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Los consejos de la semana

Laboral

Videovigilancia oculta y derecho a la intimidad de los trabajadores

Ante los descuadres observados por el director de una de las tiendas de una cadena de supermercados, la dirección decide instalar un sistema de videovigiliancia oculto en las cajas para confirmar sus sospechas. Los trabajadores no son advertidos de esta circunstancia, pero sí lo son de la instalación de otras cámaras visibles situadas en la entrada de la tienda.

Las cámaras ocultas captaron a varias trabajadoras que por sí mismas o ayudadas por otras compañeras o por clientes se apropiaban de productos sin pagarlos. La empresa se reune con todas las trabajadoras implicadas y les muestra las imágenes obtenidas que previamente se habían visionado por la dirección de la empresa y por los representantes de los trabajadores. Las cinco trabajadoras implicadas en los hechos son despedidas y tres de ellas firman un acuerdo por el que se comprometen a no impugnar el despido a cambio de que la empresa no inicie acciones penales contra ellas. Pese al acuerdo, todas las trabajadoras reclamaron judicialmente frente al despido que fue declarado procedente tanto en la instancia como en suplicación, admitiéndose como prueba legítima las imágenes captadas con las cámaras ocultas.

Reclaman las trabajadoras ante el TEDH por considerar vulnerados dos de sus derechos fundamentales. El tribunal de Estrasburgo estima la existencia de una violación de su derecho a la intimidad (CEDH art.8) y les reconoce una indemnización de 4.000 € a cada una de ellas por daño moral, pero considera que no existe vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (CEDH art.6.1). Sus argumentos son los siguientes:

1. La videovigilancia oculta de un trabajador en su puesto de trabajo es una injerencia en su derecho a la vida privada. Este derecho incluye las imágenes grabadas de la conducta de una persona en su puesto de trabajo, ya que el trabajador no puede sustraerse al estar obligado por el contrato de trabajo.

2. Las imágenes obtenidas son datos que implican su almacenamiento y procesamiento y que están estrechamente vinculados a la esfera privada de los individuos. Dichas imágenes fueron, por tanto, procesadas y visualizadas por otras personas antes de que las trabajadoras fueran informadas de su existencia.

3. Las trabajadoras tenían derecho a ser informadas de forma previa, explícita, precisa e inequívoca de la existencia de un archivo de datos personales, ya que los datos iban a ser objeto de tratamiento. La legislación española es muy clara en el contenido que dicha información debe comprender, refiriéndose a la finalidad del tratamiento, los responsables, la existencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, etc. (LOPD art.5).

4. Los tribunales españoles no realizaron una ponderación justa entre el derecho de las trabajadoras al respeto a su vida privada y el del empresario a la protección de su propiedad.

5. En cuanto a la vulneración del derecho a un proceso justo , el Tribunal valora cómo afecta la utilización de esas imágenes obtenidas ilegítimamente. Entienden que a lo largo de todo el procedimiento judicial, las trabajadoras demandantes han podido impugnar tanto la autenticidad del material obtenido, lo mismo que en sus correspondientes recursos. Todos los tribunales analizaron y contestaron debidamente a sus objeciones. Ha de añadirse que no fueron la única prueba analizada para llegar a la declaración de procedencia de los despidos, que también se basó en pruebas testificales. Por lo tanto, no existe la vulneración de este derecho.

6. También alegan vulnerado este derecho al considerar que la firma de los acuerdos transaccionales se obtuvo bajo la coacción de denunciar los hechos ante la justicia penal, pero el TEDH considera que la oferta de la empresa supone el ejercicio legítimo del derecho a decidir o no un proceso penal contra unas trabajadoras que ya habían admitido voluntariamente su participación en los robos y cuyas alegaciones fueron resueltas por los tribunales españoles ofrecieron razones suficientes para considerar válido el consentimiento.

La vigilancia de los trabajadores a través de cámaras ocultas, incluso previas sospechas fundadas de conducta irregular posteriormente confirmadas, vulnera el derecho a la vida privada e implica un daño moral indemnizable. No obstante, si en juicio se aportan otras pruebas que demuestran la conducta sancionable, el despido puede ser calificado como procedente.

Mercantil, civil y administrativo

El delegado de protección de datos

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), que empezará aplicarse el próximo día 25 de mayo de este mismo año, impone, en algunas organizaciones, la figura del delegado de protección de datos, como garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en la organización.

La figura del delegado de protección de datos constituye uno de los elementos claves del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

¿Quién es del delegado de protección de datos?

Esta figura, conocida popularmente como DPO (en inglés, Data Protection Officer), constituye uno de los elementos claves del RGPD, y un garante del cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las Autoridades de Control.

El nuevo Reglamento Europeo justifica la imposición de esta figura, en la necesidad de que, en determinadas organizaciones, haya alguien con conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos, que ayude al responsable o encargado de tratamiento a cumplir con la normativa de protección de datos.

Atención. Los delegados de protección de datos, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente.

¿Quiénes están obligados a designar un delegado de protección de datos?

Será obligatorio en:

• Autoridades y organismos públicos, excepto los Tribunales

• Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala

• Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles

Atención. Se permite nombrar un solo DPO para un grupo empresarial siempre que sea accesible desde cada establecimiento del grupo

¿Qué funciones cumplirá?

El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:

a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación cooperar con la autoridad de control;

d) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

Al Delegado de Protección de Datos se le atribuyen una serie de funciones entre las que destacan informar y asesorar, así como supervisar el cumplimiento del RGPD por parte del responsable o encargado.

Atención. Se permite que el DPO mantenga con responsables o encargados una relación laboral o mediante un contrato de servicios. Además, puede desarrollar sus funciones a tiempo completo, o parcial.

¿Quién puede ser Delegado de Protección de datos?

El DPO ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales y, en particular, a su conocimiento de la legislación y la práctica de la protección de datos. Aunque no debe tener una titulación específica, en la medida en que entre las funciones del DPO se incluya el asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la normativa sobre protección de datos, los conocimientos jurídicos en la materia son sin duda necesarios, pero también es necesario contar con conocimientos ajenos a lo estrictamente jurídico, como por ejemplo en materia de tecnología aplicada al tratamiento de datos o en relación con el ámbito de actividad de la organización en la que el DPO desempeña su tarea.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha optado por promover un sistema de certificación de profesionales de protección de datos como herramienta útil a la hora de evaluar que los candidatos a ocupar el puesto de DPO reúnen las cualificaciones profesionales y los conocimientos requeridos.

Las certificaciones serán otorgadas por entidades certificadoras debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, siguiendo criterios de acreditación y certificación elaborados por la AEPD en colaboración con los sectores afectados.

Atención. La certificación no será un requisito indispensable para el acceso a la profesión, será sólo una opción a disposición de responsables y encargados para facilitar su selección de los profesionales llamados a ocupar el puesto de DPO. Pero responsables y encargados pueden tomar en consideración otras cuestiones u otros medios para demostrar la competencia de los DPO.

El (RGPD) configura una serie de “medidas de responsabilidad activa” aplicables a los responsables, y en ocasiones, también a los encargados de tratamiento. Entre ellas, destaca la figura del delegado de protección de datos, como garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos

Lo más destacado en Prensa

Contabilidad

El sistema financiero internacional estrenará al arrancar 2018 un nuevo método para calcular las dotaciones frente al impago de los créditos. La nueva normativa contable IFRS 9, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio, según un informe de BBVA Research. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.

Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.

Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que a día de hoy los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.

«A pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos», explica el servicio de estudio de BBVA en su informe mensual «Situación Banca» correspondiente al pasado noviembre, en el que calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1) de 67 puntos básicos.

Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona. El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades.

Cierto es que, para adelantarse a la adopción de este nuevo método contable internacional, el Banco de España ya aprobó el año pasado una circular contable transitoria. Ahora el organismo dirigido por Luis María Linde ultima su actualización para adoptar al 100% el contenido de esa norma IFRS 9.

Fiscal

El año pasado, cientos de miles de inversores decidieron apostar por el bitcoin y otras divisas digitales, lo que provocó un repunte de los precios. Ahora que se acerca la temporada de presentar la declaración de la renta, muchos desconocerán que tienen una deuda con el Gobierno federal.

Hace cuatro años, el Servicio de Recaudación (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que las monedas virtuales deberían recibir el mismo tratamiento que la propiedad y que los contribuyentes deberían pagar un impuesto por las ganancias acumuladas.

"Para los inversores que se han gastado los beneficios, podría ser un duro golpe", explica Mike Slack, analista de la consultora H & R Block. A pesar de la caída en los precios, el bitcoin cayó por debajo de los 8.000 dólares la semana pasada, casi un 60% desde su máximo de diciembre, la fiebre de las criptomonedas sigue viva.

Tim Hockey, consejero delegado de TD Ameritrade, uno de los principales brokers online de EEUU, asegura que "nunca he visto este nivel de operaciones; hay un interés especial en acciones relacionadas con la tecnología blockchain y el cannabis".

Al IRS le preocupa desde hace tiempo que los beneficios derivados de las operaciones en criptodivisas no se estén declarando. "Los contribuyentes que no declaren los beneficios de las operaciones con criptodivisas serán sancionados", ha anunciado el Organismo.

En EEUU el impuesto sobre las ganancias de capital se calcula sobre la diferencia en dólares entre el valor del activo en el momento de la compra y de la venta. Si ha pasado menos de un año entre las dos operaciones, un operador que gane entre 38.701 y 82.500 debería pagar un tipo marginal del 22%.

Los operadores en bitcoin en Reino Unido también estarían sujetos al pago de impuestos, con tasas que ascienden hasta el 45%, aunque esta medida sólo se aplicará en casos en los que las operaciones sean "muy habituales".

Según las autoridades fiscales de EEUU, entre 2013 y 2015, sólo hubo entre 800 y 900 personas al año que presentaron declaraciones en las que aparecían operaciones vinculadas al bitcoin.

El Tribunal Supremo decidirá si la prestación por maternidad que cobran las madres durante el tiempo que están de baja al tener un hijo está o no exenta en el IRPF. Una subvención que pueden compartir también con el padre. El Alto Tribunal admitió en enero a trámite el recurso de casación de la Abogacía del Estado.

El debate sobre si esta subvención tributa en el impuesto sobre la renta no es nuevo. La cuestión alcanzó su punto álgido cuando una sentencia de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a una contribuyente y estableció que la prestación por maternidad estaba exenta del IRPF. La decisión puso en alerta a Hacienda, que vio cómo se podía iniciar un proceso por el que miles de madres y padres solicitaran la devolución de lo tributado por la prestación de maternidad.

La Agencia Tributaria se apresuró a señalar que la sentencia era un caso aislado y que su postura se mantenía firme. Para Hacienda, la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social tiene la consideración de rendimiento de trabajo y como tal está sujeta al impuesto sobre la renta. Meses después de la decisión del TSJ de Madrid, su homólogo de Andalucía avaló en una sentencia la postura de Hacienda. Así, ante dos casos análogos, distintos Tribunales Superiores de Justicia dictaron sentencias en sentido totalmente divergente. Le tocará al Supremo poner paz.

“En esta situación de incertidumbre, consideramos que lo más prudente es que los contribuyentes que hayan recurrido mantengan sus recursos vivos. Es decir, que no se conformen con la negativa de Hacienda y sigan recurriendo”, apunta el socio y abogado del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo. Recuerda que, si la sentencia es favorable a los intereses de los contribuyentes, estos no podrán beneficiarse si abandonaron el recurso presentado. El TSJ de Madrid ha seguido emitiendo sentencias en las que defiende que la prestación no tributa.

El conflicto procede de una redacción confusa de la ley, en concreto del artículo 7, letra h, de la ley del IRPF. “(...) Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, indica la norma. Y añade: “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Hacienda interpreta que este último párrafo “determina una clara diferenciación” en el sentido de que solo declara exentas las prestaciones por maternidad autonómicas y locales. Una opinión que también es compartida por el TSJ de Andalucía. En cambio, el TSJ de Madrid señala que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social debe estar “forzosamente” en el ámbito de la exención general y que el párrafo en el que se hace referencia a comunidades y entes locales simplemente amplía el beneficio fiscal y en ningún caso actúa como restricción.

El Supremo deberá decidir qué interpretación prevalece. Si se inclina a favor de la tesis del TSJ de Madrid, más de un millón de contribuyentes podría reclamar devoluciones a Hacienda. El impacto superaría los 1.000 millones.

La llegada de 2018 ha traído novedades fiscales que, según los expertos, benefician a los contribuyentes. Entre ellas destacan el aumento de la cuantía exenta en la concesión de becas y en las tarjetas restaurante, la rectificación de autoliquidación y la extensión del mínimo por descendiente a quienes tienen atribuida la guardia y custodia de menores.

Los asesores fiscales coinciden en admitir que las novedades fiscales que se aplicarán este año y que ya han sido aprobadas no suponen grandes cambios respecto al régimen tributario del año pasado y, en su mayoría, son positivas para los ciudadanos. «No se han introducido modificaciones de gran calado, lo que han hecho ha sido adecuar textos legales a los reglamentos», afirma Marta González Álvaro, subdirectora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Entre los cambios introducidos en este ejercicio destacan los relativos al IRPF, al Impuesto de Sociedades y al de Sucesiones y Donaciones, aprobados por el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2017 mediante el Real Decreto 1074/2017 que modifica los reglamentos que los regulan.

«La finalidad de este Real Decreto es adecuar los textos reglamentarios a la vigente regulación legal, aclarar el contenido de diversos preceptos e introducir algunas modificaciones dirigidas a simplificar la gestión y, adicionalmente, reducir cargas administrativas», señalan fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A juicio de Marcelino Blanco, director de Planificación Patrimonial de Andbank, los cambios fiscales más importantes para este año son los referentes al reglamento del IRPF y «el más popular es el relacionado con el incremento del mínimo exento en concepto de dietas de manutención a través de fórmulas alternativas como los cheques restaurantes, tarjetas o vales de comida».

Respecto a ellos, el reglamento establece que se eleva de 9 a 11 euros la cuantía diaria exenta de las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, esto es, los vales de comida, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entrega al trabajador para atender esta necesidad. Los máximos de 11 euros son por día y no acumulables.

Otro cambio es el nuevo procedimiento de rectificación de autoliquidaciones del IRPF cuando hay un error que beneficia al contribuyente. Hasta ahora, el contribuyente que se daba cuenta de que había ingresado de más en su declaración de IRPF se tenía que acoger al procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos, lo que implicaba presentar un escrito en la Agencia Tributaria y esperar a que esta le diese o no la razón, lo que suponía un proceso muy largo. Ahora se pueden modificar las autoliquidaciones de IRPF a través del servicio de Renta Web.

