Síguenos en  Síganos en Facebook Síganos en Twitter Síganos en Linkedin
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 – 944 255 220 clientes@disjurex.es

Los consejos de la semana

Contabilidad

El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto el trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) y sus disposiciones complementarias, para avanzar en la adaptación de la regulación contable de España a los criterios contenidos en dos normas internacionales de información financiera adoptados por la Unión Europea (NIIF-UE). También ha abierto dicho trámite para el proyecto de real decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC).

El Ministerio de Economía y Empresa explica que las disposiciones del Plan General de Contabilidad afectan a dos áreas muy significativas, como son la contabilización de los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios.

La convergencia normativa supone una mejora de la calidad de la información financiera en estas áreas, tras la experiencia acumulada a nivel internacional. Las modificaciones del PGC se aplicarán a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 por las empresas no financieras.

Con este proyecto, se mantiene la estrategia de armonización contable española con las normas europeas de acuerdo a los principios de simplificación y proporcionalidad, considerando las características y actividades desarrolladas por las empresas que aplican el Plan General de Contabilidad, que no pertenecen al sector financiero.

La elaboración del proyecto se realizó por un grupo de trabajo en el que han formado parte expertos y profesionales relacionados con la futura aplicación de la norma: empresas, auditores, catedráticos de contabilidad e instituciones públicas (Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Banco de España, CNMV, DGS e IGAE).

El proyecto recibió el informe favorable del Consejo de Contabilidad del ICAC, órgano donde quedan representadas la mayoría de esas instituciones.

Desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría de Cuentas

Igualmente, el ICAC ha abierto el trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), cuyas modificaciones entrarán en vigor, con carácter general, a partir del próximo 1 de julio.

El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es incrementar la garantía y seguridad para interpretar y ejecutar las disposiciones que se establecen en la ley. Según el Ministerio de Economía, este incremento de la seguridad jurídica redundará en una mejor ejecución y realización de los trabajos de auditoría, en el mejor cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la norma y, por consiguiente, en una mayor fiabilidad de la información que se audita.

Con la nueva regulación se busca proteger la función de interés público que desempeña la auditoría de cuentas al afianzar su calidad. Para ello, se desarrollan, entre otros, los aspectos relacionados con el deber de independencia y las medidas que deben adoptar los auditores para salvaguardarla, y se precisan las normas que limitan la concentración de honorarios respecto a una entidad auditada.

Asimismo, se desarrollan los principios que deben seguir los procedimientos y sistemas internos de los auditores y sociedades de auditoría para que cuenten con una "sólida" organización interna. Con ello, se asegura la efectiva aplicación del principio de responsabilidad proactiva que incorpora la ley que se desarrolla.

Finalmente, la nueva regulación desarrolla también las disposiciones específicas para los auditores de menor tamaño en cumplimiento de las habilitaciones contenidas en la ley.

Para su elaboración, se han mantenido numerosas reuniones con representantes de las corporaciones representativas de los auditores, debatiéndose pormenorizadamente su articulado.

Mercantil, civil y administrativo

¿Es obligatorio que todas las PYMES dispongan de un Delegado de Protección de datos personales?

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos, impone a las empresas la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de datos, si en ellas concurren determinados requisitos.

Desde el pasado mes de mayo, es plenamente aplicable en España el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, impone a las empresas la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de datos, siempre que en ellas concurran determinados requisitos. Estos son:

a) que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

b) que las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o

c) que las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales (Esto es, tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.), y de datos relativos a condenas e infracciones penales.

En casos distintos de los contemplados anteriormente, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un delegado de protección de datos o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El delegado de protección de datos podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.

Por otro lado, un grupo empresarial podrá nombrar un único delegado de protección de datos siempre que sea fácilmente accesible desde cada establecimiento. Y cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.

Por tanto, no será obligatorio su designación en todos los casos. Las empresas (PYMES) estarán obligadas a designar un Delegado de Protección de Datos en tanto que gestionen a gran escala datos de categoría especialmente sensibles, o si en su actividad concurren ciertas circunstancias que bien se especifican en el artículo 37.1 del Reglamento Europeo.

¿Qué entendemos por Delegado de Protección de Datos?

El Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD), puede decirse, salvando las distancias, que se coloca en una posición de “Policía”, cuya función primordial es verificar y hacer cumplir las disposiciones y nuevas exigencias que desde Europa se pretende en esta materia. Con carácter general, podría decirse que sus funciones son: control, supervisión y coordinación en el cumplimiento del reglamento. De forma más detallada tendrá, sin que suponga un “numerus clausus” o relación cerrada, las siguientes:

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;

b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;

c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación;

d) cooperar con la autoridad de control;

e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

El DPD podrá desempeñar otras funciones y cometidos, siendo el responsable o encargado del tratamiento el que garantizará que dichas funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses. Además, el DPD no podrá recibir ninguna instrucción en lo que respecta a sus funciones, ni podrá ser destituido ni sancionado por el responsable o encargado en el desempeño de sus funciones. Lo que sí tendrá que hacer, es rendir cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.

Cualquier interesado podrá ponerse en contacto con el DPD en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos al amparo del presente Reglamento. Con ello, estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.

¿Quién designa el Delegado de Protección de Datos?

La designación del DPD, se realizará por el responsable y el encargado del tratamiento que garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Tendrán que respaldarlo en el desempeño de sus funciones, facilitándole los recursos necesarios para el desempeño de las mismas y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, así como para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.

El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones.

El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

El responsable o el encargado del tratamiento publicará los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que el futuro impuesto a las transacciones financieras se dedicará "en exclusiva" a financiar la Seguridad Social, según ha apuntado. Aunque no ha precisado los ingresos que pretenden obtenerse con este impuesto, que todavía está pendiente de cerrarse en el marco de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, la idea es que "la recaudación se lleve íntegramente a la Seguridad Social", sin que sea necesario "hacer nada extraordinario", ha dicho la ministra.

Montero ha añadido que esta medida no será "lo último ni lo definitivo", y que si en 2020 fueran necesarias medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones se abordarían "tanto por la vía de los ingresos como de quitar a la Seguridad Social algunas cosas que paga (...) y que podría asumir la Administración General del Estado".

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya apuntó ayer la posibilidad de "estudiar la creación de impuestos especiales" para que los presupuestos contribuyan a financiar el sistema de pensiones.

Montero ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a las personas mayores sobre la garantía de las futuras pensiones y su revalorización conforme a la inflación porque los sistemas de pensiones necesitan revisarse "cada cierto tiempo".

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha pedido a Hacienda que devuelva de oficio la retención del IRPF de las prestaciones por maternidad, después de que el Tribunal Supremo la haya considerado nula, y ha valorado positivamente la intención del Gobierno de igualar los permisos de paternidad y maternidad.

