distribución geográfica, el paro registrado ha bajado en tres autonomías: en la Comunidad Valenciana (con 2.902 parados menos), Madrid (con 2.106) y en el País Vasco (con 622). Por el contrario, se ha incrementado en las 14 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (10.854) y Cataluña (10.853). Si se compara la evolución del desempleo con el panorama hace un año, el paro registrado ha caído en 212.323 personas, lo que supone un 6,1% menos. Esta tasa interanual lleva 61 meses cayendo.

La mejor cara del mercado laboral la ha mostrado el empleo, que ha registrado el mejor mes de octubre de la serie histórica, tras registrarse 130.360 afiliados más, hasta un total de 18.993.073 ocupados. Según explica hoy el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social en un comunicado, el "buen comportamiento" de la afiliación en este último mes se corresponde con la evolución de la afiliación al Régimen General, que alcanza ya los 15.666.453 ocupados y que, junto al mes de julio (15.704.129), marca los mejores registros de la serie.

Trabajo también pone de relieve el empleo femenino ha alcanzado de nuevo un máximo con 8.799.418 mujeres ocupadas, el mejor dato de la serie histórica (2007). Por sectores, los mayores incrementos se han dado en educación 148.049); construcción (16.229); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (15.087) y en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (13.603). En el lado contrario, los principales descensos se han producido especialmente en hostelería (-59.249), actividades sanitarias y servicios sociales (-35.816) y actividades administrativas y servicios auxiliares (-16.747). En términos desestacionalizados, la afiliación media ha crecido en el mes en 110.567 personas.

Con respecto a octubre del año pasado, la afiliación media se ha incrementado en 562.544 personas, lo que supone un aumento del 3,05%. El número de inscritos ha avanzado en octubre en trece comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con incrementos intermensuales significativos en la Comunidad Valenciana, donde creció en 40.099 personas, Madrid (39.167), Andalucía (29.388) País Vasco (18.562) y Cataluña (10.733). Por el contrario, ha descendido en Baleares, con 35.780 afiliados menos, Extremadura (2.084 menos), Cantabria (1.611 menos) y Galicia (690 menos).

El buen comportamiento del empleo se explica en el acelerón de la contratación. En octubre, se han firmado 2.243.453 contratos, es decir, 211.269 (10,40%) más que en septiembre. Del total, 242.324 han sido contratos de carácter indefinido. Suponen el 10,80% de todos los contratos y marcan un aumento de 4,11% respecto a septiembre y del 19,64% en comparación con un año antes. Este indicador lleva 57 meses al alza. Los contratos temporales, 2.001.129, se han incrementado, un 16,37% en tasa intermensual y un 9,37% interanual.

En septiembre, el paro registrado aumentó en 20.441 personas, aunque la afiliación también lo hizo, en 22.899 cotizantes más.

El Ministerio de Trabajo pretende tener listo un plan de choque para el empleo juvenil. Las conversaciones del Departamento que dirige Magdalena Valerio con comunidades y agentes sociales están avanzadas. Entre las medidas que contempla, está la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes a buscar empleo y busquen ofertas para ellos en el mercado laboral. También incluye la creación de un estatuto del becario, ayudas para los emigrantes que quieran regresar y reformas en la llamada Garantía Juvenil.

El plan se aplicará entre 2019 y 2021, y marca cinco objetivos, uno de ellos es reducir la tasa de paro entre menores de 30 años, ahora en el 28%, al 23,5%. Además, expone seis ejes de actuación. En el primero, la orientación, se inserta ese importante aumento de plantilla en el sistema público de empleo.

El paro juvenil ha sido uno de los grandes problemas del mercado laboral en la crisis. Y cuatro años después de que haya comenzado la recuperación, ahí sigue. Para afrontarlo, el Ministerio de Trabajo ultima un plan de choque junto a las comunidades autónomas, que son las que tendrán mayor responsabilidad en su ejecución al tener las competencias de las políticas activas de empleo, y los agentes sociales. Entre los 10 principios que lo rigen, está “mejorar la gestión del sistema de garantía juvenil”, un programa puesto en marcha en 2014, financiado por la Unión Europea hasta 2023, que tuvo un funcionamiento deficiente en sus primeros años.