«Con esta vía, los contribuyentes que tengan derecho a que Hacienda les devuelva lo ingresado indebidamente percibirán antes el dinero, además con ella también se beneficia la Agencia Tributaria, ya que si devuelve ese dinero con rapidez se ahorra los correspondientes intereses», asegura Blanco.

Otra novedad que, según los asesores fiscales, ha tenido muy buena acogida ha sido la que incrementa el límite exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios, con el fin de incrementar la renta de sus perceptores. La dotación económica exenta se eleva de 3.000 a 6.000 euros anuales y hasta los 18.000 euros anuales si la beca tiene por objetivo compensar gastos de transporte y alojamiento para realizar estudios reglados del sistema educativo hasta el nivel de máster o equivalente. La cifra llega hasta 21.000 euros anuales cuando se trate de estudios en el extranjero. Mientras que para estudios de doctorado la dotación exenta de las becas sube hasta 21.000 si se cursan en España y a 24.000 si se efectúan en el extranjero. "Valoramos muy positivamente este cambio, ya que en muchos casos las ayudas se duplican», afirma Marta González.

Además, el reglamento establece cambios en los gastos destinados a la formación. Precisa que dentro de los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie, se encuentre también aquellos financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

Para Marcelino Blanco, esta medida «es importante en el ámbito de las entidades financieras porque con la entrada en vigor de MiFID II se exige que los empleados de compañías que comercializan productos financieros tengan una determinada formación».

La nueva normativa extiende la aplicación del mínimo por descendiente a aquellos contribuyentes que tengan atribuida por resolución judicial la guarda y custodia de menores. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, «de esta manera se da respuesta a múltiples situaciones en que, por violencia de género o cualquier otro motivo, un juez atribuye la guarda y custodia de un menor a un tercero». A juicio de Blanco, se trata de «una medida muy importante desde el punto de vista social, muy demandada y necesaria de aplicar».

Respecto al IRPF, la última novedad es un nuevo supuesto de retención o ingreso a cuenta en caso de transmisión de derechos de suscripción preferente. En estos casos la entidad depositaria, el intermediario financiero o el fedatario público deberán retener las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de los derechos de suscripción preferente. La retención a practicar será el 19 por ciento sobre el importe obtenido en la operación.

En opinión de Marta González, hasta el 31 de diciembre de 2016 los derechos de suscripción preferente no tributaban hasta que el inversor no trasmitía las acciones de las que provenían los derechos, pero «las autoridades fiscales se dieron cuenta de que se les escapaba una parte de recaudación porque los inversores, cuando transmitían esas acciones, no se acordaban de que habían vendido los derechos y que tenían que reducir su precio de adquisición, con lo cual había cantidades que se quedaban sin tributar. Para evitarlo hubo un cambio normativo y, a partir del 1 de enero de 2017, la transmisión de los derechos de suscripción preferente está sujeta a retención del 19 por ciento y tiene el tratamiento de una ganancia patrimonial. Ahora el reglamento ha adecuado la nueva obligación de ingreso a cuenta».

El citado Real Decreto también modifica los reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero los cambios son mínimos. Respecto al primero se modifica la regulación de la declaración informativa denominada 'país por país' para adecuarla a la directiva 2016/881, en cuanto a las entidades que han de presentar la declaración. Según Marta González, esta medida solo afecta a contribuyentes con una facturación anual superior a 750 millones de euros. «No atañe al ciudadano de a pie y es una modificación a efectos informativos».

Otra novedad es la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria. Respecto a Sucesiones y Donaciones hay dos pequeños cambios. El primero consiste en que, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, la declaración del impuesto deberá incluir la referencia catastral de los inmuebles transmitidos, con el fin de disponer de su correcta identificación.

El segundo cambio facilita la gestión del impuesto, en particular a los no residentes, ya que establece que se podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a este tributo mediante certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apostó ayer por reformar el sistema de financiación autonómica en el plazo "más breve" posible -eso sí, no conviene negociar sin Cataluña, apuntó-, y señaló que en el proceso se tendrá que estudiar si se suprimen algunos fondos y qué se hace con la deuda de las comunidades.

"No hay ningún interés por parte del Estado de financiarse con esa deuda, que es entre administraciones", dijo Montoro ante la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que compareció para hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica, y abrió la puerta a habilitar quitas de la deuda autonómica, propuesta que ya ha planteado en más ocasiones: "Tenemos que ver qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que las comunidades tienen contraída con el Estado y que se corresponde con una financiación insuficiente", enfatizó Montoro.

En su última intervención, el ministro lamentó que los grupos de la oposición no analizaran esta propuesta y fue más claro: "Estamos dispuestos a reestructurar la deuda de las comunidades", insistió.

El ministro apostó por blindar el sistema frente a coyunturas económicas, dotar al sistema de un auténtico fondo de garantía de financiación de servicios públicos que no cree agravios y que esté financiado por los impuestos.

Además, Montoro avanzó que el Gobierno repartirá en el primer trimestre de este año 12.151,8 millones a las comunidades través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y de Facilidad Financiera, de los cuales 3.477 millones serán para Cataluña. Así se decidió en la última reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno del pasado jueves, que aprobó la distribución a las comunidades en el primer trimestre de este año.

Según detalló, en segundo lugar, tras Cataluña se situarán Andalucía, que recibirá otros 2.512,3 millones, y 2.307,1 millones para la Comunidad Valenciana. A su vez, Galicia se beneficiará de 690,5 millones y Castilla y León, de 618,3 millones.

Montoro concretó que entre 2012 y 2017 se ha facilitado a las administraciones territoriales, sobre todo a las comunidades, ayuda financiera por importe de 251.000 millones, de los cuales casi 95.000 han servido para pagar a los proveedores.

Montoro subrayó que estos mecanismos tendrán que reducirse más cuando se apruebe el nuevo sistema de financiación hasta desaparecer, con la vuelta a los mercados de las comunidades que hoy están acogidas a ellos.

La economía española sufrió una pequeña ralentización entre octubre y diciembre al crecer un 0,7%, una décima menos que en el trimestre anterior y de lo que estimaba el Banco de España. Al tratarse de un dato adelantado, el Instituto Nacional de Estadística no ofrece un desglose de sus componentes. En parte y con ciertas cautelas, el dato podría achacarse a unas peores cifras en Cataluña de turismo, comercio minorista y afiliación a la Seguridad Social. Además, aunque en la Encuesta de Población Activa no se ha visto afectada Cataluña, el dato de ocupación que arrojó para el total de España fue algo peor de lo esperado.

"El positivo comportamiento de las economías de nuestro entorno no contrarrestó completamente el impacto del shock de incertidumbre derivado de la crisis política en Cataluña", sostiene en una nota el servicio de estudios de Bankia.

En el conjunto de 2017, la actividad siguió mostrando fuerza y avanzó un 3,1% anual, según los datos preliminares publicados este martes por el INE. De esta forma, el Producto Interior Bruto encadena 17 trimestres consecutivos creciendo y tres años seguidos con incrementos anuales superiores al 3%.

Para alcanzar unas conclusiones más robustas, habrá que esperar a que el INE proporcione el detalle definitivo más adelante. Pero en su informe trimestral el Banco de España ya estimó que las tensiones políticas en Cataluña habrían tenido algún impacto, si bien muy acotado y limitado, sobre todo, a la economía catalana. Precisamente por esa incertidumbre política el organismo rebajó la previsión de crecimiento de España para 2018 en dos décimas, si bien una de esas décimas se compensaba por el mejor comportamiento de la economía europea. El organismo supervisor prevé un incremento del PIB para este año del 2,4%.

