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Los consejos de la semana

Fiscal

Un obligado tributario con domicilio fiscal en una Hacienda foral ¿le afecta el SII?

El nuevo SII será aplicable en los términos que establezca la normativa foral.

En el caso de empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

Durante el ejercicio 2017: A aquellos empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral cuyo volumen total de operaciones en el año anterior (2016) hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, les resultó de aplicación el SII de acuerdo con la normativa estatal.

A partir del ejercicio 2018:

- Aquellos empresarios con domicilio fiscal en la Hacienda foral navarra, cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

- Aquellos empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral vasca, cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

Laboral

Acumulación de la reducción de jornada por lactancia

La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el permiso de lactancia es posible acumularlo atendiendo a la hora de ausencia cuando tal derecho de acumulación se recoge en el convenio colectivo aplicable, pero sin fijar los términos de tal acumulación o si, en ese caso, se debe estar a la práctica empresarial de acumulación en función de la media hora de reducción de jornada.

Los hechos probados se refieren a que el Convenio Colectivo establece que el trabajador o trabajadora tendrá derecho a «una hora diaria de ausencia, dividida en dos fracciones de media hora o reducción de la jornada diaria en media hora. Posibilidad de disfrute acumulado». Por su parte, la Comisión Paritaria del Convenio, se planteó el tema en los siguientes términos: «se considera que la lactancia acumulada debe realizarse computando 60 minutos diarios y no el tiempo que en la actualidad viene acumulando la empresa, teniendo en cuenta la jurisprudencia existente en esta materia.

La Dirección de la empresa responde que la acumulación de horas de lactancia no es un derecho de los trabajadores que se desprenda directamente del ET, sino que dicha norma establece su regulación por vía convencional. Su convenio no establece dicho derecho, sino exclusivamente su posibilidad de acuerdo, de lo que se deduce que el trabajador que esté interesado al faltar tal regulación convencional deberá pactar con la empresa los términos de la acumulación, y entre ellos el tiempo de acumulación diario. Es decir, no existe un derecho de aplicación directa, sino la posibilidad de pactar en los términos que las partes acuerden.

Doctrina del Supremo

El TS considera que Los términos del Convenio Colectivo son claros en orden a que los negociadores del Convenio han querido introducir la opción de disfrutar ese derecho de forma acumulada. Cuestión distinta será fijar los términos de esa acumulación y si debe obtenerse sobre una hora de ausencia o media hora de jornada al no señalar nada al respecto el Convenio Colectivo.

En este sentido, la acumulación en jornadas completas debe obtenerse acudiendo a la hora de ausencia y no a la media hora de reducción de jornada, ya que el derecho al permiso por lactancia se identifica con la ausencia de una hora del centro de trabajo para cubrir esa finalidad , ausencia que puede suplirse por otras fórmulas y así se ha previsto que pueda sustituirse por la reducción de jornada, en cuyo caso, se identifica esta con una duración concreta -media hora-.

Y tanto una u otra forma de ejercer el derecho son mínimos de derecho necesario relativo, que el Convenio Colectivo debe respetar. A partir de ahí, el legislador ha señalado que la negociación colectiva puede permitir acumular en jornadas completas el derecho. Dado que ese derecho consiste en ausentarse del centro de trabajo, este permiso es el que se acumula y, por tanto, lo es sobre la hora de ausencia.

La norma estatutaria acude a la expresión «acumularlo», en clara referencia al derecho y no dice «acumularla» en referencia a la reducción de jornada. Por tanto, lo que se traslada a la negociación colectiva es la acumulación de las horas de ausencia, salvo que esa previsión legal se supere por otra más beneficiosa para el trabajador o la trabajadora o que en acuerdo bilateral entre empresa y trabajador se mejore la norma legal o convencional.

Cuando el convenio colectivo recoge la posibilidad de acumular la reducción de jornada por lactancia, sin especificar cómo ha de llevarse a cabo, hay que computar una hora y no solo media hora.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mejorado sus previsiones sobre el crecimiento trimestral de la economía española y contempla un alza del PIB del 0,8% para el segundo y el tercer trimestre del año, de acuerdo con la última actualización de su modelo 'Mipred', que pronostica la tasa de crecimiento en tiempo real.

El organismo ha elevado sus previsiones tras la publicación de los datos del índice PMI de Servicios de mayo y las ha situado su pronóstico de aumento del PIB en el 0,8% tanto para el segundo trimestre como para el tercero. En concreto, augura un crecimiento del 0,75% entre abril y junio y del 0,76% entre julio y septiembre, por encima del 0,7% registrado en el primer trimestre y en el cuarto trimestre del año 2017.

Los últimos datos de mayo de trabajadores en alta en la Seguridad Social mantenían en el 0,7% el crecimiento del PIB para el segundo trimestre y lo elevaban del 0,6% al 0,7% para el tercero. La Autoridad Fiscal cree que las proyecciones económicas del Gobierno de Mariano Rajoy, que contemplaban un alza del 2,7% para este año, son "prudentes" y que España crece a tasas interanuales de entorno al 3% en el primer semestre, con lo que la previsión para el conjunto del año del ya extinto Ejecutivo es "consistente" con una "desaceleración significativa" en la segunda mitad del año.

Durante su comparecencia ante el Senado la semana pasada para informar sobre el proyecto presupuestario, el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, dijo ver "factibles" las previsiones económicas del Gobierno de Rajoy, por lo que se mostró confiado en que España crecerá al menos un 2,7% este año, con un impacto "moderado" del repunte del precio del petróleo y de la subida de los tipos de interés.

Eso sí, la AIReF mantiene su calificación de "improbable" el cumplimiento del objetivo de déficit del 2,2% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas este año, por la menor contención del gasto derivada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, mientras que ve "probable" el cumplimiento del objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que, puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.

