¿A los elementos que se emplean en más de un turno de trabajo les resulta aplicable la amortización prevista en el art. 4.2 RIS?

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS) dispone que cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de:

a) el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización, y

b) el resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal máximo y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización, por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a aquellos elementos que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.

De acuerdo con la información facilitada, los elementos en uso durante 16 horas diarias en los hipermercados, como son los equipos de aire acondicionado, maquinaria de puertas y de escaleras eléctricas, carretillas de transporte, maquinaria de envasado, de corte, de pesaje, de etiquetado, hornos, ordenadores, iluminación, estanterías, etc., diferentes de aquellos que por su naturaleza y destino tienen un uso continuo (sistemas de alarmas, detección de incendios, equipos frigoríficos, etc.), podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del RIS.

A estos efectos, se tendrá en cuenta que el período máximo de amortización no se altera para los elementos utilizados en varios turnos de trabajo y el importe de la amortización que resulta de aplicar este método representa la depreciación efectiva del elemento, si bien su deducibilidad está condicionada a que se contabilice el importe que resulte de aplicar el nuevo coeficiente de amortización.

No es idóneo el cálculo del valor del inmueble a efectos de ITP aplicando los coeficientes multiplicadores.

Doctrina del Supremo

El TS ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias. En los cuatro casos, los contribuyentes declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, pero la Consejería de Hacienda elevó dicho valor multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto, en aplicación de la comprobación señalada en el art. 57.1.b LGT.

El TSJ, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica. Asegura el Tribunal Supremo lo siguiente:

El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.

La carga de la prueba corresponde a la Administración

Además, deja claro el Tribunal Supremo, que la carga de la prueba en este terreno corresponde a la Administración y que el contribuyente no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitió en la primera sesión de control del Senado a la que se sometía que en lo que resta de legislatura no podrá acometer la reforma del sistema de financiación autonómica. El anuncio causó verdadera sorpresa y decepción entre la mayoría de los grupos de la Cámara Alta, ya que esta iniciativa se había situado como una de las prioritarias en la lista de tareas que tiene por delante el Gabinete de Sánchez.

El presidente aludió como única explicación a este descarte la falta de tiempo para abordar un proyecto de esta envergadura. Sin embargo, lo cierto es que para que una reforma de la financiación autonómica llegue a buen puerto y sea estable en el tiempo, necesitará contar no solo con el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente, sino también con el respaldo del PP, principal grupo de la oposición.

Tanto es así, que todavía durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a ofrecer al PSOE para sacar adelante los presupuestos de este año iniciar ya la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

El entonces titular de Hacienda argumentó que, si existía la voluntad política suficiente, la reforma podría completarse en cuestión de meses. Además, hay que recordar que abordar el difícil melón de cómo ampliar la participación de las comunidades autónomas en la cesta de impuestos estaba considerada como una de las vías para empezar a encauzar las deterioradas relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

A cambio de dejar esta reforma para más allá de 2020, Sánchez ofreció este martes la posibilidad de negociar con cada una de las comunidades mejoras que les permitan incrementar su capacidad de financiación... ahí es nada.

Así, Sánchez descartó llevar a cabo una reforma en profundidad del actual sistema en respuesta a una pregunta de la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios sobre el compromiso del nuevo Ejecutivo con la agenda canaria. El presidente se comprometió a actualizar del estatuto de autonomía de las islas para antes de final de año.

El presidente del Ejecutivo señaló este lunes que entre las prioridades de su Gobierno en materia económica se encuentran además "redistribuir el crecimiento económico", porque "a día de hoy no se redistribuye", y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde que accedió a la presidencia del Gobierno el pasado 2 de junio tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy, Pedro Sánchez confesó este lunes en TVE que su aspiración es "agotar la legislatura" y "convocar elecciones en 2020".

"Tarea hay para regenerar la vida democrática", señaló el jefe del Ejecutivo, que sugirió que ese plazo de tiempo es necesario para normalizar la vida política y las relaciones con las comunidades autónomas. En el ámbito económico, las prioridades de Sánchez se centran esencialmente en "redistribuir el crecimiento económico", porque "a día de hoy no se redistribuye"; buscar fórmulas para garantizar el futuro de las pensiones públicas, y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En el caso de las pensiones, Sánchez aseguró que "este Gobierno se va a remangar para garantizar el sistema público de pensiones", añadiendo que "va a hacer todo lo posible para garantizar la sostenibilidad y su solvencia". Sin embargo, señaló la necesidad de adoptar medidas porque, en su opinión, el Gobierno anterior "no dejó muy en forma las cuentas de la Seguridad Social, esa es la verdad".

Preguntado sobre el impuesto a las tecnológicas para sufragar las pensiones anunciado por el anterior Gobierno, Sánchez se limitó a señalar que tiene una capacidad recaudatoria "muy baja", aunque no aclaró si mantendrá o no su aprobación.

Respecto al copago farmacéutico, coincidió con la ministra de Sanidad en su deseo de eliminarlo para los pensionistas. Sin embargo, reconoció que no será fácil: "Vamos a ver si hay suficientes recursos para sacar adelante el fin del copago farmacéutico".

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de "El Pocero".

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

El Supremo establece como doctrina que "el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo".

Añade que la aplicación de ese método de comprobación "no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no", así como que "la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral".

Y, además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno: "el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia".

En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria vendedora llevó a cabo una drástica reducción de precios, ampliamente publicitada en la urbanización donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 2012, por lo que nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el escriturado.

