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Los consejos de la semana

Fiscal

El sistema DIVA será obligatorio a partir de 1 de enero de 2019

DIVA es el sistema desarrollado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española, para la digitalización del sellado de la prueba de salida de TAX FREE. La aduana española podrá sellar de forma electrónica las facturas/ formularios de reembolso presentados por los viajeros en el momento de salida de la Unión Europea.

El sistema DIVA tiene, hasta el 1 de enero de 2019, carácter voluntario. A partir de ese momento, será el único sistema válido en España.

¿Cuáles son las ventajas de un sistema electrónico?

Para el viajero

El procedimiento de devolución es más ágil con DIVA. La Agencia Tributaria, al disponer de forma anticipada de la información de las ventas tax free, podrá efectuar sus controles más eficazmente, minorando por consiguiente el tiempo de espera en el punto de sellado.

Para el comerciante

Permite el fomento de las ventas, por el valor añadido que el DIVA da a sus clientes.

Tiene mayor seguridad y trazabilidad en todo el proceso, puesto que sus documentos de reembolso de IVA están disponibles directamente en el sistema de la Administración.

Para la autoridad aduanera:

Permite hacer una mejor gestión de los riesgos, de tal manera que se favorezca el uso lícito de esta ventaja fiscal.

El sistema del sellado digital TAX FREE (DIVA) tiene por el momento carácter voluntario, pero será el único sistema válido en España a partir de 1-1-2019 para la devolución del IVA a viajeros

Mercantil, civil y administrativo

El cliente deberá estar informado de todos los costes y gastos de productos de inversión basados en seguros

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley (APL) de Distribución de Seguros y Reaseguros que contempla, entre otros aspectos, el deber de las compañías de informar al cliente de todos los costes y gastos asociados a los productos de inversión basados en seguros, incluidos los de asesoramiento.

El APL establece también que se deberá advertir sobre los riesgos de los productos de inversión basados en seguros o de determinadas estrategias de inversión propuestas y, en el caso de que se ofrezca asesoramiento, se deberá proporcionar al cliente una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión.

Los comparadores de seguros serán distribuidores

Por otra parte, la nueva norma establece que serán considerados distribuidores de seguros y reaseguros no solo los mediadores, sino también las aseguradoras y reaseguradoras y otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar --agencias de viajes o empresas de alquiler de coches--, que serán considerados mediadores de seguros complementarios. Los comparadores de seguros también serán considerados distribuidores.

Los operadores de banca-seguros --actualmente mediadores-- se configurarán, desde el punto de vista normativo, como agentes de seguros, aunque con determinadas particularidades.

En concreto, se suprimen las limitaciones en cuanto a disponer de un único operador de banca-seguros por parte de las redes de las entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, sin perjuicio de mantener la incompatibilidad para que las redes cedidas puedan operar simultáneamente, en todo o en parte, como colaboradores mercantiles de otros mediadores de seguros de distinta clase.

Los mediadores se podrán servir de sitios web y otras técnicas de comercialización a distancia para proporcionar al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.

Los mediadores de seguros deberán, también, acreditar que los fondos de sus clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de sus recursos económicos.

Ventas cruzadas

La norma introduce el concepto de ventas cruzadas y, con él, la obligación del distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca con otros servicios o productos, de si estos se pueden adquirir de forma separada y de los costes y gastos de cada uno.

El APL contempla, además, un refuerzo del régimen de infracciones y sanciones de acuerdo con la Directiva europea 2016/97, que traspondrá esta nueva norma.

Este texto debe aún obtener los dictámenes correspondientes y volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

Lo más destacado en Prensa

Contabilidad

El sistema financiero internacional estrenará al arrancar 2018 un nuevo método para calcular las dotaciones frente al impago de los créditos. La nueva normativa contable IFRS 9, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio, según un informe de BBVA Research. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.

Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.

Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que a día de hoy los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.

«A pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos», explica el servicio de estudio de BBVA en su informe mensual «Situación Banca» correspondiente al pasado noviembre, en el que calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1) de 67 puntos básicos.

Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona. El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades.

Cierto es que, para adelantarse a la adopción de este nuevo método contable internacional, el Banco de España ya aprobó el año pasado una circular contable transitoria. Ahora el organismo dirigido por Luis María Linde ultima su actualización para adoptar al 100% el contenido de esa norma IFRS 9.

Fiscal

El presidente Mariano Rajoy ha animado a los españoles a ahorrar para completar la pensión. Sin embargo, la tasa de ahorro se sitúa ahora en el 6,1% de la renta disponible, lejos del máximo del 13,4% en 2009 y cerca del mínimo histórico del 5,8% en 2008. Según el INE, un 38% de los hogares no tiene para imprevistos. Con un paro del 16,5% y un salario medio que la Agencia Tributaria cifra en 24.864 euros brutos, parece difícil ahorrar. Un estudio de Fedea constata que un 40% de españoles no puede, sobre todo jóvenes y familias monoparentales. Aun así, esto supone una mejora respecto al 60% que no lo hacía en 2007, cuando la burbuja impulsaba el consumo.

Durante la crisis, el ahorro se disparó por precaución y para amortizar la hipoteca. Hasta el punto de que la deuda de los hogares cayó de una cantidad equivalente al 80% hasta el 60% del PIB. Muchas compras se pospusieron, sobre todo las de automóviles o electrodomésticos. Ahora que se ha reducido la incertidumbre, el consumo ha despegado incluso por encima de lo que crecen las rentas, favorecido por las mejores perspectivas, la financiación y el efecto riqueza que brinda la Bolsa y la mejora inmobiliaria.

