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Los consejos de la semana

Fiscal

Devolución del IVA pagado por las compras de viajeros en la Peninsula e Isla Baleares

A partir del día 5 de julio de 2018 queda suprimida la limitación de gasto mínimo de 90,15 € por factura, a efectos de la devolución del IVA pagado por las compras de viajeros en la Peninsula e Isla Baleares.

Si usted abandona el territorio de la Unión Europea y cumple una serie de condiciones, puede solicitar la devolución del IVA que haya pagado en las compras realizadas en España.

¿Cuándo tiene derecho a la devolución?

Tendrá derecho si usted:

• Tiene su residencia habitual fuera de la Unión Europea (o en Canarias, Ceuta o Melilla).

• Sus compras no constituyen expediciones comerciales y abandonan la UE dentro de los tres meses siguientes a su adquisición

¿Cómo se hace?

1. En las tiendas donde realice sus compras pida el "formulario DIVA" tax free y si aún no lo están usando, llévese la factura completa.

2. Al llegar al puerto o aeropuerto, diríjase al punto de sellado de la aduana:

- Con DIVA podrá utilizar directamente las máquinas automáticas allí instaladas y seguir fácilmente sus instrucciones.

- Si no tiene formulario DIVA, diríjase al personal de la aduana, donde una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se sellarán las facturas manualmente.

Recuerde llevar consigo:

- Su pasaporte.

- Las facturas de compras o formulario DIVA.

- Y los bienes por los que solicita la devolución (ATENCIÓN: sin mercancías no hay sellado).

- Su tarjeta de embarque o bien su ticket de su compañía con la ruta de viaje.

3. En ambos casos, ya puede solicitar su dinero a su empresa de tax free ubicada en la zona de embarque (sujeta a comisión) o directamente a través de la tienda en la que hizo las compras.

En este último caso, debe enviar la factura debidamente sellada o bien únicamente indicación del formulario DIVA.

En caso de que abandone la Unión Europea haciendo tránsito en algún otro aeropuerto europeo, el sellado de las facturas correspondientes a las mercancías del equipaje de mano se realizará en la aduana del aeropuerto de tránsito.

Mercantil, civil y administrativo

Reducción del consumo de bolsas de plástico

Se han adoptado varias medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico, con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos que los residuos generados por dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente.

Responde a la necesidad de incorporar al derecho interno la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

Directiva europea

La directiva ofrece a los estos miembros dos posibilidades:

a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso;

b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces.

España

En España, se ha optado por esta segunda opción y, al respecto, se establecen las siguientes medidas:

1) Desde el 1 de julio de 2018 se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, en los puntos de venta. Es decir, desde esa fecha los comerciantes deben cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera que entreguen al consumidor. Se exceptúan de esta medida las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las bolsas de plástico de menos de 15 micras de espesor que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel.

2) Desde el 1 de enero de 2020, se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables.

3) Desde el 1 de enero de 2021 se prohíba la entrega –gratuita o no- a los consumidores, en los puntos de venta, de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras no compostables. Se entiende por bolsas de plástico compostable bolsas de plástico que cumplan los requisitos de la norma europea vigente EN 13432:2000

Todas estas medidas afectarán también a las bolsas que puedan suministrarse en la venta online así como a las entregadas a domicilio.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El plan del Gobierno de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades para que las empresas, cuyo beneficio está gravado con un tipo general del 25%, no puedan aplicarse deducciones que rebajen esa cifra por debajo del 15%, no será fácil de poner en marcha. Así lo advierten desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF). “Supone una dificultad técnica muy elevada”, advertía este martes el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, durante la presentación del informe Declaración de sociedades 2017 y novedades 2018, elaborado por este órgano del Consejo General de Economistas de España.

Del Amo alertó de que, entre otras cosas, el anuncio del Gobierno podría incidir sobre los convenios internacionales que España tiene firmados con otros países en el caso de grandes compañías con presencia en el extranjero, que podrían acabar sujetas a una doble imposición. Para el REAF, lo adecuado sería apostar por un acuerdo europeo, o global, para establecer un tipo mínimo equitativo.

El REAF denuncia además que los continuos cambios que se vienen realizando en el impuesto de sociedades, más de 200 en la última década según sus cálculos, generan una fuerte “inseguridad jurídica” que “desincentiva a los inversores nacionales y foráneos”. Un efecto que se vería potenciado por un alza de impuestos, que incentiva la “deslocalización de los beneficios empresariales” en un mercado global en el que hay territorios fiscalmente más amables.

Actualmente, en todo caso, el REAF destaca que la presión fiscal que España aplica a las compañías privadas está en línea con la del entorno europeo. El tipo general español, del 25%, está por debajo del 44,43% de Francia, del 35% de EE UU o del 29% de Grecia, y por encima del 24% de Italia, el 19% de Reino Unido, el 12,5% de Irlanda o el 8,5% de Suiza.

“No hay propuesta en papel para opinar. Es difícil de valorar”, expuso por su parte Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, sobre el nuevo paquete de medidas fiscales anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que más allá del tipo mínimo de sociedades incluye un impuesto a la banca, la implantación de un gravamen a los servicios de las grandes compañías tecnológicas (tasa Google) o la creación de impuestos ambientales. “Ojo con la exuberancia de imaginación fiscal” a la hora de crear nuevas figuras impositivas, alertó Pich, sosteniendo que “esto hay que hacerlo coordinado” en el marco de la Unión Europea y con el objetivo de ordenar también los diferentes impuestos autonómicos y locales.

Más allá, el informe del REAF refleja que el impuesto de sociedades español concentra la presión fiscal sobre las grandes empresas. De hecho, solo entre 727 compañías, el 0,2% de las que lo abonan, acaban aportando el 49% de todo lo que recauda el Estado. Se trata de las empresas que ingresan más de 180 millones de euros al año, y que aportan 11.533 de los 23.310 millones de euros que ingresan las arcas públicas españolas por el impuesto de sociedades.

Es más, de los 1,4 millones de compañías que deben presentar una declaración, solo una cuarta parte, 361.003, acaban pagando, ya que el grueso de sociedades no obtiene beneficios que gravar o directamente están en concurso de acreedores.

El monto recaudado por sociedades creció un 6,8% en 2017 respecto al año anterior. Y aunque viene incrementándose desde los 18.713 millones de 2014, la rebaja desde el récord de 2007 (44.823 millones) es del 48,4%. Desde el REAF consideran que aquel fue el culmen de la burbuja y que se trata de una cifra excepcional que no volverá al alcanzarse.