La reforma del IRPF incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que el Congreso aprobó hace dos semanas supone una rebaja fiscal para rentas inferiores a 18.000 euros. Sin embargo, tal y como reveló Cinco Días el pasado 17 de mayo, la reforma se ha articulado de tal modo que las rentas bajas tributarán menos por su renta, pero cuando consigan aumentar su sueldo, bien porque logran una mejora económica o realizan horas extras, sufrirán unos tipos marginales de hasta el 62,5%.

Es decir, por cada 100 euros adicionales, 62,5 euros se irán en impuestos (IRPF y Seguridad Social) y solo 37,5 euros se quedarán en bolsillo. Se trata de una distorsión que no es nueva, pero que la reforma pactada entre Hacienda y Ciudadanos agudiza. Hasta ahora, el tipo marginal efectivo se situaba en el 45% para rentas entre 12.100 y 15.500 euros.

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, reconoció que existe este efecto; sin embargo, lo relativizó al señalar que lo relevante es que todos los contribuyentes afectados por la rebaja pagarán menos IRPF. De la Torre considera que el IRPF se puede mejorar, pero también señala que la rebaja fiscal propuesta tendría un coste mucho mayor si se aprobara sin elevar los marginales. El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que respetará el Presupuesto. Así, los tipos marginales para rentas bajas se dispararán.

Tres economistas han elaborado una propuesta de reforma fiscal alternativa que permitiría reducir el IRPF y, al mismo tiempo, evitar que se penalicen las ganancias salariales a las rentas bajas. La propuesta de Ignacio Conde-Ruiz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez, publicada en el blog de economía Nada es gratis, consiste en que la rebaja fiscal incluida en los Presupuestos y que se centra en la reducción de rendimientos del trabajo se traslade al mínimo exento del impuesto. Un cambio que modifica totalmente los efectos.

La reducción por rendimientos del trabajo es una figura que permite rebajar en 3.700 euros la base liquidable de los contribuyentes cuyo sueldo, tras descontar las cotizaciones sociales, es inferior a 11.250 euros. Este importe se reduce paulatinamente hasta desparecer para los que ganan entre 11.250 y 14.450 euros. Ello provoca un efecto curioso: cuando el sueldo bruto en esos tramos aumente en un euro, la base liquidable sube en más de dos euros. Por eso el tipo marginal efectivo se dispara. La reforma incluida en los Presupuestos eleva la reducción por rendimientos del trabajo, lo que provoca que el problema se desplace a rentas más elevadas y, además, se intensifique de tal forma que el marginal efectivo llega a superar el 60%. Es el porcentaje más elevado de la OCDE para este tipo de rentas.

La propuesta de Conde-Ruiz, Marín y Rubio-Ramírez consiste en suprimir totalmente los 3.700 euros de la reducción por rendimientos del trabajo y también la deducción de 2.000 euros lineales que todos los asalariados se aplican por el mero hecho de serlo.

Ambos beneficios suman 5.700 euros y pasarían a elevar el mínimo exento, hoy fijado en 5.550 euros. Es decir, cada contribuyente no tributaría por 11.250 euros. Suprimir el gasto deducible lineal de 2.000 euros, la reducción por rendimientos del trabajo y eliminar el mínimo exento permitiría una rebaja fiscal progresiva y que se aplicaría a todos los contribuyentes. Al mismo tiempo, se acabaría con los tipos marginales disparados para rentas bajas. Con este modelo, lo que se tributa por cada euro adicional también aumenta de forma progresiva.

Así lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que adelantó hace algo más de un mes esa tasa de crecimiento. En comparación con el primer trimestre de 2017, el producto interior bruto se ha incrementado un 3%, una décima más de lo anunciado inicialmente. Con el repunte interanual del 3%, la economía española acumula diecisiete trimestres consecutivos de tasas interanuales positivas, mientras que con el avance trimestral del 0,7% se acumulan dieciocho trimestres consecutivos de alzas.

La demanda nacional aportó 2,8 puntos al crecimiento del PIB interanual en el primer trimestre, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, en tanto que la demanda externa contribuyó con dos décimas, en contraste con la décima que restó en el trimestre anterior. ¿Cuáles han sido los motores de crecimiento? La economía española ha encadenado tres trimestres con una tasa de crecimiento del 0,7%, después de haber crecido un 0,8 y un 09% en los dos primeros trimestres de 2017. De esta forma, el crecimiento ha mantenido el ritmo en el arranque de este ejercicio.

En términos intertrimestrales, destaca el estirón del consumo de los hogares, del 0,7%, una décima más que en el último trimestre de 2017. La inversión se ha incrementado un 0,8%, también una décima más del ritmo que marcó a finales del año pasado, con una fuerte subida de la inversión en construcción, del 2,4%, frente al 1% marcado entre octubre y diciembre pasado. Sin embargo, es llamativo el retroceso de la inversión en bienes de equipo del -1,6%, que supone la primera caída en más de un año (en el cuarto trimestre de 2016 descendió un 0,2%).

Por sectores, hay que resaltar el crecimiento de la agricultura (3,7%), seguida de la construcción (2,1%) y los servicios (0,8%). Por el contrario, la industria ha caído un 0,9% y lo ha hecho por primera vez en casi cinco años. Concretamente, no se veía un retroceso de la industria desde el segundo trimestre de 2013 cuando también descendió un 0,9%. El empleo aumentó el 0,5% en tasa trimestral, al mismo ritmo que en el trimestre precedente, mientras que en tasa interanual moderó tres décimas su crecimiento, hasta el 2,6%, lo que supone un incremento neto de aproximadamente 466.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.

Por su parte, el crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente trabajada alcanzó una tasa del 1%, dos décimas inferiores a la registrada en el cuarto trimestre del año anterior (1,2%).

“La economía española seguirá creciendo en 2018 y 2019 a un ritmo sólido, aunque más moderado", ha considerado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello ha aumentado sus previsiones de crecimiento del PIB al 2,8% este año y al 2,4%, el próximo, lo que supone tres y cinco décimas más, respectivamente, que lo que habían previsto en noviembre.

