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Los consejos de la semana

Laboral

¿Qué es un falso autónomo?

El falso autónomo es aquel trabajador que, a pesar de ser contratado como autónomo, desarrolla su actividad bajo las condiciones de un trabajador de cuenta ajena pero sin la protección de los derechos laborales que la ajenidad pueda suponer y asumiendo unos costes que no serían necesarios, como la cuota de autónomos.

Esta figura no se contempla en ninguna norma, es de creación jurisprudencial y han sido los propios tribunales quienes han dado los criterios para su reconocimiento (STS de 6 de octubre de 2010, rec. 2010/2009 y otras de sentido equivalente). Nos encontraremos frente a un falso autónomo cuando realmente cumpla los requisitos de un trabajador por cuenta ajena pero cotice como trabajador por cuenta propia; el artículo 1 ET 2015 nos da la clave de ello: ajenidad y dependencia.

Según dicho artículo, se trata de “trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.

Si el trabajador contratado como autónomo está supeditado a las órdenes del empresario, a su horario, tareas, etc., faltaría la independencia que caracteriza a un autónomo, según el art. 1 LETA.

El hecho de que el autónomo “contratado” presente su trabajo al empresario, quien posteriormente lo ofrece a sus clientes, nos demuestra la ajenidad de la prestación laboral que caracteriza al trabajador por cuenta ajena.

Dicha problemática llegó al TJUE, que en su Sentencia de 4 de diciembre de 2014 (C-413/2013) aclaró este asunto:

“Por lo que se refiere al asunto principal, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, por una parte, un prestador de servicios puede perder su condición de operador económico independiente, y por tanto de empresa, cuando no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado sino que depende completamente de su comitente por el hecho de que no soporta ninguno de los riesgos financieros y comerciales resultantes de la actividad de éste y opera como auxiliar integrado en la empresa del mismo”.

¿Qué les diferencia del autónomo dependiente?

El autónomo dependiente está perfectamente recogido en el LETA. Según su art. 11, nos encontramos ante un autónomo económicamente dependiente si “al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales” dependen de uno único cliente o empresa, aunque tiene su propia organización y medios de trabajo.

¿Qué puede reclamar?

Lo primero que tiene hacer es denunciar ante la Inspección de Trabajo, dado que si no lo hace, según la Seguridad Social, ello supone que consiente dicha situación de ilegalidad, y ello puede ocasionar que se le exija el pago de las cuotas que no han sido abonadas ni por la empresa ni por el trabajador, con un recargo de demora y su correspondiente sanción. Al mismo tiempo, puede acudir a la vía judicial mediante papeleta de conciliación y posterior demanda ante el Juzgado de lo Social.

El autónomo falsamente contratado puede reclamar que se le apliquen, en referencia al salario, todos conceptos salariales y no salariales que existan tal y como marcaría el convenio colectivo de aplicación, y en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores.

También puede reclamar que la empresa cotice a la Seguridad Social por dichas cantidades y así poder generar los correspondientes derechos que ello conlleva, como es el caso de la prestación por desempleo, a la cual no tendría derecho, si el empresario decidiera finalizar su relación laboral.

Mercantil, civil y administrativo

Reducción del consumo de bolsas de plástico

Se han adoptado varias medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico, con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos que los residuos generados por dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente.

Responde a la necesidad de incorporar al derecho interno la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

Directiva europea

La directiva ofrece a los estos miembros dos posibilidades:

a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso;

b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces.

España

En España, se ha optado por esta segunda opción y, al respecto, se establecen las siguientes medidas:

1) Desde el 1 de julio de 2018 se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, en los puntos de venta. Es decir, desde esa fecha los comerciantes deben cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera que entreguen al consumidor. Se exceptúan de esta medida las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las bolsas de plástico de menos de 15 micras de espesor que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel.

2) Desde el 1 de enero de 2020, se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables.

3) Desde el 1 de enero de 2021 se prohíba la entrega –gratuita o no- a los consumidores, en los puntos de venta, de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras no compostables. Se entiende por bolsas de plástico compostable bolsas de plástico que cumplan los requisitos de la norma europea vigente EN 13432:2000

Todas estas medidas afectarán también a las bolsas que puedan suministrarse en la venta online así como a las entregadas a domicilio.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones son dos de los tributos que las comunidades recaudan íntegramente y sobre los que tienen una amplia competencia. Los últimos datos de ejecución presupuestaria reflejan que ambas figuras fiscales siguen caminos opuestos. En el primer trimestre, las comunidades recaudaron 2.076 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos impuestos gravan la compraventa de viviendas de segunda mano y actos como la firma de una hipoteca. Su evolución al alza refleja la buena situación del mercado inmobiliario.

En cambio, el impuesto sobre sucesiones ha seguido tradicionalmente una senda más errática, ya que no depende del mercado. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que, hasta el primer trimestre del año, las comunidades recaudaron por el impuesto sobre sucesiones y donaciones 790 millones, un 3,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La caída de este tributo no solo está relacionada con un posible descenso del número de herencias, sino que también guarda relación con las medidas fiscales adoptadas por las comunidades autónomas. La tendencia iniciada por la Comunidad de Madrid hace más de una década de rebajar el tributo se ha extendido, especialmente en el caso de transmisiones entre familiares directos. El último informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) indica que cinco autonomías han rebajado el impuesto sobre sucesiones para las herencias entre familiares directos en 2018. Son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Solo han optado por subirlo Cantabria y Navarra. Para las herencias del grupo I (hijos menores de 21 años), se pagan importes simbólicos en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de comunidades, no se tributa si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Andalucía se ha fijado un límite de un millón de euros.

Estas medidas explican en parte la caída de la recaudación en el impuesto sobre sucesiones. En cambio, las comunidades han visto que el nuevo empuje del sector inmobiliario podría generar mayores ingresos. En 2018, solo Cantabria ha incrementado este tributo, pero muchas autonomías optaron por elevarlo en ejercicios anteriores. Por defecto, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, está fijado en el 6%. Un gravamen que solo se aplica en Madrid y Navarra. En Canarias es del 6,5% y del 7% en La Rioja y País Vasco. El resto de comunidades gravan la compraventa de inmuebles a tipos entre el 8% y el 10%.

