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Los consejos de la semana

Fiscal

Empieza el plazo para presentar el IVA

La información que necesitas para presentar el Modelo 303 correspondiente al tercer trimestre del IVA.

¿Qué plazo tienes para presentarlo?

En las liquidaciones trimestrales, el plazo de presentación es del 1 al 20 del mes siguiente al período de liquidación (abril, julio, octubre). Este mes, el plazo terminará el 22 de octubre, al caer el día 20 en sábado. La autoliquidación del cuarto trimestre se presentará del 1 al 30 de enero. Ver más en Plazo de presentación del modelo 303.

¿Cómo rellenas el Modelo 303?

Para los no obligados a utilizar certificado electrónico, si se trata de una persona física, mediante la Cl@ve PIN o el formulario del modelo 303 impreso; si se trata de una entidad, mediante el formulario del modelo 303 impreso. Los obligados a utilizar un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones de la Ley 59/2003, deben realizar la presentación electrónica por Internet. Ver la forma de presentación, todos los enlaces a la AEAT para la presentación del Modelo y las Instrucciones para rellenar cada casilla, en el apartado Forma de presentación del Modelo 303 y siguientes.

¿Qué pasa si lo presentas fuera de plazo?

Si presentas la autoliquidación fuera de plazo, previamente a tener un requerimiento de la Administración, se te aplicará un recargo, que variará en función del tiempo que tardes en presentarlo. Ver más en Recargo por presentación del Modelo 303 fuera de plazo.

Además, la LGT tipifica una serie de infracciones por no ingresar la deuda resultante de una autoliquidación, por presentar liquidaciones de manera incompleta, por obtener indebidamnete devoluciones, etc. Ver más en Infracción por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación y siguientes.

¿Qué hacer si presentas en el 4º trimestre una autoliquidación a compensar y querías solicitar devolución?

El derecho a la devolución es una opción alternativa al derecho a compensar y debe realizarse en los 30 primeros días naturales del mes de enero, siendo posible sólo durante dicho plazo variar la opción, renunciando expresamente a la anterior. Ver más en Modelo 303. Cambio de opción compensación-devolución. En el mismo apartado puedes consultar todas las preguntas frecuentes sobre el Modelo 303 publicadas en el INFORMA de la AEAT.

Mercantil, civil y administrativo

¿Cómo se distribuye la responsabilidad por los actos y contratos realizados desde el otorgamiento de la escritura pública hasta la inscripción?

Por sociedad en formación se entiende la situación jurídica que surge desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución hasta que, transcurrido como máximo un año desde dicho momento, se inscribe la sociedad en el Registro Mercantil.

Desde que los socios acuerdan unánimemente constituir una sociedad y otorgan la correspondiente escritura pública hasta que ésta es inscrita en el Registro Mercantil, momento en el que adquiere personalidad jurídica, transcurre un período de tiempo durante el cual puede que los socios, administradores o representantes celebren contratos, asuman obligaciones, concedan créditos y realicen negocios de diversa naturaleza que obliguen a la sociedad con terceros.

¿Quién asume la responsabilidad por estos actos?

Junto a la presentación de la escritura constitutiva en el registro de la forma tradicional, esto es, a través de la copia autorizada en papel -en el plazo de dos meses- por los socios o administradores, hoy existe la posibilidad de hacerlo por vía telemática, lo que reduce el plazo general del que dispone el registrador mercantil para calificar e inscribir a seis horas hábiles desde la presentación si se utilizan los estatutos-tipo aprobados por el Real Decreto 421/2015.

Y pensará que ya no tiene sentido asumir, comprender y adoptar la regulación sobre las sociedades en formación, pero se equivoca tenga presente que el régimen de constitución electrónica contenido en la Ley 14/2013 se aplica exclusivamente a las sociedades limitadas, quedando fuera de su ámbito las sociedades anónimas. En las sociedades anónimas, por tanto, los plazos para inscribir no son tan fulminantes, manteniendo la sociedad en formación mayor vigencia práctica. Todo ello sin olvidar que Ud. puede decidir recurrir a la vía tradicional para constituir una Sociedad limitada con lo que el control del margen maniobra de socios y administradores antes de la inscripción registral también se impone.

Y no solo eso, ¿Qué pasa si la calificación del Registrador es negativa e impide la inscripción de la sociedad? Estaríamos otra vez ante una sociedad en formación. La inscripción se alcanza bien por la subsanación de los defectos apreciados por el registrador, o bien por la estimación por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado de un recurso gubernativo contra la calificación registral. Recordemos que interpuesto el recurso queda prorrogado hasta su resolución el asiento de presentación (art. 66 LH), impidiéndose con ello el que la sociedad en formación pueda devenir a sociedad irregular aun transcurrido un año sin resolverse el recurso. Y esto tanto para los supuestos de constitución por medios telemáticos, como por medios ordinarios.

Una vez asumida la utilidad práctica de la regulación sobre la sociedad en formación, nos preguntamos.

¿Cómo se distribuye la responsabilidad por los actos y contratos realizados desde el otorgamiento de la escritura pública hasta la inscripción?

Responsabilidad de quienes hubiesen actuado.

Por los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil, responderán solidariamente quienes los hubiesen celebrado, a no ser que su eficacia hubiese quedado condicionada a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los mismos por parte de la sociedad.

Responsabilidad de la sociedad en formación.

Por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción y por los estipulados en virtud de mandato específico por las personas a tal fin designadas por todos los socios, responderá la sociedad en formación con el patrimonio que tuviere.

Los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que se hubieran obligado a aportar.

Salvo que la escritura o los estatutos sociales dispongan otra cosa, si la fecha de comienzo de las operaciones coincide con el otorgamiento de la escritura fundacional, se entenderá que los administradores están facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y contratos.

Responsabilidad de la sociedad inscrita.

Una vez inscrita, la sociedad quedará obligada por aquellos actos y contratos descritos anteriormente así como por los que acepte dentro del plazo de tres meses desde su inscripción.

En ambos supuestos cesará la responsabilidad solidaria de socios, administradores y representantes.

En el caso de que el valor del patrimonio social, sumado al importe de los gastos indispensables para la inscripción de la sociedad, fuese inferior a la cifra del capital, los socios estarán obligados a cubrir la diferencia.