Desde 2013, las rentas han crecido un 8%. Sin embargo, aunque todavía por debajo de los niveles precrisis, el consumo ha crecido un 13%, destaca Miguel Cardoso, economista de BBVA. Este último dato explica que el crédito al consumo crezca ahora a tasas récord, señal clara de que una parte de la población no ahorra. Además, con unos tipos en mínimos históricos, la urgencia para recortar deuda es menor. Y todo ello ha hecho que la tasa de ahorro se sitúe en mínimos históricos.

Sin embargo, el ahorro cobra importancia en un contexto en el que las pensiones perderán poco a poco poder adquisitivo. Debido a las reformas de 2011 y 2013, la relación con el último salario caerá del 80% al 50% en 30 años, según Bruselas. La edad media en España está en 42 años y los grupos de población más numerosos se hallan entre 35 y 55 años. Es decir, el baby boom se aproxima a su jubilación, y eso debería plasmarse en un incremento del ahorro que no se percibe.

Por otra parte, un estudio de Fedea, elaborado por López Laborda, Marín y Onrubia, detecta que el ahorro no cae tanto como dice el INE. Las familias sin capacidad de ahorrar han descendido desde el 60% de 2007 al 40% de 2015. Bajo la ilusión de una burbuja, se consumía aún más por encima de las rentas. Según sus conclusiones, el ahorro ha descendido ligeramente desde el pico de 2009, pero se mantiene en tasas elevadas. Sin embargo, la estructura parece poco lógica: los que más ahorran de media son los mayores de 65 años. Y los que no tienen capacidad para hacerlo son jóvenes y familias monoparentales.

Otros estudios, como el de José Ignacio García-Pérez o uno del Banco de España, documentan que los salarios de entrada al mercado de trabajo para alguien que procede del paro o que es joven se han desplomado entre un 15% y un 20%. Así las cosas, los que no tienen patrimonio, jóvenes, parados o con cargas familiares son quienes peor lo tienen para ahorrar, en especial porque les resulta más difícil acceder a una hipoteca. Y eso deja a una parte de las familias en una situación vulnerable. El ahorro parece tan desigual como todo lo demás.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Gobierno preparará una regulación que garantice que los negocios digitales tributen por la actividad y beneficios que obtengan en España, aunque su domicilio fiscal esté en otro país.

En su intervención en la convención sobre pymes y autónomos organizada por el PP, Rajoy ha recordado algunas medidas puestas en marcha para avanzar en la transformación digital de la economía, un día después de la creación del grupo interministerial que trabajará en este campo.

Y tras recordar varias medidas ya adoptadas ha prometido que se regular la fiscalidad para evitar el uso de los entornos digitales "como fuente de elusión tributaria". "No vamos a consentir que se alteren las reglas de competencia entre los nuevos negocios digitales y los negocios tradicionales", ha añadido.

Y ha recalcado que un negocio digital "pagará impuestos en España sea donde sea su domicilio" y tributará por las "actividades y beneficios que reciben en España, y no en Luxemburgo".

La semana pasada, María José Garde, subdirectora general de Fiscalidad Internacional del Ministerio de Hacienda, avanzó que España estudia fijar algún tipo de impuesto temporal y a corto plazo para gravar la economía digital. “Hay apetito para gravar las actividades en el país donde están los consumidores, que son los que aportan valor”, señaló Garde.

El debate sobre qué hacer con la elevada deuda autonómica en manos del Estado (159.526 millones en el tercer trimestre de 2017) de cara a un nuevo modelo de financiación sigue abierto. La posibilidad de una quita técnica parece descartada tras el rechazo que los barones del PP de comunidades clave como Galicia o Castilla y León mostraron en la reunión mantenida el pasado martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que premia a las regiones incumplidoras. Precisamente las que han necesitado más ayudas (Valencia, Murcia o Cataluña). Ante este panorama Hacienda se inclina ahora por una reestructuración que pasaría por perdonar los intereses de la deuda autonómica contraída a través de los mecanismos extraordinarios como el FLA o el Fondo de Facilidad Financiera.

Así se deduce de las palabras del ministro Cristóbal Montoro, que este jueves consideró que «no tiene sentido» que la administración central se financie «a través de intereses que vengan de deudas contraídas con el Estado», en referencia a estos fondos puestos a disposición de las comunidades para hacer frente a servicios básicos de educación, sanidad o protección social. Además, el titular de Hacienda insistió en un acto de la Confederación de Jóvenes Empresarios (CEAJE) en que esta fórmula «no debe crear agravio comparativo territorial alguno». Es decir, que afectaría a todas las comunidades.

De esta forma se aplicaría a los préstamos concedidos a través del FLA a las regiones que incumplen alguna meta de la ley de estabilidad (déficit, deuda o periodo de pago a proveedores) o al Fondo de Facilidad Financiera al que acuden las comunidades cumplidoras. En total, desde 2012 y hasta 2017 el Gobierno ha inyectado 190.028 millones a través de estos instrumentos extraordinarios.

La ida de establecer un interés a tipo cero no es nueva. De hecho, ya se ha aplicado. En 2015 se llevó a cabo una reestructuración de la deuda autonómica que implicó no cobrar intereses a las comunidades acogidas al FLA durante ese ejercicio. Además, se les perdonó los intereses de los préstamos concedidos desde 2012. Por su parte, las autonomías que se adhirieron al Fondo de Facilidad también disfrutaron de un tipo al 0% en 2015 y han podido hacerlo en los dos ejercicios siguientes siempre y cuando hayan cumplido con los objetivos de estabilidad. Unas medidas con las que Hacienda estimó que las comunidades se ahorrarían 5.811 millones.