Los datos del INE reflejan que la compraventa de viviendas se ha disparado en los últimos años tras tocar suelo con la dura crisis económica que tuvo su foco en el sector inmobiliario. En abril, se registraron un 29,7% más de compraventas que en el mismo mes del año anterior. Los consejeros de Hacienda sonríen al ver estos datos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este lunes en el Senado por primera vez desde que asumió sus nuevas competencias, y lo ha hecho para defender la aprobación de los Presupuestos de este año, elaborados por el PP. Montero ha dejado claro que no son las cuentas que el PSOE hubiera propuesto, pero se compromete a ejecutarlos "por responsabilidad". "Es una decisión para que no se paralice el país", ha dicho. Montero ha recalcado que su proyecto político estará recogido en los Presupuestos de 2019, que deberá presentar tras el verano.

Pocas veces las sesiones parlamentarias en el Senado despiertan tanta expectación. Sobre todo, cuando se debaten los Presupuestos. Suelen ser sesiones tediosas porque ya se han discutido en el Congreso y lo que se trata son pequeñas enmiendas técnicas. Pero la de este lunes era la primera intervención pública de un miembro del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en la Cámara Alta. La presencia de María Jesús Montero, la flamante ministra de Hacienda, tenía una importancia más simbólica y política que de otro tipo. Este lunes se debatían las cinco enmiendas a la totalidad que Unidos Podemos, ERC, PEdCAT, Compromís y Bildu —cinco de los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura que le llevó al poder— han presentado contra los Presupuestos de 2018, elaborados por el PP y defendidos por Rajoy en el Congreso.

En ese contexto, Montero acudía al Senado a pedir al resto de grupos que aprueben esas cuentas diseñadas por sus adversarios políticos "por responsabilidad política". La ex consejera andaluza justificó: "Estos Presupuestos no son los que hubiera elaborado este Gobierno socialista. Venimos de un tiempo en que la brecha de la desigualdad social se ha ensanchado, de un tiempo en que los servicios públicos se han debilitado deliberadamente. Venimos de un tiempo de precariedad en las condiciones laborales y en la calidad de nuestro modelo productivo. Estos son unos presupuestos de pasado y no de futuro". La bancada popular respondió con cierta algarada a Montero, quien prosiguió: “Es la responsabilidad la que nos lleva a aprobar un presupuesto que no es el que hubiéramos hecho. No podemos pararnos. No es entendible desde el interés general, solo lo sería desde la soberbia política y ese tiempo ya ha pasado”.

La nueva ministra explicó que el Ejecutivo tenía la potestad de retirar las cuentas en tramitación, pero entonces tendría que mantener prorrogadas las de 2017. "Son incluso peores", deslizó. Otra opción sería elaborar otros nuevos cuya tramitación no estaría terminada antes de octubre. "Unos presupuestos ideales serían aprobados cuando el año estaría casi concluido y eso no es útil para la ciudadanía", defendió.

Montero afeó a los populares que hayan presentado enmiendas a sus propios presupuestos. "Es un despropósito. Hay quien ha visto en esta maniobra un ardid, una treta para buscar complicarle las cosas al nuevo Gobierno", pronunció la ministra. Los populares han presentado dos docenas de enmiendas parciales a sus propios presupuestos. Los cambios han supuesto una rebaja de inversiones de 35 millones en el País Vasco, de los 540 millones que arrancó el PNV en la negociación política en el Congreso. Precisamente, los nacionalistas vascos emplazaron al PP vasco a explicar las enmiendas.

La dirección del PNV se reunió este lunes y calificó la decisión de los populares como "muy grave", informa Pedro Gorospe. “Esta decisión, tan injustificada como irresponsable, amenaza con privar a la ciudadanía vasca de más de 35 millones de euros que iban a ser destinados a la creación de empleo y la investigación, dos pilares de las sociedades del siglo XXI”, aseguraron los nacionalistas vascos.

Las pequeñas y medianas empresas reivindican adecuar los impuestos a los beneficios reales que obtienen. Los impuestos siguen siendo una barrera para las pymes por lo que quieren reducir los impuestos al menos hasta la mitad. En 2016 era solo un 32% de las pymes las que solicitaban este cambio, mientras que en 2018 la cifra asciende al 49%, diecisiete puntos más, según el estudio ‘Las pymes españolas en el ámbito online’ realizado por eBay, la plataforma de comercio global.

Entre las reivindicaciones de los empresarios destaca especialmente la de suprimir el pago por adelantado del IVA a Hacienda, un 24%, y facilitar el acceso al crédito, un 18%, para poder financiar sus negocios con garantías. El estudio que ha realizado Ebay también apunta como reivindicación de las pequeñas y medianas empresas la reducción de los trámites a la hora de crear una empresa. Un 17% de las pymes lo han pedido, aunque la cifra ha descendido cinco puntos con respecto al 2016.

Por último, cada año aumentan las pymes que otorgan más relevancia a la formación. De hecho, el 15% de ellas solicitan más medidas para formar a sus trabajadores, una cifra que ha aumentado 9 puntos más que en 2016. Sin embargo, avanzar hacia un mercado fiscal en España o facilitar la internacionalización solo es relevante para el 7% y el 4% de las pequeñas y medianas empresas, respectivamente.

Por otro lado, cada vez son más las mujeres empresarias las que piden en mayor medida más facilidades para acceder al paro y también para darse de alta y baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Concretamente, el 24% de las gerentes pide más facilidades y flexibilidad frente al 17% de los hombres.

Analistas Financieros Internacionales (AFI) estima que la economía española crecerá un 2,9% en 2018, dos décimas por encima de la previsión del Gobierno, con una tasa de paro del 15% de la población activa, mientras que para el próximo año augura un crecimiento del 2,4% y un paro del 13,6%. No obstante, cree que España incumplirá sus objetivos de déficit ambos ejercicios.

Así consta en la actualización del cuadro macro de la economía española que realiza AFI, que explica que la ligera desaceleración del crecimiento hacia tasas más acordes con el PIB potencial de la economía española no cuestiona la robustez del actual ciclo económico.

De esta forma, espera que la demanda interna, impulsada por el consumo y la inversión, en especial en construcción residencial, se mantenga como principal fuente de crecimiento. El consumo de los hogares podría crecer un 2,5% en 2018 favorecido por el aumento de las nuevas operaciones de crédito al consumo y la elevada confianza de las familias en el ciclo.

Sus previsiones contemplan una aportación de la demanda nacional del 2,7% este año, una décima menos que en 2017, y que se reduciría al 2,3% el próximo ejercicio. Además, señala que la moderación del crecimiento en el área euro y en los demás países desarrollados pesará sobre las exportaciones, de manera que la aportación del sector exterior se reducirá hasta los 0,2 puntos de PIB y dejaría de contribuir incluso en 2019.