¿Qué pasa si la sociedad no se inscribe?

En tal caso, se transforma en sociedad civil o colectiva. La transformación se produce porque concurre la voluntad de los socios de no inscribir, voluntad que entiende el legislador por el transcurso de un año desde la celebración del contrato sin que la sociedad se haya inscrito. Como estamos ante una transformación, la responsabilidad ilimitada de los socios por las deudas sociales se extiende retroactivamente a todas las deudas de la sociedad y no sólo a las que se hayan generado desde la transformación o "desde la entrada en la situación de irregularidad".

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La idea consiste en que las empresas paguen más en el impuesto de sociedades por los resultados que reciben de otros países. Es una de las medidas planteadas por Unidos Podemos en la negociación de los Presupuestos de 2019. El plan, aún por definir, pasa por limitar esta exención a cerca del 95% para recaudar alrededor de 1.000 millones de euros. La iniciativa afectaría sobre todo a las grandes multinacionales españolas.

"Reconsiderar la exención de plusvalías interiores y de las exenciones por doble imposición que no respondan estrictamente a evitar dobles imposiciones". El PSOE introdujo esta alambicada declaración de principios en sus Presupuestos alternativos de 2018, cuando estaba en la oposición hace tan solo medio año. Ahora ya en el Gobierno, Pedro Sánchez pretende cumplir con el espíritu de esa propuesta. Quiere que las empresas paguen más por los beneficios que obtienen de sus filiales extranjeras. Para ello valora limitar la exención por doble imposición sobre dividendos extranjeros, según confirman fuentes gubernamentales.

Esta exención procede básicamente de los acuerdos bilaterales que España ha firmado con otros países para evitar que las empresas tributen dos veces por el mismo impuesto. El Gobierno quiere que la exención baje del 100% actual al entorno del 95% para recaudar 1.000 millones más en el impuesto de sociedades.

La memoria anual de recaudación de la Agencia Tributaria muestra que la exención de doble imposición es la partida que más afecta al cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades y, por tanto, la que más contribuye en las grandes empresas a la gran diferencia entre el tipo efectivo (6,14%) y el nominal (25%).

Las cifras de la Agencia revelan que las sociedades registraron un resultado contable positivo de 198.202 millones de euros durante 2016, último año con datos disponibles. De esta cantidad, las empresas se restan 105.332 millones por dividendos y beneficios que han recibido de sus filiales en otros países para evitar la doble imposición. Si el Gobierno solo permitiera reducirse el 95% de esa cantidad, las empresas españolas tendrían que reconocer 5.267 millones más en su base imponible. Como el tipo efectivo del impuesto de sociedades está en el torno del 20%, las empresas desembolsarían 1.057 millones más por este tributo.

Hacienda también ofrece los mismos datos para los grupos consolidados (las multinacionales). Y las cifras son más esclarecedoras: de los 111.788 millones de beneficios que declararon estas corporaciones en España, el 77% procedían del exterior. Y por eso el tipo efectivo sobre el resultado contable resulta tan bajo, del 6,14%. Algo que sirve de munición a los partidos de izquierda, como Podemos, para criticar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado este martes una normativa que permitirá a los países que deseen aplicar un IVA reducido, o incluso nulo, a los libros electrónicos y las publicaciones digitales. Los socios del bloque comunitario han sido capaces de sacar adelante la nueva legislación tras haber fracasado en tres ocasiones en el pasado por el veto que mantenía República Checa sobre la medida, que necesitaba el visto bueno de todas las capitales.

En la actualidad, los países están obligados a gravar los libros electrónicos con el tipo estándar del IVA, que está fijado en al menos un 15%. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) tumbó leyes en Francia y Luxemburgo que aplicaban a estas publicaciones el tipo reducido. Sin embargo, las nuevas normas darán la opción de equiparar el impuesto al consumo que aplican a las publicaciones tanto en su versión física como en su versión digital. España grava con un 4% las publicaciones en papel y con un 21% las digitales.

"Esta propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA para la economía digital, y permite que sigamos el ritmo del proceso tecnológico", ha destacado el ministro de Finanzas de Austria, Hartwig Löger, que este semestre ostenta la presidencia de turno del Ecofin. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha celebrado la adopción de la normativa, que ha calificado como un "verdadero avance", y ha defendido que "un libro es un libro independientemente del soporte".

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha señalado que un impuesto a las transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin', sólo tendría sentido si se implantase coordinadamente al mismo tiempo en toda la Unión Europea, o de lo contrario, impactaría negativamente en la competitividad de las entidades financieras.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante la celebración de la IV Edición del Día de la Educación Financiera, en el que ha recordado que la CNMV tiene una posición "muy clara" desde hace años en relación a este impuesto que plantea ahora el Gobierno. "La posición de la CNMV ha sido siempre que sólo tendría sentido un impuesto sobre las transacciones financieras en la medida en la que fuera implantado a la vez y coordinadamente en toda Europa", ha apostillado Albella, quien ha añadido que esta posición tiene "más sentido que nunca" en un momento como el actual, marcado por el incremento en el nivel de competencia entre los mercados y las plazas financieras.

En la misma línea, el regulador ha afirmado que dicho impuesto impactaría negativamente desde el punto de vista de la competitividad si se estableciera únicamente en España, una posición que han trasladado al Ejecutivo español. "El Gobierno conoce perfectamente nuestra posición y cómo pensamos en detalle en relación a este tema", ha asegurado. Si bien países como Italia y Francia han establecido unilateralmente este impuesto, Albella cree que no están satisfechos de haberlo hecho.

"Creo que lo hicieron en un momento en que el nivel de competencia era algo inferior, y son estos países precisamente los que más interés tendrían en que nosotros nos sumáramos a una iniciativa de este tipo", ha apuntado.

El 76,6% de las empresas (1,19 millones de sociedades) que declararon por el Impuesto de Sociedades en 2016 lo hicieron por unos ingresos de hasta 300.000 euros, mientras que solo un 0,5% declararon ingresos superiores a 30 millones de euros en ese ejercicio, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. En total, el número de declaraciones del Impuesto de Sociedades en 2015 alcanzó las 1.558.663, lo que supone un 5% más que el nivel de declaraciones del ejercicio anterior, pero de nuevo el grueso del total se correspondió a los tramos de ingresos más bajos.