En los dos borradores a los que ha tenido acceso este diario, la versión quinta y la octava, se observa que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Trabajo, pone sobre la mesa un catálogo de medidas en el que hay de todo: novedades respecto a iniciativas similares anteriores, como cuantificar los objetivos o poner en marcha un plan de retorno de jóvenes emigrados durante la crisis; el reciclaje de propuestas previstas por el anterior ejecutivo, como el contrato de relevo; o la recuperación de recursos que la crisis y sus recortes se llevaron por delante. Los portavoces oficiales del ministerio que dirige Valerio enfatizan, a modo de advertencia, que “todavía llegan aportaciones” de las contrapartes y la versión definitiva puede variar “bastante”.

3.000 orientadores para ayudar a buscar empleo. En el capítulo de recuperación de recursos se incluye la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esta cifra coincide con la que había hasta 2012. Una de las primeras medidas anticrisis, todavía con Jesús Caldera al frente de Trabajo, fue financiar la contratación de 1.500 orientadores laborales por las comunidades autónomas. Con su sucesor, Celestino Corbacho, se duplicó el número. Pero estos puestos de trabajo no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes hace seis años, se rescindieron los contratos.

Un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas. El plan de choque contra el desempleo juvenil incluye también medidas contra los abusos que en ocasiones ejercen las empresas sobre los estudiantes en prácticas. “Se procederá a elaborar el estatuto del becario para integrar y regular derechos de las personas becarias y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios”, señala el proyecto. El objetivo, apunta el documento, es garantizar que los becarios no son en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa tiene “carácter formativo”. Aseguran que tomarán como referencia a otros países (cita en concreto Francia).

Una plataforma para que regresen los que emigraron por la crisis. Una de las medidas novedosas de este plan de choque es la creación de programas de retorno de los jóvenes que emigraron durante la crisis. Para participar en estos programas, que estarán gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, no se tendrá en cuenta la edad de la persona que solicite participar en ellos, sino que fuera joven en el momento de emigrar, señala el programa. Las iniciativas para incentivar a regresar a quienes salieron durante la crisis son "medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento".

Reforma para el sistema de Garantía Juvenil ante su éxito relativo. El Ministerio de Trabajo evalúa en su plan de choque contra el desempleo joven los resultados de la llamada Garantía Juvenil, un programa de inspiración y fondos europeos que se aprobó en 2014 y que garantiza a los menores de 30 años la obtención de un trabajo, unas prácticas o un curso. El compromiso era que los jóvenes inscritos debían ser atendidos en menos de cuatro meses.

El sistema ya nació cojo porque se inventó un registro distinto del de las oficinas de empleo para evitar que estos jóvenes se apuntasen también al paro. Durante un tiempo, eso provocó que el número de registrados fuese bajo. Al ver que se podían perder fondos comunitarios, el anterior Gobierno pisó el acelerador en 2016 para conseguir que se inscribiesen más. Ahora hay 1,2 millones registrados, una mejora sustancial. Sin embargo, Trabajo considera que este plan “precisa líneas de mejora cualitativa y cuantitativamente, que supongan un gran cambio y la orientación al éxito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, reza el documento. Y el primer gran fallo que detecta es que la mitad de los atendidos tiene que volver a ingresar en el sistema. “Las atenciones impartidas podrían no ser las adecuadas”, concluye.

Contratos bonificados. Resulta llamativa la ausencia de la iniciativa estrella que Ciudadanos propuso al Gobierno anterior y que estaba integrada en la Garantía Juvenil: el complemento o ayuda salarial de 430 euros, adicional al sueldo, para los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, estuvieran inscritos en ese programa. Esa medida tenía una partida presupuestada de 500 millones y entró en vigor en agosto. No fue fácil su puesta en marcha porque Bruselas, que la financia, no la veía con buenos ojos y tardó en darle su visto bueno. Además, siempre fue muy criticada por expertos, sindicatos y el PSOE. Para unos, el diseño de la ayuda iba a enfocar los recursos sobre un subgrupo de jóvenes que no lo necesitaba; para otros, iba a generar la distorsión de que un aprendiz acabara cobrando más, por el complemento, que quien tenía que enseñarle el oficio.

El Congreso ha dado el primer paso para elevar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencias machistas, aunque el nuevo texto no cuenta con el consenso unánime de los grupos. Tanto PP como Unidos Podemos se han abstenido en la votación al considerar que la norma crea huérfanos de primera y de segunda, tanto por las circunstancias que provocan dicha situación, como por la cuantía que reciben.