El Tribunal Supremo ha determinado que, para eludir el pago de la plusvalía municipal al vender un inmueble, es el contribuyente el que debe demostrar con pruebas que no hubo ninguna ganancia con la transacción. La sala de lo contencioso administrativo determina así el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2017, que anuló el impuesto municipal sobre las plusvalías y que establecía que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".

Es decir, que para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica, y el Supremo considera que el que debe demostrar que no hubo ganancia patrimonial es el vendedor del inmueble. Posteriormente, si la administración lo considera necesario o pertinente, podrá revisar lo expuesto por el vendedor y aportar sus pruebas, si las hubiere, de que sí hubo ganancia, en cuyo caso será aplicable el impuesto.

La sentencia, de la que ha sido ponente Ángel Aguallo, rechaza un recurso de BBVA contra una sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de septiembre de 2017, dictada en un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 4 de Zaragoza en mayo de 2016.

En su fallo, el Constitucional anulaba el impuesto municipal sobre las plusvalías, que en teoría gravaba la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, pero, en la práctica, se abonaba siempre, aunque hubieran perdido valor. Esto supone que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.

La tasa se calculaba sin tener en cuenta si el inmueble había ganado o no valor, y generaba una "ficción de incremento económico" que impedía al particular toda prueba en contrario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene pendiente la reforma de este impuesto, que debe que adaptarse a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional.

Un esbozo de la coyuntura fiscal en España aparece reflejado en el último informe del Día de la Liberación Fiscal, elaborado por el Think Tank Civismo, donde una de las conclusiones es la elevada presión fiscal sobre la renta del trabajo que soportan los españoles en comparación con otros países desarrollados. Así, solamente 14 de las 34 economías avanzadas que integran la OCDE tienen una unos gravámenes sobre los salarios de sus empleados más altos que la de España, lo que desmonta la teoría de un país que goza de una imposición reducida.

De hecho, la "cuña fiscal", lo que en el estudio se entiende como el peso real de los impuestos en el trabajo, basado en la evolución de las bases imponibles del IRPF, es en España de media de un 37,25%. Esto quiere decir que casi el 40% del salario bruto de los españoles de media -no se contabiliza a los mayores de 65 años, que al obtener altos beneficios fiscales tan solo soportan un gravamen del 12,03% sobre su renta- se destina al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales.

En este sentido, la presión sobre los sueldos es heterogénea entre los diferentes grupos de edad de la población activa. Así, de cada 100 euros que el empresario paga al empleado de entre 19 y 29 años en concepto de coste laboral, este cobrará 64,11 euros, lo que representa una cuña fiscal del 35,89%.

En el caso de los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se sitúa en los 62,5 euros percibidos, por lo que la cuña fiscal asciende al 37,5%. Para los empleados de entre 45 y 64 años, reciben una cantidad de 61,66 euros de cada 100, en lo que se traduce en una presión sobre la renta bruta del trabajo del 38,34%. Es el grupo de edad que más aporta al sistema, coincidiendo con el tramo previo al acceso a la jubilación.

Una de las novedades del estudio es la relación establecida entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. En este aspecto es importante puntualizar que el valor de los servicios públicos recibidos por un ciudadano se incrementa exponencialmente cuando se llega la jubilación.

De hecho, el valor de lo que el ciudadano percibe en se triplica, pasando de los 6.934 euros nominales en la cohorte de entre 16 y 29 años a los 22.388 en el grupo mayor de 65 años. Si bien es cierto que al llegar a esta edad la mayor parte de los servicios recibidos se sustentan en los 15.454 euros de media de la pensión pública.

A su vez, la carga impositiva también varía por tramos de edad, siendo de 15.662 euros anuales entre los 45 y 64 años (el grupo que más aporta), y de 10.449 y 4.620 euros, en el grupo de los jóvenes y los mayores de 65 años, respectivamente.

De este modo, el informe sobre fiscalidad concluye que son casi el 80% de contribuyentes los que pagan más impuestos que lo que reciben hasta la edad de jubilación. Así, los trabajadores abonan entre 3.515 y 7.775 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, es decir, una aportación un 23,5% mayor de lo percibido. Todo ello, para después, una vez llegada la jubilación, disfruten de unos servicios valorados en 17.768 euros anuales veinte años.

El investigador de la Universidad Essex y autor del estudio, Javier Santacruz, explica que este hecho "desincentiva cotizar a la Seguridad Social" y añade que para una persona es "rentable" aportar al sistema siempre que las pensiones suban cada año por encima del uno por ciento, lo que implicas que si bien los actuales beneficiarios están recibiendo más de lo que aportaron en los retiros de dentro de 10 y 15 años se revierta la proporción.

Así lo recoge el informe Panorama de la Fiscalidad Local de 2018, publicado por el Consejo General de Economistas de España, coordinado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y elaborado por María José Portillo, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. El estudio calcula el grado de eficacia en la recaudación de los diferentes tributos locales midiendo los ingresos realmente obtenidos por los ayuntamientos de las distintas comunidades autónomas en el ejercicio 2015 frente a los derechos reconocidos que habían presupuestado cobrar.

La eficacia resulta dispar en el caso de las tasas municipales, que son otra importante fuente de recursos para las arcas municipales, a las que aportan el 13,6% de sus recursos. De esta forma, los municipios españoles recaudan en torno al 87,4% de los derechos reconocidos en materia de IBI, el 87,9% del impuesto sobre actividades económicas o el 84,7% de los de vehículos, pero solo el 78,6% del gravamen sobre obras, o el 80,4% del de plusvalía municipal.

Por zonas, destaca el éxito de Asturias en la recaudación de los impuestos obligatorios (96,1% del IBI; 99% del IAE; 98,5% del IVTM, o el País Vasco (96,2% del IBI y 92,6% del IVTM, aunque solo el 81,9% del IAE). Por el contrario, Andalucía solo obtiene el 77% del gravamen sobre los bienes inmuebles que, presupuesta, el 78,7% del impuesto sobre actividades económicas, el 79% de la fiscalización de obras y vehículos, el 68,7% de plusvalía o el 76% de sus tasas.

En todo caso, los peores datos generales son los de Ceuta que solo recauda el 77,3% de impuestos directos previstos y el 69,6% de los indirectos. Los datos de la ciudad autónoma, sin embargo, resultan poco comparables con los de toda una comunidad. Otro tanto ocurre con Melilla, que presenta un comportamiento voluble al ingresar el 91,8% de la plusvalía municipal que, presupuesta, pero solo el 45,9% de las tasas que impone.