En concreto, el 76,6% declararon ingresos inferiores a 300.000 euros, un 9% menos que el año anterior, distribuidos entre el 30,5% que declaró unos ingresos inferiores a los 6.000 euros, un 19,5% entre 6.000 y 60.000 euros, un 15,4% entre 60.000 y 150.000 euros y un 11,1% entre 150.000 y 300.000 euros. Por el contrario, solamente un 0,5% de las compañías se encontró en los tramos de ingresos superiores a los 30 millones de euros. De hecho, De hecho, solo 1.242 empresas (34 más que el año pasado), el 0,07% del total, declararon unos ingresos superiores a los 180 millones de euros.

Según los datos de Hacienda, 1,2 millones de empresas (78,1% del total) que declararon por el Impuesto de Sociedades eran de reducida dimensión, frente a 22.772 grandes empresas, 440 más que el año anterior, lo que supone el 1,5% del total. Además, 1,5 millones eran sociedades sin entidades, 259 entidades de crédito, 355 aseguradoras, y 5.336 instituciones de inversión.

Por su parte, atendiendo al NIF, un total de 1.331.211 declaraciones correspondieron a sociedades de responsabilidad limitada, el 85,4% del total, mientras que 86.700 eran sociedades anónimas, el 5,6% del total. Respecto al año anterior, el número de sociedades de responsabilidad limitada se redujo 1,8 puntos porcentuales, mientras que el de sociedades anónimas cayó en cuatro décimas.

A las sociedades anónimas les siguen en número las asociaciones (35.518), sociedades cooperativas (27.754), las uniones temporales de empresas (20.594), y las de otro tipo (50.360), entre otras. Los datos de la Agencia Tributaria muestran también que, de las 1.558.663 declaraciones, 1.057.894 presentaron una base imponible menor o igual a cero y 500.769 superior a cero. De su lado, 554.138 empresas presentaron pérdidas en el ejercicio, un 1,8% más, y un total de 361.961 estaban inactivas, un 3,8% más que el año anterior.

La Agencia Tributaria ingresó 17.480 millones de euros en agosto, un incremento de la recaudación del 36,4% que se debe, fundamentalmente, al nuevo modelo de información automática del IVA, implantado hace ahora un año.

El sistema de suministro inmediato de información (SII) del IVA, implantado en julio de 2017, agilizó el intercambio de datos sobre las facturas emitidas, pero desplazó los ingresos a los meses posteriores, lo que venía restando recursos en la comparación hasta este agosto, en que se cumple un año.

El efecto del SII arroja este mes unos ingresos adicionales de 3.363 millones de euros, sin esta distorsión el crecimiento de ingresos sería del 3,3, una tasa relativamente baja en relación con las más recientes debido al fuerte incremento de las devoluciones (24,1%).

En todo caso, los ingresos del mes de agosto también se han visto reforzados por la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el mes de julio, lo que un mes después se tradujo en incrementos de las pensiones y las nóminas de los funcionarios.

En lo que va de año, la recaudación sube un 7,8% sin el efecto distorsionador del nuevo impuesto de IVA y un 5,1% sin él. Un alza importante que la Agencia Tributaria achaca fundamentalmente a incremento del número de empleos y el crecimiento de los salarios.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves datos de ejecución presupuestaria del mes de agosto, cuando el déficit del Estado se situó en 18.895 millones de euros, una cifra que equivale al 1,56% del PIB. Respecto al mismo mes de 2017, se registra un descenso del 11,9%.

Esta mejora responde a un incremento de ingresos del 8,3% que supera al alza de los gastos, que se elevan un 5,1%. A su vez, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluidas Corporaciones Locales, disminuyó al 1,87% del PIB hasta julio, un 16,3% menos que el año anterior.

Por su parte, las cuentas de la Seguridad Social cierran agosto con un saldo negativo de 4.894,4 millones de euros, frente a los 5.998,35 millones del mismo periodo de 2017. La mejora responde a un incremento de derechos del 6,08% frente al alza del 4,49% en las obligaciones. Hay que tener en cuenta que el sistema ha recibido 1.605 millones de euros más este año en transferencias corrientes entre las administraciones públicas.

Laboral

La Inspección de Trabajo ha detectado fraude en 6.929 contratos de jornada a tiempo parcial, obligando a los empleadores de los trabajadores afectados a ampliar sus horas de trabajo y, consecuentemente, a subir sus salarios y cotizaciones. Así lo ha avanzado este miércoles la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante una comparecencia en la comisión de Trabajo del Senado.

Esta ampliación de jornadas es el resultado de la primera fase de uno de los dos planes de choque que puso en marcha la Inspección de Trabajo en julio pasado contra el fraude en los contratos temporales y a tiempo parcial. Los datos facilitados este miércoles por Valerio corresponden, por tanto, a las actuaciones de los inspectores en agosto y parte de septiembre. En este tiempo, las ampliaciones de jornada en contratos fraudulentos han aumentado un 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto al otro plan de choque que lucha sobre la contratación temporal fraudulenta, Valerio ha recordado las cifras ya facilitadas por su Departamento, que indican que dicha primera fase del plan –en la que la Inspección ha enviado más de 80.000 cartas a los empresarios para que regulasen la situación de sus trabajadores— se han convertido en indefinidos más de 46.000 trabajadores temporales.

Además, de esta reacción de los empresarios a las misivas enviadas por la Inspección, la ministra de Trabajo ha destacado que se está produciendo “un efecto inducido en las empresas que no han recibido ninguna carta, y los empresarios están actuando de manera preventiva” y regulando o contratando de manera adecuada a sus trabajadores.

Así, de forma directa o indirecta, la puesta en marcha de estos planes de choque ha generado que en agosto se hayan hecho casi 154.000 contratos fijos, un 34% más que hace un año; y en septiembre, se han suscrito otros 232.678 indefinidos, también un 20,8% más que hace un año.

Además, en agosto se han convertido 67.161 contratos temporales en fijos, un 49,2% más; y en septiembre, otros 80.540, lo que supuso un aumento del 37,5% respecto al mismo periodo de año anterior. En ambos meses se trata del mayor crecimiento de la serie histórica.