El proyecto presupuestario de 2018 ha finalizado su trámite en la Comisión de Presupuestos del Senado con la incorporación de 44 enmiendas del PP y Partido Aragonés (PAR), con lo que el texto pasa al Pleno de la Cámara Alta, donde el próximo lunes se debatirán las enmiendas parciales. Tal y como estaba previsto, la Comisión solo ha incorporado -con la mayoría absoluta del PP y la abstención del PSOE- enmiendas de Partido Popular y PAR que habían sido aceptadas en la fase de ponencia, con lo que quedan fuera las más de 5.000 presentadas por el resto de grupos.

En total, las enmiendas aceptadas suponen cambios por algo más de 179 millones de euros, la mayoría -más de 144 millones- destinadas a Aragón a propuesta del PAR, sobre todo para infraestructuras. También se han adoptado una serie de enmiendas del PP para conceder impulsos fiscales o indemnizar a los afectados por la Talidomida, junto con iniciativas para zonas despobladas y Canarias que merman de dotaciones que hasta ahora iban al País Vasco.

Sin embargo, finalmente no se han incorporado las propuestas del PP para dejar de revisar la retribución de las pequeñas instalaciones renovables ni para suprimir la figura del gestor de cargas, que son los únicos que pueden prestar el servicio de recarga de vehículos eléctrico. Las enmiendas que no han sido incorporadas volverán a debatirse y votarse en el Pleno del próximo lunes, cuando finalizará el trámite presupuestario en el Senado para volver al Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si acepta o rechaza los cambios introducidos en la Cámara Alta.

El Ministerio de Hacienda convocará, antes de agosto, "uno o varios" Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar no solo la financiación autonómica sino también la distribución de los objetivos de estabilidad individualizados por regiones. Según han informado a Efe fuentes de Hacienda, la financiación autonómica es una prioridad de este Gobierno y clave para las regiones, pero "no se puede abordar con prisas si queremos que tenga éxito".

Hacienda propone, por tanto, un debate "sosegado y en profundidad" que permita adoptar decisiones políticas "con respaldo técnico" y desde el acuerdo con todas y cada una de las comunidades autónomas. El ministerio que ahora dirige María Jesús Montero ha insistido en que los presupuestos de 2019 y la nueva financiación autonómica son sus dos grandes prioridades, y se ha comprometido a "actuar pronto" para avanzar en un diálogo "fluido y permanente con las comunidades autónomas".

En este escenario que se abre, algunos de los expertos y autores del informe sobre financiación autonómica, que se ha convertido en el documento base de discusión del nuevo modelo, han admitido que hay "una oportunidad" para el debate, pero deberá ser rápido, antes de entrar en el ciclo electoral. En declaraciones a Efe, el experto en financiación designado por el anterior gobierno, Ángel de la Fuente, ha señalado que ve una "rendija" para el acuerdo y la negociación "que se abre ya y podría durar hasta el otoño".

De la Fuente ha considerado que, si se va más allá, es decir, "seis meses antes de las elecciones, será difícil cerrar acuerdos sobre un tema tan sensible". El también director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha insistido en que si se hace rápido y hay voluntad por parte de los dos grandes partidos es posible llegar a un acuerdo. "Pero si entramos en elecciones habrá que esperar a que pasen todas", ha comentado.

Este economista se ha mostrado convencido de que este último escenario es el más probable, pero también ha hecho hincapié en que, si ahora hay "una oportunidad, habrá que aprovecharla". Sobre el documento que las comunidades están utilizando de base para hacer sus propias alegaciones, De la Fuente ha admitido que hay puntos que cuentan con una aceptación general. Sin embargo, hay otros, como el IVA colegiado (que se pueda subir o bajar de manera conjunta), en los que, según este experto, "ni el ministerio ni las comunidades parecen estar por la labor".

La natalidad en España registra una caída en picado en la última década. Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños -el máximo en 30 años- frente a los 391.930 que nacieron en 2017, el número de nacimientos se ha reducido un 24,6%, casi una cuarta parte menos que hace diez años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso en la natalidad, sumado al aumento del número de defunciones el año pasado (el mayor desde 1976 hasta alcanzar 423.643 muertes) suponen una combinación peligrosa sintomática del envejecimiento progresivo de la población española.

Desde el estallido de la crisis en 2008, los años posteriores registraron una tendencia a la baja progresiva en la natalidad hasta el año 2014. Coincidiendo con la recuperación económica, ese año se produjo un ligero repunte de más de 2.000 nacimientos respecto a 2013. Desde el máximo histórico alcanzado en 1976 (677.456 nacimientos) el descenso es del 42,2%.

El indicador coyuntural de fecundidad también desciende ligeramente por primera vez en el último lustro. Este indicador mide el número de hijos que tendría cada mujer si se mantuviera la misma intensidad en la fecundidad. En 2017 el balance fue de 1,31 hijos por cada mujer en España. El dato supone una caída del 53,8% respecto al del año 1976, cuando había 2,77 hijos por mujer. Estas cifras suponen un cambio de tendencia en la concepción de la maternidad: las mujeres residentes en España tienen menos hijos y a edades más tardías.

De hecho, el número de mujeres en edad de ser madres (entre 15 y 49 años) se redujo hasta 10,57 millones en 2017. Se mantiene la tendencia a la baja que comenzó en 2009, debido a que ese rango de edad lo conforman generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de mediados de los 80 y principios de los 90. La edad media de maternidad de las españolas se situó en 32,6 años, la cifra más alta de la última década, frente a los 29,7 años de las extranjeras.

España también registró en 2017 el mayor número de defunciones desde 1976. Las 423.643 muertes que se produjeron el año pasado suponen un incremento del 2,3% respecto a 2016 y un 8,9% más que en 2008. Desde el comienzo de la crisis económica se registran las cifras más altas de mortalidad en España, superando las 400.000 defunciones en 2012, 2015, 2016 y alcanzando el registro más alto en 2017.