Laboral

De la treintena de países más desarrollados del mundo, agrupados en la OCDE, solo hay siete que ponen restricciones a que, una vez cumplida la edad de jubilación, un trabajador empiece a cobrar su pensión y siga trabajando a la vez. Uno de esos países es España, que solo permite cobrar el 50% de la pensión y seguir trabajando; y, desde el pasado 1 de enero, solo los autónomos con más de 10 trabajadores a su cargo pueden cobrar la totalidad de su pensión y seguir con su negocio.

Para el economista senior responsable de pensiones de la OCDE, Hervé Boulhol, España debería incentivar más la prolongación de la vida laboral, ya que su sistema de pensiones “tiene un problema financiero derivado del envejecimiento; aunque no hubiera habido crisis sus cuentas estarían igualmente en desequilibrio, aunque hubiera sido unos años después”, dijo ayer en Madrid durante la presentación del último estudio de la OCDE sobre Pensiones at a glance 2017, cuya próxima edición llegará a finales de este año. Sus datos indican que España es de los países donde los pensionistas cobran durante más años la jubilación, solo superado por Francia, Italia y Bélgica.

Por ello, este dirigente de la OCDE consideró que España debería eliminar las restricciones a poder cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Se trata de una medida prometida por el PP en sus últimos programas electorales y asumida por el Gobierno, pero que, de momento, no tiene visos de materializarse. En ese sentido, Boulhol también consideró que España ofrece menos incentivos que la mayoría de países de la OCDE a seguir en activo una vez cumplida la edad de retiro. Según los cálculos que maneja la OCDE, en España aumenta la pensión un 5,4% más por cada año completo que se trabaja después de esa edad, frente al 8% de la media de los países de esta organización.

Junto a esta recomendación, Boulhol apuntó como otra debilidad del sistema español –incluso tras las últimas reformas de 2011 y 2013 que ensalzó– lo que consideró como “una excesiva dependencia de la cuantía de las pensiones a la evolución de los salarios y la productividad en el largo plazo”.

Pero no todo fueron críticas, para la OCDE es positivo que España, con el factor de sostenibilidad que se empezará a aplicar próximo 1 de enero, haya entrado en el club de los seis países que ya tienen mecanismos automáticos para vincular la pensión inicial con la evolución de la esperanza de vida del pensionista tras la jubilación.

Los sindicatos recuperan afiliados

(Expansión, 04-02-2018)

Los sindicatos españoles han recuperado en 2017 afiliados por segundo año consecutivo, después de experimentar una fuga durante la crisis que les llevó a perder en total casi 600.000 socios. La mejora del empleo y las campañas puestas en marcha por los sindicatos para atraer socios han logrado que durante 2016 y 2017 el número de afiliados se haya incrementado en unos 60.000, si bien aún queda camino por recorrer para recuperar sus niveles precrisis.

Los cuatro mayores sindicatos de España UGT, CCOO, CSIF y USO fueron reduciendo el número de afiliados entre los años 2009 y 2010, en los que marcaron sus máximas cifras, hasta 2015 cuando registraron el mínimo, según los datos de los propios sindicatos recabados por Efe, ya que no existen datos oficiales.

Estos afiliados permiten a los sindicatos contar con delegados sindicales en empresas y centros de trabajo, con un total de 266.118, que se reparten principalmente entre los dos grandes sindicatos CCOO (94.971) y UGT (86.530).

Pese a que el Ministerio de Empleo maneja datos sobre delegados sindicales que no quiere hacer públicos, la información a la que ha tenido acceso Efe revela que el resto de los delegados sindicales se los reparten USO (10.793), CSIF (10.334), ELA (8.425) y otros sin especificar (55.065). Volviendo a las afiliaciones y aunque han evolucionado prácticamente a la par, el mayor sindicato de España es actualmente UGT, con 960.000 afiliados en 2017 -datos provisionales-.

Desde el máximo de afiliación alcanzado por UGT en 2010, con 1,2 millones de socios, el sindicato perdió 280.805 simpatizantes, un descenso tras el que estaba la dramática destrucción de empleo de esos años, pero también la desafección que, como al resto de instituciones políticas y económicas del país, dejó tocadas a las organizaciones sindicales.

El final de la campaña de rebajas de Navidad lastra la actividad y empaña la estadística laboral. Este año el número de trabajadores desempleados se ha incrementado en 63.747 personas respecto al mes anterior, según la estadística difundida este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.476.528, y se mantiene en su nivel más bajo de los últimos 8 años.

Este enero, sin embargo, se ha comportado algo peor que el año pasado cuando los trabajadores desempleados crecieron en 57.257 personas. No obstante, durante los últimos ocho años el incremento del paro registrado por término medio fue de 108.866 personas. En términos desestacionalizados el paro continua con el descenso y baja en 24.161 personas. Respecto a enero de 2017 el paro se ha reducido en 283.703 personas, y el ritmo de reducción interanual se sitúa en el 7,54%.

El paro registrado disminuye en 2 comunidades autónomas: Illes Balears (650 personas desempleadas menos) y Canarias (386, menos). Sube, por el contrario, en las 15 autonomías restantes. Y repunta con fuerza en Madrid (11.766 trabajadores desempleados más), Andalucía 11.130 más) y la Comunidad Valenciana (9.134). Estas comunidades son de las más dinámicas y registraron mayores descensos del paro durante la campaña de Navidad, lo que explica, en parte, que al terminar las rebajas se produce un mayor aumento del paro.

Respecto al empleo, el pasado mes la Seguridad Social restó 178.170 ocupados, lo que representa un descenso del 0,97%. Esta caída del empleo está en línea con la tendencia marcada en el primer mes del año. Con esta cifra, la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 18.282.031 ocupados durante el primer mes del año, tras sumar en los últimos 12 meses 607.856 afiliados, el mejor dato interanual en un mes de enero desde 2007, según destaca la nota difundida por el Ministerio de Empleo.

La estadística desestacionalizada, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en enero en 66.578 ocupados. En variación interanual es el mejor dato desde 2007, con 616.336 ocupados.

El Régimen General registró un descenso de 165.969 personas, una caída del 1,09%, hasta situarse en 15.025.514 ocupados. En enero, la afiliación decreció en términos absolutos principalmente en hostelería (38.102 menos), Comercio, con 37.411 ocupados menos; Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, con 30.913 menos y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con 10.024 menos.

En relación al año pasado, el sistema ganó 607.856 ocupados, el 3,44%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 591.240 trabajadores (4,10%). El crecimiento alcanza el 4,61% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar). En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid (119.112), Cataluña (109.277) y Andalucía (99.342).

En opinión del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos: “Aunque enero es ciertamente un mes negativo para la afiliación, y no puede obviarse, abriendo el foco constatamos que la afiliación interanual incorpora 607.865 afiliados medios a la Seguridad Social en el último año --la mejor en 11 años-- un aumento superior a la ganancia lograda en 2017”.

Los números rojos del sistema de pensiones volvieron a batir un récord el pasado año al sumar 18.800 millones de euros al cierre del ejercicio 2017. Esto supone el 1,61% del PIB, lo que supone seis centésimas menos que el déficit que registró el sistema en 2016, cuando representó el 1,67% del PIB (18.537 millones de euros).