Tras dar estos datos, Valerio ha recordado que, tras esta primera fase de estos planes de choque, los inspectores y subinspectores pasarán próximamente a la segunda fase en la que visitarán a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores. Y en enero se hará balance de todas estas actuaciones.

Valerio, que ha dado este miércoles en el Senado un repaso a todas las líneas de actuación de su Departamento, ha precisado que estos dos planes de choque son el eje del Plan Director de la Inspección por el Trabajo decente aprobado a finales de julio y “que se está mostrando muy eficaz y tremendamente ágil”, ha dicho la ministra.

En este Plan están previstas 55 medidas operativas para luchar, además de contra la parcialidad y la temporalidad abusivas, también para mejorar el control de las horas extraordinarias no pagadas. Según las cifras que maneja Trabajo, el 55% de las horas extra que realizan más de 825.000 trabajadores cada año, no se pagan por parte del empresario.

En ese sentido, Valerio ha anunciado que el Gobierno está estudiando en la mesa del diálogo social para la mejora de la calidad del empleo, el establecimiento de “un registro horario y el reconocimiento expreso a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo”. En la actualidad ya existe una proposición de ley del PSOE en esta misma línea, que está actualmente en periodo ampliado de enmiendas desde hace meses.

El Fondo Monetario Internacional ha recortado una décima su previsión de crecimiento para España en 2018 hasta el 2,7% y alerta de amenazas en el horizonte para la economía española. Entre sus recomendaciones, el FMI destaca la necesidad de una reforma integral de las pensiones, mantener la reforma laboral y seguir con el ajuste fiscal.

El organismo avisa, en las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al término de una visita oficial al país -en el conocido Artículo IV-, que "el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo".

El FMI asegura que "la economía mantiene un tono fuerte, pero ha superado ya su pico cíclico". En este sentido, augura que el PIB español se va a moderar hasta situarse en torno al 2,7% en 2018 (una décima menos de lo estimado en julio). Para 2019, el Fondo mantiene la previsión del 2,2%. El informe destaca que estas tasas de crecimiento están "todavía por encima de la media de la eurozona", pero ya reflejan "tanto un entorno externo menos propicio como un debilitamiento de la demanda interna".

El organismo asegura que, después de 2019, la expansión económica está destinada a converger hacia su tasa potencial, estimada en un 1 por ciento. El Fondo advierte que hay importantes retos estructurales, tales como una deuda pública notablemente elevada, un alto desempleo estructural y un lento aumento de la productividad, que lastran el crecimiento potencial del PIB.

La vicepresidenta del Gobierno y titular de la cartera de Igualdad, Carmen Calvo, anunció este martes la intención del Ejecutivo socialista de tramitar por "alguna vía urgente" una ley que imponga cuotas de paridad para los órganos directivos de las empresas, para lo que habrá un "período transitorio" de cara a "compartir el poder de decisión con las mujeres". Así lo ha asegurado este martes 2 de octubre la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante el Forbes Summit Women, que ha inaugurado en Madrid.

Según indica Calvo, en España hay una ley de este tipo que "invita, pero no obliga" a las empresas a exigir la presencia femenina en los lugares de poder y liderazgo. Además, ha recordado que este mismo lunes el Estado de California (Estados Unidos) tomó la decisión de exigir por ley la Para los hombres "no es fácil ceder espacios de poder y protagonismo por las buenas", explicó la 'número dos' de Pedro Sánchez durante su participación en el 'Forbes Summit Women 2018', celebrado en Madrid, donde destacó que "en muchos países europeos se han tomado decisiones contundentes, porque la autorregulación en esto funciona regular".

En este marco, la vicepresidenta aseguró que "España se va a incorporar a los países del mundo que deciden que esto no puede ser un asunto de debate", y apostó claramente por la imposición de cuotas de paridad. Como recordó Carmen Calvo, en España ya existe una ley que "invita, pero no obliga" a compensar la participación femenina en los órganos de poder, así como que los socialistas ya registraron una ley de igualdad laboral que sí las incorpora. Para esta ley, el PSOE encontrará "alguna vía urgente" para que las cuotas se apliquen en poco tiempo.

No obstante, la vicepresidenta explicó que habrá un "período transitorio" para esta obligación legal. "El mundo está necesitado de nuestra mirada, de la mirada de las mujeres", y "necesitamos un mundo que esté mucho más equilibrado con nuestra aportación", sostuvo Calvo durante su intervención.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, defendió este martes que la actualización de las pensiones no debe ligarse exclusivamente a la evolución de la inflación, e instó a contemplar otros parámetros como la evolución demográfica, la del empleo o los salarios, por ejemplo. La aseveración de la ministra choca parcialmente con el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para volver a garantizar que las pensiones no pierden poder adquisitivo ligándolas a la evolución del IPC.

También contrasta con el reciente acuerdo alcanzado en el marco del Pacto de Toledo, en el que los partidos políticos acordaron recomendar que las pensiones se liguen al IPC, aunque dejaron abierta la puerta a que el Ejecutivo de turno tenga presente otros factores de cálculo. Las declaraciones de Calviño van en línea con las que hizo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, horas antes del pacto parlamentario.

Calviño ve necesario analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “toda una serie de variables”, entre las que ha citado la evolución demográfica, el empleo, el nivel salarial, el número de años de cotización y las características y la tasa de reposición de las pensiones.

“Sobre el asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos sólo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC”, indicó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Calviño celebró la medida, pero evitó revelar si el Gobierno aprovechará esta posibilidad para rebajar la fiscalidad de los libros electrónicos en España. “Creo que en este momento es una buena noticia que tengamos esa posibilidad y veremos, junto con la ministra de Hacienda [María Jesús Montero], si es conveniente hacerlo en nuestro país y, en su caso, cuándo habría que tomar esta decisión”, declaró.

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha subido en septiembre en 20.441 personas en relación con el mes anterior. Esta cifra es inferior a la del año pasado, que registró un aumento de 27.858 personas. En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 19.398 personas. Respecto a septiembre de 2017 el paro se ha reducido en 207.673 personas, lo que sitúa el nivel de bajada interanual en (-6,09%). Así, la cifra total de parados registrados es de 3.202.509.

