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Los consejos de la semana

Fiscal

La fianza no devuelta a la resolución del contrato no constituye renta a efectos de deducción por alquiler de vivienda habitual

La regulación de la deducción por alquiler de vivienda habitual del artículo 68.7 de la LIRPF, fue suprimida con efectos desde 1 de enero de 2015, sin embargo continúa pudiéndose practicar de acuerdo con la disposición transitoria decimoquinta de la LIRPF por aquellos contribuyentes que hayan celebrado un contrato de arrendamiento y satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual, siempre y cuando tuvieran derecho a dicha deducción antes de dicho ejercicio impositivo.

La base de la deducción de un contribuyente que continúa teniendo derecho a la deducción por alquiler de vivienda habitual, afirma la DGT puede incluir además del importe del alquiler, los gastos y tributos que corresponda satisfacer al arrendador en su condición de propietario de la vivienda y que, según las condiciones del contrato de arrendamiento, le sean repercutidos. Así, podrán incluirse como tales partidas las cuotas de la Comunidad de Propietarios y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo, no formarán parte de la base de deducción ni el importe de la Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, en la que el arrendatario tiene la condición de contribuyente, ni el importe de los gastos de suministros de la vivienda arrendada (agua, electricidad, gas, etc.) que corresponden al consumo de suministros de la vivienda del propio contribuyente, ni tampoco el importe de la fianza, en la medida en que constituye una garantía del arrendamiento.

Por último, concluye la DG ni las cantidades satisfechas a una agencia inmobiliaria que facilita el inmueble arrendado, ni el aval bancario satisfecho, en la medida en que éste constituye una garantía del arrendamiento, al igual que ocurre con la fianza satisfecha al arrendador aun en el caso de no ser devuelta a la finalización del contrato pueden catalogarse como partidas de la mencionada deducción por alquiler de vivienda habitual.

Tampoco las cantidades satisfechas a una agencia inmobiliaria que facilita el inmueble arrendado, ni el aval bancario satisfecho, en la medida en que éste constituye una garantía del arrendamiento, pueden catalogarse como partidas de la mencionada deducción por alquiler de vivienda habitual.

Mercantil, civil y administrativo

La inactividad de una empresa ¿impide su inclusión en el sistema NEO?

La inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas supone una nueva obligación tributaria de carácter formal.

Inactividad

La sociedad limitada recurrente disconforme con el Acuerdo de inclusión en el sistema de notificación electrónica y alega para ello que está inactiva desde hace 14 años, que carece de recursos económicos y que no puede hacer frente a la tramitación y coste de la disolución de la sociedad, en vista de su elevado coste.

El TEAC discrepa de tales argumentos. La obligatoriedad de la inclusión en este sistema está claramente delimitado tanto en la Ley 11/2007 como en su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 1363/2010. Así pues, la inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas supone para la persona jurídica afectada, el nacimiento de una nueva obligación tributaria de carácter formal. Cumple la reclamante el primer condicionamiento establecido en el art. 4 del citado Reglamento respecto a su naturaleza subjetiva, pues en el momento de dictarse el acuerdo controvertido, revestía la naturaleza jurídica de sociedad de responsabilidad limitada.

El TS en su sentencia de 22 de febrero de 2012 tuvo ocasión de pronunciarse sobre este Real Decreto y la conformidad de la norma de cobertura, que en su art. 27 prevé la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos precisos.

Así las cosas, el TEAC concluye que la sociedad reclamante está correctamente incluida en el sistema NEO y es irrelevante a estos efectos que no realice actividad alguna. Para ser excluida, deberá inscribir en el Registro Mercantil la escritura de extinción y cancelar los asientos registrales.

Lo más destacado en Prensa

Contabilidad

El sistema financiero internacional estrenará al arrancar 2018 un nuevo método para calcular las dotaciones frente al impago de los créditos. La nueva normativa contable IFRS 9, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio, según un informe de BBVA Research. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.

Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.

Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que a día de hoy los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.

«A pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos», explica el servicio de estudio de BBVA en su informe mensual «Situación Banca» correspondiente al pasado noviembre, en el que calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1) de 67 puntos básicos.

Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona. El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades.

Cierto es que, para adelantarse a la adopción de este nuevo método contable internacional, el Banco de España ya aprobó el año pasado una circular contable transitoria. Ahora el organismo dirigido por Luis María Linde ultima su actualización para adoptar al 100% el contenido de esa norma IFRS 9.

Fiscal

El Tribunal Supremo ha decidido arrojar luz sobre el controvertido impuesto de plusvalía municipal que se aplica sobre la venta de los inmuebles. Los magistrados acaban de admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid, y recientemente otro de Zaragoza, que a su vez ponen en juego los miles de millones ingresados por todos los municipios en los últimos años.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente la tasa de plusvalía municipal, sufrió un fuerte varapalo en mayo de 2017 cuando el Tribunal Constitucional decretó que no puede aplicarse si la venta del inmueble se cierra con pérdidas sobre su valor inicial, es decir, sin plusvalía.

El fallo del Constitucional obligaba a reformar el impuesto con lo que Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pasaron meses negociando un nuevo diseño que permita su aplicación dentro de los límites constitucionales. La nueva tasa, acordada el pasado enero y pendiente de tramitación, tendrá aplicación retroactiva desde el 15 de junio de 2017 pero está por ver qué ocurre con los impuestos indebidamente pagados antes de esa fecha.

En paralelo, tal y como adelantó este diario el pasado otoño, cada vez más juzgados y Audiencias Provinciales vienen anulando la aplicación del impuesto en los casos en que la transacción se produce con ganancias debido a un error en el cálculo que se aplica. Otros dan por anulada todas las tasas cobradas basándose en el fallo del Constitucional

El Supremo ha decidido aclarar ahora cómo proceder. El último paso ha sido admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del 3 de octubre de 2017 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“El perjuicio al interés general es evidente”, alega en su recurso la corporación que dirige la exjueza Manuel Carmena, que critica “el coste adicional” que tendrá para el ayuntamiento tramitar la devolución de los ingresos indebidos, más los intereses de demora correspondiente, bajo el supuesto de que luego tendría que volver a aplicar la tasa bajo una formulación aceptable. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid ingresó 688 millones de euros por este impuesto solo en 2017.