De otra parte, sobresalen los resultados obtenidos por las localidades gallegas en el cobro de los impuestos sobre obras (89,1% de éxito), frente al 3,3% registrado en Canarias, motivado por la recaudación negativa de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife que lastran los datos de todo el archipiélago, matiza el informe del Consejo General de Economistas.

Es de resaltar también el alto porcentaje de recaudación del impuesto de plusvalía en Madrid (87,6%) donde el IIVTNU es su segunda fuente de ingresos tras el IBI. El grado de ingresos de este mismo gravamen se rebaja hasta el 67,7% en el caso de Extremadura.

Una dispar fuente de ingresos que está relativamente en el aire después de que el Tribunal Constitucional anulara varios artículos de la ley, estableciendo que no puede cobrarse este impuesto cuando la venta del inmueble se realice sin beneficios. El Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse próximamente sobre la validez de la aplicación del tributo, cuyo uso ha sido recurrido en multitud de municipios tras el varapalo del Constitucional. De hecho, su utilización ha sido puesta en duda incluso cuando la transacción se cierra con una plusvalía, pues varios tribunales han tumbado el cálculo que se viene aplicando.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en asuntos fiscales del Consejo General de Economistas (CGE), ha advertido sobre las dificultades técnicas que podría tener la implantación de un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades mediante la prohibición de acogerse a deducciones a aquellas empresas que no alcancen dicho tipo mínimo.

Así lo señaló en declaraciones a Servimedia el secretario técnico de REAF, Luis del Amo, en referencia al anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la intención del Gobierno de aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades mediante la limitación de las deducciones fiscales, de forma que se garantice que las empresas tributan un tipo mínimo todavía por determinar, aunque el PSOE planteaba en su último programa electoral que fuera del 15%.

"No se puede hacer, así como así", aseguró Del Amo, explicando que la medida podría conllevar el incumplimiento con los convenios de doble imposición, por lo que, en su aplicación, "habría que hacer muchas excepciones para cumplir con ellos". En este sentido, el secretario técnico de REAF explicó que buena parte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades se deben a que las empresas ya tributan en el extranjero los resultados que obtienen fuera de España, por lo que dichas deducciones "no son ningún incentivo fiscal".

"Hay que madurarlo antes de tomar una decisión como esa", valoró Del Amo, quien confió en que cuando el Gobierno presente la propuesta se aclaren las dudas técnicas que podría suponer. En cualquier caso, preguntado por la valoración de REAF sobre las intenciones del Gobierno de, además de lo relativo al Impuesto de Sociedades, implantar un impuesto a la banca, así como nuevos impuestos digitales o medioambientales, Del Amo apuntó que se trata de "decisiones políticas" sobre las que su organización no mantiene una postura. "Todo se puede hacer", concluyó al respecto.

Laboral

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha avanzado este martes que dentro de las reformas del mercado laboral que planea el Ejecutivo se incluirá un endurecimiento de los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser "un mecanismo excepcional".

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, Valerio ha explicado que a raíz de la reforma laboral el mecanismo del descuelgue, que permite dejar de aplicar lo establecido en convenio en materia salarial o de jornada, se ha convertido en un instrumento ordinario no siempre justificado en una situación de adversidad para la empresa.

"Se trata de recuperar la razón de ser del Estatuto de los Trabajadores como norma y garantía de derechos laborales", ha afirmado la ministra, para quien la norma se ha convertido en "un puro catálogo de poderes empresariales".

Para lograrlo, ha sumado como medidas urgentes la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, ya que ha considerado que dar prioridad al convenio de empresa supone debilitar la negociación colectiva, así como la reposición de la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia.

Respecto a la subcontratación ha dicho que la externalización en las empresas debe responder a un proceso de especialización y no a una estrategia de recorte de derechos de los trabajadores y de salarios.

Para frenar la temporalidad promoverá que la cotización en este tipo de contrato sea equiparable a la del contrato indefinido, al tiempo que recuperará la causalidad de este tipo de contratos para evitar su abuso.

Para estrechar la vigilancia sobre el adecuado funcionamiento del mercado laboral se reforzará la Inspección de Trabajo "a la que habrá que destinar los recursos materiales y humanos que sean necesarios", de forma que se vigile la temporalidad no justificada, el abuso del empleo a tiempo parcial o los falsos autónomos.

El Gobierno parece decidido a poner coto al auge aparente de los llamados falsos autónomos, que, pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzadas a inscribirse en ese colectivo, aunque en realidad les correspondería tener contrato laboral como trabajador por cuenta ajena. Y no son pocos: entre 90.000 y 100.000 personas según el cálculo más bajo de la principal asociación del sector, ATA, y los más de 210.000 que apunta otra organización, UATAE.

Incluso algunos despachos laboralistas y asesorías llegan a señalar la cifra de 290.000 falsos autónomos. Sea como fuere, lo que ninguno niega es que estamos, sin duda, ante un problema importante. «Es un fraude de ley y hay que combatirlo», asevera con firmeza el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien reclama por ello «mayor control y denuncia», dos aspectos que implican tanto a la Administración como a los propios afectados.

«Es una competencia desleal -reconoce- que hace mucho daño a aquellas empresas que contratan a sus trabajadores como marca la ley». Porque aquí, a priori, el principal beneficiado de este abuso es el empresario que se ahorra los gastos que conlleva un contrato. Por ejemplo, solo en cotizaciones se ahorran con ese fraude 562 millones de euros al año, esto es, que cada falso autónomo le costaría a la Seguridad Social casi 2.700 euros al no pagar las cuotas que le habrían correspondido.

Eso con arreglo a los cálculos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Si atendemos a lo que dicen algunos abogados y asesores, el fraude se dispararía hasta los 776 millones anuales mientras que, por el contrario, con los cálculos de ATA bajaría a casi 268 millones, una suma en cualquier caso muy cuantiosa.

Para hacer esas cuentas se ha tenido en cuenta la cantidad de personas en situación laboral irregular que estima cada uno, el sueldo más común de los asalariados y que, por tanto, les correspondería en realidad (casi 16.500 euros anuales), el ingreso medio en la Seguridad Social de un trabajador del régimen general (el 28% de su retribución) y la cotización mínima de los autónomos (275 euros). En consecuencia, si hubiera 210.000 falsos autónomos el sistema dejaría de ingresar más de 287 millones en seguros sociales cada ejercicio, y prácticamente 137 millones si fueran 100.000.