"Desearíamos que Hacienda no haga pasar ahora un calvario a las mujeres y a los hombres a los que se les ha descontado el IRPF, cuando hay una sentencia del Supremo que dice que estas prestaciones no tienen que pagar el impuesto", ha afirmado Álvarez en Lleida en declaraciones a los medios. Álvarez ha explicado que su sindicato ha pedido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que subsane el error y no tenga que hacerlo cada contribuyente", ya que ha subrayado que es una reclamación costosa.

Para Álvarez, igualar el permiso de maternidad y de paternidad y que tengan que utilizarlo ambos progenitores es básico para acabar con la brecha salarial y la falta de igualdad para las mujeres. "Hay muchas empresas, lo sabemos, que a la hora de contratar a una mujer tienen en cuenta las bajas de maternidad. Si el hombre está en las mismas condiciones, esta situación de discriminación con seguridad desaparecerá", ha opinado.

Sobre las pensiones, ha pedido que se revaloricen en relación al coste de vida de forma automática y desaparezca el factor de sostenibilidad, ya que ha apuntado que, "hablando en plata, se recortará la pensión entre un 30% y un 40%". Por último, ha recalcado que las pensiones no tienen un problema de gasto sino de ingresos y ha recordado que su organización recomienda, entre otras propuestas, eliminar los topes de las cotizaciones máximas, que a su juicio permitiría generar muchos ingresos.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un paquete de medidas urgentes dirigidas a garantizar el suministro energético de los hogares más humildes y de contener la imparable alza de la luz de los últimos meses que vienen afrontando todos los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseveró que solo las medidas fiscales aprobadas supondrán un ahorro medio del 4% en la factura eléctrica de los hogares. Las organizaciones de consumidores y autónomos celebran el plan, pero reclaman bajar el gravamen de la luz del tipo general de IVA del 21% al tipo superreducido del 4%, lo que arrojaría una rebaja mucho mayor: del 14,11%.

De momento, además de medidas sociales, el Ejecutivo puso en marcha dos medidas fiscales: la suspensión durante seis meses del impuesto de generación eléctrica, del 7%, y la desactivación del denominado céntimo verde. El recibo eléctrico medio ascendió en septiembre a 83,55 euros, la tercera cifra más alta de la historia. Dando por buenos los cálculos del Gobierno, la modificación de estos dos impuestos supondrá rebajar el coste a los 80,2 euros, 3,3 euros menos.

En cambio, aplicar un IVA superreducido sobre el coste de la luz en lugar de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno reduciría el coste mensual en casi 12 euros, hasta los 71,76 euros. La organización de consumidores Facua reclamó al Ejecutivo la última semana que “emprenda medidas realmente eficaces para abaratar el recibo y no vuelva a poner parches similares a los que han visto los usuarios legislatura tras legislatura”. Una de las “principales reivindicaciones” hechas al Gobierno por esta asociación es precisamente “la bajada del IVA de la luz al 4%”.

No son los únicos. La asociación de autónomos ATA advertía hace unas semanas que el incremento del precio eléctrico está siendo una soga al cuello del colectivo que, junto al alza de los carburantes, ya ha costado de 1.000 a 1.200 euros a cada trabajador por cuenta propia en lo que va de año. Para su presidente, Lorenzo Amor, suprimir el impuesto de generación “es una limosna para lo que significa la factura de la luz que pagan autónomos, empresas y familias”. La electricidad, reclama, “es un bien de primera necesidad y hay que aplicarle el IVA superreducido”.

Las reivindicaciones en este sentido crecen al mismo ritmo que se alza el precio de los recibos mensuales que afrontan los consumidores. La factura ha subido en casi 10 euros en lo que va de año. La escalada se ha visto impulsada especialmente al multiplicarse por cuatro el coste de los derechos de emisión del CO2.

Sin embargo, el fenómeno es persistente. Desde el inicio de la crisis, el precio del recibo mensual de la luz se ha encarecido un 51% frente a los 50,2 euros que se abonaban en 2008. El alza acumulada en los últimos 15 años, desde los 43,47 euros de 2003, ha sido del 92%.

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en la letra pequeña del acuerdo fiscal que ultima con Unidos Podemos y que tiene como medida estrella un alza del IRPF para rentas altas. La propia ministra del ramo, María Jesús Montero, desveló ayer en una entrevista a Antena 3 que la idea que barajan es crear dos nuevos tramos para rentas por encima de los 140.000 euros anuales. En concreto, según precisan fuentes de la negociación, el planteamiento del Gobierno es hacer progresiva una subida de hasta cuatro puntos del tipo marginal de IRPF, estableciendo un nuevo tramo a partir de los 140.000 euros y otro más a partir de los 300.000 euros.

Este esquema es la respuesta de Hacienda a la propuesta de Podemos, que reclamó crear tres nuevos tramos: uno para rentas de 120.000 a 150.000 euros, elevando su gravamen tres puntos hasta el 48%; otro, para las de 150.000 a 300.000 euros, al 50%; y un tercero, para rentas superiores a 300.000 euros, gravado al 52%.

Actualmente, tras la última reforma fiscal de Cristóbal Montoro, hay cinco tramos de IRPF. El más alto se sitúa a partir de los 60.000 euros. Se establece aquí un gravamen general del 45% aunque la cifra varía en función de la comunidad autónoma, llegando hasta el 48% en regiones como Andalucía o Cataluña. Con el alza que baraja el Ejecutivo, las rentas altas pasarían a pagar un 49% general, aunque la cifra media en España rondaría el 50% y los andaluces y catalanes pasarían a abonar un 52% por las rentas superiores a los 300.000 euros.

Este planteamiento restaría potencia recaudatoria a la iniciativa que el PSOE planteó en la oposición, cuando apostaba por subir de golpe los cuatro puntos para rentas de más de 150.000 euros a fin de recaudar unos 400 millones adicionales por IRPF. Subir el listón desde el que se aplicará el máximo tipo marginal suaviza la reforma reduciendo la presión sobre el pequeño colectivo al que se dirige, pues solo 91.000 personas perciben más de 150.000 euros de renta anual en España. El Gobierno, en todo caso, gravará también más las rentas del ahorro para quien cobre más de 140.000 euros, lo que elevará en más de mil millones adicionales la recaudación.

La idea consiste en que las empresas paguen más en el impuesto de sociedades por los resultados que reciben de otros países. Es una de las medidas planteadas por Unidos Podemos en la negociación de los Presupuestos de 2019. El plan, aún por definir, pasa por limitar esta exención a cerca del 95% para recaudar alrededor de 1.000 millones de euros. La iniciativa afectaría sobre todo a las grandes multinacionales españolas.

