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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Puede un pequeño empresario deducirse en IRPF la lotería de Navidad que regala a sus clientes?

La compra de décimos de lotería destinados a los clientes, serán fiscalmente deducible en el régimen de estimación directa del IRPF siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 15 de la LIS, cuyo apartado e) límita los gastos por atenciones a clientes o proveedores deducibles al 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios de cada período impositivo.

Método estimación directa

El empresario que determina sus rendimientos en IRPF por el método de estimación directa que decide obsequiar con participaciones de la lotería de Navidad a sus clientes, debe tener en cuenta que en principio los gastos dedicados a atenciones no se consideran gastos deducibles fiscalmente.

Aunque según las normas del Impuesto sobre Sociedades, (a las que se remite de forma genérica la LIRPF a la hora de determinar el rendimiento neto de las actividades económicas cuando se desarrollar una actividad profesional cuyo rendimiento se determina en método de estimación directa) los gastos incurridos con el objeto de comprar décimos de lotería destinados a los clientes, serán fiscalmente deducibles siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 15 de la LIS, en cuyo apartado e) se límitan los gastos por atenciones a clientes o proveedores deducibles al 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Por último, y en cuanto a la obligación formal de facturación, la lotería adquirida se deberá justificar de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario que haya realizado la correspondiente operación y cumpliendo con los requisitos de la normativa tributaria. Aunque quepa añadir, que, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, le corresponderá al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

Mercantil, civil y administrativo

¿Qué cambia con el nuevo Reglamento de Protección de Datos en relación con el deber de información?

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el día 27 de abril de 2016 (Reglamento UE 2016/679), y que resultará de aplicación, en todo el ámbito de la UE, el próximo día de 25 de mayo de 2018, introduce una serie de cambios y novedades respecto al derecho de información de los afectados, a los cuales es necesario adaptar los actuales tratamientos, con anterioridad a la fecha de su plena aplicación.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrara en vigor el próximo día 25 de mayo de 2018, establece una lista exhaustiva de la información que debe proporcionarse a los interesados, más amplia que la que actualmente contiene la LOPD

El derecho de información en la LOPD

Actualmente, la LOPD establece las siguientes obligaciones respecto de la información que se ha de facilitar a las personas interesadas en el momento en que se soliciten los datos:

• La existencia del fichero o tratamiento, su finalidad y destinatarios.

• El carácter obligatorio o no de la respuesta, así como de sus consecuencias.

• La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

• La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento

Atención. La información a los interesados, tanto respecto a las condiciones de los tratamientos que les afecten como en las respuestas a los ejercicios de derechos, deberá proporcionarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. La LOPD sólo exige que la información se preste de modo expreso, preciso e inequívoco

El derecho de información en el nuevo RGPD

A partir de ahora, el RGPD añade requisitos adicionales en cuanto a la necesidad de informar a las personas interesadas e incorporando, en líneas generales, los siguientes detalles:

• Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso,

• La base jurídica o legitimación para el tratamiento,

• El plazo o los criterios de conservación de la información,

• La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,

• La previsión de transferencias a Terceros Países

• El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control

Y, además, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado:

• El origen de los datos

• Las categorías de los datos

Atención. La importancia que el RGPD concede a la claridad y accesibilidad de la información se refleja en el hecho de que prevé que pueda proporcionarse en combinación con iconos estandarizados que ofrezcan una visión de conjunto del tratamiento previsto. El diseño de estos iconos deberá hacerlo la Comisión Europea, que ya está trabajando para presentar una propuesta.

Los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD deberán ser revisados y adaptados por los Responsables de Tratamientos al nuevo RGPD, con anterioridad a la fecha de plena aplicación del mismo.

Ahora bien, dado que los nuevos requisitos amplían y no contradicen la obligación de informar establecida en la LOPD, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda revisar y aplicar dicha adaptación cuanto antes.

Lo más destacado en Prensa

Contabilidad

El sistema financiero internacional estrenará al arrancar 2018 un nuevo método para calcular las dotaciones frente al impago de los créditos. La nueva normativa contable IFRS 9, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio, según un informe de BBVA Research. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.

Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.

Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que a día de hoy los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.

«A pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos», explica el servicio de estudio de BBVA en su informe mensual «Situación Banca» correspondiente al pasado noviembre, en el que calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1) de 67 puntos básicos.

Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona. El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades.

Cierto es que, para adelantarse a la adopción de este nuevo método contable internacional, el Banco de España ya aprobó el año pasado una circular contable transitoria. Ahora el organismo dirigido por Luis María Linde ultima su actualización para adoptar al 100% el contenido de esa norma IFRS 9.

Fiscal

La reforma fiscal impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada esta madrugada en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra. El voto que ya emitió el martes por la tarde la Cámara de Representantes deberá repetirse en la mañana del miércoles, antes de que Trump pueda ratificar la ley, debido a un problema técnico, ya que algunas de sus normas pueden incumplir el techo presupuestario que impone el Senado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada en su mayoría por republicanos, votó el martes por la tarde a favor de la mayor reforma del marco tributario del país en más de 30 años. La primera victoria legislativa de Trump en lo que va de mandato se convertirá a partir de ahora en un mensaje electoral importante en las elecciones legislativas que se celebran en 2018 y que determinarán si el Partido Republicano mantiene la mayoría en el Congreso.

Nada más conocerse la aprobación en el Senado, el presidente Donald Trump se ha felicitado de la vitoria y ha dicho que con esta norma se acaba el Obamacare, precisamente uno de sus fracasos legislativos más sonados. Una de las medidas más polémicas dentro del acuerdo es la derogación de una de las provisiones clave de la reforma sanitaria que adoptó en 2010 el entonces presidente, Barack Obama, y que obligaba a todos los estadounidenses a tener seguro médico o enfrentarse a una multa. El presidente dará una conferencia de prensa una vez la norma llegue a la Casa Blanca y él la ratifique con su firma.