El Ministerio de Trabajo prepara ya un plan director contra la explotación laboral, que «intensificará» las inspecciones «en los próximos meses». Para ello se impartirá «formación especializada» a sus técnicos, pero los sindicatos denuncian que la plantilla actual es insuficiente. La Inspección laboral tiene 1.835 efectivos (944 inspectores y el resto subinspectores, si bien se prevén 40 nuevas incorporaciones en los primeros) que, aun siendo la cifra más alta de su historia, resultaría ineficaz para aflorar todo el fraude.

Por eso desde UATAE reclaman al Gobierno que «redoble los esfuerzos», también en efectivos, puesto que en 2016 solo se identificaron por la Inspección 3.000 casos de falsos autónomos -que se enfrentan a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, además de abonar las cotizaciones reales de los últimos cuatro años y un recargo-. Una de los aparentes coladeros para encubrirlos es la figura legal de los Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente (TRADE), aquellos que reciben de una misma empresa más del 75% de sus ingresos anuales.

La diferencia sustancial para distinguirlo del falso autónomo es que los del régimen TRADE tienen que disponer de su propio material y desarrollar la actividad laboral con criterios organizativos propios. Por eso, en la práctica, difícilmente buena parte de los trabajadores de las grandes plataformas digitales de la llamada economía colaborativa podrían estar adscritos a esa categoría.

Por ejemplo, los 'riders' (repartidores o mensajeros) de Deliveroo, Glovo o UberEats, entre otras, a duras penas cumplirían la condición de medio propio -la bicicleta no se considera un vehículo a estos efectos-, y con alta probabilidad chocarían con la condición organizativa al ser la plataforma en última instancia la que resuelve en qué turno laboral y de qué forma pueden trabajar, atendiendo solo en parte sus peticiones. Por eso ya ha habido multas de la Inspección a algunas de esas empresas -1,3 millones a Deliveroo en Barcelona por encubrir como mercantil una relación que era laboral- y también sentencias en su contra.

La tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, después de Grecia (43,7%) es la de España, además de contar con las peores condiciones laborales. En marzo de 2018 la tasa de paro para personas menores de 25 años en España se situó en el 36,3% frente al 6,6% de Alemania, país de la UE con la tasa de paro juvenil más baja. Así, la UE tiene una tasa de desempleo juvenil del 16,8%.

Desde la UE hay medidas que tienen como objetivo impulsar el empleo juvenil entre las que destacan los programas de garantía juvenil para contribuir a que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo y formación; ayudas financieras para las regiones donde las tasas de desempleo juvenil superen el 25% así como programas de movilidad laboral para que los jóvenes puedan desarrollar un periodo de formación o empleo en otro país de la UE.

Por ello, la asociación juvenil de UGT Revolución Ugetista (RUGE) ha instado al Gobierno de Sánchez a que impulse un plan de empleo juvenil "lógico y estructurado" de forma "urgente" y un programa de formación en el empleo a través de un contrato de relevo "mejorado". Además, advierten de que el empleo juvenil debe ser una prioridad para el ejecutivo de Sánchez, porque este colectivo sufre temporalidad, parcialidad, cobran salarios bajos y, en algunos casos, trabajan "largas jornadas" sin retribución ni control.

Consideran que el Ejecutivo debería activar el programa de Garantía Juvenil "para que responda realmente a los objetivos para los que fue diseñado". "Tenemos propuestas y existen partidas presupuestarias de la Unión Europea para atajar este problema, así que no hay excusas", ha remarcado la organización.

La organización asegura que llevan años instando al Gobierno de Rajoy a que cambie sus políticas en esta materia. "Estos seis años han sido un desastre. No solo no ha habido un plan de empleo juvenil lógico y estructurado, sino que el dinero que hemos recibido de la UE se está devolviendo por incapacidad o desinterés del anterior Gobierno para atajar este problema", han denunciado.

La situación actual, según la organización, "es crítica" para la juventud española y por ello piden a Sánchez que "abra una línea de dialogo con interlocutores sociales para aprobar de manera inmediata las medidas necesarias para hacer funcionar de una vez la garantía juvenil y establecer una mesa para desarrollar la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil 2018-2020".

ManpowerGroup presentó su estudio sobre cuál será el futuro de la ocupación y las cifras, a buen seguro, que serían suscritas por cualquier Gobierno. El análisis de la dinámica del empleo en el periodo 2016-2026 que ha llevado esta empresa de colocación revela que España cuenta en la actualidad con capacidad para crear unos 2,6 millones de puestos de trabajo en los próximos ocho años; lo que da como resultado un promedio de 325.000 nuevos ocupados cada ejercicio. El informe explica además que el 80% de los nuevos puestos generados en 2026 tendrá un fuerte componente tecnológico.

En este sentido, y dada la baja natalidad española y la evolución de la población prevista a corto y medio plazo, el informe sostiene que se van a necesitar casi un millón y medio de inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo en España “para mantener la sostenibilidad y la competitividad de las empresas”, según aseguró el presidente de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, durante la presentación del Índice Laboral Manpower número 50.

Otra de las tendencias que se ha detectado en el mercado laboral español hasta 2026 es que los ocupados se dedicarán, sobre todo, a los servicios privados, tendrán entre 50 y 66 años de edad mayoritariamente y serán profesionales y técnicos cualificados que dispondrán de una alta formación. El director del estudio, Josep Oliver, subrayó que el empleo en la industria y en la construcción crecerá por encima de la media, aunque la mayor parte lo generará el sector servicios.

No obstante, y pese a estas favorables expectativas futuras, Grijalba también puso de manifiesto que aproximadamente el 27% de los empleos en España están sin ocupar debido a las nuevas competencias profesionales que demandan las empresas y para las que no logran encontrar personal formado. Precisamente por ello, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, insistió en que se debe apostar por un “pacto educativo” que supla las necesidades del mercado laboral del futuro.

Esta radiografía del mercado laboral se daba a conocer apenas una hora después de que los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi y los líderes sindicales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, firmaran en presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio y su antecesora Fátima Báñez, el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020.