De hecho, el impuesto de plusvalía es una importante fuente de ingresos para todas administraciones locales. Más allá de Madrid, dado que el caso será extrapolable a los más de 8.000 municipios españoles, están en juego los más de 10.000 millones de euros que las corporaciones locales han cobrado en los últimos cuatro años, que es el periodo sobre el que es posible reclamar. Es decir, desde marzo de 2014 para nuevos litigios.

Las pensiones por jubilación tienen la consideración de rendimiento del trabajo y como tal tributan en el IRPF. Así, parte de lo que reciben los pensionistas a través de la Seguridad Social vuelve al Estado vía impuesto sobre la renta.

A pesar de que muchas prestaciones no llegan al límite de tributación, la jubilación media y el número de pensionistas no ha cesado de aumentar. Los últimos datos de la Agencia Tributaria indican que los pensionistas pagaron en 2017 más de 10.000 millones de euros por las retenciones del IRPF sobre sus prestaciones. Es la primera vez que se supera esa cifra en la historia. A finales de este mes se conocerá el importe exacto, pero teniendo en cuenta la evolución hasta el tercer trimestre, no hay ninguna duda de que se rebasará el límite de los 10.000 millones.

El tipo de retención medio en el IRPF que recae sobre los pensionistas se sitúa actualmente en el 7,7%, un nivel jamás registrado. El IRPF es un tributo progresivo y si aumenta la prestación media forzosamente se incrementa la retención. Desde 2007, el tipo de retención solo se redujo en un año. Fue en 2015, como efecto de la rebaja del IRPF aprobada por el Gobierno.

Los tramos y tarifas que aplican los pensionistas son los mismos que rigen para los asalariados. Aunque el mínimo familiar exento de tributación de 5.550 euros para todos los contribuyentes aumenta hasta los 6.700 euros para los mayores de 65 años y a 8.100 euros para los que superan los 75 años. Un pensionista que no tenga hijos a cargo ni tenga ninguna minusvalía sufrirá una retención sobre su prestación cuando supere los 12.600 euros al año (900 euros al mes en las 14 pagas que abona la Seguridad Social).

El 55,5% de los contribuyentes que cobran una pensión de jubilación se sitúan por debajo de este umbral y, por lo tanto, están exentos. El restante 44,5% cobra una pensión de jubilación superior a los 900 euros al mes. En este grupo también habrá jubilados que no tributan por su prestación en función de su situación personal. Por ejemplo, un pensionista que tenga 78 años y una minusvalía entre el 33% y el 65% empezará a soportar una retención a partir de 14.110 euros (1.007 euros brutos al mes). Todos los contribuyentes que cobran una prestación no contributiva, cuya cuantía máxima son 5.178,6 euros anuales, tampoco pagan IRPF.

Una pensión media, que hoy se sitúa en 1.077,52 euros tiene una retención del 7%. La prestación de jubilación contributiva máxima alcanza los 2.580, 13 euros al mes (36.121,82 euros al año). Para este nivel, la retención en el IRPF asciende al 19,23% y la cuantía mensual neta queda en 2.084 euros. Dicho de otra forma, el jubilado que cobra la prestación máxima abona 6.946,2 euros. Actualmente, el 12,37% de los contribuyentes tiene derecho a una pensión superior a los 2.000 euros brutos.

Las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, comenzarán a suministrar a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad antes del 31 de octubre, según la orden ministerial que regula el nuevo modelo de declaración informativa sobre los alquileres turísticos.

La nueva obligación fiscal, aprobada por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2017, entrará en vigor en julio de este año, por lo que las plataformas de pisos turísticos tendrán el mes de octubre para informar a la Agencia Tributaria de los alquileres suscritos entre julio y septiembre, ya que la declaración tiene una periodicidad trimestral, debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.

Para los datos del cuarto trimestre de 2018, tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2019, mientras que, para dar cuenta de los alquileres suscritos en el primer y segundo trimestre de este año, la Agencia Tributaria extiende la fecha hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de otorgar un plazo de adaptación de los sistemas de información al contenido de la nueva obligación.

La norma contempla la aprobación del modelo 179 de 'Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines turísticos', así como la forma, plazo y lugar de presentación, y el resto de datos relevantes para el cumplimiento de esta nueva obligación de información.

En concreto, se requerirá la identificación del titular de la vivienda, la identificación del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la identificación de las personas o entidades cesionarias.

De esta forma, Hacienda trata de ponerle coto a determinados alquileres turísticos bajo los cuales se encuentran incluso cadenas hoteleras que alquilan sus viviendas mediante plataformas enmascaradas de usuarios particulares.

De igual forma, los intermediarios tendrán que incluir en sus declaraciones la identificación del inmueble objeto de cesión, la referencia catastral del inmueble objeto de cesión, en su caso, y el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

También debe figurar el importe percibido por el titular cedente del derecho y el número de contrato en virtud del cual la declarante intermedia en la cesión de la vivienda.

Las declaraciones las deberán presentar las personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy trata de recuperar la iniciativa política. Desbordado por su debilidad parlamentaria, la crisis política en Cataluña y las repentinas protestas de pensionistas por las nimias subidas de sus nóminas en los últimos años, el Gobierno busca en su alforja presupuestaria medidas para aplacar el creciente debate sobre las pensiones.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó el pasado martes que trabaja en una "prima fiscal" para los jubilados de "más edad". Se trata de una deducción en la cuota del IRPF para los contribuyentes de en torno a los 80 años, según fuentes gubernamentales. El ministro quiere compensar "los costes inherentes" que tiene este colectivo por su avanzada edad. Es decir, el gasto que soportan por cuestiones de dependencia, enfermedades, medicamentos...