Tras un año de negociación en la ponencia creada en el Congreso para elaborar la proposición de ley del PSOE para mejorar la pensión de orfandad por violencia machista, este martes se ha votado el informe que, tras su aprobación pasará a la Comisión de Empleo. En el texto aprobado, se modifican estas pensiones que pasan de ser contributivas a no contributivas, es decir, que ya no dependen de que la madre asesinada haya cotizado a la seguridad social, sino que su financiación llegará a través de los presupuestos. Además, las cuantías se elevan, ya que se aplicará el 70% de la base reguladora, la misma que a los huérfanos absolutos.

Sin embargo, la cuantía que reciban los huérfanos no será la misma ya que, en este sentido, sí se tendrá en cuenta la cotización de la víctima. Así, se garantiza que aquellos menores cuya madre no había cotizado tenga una pensión mínima gracias a una nueva prestación diseñada para fijar la cuantía con parámetros de Seguridad Social, aplicando ese 70% de la base reguladora. Estos niños pasarán de cobrar unos 140 euros a 600.

Es decir, estos 600 euros es "lo mínimo" que puede recibir un huérfano de la violencia de género, según ha explicado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez. Mientras, la pensión de aquellos cuya madre sí era cotizante sí dependerá del sueldo de esta. En este caso, el PSOE ha calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.

Este planteamiento no ha convencido ni ha Unidos Podemos ni al PP, quienes han asegurado que este texto crea huérfanos de primera y de segunda. En el caso de los 'populares', porque excluye a parte del colectivo de huérfanos, concretamente a aquellos que son huérfanos absolutos, pero no como consecuencia de la violencia machista; mientras que los 'morados' creen que todos deberían ser considerados iguales y, por tanto, recibir la misma cuantía.

Mercantil, civil y administrativo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer desde el Palacio de La Moncloa de que además de impulsar un decreto ley para establecer que sea la banca quien paga el impuesto hipotecario creará una oficina en defensa del consumidor bancario.

En concreto, informó, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica. Aunque el anuncio se enmarcó en la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo contra los intereses de la clientela, lo cierto es que esta medida ya estaba contemplada y lleva meses de retraso.

Su creación es una exigencia de la directiva europea 2013/11 que fue traspuesta hace un año con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses (hasta el pasado julio) para regular la protección del cliente financiero.

Entre otras cuestiones, está por ver si la atención a las quejas de la clientela bancaria sigue estando en manos del Banco de España, o pasa a esta nueva oficina, o si las recomendaciones del supervisor a la banca pasan a ser vinculantes.

El texto está en manos del Ministerio de Economía, en el que la ministra Nadia Calviño heredó el compromiso que, a su vez, su antecesor Román Escolano recibió de Luis de Guindos. Hasta la fecha no había habido avances en su desarrollo.

La actividad del sector privado en España se aceleró durante el pasado mes de octubre a su nivel más alto de los cuatro últimos meses, según los datos del Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI), que sugieren un crecimiento del PIB del 0,5% en el arranque del cuarto trimestre de 2018.

En el caso del sector servicios, la actividad creció en octubre a su mayor ritmo desde junio, según el índice PMI, que alcanzó los 54 puntos, frente a los 52,5 del mes anterior, mientras que el índice PMI del sector manufacturero alcanzó los 51,8 puntos desde los 51,4 del mes anterior.

"La actividad total en su conjunto aumentó a la mejor tasa desde junio pasado y sugiere que el crecimiento del PIB está evolucionando a un nivel de alrededor del 0,5% al inicio del cuarto trimestre", destacó Paul Smith, analista de IHS Markit.

"Tal aumento del PIB sería un nivel respetable de crecimiento encaminándonos hacia 2019, especialmente a medida que aumentan los riesgos a la baja para las perspectivas futuras", añadió en referencia a un entorno económico mundial "cada vez más desalentador".

El informe 'Doing Business 2019' analiza un total de diez parámetros que sirven para establecer la clasificación del ranking general. Entre las categorías se encuentran los trámites necesarios para abrir una empresa, la protección de los inversores, el tiempo necesario para lidiar con los impuestos o la facilidad para registrar una propiedad. En la edición número 16 del informe, que examina un total de 190 economías, España ha logrado una mejora en casi todos los parámetros, por lo que la caída en el ranking se debe a que otras economías han realizado más reformas y han mejorado todavía más los resultados.