"Reconsiderar la exención de plusvalías interiores y de las exenciones por doble imposición que no respondan estrictamente a evitar dobles imposiciones". El PSOE introdujo esta alambicada declaración de principios en sus Presupuestos alternativos de 2018, cuando estaba en la oposición hace tan solo medio año. Ahora ya en el Gobierno, Pedro Sánchez pretende cumplir con el espíritu de esa propuesta. Quiere que las empresas paguen más por los beneficios que obtienen de sus filiales extranjeras. Para ello valora limitar la exención por doble imposición sobre dividendos extranjeros, según confirman fuentes gubernamentales.

Esta exención procede básicamente de los acuerdos bilaterales que España ha firmado con otros países para evitar que las empresas tributen dos veces por el mismo impuesto. El Gobierno quiere que la exención baje del 100% actual al entorno del 95% para recaudar 1.000 millones más en el impuesto de sociedades.

La memoria anual de recaudación de la Agencia Tributaria muestra que la exención de doble imposición es la partida que más afecta al cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades y, por tanto, la que más contribuye en las grandes empresas a la gran diferencia entre el tipo efectivo (6,14%) y el nominal (25%).

Las cifras de la Agencia revelan que las sociedades registraron un resultado contable positivo de 198.202 millones de euros durante 2016, último año con datos disponibles. De esta cantidad, las empresas se restan 105.332 millones por dividendos y beneficios que han recibido de sus filiales en otros países para evitar la doble imposición. Si el Gobierno solo permitiera reducirse el 95% de esa cantidad, las empresas españolas tendrían que reconocer 5.267 millones más en su base imponible. Como el tipo efectivo del impuesto de sociedades está en el torno del 20%, las empresas desembolsarían 1.057 millones más por este tributo.

Hacienda también ofrece los mismos datos para los grupos consolidados (las multinacionales). Y las cifras son más esclarecedoras: de los 111.788 millones de beneficios que declararon estas corporaciones en España, el 77% procedían del exterior. Y por eso el tipo efectivo sobre el resultado contable resulta tan bajo, del 6,14%. Algo que sirve de munición a los partidos de izquierda, como Podemos, para criticar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.

Laboral

Que la economía española haya recuperado las tasas de crecimiento previas a la crisis, pero que los salarios vayan quemando trimestres sin acabar de coger el mismo ritmo tiene dos explicaciones. Por un lado, las altas tasas de parcialidad no deseada, es decir, aquellos trabajadores que no realizan una jornada completa, pero desearían hacerlo, y, por el otro, los altos niveles de paro estructural que tiene España.

El autor de dicho diagnóstico, expresado en una línea muy parecida en anteriores ocasiones por otros actores, no es otro que el Banco de España. Bajo el título "La moderación salarial en España y en la UEM", publicado este martes, el organismo monetario concluye que factores como la parcialidad no deseada o la "holgura en el mercado laboral" habrían desempeñado "un papel relevante a la hora de explicar el reducido crecimiento salarial del período más reciente".

El concepto de "holgura del mercado laboral" se traduce en lenguaje mundano en altos niveles de desempleo. España tenía en agosto, últimos datos de Eurostat, una tasa de paro del 15,2%, la segunda más alta de la UE tras Grecia. Mucha gente desempleada significa que las empresas tienen un mayor margen para elegir a quién seleccionan para un puesto de trabajo y, por ende, no hace falta que paguen tanto. Una característica a la que el Banco de España cifra la alta presencia de parados "desanimados", es decir, aquellos que ven tan difícil encontrar un empleo que ya ni lo buscan.

La calidad del empleo ofertado por las empresas también es una variable de mucho peso en el diagnóstico del Banco de España para explicar la moderación salarial que viven los trabajadores del país. En el 2017, según datos de Eurostat, el 61,1% de los trabajadores que tenían un contrato a tiempo parcial desearían haber tenido uno a tiempo completo. Una cifra 2,3 veces más alta que en la media de la UE, donde dicho porcentaje representó al 26,4% de los empleados. "Durante la crisis financiera, al menos un número importante de empresas se enfrentaron a la caída de la actividad sustituyendo una proporción relevante de trabajadores a tiempo completo por trabajadores a tiempo parcial, con el objetivo de limitar sus costes laborales", señala el Banco de España en su informe.

Los altos niveles de temporalidad es otra de las causas de esa precariedad que lastran el crecimiento de salarios, en comparación con el crecimiento recurrente a nivel europeo. En España en el 2017 el 26,4% de los contratados tenían un contrato temporal, frente al 13,4% de la media europea. No obstante, España todavía no ha recuperado los niveles de temporalidad previos a la crisis, ya que, según señala el informe, la destrucción de empleo al inicio de la crisis primó a los contratados de duración finita sobre los indefinidos. En este sentido, el Banco de España ha detectado que la recuperación del empleo, en términos cuantitativos, llega en España por la vía de la contratación temporal, ya que en sus números detecta que, a menos paro, más temporalidad.

A todo esto, se añade un menor optimismo frente a la situación económica del país ahora que antes del estallido de la crisis. Un escenario en el que la mayoría de empresarios prevé una futura inflación es más proclive para subir los salarios que uno más pesimista. Lo que el informe ya no abarca es cómo afectará sobre los sueldos las tasas de inflación por encima del 2% que la economía española ha registrado en la segunda mitad del 2018.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado en varias ocasiones que su mayor preocupación fue cómo abonar la paga extra de verano a los más de 8,5 millones de pensionistas. “Si no lo llego a pagar me tengo que ir al exilio”, bromeaba la semana pasada durante una comparecencia en el Senado.

Para el pago de esta extra de verano, que asciende a unos 9.000 millones de euros (además de otros 9.000 de la nómina ordinaria del mes) el Gobierno socialista ya dispuso de 7.500 millones de euros del crédito del Tesoro de 15.200 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para este fin. Esta cantidad junto a la mejora de los ingresos por cotizaciones permitió al Ejecutivo no sacar nada del fondo de reserva en verano.

Pero en poco menos de un mes, Valerio deberá volver a firmar nuevamente la orden para que los mismos 8,5 millones de pensionistas (que reciben 9,6 millones de pensiones) cobre, esta vez, la paga extra de Navidad. Y esta vez, será probablemente inevitable disponer de una parte de los 8.095 millones que aún quedan en la hucha de las pensiones.

No obstante, Valerio ha confiado en “no tener que sacar mucho dinero del fondo de reserva porque aún hay unos 6.500 millones del crédito (del Tesoro a la Seguridad Social)”. Además, como ya ocurrió en verano, la ministra ha apostado porque otra parte de esta extra se financie con la mejora de los ingresos por cotizaciones, que crecen casi un 6%, un punto más de lo que avanza el gasto en pensiones.