Si bien, esta buena marcha no está exenta de riesgos, según los expertos de esta organización. Y uno de ellos es la última subida de las pensiones, ya que, en opinión de la OCDE "la aplicación de la reforma de las pensiones resulta clave para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo". Consecuentemente, el pacto del Gobierno con el PNV que incumple los dos factores creados en la última reforma de pensiones --el de revalorización y el de sostenibilidad-- pone en entredicho las garantías de equilibrio financiero de la economía española para los próximos años.

Según distintos cálculos la aplicación de estos factores aprobados en 2013 supondría alrededor del 30% del control del incremento del gasto para el futuro en pensiones para hacerlo sostenible, mientras que el 70% de dicho freno al gasto provendría de la reforma socialista de 2011.

Económicamente, solo la subida de pensiones del 1,6% prevista para este año y para 2019 tendrá un coste acumulado hasta el año 2030 en de casi 40.000 millones de euros, según un cálculo elaborado por BBVA Resecar. Y esto suponiendo que en 2020 volviera a aplicarse el índice de revalorización creado en 2013, que fija una subida máxima del 0,25% de las pensiones siempre que haya déficit en el sistema de Seguridad Social.

No obstante, pese a esta advertencia, las previsiones de la OCDE para España son buenas y colocan su crecimiento económico por delante de la media de crecimiento del PIB de la zona euro (2,2% para 2018; y 2,1%, para 2019). Y también por delante de sus principales socios como Alemania, que prevén que crezca un 2,1% este año y el próximo; o Francia (1,9% también para ambos ejercicios).

Según la OCDE las condiciones económicas favorables y la fuerte creación de empleo continuarán sustentando la demanda privada nacional. Mientras que las exportaciones también continuarán contribuyendo de forma clave al crecimiento del PIB, aseguran estos expertos.

Además, consideran que esta revisión al alza de las previsiones para España ha sido posible porque "hasta el momento se han contenido las consecuencias económicas de la incertidumbre política en torno a Cataluña". Si bien, al mismo tiempo, desde la OCDE apuntan que "la persistente incertidumbre en Cataluña podría mermar aún más la confianza y golpear la demanda interna".

¿Qué otros riesgos ven desde la OCDE para el crecimiento de la economía española? Entre otros, apuntan a una posible subida de los precios del petróleo, que podría ejercer presión sobre la inflación --que se sitúa ya en el 2%--. También alerta sobre la posibilidad de que el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, "podría tener dificultades para seguir adelante con el programa nacional de reformas".

Precisamente, dentro del capítulo de reformas, estos analistas piden al Ejecutivo que se centren en el mercado laboral y en el sistema tributario. La primera de ellas debería estar orientada a incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo "y a reducir la dualidad mediante una mejor supervisión del abuso del empleo temporal". Seguidamente aconsejan una nueva reforma fiscal "que elimine gradualmente las exenciones existentes y mejore aún más la administración del IVA". Asimismo, recomiendan un mayor uso de los impuestos medioambientales.

Dicho todo esto, la OCDE también detecta elementos que podrían contrarrestar todos estos riesgos e impulsar el crecimiento por encima de las perspectivas. Se trata del aumento de la inversión en construcción y una demanda más sólida por parte de Europa, que es principal destino de las exportaciones de España.

Laboral

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, que ha ofrecido hoy, desde Badajoz, la máxima colaboración de la patronal al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha apuntado que España y Europa necesitan "seguir haciendo reformas". En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro empresarial en la capital pacense, Rosell se ha referido al nuevo Gobierno, "al que hay que darle tiempo".

No obstante, ha dicho que la CEOE quiere "empezar a hablar" con el nuevo Ejecutivo cuanto antes sobre numerosas cuestiones, entre ellas lo referido al ámbito laboral, desde "la contratación" y "la seguridad laboral" a la "flexibilización" y "los convenios colectivos".

Sobre reformas laborales, Rosell ha recordado que en España se han registrado más de medio centenar de reformas de empleo desde finales de la década de los 70. "Las reformas laborales siempre son necesarias para adaptarse a las nuevas formas de hacer".

Sobre la elección de Nadia Calviño como ministra de Economía, Rosell ha asegurado que se trata de una persona "de gran prestigio". De hecho, ha agregado, su designación ha sido "muy bien acogida por los mercados financieros y no financieros".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado a conocer dos fallos que aclaran que la normativa laboral española no es discriminatoria en el trato a los trabajadores fijos y temporales y, por tanto, no tienen que tener indemnizaciones iguales. De esta forma, la justicia europea rectifica su pronunciamiento anterior que, en una polémica sentencia, consideró que un trabajador interino (y por tanto temporal) debía recibir la misma indemnización que un trabajador indefinido.

Ambas sentencias responden a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de lo Social de Madrid número 33 y por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, destinadas a que los jueces europeos aclararan su postura, tras la polémica que se generó en el sistema judicial español por la sentencia conocida como el caso Diego Porras en septiembre de 2016. En aquel fallo, el tribunal europeo dictaminó que la normativa española contravenía las leyes europeas y, además, era discriminatoria y pedía que se indemnizara a un trabajador interino -que no tienen indemnización- como si fuera uno indefinido despedido por causas objetivas (20 días por año trabajado).

En una de estas sentencias que aclara el caso de la trabajadora interina Lucía Montero Mateos, el TJUE indica que el acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada "no se opone a una normativa nacional (la española en este caso) que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto", como el contrato de interinidad sobre el que el tribunal español hace la consulta.

La justificación de los jueces europeos para que entiendan ahora que sí hay diferencias entre la situación de un trabajador temporal interino y un indefinido radica en que, en el caso del primero, las partes del contrato eventual conocen desde el principio la fecha o acto que causará el fin de la relación laboral. Mientras que en el caso de un indefinido que es despedido por causas objetivas a iniciativa del empresario, corresponde una indemnización para compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo.

En la segunda sentencia conocida hoy sobre la indemnización de un trabajador con un contrato de relevo, el TJUE aclara que la normativa española no es discriminatoria, como había dicho anteriormente, porque "en el Derecho español no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables". En el caso de que cualquiera de los dos sea despedido por razones objetivas de forma procedente se les abonan los 20 días por año trabajado.