En materia de empleo, pronostica un aumento del empleo del 2,4% este año y del 2% en 2019, lo que reducirá la tasa de paro al 15,1% y al 13,6%, respectivamente. Igualmente, prevé un aumento del IPC promedio anual del 1,7%, con un máximo del 2,2% en los meses centrales de 2018, y un incremento del IPC subyacente del 1,2%. En 2019 la inflación se situará en el 1,4%.

Respecto a los objetivos de déficit, AFI estima que 2018 cerrará con un déficit del 2,6%, lo que supone cuatro décimas de desviación sobre la meta del 2,2% comprometida, y que el próximo año solo bajará hasta el 2%, siete décimas por encima de la previsión del Gobierno (1,3%).

Por último, también cree que no se cumplirá el objetivo de deuda del 97% del PIB para este año, sino que el ejercicio cerrará en el 97,6%. Para 2019 augura una deuda del 96,4% del PIB.

El margen de actuación económica para el año en curso es escaso en la medida en que el Gobierno de Pedro Sánchez asumirá el Presupuesto aprobado por PP, Ciudadanos y PNV. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió ayer la cartera ministerial de las manos de su antecesor Cristóbal Montoro. Ambos se conocen perfectamente y mantuvieron duras batallas dialécticas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Montero actuaba como consejera de Hacienda de Andalucía. Esa rivalidad ha quedado aparcada. A pesar de que el programa socialista contempla la subida del IRPF, del impuesto sobre sociedades y crear nuevos impuestos sobre la banca, Montero señaló que “por ahora”, no tiene intención de subir los tributos.

La ministra agradeció el trabajo de Montoro y su equipo en “tiempos especialmente duros”. Aseguró que cuenta con los profesionales de carrera de la casa e hizo un discurso que bien podría haber firmado el ya exministro Montoro. La nueva responsable de la caja del Estado aseguró que su prioridad será “dar estabilidad a las cuentas públicas y transparencia”. Ya desde el debate de la moción de censura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha insistido en esta idea. La elección de Nadia Calviño como ministra de Economía, que abandona su puesto como directora general de Presupuestos en la Comisión Europea, supone también un mensaje claro de que el nuevo Ejecutivo pretende ser respetuoso con el Pacto de Estabilidad de la UE.

María Jesús Montero ten­drá un margen de maniobra limitado. Trabajará sobre el Presupuesto pactado entre PP, Cs y PNV. Las posibilidades de aplicar una política social ambiciosa son escasas. España debe rebajar su déficit público al 2,2% del PIB este año, un límite que probablemente se incumplirá. Y más teniendo en cuenta que los Presupuestos contemplan incrementos del gasto y reducción de impuestos. Montero deberá empezar ya a trabajar en el próximo Presupuesto de 2019 y aquí tendrá muchos corsés. La CE exige que la tasa de gasto aumente solo un 0,6% en 2019 y que el déficit estructural se reduzca un 0,65% del PIB. Cumplir esos compromisos exigiría aplicar nuevos ajustes. Y eso Sánchez no lo contempla. Su Gobierno se ha ideado con el objetivo de impulsar su candidatura a las próximas elecciones.

Durante su etapa en la Junta de Andalucía, Montero denunció la infrafinanciación de las comunidades autónomas, criticó el cupo vasco y defendió una mayor armonización tributaria. Ahora, ya como ministra, se limitó a defender una mayor transparencia sobre los regímenes forales y abogó por explicar mejor cómo se calcula el cupo vasco. Entre los principales temas que figuran en la agenda política se encuentra la reforma de las pensiones. “Estoy convencida de que en España va a haber un gran pacto de pensiones. Yo lo voy a impulsar y lo voy a propiciar” dijo ayer la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, tras el traspaso de carteras con su predecesora al frente de Empleo, Fátima Báñez. Valerio hizo ayer su primera intervención en la sede del Ministerio ante los representantes de los interlocutores sociales, aunque de los primeros espadas sindicales y patronales solo acudió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

La nueva ministra centró su discurso en instar a la renovación del Pacto de Toledo para reformar la Seguridad Social. “Están las bases sentadas para un gran acuerdo” insistió, aunque no dio detalles sobre los cambios que, en su opinión reunirá el consenso aún lejano. Valerio tampoco hizo ninguna referencia expresa en su discurso a cuál será su política en materia de empleo ni si pretende retocar la reforma laboral de 2012, cuya derogación exigieron insistentemente los socialistas durante los últimos seis años. No obstante, a la luz de las primeras decisiones sobre la nueva estructura del Ministerio, la política estrictamente de empleo pierde peso, ya que la actual Secretaría de Estado de Empleo desaparece y, en teoría, las políticas laborales se integran en la Secretaría de Estado de Seguridad Social y en la nueva Secretaria de Estado de Migraciones.

A su vez, la nueva ministra de Economía avanzó que su agenda será “modernizadora, feminista y europea”, como lo es, dijo, el Ejecutivo de Sánchez. Calviño recibió la cartera de Román Escolano, que no ha cumplido ni tres meses en el cargo y cuya figura recordaba a todos los presentes la inestabilidad del nuevo Gobierno en minoría parlamentaria. La ministra le agradeció su labor, y el haber sido su “preparador [de las oposiciones] y amigo”. Escolano le deseó “suerte” en “un momento difícil” porque sus “éxitos serán los de España”. La ministra, que cuenta con el respaldo expreso de Bruselas, contó ayer con el respaldo expectante de los responsables del Banco de España, la patronal bancaria AEB o el vicepresidente de Santander en España.

Laboral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá mañana por la mañana a los presidentes de la CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y a los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para tratar los cambios en materia laboral que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Según han confirmado a Efe fuentes de la Moncloa, será la primera toma de contacto del nuevo presidente con los agentes sociales, menos de dos semanas después de ser elegido, y previsiblemente abordarán las modificaciones en la reforma laboral que tiene intención de hacer el Ejecutivo.

Durante el encuentro, al que posiblemente asistirá también la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, podrían tratar la evolución de la negociación salarial que mantienen los agentes sociales y la reforma del sistema de pensiones. La ministra de Trabajo ya manifestó la semana pasada que la reforma laboral que puso en marcha el Gobierno del PP ha propiciado precariedad y devaluación salarial, por lo que tiene intención de modificar al menos "los aspectos fundamentales" y "más negativos".