A estos pagos extra, previstos de antemano, habrá que sumar los cerca de 2.000 millones que ha supuesto la subida de pensiones del 1,6% este año. Y la paga compensatoria, que se abonaría en enero, si el IPC a final de año superase el 1,6% citado. Cada décima de desvío al alza de la inflación cuesta unos 128 millones de euros (256 si se tiene en cuenta su consolidación).

En cualquier caso, Valerio ha insistido hoy en que “el gasto en pensiones no está disparado”. En concreto, citó el 11,7% del PIB que supone el gasto en pensiones de todo tipo y el 10,5% si se tienen en cuenta solo las contributivas. Estos porcentajes están por debajo del 12,5% de media de la OCDE, según dijo ayer la responsable de Trabajo durante la clausura de unas jornadas sobre longevidad.

Dicho esto, ha admitido que el Gobierno deberá financiar las pensiones fundamentalmente con cotizaciones, pero también con impuestos. Y emplazó al Pacto de Toledo y a los agentes sociales a que reordenen los gastos del sistema “para quitar presión”. Además de buscar nuevos ingresos.

Valerio se ha referido también hoy al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de equiparar los permisos de paternidad –ahora de cinco semanas– a los de maternidad, de 16 semanas de duración. No precisó, sin embargo, cómo ni cuándo se haría esta equiparación.

Si bien, distintas fuentes apuntan a que tendría un coste que superaría los 2.000 millones de euros, que se sumarían a los 2.500 que ya se gastan en estas prestaciones de maternidad y paternidad. Todo apunta a que este gasto obligaría al Gobierno a hacer una equiparación progresiva en el tiempo, aunque Valerio ha sugerido hoy la medida podría implantarse en un solo año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que recogerá la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad y la universalización de la educación de 0 a 3 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que la próxima semana se presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que recogerá una "apuesta clara" por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y por la universalización de la educación de cero a tres años.

El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio en una breve intervención antes de participar en la carrera de obstáculos por la conciliación 'Yo no renuncio' en Alcobendas (Madrid), en una breve intervención con los medios a los que ha señalado que la inclusión de en las cuentas públicas es "fundamental" para la conciliación entre hombres y mujeres. El presidente del Gobierno se comprometió a principios de septiembre con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a presentar ante la Comisión Europea un plan presupuestario propio para 2019 antes del 15 de octubre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó el jueves pasado que el propósito del Gobierno es que los PGE de 2019 es que sean "más sociales, igualitarios y redistributivos", para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica "más justa", ya que aún no ha llegado a "muchos hogares", y recordó, asimismo, que contemplarían la reducción del IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el cese de interinos tras considerar la utilización abusiva de contratos de duración determinada y ha reconocido el derecho de los mismos a mantenerse en sus puestos de trabajo y a percibir las retribuciones no abonadas mientras que la Administración no cumpla con la normativa vigente.

En concreto, la sección cuarta de la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado dos sentencias en las que anula parcialmente dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el cese de un funcionario interino municipal y de una empleada de carácter eventual de los servicios de salud cuando se ha constatado una situación previa de abuso en la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

El Tribunal Supremo, aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha apuntado que estos ceses de los dos trabajadores son contrarios a derecho, pero que la actual situación de abuso no permite convertir al funcionario interino o empleada pública eventual en "personal indefinido no fijo".

Con esta declaración, el Supremo ha revocado el pronunciamiento contenido en las sentencias el Tribunal vasco, que había aplicado esta figura de "personal indefinido no fijo", propia de las relaciones sometidas al derecho laboral, pero que no son aplicables a los empleados públicos vinculados con la Administración cuando estos son tanto interinos como empleados públicos eventuales.

Asimismo, para el Alto Tribunal, el abuso reside en la subsistencia y continuación de las relaciones de empleo con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella desde la fecha de efectos del cese legal y hasta que la Administración cumpla lo que ordena la normativa aplicable.

Según la normativa, el cese de un interino o empleado público eventual solo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por funcionario o personal de carrera, cuando vuelva su titular, cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas objeto del nombramiento.

Así, el Supremo afirma que para que se cumpla con esta normativa se deben considerar las circunstancias del caso. En los casos analizados, se constata que los nombrados cumplían necesidades que no tenían carácter provisional, sino "permanente y estable".

Por ello, el Tribunal Supremo considera que deben valorarse las funciones que prestaron, si procede, o no, la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas. Si no se han realizado estas funciones, el Supremo aboga por acudir al tipo de nombramiento que proceda, impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.

Sobre la indemnización pedida por los afectados en País Vasco, el Supremo ha asegurado que "no procede", porque "el mantenimiento en sus puestos que se declara con percibo íntegro de lo no abonado, repara íntegramente el perjuicio causado".

No obstante, en líneas generales, "los afectados por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tienen derecho a una indemnización, aunque el reconocimiento de este derecho depende de las circunstancias del caso, debe ser hecho en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso y requiere que la parte demandante apunte en el momento procesal oportuno los daños y perjuicios y por qué fueron causados"

La Inspección de Trabajo ha detectado fraude en 6.929 contratos de jornada a tiempo parcial, obligando a los empleadores de los trabajadores afectados a ampliar sus horas de trabajo y, consecuentemente, a subir sus salarios y cotizaciones. Así lo ha avanzado este miércoles la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante una comparecencia en la comisión de Trabajo del Senado.

Esta ampliación de jornadas es el resultado de la primera fase de uno de los dos planes de choque que puso en marcha la Inspección de Trabajo en julio pasado contra el fraude en los contratos temporales y a tiempo parcial. Los datos facilitados este miércoles por Valerio corresponden, por tanto, a las actuaciones de los inspectores en agosto y parte de septiembre. En este tiempo, las ampliaciones de jornada en contratos fraudulentos han aumentado un 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto al otro plan de choque que lucha sobre la contratación temporal fraudulenta, Valerio ha recordado las cifras ya facilitadas por su Departamento, que indican que dicha primera fase del plan –en la que la Inspección ha enviado más de 80.000 cartas a los empresarios para que regulasen la situación de sus trabajadores— se han convertido en indefinidos más de 46.000 trabajadores temporales.

Además, de esta reacción de los empresarios a las misivas enviadas por la Inspección, la ministra de Trabajo ha destacado que se está produciendo “un efecto inducido en las empresas que no han recibido ninguna carta, y los empresarios están actuando de manera preventiva” y regulando o contratando de manera adecuada a sus trabajadores.