Así lo ha anunciado la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha precisado que, según estos datos, el pasado año se produjo un punto de inflexión en la senda del déficit, ya que, aunque fue creciente, aumentó por primera vez menos que en 2016.

Es más, si se contabilizan los saldos positivos del Servicio Público de Empleo (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -que junto al sistema de pensiones conforman toda la Seguridad Social- el agujero disminuye hasta los 16.800 millones de euros, el 1,43% del PIB frente al 1,62% del 2016 (17.757 millones de euros). No obstante, las cifras definitivas de este déficit no llegarán hasta marzo, cuando se confirme, entre otras cosas, la cuantía oficial del PIB de 2017.

Esta inflexión en la senda creciente del déficit se ha producido, según la ministra, por la recaudación récord registrada el pasado año por la Seguridad Social, cuando los ingresos por cotizaciones crecieron un 5,36% hasta 109.166 millones de euros, mientras que el gasto en pensiones aumentó un 3,15%. “Esta buena evolución de los ingresos nos permite dar una gran noticia: hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit de la Seguridad Social. Hemos iniciado la vuelta a equilibrio del sistema”, ha dicho una satisfecha Báñez.

Este récord recaudatorio ha sido posible, pese a haber un millón menos de afiliados que a finales de 2007, por distintas causas. La ministra apuntó algunas de ellas como la ampliación de las bases de cotización; el incremento de las bases máximas; la mejora del sistema recaudatorio; la lucha contra el fraude o, la que destacó con más ahínco: la mejora de la calidad del empleo.

Según sus datos, la prueba de que dicha calidad no es mala, tal y como argumentan la oposición y los sindicatos, es que los ingresos del Régimen General -al que pertenecen más de 8 de cada diez cotizantes- crecieron el año pasado un 6,2% frente a un avance del empleo asalariado del 4,2%. “Esa diferencia de dos puntos se explica por el aumento de la base media de cotización de los trabajadores, porque ha mejorado la calidad del empleo”.

Para Báñez, a esta situación se ha llegado “pagando más y mejores que nunca y manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas”. Precisamente, en este punto, ha defendido que no ha habido deterioro del poder de compra de los más de 8,5 millones de beneficiarios de pensiones durante la crisis.

Según sus cálculos, para los que utiliza la evolución acumulada de la inflación, los pensionistas han ganado un 0,03% de poder adquisitivo entre 2007 y 2017. Si bien ha precisado que desde el inicio de la aplicación del índice de revalorización -que limita el aumento de las pensiones al 0,25% mientras el sistema esté en número rojos- en 2014 hasta finales de 2017, el colectivo de pensionistas ha perdido una décima de poder adquisitivo.

Todos los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 tendrán una pensión un poco más baja de la que le correspondería según lo cotizado. Este pequeño recorte de las futuras pensiones que lleguen al sistema a partir del próximo año se producirá por el efecto del denominado factor de sostenibilidad. Se trata de un elemento corrector que el Gobierno introdujo en su reforma de pensiones del año 2013. Si bien entonces decidió que no se aplicaría hasta enero de 2019.

Este factor tiene como objeto recortar las futuras pensiones para adecuarlas a la mayor esperanza de vida: dado que los jubilados cada vez viven (y cobran pensión) durante más tiempo, hay que repartir el mismo dinero en más años, por lo que cada año se llevan un poquito menos.

Pero ¿cuánto dinero menos supondrá este factor de sostenibilidad? El Gobierno aún está diseñando la fórmula definitiva de este elemento corrector, pero los actuarios han hecho sus cálculos y, varios consultados por este periódico, coinciden en que el recorte que se aplicará a las pensiones que se den de alta en 2019 será de alrededor del 0,5%, respecto a lo que le habría correspondido a cada pensionista en función de sus cotizaciones según la ley actual. Así, por ejemplo, en una pensión media de jubilación que a finales de 2017 ascendía a una media de 1.074 euros al mes en 14 pagas (15.036 euros al año), la aplicación de este factor supondría que cobraría unos 75 euros menos al año.

Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de Willis Towers Watson en España afina hasta un recorte estimado del 0,47% de las nuevas prestaciones de jubilación del próximo año. Mientras que el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, baraja una horquilla de entre el 0,5% y el 0,7%, aunque más cercana al medio punto, debido a que la ampliación de la esperanza de vida se está ralentizando ligeramente.

Si bien, este será el recorte solo en 2019, porque este factor es acumulativo. A los cinco años de vigencia de este factor, se revisará y se verá qué recorte se sigue aplicando, también de forma acumulativa, para los cinco años siguientes.

En consecuencia, y compartiendo estos cálculos, Diego Valero, responsable de la consultora de pensiones Novaster y presidente del comité científico del último congreso de la Asociación Internacional de Actuarios, estima que los recortes acumulados en una pensión por efecto de este factor “sumarán entre un 5% y un 6% cada diez años”.

En esta misma línea desde CCOO han calculado que un trabajador que se jubile dentro de 30 años, con una carrera de cotización idéntica a la de otro trabajador que se jubile en 2018, cobrará alrededor de un 22% menos que este último, solo por la aplicación del factor de sostenibilidad.

Mercantil, civil y administrativo

El Dow Jones se dejó el lunes un 4,6% y el S&P 500 bajó un 4,1%. Lejos de apaciguarse, los futuros de Wall Street siguen en rojo este martes, con caídas cercanas al 1%. Los mercados europeos se contagian y los futuros del Ibex 35 apuntan a caídas del 3,6% y los del FTSE se dejan en torno al 3,4%. Igual ha ocurrido en Asia: el Nikkei ha perdido un 4,7%, el Hang Seng de Hong Kong cae un 4,49% y el CSI de Shangai cae un 2,7%.

El Dow Jones llegó a caer anoche un 6%, aunque finalmente la pérdida se quedó en el 4,6%, la peor sesión desde 2011. Cedió 1.100 puntos, el mayor descenso (en términos absolutos) de su historia. Las pérdidas del lunes además continuaban las del viernes, cuando el Dow bajó un 2,5%. En dos sesiones, el índice ha pasado de estar por encima de 26.000 puntos a 23.345.

La excusa para las ventas masivas ha sido el aumento de las expectativas de subidas de tipos más agresivas tras el repunte de tensiones inflacionistas en Estados Unidos, lo que ha provocado una desbandada del mercado de deuda. Pero más allá del cambio de perspectivas, las fuerte subidas acumuladas (el Dow Jones subió 5.000 puntos en 2017) dejaban el parqué abonado para una súbita toma de beneficios. Y cuando se desata el pánico ya es difícil reconducirlo.

El euro, por su parte, recupera este martes parte de las caídas de las sesiones anteriores. La moneda europea, que perdió un 1% en las tres sesiones anteriores, sube un 0,07% frente al dólar, hasta 1,2376 dólares. Sin embargo, el repentino crac en Wall Street se extendió también al mercado de deuda. El bono a 10 años pasó en unos minutos de ese 2,84% al 2,72% para después repuntar.

Las firmas de análisis ya lo advertían en sus perspectivas para 2018, y aunque elegían a la renta variable como el principal activo, afirmaban como riesgo la corrección en la Bolsa americana. La semana pasada Goldman Sachs apuntó que la corrección era inevitable pues el S&P 500 estaba inmerso en su periodo más largo sin corrección de más del 5% desde la Gran Crisis (1929). La tendencia se ha roto precisamente hoy.