El desempleo masculino se sitúa en 1.313.151 personas, al subir en 6.157 (0,47%) y el femenino en 1.889.358, al incrementarse en 14.284 (0,76%) en relación al mes de agosto. Si lo comparamos con septiembre de 2017, el desempleo masculino baja en 126.314 (-8,78%) personas, y el femenino desciende en 81.359 (-4,13%). Se incrementa el desempleo de los jóvenes menores de 25 años en 22.765 (9,45%) personas en relación con el mes anterior. Baja, sin embargo, entre los que tienen 25 y más años en 2.324 (-0,08%).

En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado a los Servicios Públicos de Empleo un total de 2.527 en el último mes de septiembre. Esta cifra ha venido descendiendo de forma progresiva en los meses de septiembre de los últimos tres años. El paro registrado ha subido en 11 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (12.021), Extremadura (3.640) y Asturias (2.269). Ha descendido en las 6 restantes destacando Castilla-La Mancha (5.196) y Canarias (1.587).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Agricultura y Pesca en 8.437 (-5,68%), en Construcción 7.427 (-2,66%), y en Industria en 2.415 (-0,86%). Por el contrario, ha aumentado en Servicios en 28.945 personas (1,32%) y en el colectivo sin empleo anterior en 9.775 (3,51%). El número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.952.397, lo que supone un descenso de 40.870 (-2,05) sobre el mismo mes del año 2017.

Por su parte, la contratación acumulada en los nueve primeros meses de 2018 ha alcanzado la cifra de 16.471.425, lo que supone 472.661 contratos más, un (2,95%) que en igual periodo del año anterior. En septiembre se han registrado 232.768 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representa un incremento de 40.078 (20,8%) sobre igual mes del ejercicio anterior. Se trata del número más alto de contrataciones indefinidas celebradas en un mes de septiembre en toda la serie histórica. Se encadenan así 56 meses de aumentos en la contratación indefinida.

Entre las nuevas contrataciones, las contrataciones indefinidas representan este mes un 11,92% de las registradas, porcentaje superior en más de dos puntos a la proporción registrada hace un año (9,67%). En cuanto a duración de la jornada, 125.592 son a tiempo completo y 107.176 a tiempo parcial. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en los nueve primeros meses un total de 999.297, un 19,21% más que en igual periodo del año 2017. Y los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 700.952, con un aumento del 19,49% en relación a igual periodo del año anterior.

La cifra de contratos temporales registrados en septiembre de 2018 en los servicios públicos de empleo fue de 1.719.629, de los cuales 11.490 eran contratos en prácticas y 2.527, como se ha indicado, contratos de Formación y Aprendizaje.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de agosto han sido 1.836.288, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de agosto de 2018 ha sido del 61%, lo que supone un aumento de 2,9 puntos respecto al mes anterior. El importe de la nómina de agosto de 2018 ha sido de 1.503,2 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

Mercantil, civil y administrativo

"Ante esta coyuntura, resulta esencial fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks", defiende el Fondo. Para ello, recomienda dos medidas "fundamentales": relanzar el ajuste fiscal estructural, preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo y realizar una reforma integral de las pensiones.

1- Reducir la deuda y déficit: El FMI reclama "medidas estructurales" para reducir la deuda y el déficit público. "La política fiscal tendría que aprovechar plenamente las condiciones económicas, que todavía son fuertes, para reducir el elevado nivel de deuda pública más rápidamente", explica. "De lo contrario, España se vería obligada a aplicar un ajuste fiscal procíclico cuando la economía se vea afectada por shocks futuros", advierte.

2- Ojo con los PGE: "El presupuesto de 2019 necesita incluir un paquete de medidas creíble", avisa el informe. En este sentido, el informe explica que como el Ejecutivo no ha completado la elaboración de las cuentas la misión no puede evaluar si las propuestas preliminares son suficientes para cumplir el objetivo de déficit.

3- Medidas sociales, pero no a cargo de déficit: "Las medidas para reducir las desigualdades pueden y deben ir de la mano de una reducción del déficit fiscal", defiende. El organismo anima al Gobierno a recaudar más vía impuestos para financiar el gasto adicional para proteger a los más vulnerables. "Pero es esencial diseñar cuidadosamente las medidas tributarias para limitar distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento", alerta.

4- La revalorización de las pensiones con el IPC no puede ser una medida única: El FMI reconoce que, aunque las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 eran apropiadas financieramente no se han aceptado socialmente por la reducción esperada de las prestaciones. Eso sí, el organismo defiende que la solución no pasa simplemente por revalorizar las pensiones con el IPC como recomienda el Pacto de Toledo, sino que esta medida debe formar parte de un paquete integral que busque la sostenibilidad del sistema. Es decir, el Fondo apunta que, si se gasta más, hay que ingresar más, por ejemplo, con "el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida".

5- Mantener la reforma laboral para seguir creando empleo: El Fondo explica que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose, pero siguen existiendo retos significativos como el elevado desempleo en algunas comunidades -todavía por encima del 20%- o el paro juvenil que es uno de los más elevado de la UE. En este punto, el FMI destaca que "la mayor flexibilidad salarial, introducida con las reformas del mercado de trabajo, ha sustentado la recuperación económica de España, con abundante creación de empleo, y la recuperación de la competitividad" y asegura que "resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales". Además, el informe aboga por ligar las subidas salariales a la productividad y seguir combatiendo la dualidad del mercado laboral español aumentando el atractivo de los contratos indefinidos. El Fondo también alerta de que los incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional (SMI) ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.

6- Políticas activas de empleo para jóvenes y para fomentar la movilidad: "Unas políticas públicas mejor enfocadas pueden potenciar las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes", asegura el informe. Además, "merece la pena considerar políticas públicas que ofrezcan incentivos para que las personas se desplacen a otras comunidades autónomas a fin de encontrar empleo", añade.

7- Mejorar la productividad: "La productividad ha mejorado, pero se mantiene notablemente por debajo del nivel de los homólogos europeos", destaca el FMI. Además, explica que la brecha es especialmente acusada en las pequeñas empresas y microempresas, así como en algunas comunidades autónomas.

8- Reducir la fragmentación entre AAPP: "La agenda de reformas estructurales requiere un nuevo impulso", asegura el organismo. En este sentido, apunta que "las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia (en particular en el caso de los servicios profesionales) y para reducir las barreras al crecimiento empresarial".

