Un aspecto que conviene dejar muy claro es que la existencia de señales de alerta no implica necesariamente que se haya producido un engaño contable. Lo que sí significa es que a medida que hay más señales de alerta, se eleva la probabilidad de que se haya producido (o se produzca en el futuro) un engaño contable.

Señales de alerta en el balance de situación

En el balance de situación, hay que prestar atención a cuentas como las siguientes:

• Cuentas generadas a través de transacciones complejas en las que es difícil entender la lógica, especialmente cuando se hacen con empresas relacionadas. Sería el caso de préstamos concedidos o recibidos en los que no queda claro ni su origen ni futuro.

• Activos por impuestos diferidos de importes elevados: Estos importes se activan cuando se producen pérdidas, pero sólo tienen sentido si hay el convencimiento de que la empresa generará beneficios en los próximos años, ya que en caso contrario se trata de un activo ficticio. La señal de alerta, la tendríamos en una sociedad en la que se han producido pérdidas muy relevantes en los últimos años y las perspectivas de futuro no están claras. En este caso, el activo por impuesto diferido puede no tener sentido ya que no está claro que la empresa tenga beneficios en el futuro, que es lo que permitiría deducirse las pérdidas de años anteriores.

• Activos no corrientes mantenidos para la venta: Esta partida a veces se utiliza para incrementar el activo corriente y así ofrecer una imagen de más liquidez. La señal la podríamos detectar cuando no se entiende la lógica de este tipo de activos, o bien cuando pasan los años y estos activos no se venden.

• Arrendamientos operativos dudosos. Se trata de activos no corrientes contratados en régimen de arrendamiento operativo con un contrato que tiene un plazo similar a la vida útil de los bienes. Al tener la consideración de arrendamiento operativo, en el balance no aparece ni el activo ni la deuda, ya que sólo se reflejan las cuotas pagadas como gastos en la cuenta de resultados. Sin embargo, al coincidir el plazo del contrato con la vida útil del bien, se podría pensar que se trata más bien de un arrendamiento financiero y que, por tanto, si debería reflejarse el activo y la deuda en el balance.

Otro aspecto a vigilar son las variaciones en las cuentas. Cuando se producen variaciones importantes no justificadas en cuentas. Nos estamos refiriendo a variaciones superiores a la variación de las ventas; y superiores también a lo que está sucediendo en empresas comparables del sector.

Ejemplos de cuentas a vigilar en caso de que tengan variaciones relevantes.

- Trabajos realizados para el inmovilizado.

- Investigación y desarrollo.

- Otras cuentas de activo no corriente que incluyen activación de gastos.

- Existencias.

- Clientes.

- Remuneraciones pendientes de pago.

En el caso de empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

Durante el ejercicio 2017: A aquellos empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral cuyo volumen total de operaciones en el año anterior (2016) hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, les resultó de aplicación el SII de acuerdo con la normativa estatal.

A partir del ejercicio 2018:

- Aquellos empresarios con domicilio fiscal en la Hacienda foral navarra, cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

- Aquellos empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral vasca, cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 10 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal.

“La economía española seguirá creciendo en 2018 y 2019 a un ritmo sólido, aunque más moderado", ha considerado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello ha aumentado sus previsiones de crecimiento del PIB al 2,8% este año y al 2,4%, el próximo, lo que supone tres y cinco décimas más, respectivamente, que lo que habían previsto en noviembre.

Si bien, esta buena marcha no está exenta de riesgos, según los expertos de esta organización. Y uno de ellos es la última subida de las pensiones, ya que, en opinión de la OCDE "la aplicación de la reforma de las pensiones resulta clave para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo". Consecuentemente, el pacto del Gobierno con el PNV que incumple los dos factores creados en la última reforma de pensiones --el de revalorización y el de sostenibilidad-- pone en entredicho las garantías de equilibrio financiero de la economía española para los próximos años.

Según distintos cálculos la aplicación de estos factores aprobados en 2013 supondría alrededor del 30% del control del incremento del gasto para el futuro en pensiones para hacerlo sostenible, mientras que el 70% de dicho freno al gasto provendría de la reforma socialista de 2011.

Económicamente, solo la subida de pensiones del 1,6% prevista para este año y para 2019 tendrá un coste acumulado hasta el año 2030 en de casi 40.000 millones de euros, según un cálculo elaborado por BBVA Resecar. Y esto suponiendo que en 2020 volviera a aplicarse el índice de revalorización creado en 2013, que fija una subida máxima del 0,25% de las pensiones siempre que haya déficit en el sistema de Seguridad Social.

No obstante, pese a esta advertencia, las previsiones de la OCDE para España son buenas y colocan su crecimiento económico por delante de la media de crecimiento del PIB de la zona euro (2,2% para 2018; y 2,1%, para 2019). Y también por delante de sus principales socios como Alemania, que prevén que crezca un 2,1% este año y el próximo; o Francia (1,9% también para ambos ejercicios).

Según la OCDE las condiciones económicas favorables y la fuerte creación de empleo continuarán sustentando la demanda privada nacional. Mientras que las exportaciones también continuarán contribuyendo de forma clave al crecimiento del PIB, aseguran estos expertos.

Además, consideran que esta revisión al alza de las previsiones para España ha sido posible porque "hasta el momento se han contenido las consecuencias económicas de la incertidumbre política en torno a Cataluña". Si bien, al mismo tiempo, desde la OCDE apuntan que "la persistente incertidumbre en Cataluña podría mermar aún más la confianza y golpear la demanda interna".

¿Qué otros riesgos ven desde la OCDE para el crecimiento de la economía española? Entre otros, apuntan a una posible subida de los precios del petróleo, que podría ejercer presión sobre la inflación --que se sitúa ya en el 2%--. También alerta sobre la posibilidad de que el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, "podría tener dificultades para seguir adelante con el programa nacional de reformas".

Precisamente, dentro del capítulo de reformas, estos analistas piden al Ejecutivo que se centren en el mercado laboral y en el sistema tributario. La primera de ellas debería estar orientada a incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo "y a reducir la dualidad mediante una mejor supervisión del abuso del empleo temporal". Seguidamente aconsejan una nueva reforma fiscal "que elimine gradualmente las exenciones existentes y mejore aún más la administración del IVA". Asimismo, recomiendan un mayor uso de los impuestos medioambientales.

Dicho todo esto, la OCDE también detecta elementos que podrían contrarrestar todos estos riesgos e impulsar el crecimiento por encima de las perspectivas. Se trata del aumento de la inversión en construcción y una demanda más sólida por parte de Europa, que es principal destino de las exportaciones de España.

Los datos de ejecución presupuestaria conocidos reflejan que la recaudación del IRPF y el IVA mantienen su senda de crecimiento hasta el mes de abril, sin embargo, los ingresos por el impuesto sobre sociedades cayeron un 22,2% en el primer cuatrimestre del año, respecto al mismo período del año anterior. La recaudación fiscal total aumentó un 4,6%, una cifra que sería del 5,5% si se descuenta el impacto del suministro inmediato de información, el proyecto que obliga a las grandes empresas a informar del IVA en tiempo real.

De momento, los ingresos tributarios crecen menos que las estimaciones anuales incluidas en el Presupuesto. Aunque también es cierto que cuatro meses es un período de tiempo corto, que no permite realizar afirmaciones categóricas ni sacar conclusiones definitivas.