Por tanto, lo que ahora plantearía el Gobierno sería una medida similar. Al mismo tiempo se podrían alargar los plazos de vencimiento. Otra posibilidad, aunque más controvertida, sería que el Estado asumiera parte del principal de la deuda autonómica. Algo que se parecería más a una quita, aunque de cara a los mercados no supondría cambios, ya que ese pasivo computaría en el Estado en vez de de en las comunidades.

El objetivo final es que estos mecanismos desaparezcan con la reforma del sistema de financiación y que las comunidades acudan a los mercados. En 2016 y 2017 ya lo hicieron siete regiones, según datos del Banco de España.

Hacienda ya se está preparando para dirigir la política económica a través de reales decretos. No es una novedad. El incremento de las pensiones, del salario mínimo o la prórroga de los límites de exclusión de la tributación por módulos se aprobaron a finales del año pasado a través de decretos. En condiciones normales, estas medidas se hubieran incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya contempla que es muy probable que deba llevar al Congreso reales decretos que incluyan la subida del sueldo de los funcionarios y la actualización de las entregas a cuenta que las comunidades autónomas reciben de la Administración en cumplimiento del sistema de financiación.

Son decisiones que incrementarán el gasto. Aun así, la ausencia de Presupuestos sí tendrá consecuencias para el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, sin apoyos para sacar adelante las cuentas no se aprobará la rebaja del IRPF que el Ejecutivo pactó con Ciudadanos y que contemplaba que las rentas inferiores a 14.000 euros no pagaren el impuesto. También se ha quedado en suspenso la rebaja del IVA del 21% al 10% a las entradas de cine.

La ausencia de estas rebajas tributarias puede facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit. España cerró el año pasado con un desfase en torno al 3,1% del PIB y debe reducir esta cifra al 2,2% este año y al 1,3% en 2019. No es un reto sencillo. BBVA Research emitió ayer un informe en el que señala que sin cambios en la política fiscal, el déficit público cerrará este año en el 2,3%, una décima por encima del objetivo y, en 2019, en el 1,7%, cuatro décimas más que el objetivo. Ello significa que el Gobierno debería aplicar ajustes, algo improbable en el contexto actual en el que el Ejecutivo ve como Ciudadanos le arrebata base electoral.

Así lo ha señalado durante su intervención en la apertura del XIV Foro 'Fiscalidad Internacional' de Deloitte Legal, el miembro del Centro de Política Fiscal de la OCDE, Manuel de los Santos, quien ha rechazado las medidas unilaterales para gravar la actividad de las grandes tecnológicas.

"No es una posición totalmente cerrada en la OCDE, pero las medidas a corto plazo no son el camino por el que nosotros queremos alcanzar el objetivo en 2020", ha afirmado De los Santos, que ha indicado que hay que tratar de minimizar el daño que esas medidas unilaterales pueden provocar a largo plazo, ya que cuando se adopta una legislación es "muy difícil" cambiarla.

Dado que España "parece que se lo está planteando", De los Santos ha abogado por establecer unos criterios mínimos que no impidan alcanzar una medida consensuada a largo plazo.

Ayer la subdirectora general de Fiscalidad Internacional, María José Garde, se refirió durante su intervención en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC, a la posibilidad de que se establezca en España un impuesto temporal para gravar a las multinacionales tecnológicas mientras la OCDE consensua una nueva tributación del volumen de negocio de los gigantes tecnológicos.

No obstante, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, negó más tarde que el Gobierno tenga planeado crear una figura impositiva con carácter temporal para gravar a las grandes corporaciones tecnológicas porque, entre otras cuestiones, no tendría "capacidad de implantarlo", y subrayó que es necesario "hacerlo en un consorcio mucho más amplio".

Laboral

Con el sueldo de finales de 2017, con un sueldo promedio se podía comprar un 1,7% menos que al término de 2015. Así lo refleja el último informe Monitor Adecco de oportunidades y satisfacción en el empleo correspondiente al año pasado. Para llegar a esta conclusión los técnicos que han elaborado este análisis han utilizado los datos oficiales de la evolución del salario ordinario promedio bruto (sin pagas ni horas extras y antes de computarse las retenciones y deducciones correspondientes) que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la media móvil de los cuatro trimestres de 2017, a finales de este año el salario promedio bruto en España era de 1.639 euros brutos. Esto refleja prácticamente un estancamiento de los salarios nominales promedio, ya que estos son apenas un 0,1% inferiores a los de 2016 y prácticamente idénticos a los que se pagaban en marzo de 2012, recién aprobada la reforma laboral.

Sin embargo, el repunte inflacionista del último año ha mermado el poder adquisitivo del salario medio que cobran los españoles. Así, este estudio analiza la evolución del poder de compra del salario medio en un periodo de ocho trimestres, entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo trimestre de 2017. Para ello ha considerado las variaciones acumuladas en este periodo, descontando la evolución de los precios de la de los salarios y obteniendo así el comportamiento del poder de compra.

De esta forma se obtiene que “en el caso del salario medio nacional, la pérdida del 1,7% de su poder de compra equivale a que, el asalariado medio español tiene, al cabo de un año, 347 euros menos en su bolsillo que los que tenía hace dos años, a finales de 2015”, explican desde Adecco.

Aunque hay otras formas de medir el poder de compra de los salarios que arrojan pérdidas más suaves. Es el caso de la comparativa entre la evolución de la inflación media anual y el comportamiento de los salarios pactados en convenio. En ese caso, el pasado año terminó con un incremento medio de los precios del 2% frente a una subida de sueldos pactados del 1,4% de media. Esto supuso una pérdida de seis décimas del poder de compra en 2017. Fue, según estos datos comparados, la primera vez en tres años consecutivos que se producía una pérdida de poder adquisitivo.