9- Reforzar la resistencia del sector financiero: "Aunque hasta el momento no haya indicios claros de que se esté produciendo una sobrevaloración generalizada de los precios inmobiliarios, es necesaria la vigilancia, ya que continúa aumentando el número de nuevos préstamos para la vivienda y, especialmente, el crédito al consumo", avisa el Fondo.

"Así pues, a fin de que el Banco de España se encuentre plenamente equipado para contrarrestar una excesiva acumulación de riesgos, deberían ampliarse cuanto antes sus herramientas macroprudenciales para incluir instrumentos que recaigan sobre los prestatarios, tales como los límites a la ratio entre el nominal del préstamo y e l valor de garantía, a s í como los límites a la ratio entre el servicio de la deuda y la renta del prestatario", explica.

Tras lograr un récord histórico de 81,8 millones de viajeros extranjeros en 2017, la evolución de este año muestra una recuperación de los destinos competidores como Turquía, Egipto o Túnez, que está provocando situaciones inéditas desde hace muchos años. La llegada de viajeros extranjeros a España cayó en julio un 4,9% y volvió a bajar un 1,9% en agosto. Este último dato supone la pérdida de 196.000 turistas respecto al mismo mes de 2017. Se trata del primer año desde 2009, coincidiendo con la gran crisis de seis años, en el que la entrada de viajeros ha descendido en agosto y también de forma consecutiva durante los dos primeros meses de la temporada alta.

Los datos hechos públicos por el INE muestran como la tendencia descendente de los dos mayores mercados emisores (Reino Unido y Alemania, que suponen un tercio del total) se ha acrecentado en agosto. En concreto han llegado 77.208 viajeros menos de Alemania, con un ajuste anual del 5,8%, y 86.855 menos de Reino Unido, lo que supone una caída del 3,7%. Ambos retrocesos solo se han visto compensados por el fuerte incremento de viajeros de Francia, el tercero más importante por tamaño, con 105.000 viajeros más, y de EE UU, beneficiado por la debilidad del euro frente al dólar, con 25.100 más.

En el acumulado entre enero y agosto, las llegadas apenas bajan un 0,1% hasta situarse en 57,3 millones de viajeros. Entre ellos destaca el incremento de llegadas de turistas de fuera de la zona euro, con un mayor poder adquisitivo y un mayor gasto durante sus estancias, lo que sin duda ha revitalizado las cifras de gasto turístico. En concreto, el desembolso total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en agosto alcanzó los 11.539 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,8% respecto al mismo mes de 2017.

En el acumulado hasta agosto sube un 2,8%. Fuera de los cinco grandes mercados en términos de gasto (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Nórdicos), el desembolso en el resto de naciones creció entre enero y agosto un 4,7% (el doble de la media) y ya supone el 46,3% del total.

La economía mundial nunca ha estado tan endeudada. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública y privada ha marcado un nuevo récord histórico, al alcanzar los 182 billones de dólares (157 billones de euros). Esta cantidad supone un 60% más del nivel que había en 2007. "Este alto endeudamiento puede amplificar las presiones en los mercados financieros", ha advertido la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en un discurso previo al inicio de la asamblea anual del organismo internacional.

Los altos niveles de endeudamiento tanto público como privado se explican, en buena medida, por las políticas de tipos cero iniciadas por los grandes bancos centrales. Los bajos costes de financiación han animado a muchos países y compañías a endeudarse en los últimos años.

"Ya hay economías emergentes y desarrolladas que están empezando a notar el impacto que supone la normalización de las políticas monetarias en los grandes países", ha explicado Lagarde. "El proceso podría ser aún más difícil si se acelera de golpe. Esto puede provocar correcciones en los mercados, cambios bruscos en los tipos de cambio de divisas y un mayor debilitamiento de los flujos de capital".

De acuerdo con un informe elaborado por el Fondo, hay 31 países (con una deuda agregada de más de 100 billones de dólares) en los que la deuda duplica su producto interior bruto (PIB). "Mejorar la gestión de las cuentas públicas podría generar unos ingresos extra anuales de cerca del 3%, lo cual es significativo", ha apuntado Lagarde. Para la máxima responsable del FMI, es fundamental que los Gobiernos creen mecanismos para que cuando llegue la próxima crisis estén más preparados.

"Los bancos centrales han estado inyectando cantidades ingentes de dinero en los mercados financieros, lo que ha generado precios absurdos. Cuando se normalicen, la inestabilidad financiera se puede ver seriamente afectada", explica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. "Me preocupa que empresas malas se hayan endeudado a precios ridículamente bajos. Hay que pensar que el índice high yield europeo está al 2-3%. Esto puede ser el origen de una crisis de crédito", apunta el experto.

La cara positiva de los bajos tipos de interés es que muchas empresas y familias han visto reducirse significativamente sus gastos financieros. Con los tipos cero, el euríbor se ha desplomado y la carga hipotecaria se ha reducido. La aseguradora alemana Allianz calcula que España ha sido el país que más se ha beneficiado de la política monetaria del BCE, y que los hogares y las compañías españolas habrían ahorrado 140.000 millones de euros por los bajos tipos.

Lagarde avanzó además que el crecimiento mundial está en su nivel se mantiene en su nivel más elevado desde 2011 y que la tasa de desempleo está cayendo en la mayoría de los países. Sin embargo, avanzó, el escenario “está comenzando a cambiar”. Detalló que algunos riesgos han empezado a materializarse, como la adopción de barreras comerciales o la presión del mercado financiero a algunos de los países emergentes.

Eso sí, en su discurso deja entrever que la institución podría rebajar la próxima semana sus estimaciones sobre la economía mundial para este año por efecto de la crisis arancelaria. Así, ha asegurado que la previsión de crecimiento mundial se ha vuelto "menos clara" que cuando en julio avanzaron que el PIB mundial crecería un 3,9% este año y el próximo. "Si las actuales disputas comerciales sufren una escalada, podrían provocar un shock económico en un mayor número de economías emergentes y en desarrollo", ha avanzado.