La versión final del proyecto, que fue publicada en la madrugada del pasado viernes, incluye, entre otras medidas, la reducción de los impuestos a las empresas, así como a los hogares estadounidenses de clase media y alta. En este sentido, se prevé un recorte del Impuesto de Sociedades desde el 35% actual hasta el 21%. También incluye una deducción del 20% para propietarios de empresas pequeñas, como asociaciones o empresas individuales.

Al mismo tiempo, incluye siete tramos de impuestos sobre la renta individuales, para lo que establece tasas del 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. La tasa máxima, que se aplicará a los estadounidenses con mayores ingresos, se reduce desde el 39,6% actual al 37%.

Según un informe recogido por Bloomberg del centro Urban Brooking para estudios fiscales, el recorte de impuestos medio para el 80% de las rentas de la parte baja en 2018 será de unos 675 dólares al año. El 1% más rico, obtendrá una rebaja impositiva media de 50.000 dólares ese mismo año y el 0,1% más rico ahorrará 190.000 dólares de media.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal (descárgate el documento anexo en la parte inferior de este email).

Así, tras su última investigación, los técnicos señalan que la lista europea que previsiblemente se aprobará hoy en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) será incompleta, por lo que, a su juicio, tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos.

El listado de Gestha es mucho más ambicioso que el europeo, pues incluye a aquellos países que se han comprometido a “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia Unión Europea que favorecen la elusión fiscal y a los territorios offshore que igualmente pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Además, los técnicos lamentan que las listas oficiales se elaboren incluyendo criterios políticos, como el precedente de la OCDE, cuyo listado incorpora a un solo país no cooperante. Por otra parte, Gestha indica que esta primera lista europea de paraísos no cooperativos debería incluir también, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil, pues la evasión de las multinacionales y de las corporaciones empresariales es un fenómeno internacional y las medidas para abordarlo con mayor eficacia deben ser adoptadas en un marco global.

En este sentido, las listas de Gestha de paraísos fiscales serán modificadas conforme se produzca el intercambio automático de información y se conozcan los verdaderos titulares de cuentas y sociedades offshore. Asimismo, los técnicos piensan que la Comisión debería crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que todos los países miembros tuvieran pleno acceso, así como implantar sanciones concretas para las jurisdicciones incluidas en la lista.

En opinión de Gestha, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista de la UE tendrían que promover cambios en la legislación de dichos lugares, como la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, de la financiación de la UE, o la prohibición para todas las instituciones y entidades públicas de la UE de abrir cuentas u operar en las jurisdicciones de la lista común o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.

Los técnicos de Hacienda piden que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones, como la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, o hayan asesorado sobre su uso, incluyendo una responsabilidad financiera proporcional de los asesores fiscales, bancos e instituciones financieras implicados en prácticas fiscales ilegales o que faciliten las transferencias a paraísos fiscales.

Los técnicos consideran que no es conveniente excluir a los paraísos fiscales que han firmado acuerdos de intercambio de información, puesto que la experiencia de los Papeles de Panamá, del Lux Leaks o de los Paradise Papers demuestran que no son eficaces para acabar con la opacidad, por lo que se muestran escépticos sobre el compromiso adquirido por algunos países de adoptar normas internas de transparencia.

De hecho, aseguran que la firma de un acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información, porque una Administración tributaria no puede solicitar la documentación que se desconoce, pues las peticiones genéricas de información, o “fishing expeditions”, están prohibidas.

Una lista que actuara a gran escala ayudaría también a hacer frente a una de las grandes lacras de la política actual, como es la corrupción, pues los paraísos fiscales sirven como “refugio” para los corruptos. Las cifras así lo evidencian. La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4 y el 10% del total de ingresos derivados del impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Gestha recuerda que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos facilitados por Transparencia Internacional y Oxfam Intermón, respectivamente.

Los técnicos de Hacienda apoyan la propuesta del Parlamento europeo para que se adopten “antes de que finalice 2017” una serie de medidas para amparar y promover las actuaciones de los denunciantes o “whistle-blowers” que permitan aflorar casos de corrupción, delitos penales, incumplimiento de obligaciones jurídicas, abuso de autoridad y conflicto de intereses, uso irregular de fondos públicos, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, entre otros casos.

En este sentido, Gestha opina que los tribunales y los Estados miembros, con el pretexto de garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, no deben impedir, obstaculizar ni limitar en modo alguno la capacidad de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas para documentar y revelar prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales, sino que debería aprobarse una ley específica que reconozca socialmente al denunciante y le proteja en su actividad laboral o profesional, su economía, seguridad personal y jurídica, incluso en su salud.

Fueron precisamente esas revelaciones las que llevaron a Hacienda a abrir investigaciones a los implicados. Aunque el ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 100 millones de euros la factura para los evasores de los papeles de Panamá, casi 90 millones se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los implicados disfrutaron de una segunda oportunidad, en la que pagando un recargo del 20% esquivaron las sanciones tributarias y las condenas por los delitos fiscales cometidos.

En este punto, la AEAT ha tenido que cambiar su criterio, y ya no impone la sanción del 150% de la cuota defraudada por declarar “voluntariamente fuera de plazo” los bienes en el extranjero, algo de lo que ya avisó Gestha a finales de 2012 cuando se aprobó la ley antifraude.

Por ello, Gestha viene reclamando a la AEAT que, en estos casos de grandes evasiones en paraísos fiscales, se notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hubieran podido cometer. No obstante, indican que, como la AEAT asigna las comprobaciones preliminares a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios, las inspecciones tienen que esperar varios meses para ser notificadas a los afectados, tiempo que aprovechan los evasores para presentar las complementarias.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal (descárgate el documento anexo en la parte inferior de este email).

Así, tras su última investigación, los técnicos señalan que la lista europea que previsiblemente se aprobará hoy en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) será incompleta, por lo que, a su juicio, tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos.