Aunque la medida aún está en una fase muy preliminar, el ministro se inclina por crear un nuevo impuesto negativo, similar al que disfrutan las madres trabajadoras con niños de menos de tres años. Estas reciben un cheque de 100 euros al mes de Hacienda con independencia de que la declaración de la renta les salga a pagar o a devolver. Es decir, que los pensionistas que están exentos de pagar IRPF porque perciben una pensión inferior a 12.000 euros —o de 14.000 euros a partir de los próximos Presupuestos— recibirán un subsidio mensual para compensarles por los gastos adicionales de la vejez.

Montoro es un firme defensor de esta figura tributaria. El impuesto negativo es un concepto que se atribuye al economista y premio Nobel, Milton Friedman, por el que el Estado garantiza, a través del sistema tributario, una subvención o nivel de renta mínima para aquellos ciudadanos que no logren un nivel mínimo de ingresos.

Precisamente, fue Montoro el primero en establecer el impuesto negativo en España. Fue en 2003 para las mujeres trabajadores con hijos de menos de tres años. Desde 2015, el mismo ministro amplió el cheque fiscal para familias numerosas o contribuyentes con dependientes a su cargo o familias monoparentales.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha constatado hoy que los ayuntamientos realizan funciones en dependencia y asistencia social, y dado que tienen un superávit estructural "y les sobran millones" deben asumir esas competencias.

En su comparecencia en la comisión del Congreso encargada de evaluar el modelo autonómico del Estado, Escrivá también se ha referido a la cesión del Gobierno para que los ayuntamientos inviertan sus ahorros y ha asegurado que la prioridad de España ahora "no es mejorar las infraestructuras, ni gastar en fuentes, sino reajustar el nivel competencial".

Y ha añadido que "alguien por arriba tiene que reflexionar y lo tiene que ver". Escrivá ha precisado que a los ayuntamientos les sobran 8.000 ó 9.000 millones y además "tienen 25.000 millones en los bancos" y, por tanto, un aumento de su gestión competencial ayudaría a reequilibrar las cuentas de las autonomías.

El presidente de la Airef también ha criticado el papel del Senado "que no actúa como una verdadera cámara territorial" y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que es miembro nato, y que, en su opinión, no propicia la corresponsabilidad fiscal y crea un clima de desconfianza entre el Estado y las comunidades.

Laboral

La Confederación avisa a los sindicatos de que el paro feminista del 8 de marzo "no parece el mecanismo más idóneo para la consecución de pactos". Previene de la actuación de los piquetes. Las patronales CEOE y Cepyme no están de acuerdo con la huelga feminista de mañana, 8 de marzo, que han convocado los sindicatos, en defensa de los derechos de la mujer, y que está alcanzado un amplio eco social. Los empresarios sostienen que el paro es muy inoportuno, en medio del diálogo social, y dificulta la consecución de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Por lo tanto, recuerda las medidas que deben tomar los empresarios ante las dificultades que puedan tener, para asegurar la producción en medio de la huelga. Incluyendo el cierre patronal. En una nota interna de CEOE y Cepyme, Ante la convocatoria de huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2018, los empresarios remarcan que se produce en medio del diálogo social. Tanto en la discusión que mantienen CEOE y Cepyme con los sindicatos para la suscripción de un nuevo Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), como en las mesas de diálogo social que patronal y sindicatos mantienen con el Gobierno. Ámbitos en los que, entre otras cosas, también se están tratando materias de igualdad entre mujeres y hombres con el objetivo de conseguir "un consenso para poder realizar propuestas conjuntas de cambios normativos".

Sin embargo, la nota interna, advierte a los sindicatos de que "convocar una huelga cuando estas mesas de negociación están abiertas no parece el mecanismo más idóneo para la consecución de acuerdos, con los que estamos plenamente comprometidos las organizaciones empresariales, máxime en materia de igualdad entre mujeres y hombres". En este sentido, CEOE recuerda que su Comisión de Igualdad ha ratificado "el compromiso de las empresas con la reducción progresiva de la brecha salarial de género" y de trabajar con el Gobierno y las organizaciones sindicales "para avanzar en esta materia en el marco de un diálogo eficaz y constructivo".

A partir de aquí, el documento advierte a las empresas de que las diferentes convocatorias sindicales de la huelga "pueden suponer un problema de control importante para las empresas en relación a la gestión de su personal". Efectivamente, UGT y CCOO han convocado paros de dos horas por la mañana, por la tarde y por la noche. USO ha hecho un llamamiento a que la huelga sea desde las 12:00 hasta las 16:00 horas. Además, CNT y CGT han planeado una protesta que dure todo el día 8 de marzo.

En este contexto, CEOE llama a sus afiliados a mantener abiertas las empresas toda la jornada del 8 de marzo "para hacer posible la entrada del personal que desee hacer uso de su derecho, también constitucional, al trabajo y no quiera secundar la convocatoria". CEOE recuerda, incluso, el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, [preconstitucional] regulador de la huelga, "que dice textualmente: Se respetará la libertad de trabajo de aquellos que no quieran sumarse a la huelga".

Junto a ello, la patronal aconseja a sus afiliados contra la actuación de los piquetes y ante la posibilidad de ordenar un cierra patronal. Así, CEOE dice que "cualquier acto de los piquetes [sindicales] que desborde las tareas puramente informativas, como frecuentemente sucede en la práctica, convierte la acción de los piquetes informativos en ilegal en cuanto trata de impedir el ejercicio del derecho al trabajo y a no secundar la convocatoria de huelga".

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que es "difícil" que las pensiones se revaloricen conforme al IPC como reclaman algunos grupos parlamentarios, aunque, ha asegurado, es una cuestión que debe determinar el Pacto de Toledo.