Después de que el viernes la Bolsa española registrara su mayor caída intradía desde el 4 de octubre, el lunes las ventas volvieron a primera plana. El selectivo español cedió un 1,44% en su tercera sesión consecutiva a la baja. En este periodo, la Bolsa española retrocede un 3,7% y deja reducida a la mínima expresión las ganancias acumuladas en el conjunto del año (0,2%), situándose al filo de los 10.000 puntos. Solo tres valores (ArcerlorMittal, Sabadell y Abertis) escaparon a los números rojos. En el lado opuesto se situaron Técnicas Reunidas (-3,85%), Dia (-3,17%) y Grifols (-2,81%).

La toma de beneficios no es algo exclusivo del Ibex 35, sino que se extiende al resto de índices europeos. El Mib italiano, el índice que mejor comportamiento venía registrando en este inicio de año, se convirtió en el farolillo rojo tras anotarse una caída del 1,64%. No obstante, a diferencia del española, la Bolsa italiana consigue ganar un 4,4% en lo que va de año. Les siguen de cerca el Cac francés, con un descenso del 1,48%; el FTSE británico (1,46%), el Euro Stoxx (-1,26%) y el Dax alemán (-0,76%), que tras perder la semana pasada la barrera de los 13.000, y hoy, los 12.700 puntos.

En total, el año pasado 6,2 millones de turistas más visitaron España que en 2016, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, el sector registró un aumento de las llegadas del 8,6%.

Durante el ejercicio, los turistas extranjeros gastaron 86.823 millones de euros, con un aumento del 12,2%. La cifra supera en más de un 3% la adelantada por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que cifró entorno a los 84.000 millones de euros el gasto realizado por los 81,8 millones de turistas internacionales que pasaron por nuestro país en 2017.

Los principales mercados emisores han sido Reino Unido, Alemania y Francia. El primero ha aportado 19 millones de turistas, un 6,2% más que em 2016. Por su parte, Alemania ha sumado 11,7 millones de turistas, un 6,1% más, y Francia, 11,2 millones, un 0,1%.

A pesar del deterioro del último trimestre, Cataluña ha sido la principal comunidad de destino durante 2017, con 19 millones de turistas, un 5% más que en 2016. Por detrás, se han situado Canarias, con 14,2 millones, un 7,2% más, y Baleares, con 13,8 millones y un aumento del 6,1%.

Las comunidades donde los turistas extranjeros han gastado más dinero han sido: Cataluña (el 22,1% del total), Canarias (19,3%), Baleares (16,8%), Andalucía (el 14,6%) y Madrid (10,2%). En cuanto a la forma de entrada en España, 66,6 millones de turistas han llegado por la vía aérea, lo que supuso un aumento del 10,4%, mientras que 12,9 millones han accedido por carretera, un 0,7% menos.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas en 2017 ha sido de cuatro a siete noches (38 millones de las visitas han sido así). Por su parte, la forma de organización del viaje principal ha sido sin paquete turístico (57,8 millones de turistas han accedido de esa manera).

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se queda en enero en el 0,5%, seis décimas menos que en diciembre, hasta el 0,5%, su nivel más bajo en 16 meses, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que no se confirmará hasta el próximo 15 de febrero, pudiendo registrar variaciones al alza o a la baja.

Este recorte interanual de 0,6 puntos se debe principalmente al desplome de la electricidad frente a enero de 2017, cuando la subida de la luz disparó el IPC hasta el 3%. Pese a esta caída comparativa, los precios han subido por decimoséptima vez consecutiva y hoy los precios son, de media, un 0,5% superiores a los de hace un año.

No obstante, no se registraba una tasa tan baja desde septiembre de 2016, cuando la inflación subió hasta el 0,2% después de haber permanecido ocho meses consecutivos en negativo. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 0,7%, cinco décimas por debajo de la registrada en diciembre de 2017, y cae un 1,5% respecto a diciembre.

En términos mensuales, el IPC bajó un 1,1% en enero, seis décimas más de lo que lo hizo en igual mes de 2017 (-0,5%), pero sin llegar a alcanzar los descensos registrados en 2015 y 2016 (-1,9% en ambos casos).

La Reserva Federal (Fed) decidió mantener los tipos de interés en la última reunión presidida por Janet Yellen, en una banda que se mueve entre el 1,25% y el 1,5%. Pero los mercados tratan de entender qué pasará a partir del próximo domingo, cuando Jerome Powell tome el relevo y tenga que decidir qué medidas adopta para evitar que la economía se recaliente sin amenazar la expansión.

El curso de la política monetaria puede ser el catalizador para una corrección en Wall Street si no se modula correctamente. Ese temor se vio este martes, cuando el índice Dow Jones se dejó un 1,4% mientras el interés de los bonos a diez años repuntaba. El mercado de acciones, que despide enero encadenando diez meses de subidas, fue el gran beneficiado de la laxitud monetaria tras la crisis financiera.

El comunicado que emitió la Fed al final de la reunión es casi idéntico al que se publicó en diciembre, aunque con un tono más confiado. Esta vez no hubo rueda de prensa, ni previsiones económicas, ni proyecciones sobre los tipos de interés. Hasta ahora, la mayoría de los miembros se decanta por tres incrementos. La puerta está abierta para marzo, a la que seguirá otra en junio y una más en septiembre o diciembre si los datos acompañan.

El voto fue unánime. La nota final señala que los riesgos a corto plazo para la economía están "equilibrados". La Fed espera que el crecimiento avance con "solidez" y aunque en este momento no cambia las perspectivas por el efecto de la reforma fiscal, si se indica que va a seguir de cerca la marcha de los indicadores. La inflación está por debajo del 2%, pero la reciente caída del dólar y el alza del petróleo pueden presionar al alza.

Janet Yellen deja el sábado la Fed tras 14 años en el banco central, los cuatro últimos de presidenta. Se va con la inflación y el mercado laboral muy cerca de los objetivos que guían la política monetaria. Bajo su mandato se crearon 9,7 millones de empleos y se inició el proceso de retirada de estímulos que ella misma diseñó con Ben Bernanke para responder a la crisis financiera de 2008.

Durante su mandato, puso especial atención a los puntos más vulnerables del mercado laboral. A partir del domingo, el éxito de su estratégica dependerá su sucesor. Powell, que apoyó sin fisuras sus decisiones como gobernador, se comprometió a dar continuidad a la subida gradual de tipos de interés. Pero su gran reto será preservar ese equilibrio logrado por Yellen y el consenso interno.

Yellen tuvo la ventaja de no tener que afrontar una crisis mayor y tampoco se vio en la necesidad de pisar con más fuerza el freno de los estímulos. Powell, que hereda una economía que crece con solidez, tendrá que evitar sin embargo que se le desboque la inflación y que su respuesta eleve el riesgo de una recesión. También deberá lidiar con la tentación del Congreso por restarle independencia.

El sector considera que ya está preparado para ofrecer este servicio de forma conjunto en febrero, tras dos meses de pruebas piloto que han superado, en general, gran parte de las entidades. De esta forma, los bancos nacionales empezarán en los próximos días a poner en marcha los reenvíos de dinero exprés de forma inmediata en el país de cuenta a cuenta. Así, cualquier cliente podrá realizar una trasferencia bancaria a la cuenta de otra persona en el territorio nacional en menos de 10 segundos (ahora pueden tardar 24 horas o incluso 48), y a bajo coste. Incluso en gran parte de los casos podrá ser gratis, siempre que el usuario esté vinculado a la institución a través de la que lleva a cabo la operación.