Por ello, aseguró que se pondría a trabajar "inmediatamente" con los agentes sociales y que recuperaría las mesas de diálogo social como la "metodología habitual" de abordar las cuestiones laborales y de Seguridad Social. Durante su toma de posesión, Valerio reseñó la que será su hoja de ruta al frente de Trabajo, con la intención de "animar y propiciar un gran pacto de pensiones" como primer paso.

Asimismo, dejó claro que va a trabajar para mejorar la situación de las personas que trabajan o buscan un empleo, así como para los que quieren tener garantía de una pensión digna ahora o los que la esperan en el futuro. También añadió que luchará por aquellos que se han tenido que ir fuera de España porque aquí no tenían trabajo, así como por los que han venido buscando mejores condiciones de vida.

Por su parte, los sindicatos ya han explicado que tienen intención de comunicarle al Gobierno cuál es su agenda social, con la petición de mejoras salariales, mayor protección social, garantía de pensiones y medidas de igualdad. Desde la parte patronal, esta mañana el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado abierto a "estudiar los pros y contras" de los cambios en la reforma laboral que quiere hacer el Gobierno.

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones ha retomado hoy sus trabajos tras casi dos meses interrumpidos por la falta absoluta de acuerdo respecto a cómo revalorizar las pensiones. La reunión de hoy ha sido también la primera con el nuevo Gobierno socialista y, por tanto, las expectativas eran máximas. Sin embargo, los avances han sido escasos. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que el IPC vuelva a ser el "elemento medular" para actualizar las pensiones en épocas normales del ciclo e incluso por encima de la inflación en épocas de bonanza, pero las posturas están totalmente encontradas a la hora de recomendar a los Gobiernos qué hacer ante una crisis económica.

En ese punto hay dos claros bandos enfrentados. Por un lado, los partidos de izquierda (PSOE, Unidos Podemos y Compromís) se muestran inflexibles y quieren que el Pacto de Toledo indique en su recomendación número dos que todas las pensiones se revaloricen según el IPC (pasado) independientemente de cómo sea el ciclo económico. De esta forma, siempre se garantizaría en cualquier caso que todos y cada uno de los pensionistas mantendrían siempre su poder adquisitivo. Mientras que el bloque formado por PP, Ciudadanos, PdCat y PNV considera que el texto que se consensue en esta comisión debería establecer un distingo entre momentos altos y bajos del ciclo económico y entre las pensiones más bajas y el resto. En concreto, están de acuerdo en volver a la revalorizar todas las pensiones con el IPC solo cuando la economía lo permita, siempre "blindando" las pensiones "más bajas que no solo las mínimas" que, aunque hubiera crisis y la economía no creciera se deberían actualizar según la inflación; no así el resto de prestaciones.

Por ello este bando de populares, Ciudadanos y nacionalistas catalanes y vascos estarían "cómodos" con la redacción de la recomendación segunda propuesta hoy por el letrado de la Comisión del Pacto de Toledo. Dicho texto dice: "La Comisión coincide en establecer un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas; que tenga en cuenta de manera medular en su configuración la revalorización del IPC. Vista además la experiencia de los peores años de crisis económica, la Comisión considera que dentro del marco pertinente del diálogo social, dicho mecanismo podría incorporar otras variables tales como la evolución del PIB y/o los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social con el objetivo de adaptar su aplicación al ciclo económico; protegiendo el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempos de recesión y facilitando mejoras del conjunto de los pensionistas en momentos de crecimiento económico".

Sin embargo, esta propuesta no les vale al PSOE, Unidos Podemos y Compromís, que siguen encallados en defender una vuelta al IPC en cualquier circunstancia y para todos. Esto ha llevado al representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, a criticar la inmovilidad del bloque de izquierdas para intentar alcanzar un acuerdo en este punto que impide que la comisión avance. Es más, Del Campo ha recriminado a estos grupos que quieran "blindar las pensiones más altas y eximan de hacer esfuerzos a los pensionistas que más cobran en épocas de crisis, en las que todos los demás trabajadores sí deben hacer esfuerzos y los han hecho".

A la búsqueda de nichos de rentabilidad, la banca ha decidido apostar con fuerza por este tipo de préstamos en los últimos años. Como consecuencia de la creciente competencia y del progresivo descenso de los tipos de interés hasta mínimos históricos, el coste de estos créditos ha caído en España a mínimos no vistos desde 2011. La banca patria, sin embargo, mantiene amplios márgenes cobrando por ellos prácticamente el doble que en la media de países de la zona euro.

Así ocurre en el caso de los préstamos al consumo concedidos a hogares con plazos de entre uno a cinco años, donde el tipo de interés medio que se cobra en España se sitúa en el 8,28%. En la zona euro, el tipo de interés medio aplicado es del 4,85%. De hecho, la cifra española supera con creces el coste fijado por la banca de los grandes países comparables. El tipo de interés medio para los mismos créditos en Italia es del 6,62%, en Alemania cae al 4,27% y en Francia es del 3,54%. Es decir, los préstamos al consumo españoles son casi el triple de caros que los galos, según datos de Eurostat.

Así, aunque en España tipo de préstamos se ha rebajado con fuerza desde enero de 2012, cuando alcanzó un tipo de interés medio asociado del 10,8%, el diferencial frente al coste medio de la eurozona apenas ha pasado de los 357 puntos básicos de entonces a los 343 de ahora.

La fuerte apuesta de la banca española por este tipo de créditos, y el elevado coste que aplica por ellos, no ha pasado inadvertida para el Banco de España. A falta de ver las directrices que marca el nuevo gobernador, Pablo Fernández de Cos, su antecesor, Luis María Linde, se propuso seguir de cerca la evolución de este segmento de negocio por los riesgos que entraña para el propio sector financiero.

Los datos recopilados por el supervisor bancario detallan que a cierre de 2017 el saldo vivo de crédito al consumo sumaba 58.000 millones d euros, es decir, un 57% del crédito a hogares no destinado a la compra de vivienda, después de haber experimentado fuertes tasas de crecimiento interanual que se mantuvieron por encima del 15% durante todo el año.

El Banco de España justifica este fuerte ritmo de incrementos por “la búsqueda por parte de las entidades de fuentes alternativas de recursos que ofrezcan un mayor una mayor rentabilidad”, aunque advierte de que “pueden llevar asociado un mayor riesgo”. “Este es un segmento de negocio que suele tener una morosidad relativamente elevada y en el que las garantías juegan un papel menor, por lo que la evolución de esta cartera y su morosidad tendrán que analizarse con atención en los próximos meses”, rezaba el último Informe de Estabilidad Financiera, publicado por el supervisor en mayo.