El déficit del Estado en los ocho primeros meses del año se situó en 18.895 millones de euros, una cifra que equivale al 1,56 % del PIB y que supone un descenso del 11,9% con respecto al mismo periodo de 2017. De acuerdo a los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados hoy por el Ministerio de Hacienda, este desfase resulta de un incremento de los ingresos del 8,3 %, superior al de los gastos, que fue del 5,1%.

En términos primarios, es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, el déficit estatal entre enero y agosto se sitúa en 1.254 millones de euros, lo que equivale al 0,1 % del PIB y que supone una reducción del 66,4% con respecto a ese mismo periodo del pasado año. Por su parte, la Seguridad Social registró un déficit de 4.894,4 millones de euros en los ocho primeros meses del año, cifra equivalente al 0,4% del PIB, frente al saldo negativo de 5.998,3 millones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso en valores relativos del 18,4%, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El déficit registrado por la Seguridad Social hasta agosto es resultado de unos ingresos no financieros de 91.808 millones de euros (+6,08%), frente a unos gastos de 96.702,7 millones de euros (+4,5%). No obstante, Trabajo explica que existen gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha que alcanzarían un importe aproximado de 466,57 millones de euros (aportación al sostenimiento de servicios comunes y reaseguro obligatorio y facultativo). En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 90.289,1 millones de euros, con un aumento de casi el 6%, mientras que los pagos se incrementaron un 4,6%, hasta los 96.566 millones.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,15% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,85% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 92,83% han sido reconocidas por las entidades gestoras y el 7,17% por las mutuas.

El Banco de España ha constatado este martes que la desaceleración de la economía española se agudiza, revisando a la baja sus previsiones de crecimiento. En concreto, el supervisor bancario ha avanzado que su nueva proyección es un alza del 2,6 % en 2018, el 2,2 % en 2019 y el 2 % en 2020, lo que supone una rebaja de una, dos y una décima, respectivamente frente a sus estimaciones de junio.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha aclarado que “la economía no está yendo claramente peor” pero que la “desaceleración de la primera mitad del año” fue peor de la esperada.

De hecho, su previsión es que España culmine el año con un déficit del 2,8%, superando incluso la nueva senda fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, que elevó su objetivo del 2,2% al 2,7% del PIB. El efecto, explican desde el supervisor, se debe fundamentalmente a la disminución del tamaño del PIB, lo que incrementa el peso del déficit, lo que también eleva ligeramente la deuda pública hasta el 98,1% para finales de este año. Arce ha insistido, en todo caso, que lo más importante es cerrar el año por debajo del 3% para salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas.

Para el Banco de España hay tres Grandes factores que están acentuando la desaceleración. En primer lugar, temen las repercusiones en la economía global de las políticas de proteccionismo comercial de EE UU y la respuesta del resto de mercados. En segundo lugar, el alza de los precios de la energía, especialmente los del petróleo, puede ser un lastre para el actual ritmo de recuperación económica.

Finalmente, el Banco de España expone que la fragmentación parlamentaria actual, en la que el Gobierno solo cuenta con 84 de los 350 diputados, provoca incertidumbre en torno a las políticas económicas y puede ser otra palanca de freno del crecimiento económico.

Sin haber incorporado a sus proyecciones las propuestas de incremento del gasto y alza de impuestos plantados por el Ejecutivo, hasta ver si tienen visos de salir adelante, el supervisor admite que hay dudas sobre su posibilidad de aprobar Presupuestos para 2019, cumplir con los objetivos de consolidación fiscal y acometer reformas estructurales necesarias.

En este campo el Banco de España propone trabajar en mejorar el mercado de trabajo, facilitando la contratación reenfocando las políticas activas sobre parados de larga duración y elevando la exigencia en la gestión empresarial.

Más allá, advierte que no deben darse pasos atrás en las reformas ya realizadas en la crisis que han permitido recupera la confianza internacional. Arce ha citado las de ámbito financiero, de pensiones o laboral.

Finalmente, como ya hizo el lunes, el Banco de España advierte de los riesgos que puede conllevar el alza del crédito al consumo por la amenaza del sobreendeudamiento para las familias.

Sector

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGA), Victoria Ortega, han suscrito un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones.

El acuerdo refuerza la interacción de los abogados y los registros, así como la utilización de la firma electrónica de los abogados en los documentos susceptibles de presentación en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

El Colegio de Registradores realizará los desarrollos informáticos que permitan al Consejo General de la Abogacía y a los abogados colegiados el acceso a la información del Registro Mercantil sobre titularidades reales de entidades societarias o de otros tipos, en cuanto que aquellos son sujetos obligados por la legislación antiblanqueo.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía se compromete a difundir entre sus colegiados la utilización de dicho Registro para cumplir con la normativa antiblanqueo que les impone la legislación.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) veta el acceso a los documentos relativos a las dietas diarias que cobran los eurodiputados. En su sentencia dictada hoy, el TGUE confirma la decisión del Parlamento europeo de impedir acceder y publicar esta información a varios periodistas ya que contenían datos personales protegidos. El órgano judicial europeo añade que las instituciones de la UE pueden impedir el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona.

Los hechos se remontan a 2015, cuando varios periodistas y asociaciones del gremio solicitaron al parlamento de la UE acceder a los documentos relativos a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. Al denegar la Eurocámara todas estas solicitudes, los informadores presentaron un recurso ante el TGUE.

De acuerdo con la normativa europea sobre protección de los datos personales, éstos se entienden como “toda información sobre una persona física identificada o identificable”. Y, como razona el tribunal, todos los documentos solicitados incluyen información relativa a personas físicas identificadas (los eurodiputados en este caso). Por tanto, “no se puede excluir la calificación de esa información como datos personales por el mero hecho de que esté vinculada a datos públicos de esas personas”.

Además, el Tribunal General recuerda que el acceso a este tipo de información es posible cuando el solicitante demuestra la necesidad de transmisión y no existe riesgo de lesionar los intereses legítimos del interesado. No obstante, los periodistas no dieron pruebas concluyentes que respaldaran la necesidad de hacer pública esa información por encima del riesgo que supone la exposición de los datos personales de los miembros del parlamento.