Según los datos oficiales hechos ayer públicos en mayo pasado el sistema ganó 237.207 cotizantes, lo que sitúa este mes como el mejor en creación de empleo desde julio de 2005. Si bien en aquel mes ese récord se batió debido al impacto de la regularización de inmigrantes, que incorporó al registro de Seguridad Social a más de 700.000 personas en pocos meses.

Por tanto, puede afirmarse que Mariano Rajoy se despide del Gobierno con los mejores datos de creación de empleo en un mes de la serie histórica, que comienza en 2001, hace 17 años. Así, el mes pasado se crearon 7.651 empleos al día. Esta mejora ha vuelto a incrementar el ritmo de creación de empleo anual hasta el 3,11%, con 570.354 afiliados más en los últimos doce meses, tras tres meses consecutivos de desaceleración en la creación anual de ocupación.

Sin tener en cuenta el efecto del calendario, la ocupación desestacionalizada aumentó en 71.000 personas, el mejor dato desde octubre pasado. En total, la Seguridad Social tiene 18,91 millones de afiliados, dato que no se registraba desde finales de 2008.

Cuatro de cada diez empleos asalariados generados en mayo estaban en el sector de la hostelería (con 74.642 ocupados más) o en el comercio (con 15.435 nuevos afiliados). Aunque también se produjo una fuerte creación de empleo en la construcción (17.543 trabajadores más en un solo mes) y en las actividades administrativas y empresas de servicios auxiliares (22.047 cotizantes más en mayo).

En resumen, no se destruye empleo, de hecho, en ninguno de los 21 sectores de actividad de la Seguridad Social, salvo los 87 empleos menos en servicios relacionados con el suministro de agua. En el régimen de autónomos se han creado 14.000 empleos.

Asimismo, y por tercer mes consecutivo la afiliación de mujeres sigue en cifras récord, con 8.773.053 trabajadoras cotizando. Nunca había habido tantas mujeres cotizando. Por el contrario, aún faltaría más de un millón de cotizantes masculinos para llegar a los niveles de 2007.

El mes pasado también los registros de parados se comportaron favorablemente. El volumen total de desempleados bajó en mayo en 83.738 personas respecto al mes anterior hasta sumar un total de 3.252.130 personas, su nivel más bajo desde diciembre de 200 Desde los máximos alcanzados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en casi 1,8 millones de personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en mayo en 3.236 personas, y en los últimos doce meses se ha reducido en 208.998 desempleados (-6%).

La distribución regional del nuevo empleo fue bastante desigual. Solo Baleares aportó 52.830 nuevos afiliados, un fuerte crecimiento de su ocupación del 10,74% en un solo mes. mensual en Baleares, Cataluña fue la segunda comunidad que más empleo creó en términos absolutos 42.321, un 1,26% más que el mes anterior, seguida de Andalucía con 30.247 (+0,99%). Madrid se ha quedado en 19.000, creciendo a ritmo más lento.

Con esta mejora del empleo, la relación entre afiliados y pensionistas ha vuelto a niveles de 2013, con 2,27 cotizantes por pensionista. Esto es también una buena noticia, ya que cuanto mayor sea este ratio, más financiable es el sistema público de pensiones.

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.915.668 ocupados en mayo, tras ascender en 237.207 personas (el 1,27%), se trata del mejor registro de la serie histórica en este mes. El dato desestacionalizado (que avanza en 70.898) acumula ya 43 meses en positivo. En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 570.254 afiliados medios más, el 3,11%.

Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que supera el resultado de abril, con 8.773.053 trabajadoras. El mayor nivel jamás registrado. Representan el 46,38% del total de ocupados. La creación de empresas (CCC) crece en 8.210 (con un mes de decalaje), el mejor resultado de la serie.

El Régimen General registró un incremento de 222.133 personas (1,45%), hasta alcanzar los 15.586.623 ocupados. En mayo, creció la afiliación en todos los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 74.642 (5,82%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 22.047 (1,74%); Comercio y Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas con 15.435 (0,65%%); Industria Manufacturera, 10.055 (0,56%); Construcción, 17.543 (2,18%) y Transporte y Almacenamiento, 9.838 (1,43%).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 27.420 ocupados más (3,51%), y se sitúa en 808.785 afiliados medios. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar baja en 141 (-0,03%); alcanza los 420.147 ocupados. El Régimen de Autónomos cuenta con 3.261.398 personas, tras incrementarse en 14.544 (0,45%) en el mes.

Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 528 ocupados (0,81%) hasta situarse en 65.382 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.265 afiliados, prácticamente se mantiene. La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en mayo en todas las Comunidades Autónomas.

En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 570.254 ocupados, el 3,11%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 537.998 trabajadores (3,58%).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1%, lo que se traduce en un crecimiento de 32.312 personas. El Régimen del Mar creció en 0,53% (342) y el Carbón registró descenso de 399 (-14,97%).

En términos anuales la ocupación avanza en todas las provincias y Comunidades y Ciudades Autónomas destacando porcentualmente los incrementos de Canarias (4,19%), Comunidad Valenciana (4,09%), Comunidad de Madrid (3,96%), Navarra (3,65%) y Andalucía (3,02%).

Mayo es un buen mes para el mercado laboral. Pero este mayo ha sido mejor de lo que suele serlo. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido más de lo que lo había hecho hasta ahora en este mes. El aumento medio de 237.207 cotizantes con empleo es el más alto de la serie del Ministerio de Empleo. También por el lado del paro registrado los números del mes pasado, el último con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, son buenos: hubo 83.738 desempleados menos y la cifra total se redujo hasta los 3,25 millones, la cifra más baja desde diciembre de 2008.

El aumento de afiliación supone que la cifra total de cotizantes en la Seguridad Social llegó el mes pasado a 18,9 millones, al crecer un 3,11% en el último año. Este dato supone que la desaceleración laboral vista en los últimos meses. Desde septiembre este porcentaje comparado con el del año anterior venía menguando décima a décima. Esta vez ha subido algo (del 3,07% de abril al 3,11%) y ha invertido la tendencia.