Durante su intervención en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos, el gobernador ha reconocido que el sistema público de pensiones "tiene problemas serios" que solo pueden resolverse con un aumento del empleo similar al experimentado en los últimos años.

Linde ha considerado que el sistema de pensiones está amenazado por tres elementos, la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida y el desempleo. De estos tres factores, solo se pueden tomar medidas sobre el empleo, porque es lo que puede "tener un impacto más rápido y eficaz".

Asimismo, el gobernador ha reiterado que en España hay muy poca aportación de la inversión privada a las pensiones porque el ahorro de las familias se ha canalizado a través de la vivienda, lo que constituye una "renta en especie", aunque esto no resuelve el problema de las pensiones ni justifica que se suban menos.

En ese sentido, ha defendido que "estaría bien" que la inversión no se concentrara solo en la vivienda, sino que también se dirigiera a activos financieros, como fondos de pensiones, y ha apuntado que para fomentarlo se necesitaría "algún estímulo".

El PSOE ha denunciado que dos de cada tres personas asalariadas con retribuciones inferiores a los mil euros brutos son mujeres y que esos "sueldos miserables" han ido en aumento desde la reforma laboral hasta el punto de que en 2016 su número había aumentado en 104.200 personas.

Así consta en una respuesta del Gobierno en el Congreso tras la pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que incide que, desde el primer año completo de reforma laboral, 2013, este aumento es aún mayor: 140.200 personas.

Este incremento se ha registrado tanto en hombres como en mujeres, si bien es cierto que es mucho más significativo en hombres que en mujeres. Concretamente, en hombres se ha pasado de 900.900 Trabajadores en 2013 cobrando menos de mil euros brutos a 976.600 en 2016, un aumento de 75.700 personas.

En mujeres, según los datos facilitados por el propio Gobierno, se ha pasado de 2.012.900 a 2.057.400 trabajadoras cobrando menos de mil euros brutos, lo que supone un crecimiento de 44.500 personas.

Sin embargo, las mujeres copan estos bajos salarios, concentrando más de dos de cada tres sueldos inferiores a mil euros: un 67,8%, si bien este porcentaje se ha ido reduciendo progresivamente desde el 71% en 2012 hasta la cifra actual. Así, en 2013 las mujeres concentraron el 69% de estos sueldos, en 2014 el 68,4% y en 2015 el 68,8%.

El mercado laboral vuelve a crecer. Tras el habitual parón de enero, en febrero ha regresado a la senda de la recuperación. El mes pasado el empleo, medido con la afiliación a la Seguridad Social, creció con 81.483 ocupados adicionales. Febrero ha registrado una afiliación media de 18.363.514 cotizantes. El paro, por el otro lado, cayó en 6.280 personas, hasta quedar en un volumen total de 3.470.248, según los datos del Ministerio de Empleo.

Con estos datos, se puede observar que en los dos primeros meses de 2018 continúa la inercia de la recuperación. En un solo año la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 615.259 cotizantes, un 3,47% más. El régimen general, el más voluminoso, lo hizo a un ritmo del 4,54%. Ambos se mantienen en torno a ese ritmo, décima arriba o abajo, desde hace más de un año.

Abunda en esta línea el dato desestacionalizado, que elimina de la estadística los altibajos de temporadas turísticas o agrícolas y sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en el mes en 62.006 ya suma 51 meses en positivo.

El crecimiento del empleo el mes pasado prosiguió por el tirón de la educación, que ganó 32.013, la hostelería (21.312) y Construcción (21.015). En cambio, el comercio perdió 16.058 cotizantes.

Por comunidades autónomas, el número de afiliados en febrero aumentó en prácticamente todas, especialmente en Cataluña (24.263), Madrid (14.481 y Baleares (14.034). Desciende únicamente en Castilla-La Mancha (-2.108) y Cantabria (-577). El caso de Asturias es curioso, puesto que prácticamente se mantiene, al descender el número de cotizantes en un solo afiliado.

Una las tónicas que se mantiene es el crecimiento sin cesar de la contratación. En los dos meses que van del año, se han firmado 3,3 millones, un 6,8% más que el año pasado. Este es un claro síntoma de que prosigue la gran rotación en los puestos de trabajo. Es cierto que ese ritmo de crecimiento es menor al del año anterior, pero también lo hace sobre una base más grande (el año pasado se firmaron 21,5 millones de contratos).

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017. En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior. Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

La Unión Europea ha logrado en la madrugada del jueves un principio de acuerdo para endurecer la directiva comunitaria sobre trabajadores desplazados. El pacto prevé la equiparación salarial entre los trabajadores desplazados temporalmente a otro país y los locales, lo que podría suponer una mayor retribución para más de dos millones de empleados. El proyecto de directiva también fija un período máximo de desplazamiento de 12 meses, con posibilidad de prórroga justificada hasta 18. Transcurrido ese plazo, el trabajador podrá acogerse a la legislación laboral del país de destino si es más favorable que la de su país de origen.

La directiva actual solo exige una remuneración igual al salario mínimo del país donde se desplaza el trabajador, lo que ha generado un dumping laboral en sectores con gran movilidad laboral como la construcción. La norma también ha facilitado el desplazamiento cuasi permanente de trabajadores procedentes de países más pobres hacia otros más ricos, con unos salarios inferiores a los habituales en el país de destino. Entre 2010 y 2014, el número de trabajadores desplazados aumentó en un 40% hasta casi dos millones de empleados.

"Estoy muy contenta de anunciar que, tras una larga reunión, hemos logrado un consenso", ha señalado en rueda de prensa Zornitsa Roussinova, viceministra de Empleo de Bulgaria, país que preside durante este semestre la UE. El acuerdo se ha negociado entre la presidencia búlgara y las representantes del Parlamento Europeo, con la mediación de la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.