Todos se felicitaron por la consecución del pacto, que recomienda subidas de sueldo de hasta el 3%, con una parte variable. Y recordaron que apuesta por elevar los salarios en convenio a un mínimo de 14.000 euros anuales en 2020. En cuanto a la posibilidad de realizar retoques en la reforma laboral, patronal y sindicatos estuvieron de acuerdo en que cualquier modificación sea pactada en los ámbitos social y parlamentario. El documento ratificado por los cuatro incluye un anexo con los puntos de acuerdo entre sindicatos y patronal para reformar el marco laboral que trasladarán a la negociación tripartita abierta con el Ejecutivo que prevén retomar el 10 de julio.

Además, la OCDE destaca que las indemnizaciones por despido en España son "particularmente generosas" y recomienda al país llevar a cabo una reforma laboral que aumente el periodo de preaviso de despido a la vez que reduzca el importe de las indemnizaciones. "Una reforma que aumente el período de preaviso, compensado con una disminución de la indemnización, permitiría iniciar la activación durante el preaviso sin aumentar el costo para las empresas", señala la organización en su informe 'Perspectivas de Empleo 2018".

En su análisis, el 'Club de los países ricos' sostiene que la reforma laboral de 2012 ha ayudado a aumentar el empleo y a combatir la profundamente arraigada segmentación del mercado laboral, reforzando la capacidad de los empresarios para resistir las turbulencias del mercado.

"España perdió mucho tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias", ha señalado en rueda de prensa el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, recordando que en los primeros años de la crisis los representantes del Gobierno español la consideraban "un problema anglosajón".

Ahora España está creando medio millón de empleos al año como resultado de la reforma implementada por Mariano Rajoy y ha registrado una mejora enorme de 10 puntos porcentuales de la tasa de paro, ha señalado el mexicano. "Las cifras muestran que nos movemos en la buena dirección", ha apuntado.

Mercantil, civil y administrativo

El Ministerio de Economía y Empresa reactiva esta semana la creación de una Autoridad Macroprudencial que alerte de futuras crisis económicas, como ya existe en algunos países europeos, y será analizada por el Comité de Estabilidad Financiera que se reunirá en los próximos días.

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para explicar las prioridades de su departamento, Nadia Calviño ha anunciado que esta semana se convocará este Comité formado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo -ha dicho- es "reactivar definitivamente" el proyecto de creación de una figura macroprudencial, ya que España es de los últimos países de la Unión Europea que no tiene una institución de estas características. Ha argumentado que una de las causas de la crisis económica fue la "falta de alerta temprana" y ha dicho que esta autoridad "se antoja fundamental para prevenir situaciones similares en el futuro".

En paralelo, Calviño, ha afirmado que la previsión del Gobierno es que España registre un crecimiento del 2,7% este año y del 2,4% en 2019, mientras que para el déficit augura que terminará en unos niveles que permitirán salir del procedimiento de déficit excesivo, al tiempo que ha defendido que España no puede "acostumbrarse" a tasas de paro del 15%.

Calviño ha abogado por una política económica que "conjure política presupuestaria con sostenibilidad medioambiental, territorial y social", y ha indicado que el Gobierno aprovechará la "oportunidad" del contexto económico actual para asentar un modelo de crecimiento que "alcance a todos", priorizando la calidad en el empleo.

Calviño también ha avanzado que el Ministerio de Economía está agilizando hasta siete directivas comunitarias que debían trasponerse al ordenamiento español desde hace años bajo la amenaza de "cuantiosas" multas. Entre estas directivas ha destacado la relativa al Crédito Inmobiliario y de información no financiera que ya están en tramitación en el Congreso y que el Gobierno ha pedido que pasen de forma urgente al Senado, así como los proyectos de Ley vinculados al Mercado de Valores, a la Prevención del Blanqueo de Capitales o a las Cuentas de Pago Básicas.

Otro de los trabajos que ha emprendido el Ministerio de Economía es el de reforzar la imagen de España en los foros internacionales, y ha insistido en que España será activa en sus propuestas para construir una Europa más solidaria y unida.

El aumento del precio medio fue del 7,85% en los seis primeros meses de este año respecto a los seis últimos de 2017; en el segundo trimestre fue del 3,97% en comparación con los tres primeros meses de este año, y el incremento fue del 0,75% este junio respecto a mayo. La ciudad donde el precio del alquiler medio es más elevado es Barcelona (1.796 /m2), seguida por Madrid (1.725 /m2) y San Sebastián (1.405 /m2).

Por comunidades autónomas, los mayores precios medios se dan en Madrid (1.395 /mes), País Vasco (1.126 /mes) y Baleares (1.109 /mes), mientras que los menores en Extremadura (440 /mes), Castilla-La Mancha (497 /mes) y Galicia (562 /mes).

El mayor incremento en tasa interanual estuvo en Cataluña, del 24,3% y en ninguna comunidad bajaron los precios, mientras que respecto a los seis meses anteriores se dio el mayor aumento en la Comunidad Valenciana, del 18,93%, y hubo descensos en Asturias, del 1,58% y en Extremadura, del 0,47%. Por provincias, el precio medio más alto este junio se ha alcanzado en Madrid (1.395 euros al mes), Guipúzcoa (1.393 /mes) y Barcelona (1.152 /mes) y el más bajo en Teruel (389 euros mensuales), Cáceres (405 /mes) y Ciudad Real (406 /mes).

De un año a otro, la mayor subida fue la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (23,73%) y el mayor descenso el de Córdoba, del 18,06%, mientras que en el primer semestre respecto al segundo de 2017 el incremento mayor fue en Castellón (19,78%) y el descenso más marcado el de Córdoba, del 10,82%.

La superficie media de los pisos alquilados es de 117 metros cuadrados, según los datos de Pisos.com, cuyo director de estudios, Ferran Font, cree que el crecimiento de las rentas de alquiler "está arrojando mensualidades ante las que buena parte de la demanda no puede responder con sus ingresos".

Ahora se ha unido España a esta tendencia. Entre enero y junio se han matriculado 735.000 turismos, de los que solo el 37% son diésel, 13 puntos menos que hace un año. En cambio, los coches con motores de gasolina llegan al 57,2%. Hacía dos décadas que esto no sucedía. Pesan en los compradores los anuncios que han lanzado los ayuntamientos de restringir la circulación de estos vehículos en las ciudades o la posibilidad que se plantea de que se aumenten los impuestos al gasoil. Así lo explican los fabricantes, las ONG que piden desincentivar el uso de estos vehículos y los vendedores que día a día tratan con los clientes.

Víctor lleva tres años vendiendo coches en un concesionario de Renault en Madrid en el que se matriculan unos 200 automóviles al mes. En ese tiempo este vendedor, que ronda la treintena, ha visto como al principio la demanda estaba volcada con el diésel: “Después se igualó y ahora yo creo que ocho de cada 10 son gasolina”.