El comité de dirección de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) fijó ayer durante su última reunión un decálogo de medidas urgentes que, considera, se deberían aprobar en los próximos meses. Entre ellas exigen que se mejore la protección social del colectivo y, más concretamente, la actual prestación por cese de actividad. Así, quieren que esta prestación se asimile a la del paro, para lo que es necesario, argumentan, «dotarla de mayor cuantía y duración».

Además, reclaman que los autónomos tengan derecho a cobrar el subsidio, la ayuda de 426 euros que perciben los trabajadores asalariados cuando se les acaba la prestación del paro. Asimismo, piden que se extienda la jubilación activa plena a todos los autónomos, de tal manera que, independientemente de si generan o no empleo, se les permita compatibilizar el trabajo con el 100% de su pensión. ATA considera que también es primordial que se facilite la cotización a todos aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por ello, proponen una cotización similar a la tarifa plana a aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos rendimientos netos estén por debajo del SMI.

Otro de los asuntos que más preocupa al colectivo y que la nueva titular de Trabajo, Magdalena Valerio, también considera una prioridad es la lucha contra los falsos autónomos: aquellos trabajadores que, pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan sus servicios, por lo que tendrían que tener un contrato laboral por cuenta ajena, son obligados a darse de alta en el régimen de autónomos para poder trabajar, con lo que la compañía se evita así pagar a la Seguridad Social. Para combatir esta práctica fraudulenta, ATA propone la creación de un registro obligatorio donde todos los autónomos estén obligados a comunicar a la Seguridad Social la empresa o grupo de empresas para las que prestan servicios.

Además de estas medidas, también reclaman que se apruebe un régimen sancionador a las compañías y administraciones que no cumplan con los plazos que fija la ley, así como la puesta en marcha de un buzón de morosidad, donde autónomos, pymes y resto de proveedores puedan denunciar de forma anónima a aquellas empresas o administraciones que llevan a cabo prácticas ilegales en esta materia.

La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tiene una ingente labor por delante para atajar el problema de la temporalidad. No es solo que España tenga la mayor proporción de trabajadores temporales de la UE. Además, este tipo de contrato sirve muy poco como trampolín para conseguir un puesto fijo. Según la Comisión Europea, en España solo el 8% de los contratos temporales se acaban convirtiendo en uno indefinido al cabo de un año. En cambio, en el conjunto de la UE esta conversión ocurre en el 24% de los eventuales. Es decir, un temporal en España tiene casi tres veces más difícil convertirse en fijo. Según cifras de la Seguridad Social, la crisis ha hecho que un temporal tarde ahora unos 7,8 años en lograr el estatus de indefinidos.

Muchos expertos consideran el contrato temporal como un paso previo al fijo. El trabajador consigue un primer puesto eventual. Y más adelante, conforme coge experiencia en la empresa, se convierte en indefinido. Ese es el esquema habitual bajo el cual un trabajador se forma y progresa en su carrera. Sin embargo, ese patrón no funciona en España igual que en el resto de Europa. Según cifras de Eurostat y la Comisión Europea, en España solo el 8% de los contratos temporales se termina transformando en indefinidos una vez transcurrido un año. Si se examinan los números solo para mujeres o jóvenes, las tasas de conversión resultan igual de bajas.

Cuando se compara con los promedios de la UE, el contraste parece evidente. Según datos del Ejecutivo comunitario ponderados por el peso de cada país, esa cifra de conversión de eventuales en fijos se eleva en el conjunto de la UE hasta el 24%. Y si se hace la media aritmética a partir de los números nacionales que proporciona Eurostat, la ratio europea de conversión a fijo es del 15%.

La diferencia aumenta cuando se coteja con un país nórdico: un trabajador temporal danés tiene cuatro veces más posibilidades de convertirse en indefinido que uno español. España se sitúa así en el furgón de cola junto a Grecia, Chipre, Polonia, Eslovaquia, Italia o Francia. Pero hay una diferencia importante respecto de la mayoría de estos países que agrava el problema: en la economía española la proporción de temporales es mayor. Al cierre de 2017, la tasa temporalidad se colocó en el 26,8%, la mayor de Europa y 12 puntos más que el promedio comunitario.

“El mayor uso de la temporalidad por encima de la media europea no puede ser atribuido a una diferente estructura sectorial de la economía”, señalan los servicios de la Comisión. “Solo una fracción muy pequeña se explica por un mayor peso de sectores donde el uso de los temporales es más generalizado. La cuota de empleados con contrato temporal es mayor en España que en la UE en todos los sectores, no solo en aquellos con una naturaleza estacional como la agricultura, el turismo y la construcción”, reza el informe anual sobre España.

Según la Comisión, en España existe casi un 30% más de temporalidad en la construcción y en la agricultura que en la media de estos sectores en la UE. En torno a un 15% más en la hostelería, la sanidad y el ocio. Y alrededor de un 10% más en la industria, la educación o los servicios profesionales. Solo la banca presenta una temporalidad cercana a la europea.

Mercantil, civil y administrativo

Los precios de los carburantes han vuelto a subir en la última semana, un 0,15% la gasolina y un 0,16% el gasóleo, y siguen en máximos de junio de 2015 y de noviembre de 2014, respectivamente. La gasolina de 95 octanos se ha situado en 1,337 euros el litro y el gasóleo, en 1,242 euros. Ambos carburantes no han dejado de aumentar de precio desde el pasado 26 de marzo, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 3,97% y el gasóleo, un 4,37%. Desde principios de año, el incremento ha sido del 7,65% en el caso de la gasolina y del 8,38% en el del gasóleo. Si la comparación se hace con la misma fecha del año pasado (año móvil), la gasolina se ha encarecido un 10,77% y el gasóleo, un 15,11%.No obstante, los precios todavía están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 12,16% por debajo la gasolina y un 14,05% menos el gasóleo.

“El nuevo Gobierno busca ser fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir. Nace con el objetivo de impulsar la modernización de España, de hacerla crecer de forma sostenible y de regenerar la vida pública en nuestro país”, aseveró este miércoles el presidente Pedro Sánchez al anunciar desde La Moncloa la formación definitiva de su nuevo Ejecutivo.

Un reflejo de “una sociedad paritaria, intergeneracional, abierta al mundo, pero anclada en la Unión Europea, comprometida socialmente y altamente cualificada”, dijo, antes de nombrar a las 11 ministras y seis ministros que compondrán el primer gabinete con más mujeres que hombres de la historia del país.