El texto todavía debe ser ratificado por los representantes de los 28 países de la UE (el 14 de marzo) y por el pleno del Parlamento. Pero Bulgaria confía en que salga adelante y desbloquee una reforma empantanada desde hace meses por el choque entre los países partidarios de endurecer el control de los trabajadores desplazados para combatir el dumping salarial (como Francia o Bélgica) y los que temen un impacto en su exportación de trabajadores (los países de Europa central y del Este, con Polonia al frente).

España se había alineado con los socios partidarios de frenar la directiva por temor a las repercusiones en el sector del transporte por carretera. Pero ha logrado que la directiva no se aplique a los camioneros por lo que el Gobierno español parece dispuesto a secundar el acuerdo alcanzado este jueves. "En principio, a falta de conocer todos los detalles, España puede apoyar el acuerdo", señalan fuentes diplomáticas.

Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal de Justicia europeo ha asestado este martes un golpe potencialmente mortal a los 196 tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por los socios de la Unión Europea entre sí. Los jueces comunitarios han sentenciado, a raíz de una consulta prejudicial, que la cláusula arbitral recogida en uno de esos Tratados (el firmado por Holanda y Eslovaquia) es incompatible con el derecho de la Unión Europea porque no garantiza que los litigios se diriman ante los órganos jurisdiccionales del sistema judicial de la Unión.

El veredicto sienta un importantísimo precedente para España, que con 33 demandas es el país más citado a procedimientos de arbitraje por litigios con inversores de países europeos. El gobierno de Mariano Rajoy ya ha maniobrado en Bruselas para intentar blindarse ante la avalancha de demandas de inversores que se consideran perjudicados por el recorte de las primas a renovables, unos litigios con una factura potencial para el erario español de hasta 7.600 millones de euros. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, intenta que la Comisión considera esas indemnizaciones como una ayuda de Estado ilegal y por tanto impida su pago.

Pero ese frente no bastaba. El ejecutivo español también ha intervenido en el caso resuelto este miércoles. Y apoyó abiertamente la tesis de Eslovaquia, partidaria de anular un laudo que había obligado a ese país a indemnizar con 22,1 millones de euros a una compañía holandesa afectada por un cambio legislativo en el sistema de seguros de enfermedad.

Los jueces han avalado la tesis de Eslovaquia y han fallado contra la cláusula del tratado bilateral sobre protección de la inversión que concedía a los laudos arbitrales un carácter definitivo e incuestionable por las autoridades judiciales. La anulación de esa cláusula convertirá prácticamente en inútiles los tratados bilaterales suscritos entre socios europeos.

El veredicto supone también una importante victoria para la Comisión Europea, que lleva años luchando contra la vigencia de esos acuerdos bilaterales. Bruselas sostiene que se tratad pactos incompatibles con el Tratado de la UE, una tesis rechazada sistemáticamente por los tribunales de arbitraje. El veredicto de este miércoles refuerza la lucha de la CE para acabar con los tratados bilaterales y con los tribunales de arbitraje para conflictos intracomunitarios.

Las reclamaciones hipotecarias, por cláusulas suelo, gastos de constitución del préstamo o créditos multidivisa, se han convertido en los últimos tiempos en una de las principales cargas de trabajo de los juzgados españoles. En paralelo, sin embargo, el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido con fuerza. El año pasado se redujeron un 37,8%, hasta los 30.094 procesos iniciados por la banca ante impagos, mientras que el número de desahucios prosiguió también su descenso.

Concretamente, los lanzamientos de vivienda se redujeron un 3,6% en 2017, hasta situarse en los 60.754 casos. Además, solo uno de cada tres casos correspondió a familias hipotecadas mientras que el grueso de desahucios se concentró en el mercado del alquiler, según las estadísticas de actividad judicial facilitadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta refleja que las ejecuciones hipotecarias se sitúan en niveles inferiores a los de 2008, cuando se iniciaron 58.686 procesos. En 2009 fueron 93.319, mientras que se presentaron 93.636 en 2010, 77.854 en 2011, 91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 48.410 en 2016.

Pese al influjo que pueda estar teniendo en esta evolución la recuperación económica, en buena medida el descenso está motivado por la suspensión generalizada de ejecuciones hipotecarias que han decretado los jueces a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre esta materia.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tiene pendiente resolver cuestiones prejudiciales sobre cómo proceder cuando las cláusulas de vencimiento anticipado, que permite ejecutar el préstamo, es abusiva. Mientras lo aclara, el grueso de procesos, han quedado congelados.

En casi el 58 por ciento de las quejas que les presentan deciden rectificar las medidas que han adoptado, según datos provisionales de 2017 incluidos en el portal del Cliente Bancario del Banco de España. El año pasado, las reclamaciones presentadas por los usuarios de la banca ante el Banco de España crecieron el 178 por ciento y se elevaron a 40.170. Aunque esta institución todavía no ha facilitado el número de reclamaciones que se han resuelto y solo ha proporcionado porcentajes, existen otras cifras sobre ese elevado número de protestas en contra de los bancos.

Así, en el portal del Cliente Bancario se señala que el 38,7 por ciento de las reclamaciones resueltas por el Banco de España concluyeron con informes favorables a los reclamantes. Como se ha señalado arriba, el 57,8 por ciento se cerraron con rectificaciones de las entidades financieras, lo que implica que los bancos escogieron alcanzar un arreglo con sus clientes antes de que el Banco de España emitiera el informe no vinculante sobre los asuntos que recibe con el que resuelve estos casos.

Puede parecer que los porcentajes no coinciden, pero parte de ellos se refieren a reclamaciones liquidadas, de las que el 12,5 por ciento han concluido con allanamientos, lo que implica que el Banco de España da la razón al cliente que ha protestado. Esto no supone que la entidad reclamada tenga que plegarse.

De los datos contenidos en ese portal se observa que la mayoría de las reclamaciones están relacionadas con la comercialización de hipotecas, ya que los clientes presentaron casi 32.700 quejas por ese motivo, el 81,39 por ciento del total. Por cuentas y depósitos, los usuarios de banca plantearon cerca de 3.200 reclamaciones, el 7,96 por ciento del conjunto, mientras que las tarjetas acapararon el 3,59 por ciento de las quejas; otras reclamaciones el 2,7 por ciento y los préstamos personales el 1,6 por ciento.