En el incremento, ha tenido un papel destacado la hostelería. Según los números divulgados por el departamento que todavía dirige Fátima Báñez, ahora en funciones, esta rama ha vuelto a mostrar el vigor de los últimos años al crecer en 74.642 afiliados en el régimen general. Le siguen las actividades administrativas con 22.047 cotizantes y el comercio, con 15.435.

Mayo y junio suelen ser los mejores meses para el mercado laboral español. El sector hostelero comienza a prepararse para la temporada alta del turismo, el verano, y comienzan las contrataciones, que se suman a las realizadas para Semana Santa.

Mercantil, civil y administrativo

“El nuevo Gobierno busca ser fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir. Nace con el objetivo de impulsar la modernización de España, de hacerla crecer de forma sostenible y de regenerar la vida pública en nuestro país”, aseveró este miércoles el presidente Pedro Sánchez al anunciar desde La Moncloa la formación definitiva de su nuevo Ejecutivo.

Un reflejo de “una sociedad paritaria, intergeneracional, abierta al mundo, pero anclada en la Unión Europea, comprometida socialmente y altamente cualificada”, dijo, antes de nombrar a las 11 ministras y seis ministros que compondrán el primer gabinete con más mujeres que hombres de la historia del país.

“Es un Gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, que no son otros más que la modernización de la economía con la ciencia como principal motor, la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico, la lucha contra todo tipo de desigualdad, social, de oportunidades, y sobre todo de género”, marcó como principales objetivos.

“La regeneración democrática y el combate contra la corrupción, el fortalecimiento de nuestro proyecto común, reconociendo la diversidad de su ser, que debe recuperar su papel protagonista en el proyecto europeo”, será otro de los frentes de un Ejecutivo que, adujo, afrontará los retos de la “precariedad laboral, la desigualdad, el cambio climático, la despoblación, el combate contra el terrorismo internacional o el crimen organizado, la integración de sociedades plurales o la solidaridad con los refugiados”, apuntó.

Sánchez agradeció a los nuevos ministros “haber aparcado durante un tiempo sus prestigiosas carreras profesionales para servir al país, a la ciudadanía y especialmente a aquellos que más necesitan del abrigo y el amparo de lo público” durante unos “meses”, aunque no especificó cuanto espera que dure el Gobierno nacido de la moción de censura. “Son líderes en cada uno de sus ámbitos, respetados y reconocidos”, ensalzó, aseverando que su visión es “progresista, modernizadora y europeísta”, y prometiendo que están dispuestos a “dialogar” en cada campo.

El presidente sostuvo que el nuevo gabinete es fruto también del movimiento feminista, por lo que “otorga el peso de la responsabilidad económica a las mujeres y sitúa las políticas de igualdad como auténtica prioridad, en la cúspide”.

Refrendan sus palabras el nombramiento de la exresponsable de las cuentas de la UE, Nadia Calviño, al frente de Economía; María Jesús Montero en Hacienda; Carmen Calvo como vicepresidenta y responsable de Igualdad; Teresa Ribera en Transición Ecológica; Carmen Montón en Sanidad y Bienestar Social; Magdalena Valerio en Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Isabel Celaá en Educación y Formación Profesional; Reyes Maroto en Industria, Comercio y Turismo; Dolores Delgado en Justicia; Meritxell Batet en Política Territorial y Función Pública; o Margarita Robles en Defensa.

De otra parte, el astronauta Pedro Duque al frente de Ciencia, Innovación y Universidades, será uno de los principales responsables de impulsar la modernización económica, y el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, en Exteriores, es junto a la titular de Economía uno de los garantes del carácter “europeísta” de un Ejecutivo en minoría parlamentaria y preocupado por mandar mensajes de confianza a Bruselas y a los mercados.

Más allá, Sánchez explicó que crea cuatro nuevos ministerios por la necesidad de impulsar la industria, como venía reclamando el sector; apostar por la ciencia y la innovación en la Universidad; recuperar Cultura, “que nunca debió desaparecer”, y que dirigirá Maxim Huerta; o hacer de Igualdad su bandera.

El presidente destacó también su intención de fortalecer la formación profesional, que apellida ya el nuevo Ministerio de Educación, y de apostar por la “gestión pública y privada”. Luis Planas, a cargo de Agricultura, Pesca y Alimentación; José Luis Ábalos en Fomento y Fernando Grande-Marlaska, en Interior, completan el nuevo Consejo de Ministros que tomará posesión este jueves y se reunirá este viernes.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se disparó un 11% interanual en abril, tasa 14,7 puntos superior a la de marzo y su mayor avance desde abril de 2008, cuando subió un 12%. Con el repunte interanual de abril, este indicador vuelve a tasas positivas después de haber retrocedido un 3,7% en marzo como consecuencia de la celebración de la Semana Santa, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial presentó en abril un crecimiento interanual del 1,9% respecto al mismo mes de 2017, tasa 2,7 puntos inferior a la registrada en marzo. Pese a ello, con este avance, este indicador encadena 21 meses consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida. Respecto a marzo, la producción industrial retrocedió un 1,8% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al incremento del 0,8% registrado un año antes y el repunte del 1% de marzo de este año.

El ascenso interanual de la producción en abril, que contrasta con el descenso del 3,7% de marzo, fue consecuencia del incremento de todos los sectores, especialmente, de los bienes de equipo, que aumentaron un 16%. También tiraron de la producción los bienes de consumo no duradero (que subieron un 11,3%) y los bienes intermedios (11,2%), mientras que los bienes de consumo duradero (8,7%) y la energía (4,9%) marcaron un menor ascenso.

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial creció un 1,9% en términos interanuales, de forma que se moderó 2,7 puntos respecto a marzo. Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial disminuyó durante abril el 1,8%, frente al alza del 1 % de marzo, lastrada sobre todo por la energía, que cayó el 4%.