Una tercera forma de medir el poder de compra consiste en analizar la renta disponible de las familias, incorporando el factor empleo a la ecuación. Según esto, en 2017, las familias habrían aumentado alrededor de un punto su renta disponible, tras registrarse un avance de la ocupación del 2,65%, un incremento de los salarios medios del 0,3% anual (según el último dato correspondiente al tercer trimestre) y un aumento medio de los precios en el año del 2%.

En enero se firmaron en España un total de 1.749.911 contratos laborales, de los que 110.992 tuvieron carácter indefinido y 61.067 fueron temporales convertidos en indefinidos, por lo que la contratación indefinida supuso el 9,8% del total.

Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestran que en comparación con el mismo periodo del año pasado esta cifra ha aumentado siete décimas, ya que en enero de 2017 los contratos de tipo indefinido representaron el 9,1% de los 1,6 millones de contratos rubricados (94.196 indefinidos y 55.040 convertidos en indefinidos).

Por género, los hombres acapararon el 56,9% del total de los contratos firmados en enero de este año (996.707), de los cuales solo el 9,7% fue de tipo indefinido. En las mujeres también se mantuvieron las bajas tasas de contratación indefinida, ya que de este tipo solo supuso el 10% de los contratos, si bien ellas representaron el 43,1% del total de la contratación (753.204).

Además, por su carácter más estacional y variable, la agricultura registró en enero la peor tasa de contratos indefinidos al representar el 2,4% del total del sector, seguido de la industria (10%), la construcción (10,2%) y servicios (11,8%). Por otro lado, del total de las contrataciones realizadas en enero, 1,57 millones fueron temporales, y de éstas, 649.358 (el 37,1% del total) tuvieron una duración inferior a un mes.

Estos contratos de muy corta duración suscritos en enero se centraron principalmente en el sector servicios, y representaron cuatro de cada diez contratos firmados en esta actividad. En este sentido, cabe destacar que más de la mitad de contratos de menos de un mes en el sector servicios fueron eventuales por circunstancias de la producción y tuvieron una duración máxima de una semana.

Respecto al resto de los sectores, la tendencia a los contratos de muy corta duración disminuye, con 79.313 en el caso de la industria (el 38,5% del total en el sector), 110.747 en la agricultura (34,9%) y 12.949 en la construcción (11,6%).

Los pensionistas que se jubilen hoy perderán una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su retiro como consecuencia de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, con las que se retrasó la edad de jubilación a los 67 años, se cambió la forma de revalorización de las pensiones y se introdujo el llamado factor de sostenibilidad en vez de la actualización de las nóminas sujeta a la evolución del IPC internual, entre otras medidas.

Así se desprende del estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España presentado en la sede de la patronal del seguro, Unespa, que concluye que las rentas vitalicias son la mejor manera de que los jubilados eleven sus ingresos sin renunciar al ahorro.

Como solución al problema de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, tanto AFI como Unespa abogan por la contratación de un seguro que garantice una renta vitalicia al ser el "instrumento idóneo para complementar la pensión pública de jubilación".

Además, permitirían "aliviar las presiones que existen sobre el sistema público de pensiones y contribuyen a su sostenibilidad", destacaron durante una rueda de prensa.

El análisis advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados, en caso de no compensarse con ahorro privado, implicaría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.

UGT, la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) y CC.OO. animan a la participación de los pensionistas y de la ciudadanía en general en las movilizaciones convocadas para hoy frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en todas las provincias.

Las movilizaciones, que se enmarcan dentro de la campaña puesta en marcha por UGT «#LazonMarrón contra la miserable subida del 0,25% de las pensiones para este año», quieren denunciar que el Gobierno fomenta los planes de pensiones privados mientras recorta las pensiones públicas».

El sindicato considera fundamental protestar «contra el empobrecimiento de unos pensionistas que pierden poder adquisitivo por segundo año consecutivo y exigir un modelo público de pensiones eficaz y eficiente que es incompatible con la reforma aprobada por el PP en 2013».

«La ciudadanía debe mostrar su indignación con unas medidas que nos afectan a todos ya que el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad suponen a corto y medio plazo un recorte de las pensiones presentes y futuras y nos afectan a todos».

Además de las movilizaciones convocadas para hoy, UGT anuncia que también habrá concentraciones el próximo 1 y 15 de marzo y destaca que se suma a la convocatoria de las coordinadoras estatales en defensa de las pensiones que tendrá lugar el próximo 22 de febrero.

El sindicato insiste en la necesidad de reclamar «la reforma inmediata de las fuentes de financiación del sistema vía impuestos, erradicar el déficit de la Seguridad Social terminando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los Presupuestos y destopando las bases de cotización».

CC.OO. destaca que las pensiones «volverán a perder poder adquisitivo como consecuencia de la reforma del PP, un año más, con la aplicación del 0,25% de revalorización, frente a una inflación del 1,7% en noviembre (mes que se tomaba anteriormente como referencia) y del 1,2% a final de 2017. La previsión de aumento del IPC para 2018 oscila entre el 1,5 y el 2%».

CCOO analiza otra foto de la realidad laboral española, la que explica los motivos por los que los hombres ganaban al año en 2015 una media de 25.993 euros y las mujeres al final de ese mismo año habían cobrado un promedio de 20.052 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un 30% menos en el caso de las mujeres; o lo que es lo mismo, por cada euro que ganaron ellas, los hombres recibieron 1,3 euros.

La pregunta pertinente es ¿por qué? Una de las principales causas es el tipo de contrato. Lo que desde CC OO han llamado el sesgo de parcialidad: el 75% de los trabajadores que tienen una jornada parcial son mujeres. O visto de otra manera, una de cada cuatro trabajadoras (el 25%) trabaja a tiempo parcial frente al 9% de los hombres.