El listado de Gestha es mucho más ambicioso que el europeo, pues incluye a aquellos países que se han comprometido a “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia Unión Europea que favorecen la elusión fiscal y a los territorios offshore que igualmente pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Además, los técnicos lamentan que las listas oficiales se elaboren incluyendo criterios políticos, como el precedente de la OCDE, cuyo listado incorpora a un solo país no cooperante. Por otra parte, Gestha indica que esta primera lista europea de paraísos no cooperativos debería incluir también, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil, pues la evasión de las multinacionales y de las corporaciones empresariales es un fenómeno internacional y las medidas para abordarlo con mayor eficacia deben ser adoptadas en un marco global.

En este sentido, las listas de Gestha de paraísos fiscales serán modificadas conforme se produzca el intercambio automático de información y se conozcan los verdaderos titulares de cuentas y sociedades offshore. Asimismo, los técnicos piensan que la Comisión debería crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que todos los países miembros tuvieran pleno acceso, así como implantar sanciones concretas para las jurisdicciones incluidas en la lista.

En opinión de Gestha, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista de la UE tendrían que promover cambios en la legislación de dichos lugares, como la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, de la financiación de la UE, o la prohibición para todas las instituciones y entidades públicas de la UE de abrir cuentas u operar en las jurisdicciones de la lista común o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.

Los técnicos de Hacienda piden que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones, como la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, o hayan asesorado sobre su uso, incluyendo una responsabilidad financiera proporcional de los asesores fiscales, bancos e instituciones financieras implicados en prácticas fiscales ilegales o que faciliten las transferencias a paraísos fiscales.

Los técnicos consideran que no es conveniente excluir a los paraísos fiscales que han firmado acuerdos de intercambio de información, puesto que la experiencia de los Papeles de Panamá, del Lux Leaks o de los Paradise Papers demuestran que no son eficaces para acabar con la opacidad, por lo que se muestran escépticos sobre el compromiso adquirido por algunos países de adoptar normas internas de transparencia.

De hecho, aseguran que la firma de un acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información, porque una Administración tributaria no puede solicitar la documentación que se desconoce, pues las peticiones genéricas de información, o “fishing expeditions”, están prohibidas.

Una lista que actuara a gran escala ayudaría también a hacer frente a una de las grandes lacras de la política actual, como es la corrupción, pues los paraísos fiscales sirven como “refugio” para los corruptos. Las cifras así lo evidencian. La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4 y el 10% del total de ingresos derivados del impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Gestha recuerda que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos facilitados por Transparencia Internacional y Oxfam Intermón, respectivamente.

Los técnicos de Hacienda apoyan la propuesta del Parlamento europeo para que se adopten “antes de que finalice 2017” una serie de medidas para amparar y promover las actuaciones de los denunciantes o “whistle-blowers” que permitan aflorar casos de corrupción, delitos penales, incumplimiento de obligaciones jurídicas, abuso de autoridad y conflicto de intereses, uso irregular de fondos públicos, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, entre otros casos.

En este sentido, Gestha opina que los tribunales y los Estados miembros, con el pretexto de garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, no deben impedir, obstaculizar ni limitar en modo alguno la capacidad de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas para documentar y revelar prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales, sino que debería aprobarse una ley especÍfica que reconozca socialmente al denunciante y le proteja en su actividad laboral o profesional, su economía, seguridad personal y jurídica, incluso en su salud.

Fueron precisamente esas revelaciones las que llevaron a Hacienda a abrir investigaciones a los implicados. Aunque el ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 100 millones de euros la factura para los evasores de los papeles de Panamá, casi 90 millones se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los implicados disfrutaron de una segunda oportunidad, en la que pagando un recargo del 20% esquivaron las sanciones tributarias y las condenas por los delitos fiscales cometidos.

En este punto, la AEAT ha tenido que cambiar su criterio, y ya no impone la sanción del 150% de la cuota defraudada por declarar “voluntariamente fuera de plazo” los bienes en el extranjero, algo de lo que ya avisó Gestha a finales de 2012 cuando se aprobó la ley antifraude.

Por ello, Gestha viene reclamando a la AEAT que, en estos casos de grandes evasiones en paraísos fiscales, se notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hubieran podido cometer. No obstante, indican que, como la AEAT asigna las comprobaciones preliminares a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios, las inspecciones tienen que esperar varios meses para ser notificadas a los afectados, tiempo que aprovechan los evasores para presentar las complementarias.

La idea de los expertos en financiación autonómica de que las comunidades puedan subir o bajar el IVA de manera colegiada, es decir, conjuntamente, está suscitando discrepancias entre autonomías y algunas como Madrid y Baleares no son partidarias de asumir el coste político de penalizar el consumo.

Según han informado fuentes del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el que están representadas todas las comunidades de régimen común salvo Cataluña, que hasta ahora no ha participado, pero se podría incorporar tras el 21D, la propuesta de subir el IVA con un acuerdo unánime es "muy difícil" porque un recargo de este impuesto se puede pagar electoralmente.

En el comité, que se reunió por segunda vez este mes, el día 14, y no volverá a hacerlo hasta el 28 de diciembre, también se palpa la idea de que se "quiere ganar tiempo y marear la perdiz" a la espera de las elecciones catalanas y, por ello, "se están retrasando las discusiones sustantivas".

En el mismo sentido, otras fuentes del mismo órgano coinciden en que si el Gobierno no lidera este movimiento para tratar de ajustar la fiscalidad, "ninguna comunidad va sentirse predispuesta a subir el IVA, ni siquiera las que están gobernadas por el Partido Socialista y tienen niveles de renta bajos como Andalucía o Extremadura".

Insisten en que es el Gobierno quien tiene capitanear una posible subida del IVA y no es viable que se plantee como una decisión individual de las regiones. Y recuerdan que, en este proceso, el Ejecutivo central tiene que dialogar con las comunidades ofreciendo un papel liderazgo y "hacerles partícipes de esa corresponsabilidad fiscal" y, a lo mejor, llegar al acuerdo de que no es necesario subir este impuesto.

De hecho, comentan que el dinero "se puede sacar de otros sitios" y las comunidades reclaman, por ejemplo, mucha autonomía tributaria en el IRPF.