El crecimiento vegetativo, que mide la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones residentes en el país, volvió a ser negativo por segunda vez en los últimos diez años. En 2017 fue de 31.245 personas (en negativo), el número más alto de la última década.

También creció la mortalidad infantil -que contabiliza los decesos de menores de un año- situándose en 2,75 defunciones por cada mil nacidos. Aunque sufrió un ligero repunte respecto al año anterior (2,68 muertes por cada mil nacimientos) el informe del INE destaca que la tasa se mantiene por debajo del umbral del 3,0 desde 2013. La esperanza de vida de los españoles no sufrió variación respecto a 2016, y se mantuvo en 83,1 años. En hombres, la media es de 80,4 años mientras que en las mujeres se sitúa en 85,7 años.

El pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por destopar la cotización para incrementar los recursos de la Seguridad Social y también así lo estudiaron ayer en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que analiza la reforma de las pensiones.

Pero ¿qué supondría eliminar estos topes de cotización? Actualmente, los empresarios y los trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador –el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el trabajador–; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización–algo más de 10.000 millones de euros cada mes– conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley.

Así en 2018, la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes (poco más de 45.000 euros anuales). De esta forma, toda la parte del salario que ahora mismo supere dichos 45.000 euros no cotiza a la Seguridad Social. Esto es, ni el empresario ni el trabajador aportan nada por las cantidades que exceden.

En contraprestación, las pensiones máximas también están topadas, de forma que no pueden superar un límite que también se fija cada año por ley. En 2018, la pensión máxima es de 2.580,1 euros al mes. Lo que propone el nuevo Gobierno socialista es eliminar dicho tope máximo y que empresarios y empleados coticen por la totalidad del salario que perciben.

En términos monetarios, solo aplicar el tipo de cotización del 28,3% a la parte de los salarios que ahora no cotiza supondría elevar la recaudación de la Seguridad Social en 4.400 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, esta medida que persiguen los socialistas supondría elevar un 25%, en términos agregados, el coste laboral que se paga por aproximadamente el 15% de los trabajadores que están por encima de la base máxima y ganan, por tanto, 45.000 o más euros al año.

Desde el PP, su portavoz en el Pacto de Toledo y ex secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, que citó ayer algunos de estos cálculos, alertó también de que este incremento del coste laboral recaerá plenamente sobre los trabajadores más cualificados (los que cobran más), lo que podría penalizar un cambio del modelo productivo. Asimismo, otras fuentes consultadas consideran que este aumento podría traducirse en un recorte de salarios de los más cualificados o en un ajuste de empleo de los que menos cobran para costear el encarecimiento de quienes ganan más.

Camps también reclamó que si se destopan las bases máximas, también habría que “modular” las pensiones máximas. Según explicó, para mantener la contributividad del sistema (que la cuantía de la pensión responda al esfuerzo de cotización realizado) habría que destopar o aumentar las pensiones máximas. “De lo contrario, dejaría de ser un sistema contributivo para ser un sistema confiscatorio”, advirtió ayer.

Dentro del Pacto de Toledo solo Podemos apoya que este destope se produzca sin cambios en la pensión máxima. El resto de grupos estudiará cuánto deben aumentar las prestaciones máximas si se destopan las cotizaciones. Ahora, los perceptores de una pensión máxima reciben unos 20 puntos menos de pensión de lo que les correspondería por lo cotizado. La clave será fijar un margen para que esta correlación baje, pero no mucho más. El destope de las bases máximas sin subir la pensión máxima supondría que estos trabajadores recibirían el 50% menos de lo que les correspondería.

Los sindicatos siempre se han mostrado totalmente contrarios a la reforma laboral de 2013 y, ahora, tras el cambio que se ha producido en el Gobierno, consideran que se ha abierto un escenario propicio para derogar la legislación que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así lo dejó claro ayer Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que afirmó que «no hay nada que merezca la pena mantener de la reforma laboral, ningún elemento positivo».

Por ello, durante su intervención en el seminario que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aseguró que «hay que derogar las reformas laborales del PP». En una línea similar se expresó Unai Sordo, responsable de CCOO, y quien descartó que el fuerte ritmo de creación de empleo y afiliación se deba a esta reforma. Éste era un argumento recurrente del Ejecutivo de Rajoy, pero en opinión de Sordo existe «una cierta trampa conceptual».

«La reforma laboral no explica la creación de 500.000 afiliados que se ha producido durante los años de recuperación, lo explica el crecimiento económico. En 2016, por ejemplo, dos terceras partes del crecimiento de la economía se debió a causas externas. Lo que realmente ha hecho la reforma laboral es devaluar los salarios», afirmó. Por ello, los representantes sindicales exigieron al Gobierno que busque los apoyos parlamentarios necesarios para modificar la legislación vigente. Por ahora, el Ejecutivo se ha mostrado favorable a realizar cambios, pero no a derogar totalmente la reforma, tal y como el propio PSOE había pedido cuando estaba en la oposición.

Pero esto para los sindicatos es totalmente insuficiente, y por ello han pedido al Ejecutivo que elimine los «elementos de empobrecimiento y la rebaja de las cotizaciones» que ha provocado la reforma. Precisamente sobre la situación de la Seguridad Social, Álvarez dio la bienvenida a la posible creación de un impuesto para financiar el sistema, pero consideró que hay herramientas que se pueden introducir inmediatamente y que tendrían un impacto muy importante.