Según CCOO, "la elección de este tipo de jornada parcial no es voluntaria, responde a razones diferentes y la primera de ellas es no encontrar trabajo a tiempo completo". Otro motivo para elegir la jornada reducida es el cuidado de los hijos, para el 61% de las mujeres de entre 35 y 44 años, "por el alto precio de los servicios del cuidado de menores".

Para Sordo, el peso de este tipo de jornadas reducidas en la brecha salarial es tan grande que invalida otro tipo de estudios que analizan la diferencia de ganancias por hora trabajada. Es el caso de la oficina estadística europea (Eurostat) que refleja una brecha salarial del entorno del 15%.

Un segundo motivo que explica la brecha salarial consiste en la diferencia retributiva que llega a través de los distintos pluses salariales. Según el informe La brecha salarial, factor de quiebra democrática, presentado hoy por el sindicato, más de la mitad de la diferencia salarial obedece al salario base, pero una parte también muy relevante, cerca del 44%, de esta brecha se explica por menores ingresos llegados de complementos específicos.

En promedio, los hombres cobran todos los meses 613 euros en complementos salariales, frente a los 427 euros que reciben las trabajadoras, también un 44% menos. Llegado a este punto, Sordo hizo una autocrítica sindical, al denunciar la existencia de numerosos de estos complementos en los convenios colectivos que se otorgan por motivos como la disponibilidad, la nocturnidad u otras cuestiones masculinizadas del trabajo como el esfuerzo físico o la penosidad. En multitud de ocasiones estos requisitos limitan que el complemento se dé a una mujer.

La tercera causa está relacionada con las interrupciones laborales para el cuidado de hijos o mayores dependientes. A partir de los 30 años, periodo que suele coincidir con la maternidad, el salario de los hombres aumenta de forma constante durante toda la vida laboral. Por el contrario, entre las mujeres, en la década de los 30 apenas crece y en décadas posteriores las subidas salariales son más suaves. Esta evolución hace que a partir de los 55 años la brecha salarial es cuando más se ensancha llegando a una diferencia de ganancias del 37% de media inferior para las mujeres.

Finalmente, el cuarto motivo por el que ellas ganan menos es por el tipo de sectores donde trabajan y las características de sus puestos. Mujeres y hombres no están presentes en todos los sectores con la misma intensidad, pese a que las trabajadoras suponen el 48% de toda la fuerza laboral, llegan a ser casi el 80% en la sanidad o el 70% en la educación, y no representan ni un tercio de la industria manufacturera. Por lo general en los sectores con salarios más altos, la brecha salarial es menor y la presencia de mujeres minoritaria.

Mercantil, civil y administrativo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han llevado al bolsillo la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Faltan un par de trámites formales y tal vez un revés cosmético en el Parlamento Europeo, pero desde ayer ya está claro que Guindos sustituirá a Vítor Constâncio como número dos de la institución el próximo 1 de junio. Así lo decidieron ayer en Bruselas, por unanimidad, sus colegas del Eurogrupo y lo confirmarán el 22 de marzo los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Con esta victoria España recupera una cuota importante de poder en la Unión Europea, después de que en mayo de 2012 perdiera su silla en el Comité Ejecutivo del BCE. José Manuel González Páramo, que había tomado el relevo de Eugenio Domingo Solans y fue sustituido por un luxemburgués, Yves Mersch.

"Supone un reconocimiento. Cuando lo perdimos en 2012 la situación era diferente. La reputación estaba en otro entorno. Ahora crecemos, hay superávit por cuenta corriente, mañana verán ustedes datos de comercio exterior. España ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios y esto es un puesto muy importante en la institución más importante de la zona euro", dijo ayer Guindos.

En el plano personal, el ministro consigue un puesto de relumbrón en Europa, algo que tenía en el punto de mira desde 2015, cuando perdió la carrera por presidir el Eurogrupo. Todo ha cambiado tras ese revés. Ahora Guindos, que dimitirá "en los próximos días", estará ocho años como número dos del BCE.

La noticia se confirmó oficialmente a las cinco y diez de la tarde, pero ya estaba clara desde las 14:40, cuando el Gobierno irlandés anunciaba la retirada del único rival del español, el Gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane. Dublín apartó a su candidato tras comprobar que no tenía apoyos. Así evitaba una votación y permitía al Eurogrupo dar imagen de unidad que Guindos va a necesitar.

El español no será un vicepresidente al uso. Los perfiles que hay ahora en la cúpula del BCE se han curtido en los bancos centrales de sus países, con excepción de Benoit Coeuré, que hizo carrera en el Tesoro francés. Y aunque alguna vez han llegado al Comité Ejecutivo candidatos con pasado político, Guindos será el primero que pasará directamente de liderar un ministerio a la cúspide de una institución que presume de independencia.

De ahí que una de sus primeras declaraciones públicas ayer fuera: "Siempre he defendido la independencia del BCE. Dejaré de ser ministro en los próximos días. La independencia del BCE está garantizada desde un punto de vista institucional, operativo, [...] por los Estatutos y por el mandato que tiene el BCE, que voy a defender".

De momento, solo ha recibido buenas palabras de sus colegas. "No estamos cruzando ninguna línea roja. Guindos tiene todas las condiciones para ser un buen vicepresidente del BCE", dijo Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, quien ha calificado al español como "el hombre adecuado en el lugar adecuado". El comisario de Economía, Pierre Moscovici, describió a Guindos como un "excelente colega", "competente", "con experiencia" y "capacidad de aprendizaje".