Algunas de las comunidades representadas en el comité técnico también expresan su malestar por el hecho de que el Gobierno, representado por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, no haya presentado aún una propuesta ni haya entrado a valorar las planteadas a finales de noviembre por las autonomías.

Estas fuentes insisten en la falta de avances, algo que han constatado en la última reunión del comité técnico que se ha centrado en aspectos "muy técnicos" sobre modificación de impuestos.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, anunció este jueves que la recaudación tributaria y vía cotizaciones a la Seguridad Social sigue evolucionando de forma positiva, hasta el punto de crecer en torno a unos 20.000 millones de euros.

De esa cifra, Nadal matizó, durante su participación en una jornada sobre auditores organizada por el Consejo General de Economistas, que 5.000 millones irán destinados al pago de las pensiones y 10.000 a reducir el déficit público. Los 5.000 millones restantes explicó que constituyen el margen de incremento de gasto público con el que podrán contar todas las administraciones. Así, el alto cargo del Ministerio de Hacienda ofreció al resto de fuerzas políticas y administraciones llegar a un acuerdo que defina quién, cómo y para qué se pueden gastar esos 5.000 millones.

Y aunque en ningún momento se refirió a que esta vaya a ser la moneda de cambio en la negociación presupuestaria, (los 5.000 millones son para gastar en todas las Administraciones públicas y no solo por el Estado) lo cierto es que este llamamiento se realiza justo cuando el Gobierno está interesado en retomar cuanto antes las conversaciones para recabar los apoyos necesarios que permitan remitir al Parlamento las cuentas de 2018 en el primer trimestre del año.

Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de seguir manteniendo como prioridad la reducción del déficit público, por lo que defienden los pilares de la ley de estabilidad y entre ellos, en especial, la regla de gasto. Así, el secretario de Estado reconoció que el margen para aumentar el gasto en todo el sector público no es muy holgado, pero, al mismo tiempo, lo tachó de “suficiente para que la economía española continúe creciendo de forma sostenible”. En su ponencia, Nadal argumentó que, después de bajar el gasto público desde el 48% al 41% del PIB, “el objetivo es crecer una década seguida sin desequilibrios”.

Laboral

El Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y patronales) han llegado a un acuerdo para que el salario mínimo interprofesional llegue en España a los 850 euros al final de la legislatura. En 2017, el sueldo más bajo que cobran los españoles es de 707 euros al mes en 14 pagas al año para empleos a jornada completa. En 2018 la subida será del 4%, hasta los 736 euros mensuales. Falta concretar la senda de los dos años siguientes. No obstante, la legislatura acabará con un salto de casi 200 euros desde que llegó el actual Gobierno hasta 2020: de 655 a 850 euros, casi el 30%.

Cada vez resuenan con más fuerza las advertencias de que la recuperación económica no está cerrando algunas de las heridas más graves abiertas en la crisis (desigualdad o pobreza laboral). Y lo hacen desde órganos como la Comisión Europea, el FMI o la OCDE. Con este escenario de fondo, el Gobierno empezó la semana ofreciendo a los agentes sociales un aumento del salario mínimo del 4% en 2018, 736 euros mensuales en 14 pagas. Y un día después la ha ampliado hasta poner sobre la mesa subidas que seguirán siguiendo importantes en 2019 y 2020, hasta cerrar la legislatura en 850 euros: en cuatro años el aumento será casi el 30%.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha concretado en la reunión que ha mantenido este martes con los máximo dirigentes de empresarios y sindicatos la propuesta del Gobierno. El pacto ha sido rápido. Solo falta por concretar cómo serán los aumentos de 2019 y 2020, pero el punto de llegada ha quedado claro. La legislatura acabará así con un incremento del sueldo mínimo legal de 655 a 850 euros mensuales.

Cuando acabe la legislatura, si no hay un cambio de planes, el salario mínimo habrá aumentado en 195 euros. Habrá pasado de 655 euros mensuales (9.172 euros al año) en 2016 a 850 euros (11.900) en 2020. Ya este año el aumento fue del 8%; en 2018, la subida será del 4%. La senda del incremento de los próximos años se concretará en los próximos días, pero el punto de llegada está claro y cerrado. Estas son las grandes cifras del acuerdo al que el Gobierno ha llegado con los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme esta tarde.

El aumento de 2018 afectará a 530.000 trabajadores, según ha anticipado la ministra Báñez nada más salir de la reunión. En la memoria económica que acompaña el decreto que fijará la subida se añade que reportará 33,2 millones de euros a la Seguridad Social. El pacto alcanzado no afecta al indicador de rentas múltiples (IPREM), que es fundamental para fijar la cuantía de prestaciones y ayudas públicas o el acceso a ellas.

A la salida de la reunión, la ministra de Empleo y los líderes sindicales, Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT), mostraban la cara más alegre de la cita. “Se trata de favorecer una recuperación integradora con más y mejores empleos, y eso significa también más y mejores salarios, especialmente en los salarios más bajos”, ha apuntado Báñez al anunciar el pacto, justo a dos días de que se celebren las elecciones catalanas.

“Estamos ante un acuerdo de país, de legislatura”, ha continuado la ministra De “paso histórico” ha calificado el pacto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha subrayado que ese aumento de más del 29% tiene pocos precedentes. Hay que remontarse hasta la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, 2004-2008, un cuatrienio similar (el aumento fue del 30,2%) y luego ya irse a momentos en que los precios en España crecían mucho más que en la actualidad.

A su lado Sordo, ha puesto el acento en que cuando se alcance en 2020 los 850 euros mensuales España se acercará a una vieja aspiración sindical, que el SMI se acerque a lo que marca la Carta Social Europea: un salario mínimo cercano al 60% del sueldo medio del país.