«Dejar de cargar a la Seguridad Social las bonificaciones, la tarifa plan para los autónomos, el propio coste de la estructura de la Seguridad Social debería pasar a los PGE o destopar las cotizaciones», resumió el responsable de UGT. Sobre este mismo aspecto, y unas horas antes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, había reconocido que el Gobierno estudia un posible impuesto a la banca. Junto a ella se encontraba el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, quien le advirtió de que una figura de este tipo sería «un error» y encarecería el crédito.

El Gobierno, tras poco más de una semana en el cargo, ha lanzado hoy su primera batería de medidas, algunas de ellas presupuestadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La portavoz Isabel Celaá ha explicado que la prioridad es la agenda social, y en este contexto, se ha recuperado el derecho a la sanidad universal: "Se abre un proceso dialogado con y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud para devolver el derecho a la salud a todas las personas en España".

Adicionalmente, el Gobierno ha dado luz verde a la paga extra de los pensionistas, para lo que es preciso que la Seguridad Social pida un préstamo. Así, el Consejo de Ministros de hoy ha autorizado a la Tesorería General de la Seguridad Social a que utilice el préstamo de 10.192 millones de euros del Tesoro previsto para este fin en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 prorrogados actualmente. De ese total ya previsto la Tesorería dispondrá de 7.500 millones para pagar 9,6 millones de pensiones a 8,5 millones de pensionistas.

De esta forma el Gobierno hace también otro gesto porque no utilizará el fondo de reserva de las pensiones para pagar la extra de verano, algo que viene haciéndose desde 2011 que empezó a disponerse de esta hucha. Esto ha sido posible gracias al buen comportamiento de la recaudación por cotizaciones sociales, que ha superado los 10.000 millones de euros en junio, debido a la buena marcha del empleo.

Así, con lo ingresado en junio con las cuotas y la disposición de 7.500 millones del crédito, se podrán pagar la nómina ordinaria y la paga extra que en su conjunto ascenderá a 17.727 millones de euros, ha precisado Celaá.

Además, a propuesta del Ministerio de Fomento, el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes la distribución territorial definitiva entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para instrumentar las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada el 30 de mayo de 2018, por importe de 1.443 millones de euros. Una vez completado este trámite, podrán hacerse efectivos los convenios entre cada comunidad y Fomento y se dará luz verde a la concesión de las ayudas.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social trabaja a contrarreloj para poder llevar hoy al Consejo de Ministros la autorización para el abono de la paga extraordinaria de verano a 8,5 millones de pensionistas. Así, una vez se confirme hoy esta autorización --si un cambio de última hora no retrasa el visto bueno al Consejo de Ministros del viernes siguiente--, la Tesorería de la Seguridad Social podrá dar la orden de pago de los 9.000 millones para abonar la nómina mensual de las pensiones, por un lado, y otros 9.000 millones de la paga extra, por otro.

No obstante, aunque la recaudación de cotizaciones del mes de junio supere los 10.000 millones de euros, estos no serán suficientes para financiar los 18.000 millones que costarán estas dos nóminas. Por ello, lo que debe autorizar hoy el Consejo de Ministros es la disposición de algo más de 7.000 millones de euros del crédito adicional de casi 10.200 millones incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que están prorrogados en la actualidad.

En principio, disponiendo de este dinero del crédito extraordinario el Gobierno no necesitaría, al menos para abonar la paga extra de verano, disponer de dinero del fondo de reserva de las pensiones, en el que actualmente ya solo quedan poco más de 8.000 millones de euros (el 0,73% del PIB).

Esta hucha de las pensiones rozó los 67.000 millones de euros en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó al poder y, desde entonces, se ha utilizado año tras año para costear las pagas extra de verano y Navidad de los pensionistas. Dichas pagas no podían costearse en su totalidad con lo recaudado por las cotizaciones debido al desplome recaudatorio de la Seguridad Social por la destrucción de 3,8 millones de empleos.

Otra cosa será cuando el Ejecutivo deba abonar la paga extra de Navidad el próximo mes de diciembre. Entonces, y si el Gobierno no acomete antes cambios normativos que incrementen de manera inmediata la recaudación de la Seguridad Social, sí podría tener que utilizar una parte del fondo de reserva para las pensiones. Si bien esto no es del todo seguro y dependiendo de la marcha de la recaudación de las cotizaciones o de posibles medidas adicionales que aumenten los ingresos, la cantidad que se utilice podría ser pequeña o incluso no tener que retirar dinero de la hucha de las pensiones este año.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 –que ahora se están tramitando en el Senado– se aprobarán previsiblemente antes del verano, por lo que estarán plenamente disponibles a final de año, cuando haya que abonar la segunda paga extra del ejercicio a los pensionistas. En estas cuentas públicas, el anterior Gobierno popular ya previó la disposición de 3.826 millones de euros del fondo de reserva. Esta cantidad se sumaría al préstamo del Tesoro a la Seguridad Social de hasta 15.164 millones incluido en el Presupuesto para este mismo concepto. Si bien de este crédito habría que detraer los algo más de 7.000 millones que aprueben disponer hoy para la extra de verano.

Según todo esto, el Gobierno aún dispondría a final de año de más de 7.500 millones del crédito del Tesoro para 2018 con los que costear la extra de Navidad. No obstante, Trabajo deberá abonar también en los próximos meses el incremento de las pensiones que va desde el 0,25% aprobado a principios de año al 1,6% incluido en los Presupuestos pendientes de aprobación en junio. Y con efectos retroactivos desde enero.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy también los nombramientos de los responsables de las secretarías de Estado y los subsecretarios de la mayoría de los ministerios que aún están sin designar.