Por provincias, el mayor número de reclamaciones fueron presentadas en Madrid, 5.784, seguida por Valencia con 4.592, en tanto que de Barcelona procedieron 2.850; 2.611 de Sevilla, mientras que de Murcia llegaron 2.190 y de Alicante 1.945. Ceuta registró el menor número de reclamaciones, 21, mientras que en Melilla se inscribieron 36 quejas y en Palencia, 38.

El Portal del Cliente Bancario del Banco de España, que recibió el año pasado más de 4 millones de visitas, también incluye los requerimientos que efectúa esa institución por quejas referidas a anuncios publicitarios, que ascendieron a 203.

Desde hace años el Banco de España no autoriza la publicidad de los bancos, que se autorregulan en este tipo de actividad, aunque sí les interpelan si les llegan denuncias o detectan alguna irregularidad en la difusión de sus mensajes comerciales sobre productos financieros.

Donald Trump ha vuelto a incendiar el mundo desde su cuenta de Twitter. El presidente ha anunciado a través de un mensaje en la red social la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Algo que ha sido interpretado en todo el mundo como una llamada a la guerra comercial, de consecuencias económicas imprevistas.

"Nuestras industrias de acero y aluminio (y muchas otras) han sido diezmadas por décadas de comercio injusto y mala política con países de todo el mundo", dijo hoy Trump en su cuenta de Twitter. Este mensaje, unido a las informaciones de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había convocado a la Casa Blanca hoy a un grupo de directivos de empresas del sector siderúrgico dispararon los rumores de que el anuncio de que Trump implantará estas medidas de forma inminente. El plan de la Casa Blanca pasa por imponer un impuesto del 25% a las importaciones de acero. Y del 10% a las de aluminio.

Todo comenzó con un informe remitido por el Departamento de Comercio a mediados de febrero en el que recomendaba imponer estas tarifas. Este organismo alertaba de las consecuencias de las importaciones de esos productos sobre "la seguridad nacional". Trump tenía hasta abril para pronunciarse al respecto, pero sus declaraciones ante los pesos pesados de la industria estadounidense han disparado los temores.

"Básicamente la mayoría de ustedes van inmediatamente a expandir (sus operaciones) si les damos un campo de juego equilibrado. Lo que se ha permitido que pasase durante décadas es una desgracia", dijo el mandatario a los directivos asistentes. Entre ellos figuraban representantes de grandes conglomerados siderúrgicos como Arcelor Mittal, Nucor o US Steel Corporation.

Esta vez Trump prefirió no citar a ningún país en concreto. Pero el documento del Departamento de Estado ponía el foco sobre China como "gran responsable" del exceso de acero en los mercados internacionales. Otros países señalados son Brasil, la India, Rusia y Corea del Sur.

La primera reacción económica ha llegado desde la Bolsa. Los inversores temen que las consecuencias de estas medidas no se limiten a China, a quien Trump ha puesto en la diana. Sino que dañen la economía a nivel global, así como a la americana.

Pese a que el anuncio ha sido bien acogido por las empresas mineras estadounidenses, pero mal por el resto. Entre las caídas más abultadas en la Bolsa estadounidense destacan algunos de los grandes grupos multinacionales. El fabricante de aviones Boeing cede un 2,6%, las tecnológicas Intel y Apple retroceden más del 1%, tanto como el gigante de la distribución Wallmart. En el lado opuesto, los fabricantes estadounidenses de estos materiales se anotan fuertes ganancias. United States Steel Corporation sube un 2% y Nucor, un 5%. Dos horas antes del cierre, Wall Street se deja cerca del 2%.

No es nuevo, sin embargo, que Donald Trump no ha sido el principal aliado del libre comercio. Ya en la campaña electoral atacaba una otra vez a la industria China, entre otras extranjeras, como los responsables del cierre de factorías en EE UU y el desempleo en el país. Ya pocos días después anunció su disposición a renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que firmó con México y Canadá. Y una de sus primeras decisiones fue sacar al país del Tratado Transpacífico, al tiempo que ha paralizado las negociaciones con la Unión Europea por el TTIP.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó ayer la Guía de Análisis de Riesgo y la de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos en el marco de la inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el 25 de mayo con el fin de ayudar a las empresas a consolidar la adaptación a la nueva normativa.

Las organizaciones que tratan datos personales deberán realizar un análisis de riesgos con el fin de establecer las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Ésta es sólo una de las exigencias que encarna el nuevo Reglamento, que a menos de tres meses de su entrada en vigor busca garantizar el correcto tratamiento de los datos personales.

En la presentación, Mar España Martí, directora de la AEPD, aseguró que "la guía descansa en uno de los principios clave del Reglamento: la responsabilidad activa. Pasamos a un cambio de modelo sustancial, basado en la reacción y en unas reglas de seguridad muy tasadas, a un modelo proactivo y preventivo".

Entre los aspectos destacados de la presentación, Martí anunció que "los responsables deben poder demostrar siempre que las condiciones en las que se realizan los tratamientos de datos personales incluyen una constante puesta al día con respecto a las situaciones de riesgo específicas de cada caso".

Además, se incluyen aspectos tan importantes como que una administración pública sepa con qué datos está tratando, con qué finalidad y cuál es la causa que legitima ese tratamiento, por cuánto tiempo los va a utilizar, a qué entidad se los va a transferir e incluso la cesión de datos de carácter internacional. Asimismo, la normativa añade un nuevo factor de seguridad: los riesgos que pueda suponer para terceros o clientes en la esfera de los derechos y libertades de las personas.