Por actividades, las que más influyeron en el incremento interanual de abril fue la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; la industria farmacéutica; fabricación de productos metálicos; y la alimentación. La producción industrial aumentó en todas las regiones, salvo Baleares (2,1% menos) y Navarra (0,9% menos), marcando los principales incrementos en Galicia (11,4% más) y Cantabria (10,4% más).

La debilidad parlamentaria y la sensación de provisionalidad con la que nace la presidencia de Pedro Sánchez, fruto de su ajustada moción de censura contra Mariano Rajoy, no ha impedido al líder socialista armar un Gobierno con figuras de peso y aparente ambición de permanencia. Un gabinete eminentemente femenino, que terminará de anunciar este miércoles, de corte social, ideado para encarar el reto del secesionismo catalán y con personalidades especialmente respetadas en Bruselas, a donde envía un inequívoco mensaje de estabilidad y compromiso con los objetivos presupuestarios.

Esta última garantía tiene nombre y apellidos, pues Sánchez ha elegido como ministra de Economía a Nadia Calviño, la economista gallega que desde 2014 ha sido responsable de elaborar las cuentas de la Unión Europea. Su experiencia manejando estos Presupuestos, de un billón de euros, y su profundo conocimiento de las instituciones europeas prometen facilitarle el reto, apaciguar al mercado y darle un papel de peso en las reuniones del Ecofin, con sus homólogos europeos.

“Son buenas noticias para España y para la Unión Europea”, afirmó este martes a Efe un portavoz de la Comisión Europea, mientras que la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, celebró el nombramiento de Calviño y sostuvo que es “una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”.

Más allá, Sánchez ha optado por el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell para el Ministerio de Exteriores, lo que ofrece a Bruselas otro reconocido interlocutor. Borrell será además una de las piezas clave en la respuesta de Sánchez al desafío independentista de Cataluña, por el papel pedagógico que puede ofrecer al exterior sobre un conflicto en el que el secesionismo ha tenido la voz cantante ante la opinión pública global.

La estrategia frente al proceso se completa con el nombramiento de la catalana Meritxell Batet al frente de la administración territorial para impulsar las negociaciones a escala nacional.

Aunque la identidad de todos los nuevos ministros no se conocerá hasta este miércoles, el goteo de filtraciones de las últimas horas indica un cambio de estrategia de comunicación de Sánchez frente a antecesores que se han guardado todos los nombres hasta el final. El equipo del presidente busca subrayar así la valía de cada nombramiento y mandar un claro mensaje de compromiso con la igualdad de género: el Gobierno, que se prometía paritario, parte con más mujeres que hombres y reserva para ellas los principales cargos económicos o de poder.

De hecho, Sánchez ha unido la cartera de Igualdad a la vicepresidencia del Gobierno, que gestionará una de sus principales colaboradoras, Carmen Calvo. Además, ha fichado a la responsable de fiscalidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para Hacienda, y se baraja el nombre de la portavoz socialista Margarita Robles para Justicia o Interior (incluso para ambas), y su sustitución en el Congreso por Adriana Lastra.

A su vez, Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de la etapa Zapatero, dirigirá un Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la consellera valenciana Carmen Montón será la nueva ministra de Sanidad. Completa el plantel confirmado José Luis Abalos, en Fomento, mientras que queda media docena de carteras por repartir incluyendo Empleo, Industria, Educación o Defensa.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general y establece en una licencia de este tipo de vehículos por cada 30 taxis.

El tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de una licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de dos años y cinco meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que "una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala".

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos. Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC, sino que, "simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización". Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

La empresa familiar defiende algo más que un negocio. Carga con un legado que debe perpetuar. Los valores, la cultura y la experiencia se transmiten de generación en generación, en un desafío que une el binomio empresa y familia.

Una responsabilidad no exenta de riesgos ni desafíos. La competencia, los impuestos o el alto coste energético son obstáculos a sortear para operar al máximo nivel. Así lo plasmaron los casos de Reig Jofre, Celsa y La Farga en uno de los paneles de la XXXIV Reunión del Cercle d’Economia.

“La empresa familiar es parte vital del tejido empresarial de Catalunya y España. Tiene un efecto multiplicador por tres sobre cada euro que genera”, exponía Francesc Rubiralta, tercera generación al frente de Celsa, siderúrgica con 4.000 millones de facturación. “Queremos más industria, más empresa”, lanzó.

Los casos de éxito llaman al optimismo. En la metalúrgica La Farga, Inka Guixà es tercera generación y directora general del negocio, de unos 1.000 millones. “La empresa es el elemento a proteger”, dijo. La puso en el centro de todo, magnificando el papel del legado. Por eso puso la defensa de la compañía y el traspaso del negocio a la siguiente generación como objetivos estratégicos.

Habló de una “necesidad de transmitir lo que somos”, sin arriesgar nunca el negocio. De hecho, en tiempos de dificultad planteó la posibilidad de “reinventarse”, adaptándose a las situaciones de crisis. Tiró de su propia vivencia, con el ejemplo de un negocio de tubos sanitarios que se hundió con la crisis y que se tuvo que reflotar con nuevas orientaciones. “Espíritu de emprendimiento”, dijo.

Pese a los éxitos, las empresas coincidieron en la necesidad de competir en un marco común, sobre todo con la vista puesta en las realidades que se dan en otros países de Europa. El coste energético, las cargas impositivas o la dificultad de crecimiento son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las firmas.

Rubiralta lo resumió perfectamente. Planteó que en España la energía es mucho más cara que en otros países de la región; que falta potenciar infraestructuras clave como los puertos o el transporte ferroviario; y que el marco legal impide el salto de las pequeñas empresas al rango medio. “Parece que la empresa mediana española no existe”, dijo en este último caso.

“La clave está en el posicionamiento. Saber dónde estás y dónde se quiere ir. Y allí ser excelente”, completó Guixà. “Lo importante es que aciertes hacia donde lo llevas”, siguió.