Una vez que se conozcan los nombres de estos responsables la maquinaria ministerial podrá ponerse en marcha y el Ejecutivo comenzará a llevar a los Consejos de Ministros algunas de las medidas que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros de su Ejecutivo, empezando por las de carácter más social.

A propuesta del Ministerio de Fomento, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar hoy la distribución territorial definitiva entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para instrumentar las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, celebrada el 30 de mayo de 2018, por importe de 1.443 millones de euros. Una vez completado este trámite, podrán hacerse efectivos los convenios entre cada comunidad y Fomento y se dará luz verde a la concesión de las ayudas.

El Ministerio de Fomento va a eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen ahora y va a auditar el plan para sacar a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado que ha heredado del anterior Ejecutivo. "Hemos decidido que se libere de peaje", ha anunciado el titular de esta cartera, José Luis Ábalos, en una entrevista en el diario "El País", según el cual esta decisión afecta directamente a tres autopistas (AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.

Además, según el rotativo, crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto).Sobre las autopistas quebradas, ha destacado que la información que le han trasladado "no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir".

De acuerdo con el ministro, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar. "Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado", ha recalcado Ábalos, que ha destacado además de que le han advertido de que "las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales".

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las 'arcas públicas' sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento de PIB para este año en el 2,7%. Sin embargo, mucho ha pasado desde sus últimas proyecciones publicadas en marzo. El Gobierno va a aprobar unos Presupuestos que el organismo supervisor considera expansivos y que pondrán en riesgo el cumplimento del objetivo de déficit comprometido con Bruselas. Al mismo tiempo, se ha encarecido sustancialmente el precio del petróleo. La eurozona muestra algunos signos "transitorios" de ralentización que lastrarán las exportaciones españolas. Y el impacto positivo de la política monetaria se moderará. Aunque el impulso fiscal de los presupuestos brindará este año más crecimiento a la economía doméstica, el alza del barril de Brent se comerá todo ese efecto, dejando igual la estimación de tasa de crecimiento de 2018: en el 2,7%, la misma que se prevé en los Presupuestos Generales del Estado y cuatro décimas menos que el 3,1% registrado en 2017.

En 2019 se notará más ese efecto fiscal de los presupuestos y, además, contribuirá la depreciación del tipo de cambio del euro, que ayudará a las exportaciones nacionales. Por estos motivos, la entidad que dirige Pablo Hernández de Cos eleva la previsión de crecimiento para el año que viene en una décima hasta el 2,4%. Para 2020 el pronóstico queda igual, con un incremento del PIB del 2,1%. En todos estos años la demanda nacional se irá moderando muy gradualmente, mientras que el sector exterior continuará aportando de forma ligeramente positiva. Y la tasa de desempleo seguirá bajando a un ritmo "elevado" hasta situarse en el 11% a finales de 2020.

Entre los riesgos para la economía, el Banco de España señala la ralentización del proceso de reducción del elevado nivel de deuda pública. De hecho, apunta que el déficit público acabará el año en el 2,7% del PIB, lejos del 2,2% exigido por Europa. Los Presupuestos que se van a aprobar recogen una rebaja de impuestos en el IRPF para las rentas bajas, subidas de sueldos para los funcionarios y una mejora de las pensiones. También preocupan los obstáculos a los que se puede enfrentar el Ejecutivo para impulsar las medidas necesarias: "La actual fragmentación parlamentaria podría dificultar la implementación de reformas estructurales y aminorar el ritmo del proceso de reducción del endeudamiento público, lo que podría ocasionar efectos adversos sobre la confianza de los agentes", señala una vez más la entidad. Y no se descarta un rebrote de la incertidumbre en Cataluña.

En cuanto a los riesgos externos, el Banco de España considera que puede haber tensiones financieras asociadas a la incertidumbre geopolítica. En concreto, menciona Italia o la escalada de medidas proteccionistas. Y añade que las subidas de tipos en Estados Unidos pueden generar tensionamientos financieros, algo que ya ha ocurrido en países con desequilibrios y deuda acumulada en dólares como Argentina o Turquía.

El BCE ha dado la sorpresa y ha definido cuál será la hoja de ruta para la retirada de estímulos. El consejo de Gobierno de la institución, que se reunió hoy en Riga y cuenta por primera vez con el español Luis de Guindos en la vicepresidencia, ha decidido anunciar que las compras de deuda finalizarán en el mes de diciembre. Se prolongan por tanto desde el mes de septiembre, fecha inicial para su término y a partir de la cual se reducirán desde los 30.000 millones de euros al mes a los 15.000 millones, hasta finalizar al término del año.

El BCE ha dado además una primera indicación sobre cuándo llegaría la subida de tipos. Ha señalado que seguirán en los niveles actuales al menos hasta el verano de 2019, o el tiempo que considere necesario para alcanzar los objetivos de inflación y estabilidad de precios. El alza de tipos de interés, en el 0% desde marzo de 2016, podría llegar por tanto a partir de septiembre del próximo año, si bien Mario Draghi ha evitado dar cualquier pisa del momento para esa primera subida. La institución ha reiterado además que continuará con la reinversión de los vencimientos de deuda por un tiempo prolongado una vez hayan finalizado las compras netas de deuda, sin que en la reunión de hoy se haya debatido sobre el futuro de las reinversiones, según ha explicado Draghi.

El BCE sorprendió al comenzar a poner fechas a su repliegue de estímulos, que en todo caso está en línea con lo que esperan los expertos. Pero en ningún caso lanzó el mensaje de acelerar la subida de tipos. De hecho, Mario Draghi recordó que la política monetaria va a seguir siendo acomodaticia, con los tipos al cero, la extensión de las compras de deuda a diciembre y la reinversión de los vencimientos.