Así, de forma directa o indirecta, la puesta en marcha de estos planes de choque ha generado que en agosto se hayan hecho casi 154.000 contratos fijos, un 34% más que hace un año; y en septiembre, se han suscrito otros 232.678 indefinidos, también un 20,8% más que hace un año.

Además, en agosto se han convertido 67.161 contratos temporales en fijos, un 49,2% más; y en septiembre, otros 80.540, lo que supuso un aumento del 37,5% respecto al mismo periodo de año anterior. En ambos meses se trata del mayor crecimiento de la serie histórica.

Tras dar estos datos, Valerio ha recordado que, tras esta primera fase de estos planes de choque, los inspectores y subinspectores pasarán próximamente a la segunda fase en la que visitarán a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores. Y en enero se hará balance de todas estas actuaciones.

Valerio, que ha dado este miércoles en el Senado un repaso a todas las líneas de actuación de su Departamento, ha precisado que estos dos planes de choque son el eje del Plan Director de la Inspección por el Trabajo decente aprobado a finales de julio y “que se está mostrando muy eficaz y tremendamente ágil”, ha dicho la ministra.

En este Plan están previstas 55 medidas operativas para luchar, además de contra la parcialidad y la temporalidad abusivas, también para mejorar el control de las horas extraordinarias no pagadas. Según las cifras que maneja Trabajo, el 55% de las horas extra que realizan más de 825.000 trabajadores cada año, no se pagan por parte del empresario.

En ese sentido, Valerio ha anunciado que el Gobierno está estudiando en la mesa del diálogo social para la mejora de la calidad del empleo, el establecimiento de “un registro horario y el reconocimiento expreso a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo”. En la actualidad ya existe una proposición de ley del PSOE en esta misma línea, que está actualmente en periodo ampliado de enmiendas desde hace meses.

Mercantil, civil y administrativo

El ranking de los mayores países del mundo está en plena transformación. La batalla por los primeros puestos de la lista de principales economías sufrirá algunos cambios destacables en los próximos meses y años, según las proyecciones publicadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

España, por ejemplo, sube un puesto este año mientras que Reino Unido está a punto de bajar dos en una clasificación en la que Estados Unidos tiene garantizado el primer puesto del podio durante el próximo lustro pese a que China le ha superado ya en paridad de poder de compra.

En el caso de España, el avance del 2,7% que el PIB experimentará este año, siempre según las previsiones del FMI, le permitirá arrebatar a Australia el decimotercer puesto del ranking de mayores economías del mundo.

Así, aunque el Estado austral elevará su PIB de 1,379 billones de dólares en 2017 a 1,427 billones este año, no será suficiente para seguir manteniendo la ventaja frente a España, que pasa de 1,314 billones a 1,437 billones este ejercicio. Sin embargo, la progresiva ralentización del crecimiento económico de España provocará que Australia vuelva a superar a la economía española en 2022, relegándola de nuevo al puesto decimocuarto.

Subiendo escalones en el listado, los primeros cambios significativos los protagonizan Corea del Sur, que supera este año a Rusia en el puesto undécimo y mantendrá su ventaja al menos durante todo el lustro, o Italia, que también este ejercicio subirá al octavo escalón en sustitución de Brasil.

La caída más destacada, a su vez, será la de Reino Unido que, según la proyección que el FMI ha presentado esta semana en su Cumbre Anual celebrada en Bali, verá estancado su crecimiento en 2019, coincidiendo con la salida oficial de la Unión Europea, prevista para marzo. El brexit contribuirá a que el país caiga del quinto puesto al séptimo durante el próximo año, siendo superada su economía por la de India y Francia durante el lustro.

El Fondo ya había adelantado las previsiones para España la semana pasada, cuando adelantó que la recuperación económica en el país "está llegando a su madurez", lo que anticipa una ralentización del desarrollo para los próximos años." España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas.

Pero el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo", subraya el FMI. Los técnicos del organismo, que visitaron España en el marco de su revisión anual de la economía, conocida como Artículo IV, mantienen la estimación de crecimiento para 2019 en el 2,2%. A partir de 2020, la institución prevé que el crecimiento de la economía española se ralentizará todavía más hasta converger con su "tasa potencial", estimada en el 1,75% anual.

Esta caída en el crecimiento se debe a que la economía está "lastrada" por retos "estructurales" como la deuda pública "notablemente elevada", un "alto" desempleo y un "lento" aumento de la productividad. Pese a todo, España mantiene su identidad como motor de la UE. A su crecimiento del 2,7% este año, le siguen a gran distancia Alemania, país para el que el FMI calcula un impulso del 1,9%, Francia (1,6%) e Italia (1,2%).

España será también el país que más se impulsará en 2018 de entre las grandes economías avanzadas, solo superado por Estados Unidos, para el que el FMI espera un desarrollo del 2,9% este año.

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha optado por mantener el bono social de la tarifa eléctrica, que aprobó el extitular de Energía, Álvaro Nadal, pese a que, en un buen número de supuestos, no está ligado a la renta (ver gráfico). Este bono convive, además, con otro anterior, también del Gobierno del PP, y así seguirá en tanto los beneficiarios que tengan derecho, lo renueven. Para ello, el real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la subida de la luz, que entra hoy en vigor, ha ampliado el plazo que concluía el lunes, hasta fin de año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera reconoció que la inclusión de las familias numerosas sin límite de renta como beneficiarias de unos descuentos que financian las comercializadoras, “es uno de los elementos que más nos llamó la atención”. Sin embargo, tras consultar con distintas asociaciones, “y dado que conviven dos bonos eléctricos”, el Gobierno no consideró prudente cancelarlos “de golpe”.

Por el momento, su ministerio gana tiempo hasta finales de año, en que desaparece el viejo bono. Por otro lado, el RDL fija un mandato al Gobierno para que en seis meses elabore una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. “Hemos optado por un periodo transitorio”, afirmó Ribera, quien añadió que dicha estrategia se elaborará “con verdaderos criterios de renta”. En este sentido, la ministra aludió también a una reforma en profundidad del mercado eléctrico. En esta Estrategia colaborarán las comunidades autónomas y ayuntamientos y su objetivo será la erradicación de la pobreza energética. Según el Gobierno, esta afecta a 4,6 millones de personas.

Por el momento, se da más cobertura al actual, con la ampliación en un 15% de los límites de consumo que dan derecho al mismo. Estos límites se modularán a lo largo del año. Además, se incluye un nuevo colectivo, el de las familias monoparentales (el 85% son mujeres), con un tope de renta, pero mayor al estándar. Como “defensa de la infancia”, se prohíbe el corte de suministro por impago a los vulnerables con menores de 16 años en la vivienda.