“Es un Gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, que no son otros más que la modernización de la economía con la ciencia como principal motor, la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico, la lucha contra todo tipo de desigualdad, social, de oportunidades, y sobre todo de género”, marcó como principales objetivos.

“La regeneración democrática y el combate contra la corrupción, el fortalecimiento de nuestro proyecto común, reconociendo la diversidad de su ser, que debe recuperar su papel protagonista en el proyecto europeo”, será otro de los frentes de un Ejecutivo que, adujo, afrontará los retos de la “precariedad laboral, la desigualdad, el cambio climático, la despoblación, el combate contra el terrorismo internacional o el crimen organizado, la integración de sociedades plurales o la solidaridad con los refugiados”, apuntó.

Sánchez agradeció a los nuevos ministros “haber aparcado durante un tiempo sus prestigiosas carreras profesionales para servir al país, a la ciudadanía y especialmente a aquellos que más necesitan del abrigo y el amparo de lo público” durante unos “meses”, aunque no especificó cuanto espera que dure el Gobierno nacido de la moción de censura. “Son líderes en cada uno de sus ámbitos, respetados y reconocidos”, ensalzó, aseverando que su visión es “progresista, modernizadora y europeísta”, y prometiendo que están dispuestos a “dialogar” en cada campo.

El presidente sostuvo que el nuevo gabinete es fruto también del movimiento feminista, por lo que “otorga el peso de la responsabilidad económica a las mujeres y sitúa las políticas de igualdad como auténtica prioridad, en la cúspide”.

Refrendan sus palabras el nombramiento de la exresponsable de las cuentas de la UE, Nadia Calviño, al frente de Economía; María Jesús Montero en Hacienda; Carmen Calvo como vicepresidenta y responsable de Igualdad; Teresa Ribera en Transición Ecológica; Carmen Montón en Sanidad y Bienestar Social; Magdalena Valerio en Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Isabel Celaá en Educación y Formación Profesional; Reyes Maroto en Industria, Comercio y Turismo; Dolores Delgado en Justicia; Meritxell Batet en Política Territorial y Función Pública; o Margarita Robles en Defensa.

De otra parte, el astronauta Pedro Duque al frente de Ciencia, Innovación y Universidades, será uno de los principales responsables de impulsar la modernización económica, y el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, en Exteriores, es junto a la titular de Economía uno de los garantes del carácter “europeísta” de un Ejecutivo en minoría parlamentaria y preocupado por mandar mensajes de confianza a Bruselas y a los mercados.

Más allá, Sánchez explicó que crea cuatro nuevos ministerios por la necesidad de impulsar la industria, como venía reclamando el sector; apostar por la ciencia y la innovación en la Universidad; recuperar Cultura, “que nunca debió desaparecer”, y que dirigirá Maxim Huerta; o hacer de Igualdad su bandera.

El presidente destacó también su intención de fortalecer la formación profesional, que apellida ya el nuevo Ministerio de Educación, y de apostar por la “gestión pública y privada”. Luis Planas, a cargo de Agricultura, Pesca y Alimentación; José Luis Ábalos en Fomento y Fernando Grande-Marlaska, en Interior, completan el nuevo Consejo de Ministros que tomará posesión este jueves y se reunirá este viernes.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se disparó un 11% interanual en abril, tasa 14,7 puntos superior a la de marzo y su mayor avance desde abril de 2008, cuando subió un 12%. Con el repunte interanual de abril, este indicador vuelve a tasas positivas después de haber retrocedido un 3,7% en marzo como consecuencia de la celebración de la Semana Santa, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial presentó en abril un crecimiento interanual del 1,9% respecto al mismo mes de 2017, tasa 2,7 puntos inferior a la registrada en marzo. Pese a ello, con este avance, este indicador encadena 21 meses consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida. Respecto a marzo, la producción industrial retrocedió un 1,8% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al incremento del 0,8% registrado un año antes y el repunte del 1% de marzo de este año.

El ascenso interanual de la producción en abril, que contrasta con el descenso del 3,7% de marzo, fue consecuencia del incremento de todos los sectores, especialmente, de los bienes de equipo, que aumentaron un 16%. También tiraron de la producción los bienes de consumo no duradero (que subieron un 11,3%) y los bienes intermedios (11,2%), mientras que los bienes de consumo duradero (8,7%) y la energía (4,9%) marcaron un menor ascenso.

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial creció un 1,9% en términos interanuales, de forma que se moderó 2,7 puntos respecto a marzo. Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial disminuyó durante abril el 1,8%, frente al alza del 1 % de marzo, lastrada sobre todo por la energía, que cayó el 4%.

Por actividades, las que más influyeron en el incremento interanual de abril fue la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; la industria farmacéutica; fabricación de productos metálicos; y la alimentación. La producción industrial aumentó en todas las regiones, salvo Baleares (2,1% menos) y Navarra (0,9% menos), marcando los principales incrementos en Galicia (11,4% más) y Cantabria (10,4% más).

La debilidad parlamentaria y la sensación de provisionalidad con la que nace la presidencia de Pedro Sánchez, fruto de su ajustada moción de censura contra Mariano Rajoy, no ha impedido al líder socialista armar un Gobierno con figuras de peso y aparente ambición de permanencia. Un gabinete eminentemente femenino, que terminará de anunciar este miércoles, de corte social, ideado para encarar el reto del secesionismo catalán y con personalidades especialmente respetadas en Bruselas, a donde envía un inequívoco mensaje de estabilidad y compromiso con los objetivos presupuestarios.

Esta última garantía tiene nombre y apellidos, pues Sánchez ha elegido como ministra de Economía a Nadia Calviño, la economista gallega que desde 2014 ha sido responsable de elaborar las cuentas de la Unión Europea. Su experiencia manejando estos Presupuestos, de un billón de euros, y su profundo conocimiento de las instituciones europeas prometen facilitarle el reto, apaciguar al mercado y darle un papel de peso en las reuniones del Ecofin, con sus homólogos europeos.

“Son buenas noticias para España y para la Unión Europea”, afirmó este martes a Efe un portavoz de la Comisión Europea, mientras que la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, celebró el nombramiento de Calviño y sostuvo que es “una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”.

Más allá, Sánchez ha optado por el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell para el Ministerio de Exteriores, lo que ofrece a Bruselas otro reconocido interlocutor. Borrell será además una de las piezas clave en la respuesta de Sánchez al desafío independentista de Cataluña, por el papel pedagógico que puede ofrecer al exterior sobre un conflicto en el que el secesionismo ha tenido la voz cantante ante la opinión pública global.