“Esto tiene que ser un acicate para la negociación colectiva”, ha continuado el máximo dirigente de CC OO. Y precisamente ahí ha sido donde han tratado poner el freno los dirigentes patronales. Tanto el presidente de CEOE, Juan Rosell, como el de Cepyme, Antonio Garamendi, se han mostrado más contenidos al valorar la reunión y el acuerdo. No obstante, sí que han querido dejar claro que este pacto solo afecta al salario mínimo “No tiene nada que ver con la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva”, han apuntado los dos, tratando de que ese incremento del 4% no se contagie a las negociaciones de los convenios. Para ello, han hecho hincapié en que en lo que va de año el incremento de retribuciones pactado no llega al 1,5%.

También ha querido Rosell dejar claro que no cree que el aumento del 4% vaya a afectar a la creación de empleo. “Lo vamos a ir viendo día a día a partir de enero, pero no creemos que sea negativo”, ha apuntado el presidente de los empresarios, que ha argumentado que el incremento del 8% de 2017 no se ha notado en la creación de empleo este año, en que la afiliación aumenta en 637.000 cotizantes en lo que va de año.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que ofrecerá a los agentes sociales y al PSOE un gran acuerdo a tres años para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 707,6 euros mensuales.

Rajoy, en una entrevista con el diario '20 minutos', ha precisado que "de momento" ofrecerá para 2018 una subida del SMI del 4%, lo que llevaría su cuantía hasta los 735,90 euros mensuales, así como alzas "importantes" para 2019 y 2020.

Esta subida del salario mínimo, ha añadido, servirá para enviar "un mensaje" a empresarios y sindicatos, que son los que fijan los sueldos en la negociación colectiva. "Nos gustaría que los sueldos sean más elevados", ha declarado Rajoy.

El presidente ha indicado que las subidas del SMI tendrán que ser compatibles con el crecimiento económico y con la creación anual de al menos 450.000 empleos. "Debemos empezar a recuperar las rentas a un ritmo que permita seguir creando medio millón de empleos al año. Como todo en la vida, mantener el equilibrio es muy importante", ha dicho el presidente.

En 2017, el salario mínimo aumentó un 8%, hasta los 707,6 euros mensuales. El repunte que Rajoy ofrece para 2018 es la mitad del que se aplicó para este año.

Los sindicatos llevan tiempo reclamando al Gobierno que eleve el salario mínimo hasta el nivel del 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Llegar a ese porcentaje equivaldría a un SMI de 1.000 euros mensuales por doce pagas o de unos 860 euros por catorce pagas.

Los sindicatos han propuesto alcanzar esa cifra de manera escalonada, en varios años, ya que la subida a aplicar, en valores porcentuales, respecto a la cuantía actual, superaría el 20%. El objetivo es que en 2020 exista en España un SMI de 1.000 euros mensuales (o de unos 860 por catorce pagas).

En cuanto a los Presupuestos para 2018, Rajoy ha señalado que ya han comenzado los contactos, pero que empezará "a hablar a fondo" con los grupos el próximo mes de enero, una vez pasen las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que hablará "con todas las formaciones que quieran", pero dará prioridad a los que apoyaron las cuentas en 2017 (C's, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias).

"Sería positivo porque España ha enganchado cuatro años de recuperación tras cinco años de crisis espantosa. Hemos recuperado el PIB perdido, pero queda recuperar empleo. Sería bueno para la gente y también para aumentar la recaudación y usar el dinero para otras cosas", ha asegurado el presidente.

Rajoy ha afirmado que su objetivo es superar "definitivamente" la crisis en esta legislatura. "Ya hemos recuperado la riqueza perdida en cinco años de crisis y estamos en vías de recuperar el empleo destruido. El gran objetivo nacional debe ser tener 20 millones de españoles con empleo", ha apuntado.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está dispuesta a mejorar su oferta de subida salarial hasta rozar el 3%, pero siempre y cuando ganen peso los criterios ligados a la productividad a la hora de cuantificar esa alza de sueldos.

De hecho, lo que se discute en estos momentos en el seno de la patronal no es tanto el cuánto, sino los factores a los que ligar su oferta de alza salarial, que estará centrada en la parte variable de los sueldos. Esta cuestión supone un cambio respecto a anteriores negociaciones colectivas, en las que la parte variable apenas tenía peso a la hora de calcular la subida de sueldos y se primaban en cambio criterios como la evolución del IPC.

En la oferta del mes de julio, los empresarios plantearon un alza del entre el 1,2% y el 2%, con medio punto variable más, hasta el 2,5%, ligado a criterios de productividad. Ahora, estarían dispuestos a elevar esa parte hasta el 0,8% o el 0,9%, lo que dejaría la subida salarial muy cerca del 3% que pedían los sindicatos CCOO y UGT en su última oferta.

Donde no hay consenso es el suelo del 1,8% que proponen los sindicatos. Desde Cepyme defienden que no es aceptable ningún suelo, ya que sería contraproducente para la flexibilidad laboral y podría poner en jaque a las empresas en situación más vulnerable.

La situación económica, explican desde la patronal, varía mucho entre sectores y entre tipos de empresas, "con muchas grandes compañías en fase expansiva y pymes que todavía se enfrentan a dificultades y no pueden asumir incrementos salariales", señalan fuentes de Ceim, la patronal madrileña.

Por ello, los empresarios inciden en la parte variable de la propuesta, que es donde se pueden aplicar criterios como el absentismo, la flexibilidad laboral y la competitividad. Esa fue, precisamente, una de las cuestiones pendientes de resolver en la última Junta Directiva de CEOE, donde no hubo consenso entre los partidarios de mejorar la oferta salarial para acercarse a lo que piden los sindicatos y los que apostaban por dejar a un lado la cifra y negociar las cantidades una vez se haya ligado la subida a criterios de productividad. "No se está hablando de absentismo ni de productividad ni competitividad", reclaman desde Cepyme.

En la próxima reunión, aplazada hasta el próximo mes de enero, buscarán un consenso al respecto que permita poner negro sobre blanco esos factores de productividad que llevarán después ante los sindicatos. "Y entonces hablaremos de cifras", explican en la CEOE. "Estamos de acuerdo en subir salarios, pero hay que subir más los que aportan valor y abrir paso al talento".