Como en el caso de las transferencias europeas, la cantidad máxima a reenviar de forma inmediata es de 15.000 euros. Esta operativa se produce también unos dos meses después de que se iniciaran las transferencias exprés entre entidades europeas. Aunque, de momento, parece que son muy pocos los bancos que están preparados a nivel internacional para realizar esta operativa, pese a haber contado con el impulso del BCE para su lanzamiento el pasado 1 de diciembre y pese a los ensayos realizados en noviembre.

Fuentes financieras cuantifican en solo un 1% las transferencias exprés realizadas desde diciembre, en gran parte porque los bancos que finalmente pueden realizar estos reenvíos en tiempo real de los 585 que confirmaron su integración a este sistema es muy pequeño. Aunque, ya desde que entró en vigor esta operativa, “se esperaba que la extensión de este sistema se iría modulando poco a poco, lo mismo que la entrada de otras entidades y países”, explican expertos financieros.

Sector

De los 25 primeros despachos por facturación que operan en España, sólo tres de ellos -Baker McKenzie en la oficina de Barcelona con Montserrat Llopart, DLA Piper con Pilar Menor y Ashurst con María José Menéndez- están dirigidos por mujeres.

La cifra se aleja muchísimo de la paridad que solicitan muchos sectores de la sociedad, una situación que apenas mejora si bajamos un escalafón y comparamos el número de socias y socios en cada despacho. Sin embargo, el sector, consciente de estas diferencias, se ha puesto manos a la obra y en los últimos años ha lanzado diferentes iniciativas para empoderar a las mujeres dentro de los bufetes, así como para mejorar la conciliación para todo el colectivo.

El objetivo es ambicioso para 2020 y pretende aumentar el porcentaje de socias hasta que ocupen el 20% en el caso de las firmas nacionales y el 40% en las internacionales. Además, como meta adicional, el sector quiere aumentar el número de mujeres a un 30% en posiciones de liderazgo dentro de la gestión, ya sea en el comité ejecutivo o en la dirección de áreas. Antes, para 2018, la intención es duplicar del 15% al 30% el número de abogadas que forman parte de los comités de gestión más importantes de cada bufete.

Estas cifras son el compromiso de los despachos participantes en el programa Take the lead, desarrollado por Talengo, que pretende "facilitar y desarrollar un modelo de liderazgo femenino", según explica Vanessa Cuellas, asociada sénior en Allen & Overy y una de las participantes. Junto a la firma británica, en esta edición han participado once asociadas sénior de Linklaters, Hogan Lovells, Baker McKenzie, Pérez-Llorca, Uría Menéndez y Freshfields, además de Garrigues y Cuatrecasas, que se encuentran en el comité inaugural. Los primeros resultados no se han hecho esperar y se han producido varias promociones, como la de Virginia Martínez, que se ha convertido en responsable del equipo de regulatorio en Hogan Lovells.

Se trata de un punto de encuentro y reflexión para poner en común aquellas cuestiones que están frenando su carrera profesional y potenciar aquellas habilidades -no sólo competencias técnicas- tan necesarias en los puestos más altos de la pirámide.

El departamento de propiedad intelectual e industrial es el que lidera el aumento de las tarifas de los despachos en un escenario en el que la demanda de servicios jurídicos sigue prácticamente plana. Aunque ya nadie duda de que la recuperación económica es una realidad, la demanda de servicios legales continúa creciendo a un ritmo muy tímido, muy lejos del 6% anual que marcaba en 2008. Se trata de un nuevo panorama al que los bufetes se están empezando a acostumbrar, ya que el proceso de reestructuración del sector legal iniciado hace una década ha pasado a ser constante con la entrada de nuevos protagonistas.

En este sentido, las prácticas de mercantil, propiedad intelectual y fiscal son las únicas que han crecido a lo largo de 2017, áreas que suponen un tercio de la carga legal. Así lo refleja el estudio Report on the State of the Legal Market 2018, elaborado por el Centro de Estudios de la Profesión Legal de la Universidad de Georgetown y Thomson Reuters Legal Executive, que alerta de la preocupante situación del departamento de litigación que, a pesar de suponer el 30% del peso de los grandes despachos que operan en Estados Unidos, sigue cayendo a un ritmo del 1,3%.

Sin embargo, el esfuerzo por ofrecer valor añadido en el asesoramiento a sus clientes está permitiendo a los bufetes aumentar sus tarifas un 3% de media con respecto a 2016. La práctica de propiedad intelectual e industrial, con las patentes como piedra angular, es la que mejor se está comportando y ha aumentado sus honorarios en casi un 4% de media.

Poco margen si tenemos en cuenta que los gastos, tanto directos como indirectos, han crecido un 2,5% y un 2%, respectivamente. El ligero aumento en la contratación de abogados no ha venido, sin embargo, acompañado de un incremento destacado de la facturación.

Como resultado de una demanda tan plana y la constante presión por ajustar los precios, los márgenes de beneficio continúan cayendo desde 2007. No obstante, los grandes bufetes aún se encuentran en una situación relativamente cómoda para afrontar los próximos años de reestructuración con márgenes de beneficio cercanos al 40%.

A las sentencias que han anulado artículos clave de la Ley de Unidad de Mercado se unen los fallos que han validado la subasta de fármacos andaluza; al mismo tiempo, la regulación de farmacias se disgrega. El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado los artículos clave de la Ley de Unidad de Mercado, la norma estrella de la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, que preveía eliminar las barreras empresariales entre comunidades. Lo ha hecho en sendas sentencias de junio y de octubre que avalan los recursos de la Generalitat de Cataluña y declaran inconstitucionales los artículos que regulan el principio de eficacia nacional, esto es, el mecanismo de reconocimiento mutuo entre comunidades, que constituía la esencia de la norma.

Fuentes del Ministerio de Economía han trasladado que "se buscan posibilidades para que se garantice la unidad de mercado por vías alternativas". Sin embargo, estos fallos del TC no son los primeros ataques que recibe la unidad de mercado de España. De hecho, se suman a otra sentencia del Alto Tribunal que ha avalado la legislación de Andalucía sobre selección competitiva de medicamentos para dispensación en oficina de farmacia contenido en el decreto-ley 3/2011 (las subastas andaluzas) que el Gobierno había impugnado y que, a juicio de juristas consultados, fracciona la unidad del mercado farmacéutico español, al permitir modelos diferentes de financiación pública de medicamentos en cada comunidad autónoma.

A estos fallos se suman las distintas normativas que están desarrollando algunas autonomías para contener el gasto farmacéutico en la crisis que también pueden afectar a la unidad de mercado.

De hecho, el Tribunal Constitucional ha avalado en dos sentencias de 2016 y 2017 la legislación de Andalucía sobre selección competitiva de medicamentos, las llamadas subastas andaluzas. Declara que las comunidades pueden realizar concursos públicos para seleccionar los medicamentos que serán dispensados en las oficinas de farmacia de su territorio cuando sean prescritos por principio activo. Esto implica la exclusión de este mercado de todos los medicamentos no seleccionados hasta la celebración del siguiente concurso. Se trata de una medida de ahorro del gasto farmacéutico que, según Alberto Dorrego, socio de Eversheds Nicea y letrado de las Cortes en excedencia, "fracciona la unidad del mercado farmacéutico al permitir modelos diferentes de financiación pública de medicamentos en cada comunidad y supone una nueva quiebra en la cohesión del Sistema Nacional de Salud y en el modelo regulatorio de intervención de precios y financiación pública de los medicamentos".