Luis, vendedor en una oficina de exposición en Madrid de Opel, no da cifras, pero su relato coincide con su colega de Renault. También apuntan en la misma dirección Rafa, en un concesionario de Kia, Andrés, en uno de Nissan, o lo que responde telefónicamente una vendedora de una marca alemana de vehículos de lujo: “Ocho de cada diez clientes que llegan preguntan por coches de gasolina. Luego hay que reconducir la conversación para ver si hay posibilidad de venderle uno diésel”.

Las respuestas de estos cinco vendedores, que día a día tratan de colocar coches en el mercado, coinciden con los datos que han publicado esta semana las tres patronales del sector: casi el 60% de turismos que se matricularon en España entre enero y junio tenían un motor de gasolina; menos del 40%, uno diésel, y el 5,8% uno híbrido, plenamente eléctrico o que consume otro tipo de combustible. Hace un año la situación era otra muy distinta: los automóviles propulsados por gasolina no alcanzaban el 46%; por diésel el 50%, y el resto quedaba en el 4,4%.

Los eurodiputados han rechazado esta mañana iniciar las negociaciones de la reforma de la ley europea de los derechos de autor, una medida que, según diferentes organizaciones y asociaciones, habría podido tener un impacto masivo en la forma en la que los europeos utilizan internet.

La iniciativa ha sido rechazada por 318 parlamentarios, frente a 278 que votaron a favor. También hubo 31 abstenciones. A favor han votado populares y socialistas, y en contra Verdes, Izquierda Unitaria y liberales, que piden un debate más amplio y sosegado, informó Efe. Ahora, el texto volverá al pleno en septiembre, para un debate que no se prevé fácil.

Uno de los ponentes, el conservador alemán Alexander Boss, intentó convencer a la mayoría de colegas del hemiciclo hasta el último minuto antes de la votación sobre la necesidad de votar a favor de proteger a los autores y en contra del "modelo de capitalismo y monopolio de Google, Facebook y Amazon", según detalla la citada agencia. Su esfuerzo no tuvo éxito, pues quienes se oponen a la medida no solo han criticado el fondo sino también la forma exprés de aprobación de la reforma de la directiva de derechos de autor.

Los legisladores de la UE han mostrado así que quieren reflexionar, tras múltiples objeciones contra la directiva, incluida la mostrada ayer por Wikipedia que bloqueó su web en protesta. La enciclopedia online aseguró que la nueva directiva de copyright restringiría severamente la libertad de internet.

"La intención general de la directiva es bienintencionada. Pero, la vaga redacción de la ley significa que puede aplicarse a una gama extremadamente amplia de casos", según asegura Ruby González, de NordVPN. La polémica la han marcado sobre todo los artículos 11 y 13. González explica que la nueva directiva podía extender los derechos de los editores a cobrar por los fragmentos de artículos de noticias que aparecen en los resultados de búsqueda. Esta recaudación se realizaría con el establecimiento de un canon a pagar por las plataformas a medios de comunicación y autores de contenido cuando lo reproduzcan.

El texto rechazado también obligaba a los sitios web (como Youtube, Facebook y otros más pequeños) a escanear todo el contenido que se suba a sus plataformas y bloquear automáticamente todo aquello que pueda infringir los derechos de autor. Muchos expertos habían advertido desde hace meses que esa tarea no podría llevarse a cabo por equipos humanos y que tendrían que emplearse filtros de inteligencia artificial que ya han demostrado que tienen muchos fallos. "Son muy malos para detectar la diferencia matizada entre el plagio y el concepto de uso legítimo, sátira o trabajos derivados", continúan desde NordVPN.

Por todo ello, muchos opositores a la nueva directiva advertían que si se aprobaba esta directiva se podría perder la capacidad de compartir artículos en Facebook o encontrarlos a través de Google. Pero también afectaría a otros proyectos más pequeños de agregación de noticias, portales como Menéame. De la misma manera, alertaron de que establecer los filtros de contenidos necesarios para cumplir con la directiva podrían terminar vulnerando la libertad de expresión.

Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata, que ha llevado a cabo una intensa campaña en contra de la nueva directiva, ha calificado el resultado de hoy de “gran éxito”, pero ha pedido a través de Twitter mantener la presión para “salvar tu internet”.

No estaban tan contentos otras organizaciones como BPI Music, que representa a las discográficas del Reino Unido, o Paul McCartney, quien el miércoles envió una carta a la cámara en la que pedía apoyo para mejorar la retribución de los creadores europeos frente a los gigantes de internet. Este jueves, BPI Music aseguró, según recoge la BBC, que respetan la decisión de la Eurocámara, pero que trabajarán con los eurodiputados durante las próximas semanas para explicar cómo la directiva propuesta beneficiará no solo a la creatividad europea, sino también a los usuarios de internet y al sector de la tecnología.

En este sentido, Wales les recordó que deberían buscar renegociar nuevos acuerdos con las plataformas digitales como Youtube para obtener una "remuneración más justa". "Pero filtrar todo lo que se suba a internet no es la solución", dijo a la cadena británica.

El ímpetu que ha demostrado la economía durante los últimos años ha situado a España cada vez más alto en el ránking de países más competitivos. Pero, aunque el entorno macroeconómico ha mejorado, este año España se lleva un jarro de agua fría al ver los resultados del Ránking del IMD World Competitiveness Center, donde cae hasta la posición 36 de 63 países del listado, dos puestos menos que en 2017.

La competitividad de España se ha deteriorado principalmente por dos razones, señaló ayer Arturo Bris, director del World Competitiveness Center del IMD. Por una "pérdida de confianza en el sector privado y una mayor incertidumbre" y por otro, "por la situación política, que está resultando costosa", añadió en la presentación del ránking en España, en un acto en el que también participó el Instituto de Empresa Familiar. El ránking sitúa a España a la altura de países como Chile, Kazajistán o Arabia Saudí. Y a pesar de liderar el crecimiento económico entre los grandes europeos, en lo referente a competitividad sólo logra superar a Italia.

En junio 2012, el FMI recomendó a España fijar como objetivo prioritario mejorar posiciones en los principales índices globales, teniendo como meta el Top 10. En los últimos cinco años, España ha mejorado notablemente, dando un salto de 11 puestos desde 2013, cuando se encontraba en el número 45, hasta el 34 del año pasado. Pero el podio sigue estando lejos. ¿Cuál es el problema?