Donde más críticas va a recibir el ministro es en el dictamen que tiene que emitir el Parlamento Europeo. IU Europea y Los Verdes votarán en contra y los socialdemócratas han afirmado que Guindos no es el mejor candidato posible y que estudiarán su posición. La buena noticia para el ministro es que el dictamen no es vinculante. No sería la primera vez que el Consejo lo ignora.

El Gobierno tiene previsto incluir la protección de los depósitos de las empresas en la próxima ley de resolución que traspondrá la directiva europea que ahora se está retocando a raíz de la quiebra de Banco Popular. El Ministerio de Economía ya está elaborando un borrador de ley. El objetivo es que los depósitos de las empresas no se usen para pagar la quiebra de los bancos, una reclamación de la banca, las empresas y del presidente del FROB, Jaime Ponce. Se intentará también incluir los depósitos de las instituciones públicas, además de las pymes.

Esta medida evitaría la fuga masiva de dinero, sobre todo de grandes empresas e instituciones oficiales en caso de problemas de un banco, ya que estarían protegidos como el de los pequeños ahorradores. De hecho, y como ha reconocido Ponce en sus últimas intervenciones públicas, si esta iniciativa hubiera estado en vigor, se podría haber frenado la salida de depósitos de Popular.

De esta forma, puede que se hubiera evitado la resolución del banco, ya que podría haberse seguido con el proceso de venta de la entidad iniciado en mayo de forma ordenada. Hay que recordar que la quiebra de Popular se precipitó por la falta de liquidez ante la fuga de depósitos en los últimos días.

La fuga de depósitos en Popular se produjo, precisamente, ante el miedo de estas empresas a perder el dinero, puesto que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) solo garantiza hasta 100.000 euros. Y si no se hubiera cerrado la venta a Santander, la Junta Única de Resolución (JUR) hubiera aplicado el sistema denominado bail-in, que supone que paguen la quiebra los accionistas, bonistas e incluso depositantes, empezando por los que tienen los mayores fondos en el banco. Ponce reclamó esta medida el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la crisis financiera y caída de Popular.

Y lo volvió a pedir el 9 de febrero en unas jornadas sobre la resolución bancaria en Madrid. En esta intervención, Ponce aseguró que “sería muy positivo reforzar la prelación concursal, no sólo de los depósitos de las personas físicas y pequeñas y medianas empresas que ya recoge la Ley, sino también de los depósitos de las grandes empresas. De modo que estos depósitos tuvieran un privilegio sobre los demás acreedores ordinarios, como ya ocurre en otros países”.

El índice de precios de consumo (IPC) registró un incremento anual del 0,6% en enero, cinco décimas por debajo de la subida de precios que mostraba en diciembre de 2017, que fue del 1,1%. Un frenazo que, según ha detallado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), se debe casi por completo al brusco abaratamiento de la electricidad, que costó de media a los hogares un 13% menos que en el arranque de 2017. En tasa mensual, el IPC cayó en enero un 1,1%, por el tradicional abaratamiento del vestido y el calzado (rebajas de invierno) y del ocio y la cultura, por los descuentos de los paquetes turísticos.

El precio de la luz bajó un 5,2% respecto al mes anterior. Pero la diferencia en la tasa anual se debe sobre todo a la comparación con enero de 2017 cuando el coste del megavatio hora en las subastas del mercado mayorista batió récords. En octubre, durante un par de horas, el precio del megavatio hora fue incluso superior, pero el repunte fue muy puntual. En enero del año pasado, sin embargo, el encarecimiento en el mercado mayorista se prolongó durante días y, al producirse en medio de una ola de frío con un notable aumento de la demanda, su repercusión en la factura fue mucho mayor.

En conjunto, los precios energéticos bajaron un 1,7% anual, frente a la subida del 2,6% en diciembre de 2017. En esta evolución, además del abaratamiento de la electricidad, incide que el incremento experimentado por los carburantes se atenuó (del 3% al 2,5% anual), mientras que el gas y el gasóleo para calefacción experimentaron una subida de precios.

El otro grupo de bienes que contribuyó a contener la inflación fue el de los alimentos no elaborados (una subida del 1,6%, frente al 2,8% de diciembre), con descenso apreciable en hortalizas y verduras frescas (3%) y un incremento más atenuado en frutas frescas (3,2%). La evolución de estos grupos (productos energéticos y alimentos no elaborados) provocó que la inflación subyacente, que excluye precisamente los precios de la energía y alimentos frescos por su volatilidad, se quedara por primera vez desde noviembre de 2016 por encima del índice general: 0,8% frente al 0,6%.

El único grupo con influencia positiva en el IPC fue el de las comunicaciones, cuyos precios crecieron el 0,9%, siete décimas por encima de diciembre, debido al encarecimiento de los servicios de telefonía y fax, frente al abaratamiento del año anterior. Un encarecimiento que, según han anunciado las principales operadoras, se acelerará en febrero, con nuevas subidas en las tarifas de móvil e Internet por fibra.

A 100 días del comienzo del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en todos los países de la UE, solo el 10% de las empresas españolas cumple con la nueva normativa, frente a una media europea del 20%, y otro 20% asegura tener planes sólidos para asegurar su cumplimiento. Así lo refleja un estudio de la consultora IDC y Microsoft que analiza la situación de 100 compañías de más de 250 empleados de diferentes sectores de actividad a cierre de 2017.

“A esa fecha, el 65% restante no podía garantizar el cumplimiento de la nueva regulación, aunque un 35% de ellas aseguró estar elaborando planes al respecto”, dijo ayer Emilio Castellote, investigador de IDC, quien detalló los principales obstáculos para que las compañías se adapten con mayor rapidez a la nueva normativa: el conflicto de intereses (56%), la limitación de recursos (49%), la ausencia de presupuesto (46%) y el desconocimiento sobre cómo llevar a cabo el proyecto (42%).