El presidente del BCE ha explicado en rueda de prensa que la institución considera que se dan las condiciones para confiar en que la inflación se acerca al objetivo cercano al 2%, de manera sostenida y generalizada en la zona euro. En mayo registró el 1,9% interanual, con una subyacente del 1,3%. Draghi también reconoce que los últimos indicadores económicos son más débiles, después de que la zona euro alcanzara el pico de crecimiento tras la crisis el pasado año, y considera que aun así muestran una economía robusta, con ímpetu en las exportaciones. "Un crecimiento del 0,4% es aún un crecimiento elevado", ha señalado Draghi.

Aun así, el BCE ha reducido a la baja su estimación de alza del PIB en 2018 respecto a sus previsiones de marzo y ahora espera el 2,1% este año (frente al 2,4% de hace tres meses), el 1,9% en 2019, que permanece sin cambios, y el 1,7% en 2020. Las estimaciones de inflación se han revisado al alza respecto a marzo, con una previsión del 1,7% para este año y 2019 (frente al 1,4% de marzo para ambos años) y también para 2020. Tales estimaciones no incluyen el efecto de los aranceles anunciados por EE UU a los productos europeos, que Draghi cree tendrán un efecto limitado por lo conocido hasta ahora.

Draghi ha explicado que las decisiones tomadas hoy han sido por unanimidad y que hay plena sintonía en el BCE en que hay que seguir siendo "pacientes, prudentes y persistentes" hasta lograr la convergencia en la estabilidad de precios en la zona euro, que debe ser sostenible y no un fenómeno puntual.

Al BCE no le ha temblado el pulso a la hora de anunciar cómo será el repliegue de los estímulos monetarios, a pesar de los recientes acontecimientos que invitaban a pensar en un aplazamiento a la reunión de julio. Draghi ha reconocido que las incertidumbres son evidentes, pero ha insistido en que la situación de fondo de la economía de la zona euro no ha cambiado. De hecho, el BCE ha afrontado su reunión de hoy bajo la resaca de la reciente crisis política en Italia, que hizo por momentos temer por el compromiso de la tercera mayor economía de la zona euro con la divisa comunitaria, y con la inquietud por la tensión comercial y la amenaza proteccionista de EE UU y los indicadores que muestran un crecimiento económico en la zona euro más débil.

Con su decisión, Draghi manda además un mensaje a Italia, que se encontrará a un BCE en retirada en caso de que la política del nuevo gobierno y una posible indisciplina fiscal ante las exigencias de Bruselas puedan volver a tensar su coste de financiación como se vio en jornadas pasadas.

El pasado mes de mayo, la tasa de inflación se disparó hasta el 2,1%, desde el 1,1% del mes anterior, por culpa de los combustibles, según ha informado hoy el INE, que ha corregido una décima al alza el dato adelantado hace dos semanas. Según el organismo estadístico, los carburantes se encarecieron un 4,1% el mes pasado, lo que contrasta con la caída del 2,5% del mismo mes de 2017, con lo que la subida interanual se aúpa al 11%. Con esta subida, la partida de transporte registra un aumento del 5,1% en los últimos 12 meses, más de tres puntos por encima del mes anterior, y es la que más contribuye a la subida del IPC, aportando casi la mitad de la subida. La otra casilla que empuja al IPC es la de vivienda, que sube un punto y medio, hasta el 2,3%, por el encarecimiento de la luz, que se sitúa en el 6,4% interanual.

En una economía tan dependiente del petróleo como la española, la espiral alcista del crudo en las últimas semanas tenía que reflejarse en el IPC. Lo ha hecho en mayo. El precio de los carburantes y lubricantes para vehículos personales es un 11% superior al registrado hace 12 meses, merced a una subida mensual del 4,1% (4,3% del gasóleo, hasta el 12,7% interanual y del 3,9% de la gasolina, hasta el 9% anual). Los boletines petroleros de la UE ya venían anunciándolo: según el último, del 4 de junio, el litro de gasolina costaba de media en España 1,33718 euros el litro, un 3,9% más que en el del 7 de mayo. Por su parte, el gasóleo subió un 4,3%, hasta 1,24256 euros el litro. Así, del punto porcentual que sube el IPC en mayo, la factura de carburantes aporta casi la mitad, 4,4 décimas.

La vivienda aporta otras 2,2 décimas, merced a la subida de los precios de la electricidad. En tasa interanual, el precio de la luz crece un 4,8%, 5,6 puntos más que el mes anterior, merced a una subida mensual del 6,4% que contrasta con la del 0,7% de mayo de 2017. A la crecida del capítulo de vivienda, que se sitúa en el 2,3%, contribuye también la fuerte subida del combustible para calefacción, hasta el 17,6% interanual, 7,6 puntos más que el mes anterior.

También tiró del IPC la partida de alimentos, con una tasa anual en mayo del 2%, cuatro décimas más que en abril. En este capítulo, destaca la subida de la fruta fresca, del 9,3% mensual, hasta el 6,9% interanual. Ocio y cultura y hoteles cafés y restaurantes también tiran hacia arriba del índice, mientras que solo el grupo de comunicaciones baja cuatro décimas, hasta el 2,4%, por los servicios de telefonía. Por comunidades, la tasa de inflación crece fuertemente en todas. Castilla-La Mancha (2,4%) y Cataluña (2,3%) encabezan la lista y la cierran Murcia (1,6%), Melilla (1,5%) y Ceuta (0,7%).

La tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, los más volátiles, se sitúa en el 1,1%, tres décimas por encima del mes anterior. Por su parte, el IPC armonizado, el que se elabora con los mismos criterios en toda la zona euro, crece un punto, hasta el 2,1% y se coloca dos décimas por encima de la tasa media de la eurozona.