Tampoco contribuyen a armonizar el mercado interior las diferencias en la normativa en materia de farmacias. Y en la que regula el turismo rural y la economía colaborativa en la vivienda vacacional.

El Gobierno acaba de iniciar una reforma de urgencia del Acceso a la Abogacía ante el expediente que ha abierto la Comisión Europea por no adaptarse a la directiva de servicios de 2006. El Ejecutivo de Rajoy no consiguió sacar adelante la reforma de la Ley de Servicios y Colegios y trata de evitar el expediente comunitario con una reforma que mantiene el statu quo.

Desde Orbaneja Abogados, señalan que la dispersión normativa entre comunidades es una realidad y añaden que también es relevante en el campo impositivo.

Tres de cada cuatro colegios de abogados, un 76%, usan las redes sociales y cuentan con un perfil de Twitter activo. De este porcentaje, un 90% abrieron el canal de Twitter con fines de comunicación. Así se desprende de un informe elaborado por la agencia Comunicación Jurídica, especializada en el sector legal. El estudio refleja cómo instituciones jurídicas, como los Ilustres Colegios de Abogados de España, emplean una herramienta de comunicación digital como Twitter. Según señalan, es en esta red social donde el profesional del derecho cuenta con un hábitat más propicio para entablar relaciones sólidas y bidireccionales con otras instituciones y usuarios.

El informe, elaborado a través de una encuesta a los 83 Colegios de Abogados de España, muestra, no obstante, que, a pesar de estos números, aparentemente favorables a los planes de marketing de los colegios de abogados, sorprende la carencia significativa de estrategias consensuadas de marketing y comunicación relacionadas con las redes sociales. Y señala que sorprende aún más que casi el 50% de los Colegios dispone de personal sin formación en comunicación al cargo de la gestión de las cuentas de Twitter y otras redes sociales, a los que se suma el 20,33% del personal que tiene conocimientos, pero cuya formación reside en otro sector. "Esta carencia reduce enormemente la posibilidad de ejercer una correcta estrategia que permita alcanzar a posibles usuarios", señalan desde la agencia.

En cuanto a los motivos que impulsaron a estos colegios profesionales a la hora de abrir la cuenta de Twitter como plataforma de comunicación, casi un 73% lo hizo con la finalidad de informar a los colegiados y un 64% para informar sobre temas de la institución. Ninguno de los colegios incluye fines meramente empresariales y de negocio entre los objetivos de su cuenta de Twitter y en ningún caso emplea la publicidad digital en Twitter u otros soportes como Google para sus fines como institución.

El informe expone que hay aún un camino por recorrer en cuanto a la sincronización entre las horas de publicación de los mensajes y la de publicación de sus seguidores, con una coincidencia sólo del 33,8%, razón por la cual es importante conocer bien a los potenciales seguidores.

Otra de las conclusiones fruto de este estudio realizado por Comunicación Jurídica es que, aparte de una web corporativa y el uso parcial de las redes sociales, los colegios de abogados, y los despachos profesionales por extensión, desconocen, y por lo tanto no emplean, otras herramientas y técnicas digitales como puede ser el posicionamiento SEO, campañas de anuncios segmentadas en Google (SEM), publicidad en las redes, actualización de contenidos en blog corporativo o, en menor medida, el email marketing.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos en las que están identificadas más de 25.000 personas con responsabilidad pública. Este nuevo archivo para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros ha sido desarrollado al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y puesto a disposición de las autoridades judiciales y policiales que luchan contra estas lacras.

Según ha explicado el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, "la importancia de la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública del Notariado reside en la necesidad del Estado de controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen cargo público, lo que permite prevenir o, en su caso reprimir, delitos vinculados a lo que se conoce de modo amplio como corrupción, pero que engloban otros, desde una prevaricación a una malversación de caudales públicos.".

Por su parte, José Marqueño de Llano, presidente de la Unión Internacional del Notariado ha destacado que "el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido elegido por la Unión Internacional del Notariado (con representación en 87 países) como el modelo a seguir por el resto de notariados del mundo, lo que redunda en la consideración de lo que se denomina "marca España" y es un reflejo de su altísimo grado de eficacia. De hecho, el órgano centralizado del notariado español de prevención del blanqueo de capitales ya está siendo replicado o utilizado como modelo en países como Perú, Costa Rica, Cuba y Brasil.

La Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública del Notariado tiene identificadas a 25.185 personas físicas:

14.641 personas con responsabilidad pública por elección o por designación (Altas instituciones del Estado; Gobierno y Administración Central (hasta nivel director general); Comunidades Autónomas (gobiernos, diputados y altos cargos hasta nivel de director general; Administración Local (alcaldes y concejales de localidades de más de 50.000 habitantes) y directivos de empresas públicas (estatales, autonómicas y municipales en localidades de más de 50.000 habitantes).

10.544 personas allegadas a personas con responsabilidad pública por relaciones o de negocios: 2.225 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública; y 8.319 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, ha aclarado que el Notariado ha podido crear esta base, única en España, y ponerla a disposición de Notarios, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros sujetos obligados en la prevención y lucha contra la delincuencia económica, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que contiene 115.202.197 documentos notariales, y a la Base de Datos de Titular Real del Notariado, referente a nivel mundial, en la que están identificados a los titulares reales de 2.368.490 sociedades y organizaciones.

Sobre su utilidad ha destacado que "además de identificar a las personas con responsabilidad pública y a sus allegados, también podemos, en el curso de una investigación judicial, decir a las autoridades judiciales o policiales autorizadas si un responsable público se relaciona con otro o con qué personas físicas y jurídicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detección de testaferros, por ejemplo".

También ha señalado que es la única base de datos que puede identificar a los allegados de las personas con responsabilidad pública gracias a su interconexión con las otras dos bases de datos del Notariado citadas anteriormente.



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DERECHO CIVIL
Memento Práctico Sucesiones (Civil - Fiscal) 2020

  Autor: Redacción Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417985936
600 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 31 de Marzo de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 90,48
Precio final por compra On-Line: 81,43 (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
Código Notarial

  Autor: Ángel Serrano de Nicolás
Editorial: Bosch
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788490904336
1.280 páginas


Precio original: 50,00 €
Precio final por compra On-Line: 47,50 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario aggiornamento a la metamorfosis del contrato. Libro homenaje al profesor Rubén Stiglitz Cátedra Uría Menéndez-ICADE de regulación de los mercados

  Autor: Abel B. Veiga Copo (Director) / Miguel Martínez Muñoz (Coordinador)
Editorial: Civitas - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publicación: 23/03/2020
ISBN: 9788413085982
1.232 páginas

Precio original: 94,73 €
Precio final por compra On-Line: 90,00 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO OTRAS MATERIAS
El abogado del mañana - Una Introducción a tu Futuro


Autor: Richard Susskind
Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro
ISBN: 9788490209691
292 páginas


Precio original: 19,24 €
Precio final por compra On-Line: 18,28 € (I.V.A. incluido)
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DERECHO PENAL
Código Penal - Comentarios y Jurisprudencia 4 tomos (5ª Edición) 2020


Autor: Julián Sánchez Melgar (Coordinador)
Editorial: : Sepin
Soporte: Libro
ISBN: 9788418247132
4.000 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 15 de Abril de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 124,80 €
Precio final por compra On-Line: 112,32 € (I.V.A. incluido)
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