Castellote apuntó que, aunque el 96% de las empresas encuestadas han oído hablar de la nueva normativa, muchas tienen dudas sobre cómo aplicarla (59%), qué datos tienen que proteger, cómo tienen que gestionarlos o qué medidas de seguridad necesitan impla (Entar. En este contexto, el investigador de IDC apuntó que el 80% de las empresas tienen “datos oscuros", sobre los que las organizaciones no tienen visibilidad.

El director de Operaciones y Marketing de Microsoft, Antonio Budia, y el director de Tecnología de esta misma compañía, Héctor Sánchez, coincidieron con Castellote en que va a ser “imposible llegar al 100% de empresas preparadas de aquí al 25 de mayo (ningún país puede presumir de que vaya a lograrlo)”, pero urgieron a las empresas a definir sus planes para abordar la nueva normativa, que representa un cambio fundamental en la protección de los datos personales dentro de la UE, al aumentar los derechos de los usuarios y las obligaciones de las compañías.

El Tesoro sigue batiendo récords en el abaratamiento de su coste de financiación y hoy ha revalidado los mínimos a los que ha colocado letras a seis y doce meses. En un momento en que el conjunto de rentabilidades de la deuda soberana europea repunta, contagiada por la subida de la deuda estadounidense, la deuda española se desmarca. De hecho, el Tesoro ha marcado hoy un hito al adjudicar por primera vez las letras a doce meses a un interés incluso inferior al de la facilidad de depósito del BCE, en el -0,4%, el interés que cobra la institución a la banca por aparcar su exceso de liquidez.

En concreto, el Tesoro ha colocado 575,04 millones de euros en la subasta de letras a seis meses, que ha recibido peticiones por más de 2.500 millones de euros. El tipo marginal se ha situado en el -0,470%, más negativo que el -0,454% ofrecido en la emisión anterior. Y en las letras a doce meses, ha adjudicado entre los inversores 3.430,51 millones de euros, tras recibir peticiones por más de 6.000 millones de euros. La rentabilidad marginal también ha sido más negativa, desde el -0,396% de la subasta anterior al -0,415% actual.

El hecho de que en las letras a doce meses la rentabilidad sea más negativa que en la facilidad de depósito del BCE implica que hay inversores dispuestos a pagar más por la deuda española de lo que el propio BCE les cobraría por tener a resguardo su dinero. Se trataría sin embargo especialmente de inversores asiáticos, que no pueden acudir a la facilidad de depósito del BCE del mismo modo que los europeos.

Fuentes del Tesoro reconocen que la mejora de rating decidida por Fitch está siendo determinante para el éxito de las últimas subastas y es la principal causa que explica los nuevos mínimos de rentabilidad alcanzados hoy. “Es un salto cualitativo. España ya es considerado un país semicore y para los inversores institucionales asiáticos la deuda española ya es un activo elegible”, explican desde el Tesoro.

Sector

Latinoamérica es una de las regiones con mayor potencial, lo que ha hecho que bufetes de todo el mundo, pero especialmente españoles, hayan decidido estrechar sus relaciones e incluir estos mercados en su plan estratégico.

"A corto y medio plazo, seguiremos siendo testigos de la entrada de más firmas internacionales, atraídas por las posibilidades que ofrecen unas mayores regulaciones (de cara sobre todo a cumplir con estándares internacionales que creen un clima favorable para la inversión) y una mayor estabilidad política en la región", señala Marc Gericó, socio director de la consultora especializada Gericó Associates, que también subraya "la lucha encarnecida por acaparar el negocio derivado de sectores clave, como bienes raíces, infraestructura, energía y turismo".

Su compañero Alfonso Everlet, director de la firma, se lamenta, sin embargo, de la tímida presencia actual de bufetes españoles en Latinoamérica, una situación que prevé que cambiará a corto plazo a tenor del progresivo, pero constante, desembarco de firmas de nuestro país.

"Parece que las firmas nacionales, durante años, han estado más interesadas en la consolidación de su negocio y en aventurarse en economías más maduras y saturadas, que, en apostar por sembrar en unos mercados con un recorrido enorme, mostrando una aversión al riesgo mucho mayor que sus homólogas anglosajonas", comenta Everlet.

Todo ello en un entorno cada vez más profesionalizado con abogados locales compitiendo de tú a tú con sus colegas de otras partes del mundo. "La profesionalización -y la ambición- es cada vez mayor", confirma Everlet, que, no obstante, señala que "muchas firmas aspiran a ganar mayores cuotas de visibilidad en el mercado de cara justamente a atraer el interés de posibles firmas extranjeras y pasar a formar parte de un proyecto internacional más ambicioso.

La comisión, prevista en el texto de principios de ética judicial asumido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, emitirá dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que se le hagan llegar. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado convocar elecciones para designar a los seis miembros de origen judicial de la primera comisión de ética judicial, que se celebrarán los próximos días 13 y 14 de marzo.

La comisión de ética es un órgano previsto en el texto de principios de ética judicial asumido por el pleno del CGPJ el 16 de diciembre de 2016 del que formará parte un séptimo integrante, que debe ser una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria en el mundo académico de la Ética, la Filosofía del Derecho o la Filosofía Moral.

Según explica el Poder Judicial en una nota, este órgano tiene entre sus funciones emitir dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las salas de Gobierno de los tribunales, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez o jueza en servicio activo y, excepcionalmente, elaborar informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la carrera judicial. La comisión no formulará recomendaciones.

De los seis miembros de procedencia judicial de la comisión, uno tendrá la categoría de juez, tres la de magistrado y los otros dos la de magistrado del Tribunal Supremo. Pueden ser candidatos todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo desde el día siguiente al de la convocatoria del proceso electoral y mantengan esa situación en los días señalados para la votación.