"La Agencia con las 10.500 denuncias que recibimos en 2017 conocemos bien el impacto que supone una vulneración de las medidas de seguridad en los derechos y libertades de las personas en aspectos como contratación irregular, inclusión indebida en los ficheros de morosidad, el atentado en Internet de temas de violación de intimidad y por eso es esencial que las empresas cuenten ya con las medidas de seguridad adecuadas. Aún sólo hemos recibido 16 notificaciones de delegados de protección de datos y 34 de ámbito privado", advirtió Martí.

Sobre el delegado de protección de datos, éste será la figura sobre la que recaiga la obligación de asesorar al responsable de tratamiento, de modo que "se da un paso adelante en compliance y la lucha contra la corrupción", afirmó.

La AEPD ya ofrece Facilita RGPD, un cuestionario online para que las pymes puedan obtener los documentos indispensables para cumplir el Reglamento.

Sector

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha emplazado a jueces y fiscales a continuar trabajando en la mesa de diálogo abierta y a dejar de lado la convocatoria de huelga del próximo 22 de mayo que ayer anunciaron las asociaciones judiciales y fiscales en caso de que la Administración no atienda sus reclamaciones de mejora en el sector.

Catalá ha respondido a este calendario de movilizaciones que las demandas formuladas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales son temas "abiertos" y que se están debatiendo en la actualidad entre las partes. Al respecto ha dicho que hace apenas dos semanas el Ministerio que dirige presentó propuestas de estudios para analizar si se ha producido o no pérdida de poder adquisitivo.

"Son temas que están abiertos y me gustaría que las negociaciones colectivas se puedan llevar a cabo dentro de una mesa de diálogo normal y sin necesidad de planteamientos de huelgas porque no estamos para amenazas sino para trabajar conjuntamente", ha dicho el ministro antes de participar en la presentación de las conclusiones del Encuentro sobre Implicaciones del Funcionamiento de la Justicia en la Economía, en la sede de la CEOE.

Se ha referido al documento 14 propuesta para la mejora de la Justicia, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía y en el que las asociaciones firmantes reclaman el reforzamiento de la independencia judicial y la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

En relación a la petición formulada por los principales sindicatos de Justicia de conseguir equiparación salarial entre funcionarios dependientes de Justicia y de las comunidades autónomas, Catalá ha asegurado que, "lógicamente", la van a estudiar con las partes implicadas ya que tienen que ver si dentro de los escenarios presupuestarios hay capacidad económica para atender estos planteamientos.

"Tenemos abiertas negociaciones tanto en la mesa general de la función pública, que pilota el Ministerio de Hacienda, como en el Ministerio de Justicia. Estamos en esa mesa cada año con ocasión de la elaboración de los presupuestos y la negociación de condiciones de trabajo es una cuestión habitual", ha asegurado.

Además, ha dicho que entiende que se formulen esas peticiones de equiparación salarial de acuerdo con los principios tradicionales de 'igual trabajo, igual salario' y que han quedado plasmadas en un documento que los sindicatos han entregado este martes en la sede del Ministerio de Justicia junto con 10.000 firmas de apoyo.

Hablar de transformación digital en el mundo corporativo está de moda. Cada sector se afana en acuñar sus propios términos, generalmente anglicismos, para demostrar que está a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías. Moda que también triunfa entre los bufetes de abogados: desde iniciativas vinculadas al emprendimiento legaltech, hasta hackattones para desarrollar apps jurídicas, pasando por laboratorios de legal desing para diseñar nuevos servicios aprovechando, entre otras herramientas, el uso del big data.

Pero acometer una verdadera transformación digital en un despacho de abogados va mucho más allá de hablar de aplicaciones móviles, servicios en la nube o emplear programas de inteligencia artificial. Estos procesos requieren de una gran implicación por parte de todos los profesionales de la organización, ya que suponen un cambio cultural que se puede ver reflejado en un nuevo reparto y diseño del espacio físico de la oficina, o en la forma de relacionarse con los clientes e incluso de facturar los servicios.

Los beneficios prometidos son muchos: mayor eficiencia en los procesos, más eficacia en el servicio prestado, aumenta las posibilidades de conciliar de la plantilla y, sobre todo, garantiza la viabilidad del negocio en un entorno cada vez más competitivo y ajustado en costes. Sin embargo, los riesgos de no llevar a cabo correctamente esta transformación también son muchos, por lo que hay que tener especial cuidado en evitar los principales errores.

Esperar resultados inmediatos, olvidarse de lo que realmente quieren los clientes o no elegir a los socios adecuados para liderar el proyecto son algunos obstáculos a la hora de digitalizar una firma de abogados.

Una marca más atractiva para los gustos actuales de los clientes está dentro del plan estratégico de buena parte de los despachos más punteros. Tanto es así, que en los últimos años hemos vivido una oleada de rediseños cuyo objetivo ha sido, en líneas generales, adaptarse a un mundo más globalizado.

Uno de los cambios más importantes lo dio Cuatrecasas hace un año. El bufete presidido por Rafael Fontana, que en 2017 celebró su primer centenario, perdió de su nombre comercial los apellidos Gonçalves Pereira y renovó el color burdeos del logotipo al que añadió también el coral, además de crear un logo nuevo y su propia tipografía para dar más personalidad a su imagen corporativa.

Otra de las firmas que actualizó su imagen en 2017 fue Baker McKenzie, que renovó su marca en un proyecto a nivel internacional y que coordinó para llevarlo a cabo a todas las oficinas que tiene repartidas por mundo. El despacho, que también perdió el símbolo de '&' de su nombre, cambió el diseño, la tipografía y los colores en una propuesta ideada para "mantener la solidez del anterior, al tiempo que incorpora un aire fresco, cercano y conversacional con claridad y confianza".

El Tribunal Supremo considera que la banca no comete un abuso al cargar al cliente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados asociado a la constitución de una hipoteca. Así se ha pronunciado hoy al abordar uno de los asuntos bancarios que más litigiosidad ha despertado en los últimos tiempos: el del reparto de los gastos de constitución de la hipoteca.