Resulta llamativa de la estadística publicada hoy por Hacienda la reducción de ingresos en el impuesto sobre sociedades. En el mes de abril se realiza el primer pago a cuenta de este tributo que grava los beneficios empresariales. En el primer cuatrimestre, Hacienda ingresó 1.584 millones por el impuesto sobre sociedades, un 22,2% menos que en el mismo período del año anterior. La caída no refleja un descenso de las ganancias, sino que es una consecuencia de las mayores devoluciones fiscales de la campaña de 2016, que se presenta en julio de 2017. Los reintegros que realiza la Agencia Tributaria provocan esta caída de la recaudación en términos de caja. Si se aísla este efecto, los ingresos aumentarían un 3,3% en términos homogéneos.

Sin embargo, se trata de un ascenso modesto. El informe de Hacienda señala que los pagos a cuenta del impuesto se han estancado. El principal motivo es que los grupos consolidados han reducido un 8,6% su aportación al declarar un 10% menos de beneficios. En cambio, las grandes empresas no pertenecientes a grupos han aumentado sus ganancias declaradas un 5%.

En el IRPF, el tributo más relevante del sistema fiscal español, la recaudación mejora por el mayor empleo. El tributo aportó a las arcas públicas 29.603 millones, un 6,5% más que el año anterior. El aumento se debe al incremento de las retenciones del trabajo y de actividades económicas. Hacienda recaudó por IVA, el impuesto que grava el consumo, 29.143 millones, un 4,5% más. En los Presupuestos, el Ejecutivo confía en que los ingresos aumenten un 12,5%.

A pesar de la caída del impuesto sobre sociedades, la buena evolución de los ingresos ha permitido al Estado reducir su déficit público. Los números rojos ascendieron en abril al 0,49% del PIB frente al 0,66% registrado hace un año. Significa que el déficit ha bajado en 1.700 millones. También las comunidades autónomas y la Seguridad Social han mejorado sus cifras.

España se ha comprometido con Bruselas a reducir su déficit público del 3,1% registrado el año pasado al 2,2%. Se trata de un esfuerzo considerable. Teniendo en cuenta las medidas incluidas en los Presupuestos -subida de las pensiones, aumento del salario de los funcionarios o rebaja del IRPF- la mayoría de analistas y también las previsiones de la Comisión Europea apuestan a que España incumplirá su objetivo de estabilidad.

Román Escolano, ministro de Economía, Industria y Competitividad, ha aprovechado la luz verde del Congreso a los presupuestos de 2018 para mandar a sus colegas europeos un mensaje de calma y tranquilidad con la economía española. "Los presupuestos son un mensaje de estabilidad política y de estabilidad económica", ha asegurado Escolano a su llegada a la reunión con el resto de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, que se celebra esta tarde en Bruselas.

"España se ve como un ancla de estabilidad, un escenario de estabilidad política y de crecimiento económico [...] como un aporte de confianza en un momento en que Europa tiene muchos debates importantes", ha subrayado el ministro al ser preguntado si temía que la sentencia del caso 'Gürtel' afecte a la confianza de los socios europeos en el Gobierno. Entre esos debates está sin duda la interrogante del nuevo Gobierno italiano, que estará formado por dos formaciones políticas, Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas, claramente anti-euro y con un marcado perfil euroescéptico.

Desde que se agudizó la crisis constitucional en Cataluña, la aprobación de las cuentas de 2018 es una de las pocas buenas noticias que el Ejecutivo español ha podido llevar a Bruselas. Ese visto bueno llegó además el mismo día que el Ejecutivo comunitario aseguró que el borrador presupuestario remitido por España cumplía "en líneas generales" con las normas del Plan de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión cree que el déficit español de 2018 se situará en el 2,6% del PIB (2,7% si se tiene en cuenta la subida de las pensiones). Esto son cuatro o cinco décimas por encima del objetivo del 2,2% pero todavía por debajo del tope del 3% que marcan las normas fiscales europeas.

Aunque en Bruselas pidieron preparar nuevas medidas de ajuste si se confirma ese desvío, Escolano ha enfriado la posibilidad de que eso ocurra recordando que "el gran objetivo" es bajar el déficit por debajo de ese 3%: "La Comisión Europea declaró que España cumple en general con las previsiones de las normas europeas. Vamos a estar por debajo del gran objetivo que tenemos este año, que es del 3%", ha afirmado el ministro, quien también ha subrayado que la Comisión "avala" el cuadro macroeconómico del Gobierno.

Sobre el esfuerzo estructural del 0,65% del PIB que solicita la Comisión para 2019, unos 7.600 millones de euros, Escolano también ha marcado distancias y ha recordado que "la economía española tiene que seguir creciendo y hacer ese ajuste de forma gradual de forma que no se estrangule la recuperación".

El Congreso ha dado el visto bueno este miércoles a los Presupuestos de 2018 y su definitiva aprobación ya solo requiere un trámite formal como es el visto bueno del Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. La incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento por la ambigüedad del PNV, que durante meses aseguró que no facilitaría la aprobación de los Presupuestos mientras se mantuviera la intervención de la Generalitat por parte del Estado a través del artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, finalmente, han pesado más los intereses económicos. Los Presupuestos contemplan un incremento de la inversión en torno al 30% para el País Vasco y, además, Hacienda aceptó una renovación del cupo vasco muy beneficiosa para los intereses de la comunidad foral. El PNV anunció antes de que finalizara la sesión en el Congreso que votaría sí "por responsabilidad y poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del partico".

Así, los Presupuestos se encaminarán hacía el BOE con el aval de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Las cuentas de 2018 son el reflejo, sobre todo, de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos, el principal socio del Gobierno. Las cuentas contemplan una rebaja fiscal para rentas bajas. Así, el mínimo a partir del cual se empieza a pagar IRPF sube de 12.000 euros a 14.000 euros. Además, la cuota a pagar también se reduce para quienes tiene nóminas entre 14.000 y 18.000 euros. La reducción tributaria se ha articulado a través de un incremento de la reducción por rendimiento del trabajo, un beneficio fiscal que decrece a medida que aumenta la renta hasta desparece a partir de los 18.000 euros. La consecuencia de ello es que, a pesar de la rebaja fiscal, el tipo marginal efectivo, es decir, lo que se tributa por cada euro de más que cobra el trabajador se dispara hasta el 62,5%.

También en el ámbito fiscal, se ha ampliado la deducción por maternidad de 1.200 euros se amplíe con hasta 1.000 euros adicionales en los casos en los que la madre incurra en gastos de guardería para niños menores de tres años. Además, los Presupuestos amplían los beneficios fiscales para las familias numerosas. Las rebajas y ayudas tributarias elevarán la renta disponible de 4,1 millones de contribuyentes, según los cálculos de la Agencia Tributaria.

Es uno de los colectivos más beneficiado por los Presupuestos. Inicialmente, el Gobierno pactó con Ciudadanos un incremento de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% y un del 2% para las de viudedad. Además, las más bajas debían subir entre el 1% y el 1,5%. Posteriormente, el PNV fue un paso más allá y arrancó de Hacienda el compromiso de establecer una subida del 1,6% para todos los pensionistas y, además, se pactó retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. En el País Vasco es donde se han producido las mayores protestas de los jubilados y también es donde se cobran las pensiones mayores y que, por lo tanto, quedaban fuera de la mejora inicial con Ciudadanos. La formación naranja, el PNV y el PP han batallado para ponerse la medalla del incremento de las pensiones.