A poco más de 100 días para que el conjunto de países miembros de la Unión Europea empiecen a aplicar el contenido del nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD), el rol del delegado de protección de datos (DPD) ha ganado importancia. Esta figura laboral resultará esencial para muchas compañías, puesto que el texto legal insiste en su obligatoriedad para todas las autoridades y organismos públicos, así como para empresas que realicen una observación habitual y sistemática de las personas a gran escala o que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos sensibles.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva tiempo allanando el camino y resolviendo muchas de las dudas generadas por el RGPD, como ocurre con los responsables de protección de datos. De hecho, en julio de 2017, la autoridad nacional presentó, junto a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el primer Esquema de certificación de DPD y, hace menos de un mes, emitió la primera autorización a ANF AC, que podrá certificar la idoneidad de todos los expertos que aspiren a ser delegados de protección de datos.

Sin embargo, acceder a esta nueva actividad no será tarea fácil. De hecho, la AEPD detalla en su exhaustivo texto el perfil del profesional que aspire a cubrir el puesto, así como las competencias requeridas para poder convertirse DPD. Así, para que las autoridades acreditadas puedan certificar que un trabajador es adecuado, éste deberá ser capaz de recabar información para determinar las actividades de tratamiento; analizar y comprobar la conformidad de las actividades de tratamiento e informar, asesorar y emitir recomendaciones al encargado del tratamiento.

También tendrá que asesorar en la aplicación del principio de la protección de datos por diseño y por defecto; aconsejar si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de protección de datos y qué metodología debe seguirse al efectuar este tipo de valoración. Por otro lado, deberá ser capaz de recabar información para supervisar el registro de las operaciones de tratamiento; así como priorizar sus actividades y centrar sus esfuerzos en aquellas cuestiones que presenten mayores riesgos.

Además de todas estas capacidades, según explica la AEPD en su Esquema de certificación, todos los que estén interesados en lanzarse en esta nueva aventura laboral y tratar de acceder a la fase de evaluación, deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: justificar una experiencia profesional de, al menos, cinco años en proyectos o actividades relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos; tener una experiencia demostrable de, al menos, tres años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 60 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; acreditar una experiencia profesional de, al menos, dos años en proyectos o actividades y tareas relacionadas con las funciones del DPD en materia de protección de datos, y una formación mínima reconocida de 100 horas en relación con las materias incluidas en el programa del Esquema; o, por último, justificar una formación mínima reconocida de 180 horas en relación con las materias incluidas en el programa del texto elaborado por la AEPD.

Bufetes internacionales de todo el mundo, aunque con especial importancia de España, han puesto el foco en esa zona y la llegada de despachos de abogados está siendo constante desde hace años, lo que ha obligado a los locales a iniciar un proceso de transformación total.

Aunque Miami y Nueva York siguen siendo epicentros para el asesoramiento legal de América Latina, hay muchas firmas que han visto la necesidad de acercar sus centros de operaciones a los países con los que trabajan. Por eso, el desembarco es constante.

Las formas de entrada de las firmas extranjeras han sido muy diversas, desde las fusiones, adquisiciones, entradas de capital hasta la apertura de oficinas propias desde cero. Y, ¿cuál es la razón principal que está animando este desembarco? Las inversiones de capital llegadas desde todo el mundo están animando a las empresas internacionales que llegan con una alta necesidad de asesoramiento legal. Por ejemplo, América Latina cuenta con más de 100 megaproyectos de infraestructuras por más de 139.000 millones de dólares.

Para explicar las claves del crecimiento del sector legal, Gericó Associates ha entrevistado a cinco responsables de algunos de los despachos más importantes que operan en América Latina: DLA Pizarro Botto Escobar (Perú), Akerman (Miami), Alessandri Legal (Chile), CMS Grau (Perú) y Holland & Knight (Colombia).

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha resuelto que cuando un perito, en virtud de contrato administrativo, presta sus servicios en procedimientos de justicia gratuita por cuenta de la Administración, no se rige por las tarifas de los técnicos privados (accede aquí a la resolución).

El tribunal ha rechazado, por tanto, la solicitud de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía (APTJA), que consistía en declarar la nulidad de la convocatoria de la licitación porque, según ellos, el pliego de prescripciones técnicas era incorrecto puesto que no incluía la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 30 de septiembre de 2002, que recoge las cuantías y forma de pago de los técnicos privados que realizan pruebas periciales en procedimientos de justicia gratuita.

La resolución explica que, en este caso, aunque los servicios objeto del contrato administrativo no son prestados por personal técnico dependiente de la Administración, sí se realizan por cuenta de la misma, ya que ésta no dispone de técnicos propios, por lo que debe acudir a un tercero para la prestación de este servicio público. Además, el objeto del contrato administrativo de servicios que regulan los pliegos impugnados incluía las peritaciones derivadas de procedimientos judiciales de justicia gratuita, con independencia de su especialidad.

Por su parte, la orden de 2002 señala que es de aplicación a los supuestos en los que, ante la inexistencia o falta de disponibilidad de personal técnico dependiente de la Administración, sea necesario que la asistencia pericial se realice por profesionales técnicos privados. De tal manera que, concluye el tribunal, no puede considerarse que este servicio encaje en la descripción contenida en la mencionada orden, ya que las pruebas periciales se realizan por cuenta de la propia Administración.

En cualquier caso, tal y como añade el tribunal, las tarifas recogidas en el pliego de la licitación superan las recogidas en dicha orden, por lo que resultan más favorables a los licitadores. Por todo ello, la resolución ha desestimado el recurso estableciendo la validez de los pliegos.



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