El informe mide la competitividad de los países basándose en cuatro factores: la situación de la economía, la eficiencia del sector público, la eficiencia del sector privado y la calidad de sus infraestructuras. España aprueba sólo en el primero. En lo referente a la competitividad de su economía, España asciende hasta el puesto 31, desde el 35 donde se encontraba en 2017. "Se trata de una economía adecuada para crecer e invertir". En contrapartida, "el empleo continúa siendo el talón de Aquiles".

En los otros tres puntos, España se mantiene o cae. La eficiencia del sector público español y del sector privado se estancaron en las posiciones 38 y 42, respectivamente. Mientras que la calidad de las infraestructuras -que no mide sólo la obra pública, sino también sectores como la educación- ha empeorado, traduciéndose en una caída al puesto 27.

Por un lado, explicó Bris, está el problema de la productividad. Las medidas económicas emprendidas para lograr la recuperación han impulsado la productividad, hasta el punto de que hoy, "la productividad real de España es mayor que la de Alemania". Sin embargo, "los salarios han crecido muy por debajo de la productividad", por lo que considera necesario reducir la brecha entre productividad y salarios. "No a través de impuestos o salarios mínimos, sino con más empleo y fomento del talento en los sectores adecuados".

En ese sentido, apuntó a un "desajuste entre el sistema educativo y productivo", que lastra la competitividad de la educación. Bris apuntó que España debería seguir modelos como el de Singapur (3º en el ránking) donde el sistema educativo proporciona el personal que la economía necesita. Para Bris, "no es que nuestro sistema educativo sea pobre. Tenemos los mejores ingenieros de Europa. El problema es que no necesitamos más ingenieros, sino otro tipo de talento".

Sector

Si hace unos años la aspiración para un abogado que empezaba en un gran despacho era llegar a ser socio, en la actualidad parece que la tendencia ha cambiado. Como señala Adela García de Tuñón, directora de recursos humanos de DLA Piper, "estamos viviendo un cambio de paradigma en la carrera de los abogados, mucho más flexible de lo que era antes, y convivimos con diferentes aspiraciones y desarrollos profesionales dentro del sector jurídico". Algo que también destaca Nuria Martín, directora de recursos humanos de Cuatrecasas: "Las nuevas generaciones aportan una nueva percepción de la carrera y del mundo profesional y hacen que nos replanteemos cómo atraer y retener el talento".

Es por ello que las grandes firmas han decidido flexibilizar y adaptar sus planes de carrera a cada abogado. Como dice Ignacio Paz, socio y miembro del comité de recursos humanos de Herbert Smith Freehills España, "se trata de hacer un traje a medida en función de la situación y aspiraciones de cada uno". Loreto de Blas, HR manager de la oficina de Hogan Lovells en Madrid, puntualiza que en la firma "no hay planes de carrera alternativos a alcanzar la condición de socio, sino carreras profesionales adaptadas a cada abogado".

Uno de los principales objetivos de los letrados más jóvenes que se incorporan a un gran despacho como Uría Menéndez es, según su secretaría general, Iciar Rodríguez-Inciarte, formarse y trabajar en asuntos complejos con profesionales de los que puedan aprender. Precisamente, el plan de carrera en este bufete se basa en el principio de up or out, según el cual los abogados son evaluados anualmente y, solo si su desempeño alcanza un determinado nivel, continúan su evolución en la firma.

Por su parte, Lourdes Ramos, directora de recursos humanos de Garrigues, apunta a que el crecimiento profesional es la principal aspiración de los más jóvenes; por ello, desde el despacho se centran en ofrecerles desde el principio de su carrera "formación continua, participar en las operaciones más relevantes del mercado en un contexto internacional, movilidad geográfica y la posibilidad de realizar actividades académicas y pro bono".

Las firmas consultadas coinciden también en que las nuevas generaciones de abogados han cambiado su forma de concebir el trabajo en los despachos respecto a las generaciones anteriores. Loreto de Blas explica que "los abogados jóvenes reclaman una involucración directa con el cliente y un entorno internacional, además de flexibilidad y conciliación". De hecho, como destaca Iciar Rodríguez-Inciarte, las nuevas generaciones entienden que el trabajo ha de ser "colaborativo y quieren opinar sobre los asuntos o proyectos en los que trabajan y aportar sus ideas". Nuria Marín alude también a que los jóvenes prefieren trabajar por objetivos y que valoran mucho "la felicidad laboral, el buen ambiente de trabajo y la transparencia en la gestión de personas". Todo ello unido a una cada vez mayor demanda de oportunidades a nivel internacional.

España se encuentra entre los países con menos reclamaciones y condenas por parte de los tribunales europeos. Unos datos que vienen a desmentir uno de los mantras del independentismo catalán, que asegura que el Estado vulnera de forma sistemática los derechos humanos y que, si bien "formalmente" es una democracia, en la práctica no funciona como tal.

Según el informe España ante los tribunales europeos. Una visión a través de datos estadísticos, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los años 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones que estudió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con origen en nuestro país fue de 622. Puesta en relación con el número de habitantes, la ratio es de 0,14 demandas por cada 100 habitantes. Un dato similar al de Francia o Bélgica, y muy inferior a la media del conjunto de los Estados sometidos a dicho organismo, que es de 0,64.

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara la existencia de una violación de derechos fundamentales, España también aparece en la parte baja de la tabla, tomando como parámetro la ratio condenas por población. Así, la media de sentencias anuales en las que se encuentra al menos una vulneración es de seis, lo que supone 0,1 por cada millón de habitantes. Un dato similar al de Alemania, Holanda, Reino Unido o Irlanda, e inferior a otros Estados como Bélgica, Austria, Italia, Portugal o Suiza.

Si se atiende a los recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años, puestos en relación a la población de cada uno de los países, la ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión: un 0,05. Una cifra muy cercana a la que registran Alemania, Italia, Holanda y Suiza. En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España –con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06.

Los juzgados y tribunales españoles ingresaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año más de millón y medio de asuntos, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2017. Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación de los órganos judiciales publicado por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también revela que la cifra de asuntos pendientes de resolución se ha incrementado un 10,4% con respecto a la misma fecha del año pasado.