Hacienda y los sindicatos del sector público sellaron también un acuerdo que verá la luz con los Presupuestos. El sueldo de los funcionarios aumentará un 1,75% este año y podría llegar al 1,95% en función de la parte variable. El pacto alcanzado es de largo alcance e incluye también las mejoras salariales hasta 2020. Los funcionarios tienen asegurado que su sueldo aumentará un 6,12% entre 2018 y 2020 y podría llegar al 6,9% en función de variables como la evolución del PIB.

Las medidas de incremento del gasto público y reducciones de impuestos que contemplan los Presupuestos han puesto en alerta a los analistas ante el riesgo de que España incumpla el objetivo de déficit público. De hecho, ayer mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió un informe aseguran que España incumplirá los objetivos de estabilidad comprometido con Bruselas durante el período 2018 y 2021. Estima que el gasto aumentará más de lo previsto por el Ejecutivo.

También el informe anual del Banco de España recomienda que la política fiscal vaya justo en la dirección contraria fijada por el Gobierno en los Presupuestos. Recomienda, por ejemplo, que reduzca el peso de los tipos reducidos de IVA. En cambio, las cuentas públicas contemplan bajar el IVA del cine del tipo general del 21% al reducido del 10%. El PDeCAT y el PP también pactaron una enmienda para reducir el IVA de la dependencia al 4%.

Los Presupuestos expansivos impiden que España reduzca su déficit estructural, es decir, los números rojos en una situación de neutralidad económica, sin expansión ni recesión. Así lo advierte la Comisión Europea. El sector público cerró con un déficit del 3,1% en 2017 y este año bajará del nivel del 3%. Cuando ello suceda, saldrá del brazo corrector de la UE. Sin embargo, Bruselas exigirá entonces que España reduzca su déficit a mayor velocidad. Significa que la etapa de los recortes del gasto y de las subidas fiscales, quizás no ha acabado.

El supervisor recuerda al Gobierno la larga lista de tareas pendientes que debería abordar sin más dilaciones si quiere garantizar a medio y largo plazo una tasa razonable de incremento del producto interior bruto (PIB).

Así, destaca cómo la economía española ha completado una fase de crecimiento de más de cuatro años. Desde finales de 2013, el PIB ha crecido casi un 13% en términos acumulados, sobrepasando desde mediados de 2017 el nivel precrisis. En términos per cápita, el PIB se situó, al cierre del año pasado, casi un 1% por encima del nivel de 2007, recuperándose una parte de la pérdida acumulada frente al promedio de los países del área del euro durante la crisis.

El supervisor admite que este buen comportamiento de la actividad sorprendió a propios y extraños y se congratula de que ese mayor avance del PIB, que superó todas las previsiones, se esté llevando a cabo de una manera más equilibrada que lo ocurrido en anteriores recuperaciones. Destaca que buena parte de esa actividad se esté traduciendo en una mayor creación de empleo, pero, al mismo tiempo, y aquí viene el primer reproche a la política del Gobierno, subraya que la tasa de paro de finales de 2017, del 16,7%, continúa siendo muy elevada.

En este sentido, advierte que la economía española continúa presentando elemento de vulnerabilidad, que se unen a un entorno exterior donde persisten ciertos focos de riesgo e inestabilidad. "A pesar de los avances en la reducción del déficit público, el desequilibrio presupuestario estructural continúa siendo pronunciado y la corrección del elevado endeudamiento del sector está manifestándose, hasta la fecha, muy modesta", resalta el informe.

Por todo ello, el Banco de España marca al Ejecutivo la que, en su opinión, debería ser la agenda de reformas más urgentes que no pueden retrasarse por más tiempo dado que las condiciones tan favorables de financiación tienden a agotarse (ante los próximos cambios en la política monetaria). En insiste en que los llamados vientos de cola, como son los precios moderados de las materias primas o un expansivo entorno internacional, también parecen tener los días contados.

Para no decaer en la tarea de reducir el déficit estructural, el Banco de España recomienda actuar sobre el lado de los gastos, ya que cree que todavía existe margen para reducir ineficiencias, pero también sobre los ingresos.

Dice la institución que preside Luis María Linde que "existen márgenes para considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento potencial. En este sentido, los análisis disponibles muestran que España presenta un menor peso de la imposición al consumo sobre PIB que la media de la UE, lo que se refleja en una menor recaudación tanto por IVA como por impuestos especiales, en particular medioambientales".

Dicho de otra manera, el Banco de España ve margen para un nuevo incremento del principal impuesto indirecto, el IVA, y también recuerda que el sistema impositivo español cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado. Con ello se refiere a la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, "que tienden a generar pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad".

En parte es lógico que sea así, la tasa de paro todavía es muy alta (16,7%), pero entre economistas y organismos internacionales como el FMI o la OCDE llama la atención y alerta casi a partes iguales. Y con los datos que este martes publicó el INE no hay motivos para pensar que estas opiniones vayan a cambiar.

El sueldo medio apenas creció un 0,2%, quedó en 23.156,34 euros anuales, y el mediano, el que divide el conjunto analizado en dos mitades iguales según el nivel de ingresos, también se redujo, hasta los 19.433 euros brutos.

Este es un claro síntoma (otro) de que la gran creación de empleo que se está dando en los últimos años —también se dio en 2016— es precario y barato. También de que dentro del mundo laboral no se reduce la desigualdad, puesto que quienes están en la mitad con salarios más bajos ganan menos y quienes están en la más alta gana más, tanto como para compensar el retroceso del escalón más bajo.

Lo mismo indica la marcha del salario más frecuente, que quedó en 16.497,4 euros y que vinieron a cobrar en torno a medio millón de asalariados. Este sueldo bruto es prácticamente el mismo que un año antes, cuando quedó en 14.498,4. Esta cantidad es también algo mayor, pero no mucho que justo un año antes (14.490 euros brutos).

La hipótesis de que el anémico comportamiento de los sueldos en los últimos ejercicios no está reduciendo desigualdad dentro del mundo laboral la se sostiene cuando se observa la evolución del índice Gini entre los asalariados. Este indicador, que mide la desigualdad con un termómetro entre 0 y 100 (también entre 0 y uno) en el que 0 en la igualdad absoluta y 100 más desigualdad máxima, se sitúa en el 34,3.

Este índice es el mismo que se marcó en 2015 y se sitúa cuatro décimas por debajo del que se alcanzó en 2014, ejercicio en que se situó en el máximo desde que comenzó la crisis en 2008. Cuando se compara con ese momento, en que empezó la primera recesión, la desigualdad medida según Gini sigue todavía 2,1 puntos por encima.

El sueldo medio anual por trabajador ascendió a 23.156 euros en 2016, un 0,2% más que el ejercicio anterior. Así lo refleja la encuesta anual de estructura salarial publicada hoy por el INE. El dato del salario medio no solo está influido por la evolución salarial, sino también por las características de los trabajadores que entran y salen del mercado laboral. Por ejemplo, al inicio de la crisis, el salario medio en España aumentó porque en un primer momento la destrucción de empleo afecto a los empleados más precarios. En cualquier caso, los datos del INE sugieren que los salarios están estancados y pierden poder adquisitivo. De hecho, la ganancia media por hora cayó un 1,2% en las jornadas a tiempo completo hasta situarse en 15,55 euros. En el caso de los contratos a tiempo parcial, el salario aumentó un 0,5% hasta los 10,67 euros la hora.

Entre hombres y mujeres se producen grandes diferencias. El salario medio entre los varones alcanza los 25.924 euros frente a los 20.131 euros de las mujeres, que tienen mayor peso en los trabajos a tiempo parcial.

Es en el País Vasco donde se gana el salario medio más elevado (27.480 euros), seguido de Madrid (26.330 euros) y Navarra (25.468 euros). En el lado opuesto sobresale Extremadura (19.475 euros), Canarias (19749 euros) y Castilla-La Mancha (20.826 euros).

El sueldo más frecuente en España no llega a los 16.500 euros, un nivel muy bajo. Además, este sueldo se encuentra en los tramos que sufren un tipo marginal en el IRPF mayor. Es decir, que pagan más impuestos por cada euro adicional que ganan.

Según los datos del INE, la nómina del 45,7% de los españoles no llega a dos veces el salario mínimo, es decir, ingresa menos de 18.345 euros. Los que ganan más de seis veces el salario mínimo (55.072 euros) están por debajo del 6% del total de asalariados.

Los sectores con mayores retribuciones son las empresas de suministro de energía, de actividades financieras y de información y comunicaciones. En la hostelería es allí donde se gana menos dinero. En un país donde el turismo tiene un peso relevante en el PIB, los bajos precios en la hostelería explican en parte el bajo nivel retributivo de España.

La crisis económica que se inició hace más de diez años golpeó con extrema virulencia el mercado de trabajo. Las reducciones de plantilla o los ajustes salariales han sido la tónica habitual en los últimos años. Ahora, la economía española suma ya cuatro años creciendo y en los últimos tres a ritmos superiores al 3%. En este contexto, cada vez más voces señalan que ha llegado el momento de incrementar los salarios y más con un IPC a tasas positivas. El Gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, ha animado a las empresas a repercutir la mejora económica en las nóminas de sus empleados. También el servicio de estudios del BBVA ha defendido que ha llegado el momento de incrementar los salarios. También el Banco de España constató en su último informe anual que la ganancia de competitividad de la economía española frente a la zona euro han recaído más en los ajustes de salario que en los márgenes empresariales. De hecho, el supervisor indica que el aumento de los márgenes en la actual fase cíclica podría reflejar la falta de competencia en algunos sectores.

La negociación para el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos se encuentra bloqueada. Cada una de las partes acusa a la otra de no tener voluntad para llegar a un acuerdo. La CEOE propone alzas de hasta el 2% para los sueldos más bajos y los sindicatos reclaman más del 3%. Además, la patronal exige que las mejoras salariales se vinculen a la productividad.

La subida salarial al margen de los convenios oscilará este año entre el 2,7% y el 2,9%, mientras que para los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva se situará entre el 2,6% y el 2,8%, considerándose un IPC medio del 1,4%. Así lo refleja el informe 'Tendencias Retributivas y de RRHH 2018', elaborado por KPMG Abogados, cuyas conclusiones se basan en una encuesta realizada a cerca de 100 empresas de diversos sectores y tamaños.

Para las empresas encuestadas, el principal criterio para aplicar subidas salariales es el mérito (62%) por encima de otros factores, como el coste de vida. En este sentido, el 62% de las empresas tienen establecidos sistemas objetivos para la evaluación del desempeño y el 72% por ciento asegura que revisó sus sistemas de gestión del desempeño en 2017. Además, tres de cada cuatro compañías afirman tener una estructura retributiva formalizada de clasificación de niveles y bandas retributivas. Dentro de los sistemas de retribución variable a corto plazo, los más habituales son los basados en objetivos (98%), las comisiones para personal de ventas (47%) y los bonos discrecionales para mandos medios (20%).

En lo relativo a la retribución variable a largo plazo, el 51% de los encuestados cuenta con programas 'rolling plan', en los que el incentivo se devenga durante un periodo determinado pero la concesión y el pago del mismo se fracciona a lo largo de varios años. Por su parte, el 49% restante tiene programas 'one off', en los que el incentivo se devenga en el periodo plurianual que se defina y el pago se produce íntegramente en un único momento. Los sistemas más utilizados en este tipo de retribución son los bonos en metálico sujetos a objetivos (73%) y las acciones condicionadas al cumplimiento de los mismos (41%).

Los españoles más ricos -aquellos que se encuentran en el 10% más alto de la escala- pasaron de acumular el 44% de la riqueza de los hogares españoles en 2008 al 53% en 2014, según el informe La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España publicado este lunes por el Banco de España. Este informe aborda cómo ha afectado la crisis económica a la renta y la riqueza de las familias y cómo esto ha influido en la desigualdad.

Así, el documento concluye que la desigualdad en la riqueza "creció de forma significativa durante la crisis", ya que mientras los activos reales, que es donde concentran la riqueza los hogares más pobres, perdieron un 30% de su valor en estos años, los activos financieros, que es donde invierte la población más acaudalada, aumentaron su valor. Esta evolución de la riqueza también supuso una caída del porcentaje de hogares con menor renta que invirtió en activos inmobiliarios, ya que la propiedad de vivienda de este colectivo cayó del 78% al 67% en esos años.

El Banco de España apunta que el salario por hora se mantuvo estable durante la crisis, aunque aumentó el paro y se redujeron las horas trabajadas, lo que repercutió en el salario real, que cayó un 30% entre el 10% de la población con menor renta y solo un 5% entre la población con mayor renta. La fuerte destrucción de empleo, explica el informe, afectó especialmente a jóvenes con poca formación y antigüedad, tres factores que se dan entre la parte bajan de los salarios, el mismo colectivo que más acusó la reducción de las horas trabajadas.

El Banco de España constata que entre 2006 y 2014 se redujeron las diferencias salariales por edad y antigüedad, si bien puntualiza que se debe a que los salarios se acercaron a los mínimos establecidos en los convenios colectivos. Frente al aumento de la desigualdad en la renta salarial individual, esta disminuyó en la renta bruta de los hogares, debido fundamentalmente a que las pensiones evolucionaron mejor que los salarios y los hogares con pensionistas están sobrerrepresentados entre los hogares más pobres.

La destrucción de empleo incrementó la desigualdad, explica, aunque su efecto se vio mitigado por las prestaciones, que pasaron de suponer el 8% de la renta de los hogares más pobres antes de la crisis al 30% en 2014.En cualquier caso, el 20% de hogares con menores ingresos perdió más del 15% de su renta per cápita en estos años, frente al 5% de los más ricos.

Aun así, el Banco de España detalla que la crisis económica derivó en una serie de sucesos socioeconómicos: aumento de la tasa de actividad femenina, caída de la tasa de natalidad -los nacimientos pasaron de 44,7 a 39,1 niños por cada 1.000 mujeres-, emigración -casi se duplicó entre extranjeros y se triplicó entre españoles-, retraso en la emancipación de jóvenes o reagrupación familiar por estabilidad de las pensiones.

Los asalariados españoles cobran de media 361 euros menos al mes que los europeos. Esa brecha se ha agrandado en el último año puesto que mientras en Europa los sueldos han crecido (un 3,3%), en España se han mantenido estancados (aumentaron 0,2%). Son datos que se extraen del VI Montitor Anual Adecco sobre Salarios, publicado esta mañana.

En términos absolutos, el informe sostiene que el salario medio en Europa es de 2.000 euros al mes por 12 pagas, mientras que en España se sitúa en 1.639 euros. La brecha ha crecido desde los 298 euros del año pasado a los citados 361 euros. En términos porcentuales la brecha se ha incrementado desde un 15,4% a un 18%.

En el caso de Catalunya como en la comunidad el sueldo medio es algo superior al conjunto del Estado las diferencias con Europa son menores. Los catalanes cobran de media 275 euros menos que los europeos. El año pasado la diferencia era de 212 euros. El incremento obedece como en el caso de España a que en Catalunya hubo también prácticamente congelación en relación con el año anterior: se incrementó el sueldo medio en un 0,2%.

Según el informe de Adecco “el salario medio de España tiene, respecto de la media europea, una desventaja proporcionalmente similar a la que tiene Extremadura del conjunto español”. En Europa las diferencias más grandes se dan entre Dinamarca (3.807 euros al mes) y Bulgaria (407 euros). Esa brecha obliga a que “en un solo mes un trabajador medio danés cobra lo mismo que un colega búlgaro en más de 9 meses”. Cuando se compara España con la primera economía de Europa (Alemania) se aprecia que el asalariado medio español debe trabajar 20 meses para ingresar el sueldo medio anual de un alemán.

Pese a esas grandes diferencias. España se sitúa en la zona media de la tabla europea. Un total de 15 países (especialmente los de la Europa del Este) tienen un sueldo menor que el de España. En cambio, en otros 12 países el sueldo es superior.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,9% en mayo en relación al mes anterior y elevó nueve décimas su tasa interanual, hasta el 2%, su nivel más alto desde abril de 2017, según el indicador adelantado publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística señala que en el repunte de la tasa interanual del IPC de mayo ha influido principalmente el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, frente al descenso de precios que experimentaron en igual mes del año pasado.

La tasa interanual de mayo es la vigésima primera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2% superiores a los de hace un año. Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. Ahora, en mayo, ya se ha alcanzado la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017 (2,6%).

En el quinto mes de 2018, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,1%, un punto por encima de la registrada en abril, mientras que la variación mensual fue del 0,9%. En términos mensuales, el IPC subió un 0,9% en mayo, su mayor repunte en este mes en al menos 12 años. El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 13 de junio.

Las tensiones en la renta fija periférica llevan a los inversores a revivir los peores momentos de 2012 cuando el ascenso de las rentabilidades en el mercado de deuda y los rescates a Grecia, Portugal, Irlanda y la banca española hacían presagiar la ruptura del euro. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad que impera en las últimas sesiones, con Italia y España en la diana, los expertos afirman que las diferencias con lo acontecido hace seis años son importantes.

Cristina Gavín, gestora de renta fija de Ibercaja, defiende que la coyuntura actual es totalmente distinta. “En 2012 las tasas de crecimiento en la zona euro y EE UU eran negativas. Los inversores dudaban de la capacidad de los países para hacer frente a la deuda en un entorno de caída de crecimiento a lo que se sumó la crisis de solvencia de la banca”, remarca la experta.

Por contra, lo que sucede en la actualidad obedece a un problema de índole político –la incapacidad de Italia para formar Gobierno– y de confianza. Una idea, esta última, sobre la que incidió ayer el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, que advirtió de que el país está a “muy poco pasos” de perder la confianza, en un momento en el que la economía italiana vive una de sus peores crisis institucionales con el resurgir de las formaciones políticas euroescépticas.

“Italia vuelve a poner encima de la mesa el populismo”, indica David Ardura, director de gestión de Gesconsult. Esto tiene su reflejo en la rentabilidad de la deuda a 10 años transalpina que ayer repuntó 50 puntos básicos, llegando a rebasar el 3% (3,17%). Es decir, los bonos con vencimiento en 2028 retornan a niveles de mayo de 2014 antes de que el BCE pusiera en marcha su programa de compra de deuda conocido como QE.

Donde más se está dejando notar la presión de los inversores sobre la tercera mayor economía del mundo es en los plazos más cortos. La rentabilidad del bono a cinco años pasa del 1,74% al 2,83% mientras los títulos con vencimiento en 2020 sufrieron ayer su peor sesión desde 1992 y concluyeron en el 2,73%, 185 puntos básicos más que el lunes.

“Lo más preocupante es la situación del mercado a corto plazo si tenemos en cuenta que el BCE mantendrá los tipos bajos en los próximos meses”, afirma Javier Ferrer, director de tipos de interés de Ahorro Corporación. De hecho, el ascenso experimentado por la deuda con vencimientos más cortos pone de manifiesto el aplanamiento de la curva de tipos.

A la incertidumbre política de Italia se suma la inestabilidad que genera en el panorama nacional la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. Aunque son pocos los que confían en que prospere, los inversores temen la convocatoria de elecciones anticipadas. Todo esto lleva a la rentabilidad de la deuda española a diez años a escalar al 1,62% y decir adiós a las ganancias que venía registrando en el año como consecuencia del espaldarazo dado por las agencias de rating a la economía española. Por su parte, el bono a cinco años pasó del 0,48% al 0,55% y la deuda a dos entró en terreno positivo (0,073%), registrando niveles de julio de 2016. “Los inversores extranjeros están aprovechando el desconcierto político para vender activos españoles e italianos y llevar el dinero a otros mercados que ofrecen lo mismo o menos, pero que no están penalizados por el riesgo”, explica Ángel Pérez, analista de Renta 4.

Aunque la rentabilidad de la deuda ha experimentado un fuerte repunte en las últimas jornadas, se encuentra lejos del 7% que llegó a marcar la deuda española a diez años en julio de 2012. "Los costes de financiación en aquel momento eran altísimos e insostenibles", apunta Pérez. Asimismo, el experto señala que, si bien es cierto que las fuerzas políticas italianas amenazan la estabilidad del euro, Mario Draghi ya indicó en julio de 2012 que haría todo lo que estuviera en sus manos para garantizar el futuro de la moneda única.

“El mercado se había acostumbrado a valorar a España como un país semicore que supo resistir las embestidas de la crisis catalana”, sostiene David Ardura. No obstante, el gestor descarta un efecto contagio como el de 2012 y considera que la principal consecuencia del panorama actual es el retraso de la retirada de estímulos por parte del BCE. De hecho, los futuros que rebajan la probabilidad de subida de los tipos en 2019 al 30% desde el 60% que registraban la semana pasada o el 90% de comienzos de mayo.

La deuda alemana vuelve a actuar como valor refugio y su rentabilidad baja al 0,27%, lejos del 0,7% que macó en febrero. Con todo esto, la prima de riesgo italiana sube 52 puntos básicos, hasta los 287, unos niveles que superan las previsiones de las firmas de análisis sobre el impacto de las elecciones y llevan al diferencial a cotas de julio de 2013. Por su parte, el riesgo país español sube 16 puntos básicos, hasta los 133, lejos de los mínimos del año.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, despejó ayer por la tarde la gran incógnita, el nombre del sustituto de Luis María Linde como gobernador del Banco de España. Será Pablo Hernández de Cos, actual director general de economía y estadística de la institución con sede en la madrileña calle de Alcalá.

El ministro de Economía, Román Escolano, presentará hoy en el Congreso de los Diputados a Hernández de Cos como candidato. De esta forma, se cumplen los plazos establecidos por la Ley de Autonomía del Banco de España para la elección de gobernador, una vez que el próximo 8 de junio Linde debe abandonar su puesto tras seis años al frente de la institución supervisora, sin posibilidad de prorrogarlo ni un día más, según explicó el mismo la semana pasada.

Ahora falta por despejar el nombre del nuevo subgobernador, que sustituirá a Javier Alonso, aunque esta designación no corre tanta prisa ya que los elige el gobernador, y el actual número dos del Banco de España tiene aún cuatro años por delante para permanecer en su cargo, ya que solo lleva dos ejercicios. Alonso, sin embargo, cuando asumió este puesto dejó claro que su objetivo era irse con Linde.

Fuentes financieras, no obstante, aseguran que varios bancos han pedido a Alonso que se quede como subgobernador. Incluso dentro del propio Banco de España le han solicitado que se quede, por lo menos, un año más.

“Pablo Hernández de Cos es un excelente candidato al puesto de gobernador debido a su gran capacitación técnica, en particular en asuntos bancarios y monetarios; su independencia política; y su experiencia y prestigio en el Banco de España y en el Banco Central Europeo. Es titulado del servicio de estudios del Banco de España. En el BCE ha ocupado diferentes cargos desde el año 2000, y desde 2015 ejerce como alterno del actual gobernador en el consejo de Gobierno (el principal órgano decisivo del BCE). La voluntad del Gobierno ha sido realizar un nombramiento basado en la profesionalidad, la independencia y el mérito del candidato, lo que queda respaldado por el currículum y trayectoria de Hernández de Cos”, explican desde el ministerio de Economía.

El currículum de Hernández de Cos, de hecho, encajaría, según las fuentes consultadas, con el que PP y PSOE han estado negociando, afirman fuentes políticas. De ahí, que aseguren que el subgobernador o subgobernadora será elegido por el PSOE, pese al tsunami desatado por el caso Gürtel, y que ha llevado al grupo socialista a presentar una moción de censura que se discutirá en el Congreso los próximos jueves y viernes. Tradicionalmente el PP y el PSOE alcanzaban un acuerdo a la hora de renovar la cúpula del Banco de España.

El nombre que ayer por la tarde sonaba más para desempeñar este cargo, era el de Margarita Delgado, actual directora general adjunta de Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Delgado se conoce a la perfección el Banco de España donde trabajó desde 1988 hasta 2014, año en el que accedió al BCE. Entonces era directora del departamento de inspección de la institución supervisora española.

Solo si el PSOE no acepta finalmente al candidato del PP, el Gobierno podría volver a insistir con Alonso, o ya elegir a otro candidato, ya que, según la Ley de Autonomía del Banco de España, su artículo 24, punto 2 dice: “el subgobernador será designado por el Gobierno, a propuesta del gobernador, y deberá reunir sus mismas condiciones”.

Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2016, hoy ha comenzado su plena aplicación, por lo que se termina el plazo que han tenido todas las organizaciones para adaptar sus políticas y organigramas a esta nueva realidad. Día D para todas aquellas empresas que en su día a día gestionen datos de ciudadanos europeos. A partir de este viernes rige el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Un cambio legal que busca proteger aún más al usuario y que abre la puerta a fuertes sanciones por incumplimientos.

La empresa española no escapa. Con los deberes a medias en muchos casos, los expertos llaman a aprovechar la ocasión, y en lugar de verlo como un imperativo legal afrontarlo como una oportunidad de estrechar la relación y confianza con el cliente. Se es positivo, pero algunas no llegan a la fecha preparadas.

Entre los grandes cambios, las compañías deberán contar con el consentimiento explícito de los usuarios para el uso de sus datos; aclarar qué información tienen, dónde, por cuanto tiempo, quién la usa y para qué; cumplir con el derecho al olvido; y nombrar a un delegado de datos que velará por el cumplimiento de la normativa.

La transición puede resultar suave. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que se venía aplicando tiene en España una de sus aplicaciones “más restrictivas” en Europa. “Es un punto de partida bueno”, cree Carmen Dufur, directora de estrategia de ciberseguridad en Capgemini España. “No hay que alarmarse”, dice sobre las que aún tienen tareas pendientes, si bien reconoce que a algunas empresas “se les ha echado el tiempo encima”.

En esa carrera contra el reloj las grandes juegan con la ventaja equipos más amplios y más capacidad de inversión. La adaptación puede ser un poco más complicada en las pymes, el grueso del tejido empresarial español. “No siempre es fácil, no tienen los mismos presupuestos”, plantea Mònica Vilasau, profesora de derecho civil de la UOC.

Las empresas enfrentan dos grandes desafíos. El primero es la tecnológica, por la necesidad de identificar y ordenar los datos. El segundo es algo cultural, entendiendo la necesidad de potenciar la confianza en la relación con el cliente. “Comienza una nueva etapa. Hay que ponerse las pilas”, sigue Vilasau.

Para algunas el plazo ya será tarea imposible. Hasta un 85% de las empresas europeas consultadas necesitarán al menos tres meses más para cumplir totalmente la normativa, según el estudio ‘Seizing the GDPR Advantage’ elaborado a nivel continental por Capgemini. En los casos extremos, el 6% necesitará un año y el 3% año y medio. “Un buen número de empresas han intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para adecuarse al nuevo reglamento, pero, aun así, para muchas de ellas la aplicación del nuevo reglamento suscita dudas y la incertidumbre de si realmente están preparadas”, advierte Jesús Martrat, socio del área de privacidad de Rousaud Costas Duran.

Las sanciones por incumplimiento serán de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación de la empresa si supera esa cantidad. Asociaciones de pymes (UEAPME, Hotrec) y cámaras de comercio (Eurochambres) pidieron hace un par de semanas un periodo de gracia de un año en la aplicación de multas. “Todavía queda mucho por hacer y quedan muchas preguntas sin respuesta. En muchos estados miembros se ha adoptado la legislación nacional pertinente y el material de guía se ha hecho público hace poco”, decían en su carta a Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género. Dudas como “hasta qué punto el interés legítimo es base suficiente para que las empresas utilicen datos personales para realizar promoción, o qué se considera prueba suficiente de un consentimiento otorgado online mediante un click”, dice en este sentido Martrat.

Siguiendo el estudio de Capgemini, España sería por detrás de Reino Unido el país europeo mejor preparado, ya que el 54% de sus empresas cumplen en gran parte o totalmente la normativa. Más allá del temor de las sanciones, entrará en juego la confianza del cliente. La nueva normativa pone la transparencia como uno de los elementos clave: el usuario debe saber qué se hace con sus datos y tener la posibilidad de que se dejen de utilizar. Y le da más poder de tomar medidas si ve que hay actuaciones fuera de reglamento. Adaptarse resulta capital: “El consumidor cada vez da más importancia a las políticas de privacidad y seguridad... Y más dispuesto a comprar o interactuar con una empresa en la que confía”. Las empresas que no cumplan pueden perder ventas.

Esto es especialmente notorio en España, donde el 62% de los consumidores ponen un alto grado de confianza en las empresas, el mayor ratio de Europa. “La RGPD tiene puntos muy positivos que profundizan la relación con los consumidores. Aporta transparencia, tanto en caso de brecha de datos como en su gestión”, abunda Dufur. Si hay fuga de datos, por ejemplo, las empresas deberán informar con todo detalle de lo que sucede o cómo se encara la situación.

La CE advierte, sin embargo, que el objetivo de déficit para este año se incumplirá por dos décimas y se irá hasta el 2,4%. El ajuste presupuestario, además, se quedará por debajo de lo exigido "por un amplio margen".

El dictamen presentado por el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, no valora la reciente decisión del Gobierno de aplazar los recortes en el sistema de pensiones. Aun así, el departamento de Moscovici ya detecta una ausencia de ajustes que llevarán a un deterioro del déficit estructural de hasta ocho décimas en el período 2016-2018.

Y Bruselas advierte que los datos definitivos podrían ser peor de los esperados porque sobre las cuentas pesan varias incógnitas. Por un lado, la consecuencia de los rescates de las autopistas quebradas, cuyos costes el Gobierno cifra en dos décimas porcentuales de PIB. Pero, según la CE, "el impacto final es difícil de valorar y no se puede excluir que sea mayor".

Por otro lado, la CE señala que el Gobierno aspira a cumplir los objetivos de déficit gracia a la buena marcha de la economía (2,3% de crecimiento). Bruselas comparte e incluso supera ese optimismo (2,5%), pero añade que esa previsión no incorpora el posible impacto de la crisis en Cataluña, todavía por calibrar.

Pero la CE ha preferido pasar de puntillas tanto sobre la desviación como sobre el cambio de rumbo en la sostenibilidad de las pensiones. Dombrovskis se ha limitado a indicar que "nunca recomendamos dar marcha atrás en las reformas de las pensiones y esperamos que esas reformas se mantengan". Un suavísimo toque de atención, que España, con toda probabilidad, se permitirá ignorar.

La CE también ha aprobado las recomendaciones macroeconómicas para cada país. En el caso de España, Bruselas incluye la necesidad de llevar a cabo un ajuste presupuestario estructural equivalente al 0,65% del PIB, una demanda ligeramente superior a lo habitual, pero cuyo cumplimiento no será requerido, en principio, para cerrar el expediente de déficit excesivo.

Bruselas también reclama a España medidas para paliar reducir la fragmentación del mercado laboral (entre contratos fijos y temporales), combatir el abandono escolar, y paliar la desigualdad económica y el número de trabajadores por debajo de umbral de pobreza. La CE también insiste en la urgencia de que España mejore el control y transparencia de la licitación pública.

La huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo ha vuelto enfrentar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del CGPJ ha sostenido este miércoles que la decisión del Ministerio de no facilitar los datos sobre la repercusión que tuvo el paro (el número de actos suspendidos) supone "obstaculizar" su trabajo y ha generado "un clima de desconfianza institucional". Antes de la huelga, el CGPJ pidió a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que le aportaran información sobre la jornada. Los presidentes pidieron a su vez a los secretarios de Gobierno de cada tribunal que recabaran esos datos de los letrados judiciales (antiguos secretarios judiciales). Los secretarios de Gobierno, que dependen de Justicia, se negaron. El motivo fue que el Ministerio había contactado con ellos para indicarles que lo que se les reclamaba no estaba entre sus competencias.

"La Comisión Permanente considera que no contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Se añade que, además de ser "inadecuadas en las formas", esas instrucciones de Justicia "desconocen los mandatos legales" sobre las funciones de los presidentes de los TSJ. "Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones".

La actuación del CGPJ llega días después de que la misma Comisión Permanente arremetiera contra el proyecto estrella de Catalá, la implantación del expediente judicial, al considerar que se estaba implantando de forma que no agilizaba las actuaciones judiciales, sino que las ralentizaba. Ese reproche llegó a su vez, cuando aún estaban frescas las palabras del ministro arremetiendo contra el Consejo por no haber apartado antes al magistrado que redactó el voto particular del caso de La Manada.

Tras la negativa de los secretarios de Gobierno instada por Justicia, varios presidentes de TSJ les requirieron formalmente para que aportaran los datos, bajo la advertencia de que podían incurrir en desobediencia. Eso provocó que los secretarios pidieran amparo a Justicia. A través de una nota, el Colegio Nacional de Letrados Judiciales afirma que, en todo caso, "correspondería al CGPJ a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, recabar tantos datos como les sean necesarios de los propios Jueces y Magistrados que de ellos dependen".

El acuerdo de la Comisión Permanente concluye explicando que Carlos Lesmes contactará con Rafael Catalá "para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse".

La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Los datos reflejan una leve mejoría de España respecto a la media de duración de los procesos y la ratio de resolución de casos, aunque aún hay bastante margen de mejora. Por otro lado, aunque los ciudadanos siguen suspendiendo a la justicia española en independencia, aumenta el porcentaje de españoles que asegura confiar en ella.

España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, lo que supone un leve descenso respecto del reporte anterior. Es en los procesos civiles y mercantiles donde esta media aumenta hasta los 290 días, aunque este dato también supone una mejora respecto al periodo 2010-2015, cuando el proceso judicial se alargaba de media más de 300 días, según refleja un informe del Consejo de Europa con datos de 2016. En el caso de los procedimientos sobre defensa de los consumidores, los datos no arrojan variación, manteniéndose la media de duración en 200 días.

Este año el cuadro de indicadores presenta como novedad la publicación de datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias. Según los datos aportados por Bruselas en los procesos civiles España está el quinto país a la cola en este punto. Más de 200 días en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia.

En la jurisdicción contencioso administrativa España también se sitúa entre los países que más tardan en resolver litigios. En primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1000 días para resolver casos administrativos.

La tasa de resolución de litigios mejora respecto a la del año 2015, situándose en un 100%, salvo en el orden contencioso administrativo en el que baja el porcentaje (del 120 % al 100%).

Otra de las novedades del informe de este año es la inclusión de los datos referidos a los procesos judiciales por blanqueo de capitales. Al ser el primer año que se analiza este indicador no se puede hacer una valoración de la progresión al respecto. En 2016, según el informe de Bruselas, los jueces españoles tardaron 600 días de media en primera instancia en este tipo de procesos, ocupando el quinto puesto desde el final de la lista.

El Gobierno quiere aprobar una batería de reformas de justicia con un importante impacto económico, como son la reforma hipotecaria, la ley de regulación de secretos comerciales, la protección de datos o la “obra magna” de crear un nuevo código de comercio.

Una agenda que, no escondió, está a expensas de la supervivencia de un Gobierno a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas de Ciudadanos, tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel.

“Sería muy lamentable que ese tipo de proyectos y tantos otros en marcha no viesen la luz por intereses partidistas”, ha sostenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que considera injustificado que la oposición trate de menoscabar al Ejecutivo por una sentencia que solo condena al PP como beneficiario a título lucrativo. “Son múltiples proyectos legislativos que están en marcha. Ojalá tengamos tiempo político, parlamentario, suficiente para llevarlos a buen puerto”, reclamó.

Catalá ha avanzado que una de las reformas más ambiciosas que ultima el Ejecutivo es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modificación del Estatuto del Fiscal, que confía en impulsar a la vuelta del verano. El plan supondría modernizar el modelo español y permitir que los fiscales instruyan investigaciones, bajo la supervisión de los jueces, lo que entre otras cosas acabaría con el nuevo sistema de plazos de instrucción limitados.

Catalá también ha puesto el acento en la importancia de la reforma hipotecaria que busca reducir la litigiosidad hipotecaria y transponer la directiva europea que España lleva dos años de retraso en implantar. El ministro ha admitido que la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que multe a España por esta demora y ha recordado que si la aprobación no se acelera “es una posibilidad” que el país sea sancionado con hasta 100.000 euros por día de retraso.

Pero la “obra magna” de las reformas pendientes de Justicia, dijo Catalá, es el desarrollo de un nuevo Código de Comercio, que adapte la economía al nuevo mercado digital. El objetivo, explican desde el Ministerio, es "abordar su definición en el marco de la revisión de nuestro Derecho de Obligaciones y Contratos, con medidas que permitan sistematizar la actual normativa dispersa y heterogénea, o regular de manera expresa algunas figuras que hoy carecen de ese marco, como el merchandising o el bartering".

Además, el ministro ha recordado que el Ejecutivo trabaja en un texto refundido de la ley concursal o en el impulso definitivo de la nueva ley de protección de datos, así como en la ley de regulación de secretos empresariales que transponga la regulación europea y que Catalá presentó al Consejo de Ministros el pasado viernes.

Después de cuatro paros en las últimas semanas, la fecha acordada para la huelga por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, ha llegado. Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga a las 18:00, más de 4.800 jueces y fiscales se han sumado al paro convocado este martes para reivindicar una reforma de la justicia. De ellos, 3.537 jueces y 1.297 fiscales, lo que se traduce en un 65,4% de los miembros de la carrera judicial y 51,9% de los fiscales. Una cifra que difiere respecto a los datos remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial, que cifran en 2.916 el número de jueces y magistrados que han comunicado su participación en esta jornada de paro.

Los primeros resultados dados por el comité de huelga llegaban a las 13 horas y señalaban que el 41% de los miembros de la carrera judicial, 2.294 jueces, y el 51% de los fiscales, 1.264, habían secundado la huelga. En un comunicado conjunto las asociaciones judiciales y de fiscales han señalado que la diferencia de resultados se debe al colapso que la dirección de correo electrónico corporativo poderjudicial.es, lo que ha provocado que hasta las 17:00 no se liberaran del servidor más de mil mensajes de jueces que comunicaban su adhesión a la huelga.

Los motivos que sustentan esta convocatoria según han manifestado ambos colectivos son, por el lado de los jueces, que no se hayan aprobado las catorce propuestas que presentaron en julio del año pasado ante el Congreso para la reforma de la Justicia, y por el lado de los fiscales, que no se hayan tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la creación de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.

En una entrevista concedida al Diario la Ley, el magistrado Manuel Almenar, miembro del comité de huelga (pincha aquí para acceder a la entrevista completa), ha explicado que "ante el silencio de las instituciones", se han visto "obligados a adoptar una serie de movilizaciones que culminan con la huelga y con las que quieren instar a los responsables para que se apueste de verdad por la Justicia en beneficio de la ciudadanía".

Esta misma publicación recoge también el punto de vista del otro colectivo protagonista de esta huelga, los fiscales. "Llevamos demasiados años necesitados de una reforma en la Administración de Justicia que no solo no llega, sino que cada vez se aleja más" ha destacado Cristina Dexeus, fiscal y miembro del comité de huelga.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha manifestado que está impulsando la mayor parte de las propuestas planteadas las asociaciones judiciales y de fiscales, y que para llegar a un acuerdo sigue apostando por el diálogo "como pauta necesaria e imprescindible para la mejora y modernización de la justicia".

Además de las causas de estas movilizaciones el propio derecho a la huelga de jueces y fiscales no es un tema exento de polémica. Y es que, a pesar de que se trata de un derecho recogido en la Constitución, sus normas orgánicas no se lo reconocen explícitamente. Aunque, por otro lado, tampoco lo niegan como sí se hace por ejemplo con el derecho de sindicación en el artículo 127 de la Constitución.

Tres han sido las ocasiones en las que los jueces han hecho huelga - 18 febrero de 2009, huelga general a la que se adhirieron el 14 noviembre de 2012 y 20 febrero de 2013-. En la última a la que también se sumaron las asociaciones de fiscales la participación de jueces y magistrados fue del 41% según las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de un 62 % según las asociaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado no facilitó datos del seguimiento entre los fiscales. Las reivindicaciones de esta huelga fueron principalmente la imposición de tasas judiciales o la externalización del Registro Civil.

En todos estos casos, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia no reconocieron las huelgas alegando la falta de regulación legal específica y, en consecuencia, no fijaron servicios mínimos ni descontaron ese día de salario.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) en su Sentencia núm. 98/2018, de 26 de febrero, ha modificado la interpretación mantenida hasta la fecha por la mayor parte de la doctrina y la Dirección General del Registro y Notariado en relación con el sistema de remuneración de los administradores previsto en los arts. 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Si bien se trata de una única sentencia por lo que no se puede considerar jurisprudencia por el momento, el TS ha considerado que el régimen general de las remuneraciones previsto en el artículo 217 es aplicable a todos los administradores, incluidos los consejeros ejecutivos, frente a la doctrina anterior que establecía que existía una dualidad y diferenciaba criterios aplicables a "administradores en su condición de tales" y "consejeros ejecutivos". La Sentencia aclara que dicha dualidad desaparece, debido a que existe una relación acumulativa.

En consecuencia, se establece que la remuneración tanto de unos como de otros, debe quedar recogida en la reserva estatutaria de las sociedades, y también dentro del límite de remuneraciones aprobado por la Junta para el Consejo.

De esta forma el Tribunal ha venido a reforzar y aclarar el buen gobierno corporativo en materia de remuneraciones de las Sociedades no cotizadas. Sin embargo, existen todavía algunas dudas que pueden surgir de la lectura de la Sentencia las cuales tratamos de aclarar a través de estas preguntas y sus respuestas.

¿Esta doctrina es aplicable sólo a sociedades no cotizadas? Sí, sin embargo, se entiende que, aunque las sociedades cotizadas tengan un régimen más específico que no ha sido objeto de la presente sentencia, los artículos 217 y 243 de la LSC a los que se refiere la resolución se encuentran ubicados en el Título V, que es aplicable a todo tipo de sociedades, por lo cual también debería resultar de aplicación a cotizadas.

¿Qué han de hacer las Sociedades en relación con la reserva estatutaria? Las sociedades no cotizadas deben introducir en los estatutos los conceptos o elementos retributivos asociados a las remuneraciones de los Consejeros Ejecutivos (no las cuantías en sí), si éstos no hubieran sido ya incorporados. En cotizadas, también convendría realizar una revisión, y sería recomendable que se reflejasen igualmente en la reserva estatutaria los conceptos retributivos asociados a los consejeros ejecutivos.

¿Qué gana la Sociedad especificando los elementos retributivos de los Consejeros Ejecutivos en los Estatutos? Adaptar los estatutos conlleva un impacto relativamente menor, y se protege a la sociedad contra potenciales efectos diversos, dando una mayor seguridad jurídica a todas las partes en caso de posibles impugnaciones de los acuerdos societarios.

Asimismo, y en relación con el Impuesto sobre sociedades, la modificación estatutaria daría mayor seguridad jurídica en caso de una inspección, ya que no se podría argumentar por parte de la administración tributaria la no deducibilidad del gasto sobre la base de ser la remuneración contraria al ordenamiento jurídico al no cumplir con la norma mercantil de aplicación.

¿Se ha de actualizar además el límite del artículo 217 LSC para incluir la remuneración de Consejeros Ejecutivos? ¿Qué conceptos retributivos deberían incorporarse? La sentencia no es del todo clara, pero podría deducirse aplicando una lógica similar respecto a la reserva estatutaria, que el límite debería considerar igualmente los conceptos retributivos correspondientes al paquete retributivo del consejero ejecutivo. En ese caso, ¿qué importes habría que incluir? Existen muchas dudas al respecto, a priori lo más lógico es pensar que esencialmente han de incorporarse aquellos que sean determinables (remuneración fija, variables a corto y largo plazo target y planes de pensiones en su caso) para el periodo en que estuviese vigente la política en el caso de cotizadas, y hasta que un nuevo acuerdo de junta establezca un nuevo límite en el caso de no cotizadas.

Cabe plantearse si dicho límite debe incluir también aquellos conceptos retributivos que también recoge el art. 217 como son las indemnizaciones, pactos de no concurrencia y/o plazos de preaviso remunerados. En nuestra opinión, su inclusión debido a su carácter excepcional podría producir un efecto distorsionador y generaría confusión, por tanto, creemos que no deben quedar reflejados en él al devengarse dichos conceptos únicamente en circunstancias extraordinarias.