Por otro lado, los solicitantes alegaban que la Cámara europea habría podido ocultar los datos personales en los documentos solicitados y lograr así un acceso parcial a esos documentos. El TGUE rechaza tal pretensión y razona que eliminar estos datos controvertidos hubiera impedido a los periodistas hacer un seguimiento individualizado de la persona y sus dietas. Además, estima que ocultar todos los datos personales en los documentos solicitados conllevaba una carga administrativa excesiva, habida cuenta del volumen de documentos solicitados (concretamente más de cuatro millones de documentos respecto del conjunto de las solicitudes).

Una demanda interpuesta en el juzgado para conseguir la devolución de las cláusulas suelo puede prolongarse entre dos y tres años. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) denuncia en su informe anual la saturación que padecen los juzgados creados de forma específica para resolver las demandas de los consumidores sobre las cláusulas hipotecarias, que fueron consideradas abusivas en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE.

El flujo de entrada de demandas es tan caudaloso que inundan los juzgados. En el caso de Barcelona, se amontonan en el juzgado de primera instancia número 50, que fue designado especialmente para abordar estos asuntos. Los abogados consideran que esta fórmula no funciona y provoca que se dilaten los procedimientos para los consumidores y se favorezca el colapso. De hecho, las estadísticas sitúan al juzgado barcelonés como uno de los más saturados de España. Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en los últimos ocho meses sólo se han resuelto el 6,6% de las 25.000 demandas que fueron presentadas.

La jurisprudencia que se aplica tras el fallo del tribunal europeo está clara y los procedimientos son de poca complejidad, como lo demuestra el hecho que el 98,3% de las sentencias que se dictan son favorables al consumidor. Sin embargo, todo el proceso se dilata ante el aluvión de demandas que reciben los juzgados y los pocos recursos con los que cuentan.

A pesar de la excesiva tardanza y la evidente saturación, el CGPJ decidió prorrogar esta fórmula hasta finales de año, si bien no logró aligerar la carga de trabajo. De esta manera, 54 jueces deben resolver las 250.000 que tienen los juzgados españoles sobre la mesa.

El ICAB se posiciona en contra de la prórroga y apuesta por volver a descentralizar las demandas por cláusulas suelo entre todos los juzgados de primera instancia lo que, a su parecer, permitiría acortar los plazos y resolver los asuntos en un periodo de entre tres y seis meses. Otra de las medidas que propone es derivar las reclamaciones por la vía extrajudicial y apostar por la mediación.

Para ello, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, propone modificar el real decreto ley para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para “implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abogado este lunes por limitar el aforamiento también en el caso de jueces y fiscales, para lo que sería necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según ha precisado Moncloa. En concreto, el Ejecutivo ha avanzado su intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para "precisar" el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como es el caso de jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas.

Esta ley ya fue modificada en 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, para garantizar su aforamiento, así como el de doña Sofía. También están aforados el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y en el futuro lo estará quien se convierta en su consorte. Esta medida llega después de que el jefe del Ejecutivo haya anunciado su intención de llevar a cabo una reforma de la Constitución para limitar el aforamiento, según ha indicado en el transcurso del acto #Avanzamos celebrado en la Casa de América, coincidiendo con los 100 días de Gobierno.

Para ello, sería necesaria una modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos -miembros del Gobierno, diputados y senadores- salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo". Así, desde Moncloa han indicado que "próximamente" se presentará en el Consejo de Ministros la Ley de reforma constitucional para recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y que se pueda ser debatido en las Cortes con el objetivo de lograr "el mayor consenso" del arco parlamentario.

La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado. Según ha señalado Pedro Sánchez, el objetivo del Gobierno es que lograr que pueda estar lista en un plazo de 60 días. En el caso de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como de los miembros de los Parlamentos regionales, el fuero está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.

Sobre este punto, el Gobierno ha incidido en que una vez limitados los aforamientos en la Constitución "no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas". Según las cifras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y unos 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La mayoría de estas personas seguirán siendo aforadas, aunque se apruebe la reforma que quiere impulsar el Gobierno, que tampoco afectará a los cinco miembros de la Familia Real que actualmente disfrutan de fuero.

No se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El 90 % de los concursos acaba en liquidación y cerca del 70 % concluye por la ausencia de activos que liquidar y pagar a los acreedores. Así lo ha puesto de manifiesto una encuesta elaborada con las opiniones del panel de expertos del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (compuesto por 43 auditores). Según la opinión de los consultados, estos datos se deben a que "probablemente" las empresas que entran en este proceso lo hacen demasiado tarde, haciendo casi imposible revertir su situación de crisis.

El barómetro, que ha sido presentado en el I Congreso Nacional del RAJ-Foro Concursal que está celebrándose en Aranjuez, también revela que el 72 % de los encuestados cree que el número de concursos de personas físicas estaría aumentando (un 33 % piensa que crece de manera importante y un 39 % que lo hace levemente). Este hecho puede deberse a que esta figura, relativamente nueva, va siendo conocida por los concursados o por los abogados que les asesoran, incrementándose así su uso.

Asimismo, según el panel de auditores, las empresas concursadas son de menor tamaño y, tanto el volumen de sus activos como su endeudamiento, estaría bajando por la mejora de la economía. El RAJ concluye, en consecuencia, que no se están cumpliendo los objetivos básicos de cualquier situación concursal de recuperar la viabilidad de la sociedad y satisfacer las deudas frente a los acreedores.

Más de la mitad de los expertos encuestados cree que los importes recuperados en créditos ordinarios han caído significativamente o lo hacen de un modo más leve. Frente a ellos, un 38 % ve un nivel estable de recobro y solo un 9 % ve una mejora muy ligera. Las cifras recuperadas por las autoridades tributarias y la Seguridad Social se sitúan algo mejor, debido a su mejor posición de recobro en términos relativos: un 32 % cree que estarían aumentando, frente a un 28 % que la situación está estabilizada. El 40 % que ve una evolución negativa también en este tipo de recuperaciones.

Un 50 % de los miembros del RAJ consultados ve mejoras en los concursos actuales porque tienen un menor efecto sobre el número de despidos colectivos planteados respecto de los momentos más complicados de la crisis y un 9 % de ellos cree que las mejoras son evidentes. Otro 25 % estima que la situación está estabilizada y el número de despidos colectivos es similar al año anterior, y el 25 % restante ve mejoras en materia de trabajadores afectados por los concursos.



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