En concreto, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil ha estudiado dos recursos de casación contra sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a los clientes a abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) derivado de la hipoteca.

Los magistrados han estimado parcialmente los recursos de los consumidores, pero, siguiendo la jurisprudencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, recuerdan que el sujeto pasivo del impuesto asociado a constituir la hipoteca (el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), es el prestatario, es decir, que estas tasas las debe abonar el cliente.

Sin embargo, el Tribunal establece que por el timbre asociado a los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz (que depende del número de páginas del contrato y se cobra a 15 céntimos el folio, es decir, de 40 a 200 euros) se abonará a partes iguales entre el banco y su cliente, mientras que las copias correrán por cuenta de quien las solicite.

Esta materia viene siendo objeto de un amplio debate judicial en los últimos años, dando lugar a sentencias dispares pese a que el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre los gastos de constitución de la hipoteca en diciembre de 2015.

Su sentencia de entonces establecía que las cláusulas hipotecarias que imponen al consumidor el pago de todos los gastos asociados a la concesión del préstamo son abusivas y, por tanto, nulas. Sin embargo, los magistrados no aclaraban qué reparto de costes sería válido, ni quién debe abonar el citado impuesto, los gastos de notaría, registro y gestoría.

Como consecuencia, los fallos posteriores han recogido todas las resoluciones posibles: desde cargar toda la factura al banco que impuso la cláusula a seleccionar determinados gastos para que los asuma cada parte.

Buena parte de los expertos ya venían advirtiendo que la legislación apunta al consumidor como la parte que debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, la duda de fondo que quedaba es si el cliente deberá abonarlo incluso si la cláusula que así lo estipula es abusiva, y, siendo así, nula.

Las sentencias del Supremo de este miércoles vienen a aclarar únicamente este punto, pues se pronuncia sobre fallos en los que la Audiencia Provincial de Oviedo anuló la cláusula de reparto de gastos y cargó todos al banco, Sabadell y CaixaBank en este caso, menos el de actos jurídicos documentados. Por este motivo, los consumidores decidieron recurrir la decisión judicial hasta la última instancia.

La importancia de la decisión del Supremo será clave para el devenir de este tipo de litigios que, junto a las demandas por cláusulas suelo opacas, hipotecas multidivisa, o IRPH, entre otras, desbordan los juzgados especializados creados en 2017 para absorber el aluvión de pleitos bancarios.

Como el impuesto de actos jurídicos documentados supone cerca de dos tercios de la factura total de los gastos de constitución de la hipoteca, es decir, supone unos 2.000 euros de los 3.000 que puede sumar la cuenta, es de prever que los consumidores dejen de demandar en masa al aclarar el Supremo que no pueden aspirar a recuperar lo abonado por esta tasa.

Por el contrario, si el Alto Tribunal hubiera decretado que ante una cláusula nula, el banco debería reintegrar todo lo que abonó en su día el cliente, el efecto previsible hubiera sido que las demandas se multiplicaran porque este tipo de cláusula era usual en todas las hipotecas.

De hecho, tras el fallo del Supremo de diciembre de 2015, la banca ha comenzado a cambiar esta condición en las hipotecas y son muchas las entidades que ya cubren una parte de los gastos, aunque todos dejan el pago del impuesto al cliente.

El asunto de los gastos de constitución de la hipoteca es una de las prioridades judiciales que el Supremo se había marcado abordar en materia de litigación bancaria para aclarar su doctrina en un momento en el que se dan gran cantidad de demandas y una fuerte disparidad entre las sentencias de instancias inferiores. El Alto Tribunal ya abordó con cierta premura los casos de hipotecas multidivisa y créditos ligados al índice IRPH por el mismo motivo en los últimos meses.

La expectación sobre esta resolución era máxima tanto por parte de las entidades financieras como por la de los consumidores y, aunque habrá que esperar unas semanas para conocer todos los matices de la letra pequeña del fallo, la balanza de la justicia parece haberse inclinado esta vez del lado de la banca.

Los letrados exigen que los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas para el 2019 "contemplen las partidas necesarias para solucionar de una vez por todas este problema enquistado".

Los abogados del Turno de Oficio han exigido que se "descongelen" y se revisen "al alza" los baremos de retribuciones de los letrados y procuradores que ejercen sus servicios en la Asistencia Jurídica Gratuita, cuyas cuantías se fijaron hace 13 años.

En un comunicado la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) subraya que el año "2019 es la fecha límite" y que, por tanto, los poderes públicos tienen todo este año para negociar con el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados una revisión "al alza" de baremos retributivos en toda España.

Es más, exigen que los Presupuestos Generales del Estado y las de las comunidades autónomas para el 2019 "contemplen las partidas necesarias para solucionar de una vez por todas este problema enquistado".

En este sentido, la asociación recuerda que el 12 de enero de 1996 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Asistencia Jurídica en la que se expone que "el coste del servicio de justicia gratuita deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables".

Asimismo, indica que el incremento del IPC desde diciembre de 2005 hasta enero de 2018 ha sido de casi un 20% y que las retribuciones son "exiguas". "Las actuaciones de gran complejidad jurídica reciben una contraprestación ("indemnización", según el tenor literal de la ley) que dista mucho de acercarse siquiera al concepto de "retribución digna y suficientemente remunerada" a que alude la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", afirma el comunicado.

Además, destacan que, aunque el Gobierno haya aprobado la subvención 376 millones de euros para la Asistencia Jurídica Gratuita en 2018, esta cantidad supone el incremento de "tan sólo" un millón de euros y por tanto "no permitirá revisar al alza los baremos".

Así, reclaman el "derecho a recibir una prestación profesional de calidad, habida cuenta de que el derecho a la justicia gratuita de los más desfavorecidos ya no es una "limosna o concesión graciable", sino que es un derecho constitucional que argamasa la esencia misma del Estado de Derecho".



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