Así, España ha mantenido sus posiciones en las categorías de iniciar una empresa (86º), pago de impuestos (34º), comercio transfronterizo (1º) y resolución de insolvencias (19º). A pesar de ello, ha registrado descensos en las categorías de obtención de electricidad (48º), registro de la propiedad (58º), protección de los inversores (30º) y obtención de crédito (73º). Por otro lado, ha registrado una mejora de tres posiciones, hasta el puesto 23, en el parámetro de cumplimiento de contratos, tras registrar un leve aumento en la calidad de los procedimientos judiciales. No obstante, la mayor mejora se ha dado en la obtención de permisos de construcción, donde España ha pasado de ocupar el puesto 123 al 78. Este incremento se debe a que son necesarios dos procedimientos y hasta 61 días menos para lograr un permiso de construcción.

A nivel global, Nueva Zelanda ha vuelto a encabezar la clasificación, seguida de Singapur y Dinamarca, que mantienen el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en comparación con el año pasado. El resto de las diez primeras posiciones del ranking corresponden a Hong Kong (4º), Corea del Sur (5º), Georgia (6º), Noruega (7º), Estados Unidos (8º), Reino Unido (9º) y Macedonia (10º), lo que convierte a Lituania (14º) en la primera economía de la zona euro por su facilidad para hacer negocios, por delante de Estonia (16º), Finlandia (17º) y Letonia (19º).

En el extremo opuesto se sitúan países como Somalia (190º), Eritrea (189º), Venezuela (188º) o Yemen (187º), considerados los países que ofrecen peores condiciones para hacer negocios en todo el mundo. Las diez economías que más han mejorado este año su posición, en función de las reformas emprendidas, han sido Afganistán, Yibuti, China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda. En total, el Banco Mundial ha contabilizado un récord de 314 reformas estructurales dirigidas a mejorar el clima de negocio en los últimos 12 meses y en 128 economías. Las economías emergentes y en desarrollo han sido las que más reformas han implementado.

Así, los países de la región de África Subsahariana han acumulado un total de 107 reformas, mientras que en la región de Oriente Próximo y Norte de África se han realizado 43 reformas en el último año. "El sector privado es clave para crear un crecimiento económico sostenible y acabar con la pobreza en el mundo", ha subrayado el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. "Unas reglas justas, eficientes y transparentes, que son las que promueve 'Doing Business', son la base de una economía vibrante y un entorno emprendedor", ha añadido.

La producción de la economía española avanzó un 2,468% en el tercer trimestre del año en tasa interanual ajustada de efectos de calendario y precios, ligerísimamente menos que en el trimestre precedente. El dato confirma la desaceleración en la que está inmersa la economía en los últimos trimestres, ya que hace un año crecía el 3%.

Esta pequeña pérdida de pulso es imputable a un avance menos dinámico del consumo privado y de las exportaciones, y en parte a la inversión, según los datos avanzados por el Instituto de Estadística; el crecimiento intertrimestral fue de un 0,6%, frente al 0,56% del segundo trimestre del año. El empleo mantiene su vigor, con un incremento del número de ocupados a tiempo completo del 2,5% (450.000 nuevos ocupados, para llegar a 18,74 millones) y de un 3,3% en el número de asalariados (hasta 16,37 millones).

Pese a la pérdida de intensidad de los dos fundamentales componentes de la demanda interna, su aportación interanual al crecimiento de la economía fue de un 3%, que compensó sobradamente la aportación negativa de la actividad exterior, que se redujo a un 0,5%. Este pequeño alivio de la aportación negativa exterior es, en todo caso, más preocupante, porque es consecuencia de recortes muy severos en los avances tanto de la exportación como de la importación.

La exportación, que ha experimentado un salto cuantitativo muy fuerte en la actividad económica en los últimos años como consecuencia de la recomposición de la competitividad de las empresas, avanzó en el tercer trimestre del año a una tasa interanual del 0,4%, frente a valores superiores al 5% durante todos los trimestres de2018 y de entre el 2% y 3% en la primera mitad de este año. La importación reportó cierta compensación, por el menor dinamismo de la demanda interna, y creció un 2%, menos de la mitad que en la primera mitad del año.