Más allá del próximo año, la intención de la patronal es alcanzar un acuerdo con los sindicatos que abarque los próximos tres ejercicios y que introduzca de forma progresiva esos factores relacionados con la productividad y la calidad del empleo.

Los sindicatos CC.OO. y UGT exigirán a la patronal CEOE una subida salarial del 3% en la próxima discusión sobre negociación colectiva para los próximos años y después de que ambas partes fracasaran en su intento de llegar a un acuerdo para revisar los salarios de 2017.

Según ha podido saber este periódico de fuentes sindicales, los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, están terminando de perfilar la propuesta que llevarán a la mesa con CEOE en la reunión que tienen previsto celebrar en los últimos días de este mes. En esta ocasión, no propondrán una horquilla para la subida de los salarios, sino que recomendarán un incremento del 3% tanto para 2018 como para 2019 porque entienden que «ya ha llegado el momento de que los trabajadores recuperen poder salarial».

Hay que recordar que la propuesta de los sindicatos para la revisión salarial de 2017, cuyas negociaciones dieron por rotas a finales de julio, era de entre el 1,8 y el 3%, además de una cláusula de revisión. Por su parte, la patronal ofreció incrementos de entre el 1,2 y el 2%, con un 0,5% adicional en función de las circunstancias de cada sector.

Además, y según las mismas fuentes, la cláusula de revisión salarial ya no se considera una línea roja por parte de los sindicatos, cuestión que nunca fue aceptada por la patronal.

Aunque los últimos acuerdos sobre negociación colectiva tuvieron una vigencia de tres años, en esta ocasión los sindicatos se inclinan por solo dos años: 2018 y 2019.

Los empresarios están divididos ante la oferta que harán a los sindicatos para que los salarios suban en 2018. Esta división quedó patente este miércoles durante las intervenciones de los dirigentes patronales en la Junta Directiva de la patronal CEOE.

La cúpula empresarial trató de concretar hasta dónde estaban dispuestos a llegar en materia salarial y en otras cuestiones para la firma del próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que han empezado a negociar ya con las direcciones de los sindicatos CC OO y UGT.

Según fuentes que asistieron a la reunión, las diferencias que surgieron en la cúpula empresarial radican en que una mayoría de los empresarios, con el presidente de CEOE, Juan Rosell, al frente, son partidarios de mejorar la oferta salarial que hicieron a los sindicatos durante este año y que no fue suficiente para llegar a un acuerdo. En concreto, estas fuentes precisaron que, esta parte de los empresarios quiere mejorar la subida salarial vinculada a la mejora de la productividad, que era del 0,5%, que se añadía al máximo del 2%.

Así, la oferta de CEOE podría prácticamente igualar a la sindical, que el pasado año, llegó a un máximo del 3%. En esta misma línea, otras fuentes patronales se muestran convencidas de que los salarios, sobre todo los de entrada a las empresas y al mercado laboral, deberían subir especialmente.

Sin embargo, hay otra parte de CEOE, que lidera el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, que considera que la oferta empresarial no debería ser más generosa que la del año pasado. “¿A cambio de qué?, preguntó Lázaro a los asistentes a la Junta Directiva, según fuentes de la patronal. El líder de los empresarios madrileños sería más partidario de no centrar el acuerdo del ANC en la subida salarial, sino en otras cuestiones de las relaciones laborales y en que este pacto fuera plurianual.

De hecho, la parte patronal ha fue la más cómoda con el hecho de que no se firmara el pacto salarial el pasado año. “Al final, los salarios pactados, que están subiendo un 1,4% este año, se han quedado un punto por debajo del máximo que ofrecíamos los empresarios”, recuerda un dirigente patronal. Además, Rosell reprochó públicamente a Lázaro que no asistiera a la reunión del Comité Ejecutivo, más restringida y previa a la reunión de la Junta Directiva. Según otras fuentes, la tensión que se palpó sería la antesala de los movimientos internos que empieza a haber en el seno de la organización con vistas a la sucesión de Rosell, al que le queda un año de mandato.

En cualquier caso, después de que los agentes sociales no fueran capaces de firmar este acuerdo para 2017, por una escasa diferencia de medio punto en la oferta salarial –la patronal ofrecía un máximo del 2,5% y los sindicatos reclamaban que se llegara al citado 3%– ambas partes estarían sintiendo ahora cierta presión para firmar un acuerdo para el próximo año.

De hecho, el Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Empleo y en la parte más vinculada a Moncloa no recibieron nada bien que los empresarios y los sindicatos no se pusieran de acuerdo para subir los salarios. Y así se lo hizo saber a los propios dirigentes patronales y sindicales.

Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España cree que la estabilización de las tasas de crecimiento del gasto en bienes y servicios duraderos y no duraderos no esenciales podría anticipar una "cierta desaceleración" del consumo en el corto y medio plazo, después de que desde finales de 2016 se haya cubierto la demanda embalsada de bienes duraderos que se había generado a lo largo de la crisis.

Así figura en el análisis 'La reabsorción de la demanda embalsada de bienes de consumo duradero', publicado este martes por el organismo supervisor y que será incluido en el 'Informe trimestral de la economía española' correspondiente al cuarto trimestre de 2017, en el que constata que los hogares españoles hicieron recaer durante la crisis una proporción sustancial del ajuste de su gasto sobre los bienes duraderos y, en menor medida, sobre los bienes y servicios de consumo no duradero no esenciales.

Esto se explica porque los hogares no derivan su utilidad directamente del gasto realizado en el período corriente, sino de los servicios de consumo resultantes de los productos adquiridos en el pasado. De este modo, las familias pueden contraer dichas compras cuando sus rentas son bajas o la incertidumbre sobre ellas, elevada, con una merma relativamente reducida de su utilidad, posponiéndolas hasta períodos en los que sus ingresos se hayan recuperado.

En el segundo caso, se trata de bienes y servicios cuya demanda está sujeta a una elasticidad-renta comparativamente más alta, de modo que los hogares ajustan más que proporcionalmente el consumo de este tipo de productos ante fluctuaciones de su renta.