La estrategia frente al proceso se completa con el nombramiento de la catalana Meritxell Batet al frente de la administración territorial para impulsar las negociaciones a escala nacional.

Aunque la identidad de todos los nuevos ministros no se conocerá hasta este miércoles, el goteo de filtraciones de las últimas horas indica un cambio de estrategia de comunicación de Sánchez frente a antecesores que se han guardado todos los nombres hasta el final. El equipo del presidente busca subrayar así la valía de cada nombramiento y mandar un claro mensaje de compromiso con la igualdad de género: el Gobierno, que se prometía paritario, parte con más mujeres que hombres y reserva para ellas los principales cargos económicos o de poder.

De hecho, Sánchez ha unido la cartera de Igualdad a la vicepresidencia del Gobierno, que gestionará una de sus principales colaboradoras, Carmen Calvo. Además, ha fichado a la responsable de fiscalidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para Hacienda, y se baraja el nombre de la portavoz socialista Margarita Robles para Justicia o Interior (incluso para ambas), y su sustitución en el Congreso por Adriana Lastra.

A su vez, Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de la etapa Zapatero, dirigirá un Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la consellera valenciana Carmen Montón será la nueva ministra de Sanidad. Completa el plantel confirmado José Luis Abalos, en Fomento, mientras que queda media docena de carteras por repartir incluyendo Empleo, Industria, Educación o Defensa.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general y establece en una licencia de este tipo de vehículos por cada 30 taxis.

El tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de dos años y cinco meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que "una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala".

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos. Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC, sino que, "simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización". Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Sector

Los inicios en una profesión tan competitiva como la abogacía no son fáciles. La falta de experiencia, de confianza o, simplemente, el no saber por dónde empezar son problemas habituales entre los abogados principiantes. Además, la gran influencia de factores como la globalización o la tecnología hacen que el mercado sea cada vez más complejo. Así lo manifiesta Soledad Atienza, vicedecana de IE Law School: "los jóvenes letrados se enfrentan a un entorno que atraviesa un proceso de cambio".

Sin embargo, este escenario también presenta oportunidades. Las redes sociales, por ejemplo, como señala David Gómez, abogado y vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, "sirven de altavoz para darse a conocer de forma gratuita". Alberto Cabello, abogado y presidente de AJA-Madrid coincide en la importancia de que un letrado en sus inicios "apueste por la creación de su marca personal, comunicando en redes sus especialidades e, incluso, elaborar una web personal o corporativa con un blog para posicionarse".

Todo ello, sin olvidar que el primer paso que debe dar un letrado novel es informar sobre su profesión dentro de su entorno más cercano. "Estar en la mente de los más allegados para ser una de las primeras alternativas a quién consultar una duda jurídica, lo que se conoce en marketing como el top of mind, es básico" explica Cabello. Asimismo, "inscribirse en las actividades y eventos promovidos por las asociaciones e instituciones de la profesión resulta de gran ayuda", subraya Atienza.

En cualquier caso, ganarse la confianza de los clientes en un primer encuentro es indispensable y, para ello, desde el IE Law School aconsejan "suplir la falta de experiencia con mucho estudio y preparación además de motivación y actitud". Es por ello, que Cabello recomienda realizar una conversación telefónica previa en la que el cliente exponga cuál es su conflicto e incluso "pedirle que nos facilite la documentación necesaria para estudiar su caso". "El cliente tiene que ser tratado como único en el despacho para poder conseguir que se quede" añade Gómez.

Sin embargo, como puntualiza el presidente de AJA, esto no significa que haya que aceptar todos los casos que lleguen al despacho, "es importante saber realmente qué le ocurre al posible cliente para determinar si nosotros somos el abogado idóneo para evitar frustraciones".

De tal manera que, tanto el exceso de confianza como la inseguridad resultan contraproducentes en esta profesión. "Pasar de cero a cien sin pasar por las etapas intermedias supone un gran error" indica Cabello, que añade que, es preferible reducir al mínimo los gastos fijos al principio y aumentar las inversiones una vez que se esté en una posición más estable y de crecimiento.

Otro de los errores que con frecuencia cometen los abogados al comenzar su carrera, es considerar a los compañeros de profesión como rivales. En este sentido, Cabello explica que lo conveniente es verlos como una "posible alternativa a la hora de satisfacer las necesidades de un cliente al que no podamos atender porque no se corresponde con nuestra especialidad, además así conseguiremos la confianza de ese compañero para que en el futuro actúe de igual modo". Incluso en un juicio, colaborar con el letrado que defiende a la parte contraria puede resultar muy productivo, según destaca Gómez "gracias a ello probablemente lleguemos a grandes acuerdos en beneficio del cliente".

Tampoco es fácil para los abogados novatos competir en la bajada de honorarios que sólo los grandes despachos pueden asumir. Por ello, muchos de ellos optan por no cobrar la primera consulta al cliente. Una práctica que tanto a Gómez como a Cabello les parece perjudicial, porque en definitiva se trata de retribuir el tiempo y los conocimientos del profesional que tienen un importante valor.

"Es habitual que el cliente quiera poner las condiciones de la contratación, y en esos casos el abogado debe tener mucha mano izquierda y dejar claro que sus honorarios son los que son, y que ellos los marcan" apunta Gómez.

PP y PSOE tendrán que volver a negociar en menos de seis meses el reparto de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de cinco años termina a finales de 2018. Desde el Tribunal Supremo hasta el Constitucional, pasando por la Audiencia Nacional hasta el Defensor del Pueblo. Los órganos judiciales están a la expectativa de los próximos pasos del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de la consabida separación de poderes, existe una relación directa entre la Justicia y la representación de los partidos políticos en las Cortes. En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la máxima autoridad en este ámbito y su presidente también está al frente del Supremo. Además, este organismo influye en los nombramientos del Constitucional y en otros tribunales, incluidos los superiores de cada CCAA y la Audiencia.

La moción de censura y el nombramiento como presidente de Pedro Sánchez llega en un momento complicado, ya que el CGPJ debe renovarse dentro de seis meses. La última vez, fue en noviembre de 2013 y las negociaciones entre los partidos políticos, principalmente entre PP y PSOE, se dilataron durante meses. El Poder Judicial está formado por veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Actualmente, la mitad está nombrada a proposición del Partido Popular, frente a los siete de PSOE. Izquierda Unida, PNV y CiU propusieron uno cada uno.