Los precios de los carburantes han vuelto a subir en la última semana, un 0,15% la gasolina y un 0,16% el gasóleo, y siguen en máximos de junio de 2015 y de noviembre de 2014, respectivamente. La gasolina de 95 octanos se ha situado en 1,337 euros el litro y el gasóleo, en 1,242 euros. Ambos carburantes no han dejado de aumentar de precio desde el pasado 26 de marzo, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 3,97% y el gasóleo, un 4,37%. Desde principios de año, el incremento ha sido del 7,65% en el caso de la gasolina y del 8,38% en el del gasóleo. Si la comparación se hace con la misma fecha del año pasado (año móvil), la gasolina se ha encarecido un 10,77% y el gasóleo, un 15,11%.No obstante, los precios todavía están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 12,16% por debajo la gasolina y un 14,05% menos el gasóleo.

España se encuentra entre los países con menos reclamaciones y condenas por parte de los tribunales europeos. Unos datos que vienen a desmentir uno de los mantras del independentismo catalán, que asegura que el Estado vulnera de forma sistemática los derechos humanos y que, si bien "formalmente" es una democracia, en la práctica no funciona como tal.

Según el informe España ante los tribunales europeos. Una visión a través de datos estadísticos, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los años 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones que estudió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con origen en nuestro país fue de 622. Puesta en relación con el número de habitantes, la ratio es de 0,14 demandas por cada 100 habitantes. Un dato similar al de Francia o Bélgica, y muy inferior a la media del conjunto de los Estados sometidos a dicho organismo, que es de 0,64.

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara la existencia de una violación de derechos fundamentales, España también aparece en la parte baja de la tabla, tomando como parámetro la ratio condenas por población. Así, la media de sentencias anuales en las que se encuentra al menos una vulneración es de seis, lo que supone 0,1 por cada millón de habitantes. Un dato similar al de Alemania, Holanda, Reino Unido o Irlanda, e inferior a otros Estados como Bélgica, Austria, Italia, Portugal o Suiza.

Si se atiende a los recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años, puestos en relación a la población de cada uno de los países, la ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión: un 0,05. Una cifra muy cercana a la que registran Alemania, Italia, Holanda y Suiza. En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España –con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06.

Los juzgados y tribunales españoles ingresaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año más de millón y medio de asuntos, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2017. Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación de los órganos judiciales publicado por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también revela que la cifra de asuntos pendientes de resolución se ha incrementado un 10,4% con respecto a la misma fecha del año pasado.

La jurisdicción civil es la que ha sufrido el mayor aumento en la entrada de asuntos durante este primer trimestre del año, con una subida del 14%. Le sigue, aunque con cierta distancia, la jurisdicción contencioso-administrativa con un incremento del 2,1%. Sin embargo, tanto la jurisdicción penal como la social han experimentado un descenso en la entrada de asuntos respecto al primer trimestre del pasado año, de un 7,6% en el orden penal y de un 5,5% en el laboral.

En el primer trimestre del año se ingresaron 57.955 asuntos relativos a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, por lo que se mantiene la tendencia descendente iniciada a partir del cuarto trimestre de 2017. Asimismo, los 179.566 asuntos relativos a cláusulas abusivas pendientes al finalizar el primer trimestre de 2018 representaban el 14,2% de la pendencia en la jurisdicción civil y el 7,4% del total.

En cuanto a la tasa de litigiosidad en España, en estos tres primeros meses de 2018 es de 32,2 litigios por cada mil habitantes. Una media que es superada por las comunidades autónomas de Canarias (41,8), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), Comunidad Valenciana (33,3), Madrid (32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).

Por otro lado, las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4). Destaca, además, el caso de Galicia con una litigiosidad especialmente baja (22,1), debida fundamentalmente a la huelga de funcionarios de la Administración de justicia, que supuso una disminución del 28,1% en el número de asuntos ingresados.

Los inicios en una profesión tan competitiva como la abogacía no son fáciles. La falta de experiencia, de confianza o, simplemente, el no saber por dónde empezar son problemas habituales entre los abogados principiantes. Además, la gran influencia de factores como la globalización o la tecnología hacen que el mercado sea cada vez más complejo. Así lo manifiesta Soledad Atienza, vicedecana de IE Law School: "los jóvenes letrados se enfrentan a un entorno que atraviesa un proceso de cambio".

Sin embargo, este escenario también presenta oportunidades. Las redes sociales, por ejemplo, como señala David Gómez, abogado y vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, "sirven de altavoz para darse a conocer de forma gratuita". Alberto Cabello, abogado y presidente de AJA-Madrid coincide en la importancia de que un letrado en sus inicios "apueste por la creación de su marca personal, comunicando en redes sus especialidades e, incluso, elaborar una web personal o corporativa con un blog para posicionarse".

Todo ello, sin olvidar que el primer paso que debe dar un letrado novel es informar sobre su profesión dentro de su entorno más cercano. "Estar en la mente de los más allegados para ser una de las primeras alternativas a quién consultar una duda jurídica, lo que se conoce en marketing como el top of mind, es básico" explica Cabello. Asimismo, "inscribirse en las actividades y eventos promovidos por las asociaciones e instituciones de la profesión resulta de gran ayuda", subraya Atienza.

En cualquier caso, ganarse la confianza de los clientes en un primer encuentro es indispensable y, para ello, desde el IE Law School aconsejan "suplir la falta de experiencia con mucho estudio y preparación además de motivación y actitud". Es por ello, que Cabello recomienda realizar una conversación telefónica previa en la que el cliente exponga cuál es su conflicto e incluso "pedirle que nos facilite la documentación necesaria para estudiar su caso". "El cliente tiene que ser tratado como único en el despacho para poder conseguir que se quede" añade Gómez.