Tal como se había anunciado, se crea un bono térmico para compensar la factura de la calefacción, el agua y la cocina. Se trata de una ayuda directa, financiada por los Presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica, que pagarán y gestionarán las comunidades autónomas. Este cheque se entregará a principios de año y para recibirlo es imprescindible ser beneficiario del bono eléctrico. Su disfrute será compatible con el cobro de otras subvenciones.

El bono está condicionado “a la existencia de disponibilidad presupuestaria”, según el RDL, y se otorgará en función de la vulnerabilidad del consumidor y la zona climática. Según el ministerio, para un presupuesto de 100 millones y 1,5 millones de beneficiarios, las cuantías serían de 25 euros para los vulnerables de zonas cálidas y 130 euros para las zonas muy frías.

Otras medidas de protección al consumidor en general, son prohibición de las comercializadoras de hacer contratos de gas o electricidad, así como publicidad, puerta a puerta cuando el consumidor no lo haya solicitado. Se refuerzan, asimismo, las sanciones a las empresas en caso de incumplimiento de los requisitos para ejercer de su actividad. Incluso se las podrá inhabilitar como comercializadora por un plazo de un año. Por otro lado, se regulan las prácticas fraudulentas en la comercialización que crean alarma social. En estos supuestos la inhabilitación será automática.

Una medida que puede ayudar al ahorro de los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada, es la reducción de los escalones para contratar dicha potencia. Estos pasan de 1,1, a 0,1kw, lo que se ajustará a las necesidades del consumidor, pues a menor potencia menor tarifa. A finales de 2017, un 40% tenía contratados entre 4 y 6 kW, por lo que “existe un margen para el ahorro”, según el ministerio.

También se establecen medidas para que las comercializadoras faciliten la contratación de la tarifa de discriminación horaria (con dos precios, según las horas punta o valle). En la actualidad, solo 660.000 usuarios domésticos con precio regulado, de un total de 11,1 millones tiene contratada esta tarifa.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la población española podría alcanzar los 60 millones de personas en 2050, gracias a un impulso de la inmigración y, en menor medida, del fomento de la natalidad. Según el informe "Previsiones demográficas: una visión integrada", las proyecciones de la Airef contemplan que la población española aumentará entre 4 y 13 millones en los próximos 30 años, hasta situarse entre 51 y los 60 millones en 2050, muy por encima de las proyecciones realizadas por Eurostat (49 millones) y el INE (44 millones).

El grueso de las discrepancias se encuentra en la población en edad de trabajar, ya que, mientras la Airef prevé que las personas con edades entre 16 y 66 años se sitúen en edad similar a la actual, el INE y Eurostat prevé una contracción de entre 5 y 7 millones de personas respectivamente. Este recorte demográfico, dice la Airef, conduciría a la "japonización" de la economía, es decir, una aceptación pasiva del desafío demográfico donde no tiene cabida ni la entrada de inmigrantes ni políticas de activación de la fecundidad.

Por el contrario, las previsiones de la Airef pasan por un flujo neto de inmigrantes de 250.000 personas entre 2018 y 2050 y por un incremento del número de hijos por mujer, desde los 1,36 actuales hasta alcanzar los 2 al final del periodo. En cuanto a la tasa de dependencia, la Airef considera que podría duplicarse desde el 25 % actual hasta alcanzar el 60 % en 2050, debido al envejecimiento progresivo de la población, en línea con las estimaciones del INE y Eurostat, que ejercerá una presión creciente sobre el gasto público asociado al envejecimiento.

"Ante esta coyuntura, resulta esencial fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks", defiende el Fondo. Para ello, recomienda dos medidas "fundamentales": relanzar el ajuste fiscal estructural, preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo y realizar una reforma integral de las pensiones.

1- Reducir la deuda y déficit: El FMI reclama "medidas estructurales" para reducir la deuda y el déficit público. "La política fiscal tendría que aprovechar plenamente las condiciones económicas, que todavía son fuertes, para reducir el elevado nivel de deuda pública más rápidamente", explica. "De lo contrario, España se vería obligada a aplicar un ajuste fiscal procíclico cuando la economía se vea afectada por shocks futuros", advierte.

2- Ojo con los PGE: "El presupuesto de 2019 necesita incluir un paquete de medidas creíble", avisa el informe. En este sentido, el informe explica que como el Ejecutivo no ha completado la elaboración de las cuentas la misión no puede evaluar si las propuestas preliminares son suficientes para cumplir el objetivo de déficit.

3- Medidas sociales, pero no a cargo de déficit: "Las medidas para reducir las desigualdades pueden y deben ir de la mano de una reducción del déficit fiscal", defiende. El organismo anima al Gobierno a recaudar más vía impuestos para financiar el gasto adicional para proteger a los más vulnerables. "Pero es esencial diseñar cuidadosamente las medidas tributarias para limitar distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento", alerta.

4- La revalorización de las pensiones con el IPC no puede ser una medida única: El FMI reconoce que, aunque las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 eran apropiadas financieramente no se han aceptado socialmente por la reducción esperada de las prestaciones. Eso sí, el organismo defiende que la solución no pasa simplemente por revalorizar las pensiones con el IPC como recomienda el Pacto de Toledo, sino que esta medida debe formar parte de un paquete integral que busque la sostenibilidad del sistema. Es decir, el Fondo apunta que, si se gasta más, hay que ingresar más, por ejemplo, con "el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida".

5- Mantener la reforma laboral para seguir creando empleo: El Fondo explica que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose, pero siguen existiendo retos significativos como el elevado desempleo en algunas comunidades -todavía por encima del 20%- o el paro juvenil que es uno de los más elevado de la UE. En este punto, el FMI destaca que "la mayor flexibilidad salarial, introducida con las reformas del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación económica de España, con abundante creación de empleo, y la recuperación de la competitividad" y asegura que "resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales". Además, el informe aboga por ligar las subidas salariales a la productividad y seguir combatiendo la dualidad del mercado laboral español aumentando el atractivo de los contratos indefinidos. El Fondo también alerta de que los incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional (SMI) ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.

6- Políticas activas de empleo para jóvenes y para fomentar la movilidad: "Unas políticas públicas mejor enfocadas pueden potenciar las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes", asegura el informe. Además, "merece la pena considerar políticas públicas que ofrezcan incentivos para que las personas se desplacen a otras comunidades autónomas a fin de encontrar empleo", añade.

7- Mejorar la productividad: "La productividad ha mejorado, pero se mantiene notablemente por debajo del nivel de los homólogos europeos", destaca el FMI. Además, explica que la brecha es especialmente acusada en las pequeñas empresas y microempresas, así como en algunas comunidades autónomas.