Durante la etapa recesiva, el gasto en bienes de consumo duradero retrocedió un 4,8%, 2,6 puntos porcentuales más que el conjunto del consumo, mientras que en la fase expansiva aumentó un 6,2% en promedio anual, 3,7 puntos porcentuales más de lo que lo hizo el gasto total.

Por su parte, dentro de los bienes y servicios de consumo no duradero, el gasto en los de primera necesidad ha mostrado oscilaciones cíclicas mucho menos marcadas, registrando tasas medias anuales del -0,7% en las fases de caída y del 1,3% en el auge, que se diferencian entre sí en mucha menor medida que las observadas para el consumo agregado.

La evolución del consumo de bienes no duraderos no esenciales fue más volátil, presentando un descenso en la crisis del 3,3% y un crecimiento en la recuperación posterior del 2,9%. Mientras, la categoría de consumos no duraderos no ajustables mostró una evolución más estable, con un alza del 1,5% durante la etapa recesiva (3,7 puntos porcentuales más que el total del gasto real de los hogares), seguido de una tasa del 0,8% en el promedio anual durante la recuperación (1,9 puntos porcentuales por debajo del ritmo de aumento del conjunto del consumo).

El BCE ha comprado hasta ahora 14.000 millones de euros de deuda de 15 empresas españolas. Un estudio del Banco de España llevado a cabo con datos de las entidades y de 300.000 empresas concluye que estas adquisiciones no solo favorecieron a las grandes. Hubo un efecto cascada que elevó el crédito a otras: al refinanciarse con el Eurobanco, las grandes redujeron su deuda con las entidades, y eso llevó a los bancos a prestar a otras. En consecuencia, unos 3.450 millones habrían acabado en crédito a sociedades más pequeñas.

Las políticas del Banco Central Europeo (BCE) están funcionando. Los 19 países del euro crecen al unísono y con las menores diferencias en años. Y un nuevo estudio del Banco de España añade más evidencias. Este revela que las compras de deuda corporativa del BCE no solo beneficiaron a las cotizadas del Ibex. También se produjo una reacción en cadena que provocó un aumento del crédito a otras empresas en España en los meses posteriores al anuncio del programa. Este podría cifrarse en 3.450 millones.

Al comenzar el programa de compras de deuda en junio de 2016, abundaron las críticas al BCE porque prestaba exclusiva y directamente a las grandes. Frente a estas diatribas, muchos analistas defendieron que la iniciativa brindaba una bajada de tipos de interés generalizada, aun mayor para aquellos con menor calidad crediticia. El estudio del supervisor va un paso más allá y rebate los ataques al programa con datos recabados en España de 300.000 sociedades y 29 entidades. Bajo el título de Creando espacio para los que más lo necesitan, el documento constata que la alquimia del BCE surtió efecto.

Según este análisis, el mero anuncio de las compras en marzo de 2016 disparó las emisiones. Las probabilidades de que una empresa elegible por el BCE las aumentara se elevaron un tercio en los tres meses después del anuncio. Y no solo para estas. Otras que no reunían las condiciones para beneficiarse también emitieron más. Las emisiones de no elegibles subieron un 6% en el trimestre siguiente. De las 33 sociedades que colocaron títulos desde que se conoció el programa, 11 de ellas lo hacían por primera vez, y otras dos habían estado inactivas desde 2011. Además, los tipos de las emisiones descendieron para los elegibles 44 puntos, un 30%.

El BCE dejó sin cambios los tipos de interés en el cero y mantuvo lo anunciado en septiembre: la prolongación de las compras de deuda hasta septiembre de 2018 –o más allá si fuera necesario– por una cuantía a partir de enero de 30.000 millones de euros; la reinversión de los vencimientos de deuda y la previsión de que los tipos se mantendrán en los niveles actuales durante un tiempo que superará con creces el horizonte del fin de las compras de deuda. “No hay cambio en el lenguaje o la intención”, afirmó Draghi, que aseguró que no se ha discutido sobre el fin del programa de compras de deuda.

El BCE sí lanzó en cambio un mensaje de mayor confianza en el crecimiento de la zona euro, con la revisión al alza de sus previsiones de PIB e inflación. Prevé un alza del PIB este año del 2,4%, frente al 2,2% de su estimación de septiembre. El crecimiento en 2018 sería del 2,3%, que contrasta con el 1,8% de la previsión anterior; del 1,9% en 2019 –frente al 1,7% estimado en septiembre– y del 1,7% en 2020, en la primera estimación lanzada para ese último ejercicio.

El BCE también ha revisado al alza sus previsiones de inflación, que a duras penas se acercan al 2% de objetivo marcado por la institución ni siquiera en 2020. Para ese año el BCE prevé un alza de precios del 1,7%. Este año subirán el 1,5%, en línea con lo esperado en septiembre, y subirán el 1,4% en 2018 y el 1,5% en 2019, frente al 1,2% y 1,5% de las estimaciones anteriores. “Tenemos confianza en el alza sostenida de la inflación. La revisión de las previsiones económicas va en la dirección adecuada”, sentenció Draghi.

Draghi ha querido restar importancia al hecho de que la inflación no vaya a alcanzar el 2% en 2020. Ha recordado que el objetivo del BCE es aproximar el alza de precios a ese nivel, sin precisar cuán cerca debe estar. Para el presidente de la institución, la prioridad es que el alza de precios sea sostenible en el medio plazo y que se mantenga por sí sola, sin el apoyo de los estímulos del BCE.

Draghi ha evitado además dar ningún tipo de pista sobre cuándo podría llegar la primera subida de tipos de interés en la zona euro ni si llegaría antes de que finalice su mandato, en noviembre de 2019. La clave es por tanto que esa tasa de inflación del 1,7% en 2020 –con una inflación subyacente en el 1,8%– se alcanzara ya sin los estímulos del BCE. “Una subida de tipos sería una buena noticia”, se limitó a señalar Draghi, cuyas palabras apenas han causado reacción en el mercado.