Mientras no haya elecciones, es difícil que se rompa este equilibrio de poder, ya que los nombramientos están alineados con la representación de cada partido en las Cortes. Sin embargo, la moción de censura complica la reelección y las negociaciones. Más discrecional es la figura del fiscal general del Estado, que puede ser cesado cuando cambia el Gobierno que lo propuso. Ahora, el Ejecutivo está controlado por PSOE, pero un nuevo nombramiento debe contar con el visto bueno del Congreso, una vez escuchado el Poder Judicial (controlado por PP).

La huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo ha vuelto enfrentar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ ha sostenido este miércoles que la decisión del Ministerio de no facilitar los datos sobre la repercusión que tuvo el paro (el número de actos suspendidos) supone "obstaculizar" su trabajo y ha generado "un clima de desconfianza institucional". Antes de la huelga, el CGPJ pidió a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que le aportaran información sobre la jornada. Los presidentes pidieron a su vez a los secretarios de Gobierno de cada tribunal que recabaran esos datos de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales). Los secretarios de Gobierno, que dependen de Justicia, se negaron. El motivo fue que el Ministerio había contactado con ellos para indicarles que lo que se les reclamaba no estaba entre sus competencias.

"La Comisión Permanente considera que no contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Se añade que, además de ser "inadecuadas en las formas", esas instrucciones de Justicia "desconocen los mandatos legales" sobre las funciones de los presidentes de los TSJ. "Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".

La actuación del CGPJ llega días después de que la misma Comisión Permanente arremetiera contra el proyecto estrella de Catalá, la implantación del expediente judicial, al considerar que se estaba implantando de forma que no agilizaba las actuaciones judiciales, sino que las ralentizaba. Ese reproche llegó a su vez, cuando aún estaban frescas las palabras del ministro arremetiendo contra el Consejo por no haber apartado antes al magistrado que redactó el voto particular del caso de La Manada.

Tras la negativa de los secretarios de Gobierno instada por Justicia, varios presidentes de TSJ les requirieron formalmente para que aportaran los datos, bajo la advertencia de que podían incurrir en desobediencia. Eso provocó que los secretarios pidieran amparo a Justicia. A través de una nota, el Colegio Nacional de Letrados Judiciales afirma que, en todo caso, "correspondería al CGPJ a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, recabar tantos datos como les sean necesarios de los propios Jueces y Magistrados que de ellos dependen".

El acuerdo de la Comisión Permanente concluye explicando que Carlos Lesmes contactará con Rafael Catalá "para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse".

La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Los datos reflejan una leve mejoría de España respecto a la media de duración de los procesos y la ratio de resolución de casos, aunque aún hay bastante margen de mejora. Por otro lado, aunque los ciudadanos siguen suspendiendo a la justicia española en independencia, aumenta el porcentaje de españoles que asegura confiar en ella.

España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, lo que supone un leve descenso respecto del reporte anterior. Es en los procesos civiles y mercantiles donde esta media aumenta hasta los 290 días, aunque este dato también supone una mejora respecto al periodo 2010-2015, cuando el proceso judicial se alargaba de media más de 300 días, según refleja un informe del Consejo de Europa con datos de 2016. En el caso de los procedimientos sobre defensa de los consumidores, los datos no arrojan variación, manteniéndose la media de duración en 200 días.

Este año el cuadro de indicadores presenta como novedad la publicación de datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias. Según los datos aportados por Bruselas en los procesos civiles España está el quinto país a la cola en este punto. Más de 200 días en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia.

En la jurisdicción contencioso administrativa España también se sitúa entre los países que más tardan en resolver litigios. En primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1000 días para resolver casos administrativos.

La tasa de resolución de litigios mejora respecto a la del año 2015, situándose en un 100%, salvo en el orden contencioso administrativo en el que baja el porcentaje (del 120 % al 100%).

Otra de las novedades del informe de este año es la inclusión de los datos referidos a los procesos judiciales por blanqueo de capitales. Al ser el primer año que se analiza este indicador no se puede hacer una valoración de la progresión al respecto. En 2016, según el informe de Bruselas, los jueces españoles tardaron 600 días de media en primera instancia en este tipo de procesos, ocupando el quinto puesto desde el final de la lista.

El Gobierno quiere aprobar una batería de reformas de justicia con un importante impacto económico, como son la reforma hipotecaria, la ley de regulación de secretos comerciales, la protección de datos o la “obra magna” de crear un nuevo código de comercio.

Una agenda que, no escondió, está a expensas de la supervivencia de un Gobierno a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas de Ciudadanos, tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel.

“Sería muy lamentable que ese tipo de proyectos y tantos otros en marcha no viesen la luz por intereses partidistas”, ha sostenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que considera injustificado que la oposición trate de menoscabar al Ejecutivo por una sentencia que solo condena al PP como beneficiario a título lucrativo. “Son múltiples proyectos legislativos que están en marcha. Ojalá tengamos tiempo político, parlamentario, suficiente para llevarlos a buen puerto”, reclamó.

Catalá ha avanzado que una de las reformas más ambiciosas que ultima el Ejecutivo es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modificación del Estatuto del Fiscal, que confía en impulsar a la vuelta del verano. El plan supondría modernizar el modelo español y permitir que los fiscales instruyan investigaciones, bajo la supervisión de los jueces, lo que entre otras cosas acabaría con el nuevo sistema de plazos de instrucción limitados.

Catalá también ha puesto el acento en la importancia de la reforma hipotecaria que busca reducir la litigiosidad hipotecaria y transponer la directiva europea que España lleva dos años de retraso en implantar. El ministro ha admitido que la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que multe a España por esta demora y ha recordado que si la aprobación no se acelera “es una posibilidad” que el país sea sancionado con hasta 100.000 euros por día de retraso.

Pero la “obra magna” de las reformas pendientes de Justicia, dijo Catalá, es el desarrollo de un nuevo Código de Comercio, que adapte la economía al nuevo mercado digital. El objetivo, explican desde el Ministerio, es "abordar su definición en el marco de la revisión de nuestro Derecho de Obligaciones y Contratos, con medidas que permitan sistematizar la actual normativa dispersa y heterogénea, o regular de manera expresa algunas figuras que hoy carecen de ese marco, como el merchandising o el bartering".

Además, el ministro ha recordado que el Ejecutivo trabaja en un texto refundido de la ley concursal o en el impulso definitivo de la nueva ley de protección de datos, así como en la ley de regulación de secretos empresariales que transponga la regulación europea y que Catalá presentó al Consejo de Ministros el pasado viernes.



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