8- Reducir la fragmentación entre AAPP: "La agenda de reformas estructurales requiere un nuevo impulso", asegura el organismo. En este sentido, apunta que "las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia (en particular en el caso de los servicios profesionales) y para reducir las barreras al crecimiento empresarial".

9- Reforzar la resistencia del sector financiero: "Aunque hasta el momento no haya indicios claros de que se esté produciendo una sobrevaloración generalizada de los precios inmobiliarios, es necesaria la vigilancia, ya que continúa aumentando el número de nuevos préstamos para la vivienda y, especialmente, el crédito al consumo", avisa el Fondo.

"Así pues, a fin de que el Banco de España se encuentre plenamente equipado para contrarrestar una excesiva acumulación de riesgos, deberían ampliarse cuanto antes sus herramientas macroprudenciales para incluir instrumentos que recaigan sobre los prestatarios, tales como los límites a la ratio entre el nominal del préstamo y e l valor de garantía, a s í como los límites a la ratio entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario", explica.

Sector

España incumple la normativa europea al no haber traspuesto dentro del plazo fijado la Directiva de la UE que regula la comunicación de infracciones, posibles o reales, ante las autoridades competentes en caso de abuso en el mercado. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia dictada hoy en la que declara la infracción de nuestro país al no haberse ajustado a la fecha fijada para adoptar al derecho nacional la Directiva europea que regula la comunicación de infracciones, posibles o reales, ante las autoridades competentes en caso de abuso en el mercado.

En octubre de 2017, la Comisión Europea interpuso un recurso contra España por no haber transpuesto dicha Directiva dentro del plazo habilitado para ello, el cual terminaba el 16 de abril de 2017. Nuestro país alegó que los trámites estaban “en fase de realización”, añadiendo que se iba a cumplir el contenido de la normativa europea.

Concretamente, precisó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone de personal especializado competentes para recibir e impulsar las comunicaciones de infracciones a las que hace referencia la Directiva. Asimismo, la CNMV tiene habilitado un canal para que cualquier denunciante pueda informar de posibles infracciones. Si el denunciante lo solicita, se mantiene la confidencialidad de sus datos, por lo que se cumple la obligación de secreto profesional y de confidencialidad impuesta por la normativa.

No obstante, el tribunal de Luxemburgo recuerda que la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro al final del plazo señalado. Y es que “España no niega que no había hecho públicas normas generales de regulación del procedimiento de comunicación de las infracciones para dar cumplimiento a la Directiva”. Asimismo, era necesario que nuestro país comunicara a la Comisión el texto de las disposiciones adoptadas para garantizar la transposición, cosa que no hizo.

El texto señala que, al indicar que la transposición “formal” de la Directiva se encontraba “en fase de realización”, nuestro país reconoció que no había llevado a cabo todos los trámites exigidos por la norma de la UE. En todo caso, continua el TJUE, de las limitadas explicaciones que le ha facilitado España no se deduce que las medidas administrativas invocadas constituyan una transposición satisfactoria de la Directiva.

Finalmente, por lo que se refiere a las demás alegaciones de España para justificar la inobservancia del plazo de transposición, el Tribunal de Justicia recuerda que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, como la falta de transposición de una Directiva dentro del plazo fijado.

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGA), Victoria Ortega, han suscrito un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.

El acuerdo refuerza la interacción de los abogados y los registros, así como la utilización de la firma electrónica de los abogados en los documentos susceptibles de presentación en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

El Colegio de Registradores realizará los desarrollos informáticos que permitan al Consejo General de la Abogacía y a los abogados colegiados el acceso a la información del Registro Mercantil sobre titularidades reales de entidades societarias o de otros tipos, en cuanto que aquellos son sujetos obligados por la legislación antiblanqueo.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía se compromete a difundir entre sus colegiados la utilización de dicho Registro para cumplir con la normativa antiblanqueo que les impone la legislación.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) veta el acceso a los documentos relativos a las dietas diarias que cobran los eurodiputados. En su sentencia dictada hoy, el TGUE confirma la decisión del Parlamento europeo de impedir acceder y publicar esta información a varios periodistas ya que contenían datos personales protegidos. El órgano judicial europeo añade que las instituciones de la UE pueden impedir el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona.

Los hechos se remontan a 2015, cuando varios periodistas y asociaciones del gremio solicitaron al parlamento de la UE acceder a los documentos relativos a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. Al denegar la Eurocámara todas estas solicitudes, los informadores presentaron un recurso ante el TGUE.

De acuerdo con la normativa europea sobre protección de los datos personales, éstos se entienden como “toda información sobre una persona física identificada o identificable”. Y, como razona el tribunal, todos los documentos solicitados incluyen información relativa a personas físicas identificadas (los eurodiputados en este caso). Por tanto, “no se puede excluir la calificación de esa información como datos personales por el mero hecho de que esté vinculada a datos públicos de esas personas”.

Además, el Tribunal General recuerda que el acceso a este tipo de información es posible cuando el solicitante demuestra la necesidad de transmisión y no existe riesgo de lesionar los intereses legítimos del interesado. No obstante, los periodistas no dieron pruebas concluyentes que respaldaran la necesidad de hacer pública esa información por encima del riesgo que supone la exposición de los datos personales de los miembros del parlamento.

Por otro lado, los solicitantes alegaban que la Cámara europea habría podido ocultar los datos personales en los documentos solicitados y lograr así un acceso parcial a esos documentos. El TGUE rechaza tal pretensión y razona que eliminar estos datos controvertidos hubiera impedido a los periodistas hacer un seguimiento individualizado de la persona y sus dietas. Además, estima que ocultar todos los datos personales en los documentos solicitados conllevaba una carga administrativa excesiva, habida cuenta del volumen de documentos solicitados (concretamente más de cuatro millones de documentos respecto del conjunto de las solicitudes).

Una demanda interpuesta en el juzgado para conseguir la devolución de las cláusulas suelo puede prolongarse entre dos y tres años. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) denuncia en su informe anual la saturación que padecen los juzgados creados de forma específica para resolver las demandas de los consumidores sobre las cláusulas hipotecarias, que fueron consideradas abusivas en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE.

El flujo de entrada de demandas es tan caudaloso que inundan los juzgados. En el caso de Barcelona, se amontonan en el juzgado de primera instancia número 50, que fue designado especialmente para abordar estos asuntos. Los abogados consideran que esta fórmula no funciona y provoca que se dilaten los procedimientos para los consumidores y se favorezca el colapso. De hecho, las estadísticas sitúan al juzgado barcelonés como uno de los más saturados de España. Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en los últimos ocho meses sólo se han resuelto el 6,6% de las 25.000 demandas que fueron presentadas.