Ignasi Biosca, consejero delegado de la farmacéutica Reig Jofre, casi centenaria y con 170 millones de facturación, planteó la salida a bolsa como una oportunidad de flexibilizar el negocio y sortear esas dificultades. “Me gustaría ver a otras compañías catalanas que tomaran esa decisión. Se cree que complica el día a día, pero simplemente es poner mucho orden en el departamento financiero”, dijo. Lo defendió como la mejor forma para crecer.

Defendió su postura afirmando que así se profesionaliza la gestión y se logra ganar tamaño con mayor facilidad, al poder desprenderse de acciones en el mercado para conseguir liquidez. Una forma de dejar de depender tanto de la financiación bancaria, expuso. “La mejor garantía para avanzar”, planteó, si bien confesó que “el tamaño no es crítico, pero ayuda a ser relevante”.

Sector

Los inicios en una profesión tan competitiva como la abogacía no son fáciles. La falta de experiencia, de confianza o, simplemente, el no saber por dónde empezar son problemas habituales entre los abogados principiantes. Además, la gran influencia de factores como la globalización o la tecnología hacen que el mercado sea cada vez más complejo. Así lo manifiesta Soledad Atienza, vicedecana de IE Law School: "los jóvenes letrados se enfrentan a un entorno que atraviesa un proceso de cambio".

Sin embargo, este escenario también presenta oportunidades. Las redes sociales, por ejemplo, como señala David Gómez, abogado y vocal de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, "sirven de altavoz para darse a conocer de forma gratuita". Alberto Cabello, abogado y presidente de AJA-Madrid coincide en la importancia de que un letrado en sus inicios "apueste por la creación de su marca personal, comunicando en redes sus especialidades e, incluso, elaborar una web personal o corporativa con un blog para posicionarse".

Todo ello, sin olvidar que el primer paso que debe dar un letrado novel es informar sobre su profesión dentro de su entorno más cercano. "Estar en la mente de los más allegados para ser una de las primeras alternativas a quién consultar una duda jurídica, lo que se conoce en marketing como el top of mind, es básico" explica Cabello. Asimismo, "inscribirse en las actividades y eventos promovidos por las asociaciones e instituciones de la profesión resulta de gran ayuda", subraya Atienza.

En cualquier caso, ganarse la confianza de los clientes en un primer encuentro es indispensable y, para ello, desde el IE Law School aconsejan "suplir la falta de experiencia con mucho estudio y preparación además de motivación y actitud". Es por ello, que Cabello recomienda realizar una conversación telefónica previa en la que el cliente exponga cuál es su conflicto e incluso "pedirle que nos facilite la documentación necesaria para estudiar su caso". "El cliente tiene que ser tratado como único en el despacho para poder conseguir que se quede" añade Gómez.

Sin embargo, como puntualiza el presidente de AJA, esto no significa que haya que aceptar todos los casos que lleguen al despacho, "es importante saber realmente qué le ocurre al posible cliente para determinar si nosotros somos el abogado idóneo para evitar frustraciones".

De tal manera que, tanto el exceso de confianza como la inseguridad resultan contraproducentes en esta profesión. "Pasar de cero a cien sin pasar por las etapas intermedias supone un gran error" indica Cabello, que añade que, es preferible reducir al mínimo los gastos fijos al principio y aumentar las inversiones una vez que se esté en una posición más estable y de crecimiento.

Otro de los errores que con frecuencia cometen los abogados al comenzar su carrera, es considerar a los compañeros de profesión como rivales. En este sentido, Cabello explica que lo conveniente es verlos como una "posible alternativa a la hora de satisfacer las necesidades de un cliente al que no podamos atender porque no se corresponde con nuestra especialidad, además así conseguiremos la confianza de ese compañero para que en el futuro actúe de igual modo". Incluso en un juicio, colaborar con el letrado que defiende a la parte contraria puede resultar muy productivo, según destaca Gómez "gracias a ello probablemente lleguemos a grandes acuerdos en beneficio del cliente".

Tampoco es fácil para los abogados novatos competir en la bajada de honorarios que sólo los grandes despachos pueden asumir. Por ello, muchos de ellos optan por no cobrar la primera consulta al cliente. Una práctica que tanto a Gómez como a Cabello les parece perjudicial, porque en definitiva se trata de retribuir el tiempo y los conocimientos del profesional que tienen un importante valor.

"Es habitual que el cliente quiera poner las condiciones de la contratación, y en esos casos el abogado debe tener mucha mano izquierda y dejar claro que sus honorarios son los que son, y que ellos los marcan" apunta Gómez.

PP y PSOE tendrán que volver a negociar en menos de seis meses el reparto de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de cinco años termina a finales de 2018. Desde el Tribunal Supremo hasta el Constitucional, pasando por la Audiencia Nacional hasta el Defensor del Pueblo. Los órganos judiciales están a la expectativa de los próximos pasos del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de la consabida separación de poderes, existe una relación directa entre la Justicia y la representación de los partidos políticos en las Cortes. En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la máxima autoridad en este ámbito y su presidente también está al frente del Supremo. Además, este organismo influye en los nombramientos del Constitucional y en otros tribunales, incluidos los superiores de cada CCAA y la Audiencia.

La moción de censura y el nombramiento como presidente de Pedro Sánchez llega en un momento complicado, ya que el CGPJ debe renovarse dentro de seis meses. La última vez, fue en noviembre de 2013 y las negociaciones entre los partidos políticos, principalmente entre PP y PSOE, se dilataron durante meses. El Poder Judicial está formado por veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Actualmente, la mitad está nombrada a proposición del Partido Popular, frente a los siete de PSOE. Izquierda Unida, PNV y CiU propusieron uno cada uno.

Mientras no haya elecciones, es difícil que se rompa este equilibrio de poder, ya que los nombramientos están alineados con la representación de cada partido en las Cortes. Sin embargo, la moción de censura complica la reelección y las negociaciones. Más discrecional es la figura del fiscal general del Estado, que puede ser cesado cuando cambia el Gobierno que lo propuso. Ahora, el Ejecutivo está controlado por PSOE, pero un nuevo nombramiento debe contar con el visto bueno del Congreso, una vez escuchado el Poder Judicial (controlado por PP).

La huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo ha vuelto enfrentar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ ha sostenido este miércoles que la decisión del Ministerio de no facilitar los datos sobre la repercusión que tuvo el paro (el número de actos suspendidos) supone "obstaculizar" su trabajo y ha generado "un clima de desconfianza institucional". Antes de la huelga, el CGPJ pidió a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que le aportaran información sobre la jornada. Los presidentes pidieron a su vez a los secretarios de Gobierno de cada tribunal que recabaran esos datos de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales). Los secretarios de Gobierno, que dependen de Justicia, se negaron. El motivo fue que el Ministerio había contactado con ellos para indicarles que lo que se les reclamaba no estaba entre sus competencias.

"La Comisión Permanente considera que no contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Se añade que, además de ser "inadecuadas en las formas", esas instrucciones de Justicia "desconocen los mandatos legales" sobre las funciones de los presidentes de los TSJ. "Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".

La actuación del CGPJ llega días después de que la misma Comisión Permanente arremetiera contra el proyecto estrella de Catalá, la implantación del expediente judicial, al considerar que se estaba implantando de forma que no agilizaba las actuaciones judiciales, sino que las ralentizaba. Ese reproche llegó a su vez, cuando aún estaban frescas las palabras del ministro arremetiendo contra el Consejo por no haber apartado antes al magistrado que redactó el voto particular del caso de La Manada.

Tras la negativa de los secretarios de Gobierno instada por Justicia, varios presidentes de TSJ les requirieron formalmente para que aportaran los datos, bajo la advertencia de que podían incurrir en desobediencia. Eso provocó que los secretarios pidieran amparo a Justicia. A través de una nota, el Colegio Nacional de Letrados Judiciales afirma que, en todo caso, "correspondería al CGPJ a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, recabar tantos datos como les sean necesarios de los propios Jueces y Magistrados que de ellos dependen".

El acuerdo de la Comisión Permanente concluye explicando que Carlos Lesmes contactará con Rafael Catalá "para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse".

La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Los datos reflejan una leve mejoría de España respecto a la media de duración de los procesos y la ratio de resolución de casos, aunque aún hay bastante margen de mejora. Por otro lado, aunque los ciudadanos siguen suspendiendo a la justicia española en independencia, aumenta el porcentaje de españoles que asegura confiar en ella.

España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, lo que supone un leve descenso respecto del reporte anterior. Es en los procesos civiles y mercantiles donde esta media aumenta hasta los 290 días, aunque este dato también supone una mejora respecto al periodo 2010-2015, cuando el proceso judicial se alargaba de media más de 300 días, según refleja un informe del Consejo de Europa con datos de 2016. En el caso de los procedimientos sobre defensa de los consumidores, los datos no arrojan variación, manteniéndose la media de duración en 200 días.

Este año el cuadro de indicadores presenta como novedad la publicación de datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias. Según los datos aportados por Bruselas en los procesos civiles España está el quinto país a la cola en este punto. Más de 200 días en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia.

En la jurisdicción contencioso administrativa España también se sitúa entre los países que más tardan en resolver litigios. En primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1000 días para resolver casos administrativos.

La tasa de resolución de litigios mejora respecto a la del año 2015, situándose en un 100%, salvo en el orden contencioso administrativo en el que baja el porcentaje (del 120 % al 100%).

Otra de las novedades del informe de este año es la inclusión de los datos referidos a los procesos judiciales por blanqueo de capitales. Al ser el primer año que se analiza este indicador no se puede hacer una valoración de la progresión al respecto. En 2016, según el informe de Bruselas, los jueces españoles tardaron 600 días de media en primera instancia en este tipo de procesos, ocupando el quinto puesto desde el final de la lista.

El Gobierno quiere aprobar una batería de reformas de justicia con un importante impacto económico, como son la reforma hipotecaria, la ley de regulación de secretos comerciales, la protección de datos o la “obra magna” de crear un nuevo código de comercio.

Una agenda que, no escondió, está a expensas de la supervivencia de un Gobierno a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas de Ciudadanos, tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel.

“Sería muy lamentable que ese tipo de proyectos y tantos otros en marcha no viesen la luz por intereses partidistas”, ha sostenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que considera injustificado que la oposición trate de menoscabar al Ejecutivo por una sentencia que solo condena al PP como beneficiario a título lucrativo. “Son múltiples proyectos legislativos que están en marcha. Ojalá tengamos tiempo político, parlamentario, suficiente para llevarlos a buen puerto”, reclamó.

Catalá ha avanzado que una de las reformas más ambiciosas que ultima el Ejecutivo es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modificación del Estatuto del Fiscal, que confía en impulsar a la vuelta del verano. El plan supondría modernizar el modelo español y permitir que los fiscales instruyan investigaciones, bajo la supervisión de los jueces, lo que entre otras cosas acabaría con el nuevo sistema de plazos de instrucción limitados.

Catalá también ha puesto el acento en la importancia de la reforma hipotecaria que busca reducir la litigiosidad hipotecaria y transponer la directiva europea que España lleva dos años de retraso en implantar. El ministro ha admitido que la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que multe a España por esta demora y ha recordado que si la aprobación no se acelera “es una posibilidad” que el país sea sancionado con hasta 100.000 euros por día de retraso.

Pero la “obra magna” de las reformas pendientes de Justicia, dijo Catalá, es el desarrollo de un nuevo Código de Comercio, que adapte la economía al nuevo mercado digital. El objetivo, explican desde el Ministerio, es "abordar su definición en el marco de la revisión de nuestro Derecho de Obligaciones y Contratos, con medidas que permitan sistematizar la actual normativa dispersa y heterogénea, o regular de manera expresa algunas figuras que hoy carecen de ese marco, como el merchandising o el bartering".

Además, el ministro ha recordado que el Ejecutivo trabaja en un texto refundido de la ley concursal o en el impulso definitivo de la nueva ley de protección de datos, así como en la ley de regulación de secretos empresariales que transponga la regulación europea y que Catalá presentó al Consejo de Ministros el pasado viernes.



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