Entre los componentes de la demanda interna el consumo avanza un 2,1% (antes un 2,2%), con similar fortaleza en el privado (2,1%) que en el público. Sin embargo, siguen patrones diferentes: mientras el privado pierde pulso, el público lo gana; de hecho, el año arrancó con un incremento del consumo privado superior al 3%. El avance individualizado efectivo crecía un 2,88% a principios del ejercicio y ahora lo hace al 2,01%. La inversión mantiene más vigor que el consumo y crece un 6,3% y acumula dos trimestres con avances superiores a los de todo el año pasado. La inversión en activos fijos materiales crece a tasas interanuales del 7,2%, pero la de bienes de equipo supera el 9,2%, con una notable aceleración sobre los valores de hace un año.

Una mirada al PIB desde el punto de vista de la oferta revela que el componente más dinámico es la construcción (crece un 7,2% en el año), seguido de los servicios (2,6%) y la industria, con un avance del 1,3% (1,6% la manufacturera, la mitad que el trimestre previo, víctima de la pérdida de intensidad de la exportación).

En cuanto al reparto de la riqueza generada, los salarios avanzaron bastante más que el excedente de explotación empresarial. La primera avanzó un 4,468% (la tasa más alta en los dos últimos años), mientras que el excedente lo hizo a tasas anuales del 2% (la más baja de los últimos dos años, salvo el segundo trimestre de este ejercicio). Tuvieron incrementos más generosos los impuestos, que crecieron un 5,3%. De la tarta de la riqueza nacional los salarios suponen ahora el 47,44%, y la renta empresarial el 41,6%, ganando terreno los primeros y cediendo la segunda.

El presidente del IEF, Francisco Riberas, habló este martes ante el presidente del Gobierno y tildó algunas de sus decisiones de cortoplacistas y pensadas mirando al Gobierno. "No podemos seguir tomando medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad", afirmó en presencia de Pedro Sánchez en el acto de clausura del XXI Congreso de Empresa Familiar.

Riberas aseguró que "nuestra economía se encuentra hoy en peor estado que el que tenía en 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público y desempleo, para afrontar una futura recesión". Riberas destacó que la encuesta entre los empresarios y los datos macroeconómicos ya "están empezando a sonar los tambores que anuncian una ralentización del crecimiento y un posible cambio de ciclo". Ese cambio de ciclo "no puede pillar a España sin los deberes hechos", señaló.

Continuó afirmando que "la coyuntura política de nuestro país no es fácil". Sin embargo, reclamó apelar al consenso de la Constitución para "tomar decisiones importantes". Entre ellas, un plan "que permita adecuar la oferta educativa en nuestro país, incluida la formación profesional dual". Añadió que "no tienen sentido las continuas reformas educativas de los últimos años".

También reclamó apoyos a la innovación y a las empresas grandes. "Es positivo ayudar a las startups, pero las empresas medias y grandes son las que posicionarán adecuadamente a este país en el contexto internacional".

Sector

Los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar del cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo del martes.

De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.

Concretamente, según informan a este diario, los clientes pueden acudir a los juzgados de instrucción bajo el argumento de que el banco les impuso el pago de la tasa dentro de una cláusula abusiva en la que se determinó que el prestatario debía hacerse cargo de todos los gastos de la hipoteca. A pesar de que el alto tribunal ha cambiado la jurisprudencia, seguirla no es una obligación de los jueces, y los magistrados de lo civil pueden determinar que la cláusula es abusiva y exigir la devolución del dinero.

De hecho, la sentencia del Supremo del 16 de octubre sigue siendo firme, lo que significa que el artículo 68.2 de la normativa del impuesto AJD que decía que debía afrontarlo el cliente continúa siendo nulo por ilegal.

Así, según los despachos, los magistrados de lo civil también pueden ampararse en la nulidad de este artículo para dar la razón a los usuarios, en los argumentos del propio fallo judicial de dicho día e incluso en los alegatos que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de cargar el impuesto a las entidades financieras expusieron este martes. "La jurisprudencia ha cambiado y puede volver a cambiar", asegura un reconocido abogado especializado en estos asuntos.

Por otro lado, precisamente por la controversia que ha levantado la actuación del Supremo respecto al impuesto hipotecario, también cabe la posibilidad de que, finalmente, se plantee una cuestión de prejudicialidad a Europa.

Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ya anunció el martes que elevará el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación ya se dio en el caso de las cláusulas suelo, donde el Tribunal Supremo cerró la puerta a la retroactividad de las devoluciones, pero Europa, en diciembre de 2016, no respaldó el fallo del órgano judicial español y sentenció lo contrario. De hecho, los expertos aseguran que el TJUE tiende a estar del lado de los consumidores.