Sin embargo, como puntualiza el presidente de AJA, esto no significa que haya que aceptar todos los casos que lleguen al despacho, "es importante saber realmente qué le ocurre al posible cliente para determinar si nosotros somos el abogado idóneo para evitar frustraciones".

De tal manera que, tanto el exceso de confianza como la inseguridad resultan contraproducentes en esta profesión. "Pasar de cero a cien sin pasar por las etapas intermedias supone un gran error" indica Cabello, que añade que, es preferible reducir al mínimo los gastos fijos al principio y aumentar las inversiones una vez que se esté en una posición más estable y de crecimiento.

Otro de los errores que con frecuencia cometen los abogados al comenzar su carrera, es considerar a los compañeros de profesión como rivales. En este sentido, Cabello explica que lo conveniente es verlos como una "posible alternativa a la hora de satisfacer las necesidades de un cliente al que no podamos atender porque no se corresponde con nuestra especialidad, además así conseguiremos la confianza de ese compañero para que en el futuro actúe de igual modo". Incluso en un juicio, colaborar con el letrado que defiende a la parte contraria puede resultar muy productivo, según destaca Gómez "gracias a ello probablemente lleguemos a grandes acuerdos en beneficio del cliente".

Tampoco es fácil para los abogados novatos competir en la bajada de honorarios que sólo los grandes despachos pueden asumir. Por ello, muchos de ellos optan por no cobrar la primera consulta al cliente. Una práctica que tanto a Gómez como a Cabello les parece perjudicial, porque en definitiva se trata de retribuir el tiempo y los conocimientos del profesional que tienen un importante valor.

"Es habitual que el cliente quiera poner las condiciones de la contratación, y en esos casos el abogado debe tener mucha mano izquierda y dejar claro que sus honorarios son los que son, y que ellos los marcan" apunta Gómez.

PP y PSOE tendrán que volver a negociar en menos de seis meses el reparto de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de cinco años termina a finales de 2018. Desde el Tribunal Supremo hasta el Constitucional, pasando por la Audiencia Nacional hasta el Defensor del Pueblo. Los órganos judiciales están a la expectativa de los próximos pasos del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de la consabida separación de poderes, existe una relación directa entre la Justicia y la representación de los partidos políticos en las Cortes. En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la máxima autoridad en este ámbito y su presidente también está al frente del Supremo. Además, este organismo influye en los nombramientos del Constitucional y en otros tribunales, incluidos los superiores de cada CCAA y la Audiencia.

La moción de censura y el nombramiento como presidente de Pedro Sánchez llega en un momento complicado, ya que el CGPJ debe renovarse dentro de seis meses. La última vez, fue en noviembre de 2013 y las negociaciones entre los partidos políticos, principalmente entre PP y PSOE, se dilataron durante meses. El Poder Judicial está formado por veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Actualmente, la mitad está nombrada a proposición del Partido Popular, frente a los siete de PSOE. Izquierda Unida, PNV y CiU propusieron uno cada uno.

Mientras no haya elecciones, es difícil que se rompa este equilibrio de poder, ya que los nombramientos están alineados con la representación de cada partido en las Cortes. Sin embargo, la moción de censura complica la reelección y las negociaciones. Más discrecional es la figura del fiscal general del Estado, que puede ser cesado cuando cambia el Gobierno que lo propuso. Ahora, el Ejecutivo está controlado por PSOE, pero un nuevo nombramiento debe contar con el visto bueno del Congreso, una vez escuchado el Poder Judicial (controlado por PP).

La huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo ha vuelto enfrentar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ ha sostenido este miércoles que la decisión del Ministerio de no facilitar los datos sobre la repercusión que tuvo el paro (el número de actos suspendidos) supone "obstaculizar" su trabajo y ha generado "un clima de desconfianza institucional". Antes de la huelga, el CGPJ pidió a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que le aportaran información sobre la jornada. Los presidentes pidieron a su vez a los secretarios de Gobierno de cada tribunal que recabaran esos datos de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales). Los secretarios de Gobierno, que dependen de Justicia, se negaron. El motivo fue que el Ministerio había contactado con ellos para indicarles que lo que se les reclamaba no estaba entre sus competencias.

"La Comisión Permanente considera que no contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Se añade que, además de ser "inadecuadas en las formas", esas instrucciones de Justicia "desconocen los mandatos legales" sobre las funciones de los presidentes de los TSJ. "Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".

La actuación del CGPJ llega días después de que la misma Comisión Permanente arremetiera contra el proyecto estrella de Catalá, la implantación del expediente judicial, al considerar que se estaba implantando de forma que no agilizaba las actuaciones judiciales, sino que las ralentizaba. Ese reproche llegó a su vez, cuando aún estaban frescas las palabras del ministro arremetiendo contra el Consejo por no haber apartado antes al magistrado que redactó el voto particular del caso de La Manada.

Tras la negativa de los secretarios de Gobierno instada por Justicia, varios presidentes de TSJ les requirieron formalmente para que aportaran los datos, bajo la advertencia de que podían incurrir en desobediencia. Eso provocó que los secretarios pidieran amparo a Justicia. A través de una nota, el Colegio Nacional de Letrados Judiciales afirma que, en todo caso, "correspondería al CGPJ a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, recabar tantos datos como les sean necesarios de los propios Jueces y Magistrados que de ellos dependen".

El acuerdo de la Comisión Permanente concluye explicando que Carlos Lesmes contactará con Rafael Catalá "para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse".