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Los consejos de la semana

Contabilidad

Obligación de incluir información sobre el titular en las cuentas anuales

La principal novedad de las cuentas anuales del ejercicio 2017, está motivada por la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada «identificación del titular real de la sociedad”.

La gran novedad en la presentación de las cuentas anuales del 2017 es la nueva declaración de identificación del titular real.

¿Qué se entiende por titular real?

En general se entiende por «titular real» a la «persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica».

Atención. Si no existiese ninguna persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto, deberán indicarse los datos identificativos de los administradores o responsables de la dirección de la entidad.

Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta.

¿Quiénes están obligados a incluir esta información en las cuentas anuales?

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas anuales individuales, incluidas las PYMES, a excepción de las sociedades que coticen en un mercado regulado.

¿Dónde hay que incluir esta información?

Se trata de una nueva página incorporada al modelo normalizado en la que debemos indicar los datos identificativos de aquellas personas físicas con un porcentaje de participación superior al 25%, ya sea de forma directa o indirecta, teniendo que reflejar en este último caso las sociedades intervinientes en la cadena de control.

¿Desde cuándo existe esta obligación?

La nueva obligación rige para las cuentas anuales del ejercicio 2017.

No obstante, aquellas sociedades que ya hayan aprobado sus cuentas anuales del ejercicio 2017 antes de la entrada en vigor de esta orden (el 28 de Marzo de 2017) y las hayan depositado en el Registro Mercantil competente, no tendrán que volver a presentarlas.

Atención. En los siguientes ejercicios esta nueva declaración solo deberá cumplimentarse si se han producido cambios en la titularidad real.

Esta nueva obligación de información viene motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, aunque ya estaba prevista en el artículo 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y desarrollado en el artículo 8 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Fiscal

Gastos de combustible y hospedaje en desplazamiento de empleados

Una sociedad realiza su actividad en diversos puntos geográficos por lo que sus empleados deben desplazarse implicando en ocasiones gastos de restauración, hospedaje y combustible, no teniendo dicha sociedad coche propio.

¿Puede deducirse 100% de las cuotas soportadas por adquisiciones de combustible?

Las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad. Por tanto, debe desvincularse del ejercicio del derecho a la deducción aplicable a la propia adquisición del vehículo.

La afectación del combustible y el resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho, debiendo regularizar la cuota deducida cuando varíe el grado de utilización aplicado inicialmente.

Respecto a los gastos de restauración y hospedaje podrán ser objeto de deducción cuando el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado que este año se reforzará el control de los grandes patrimonios de España con una ampliación del número de inspecciones sobre este colectivo de la población, aunque ha pedido no demonizarlos. Ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ha afirmado que en 2018 "se ampliará el número de contribuyentes para inspección" en el grupo de grandes patrimonios y tendrá especialmente en cuenta los perfiles con más "supuestos de opacidad o deslocalización".

En su opinión, se intensifica así el "control reforzado para grandes patrimonios" y ha asegurado que se trata de "un colectivo con seguimiento continuado y especializado" que se extiende a su núcleo familiar gracias a nuevas herramientas de sistematización de la información. Ha recalcado que la inspección a este grupo de la población supuso una recaudación extra de 333 millones en 2017.

No obstante, ha salido al paso ha salido al paso de una afirmación del diputado de Esquerra Republicana, Joan Capdevila. "Capdevila dijo que los más ricos o los contribuyentes más potentes lo son porque son más listos. Simplemente, a lo mejor lo son porque son más trabajadores también. Se puede ser listo y no trabajador, se puede ser muy trabajador y no tan listo e irle bien las cosas a uno en la vida", ha afirmado Menéndez. "Evidentemente, los contribuyentes que más posibilidades tienen de defraudar son los que -sean listos o trabajadores o por la mera casualidad- los que más potencial económico tienen y sobre ellos actuamos", ha sostenido Menéndez, recalcando que "ser trabajador e inteligente no va unido al fraude".

"Entre los grandes contribuyentes hay muchos que son muy cumplidores y muy buenos", ha manifestado ante los diputados. El socialista Antonio Hurtado le ha pedido que matice su afirmación, porque le parece "inaceptable" que el jefe de la Agencia Tributaria considere "más trabajadores" a los que más tienen. Menéndez ha puntualizado que no ha querido decir eso a efectos defraudatorios, porque "el comportamiento es el mismo" entre el gran patrimonio y el pequeño, aunque "es verdad que socialmente hay que exigir más responsabilidad al más pudiente".

En todo caso, ha insistido en que la Agencia Tributaria se está potenciando el control de los grandes patrimonios y ha rechazado que se haya olvidado de los beneficiados de la amnistía fiscal de 2012. "Por supuesto que hacemos seguimiento a los que presentaron la Declaración Tributaria Especial, del primero al último". Menéndez se ha jactado de los "resultados históricos" en la lucha contra el fraude con cerca de 15.000 millones anuales. Para 2018 prevé un incremento neto de efectivos en la Agencia Tributaria de cerca de 400, rondando ya una plantilla de 26.000 trabajadores.

Un día después de presentar unas perspectivas económicas de crecimiento para España en 2018 mejores que las que maneja el gobierno de Mariano Rajoy, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho públicos cálculos sobre el déficit peores que los de Madrid. En concreto, en el informe Monitor Fiscal, lanzado este miércoles en Washington, el organismo internacional estima que el déficit español este año alcanzará el 2,5% del PIB. El gobierno, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, lo había situado en el 2,2%.

El organismo, además, apunta a la falta de un plan concreto del gobierno para atajar el problema. "Las autoridades españolas prevén una consolidación gradual a través de la contención del gasto para llevar el déficit al 0,5% del PIB en 2020, aunque todavía no se ha establecido un plan fiscal a medio plazo con medidas concretas", se lee en el informe.

En rueda de prensa, no obstante, el director del Departamento Fiscal del FMI, Vitor Gaspar, ha mostrado su apoyo al gobierno. "No creemos que la meta (el 0.5% para 2020) sea muy ambiciosa. Apoyamos el ajuste", ha dicho, añadiendo también que será Madrid quien tendrá que diseñar la "combinación exacta de políticas" y recomendando solo que lo haga de forma favorable al crecimiento.

Gaspar ha incluido a España como parte de un grupo de economías europeas afectadas por la elevada deuda, una "fuerte vulnerabilidad" que hay que controlar y reducir, especialmente en un momento en que el elevado endeudamiento público a nivel global ha llevado al FMI a lanzar una alerta. Ese endeudamiento público, en el caso español, alcanza el 98,4% del PIB y el FMI calcula que, pese a ir descendiendo gradualmente, aún será del 96,7% en 2018 y de 95,1% en 2019.

El organismo que dirige Christine Lagarde reconoce que momento de crecimiento económico sigue siendo fuerte en España y ve “recomendable” que este año se realice una consolidación del balance primario estructural de medio punto del PIB. Según el FMI, hay espacio para medidas sobre todo en el lado de ingresos. Y en el informe se sugiere, por ejemplo, mayor recaudación por IVA. En concreto, se señala que tanto en España como en Italia y el Reino Unido hay espacio para reformar el impuesto y mejorar su capacidad de recaudación, algo que según el organismo “eliminaría distorsiones económicas”.

El Fondo Monetario Internacional se ha sumado al optimismo del Gobierno y entidades como el Banco de España o BBVA sobre la evolución de la economía española, que en las últimas semanas han ido disipando los temores de una ralentización y ha coincido con la mejora de la nota de agencias de rating como Moody’s y DBRS. El FMI ha elevado en su informe de primavera cuatro décimas su previsión de PIB para este año hasta el 2,8%, una décima más que el Ejecutivo, después de que en enero la rebajara por la incertidumbre política provocada por la situación en Cataluña.

La institución monetaria también ha incrementado una décima su proyección de crecimiento para el año que viene, hasta 2,2%. La mejora del FMI para este año es la mayor realizada entre los países de las economías avanzadas.

España será el país que más crezca del selecto club de economías más avanzadas, solo por detrás de Estados Unidos, que el FMI estima que eleve su economía un 2,9% este año –el efecto de la reforma financiera impulsaría la economía estadounidense dos décimas–. Un impulso que no logra modificar las estimaciones para la economía mundial, que se mantiene en el 3,9%. La economía española crecerá así por delante del conjunto de la zona euro (2,4%) y de Alemania (2,5%) y Francia (2,1%), que mejoran su previsión en dos décimas, así como de Italia (1,5%), que sube una décima frente a la última estimación.

La institución dirigida por Christine Lagarde baja una décima la tasa de desempleo española, hasta el 15,5%, pero aún la sitúa por encima de las previsiones estimadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Para el año que viene bajaría hasta el 14,8%. España se mantiene como el país de la zona euro con la tasa de paro más elevadas solo por detrás de Grecia (19,8%), y con una tasa que casi duplica la media de la zona euro (8,4%), mientras que prevé que Alemania reduzca su desempleo hasta el 3,6% este año y una décima más el próximo ejercicio.

La institución pronostica además que el alza de los precios en España se situará en el 1,7% este año, frente al 2% de 2017, y que el IPC se situará en el 1,6% del próximo ejercicio.

El FMI apunta en su informe a los desequilibrios de España y destaca que se debería reducir la dualidad del mercado laboral y las diferencias entre la protección de los trabajadores fijos y los temporales, así como impulsar las políticas activas de empleo para reducir el desempleo juvenil y el paro de larga duración.

El organismo destaca además que España se enfrenta a otros dos desafíos, el peso de la deuda pública y el freno de la inversión extranjera. Así, alerta del elevado endeudamiento de las Administraciones Públicas, cuya reducción choca con las desfavorables tendencias demográficas. Una tendencia que el FMI también reconoce que afecta a Italia.

Sobre las tensiones comerciales que se están produciendo entre Estados Unidos y otros países, el FMI, sin citar nombres concretos, insta a trabajar dentro de un marco multilateral y ve margen para fortalecer el sistema internacional de acuerdos comerciales en vez de “arriesgarse a la fragmentación bilateral del comercio internacional”.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, avisó este lunes de que Hacienda debería estar especialmente pendiente de la evolución de los ingresos públicos por el riesgo de que se produzcan desvíos. Puso en duda así la previsión de la recaudación del Ejecutivo, que confía en que los ingresos fiscales crezcan este año un 6%, cuando el PIB nominal avanzará un 4,3%. Linde señaló que la respuesta de la recaudación a la actividad es superior a lo que reflejan los datos históricos. “Hay cierto optimismo en la elasticidad de los ingresos”, concluyó. Una opinión que contrasta con la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que sí consideró ajustadas las estimaciones de recaudación del Gobierno.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Linde también destacó que el déficit estructural español se mantiene en torno al 3% del PIB y que no bajará este año en la medida en que los Presupuestos Generales del Estado son “ligeramente expansivos”. El déficit estructural mide el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos sin tener en cuenta los efectos del ciclo económico. En definitiva, el Banco de España señaló que el “proceso de consolidación debe seguir para llegar a un equilibrio estructural”. El incremento del 1,75% de los salarios de los funcionarios, la subida de las pensiones no contributivas, de viudedad o de menor cuantía por encima del 0,25% que marca el factor de sostenibilidad y la rebaja del IRPF son algunos de los elementos que explican que los Presupuestos no contribuyan este año a rebajar el déficit estructural.

El gobernador del Banco de España entró también en el debate sobre el futuro de las pensiones y apuntó que, si se cumplen las estimaciones de envejecimiento de la población y su impacto sobre el gasto público, éste podría alcanzar el 21% del PIB en el entorno de 2050.

Linde incidió en que la función del Banco de España no es proponer una reforma del sistema de pensiones, sino que se limita a señalar la “coherencia de la ecuación”, es decir, si el modelo es o no sostenible. Y, en este sentido, avisó que la creación de empleo “no es suficiente para sostener el sistema de pensiones” sin medidas adicionales. “La clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretende asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema”, apuntó. Y avisó de que mantener las actuales tasas de sustitución, que “son elevadas en comparación internacional”, exigirá incrementos muy significativos de los ingresos del sistema”. Fue claro cuando aseguró que la situación demográfica de España es “dramática”.

A pesar de las dudas que planteó Linde sobre la evolución de los ingresos públicos, se mostró confiado en que España cumplirá el objetivo de déficit público. El conjunto de la Administración Pública cerró el año pasado con un saldo negativo del 3,1% del PIB, importe que se ha comprometido a rebajar al 2,2% del PIB este año.

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, aseguró que los Presupuestos Generales del Estado están en línea con los principios de equilibrio presupuestario. Nadal, que también compareció en la Comisión de Presupuestos, defendió que “la reducción del déficit público es la garantía de que se puede sostener un crecimiento a largo plazo”.

El Gobierno estima que la presión fiscal, medida por el peso de los ingresos tributarios recaudados por el Estado en relación al PIB, se situará en 2018 en el 38,3%, lo que supondría un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al 37,9% de 2017. Así se desprende de las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública en su estrategia de política fiscal, actualizada tras la presentación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

De esta forma, la previsión del Gobierno sitúa la presión fiscal de 2018 en un nivel dos décimas inferiores al de 2015 (38,5%), cuando entró en vigor la reforma tributaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, según Hacienda, lleva un impacto acumulado del 0,7% de crecimiento del PIB respecto a 2014. Según los cálculos del Gobierno, dicha reforma lleva un impacto acumulado de 12.309 millones de euros menos en la recaudación. En concreto, 9.300 millones de euros menos en IRPF (4.813 en 2015 y 4.487 en 2016) y 3.009 millones de euros menos en Impuesto de Sociedades (1.089 en 2015 y 1.920 en 2016). En consecuencia, de 2014 a 2015 la presión fiscal bajó en cuatro décimas, pasando de 38,9% a 38,5%, y se redujo otras ocho décimas en 2016 (37,7%).

La presión fiscal prevista para 2018, estimada según el Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas en octubre de 2017, podría variar en caso de que se aprueben los PGE de 2018, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. En concreto, el proyecto del Ejecutivo contempla medidas como elevar el umbral de tributación del IRPF de los 12.000 a los 14.000 euros brutos, además de incrementar la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida, según estimaciones del Gobierno, beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un millón de pensionistas.

Por otro lado, también contempla la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción por familia numerosa, que se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido. El importe estimado de los beneficios fiscales para 2018 asciende a un total de 34.825 millones de euros, produciéndose un incremento en términos absolutos de 2.957 millones de euros y una variación relativa del 9,3% respecto al ejercicio precedente.

El volumen de beneficios fiscales para el año 2018 se cifra para el IRPF en 7.846 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7%. Dentro del IRPF, los principales beneficios fiscales son los correspondientes a la reducción por tributación conjunta (1.117 millones), deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo (1.102 millones) y deducción por inversión en vivienda habitual (1.035 millones). En el Impuesto de Sociedades, la magnitud de los beneficios fiscales se sitúa en 3.453 millones de euros, lo que representa un alza del 62,3%.

Por su parte, la aportación de los incentivos en el IVA se cifra en 20.514 millones de euros, un 8,3% más. Los datos muestran también que los beneficios fiscales de los impuestos especiales se estiman para este año en 961 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 6,7% respecto al presupuesto precedente.

Laboral

El Ministerio de Empleo ha conocido este martes oficialmente el rechazo mayoritario de las administraciones autonómicas a su oferta de reestructuración de las ayudas de último recurso a parados de larga duración. Y es mayor aún del que se preveía al comienzo de la reunión con los responsables de Empleo regionales. No fueron nueve, como le habían anticipado en la reunión preparatoria del lunes, sino 11, según se ha evidenciado en la conferencia sectorial de Empleo, nombre oficial del órgano que agrupa al Ministerio y las 17 consejerías del ramo.

Lo previsto era que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Baleares y Navarra —un colectivo mayoritariamente con gobiernos del PSOE— rechazaran la oferta que hace Empleo para reestructuras el plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI). En la reunión se sumaron País Vasco y Canarias. Tres fuentes presentes en el encuentro apuntan que, en el caso vasco, el rechazo se debe a que reclama la gestión de la nueva ayuda (Renta Complementaria de Desempleo, RED). En el otro, el motivo de la negativa se acerca mucho al de las otras: el diseño presentado por Empleo deja fuera de beneficiarios que con la estructura actual podrían acceder a la RAI.

El pasado septiembre el ministerio y las consejerías de Empleo —también los agentes sociales— se comprometieron a negociar y pactar una reordenación de las tres ayudas para los desempleados que se encuentran en peor situación (más de un año sin trabajo y sin ingresos). Lo hicieron tras dos sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban ilegales la gestión del Prepara y el PAE por invasión estatal en competencias autonómicas.

Hace unas semanas el Departamento que dirige Fátima Báñez remitió a comunidades, sindicatos y empresarios su propuesta. En ella, se unifican las tres ayudas y en alguno caso se aumenta el periodo que el parado puede cobrar prestación hasta 72 meses.

Desde las comunidades críticas, se rechaza este diseño porque dejaría fuera a parte de los actuales potenciales beneficiarios de la RAI. Esta posición se acerca a la que defienden los sindicatos UGT y CC OO, que también ven que la oferta ministerial supone un recorte de cobertura. El Ministerio rechaza esta opción. “La amplía la protección”, apuntaba una fuente de Empleo.

Justo al acabar la reunión, en la que también se repartieron a las comunidades 2.055 millones para políticas activas de empleo, los responsables autonómicos de Empleo de Andalucía, Extremadura y Baleares todavía salían del encuentro debatiendo, en tono cordial, con el secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo. Este apuntaba que, en la contraoferta de las comunidades críticas, con Baleares a la cabeza, hay un problema de competencias y la ayuda tendría un carácter más asistencial que laboral al renovarse cada seis meses sin límite de prórrogas. Riesgo también subrayaba que él pretende llegar a un acuerdo. La otra parte respondía que también ellos lo querían, pero que debía tener contenido y no dejar fuera a los actuales beneficiarios de la RAI: “Esta ayuda no está cuestionada por el Constitucional”.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha asegurado que la política económica del Gobierno permitirá ahorrar este año 21.000 millones de euros en gastos por desempleo e intereses de la deuda con respecto al peor momento de la crisis, un dinero que "ha ido a pensiones".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2018, Nadal ha apuntado que las cuentas recogen un gasto por desempleo 14.100 millones de euros inferior al máximo anotado durante la crisis. Asimismo, el gasto en intereses de la deuda es 6.700 millones inferior al que llegó a registrarse en esa época.

Nadal ha hecho un llamamiento a la negociación a todos los grupos parlamentarios para que los Presupuestos puedan ser aprobados y ha dicho que es "muy importante" que salgan adelante en estos momentos del año para que puedan beneficiarse pensionistas, familias con rentas modestas y las comunidades autónomas y ayuntamientos.

"Me cuesta creer que no se vayan a aprobar", ha insistido a los medios de comunicación tras su intervención, al tiempo que ha señalado que estas cuentas tienen impacto "en el día a día de todos los españoles".

Durante su intervención, ha subrayado que la política económica del Gobierno es la que permite encontrar recursos para aumentar el gasto social y ha defendido que el modelo de crecimiento económico "va girando poco a poco y va girando para bien", con una importancia creciente del sector exportador.

"Claro que nos gustaría aumentar el gasto social y las pensiones", ha admitido el secretario de Estado, pero ha insistido en que "hay que ser responsable" porque "sin cumplir los objetivos presupuestarios no hay crecimiento económico" sino "castigo" de los mercados.

Nadal también se ha referido al sistema de pensiones para señalar que está respaldado por el conjunto de las administraciones públicas y del Estado, y ha incidido en que las pensiones mejoran con el crecimiento económico, la creación de empleo y unas cuentas públicas saneadas.

La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde miles de personas —8.000, según la delegación del Gobierno— han reclamado que las pensiones garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que actualmente son "parciales e insuficientes". Las protestas se han celebrado por toda la geografía española.

En respuesta a las concentraciones, desde Gádor, un municipio de apenas 3.000 habitantes de la provincia de Almería, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Gobierno piensa "siempre en los jubilados" y ha afirmado que mientras otros congelaban las pensiones el Ejecutivo popular ha sacado al país de la crisis. Montserrat ha destacado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge un crecimiento del 3% para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad y las no contributivas.

Durante su participación en un mitin en Pamplona, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que el sistema público de pensiones "sobrevivirá al PP": "Tiene futuro, puede ver equilibradas sus cuentas y aumentadas las pensiones en el IPC porque el PSOE las va a blindar en la Constitución", ha dicho.

En Madrid la manifestación transcurrió entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la popular Puerta del Sol, donde representantes de los UGT y CC OO han leído un manifiesto. En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que se derogue la reforma de las pensiones con el fin de que las prestaciones bajen para los "futuros pensionistas", al tiempo que ha abogado por la "negociación" con el Gobierno. Ha recalcado que en España se inició una "campaña de desprestigio" del sistema público incidiendo en su "insostenibilidad y en la necesidad de que hay que sustituir parte de su cobertura con planes de pensiones privados".

Álvarez ha confiado en que las pensiones se revisarán por encima del 0,25%, "sin atajos y de manera justa", porque la sociedad lo está exigiendo y porque las pensiones más bajas "tienen que recuperar poder adquisitivo". Según datos de la Policía Nacional, en Gijón han salido a la calle 10.000 personas, mientras que en Santander han participado en la protesta unas 7.000 personas, según los convocantes.

En Castilla y León también han sido miles las personas que han salido a la calle para protestar, principalmente en ciudades como Valladolid, León o Ponferrada, con más de 2.000 manifestantes en cada una. En los actos reivindicativos organizados en Castilla-La Mancha, con Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca a la cabeza, han participado más de 8.000 personas, según los sindicatos, una cifra que la Delegación del Gobierno ha rebajado a 2.800 personas.

Las movilizaciones se han repetido en Pamplona, Comunidad Valenciana —Valencia, Alicante, Castellón y Elche—, Badajoz y Galicia, donde ha tomado el centro de las principales ciudades, encabezadas por Santiago de Compostela y Vigo, así como en poblaciones de menor tamaño.

En Palma de Mallorca, unas 400 personas han marchado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Cort y entre los participantes se encontraba el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela.

Las movilizaciones de este domingo se suman a las celebradas el sábado en ciudades como Barcelona, donde según la Guardia Urbana participaron unas 2.000 personas; Zaragoza, con varios centenares de jubilados movilizados; o Ciudad Real, con medio millar de participantes. El viernes, decenas de jubilados se manifestaron en el centro de Sevilla bajo la lluvia para reivindicar la derogación de la última reforma de las pensiones y exigir que estas prestaciones se actualicen según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado este jueves que, con la aplicación del factor de revalorización, las pensiones no podrán crecer en los próximos 50 años por encima del 0,25% "dado el desequilibro actual del sistema y las previsiones demográficas".

Así lo ha afirmado durante su intervención en la clausura del acto Sistema de pensiones. Situación en España y experiencias internacionales, organizado por Inverco, en el que ha asegurado que, con una previsión de inflación del 2%, dicho incremento del 0,25% "generará un deterioro del poder adquisitivo de las pensiones". Sin embargo, Hernández ha indicado que las últimas reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013 garantizarán la sostenibilidad del sistema al lograr el equilibrio presupuestario en el largo plazo.

En este sentido, ha explicado que dicha sostenibilidad se obtendría "fundamentalmente" a través de una reducción de la tasa de sustitución que situó en 20 puntos porcentuales respecto a la actual. Este elemento, junto "a la mejora de la tasa de empleo, contrarrestarían las presiones demográficas hasta estabilizar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB", ha añadido.

Ante esta importante reducción de la tasa de sustitución entre el sueldo ingresado durante la vida laboral y la pensión, Hernández ha destacado la necesidad de realizar un ejercicio de transparencia. "Los ciudadanos deben saber a qué se enfrentan, porque sólo así tomarán decisiones de ahorro que sean compatibles con las tasas de sustitución que querrían tener", ha apuntado.

Por otra parte, ha señalado que "el sistema de pensiones no se puede ver como algo completamente aislado" y ha considerado que mantener el sistema "es más fácil" con un endeudamiento menor, por lo que ha destacado la importancia de continuar en la consolidación fiscal.

Durante su intervención, Hernández ha explicado que las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) implican un aumento de 4 puntos porcentuales del gasto público en pensiones en 2035 y de 11,6 puntos en 2060 debido al envejecimiento de la población".

España ocupa el tercer puesto dentro de la Unión Europea con la mayor tasa de sobrecualificación de jóvenes en el sector Servicios, lo que supone que en torno al 64% de estos ocupados desarrollan un trabajo que no requiere el nivel educativo alcanzado, algo que, unido a la baja calidad y a la escasa oferta de Formación Profesional en el país, explica que el mercado de trabajo "no sea capaz de absorber a tantos licenciados" y que "exista un desfase entre el sistema de formación y el mercado de trabajo".

Así se desprende del estudio 'Orientación Profesional y Formación Digital: Hacia un Modelo Integrado para el Empleo Juvenil', realizado por el Instituto de la Empresa Familiar, junto a la Fundación Bankia para la Formación Dual, donde se plantean los retos y las oportunidades de este ámbito de formación, además de urgir a su profunda reestructuración "como palanca principal para luchar contra el desempleo juvenil".

El informe destaca que la alta sobrecualificación existente en España "genera frustraciones personales y un alto nivel de ineficiencia del sistema", lo que supone un alto coste para la Administración Pública. De hecho, el Estado podría ahorrarse en torno a 260 millones de euros por cada 10.000 alumnos si, en vez de elegir una carrera universitaria, el estudiante escogiese formarse en FP.

Además, según el estudio, España es el tercer país de la Unión Europea con la mayor proporción de estudiantes universitarios sobre los de Formación Profesional, con una tasa de 55% frente al 45%, además de ocupar el puesto 22 si se tiene en cuenta el número de alumnos estudiando una FP en relación a la población total del país.

Sin embargo, al mismo tiempo, según indicó el director de Economía y Empresa del instituto, Esteban Sastre, existe un perfil "fuertemente polarizado", puesto que, por un lado, hay un elevado número de jóvenes no cualificados, con un 18,5% de abandono escolar y un 35% sin acabar bachillerato y, por otro, un elevado número con sobrecualificación.

Al mismo tiempo, dos de cada tres estudiantes de FP no llegan a tener el título en el plazo acabado, aunque esto, según el estudio, puede deberse a que el alumno es contratado antes de finalizar su curso, un 30% de los universitarios dejan la carrera y un 10% de ellos no volvería a la universidad.

Esta sobrecualificación de licenciados, cuyo perfil no es demandado por las empresas, y la falta de una Formación Profesional dual de calidad provoca que la disponibilidad de personal cualificado sea ya la tercera mayor preocupación del tejido empresarial español, que ha pasado de apenas un 3% en 2011 al 15% actual.

El presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, también asistente al acto, destacó que la Formación Profesional es "la mejor forma de luchar contra el desempleo, de aumentar la competitividad de las empresas y de apoyar la cohesión social", además de ser un "instrumento flexible", algo que, según él, "es necesario para el mercado laboral actual y del futuro".

Por todo ello, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne, afirmó que la apuesta por la Formación Profesional Dual, a través de la cual hasta el 74% de sus alumnos encuentra un trabajo al acabarla, frente al 63% de los que optan por FP, "es de tal importancia que debe convertirse en un objetivo común y de largo plazo, al margen de debates partidistas y de intereses electoralistas".

Entre las 10 principales líneas de actuación presentadas por el estudio están la incorporación de la FP Dual como uno de los grandes pilares del futuro pacto por la Educación, la generación de información pública de calidad que ayude a los jóvenes a elegir su itinerario formativo, fomentar la especialización de los centros de formación, impulsar la colaboración público privada y adaptar el marco regulatorio con el fin de facilitar su desarrollo.

Mercantil, civil y administrativo

El presidente del Gobierno inaugura el World Retail Congress en Madrid recogiendo el guante lanzado por Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, que minutos antes señaló que el sector genera riqueza "en un marco competitivo equilibrado", en relación a su demanda de que los retailers tradicionales tengan las mismas reglas de juego que Amazon y compañía.

“Hay que trabajar con las instituciones para conseguir un marco regulatorio eficaz y justo en el que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones”. Esta demanda reiterada hasta la saciedad durante los últimos meses en el mundo financiero se ha escuchado, pero en un contexto muy diferente. La ha pronunciado el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación del Retail World Congress, un encuentro mundial de los principales actores de comercio que este año se celebra en Madrid.

“Estamos trabajando en el seno de la UE y de la OCDE para tener un marco regulatorio eficaz y justo que se adapte a la era digital. Por ello, nos hemos comprometido para trabajar conjuntamente para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones”, ha señalado Rajoy quien se ha mostrado en total connivencia con la reclamación de las multinacionales españolas del sector comercial.

Especialmente activo en este tema ha sido Dimas Gimeno, desde que el pasado mes de enero levantara la mano en el Foro Económico de Davos para reivindicar esa igualdad de trato. Hoy, el presidente de El Corte Inglés, que ha compartido la inauguración del evento con Mariano Rajoy también ha vuelto a insistir demandado la necesidad de definir un nuevo comercio minorista, pero insistiendo en que son necesarias unas reglas de juego equilibradas.

El presidente del Gobierno se ha referido al momento actual como “la tercera revolución digital de la historia reciente”, pero también ha reivindicado el papel del comercio minorista, cuya actividad supone un 5% del PIB español.

Unas sensibilidades que coinciden con las del presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, quien ha lanzado mensajes muy similares. Ha señalado la “especial sensibilidad” del sector del comercio, que es importante para la economía y un gran generador de empleo, ya que representa el 12% del PIB global y en Europa cuenta con 34 millones de trabajadores.

Pero también ha advertido “la transformación digital pone a todo el sector ante un nuevo momento. La venta minorista es progreso, mejora y confianza entre compradores y vendedores. Es un eje de relaciones prósperas y una forma de generar riqueza. Es un reto permanente y emocionante si se realiza en igualdad de condiciones”, ha comentado.

Por su parte, Pablo Isla, presidente de Inditex, que ha participado en el evento a través de un vídeo, ha insistido en que la clave del éxito en este contexto es aprovechar al máximo todas las innovaciones tecnológicas para añadir valor a los clientes. “Tenemos que utilizar la tecnología para generar valor a los clientes y ofrecer una experiencia de marca sin fisuras independientemente de si alguien nos visita en tienda o a través de Internet”, apuntó.

La intervención Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, el nuevo nombre del Grupo Cortefiel, fue bastante más pasional reivindicó el papel de la moda española como embajadora española y “como lo son el Real Madrid o el Barcelona” aseguró. Al tiempo que reconoció que todos los implicados en el sector tienen el mismo reto de toda la vida: llegar al consumidor. “Es sorprendente cómo las tiendas online abren tiendas físicas, mientras que los tradicionales abren tiendas online. Al final, la clave es llegar al consumidor, como lo ha sido siempre, sea por el canal que sea”, aseguró.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han emitido hoy el diagnóstico más positivo sobre el sector bancario español desde que el Gobierno pidiera un rescate para sanear el sector en 2012. La opinión de ambas instituciones llega tras la misión realizada en España el 9 y 10 de abril, en la que funcionarios de ambas instituciones -los hombres de negro- se entrevistaron con técnicos de las administraciones públicas y con responsables del sector bancario. Es la novena visita desde que España saliera del rescate en enero de 2014.

El comunicado de Bruselas y Fráncfort, al que seguirá dentro de unas semanas el informe completo, evita algunos de los mensajes de preocupación que se habían repetido en anteriores comunicados similares. Por ejemplo, en octubre de 2017 ambas instituciones incidían en que la rentabilidad a medio plazo de los bancos españoles era un "desafío" y que "algunas instituciones financieras tendrán que seguir adaptando su modelo de negocio". Para ponerlo todo en contexto, en jerga comunitaria "tener un desafío" quiere decir "tener un problema" y que "adaptar tu modelo de negocio" significa "cámbialo ya".

Ahora esos mensajes de alerta han desaparecido. "Los bancos han disfrutado de una continuada rentabilidad en los últimos trimestres", apunta el comunicado de hoy, sin mención a los desafíos a medio plazo. "Los bancos han mejorado sus modelos de negocio y su eficiencia y han incrementado los nuevos créditos a la economía".

Comisión y BCE también celebran la posición de capital y de saneamiento de créditos morosos. Por un lado, apuntan que "la emisión de instrumentos de capital 'core' y 'no-core' ha apoyado los colchones de capital". Por el otro, que esto "ha facilitado que sigan reduciéndose los créditos morosos en los balances, incluyendo los bancos con una cantidad relativamente alta de activos heredados". En esta línea apunta que "la ratio de créditos morosos de los bancos españoles, incluida su actividad internacional, ha bajado hasta cerca de la media de la UE".

Además, esta vez, tanto Fráncfort como Bruselas han obtenido algo que venían pidiendo desde la última vez que el Gobierno privatizó una parte de Bankia: otra privatización. "La fusión de BMN con Bankia en enero 2018, acompañada de otra venta por parte del FROB de una participación minoritaria en Bankia en 2017 es el paso más reciente en el proceso de reestructuración del sector bancario español", apunta el comunicado.

Eso sí, anima al Gobierno a seguir por el camino de seguir despolitizando el sector bancario: "Completar la privatización de la entidad fusionada y los planes de desinversión de las fundaciones bancarias de las cajas de ahorro van a reforzar el sector bancario".

Los consumidores deben dirigirse antes al servicio de atención a clientes de las entidades, que registran ya más de un millón de quejas al año. Ante su deficiente funcionamiento, que el supervisor viene criticando en los últimos años al certificar que ha empeorado durante la crisis, el Banco de España ha decido distribuir a las entidades un protocolo de mejora del servicio de atención a clientes en el que insta al sector a ofrecer respuestas más ágiles, sencillas y ajustadas a las resoluciones judiciales.

Las recomendaciones del supervisor están basadas en una inspección de los servicios de atención a clientes de 226 entidades financieras incluyendo 24 actuaciones específicas de supervisión en los bancos de mayor tamaño “encaminadas a valorar pormenorizadamente y, en su caso, corregir las deficiencias detectadas en el funcionamiento” de estos departamentos.

Como resultado, el Banco de España ha remitido a la banca una serie de pautas de mejora en tres ámbitos: la configuración y medios con que deben contar estas áreas; los criterios para tramitar y resolver las reclamaciones; y los mecanismos de seguimiento y control.

En el primer campo, el supervisor insta a la banca a mejorar la independencia de los departamentos de atención al cliente, que solo deben colgar de las áreas de control del banco y nunca de las líneas de negocio de la entidad. El objetivo es evitar conflictos de interés, lo que también pide aplicar al seleccionar al responsable del departamento, que debe ser un profesional con experiencia y demostrada honorabilidad que no prime los objetivos comerciales de la entidad sobre los posibles abusos detectados. Del mismo modo, la remuneración del personal no debe incluir incentivos perversos (como primas por negar la razón al cliente). En su lugar, debe ligarse a objetivos positivos como la reducción del número de quejas o el grado de satisfacción del consumidor.

El Banco de España advierte a las entidades que no pueden externalizar el servicio de atención a clientes, vaciarlo de contenido o restringir sus labores de supervisión. Solo en el caso de corporaciones financieras que agrupen varias entidades podrá unificarse el servicio en un único departamento, aunque el supervisor ve más adecuado contar con uno propio en cada firma.

El documento remitido a las entidades pone el foco en la necesidad de dotar de recursos adecuados a estos departamentos para que tengan fácil acceso a la información a consultar y personal experimentado. Los trabajadores deberán ser formados en “la normativa aplicable, en general”, “las normas de transparencia, en particular” así como en los criterios de buenas prácticas del sector y en los fallos que aporte “el panorama jurisprudencial”, a fin de aplicarlos en sus decisiones.

No obstante, el Banco de España considera necesario que el reglamento de quejas esté disponible en todas las oficinas de cada entidad y anima a ofrecer una “resolución directa” ya desde las sucursales. Más allá, las entidades deberán ofrecer la posibilidad de reclamar al menos por correo electrónico, pero ofrecer cuantos más medios adicionales mejor.

El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en manos de las grandes auditoras y consultoras internacionales la subcontratación de los servicios de inspección in situ de entidades de crédito. Las firmas trabajarán durante los próximos cuatro años junto a los inspectores en las sedes de los propios bancos bajo el paraguas del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). El BCE recurrirá a un total de nueve firmas internacionales, auditoras y consultoras, para llevar a cabo estas tareas de inspección in situ: son Deloitte, Ernst & Young (E&Y), KPMG, GMS, PwC, Mazars, McKinsey, BDO y Promontory. Cada una recibirá un máximo 3,3 millones de euros por este contrato, si bien la cantidad definitiva no se puede conocer, ya que dependerá el número de trabajos que efectivamente lleven a cabo.

Fuentes conocedoras de este concurso señalan que, aunque son nueve los adjudicatarios del concurso, el BCE ha establecido una cierta jerarquía en el mismo. Es lo que llaman un sistema "en cascada". Así, Deloitte se ha hecho merecedor de la condición de "proveedor de referencia" a ojos del supervisor, una posición de privilegio que ya mantenía de un concurso previo similar al recientemente resuelto.

"Esto quiere decir que, en la práctica, Deloitte será la primera firma a la que el BCE llame para cualquier trabajo relacionado con estas inspecciones a entidades de crédito", añaden estas mismas fuentes. Si, debido a que se produjera algún tipo de incompatibilidad o falta de disponibilidad (porque, por ejemplo, la compañía ya actuase como auditora o asesora de un determinado banco), entonces se recurriría a la segunda firma en la lista: E&Y; si esta tampoco pudiera aceptar el encargo, entonces llamarían a la tercera (KPMG), y así consecutivamente hasta dar con una que pueda llevar a cabo el trabajo.

El BCE ha hecho público el resultado de esta adjudicación después de que el año pasado lanzara un concurso para subcontratar servicios en relación con "actividades de supervisión in situ y funciones horizontales relacionadas", así como otros aspectos vinculados con el MUS. Entre otras labores, los adjudicatarios tienen que colaborar con los equipos de supervisión del BCE tanto en estas inspecciones presenciales como en la investigación sobre los modelos internos de las entidades, a petición expresa del supervisor.

Este encargo conlleva, entre otras opciones, la ejecución de evaluaciones independientes, así como proporcionar a los equipos de inspección un punto de vista "adicional" basado en su experiencia en áreas específicas: evaluación del riesgo de una determinada entidad, revisión de su nivel de cumplimiento con los requerimientos regulatorios.

Lo que no pueden hacer las firmas subcontratadas, en ningún caso, es liderar las misiones de inspección in situ. Esta responsabilidad recae únicamente en las autoridades de supervisión: Banco Central Europeo y supervisores nacionales.

La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de directiva para regular las reclamaciones colectivas de los consumidores en caso de que una empresa viole de manera masiva las normas comerciales. La directiva, según Bruselas, permitirá a los consumidores obtener una compensación si se repiten casos como el de Volkswagen, que engañó a millones de clientes en cuanto al nivel real de emisiones de Co2 de sus motores diésel.

"Si esta norma hubiera estado en vigor, las organizaciones de consumidores de todos los Estados miembros habrían podido lanzar una acción colectiva contra un fabricante que aseguraba respetar las normas medioambientales cuando no era así y, por tanto, engañó a los consumidores", señala el organismo comunitario.

La nueva directiva requiere la aprobación del consejo de ministros de la UE y del Parlamento Europeo. Y no será nada fácil porque la industria europea ya se ha movilizado en otras ocasiones para evitar que en Europa se generalicen las reclamaciones colectivas que, en EE UU, llevan a compensaciones multimillonarias. Volkswagen, por ejemplo, ha afrontado al otro lado del Atlántico una factura de más de 25.000 millones de dólares (entre multas e indemnizaciones) mientras que en Europa ha salido prácticamente indemne. Bruselas quiere acabar con esa impunidad.

La Comisión ya intentó en 2004 potenciar las demandas colectivas en los casos de violación de las normas de competencia. Pero la propuesta fue, primero, aparcada, y después aprobada en una versión mucho más limitada.

El proyecto anunciado este miércoles forma parte de una amplia reforma legislativa para endurecer las normas de protección al consumidor, que incluye la enmienda de cuatro directivas: la de cláusulas abusivas, la de indicación de precios, la de prácticas comerciales desleales y la de derechos del consumidor.

"En un mundo globalizado, donde las grandes empresas tienen una enorme ventaja sobre los consumidores individuales, es preciso igualar las posiciones", ha señalado Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de género, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del nuevo paquete legislativo.

Sector

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a "garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto" que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la "posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión".

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la "prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad".

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita "no existe un mercado libre" ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

El error por parte de la Administración en el domicilio al que notifica la resolución no impide que se tenga por válidamente finalizado el procedimiento. En consecuencia, el interesado no puede alegar dicho error para justificar la caducidad del proceso. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de marzo (acceda al texto aquí), en la que confirma la validez de una decisión de la Dirección General de Industria que reclamaba el reintegro de una subvención a una empresa, pero que fue dirigida a una dirección distinta a la que la compañía había comunicado como domicilio a efectos de notificación.

La empresa había argumentado que el fallo impedía tener por producida la comunicación y, en consecuencia, el procedimiento había caducado. Según el alto tribunal, el intento de notificación debidamente acreditado y que contenga íntegramente el texto del acto, realizado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, sirve para entender que la Administración ha resuelto con validez dentro del margen que le da la ley. Es decir, aunque exista error por parte del organismo público, el proceso se da por concluido y el administrado no puede alegar la caducidad del mismo.

La resolución unifica una materia en la que existían pronunciamientos contradictorios. Así, en dos sentencias de 17 de noviembre de 2013 y de 3 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo había resuelto que, una vez designado un domicilio a efecto de notificaciones, solo la comunicación realizada servía para que se considerara válida y operativa a efectos de interrumpir la caducidad.

En cambio, en esta sentencia se opta por considerar que “lo relevante es la acreditación de que se ha llevado a cabo un intento de notificación”, puesto que ese acto “proporciona ya la certeza acerca de que la resolución ha sido dictada dentro de un plazo concreto”.

Para entender que el intento de notificación sea adecuado, este deberá ser “regular” y debe recoger las “exigencias legales” sobre el lugar, el día y la hora. No será válida, en cambio, la tentativa en una dirección que sea “manifiestamente regular o errónea”. Una valoración, no obstante, que tendrá un componente “enormemente casuístico”, apunta.

La sentencia, no obstante, subraya que estas “mínimas” exigencias de la notificación (que esté debidamente acreditada y que contenga el texto del acto) solo sirven para que se produzca el “restringido efecto” de “tener por dictada la resolución dentro del plazo que corresponda”, y no otros.

Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube y, más recientemente, Instagram son un potente escaparate en donde se mueve información, se opina y debate y, sin duda, se influye. La abogacía, un sector tradicionalmente conservador, no se ha mantiene ajena a esta revolución y el uso de estas herramientas se ha extendido entre sus profesionales, conscientes de las ventajas y beneficios de participar en las redes para captar clientes y comunicarse con ellos. Pero no se trata solo de estar, también hay que conocer y saber utilizar los distintos canales; tener claro qué se quiere y cómo conseguirlo.

Los grandes despachos que han dado el salto a este ámbito aprovechan su potencial y usan el conocimiento de sus abogados para posicionarse en un entorno competitivo y, a veces, agresivo. Para obtener el éxito esperado, destacar entre la competencia, crear oportunidades y un retorno para el negocio, elaboran una estrategia de comunicación corporativa adaptada a sus objetivos y cuentan con un equipo experto en redes y marketing que establece las pautas y buenas prácticas a seguir, incluyendo una escucha activa del cliente. Se trata, dicen, de sumar y no restar.

Un estudio sobre cómo actúa el sector de la abogacía en las redes sociales, llevado a cabo en 2016 para Wolters Kluwer, mostraba el alto posicionamiento de estas herramientas como instrumentos de conversión, captación, imagen y fidelización para los bufetes y firmas legales. Una de las conclusiones del estudio revelaba que, si bien las firmas conocían su potencial, no sabían cómo sacarles todo el partido posible y conseguir mejores resultados en sus canales on line. Como ejemplo, un 47% de los más de 600 abogados autónomos y de grandes despachos consultados, apostaba por las redes sociales como pilar de una buena reputación en el sector, pero cinco de cada diez confesaban desconocer cómo mejorar la reputación a través de ellas.

La industria legal está comenzando a darse cuenta, indica, de cómo las redes sociales pueden ayudar a los abogados a “construir y cimentar las relaciones personales”, cruciales para el negocio. Para generar oportunidades, subraya, las cuentas propias de los abogados son, al menos, tan importantes como las cuentas globales de la firma. De hecho, cada vez más abogados consiguen trabajo como resultado de interacciones que han comenzado o continuado a través de las redes sociales, particularmente LinkedIn.

Las 'big four', las cuatro grandes firmas de auditoría (Deloitte, EY, KPMG y PwC) que se reparten la revisión de cuentas de las compañías que integran el Ibex 35, ven crecer su negocio global, pero no todas salen igual de airosas de ese reparto. PwC y KPMG aprovechan la captación de clientes del selectivo de la bolsa a costa de EY y de Deloitte, que recortan su minuta de manera relevante.

La foto global a cierre de 2017 desvela que las 35 sociedades que integran el Ibex han abonado más de 280 millones de euros a las cuatro 'big four' por todos los servicios de auditoría realizados en el último año. Se encargan tanto de la revisión de sus cuentas consolidadas, como de sus distintas filiales internacionales, según detallan en los informes anuales de 2017. Esa cifra por ser "las auditoras principales" de las grandes cotizadas es un 7,4% más alta que la factura de 2016, cuando se quedó en 260 millones de euros.

No es el único negocio que captan porque, al margen de esas auditorías principales, las 'big four' participan de más actividades vinculadas a la revisión de cuentas. Son otros 128 millones de euros, que las empresas del Ibex no desglosan (no todas las compañías desvelan si trabajan con más compañías además de su auditor principal) ni informan sobre cómo lo distribuyen.

Este negocio está condicionado por un nombre: Banco Santander. La entidad financiera presidida por Ana Botín es la que mejor paga. El pasado año abonó más de 89 millones de euros a PwC, su auditor principal, por supervisar las cuentas de todos los negocios del banco. Pero hay más, porque repartió otros 115 millones a otras auditoras, de los que no da más detalles en su informe anual.

Más allá de la evolución global, el negocio de supervisar si las cifras del Ibex se adaptan a las normas internacionales de contabilidad pone de relieve que PwC y KPMG han disparado considerablemente su factura en el último año.

La primera crece un 31%. Suma más de 122,8 millones de euros, sobre todo gracias a la minuta del Santander; porque su segundo gran cliente es Telefónica, que se queda a gran distancia, dado que abona 18 millones por sus auditorías. La segunda, KPMG, es la firma que más crece. Multiplica por más de seis su factura al Ibex, gracias a captar desde 2017 la auditoría de BBVA (27 millones), que hasta ese año revisó Deloitte; y de Iberdrola (más de 28 millones de euros), que antes auditaba EY (la antigua Ernst & Young).

La pérdida de dos de los pesos pesados del Ibex ha golpeado a estas dos últimas firmas. Mientras el negocio de auditar al Ibex de Deloitte se recortó un 26% en 2017 (hasta 67,3 millones de euros); el de EY se desplomó un 72% (se quedó en 17,7 millones).

La tarta de auditar al selectivo no es algo continuo y, aunque este año no se esperan grandes cambios en las firmas que revisan a las grandes cotizadas, en los próximos ejercicios volverá a abrirse el baile de cambio de firmas que, al final, se siguen repartiendo entre las cuatro 'big four'. Los cambios de los últimos ejercicios son fruto de la Ley de Auditoría que entró en vigor hace dos años y que, por primera vez, puso una fecha tope para obligar a las empresas a cambiar de revisor contable. Antes de esta ley podían estar de forma indefinida; después, el máximo es de 10 años.

La nueva regulación tuvo una particularidad. Obligó a iniciar esa rotación a las empresas que llevasen diez años (o menos) con el mismo auditor. Si llevaban más tendrían más tiempo y no estarían obligadas a cambiar antes de 2020 o 2023. A una de las que le tocará dentro de dos años es, por ejemplo, a Gas Natural Fenosa, que actualmente revisa PwC.

En España más de cuatro millones de personas aparecen registradas en los llamados ficheros de morosos que, en realidad, lo que reflejan es su solvencia patrimonial. Es decir, “solo es pertinente” la inclusión en ellos de aquellas personas “que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas”, según establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La principal instancia judicial del país ha aclarado, en una sentencia conocida este jueves, cuáles son los límites de actuación en ese campo. Y el principal es que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio”. Es decir, basta para evitarlo “con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”, por ejemplo, un cruce de correos con argumentos de contrario sobre la validez de esa reclamación o su cuantía real.

Eso pasó con una excliente de Vodafone, a la que una empresa de recobro le exigió 297,80 euros en 2013 por una deuda, de los que ella dejó sin pagar 200 por no estar de acuerdo. Alegó que, además de irregularidades en la facturación telefónica, se le aplicaron penalizaciones sin motivo y por eso se dio de baja.

Pero la compañía la inscribió en dos registros de morosos (Equifax y Experian), lo que ella supo en 2015 al denegársele una tarjeta de crédito. Para los magistrados, aquello vulneró su derecho de honor -por eso ordenan indemnizarla con 10.000 euros, 50 veces la deuda reclamada- porque su insolvencia no se acreditó y su postura era “seria., sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada".

Y es que los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechazan de plano que se pueda meter en ficheros de morosos a "aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda". "Puede", apuntan, que la misma "resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz", pero hasta que eso ocurra no es una información "pertinente" ni "proporcionada a la finalidad del fichero automatizado". En este caso, además, los jueces creen que la actitud de la empresa a la que Vodafone cedió su crédito "puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara algo que había cuestionado".



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