La jurisprudencia que se aplica tras el fallo del tribunal europeo está clara y los procedimientos son de poca complejidad, como lo demuestra el hecho que el 98,3% de las sentencias que se dictan son favorables al consumidor. Sin embargo, todo el proceso se dilata ante el aluvión de demandas que reciben los juzgados y los pocos recursos con los que cuentan.

A pesar de la excesiva tardanza y la evidente saturación, el CGPJ decidió prorrogar esta fórmula hasta finales de año, si bien no logró aligerar la carga de trabajo. De esta manera, 54 jueces deben resolver las 250.000 que tienen los juzgados españoles sobre la mesa.

El ICAB se posiciona en contra de la prórroga y apuesta por volver a descentralizar las demandas por cláusulas suelo entre todos los juzgados de primera instancia lo que, a su parecer, permitiría acortar los plazos y resolver los asuntos en un periodo de entre tres y seis meses. Otra de las medidas que propone es derivar las reclamaciones por la vía extrajudicial y apostar por la mediación.

Para ello, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, propone modificar el real decreto ley para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para “implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abogado este lunes por limitar el aforamiento también en el caso de jueces y fiscales, para lo que sería necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según ha precisado Moncloa. En concreto, el Ejecutivo ha avanzado su intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "precisar" el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como es el caso de jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas.

Esta ley ya fue modificada en 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, para garantizar su aforamiento, así como el de doña Sofía. También están aforados el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y en el futuro lo estará quien se convierta en su consorte. Esta medida llega después de que el jefe del Ejecutivo haya anunciado su intención de llevar a cabo una reforma de la Constitución para limitar el aforamiento, según ha indicado en el transcurso del acto #Avanzamos celebrado en la Casa de América, coincidiendo con los 100 días de Gobierno.

Para ello, sería necesaria una modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos -miembros del Gobierno, diputados y senadores- salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo". Así, desde Moncloa han indicado que "próximamente" se presentará en el Consejo de Ministros la Ley de reforma constitucional para recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y que se pueda ser debatido en las Cortes con el objetivo de lograr "el mayor consenso" del arco parlamentario.

La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado. Según ha señalado Pedro Sánchez, el objetivo del Gobierno es que lograr que pueda estar lista en un plazo de 60 días. En el caso de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como de los miembros de los Parlamentos regionales, el fuero está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.

Sobre este punto, el Gobierno ha incidido en que una vez limitados los aforamientos en la Constitución "no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas". Según las cifras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y unos 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La mayoría de estas personas seguirán siendo aforadas, aunque se apruebe la reforma que quiere impulsar el Gobierno, que tampoco afectará a los cinco miembros de la Familia Real que actualmente disfrutan de fuero.

No se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.



NOVEDADES LEGISLATIVAS (ver)
Disjurex presenta
DERECHO ADMINISTRATIVO
La Expropiación Forzosa - Teoría y Práctica de la Institución

Autor: Directores: Francisco Puerta Seguido / Leopoldo J. Gómez Zamora / Ana Mª Rodríguez Martín
Editorial: Tirant Lo Blanch
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publiación: 07/03/2019
ISBN: 9788413132761
640 páginas


Precio original: 99,00 €
Precio final por compra On-Line: 94,05 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO ADMINISTRATIVO
Contratos Administrativos. Legislación y Jurisprudencia. 7ª Edición

  Autor: Moreno Gil, Oscar
Editorial: Civitas - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788491979487
2368 páginas


Precio original: 209,48 €
Precio final por compra On-Line: 199,00 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO CIVIL
Las Legítimas y la Libertad de Testar - Perfiles críticos y comparados

Autor: Francisco Capilla Roncero / Manuel Espejo Lerdo de Tejada / Francisco José Aranguren Urriza ( Directores )
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788491971474
650 páginas


Precio original: 83,16 €
Precio final por compra On-Line: 79,00 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Estatuto de los Trabajadores . Comentado, con jurisprudencia sistematizada y concordancias (9ª Edición)

Autor: Juan Manuel San Cristóbal Villanueva
Editorial: El Derecho
Soporte: Libro
ISBN: 9788417544980
1300 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 15 de Marzo de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 85,28 €
Precio final por compra On-Line: 76,75 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRIBUTARIO
Código Práctico Fiscal 2019


Autor: Redacción Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788417544973
2125 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 29 de Marzo de 2019, fecha prevista de publicación.
Precio original: 53,04 €
Precio final por compra On-Line: 47,74 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRIBUTARIO
Memento Práctico IRPF 2019

Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794071
1392 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el  30 de Marzo de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 136,24 €
Precio final por compra On-Line: 122,62 (I.V.A. incluido)
 
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

* Para ampliar más información sobre las obras, no tiene más que pulsar sobre su título, accediendo de este modo a la ficha del libro, donde podrá conocer los datos más relevantes sobre él, si desea ampliar más información en " Ver el índice de esta obra " podrá visualizar el índice completo.

 

PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Si está registrado
Para acceder a su zona privada, introduzca su dirección de e-mail y contraseña en  Mi cuenta, añada los productos deseados y finalice la compra.

Si no está registrado, tiene dos opciones

1- Registrarse como nuevo cliente, se le pedirán entonces una serie de datos. Elija una clave que recuerde habitualmente, dicha clave la selecciona el propio Cliente. De esta manera, cuando realice un pedido no tendrá que volver a rellenar sus datos.

Si desea registrarse como nuevo cliente pulsar aquí: Alta nuevo cliente

2- Realizar la compra como Invitado, sin la obligatoriedad de estar registrado, se solicitaran sus datos para el envío y facturación del libro, y podrá confirmar su pedido sin necesidad de facilitarnos datos adicionales.

 

Si aún no está registrado/a como cliente, regístrese aquí.

 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Respondiendo a nuestra dirección de correo electrónico clientes@disjurex.es, por teléfono: 902 540 992 - 944 255 220, por fax: 902 540 993 - 944 245 811, se aplicarán siempre los descuentos anunciados en nuestras comunicaciones.

 
Sobre Disjurex
» Qué es Disjurex » Escaparate » Novedades » Promociones
» Consultas
 

NOTA LEGAL: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la responsabilidad de Disjurex - Librería Jurídica. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Disjurex - Librería Jurídica no aceptará ningún tipo de responsabilidades por la información contenida en esta circular.

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no desea seguir recibiendo nuestro boletín Actualidad y Consejos semanal, sólo tiene que darse de baja en Baja de Servicio Actualidad y Consejos, o indicárnoslo enviando un correo electrónico a clientes@disjurex.es con el asunto 'Baja de servicio Actualidad y Consejos', desde la cuenta de correo que recibe nuestras comunicaciones.

Recuerde que la baja en este boletín no implica la baja en las restantes comunicaciones del Servicio de Novedades de Disjurex - Librería Jurídica.