La jurisdicción civil es la que ha sufrido el mayor aumento en la entrada de asuntos durante este primer trimestre del año, con una subida del 14%. Le sigue, aunque con cierta distancia, la jurisdicción contencioso-administrativa con un incremento del 2,1%. Sin embargo, tanto la jurisdicción penal como la social han experimentado un descenso en la entrada de asuntos respecto al primer trimestre del pasado año, de un 7,6% en el orden penal y de un 5,5% en el laboral.

En el primer trimestre del año se ingresaron 57.955 asuntos relativos a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, por lo que se mantiene la tendencia descendente iniciada a partir del cuarto trimestre de 2017. Asimismo, los 179.566 asuntos relativos a cláusulas abusivas pendientes al finalizar el primer trimestre de 2018 representaban el 14,2% de la pendencia en la jurisdicción civil y el 7,4% del total.

En cuanto a la tasa de litigiosidad en España, en estos tres primeros meses de 2018 es de 32,2 litigios por cada mil habitantes. Una media que es superada por las comunidades autónomas de Canarias (41,8), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).

Por otro lado, las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4). Destaca, además, el caso de Galicia con una litigiosidad especialmente baja (22,1), debida fundamentalmente a la huelga de funcionarios de la Administración de justicia, que supuso una disminución del 28,1% en el número de asuntos ingresados.

Los inicios en una profesión tan competitiva como la abogacía no son fáciles. La falta de experiencia, de confianza o, simplemente, el no saber por dónde empezar son problemas habituales entre los abogados principiantes. Además, la gran influencia de factores como la globalización o la tecnología hacen que el mercado sea cada vez más complejo. Así lo manifiesta Soledad Atienza, vicedecana de IE Law School: "los jóvenes letrados se enfrentan a un entorno que atraviesa un proceso de cambio".

Sin embargo, este escenario también presenta oportunidades. Las redes sociales, por ejemplo, como señala David Gómez, abogado y vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, "sirven de altavoz para darse a conocer de forma gratuita". Alberto Cabello, abogado y presidente de AJA-Madrid coincide en la importancia de que un letrado en sus inicios "apueste por la creación de su marca personal, comunicando en redes sus especialidades e, incluso, elaborar una web personal o corporativa con un blog para posicionarse".

Todo ello, sin olvidar que el primer paso que debe dar un letrado novel es informar sobre su profesión dentro de su entorno más cercano. "Estar en la mente de los más allegados para ser una de las primeras alternativas a quién consultar una duda jurídica, lo que se conoce en marketing como el top of mind, es básico" explica Cabello. Asimismo, "inscribirse en las actividades y eventos promovidos por las asociaciones e instituciones de la profesión resulta de gran ayuda", subraya Atienza.

En cualquier caso, ganarse la confianza de los clientes en un primer encuentro es indispensable y, para ello, desde el IE Law School aconsejan "suplir la falta de experiencia con mucho estudio y preparación además de motivación y actitud". Es por ello, que Cabello recomienda realizar una conversación telefónica previa en la que el cliente exponga cuál es su conflicto e incluso "pedirle que nos facilite la documentación necesaria para estudiar su caso". "El cliente tiene que ser tratado como único en el despacho para poder conseguir que se quede" añade Gómez.

Sin embargo, como puntualiza el presidente de AJA, esto no significa que haya que aceptar todos los casos que lleguen al despacho, "es importante saber realmente qué le ocurre al posible cliente para determinar si nosotros somos el abogado idóneo para evitar frustraciones".

De tal manera que, tanto el exceso de confianza como la inseguridad resultan contraproducentes en esta profesión. "Pasar de cero a cien sin pasar por las etapas intermedias supone un gran error" indica Cabello, que añade que, es preferible reducir al mínimo los gastos fijos al principio y aumentar las inversiones una vez que se esté en una posición más estable y de crecimiento.

Otro de los errores que con frecuencia cometen los abogados al comenzar su carrera, es considerar a los compañeros de profesión como rivales. En este sentido, Cabello explica que lo conveniente es verlos como una "posible alternativa a la hora de satisfacer las necesidades de un cliente al que no podamos atender porque no se corresponde con nuestra especialidad, además así conseguiremos la confianza de ese compañero para que en el futuro actúe de igual modo". Incluso en un juicio, colaborar con el letrado que defiende a la parte contraria puede resultar muy productivo, según destaca Gómez "gracias a ello probablemente lleguemos a grandes acuerdos en beneficio del cliente".

Tampoco es fácil para los abogados novatos competir en la bajada de honorarios que sólo los grandes despachos pueden asumir. Por ello, muchos de ellos optan por no cobrar la primera consulta al cliente. Una práctica que tanto a Gómez como a Cabello les parece perjudicial, porque en definitiva se trata de retribuir el tiempo y los conocimientos del profesional que tienen un importante valor.

"Es habitual que el cliente quiera poner las condiciones de la contratación, y en esos casos el abogado debe tener mucha mano izquierda y dejar claro que sus honorarios son los que son, y que ellos los marcan" apunta Gómez.

PP y PSOE tendrán que volver a negociar en menos de seis meses el reparto de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de cinco años termina a finales de 2018. Desde el Tribunal Supremo hasta el Constitucional, pasando por la Audiencia Nacional hasta el Defensor del Pueblo. Los órganos judiciales están a la expectativa de los próximos pasos del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de la consabida separación de poderes, existe una relación directa entre la Justicia y la representación de los partidos políticos en las Cortes. En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la máxima autoridad en este ámbito y su presidente también está al frente del Supremo. Además, este organismo influye en los nombramientos del Constitucional y en otros tribunales, incluidos los superiores de cada CCAA y la Audiencia.

La moción de censura y el nombramiento como presidente de Pedro Sánchez llega en un momento complicado, ya que el CGPJ debe renovarse dentro de seis meses. La última vez, fue en noviembre de 2013 y las negociaciones entre los partidos políticos, principalmente entre PP y PSOE, se dilataron durante meses. El Poder Judicial está formado por veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Actualmente, la mitad está nombrada a proposición del Partido Popular, frente a los siete de PSOE. Izquierda Unida, PNV y CiU propusieron uno cada uno.

Mientras no haya elecciones, es difícil que se rompa este equilibrio de poder, ya que los nombramientos están alineados con la representación de cada partido en las Cortes. Sin embargo, la moción de censura complica la reelección y las negociaciones. Más discrecional es la figura del fiscal general del Estado, que puede ser cesado cuando cambia el Gobierno que lo propuso. Ahora, el Ejecutivo está controlado por PSOE, pero un nuevo nombramiento debe contar con el visto bueno del Congreso, una vez escuchado el Poder Judicial (controlado por PP).



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