Aunque la decisión del alto tribunal cierra la puerta a las demandas masivas y a la creación de un mecanismo de devoluciones similar al que se puso en marcha con las cláusulas suelo, desde la banca aún perciben las demandas judiciales como un riesgo puesto que consideran que la actuación del Supremo de las últimas tres semanas "ha abierto el melón", según informan fuentes del sector financiero.

No obstante, estas mismas fuentes aseguran que para conocer el alcance real de los riesgos a nivel de litigiosidad a los que se enfrenta la banca aún hay que esperar a que el alto tribunal publique la sentencia del martes, que puede tardar días. El Supremo no hizo ningún comunicado oficial ni publicó el fallo después de más de 16 horas de reunión repartidas entre el lunes y el martes.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido la mañana de este jueves perdón por la confusión en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a renglón, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión".

En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habló varias veces con Díez-Picazo el pasado jueves después de que se hiciera pública la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación.

Ambos volvieron a hablar por teléfono el viernes. En una primera conversación, Lesmes, según su versión, pidió a Díez-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. Y, poco después, llamó a Lesmes y le comunicó que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensión de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusión" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.

El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibió "ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisión sobre quién pagará el impuesto está ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunirá el día 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesión se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepción no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuación ha afirmado también que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.

El presidente del Supremo sí ha dado a entender que, en su opinión, el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedirá su dimisión.

Nuevo varapalo para la banca, que ayer volvió a sentirse acorralada, o ese era su sensación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer por sorpresa que su departamento, junto a las comunidades autónomas, habían “dado el paso” para solventar el colapso de los juzgados de las cláusulas suelo, sobre todo en las grandes ciudades, ya que en las pequeñas estos juzgados están prácticamente sin actividad.

El objetivo, ya debatido por Podemos en la legislatura de Mariano Rajoy, es imponer medidas sancionadoras a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. Este proceso dilatador no solo colapsa los juzgados, según apuntan fuentes jurídicas, “sino que al final provoca que muchos usuarios bancarios renuncien a seguir pleiteando por las cláusulas abusivas, ya que los bancos se pueden permitir litigar durante años. Además, pueden encargar informes que el suscriptor de las cláusulas suelo no puede costearse”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que mostró su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, destacó la importancia de esta “medida preventiva”, en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

Fuentes de Justicia explican que solo en un año se han presentado a los juzgados 250.000 causas relativas a cláusulas abusivas, que ya han comenzado también a descender a las audiencias provinciales, con el consiguiente peligro también de colapso.

La iniciativa explicada por Delgado ya fue discutida hace tres semanas en la comisión interministerial en la que se sientan también las comunidades autónomas, y aunque este no fue el punto principal del orden del día, la preocupación de las distintas autonomías por el colapso judicial por las cláusulas suelo derivó en que la reunión se centrase en buscar soluciones a estas peticiones.

La iniciativa, que se incluirá en un cambio de dos normas actuales, no solo hará referencia a las cláusulas suelo, sino que se incluirán todas las cláusulas abusivas para el consumidor, con lo que se pretende agilizar las soluciones para el usuario bancario.

Los cambios afectarán al Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo ámbito se ampliará ahora a otras cláusulas de productos financieros. También modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Tribunal Supremo ha obligado a una empresa a repartir entre sus trabajadores la cesta de Navidad que en 2016 sustituyó por un cóctel, al considerar que cuando una "permanencia continuada en el tiempo" del disfrute de este obsequio, la empresa no puede decidir unilateralmente suprimirla.

Así lo ha establecido la Sala de lo Social del alto tribunal en una sentencia en la que analiza el conflicto colectivo de una empresa que fue demanda por las organizaciones sindicales cuando ésta decidió de forma unilateral dejar de repartir la cesta de Navidad que llevaban haciendo casi 10 años y sustituida por un cóctel.

Según consta la sentencia, con fecha del pasado 12 de julio, desde el año 2007 la empresa demandada ha venido entregando a los trabajadores una cesta de Navidad durante "los primeros días de diciembre de cada año", cuyo importe ha ido incrementándose cada vez más, salvo el año anterior a suprimirla, que su coste disminuyó a cuatro euros para regalar un panettone. Según consta como hechos probados, fue en 2016 cuando se comunicó que únicamente "realizaría un pequeño cóctel" para los directivos y empleados que lo deseen.

La empresa sostiene en su recurso que la decisión de que los empleados tengan este beneficio obedece a una "pura y simple liberalidad". Si bien el Supremo, que indica que hay que estudiar las circunstancias concretas de cada caso, no lo entiende, así pues, según dice en su resolución, la "suma muy importante", el "esfuerzo logístico y organizativo que comporta el encargo y distribución" de las mismas durante casi 10 años no es algo "puntual".

Es más, los magistrados apuntan que el hecho de la reducción de la cuantía de la cesta se enmarca en la "grave crisis que ha afectado a todos los sectores económicos a nivel nacional" y que la empresa ofreciese este ágape, cuando nunca antes lo había hecho, supone "en cierto modo" asumir "la necesidad de sustituir una cosa por la otra, en lo que implícitamente pudiere suponer un reconocimiento de la existencia de una determinada obligación".

Por ello, la Sala considera que cuando esta cesta se ha entregado durante tanto tiempo no se puede calificar esta actuación empresarial como una mera liberalidad, sino como "condición más beneficiosa", lo que implica que para su supresión es necesario alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores o tramitar una modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto del Trabajador.

"La condición más beneficiosa, la mejor forma de demostrar su existencia es la permanencia continuada en el tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o los trabajadores que la tengan reconocida", explica la sentencia, que desestima el recurso de la empresa y confirma la sentencia dictada en marzo de 2017 que declaró el "derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a que se les entregue la cesta de Navidad de 2016".

España incumple la normativa europea al no haber traspuesto dentro del plazo fijado la Directiva de la UE que regula la comunicación de infracciones, posibles o reales, ante las autoridades competentes en caso de abuso en el mercado. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia dictada hoy en la que declara la infracción de nuestro país al no haberse ajustado a la fecha fijada para adoptar al derecho nacional la Directiva europea que regula la comunicación de infracciones, posibles o reales, ante las autoridades competentes en caso de abuso en el mercado.

En octubre de 2017, la Comisión Europea interpuso un recurso contra España por no haber transpuesto dicha Directiva dentro del plazo habilitado para ello, el cual terminaba el 16 de abril de 2017. Nuestro país alegó que los trámites estaban “en fase de realización”, añadiendo que se iba a cumplir el contenido de la normativa europea.

Concretamente, precisó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone de personal especializado competentes para recibir e impulsar las comunicaciones de infracciones a las que hace referencia la Directiva. Asimismo, la CNMV tiene habilitado un canal para que cualquier denunciante pueda informar de posibles infracciones. Si el denunciante lo solicita, se mantiene la confidencialidad de sus datos, por lo que se cumple la obligación de secreto profesional y de confidencialidad impuesta por la normativa.

No obstante, el tribunal de Luxemburgo recuerda que la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro al final del plazo señalado. Y es que “España no niega que no había hecho públicas normas generales de regulación del procedimiento de comunicación de las infracciones para dar cumplimiento a la Directiva”. Asimismo, era necesario que nuestro país comunicara a la Comisión el texto de las disposiciones adoptadas para garantizar la transposición, cosa que no hizo.

El texto señala que, al indicar que la transposición “formal” de la Directiva se encontraba “en fase de realización”, nuestro país reconoció que no había llevado a cabo todos los trámites exigidos por la norma de la UE. En todo caso, continua el TJUE, de las limitadas explicaciones que le ha facilitado España no se deduce que las medidas administrativas invocadas constituyan una transposición satisfactoria de la Directiva.

Finalmente, por lo que se refiere a las demás alegaciones de España para justificar la inobservancia del plazo de transposición, el Tribunal de Justicia recuerda que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, como la falta de transposición de una Directiva dentro del plazo fijado.



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Precio final por compra On-Line: 72,12 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
Memento Práctico Concursal 2020

Autor: Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417985288
1100 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 13 de Diciembre de 2019, fecha prevista de publicación.
Precio original: 149,76 €
Precio final por compra On-Line: 134,78 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO PENAL
Delitos sexuales

Autor: Redacción Wolters Kluwer
Editorial: Bosch
Soporte: Libro
ISBN: 9788490904138
360 páginas


Precio original: 54,08 €
Precio final por compra On-Line: 51,38 € (I.V.A. incluido)
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