El presidente del BCE reconoció que el largo período de tipos de interés en mínimos es caldo de cultivo para la creación de inestabilidad financiera, pero aseguró que el BCE vigila de cerca posibles desequilibrios y que no ha detectado ningún riesgo sistémico, tan solo algunos riesgos locales.

José María Alonso, exsocio director de Baker McKenzie y actual presidente de la firma en Madrid, se ha hecho con la victoria y será el próximo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam).

La votación, que se desarrolló en el Hotel Novotel Madrid Center, ha puesto fin a una intensa campaña electoral que ha estado salpicada por la polémica y las acusaciones entre las diferentes candidaturas. A partir de ahora, los marcadores se vuelven a poner a cero dejando margen para que, durante cinco años, el nuevo decano del Icam marque el rumbo de la abogacía madrileña.

Como ha afirmado a lo largo de toda la campaña electoral, uno de los grandes objetivos de Alonso pasará por mejorar la gestión del colegio. El nuevo decano cree que se ha perdido el respeto por el abogado y que es necesario dignificar la profesión. Alonso ha asegurado que la abogacía madrileña no está considerada ni presente de una manera relevante en las instituciones y no participa ni en la política legislativa ni económica. Por esa razón, apunta que, desde la nueva junta de gobierno, será necesario "conseguir que cuando hable la abogacía se le escuche y se le respete".

No obstante, las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid cierran con un nuevo escándalo. La actual decana en funciones, Sonia Gumpert, denuncia una agresión por parte de Alejandro Pintó, presidente y fundador del ISDE, una institución educativa que ha mostrado su apoyo al candidato José María Alonso, que se perfila como ganador a falta de que termine el recuento del voto por correo.

Según ha denunciado Gumpert, Pintó la ha amenazado con expresiones del tipo "ahora te vas a enterar, guapa, tienes 20 causas pendientes". Según la versión de la decana en funciones, el suceso se ha producido en la entrada de un ascensor del Hotel Novotel, donde se han celebrado los comicios y cuando todavía no había terminado el recuento de votos. Además, Gumpert asegura que le ha dado un golpe en la cara y le ha llamado "hija de …" y le ha amenazado: "Te vas a enterar, estás muerta". Los hechos han sucedido ante la presencia de testigos, entre ellos Antonio Albanés Paniagua y José Ramón Antón Boix.

La decana ha anunciado que va a denunciar los hechos ante la junta electoral y ha abandonado el hotel para ir a presentar una denuncia ante la policía. Tras el suceso, tanto Alonso, como otros miembros de su candidatura se han acercado a la decana para interesarse por lo sucedido y mostrarle su apoyo.

El ISDE, por su parte, ha dado su propia versión. Germán Ruiz, subdirector de la institución educativa, desmiente categóricamente lo declarado por Gumpert y asegura que el agredido -verbalmente- ha sido el propio Pintó. Ruiz, que afirma haber sido testigo a 20 metros de la escena, señala que la decana ha sido quien ha querido provocar la situación y le ha espetado a Pintó numerosos insultos.

La candidatura de Nicolás González-Cuéllar ha anunciado que se personará en la causa "como acusación popular por los presuntos delitos de atentado y lesiones". La participación ha sido especialmente baja en comparación con otras citas electorales, en torno al 8%, con un total de 5.924 votos. Este dato siempre ha sido bajo en elecciones anteriores, rondando el 10%, aunque en 2012 se llegó a alcanzar el 13,9% sobre el total del censo, otorgando la victoria con un amplio margen a la lista liderada por Sonia Gumpert.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha dado un nuevo paso en la subida de tipos proponiendo un incremento de un cuarto de punto que deja las tasas en una horquilla de entre el 1,25% y el 1,5%. Se trata del tercer aumento del año y el quinto desde que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, decidiera en diciembre de 2015 comenzar a endurecer la política monetaria.

La Reserva Federal ha tomado su decisión apoyada en la fortaleza del mercado laboral, que afronta una tasa de desempleo de apenas el 4,1%, la menor en diecisiete años, y en el continuado crecimiento económico del país, cuyo PIB se elevó un 3% en el tercer trimestre.

En cambio, el equipo que lidera Yellen no ha tenido en cuenta el estancamiento de la inflación, que aún se encuentra lejos del objetivo del 2% que persigue la Fed. Esto hizo que la decisión de subida de tipos contara con el voto discrepante de los gobernadores Charles Evans y Neel Kashkari, favorables a esperar hasta que la inflación dé señales claras de subida.

Pese a todo, la Fed mantiene la idea de que la inflación se eleve al 1,9% en 2018 y al 2% en 2019, los mismos cálculos que avanzó en septiembre. Las proyecciones respecto a la subida de tipos también se mantienen, con tres incrementos previstos el próximo ejercicio.

En cambio, la Reserva Federal ha mejorado las previsiones de desempleo, que bajaría hasta el 3,9% el próximo año y en 2019, frente al 4,1% calculado hace tres meses. Además, el banco central adelanta un impulso mayor en el crecimiento del PIB de Estados Unidos, que ahora calcula en el 2,5% en 2017 y 2018, y en el 2,1% en 2019, frente al 2,4%, 2,1% y 2%, respectivamente, que previó en septiembre.

Puede, sin embargo, que la Fed pueda verse obligada a revisar pronto al alza sus estimaciones si la reforma fiscal que está a punto de aprobarse logra el resultado previsto. Dado que el nuevo plan impositivo aún no obtenido la luz verde definitiva, es probable que la Reserva Federal no lo haya tenido en cuenta completamente en sus cálculos.

La Casa Blanca asegura que la rebaja de impuestos generalizada impulsará el PIB por encima del 3%, porcentaje que no se corresponde con las previsiones del banco central.

De la misma manera, si el crecimiento económico acelera más de lo previsto, le Fed podría verse obligada a aplicar hasta cuatro subidas de las tasas el año que viene. La decisión corresponderá ya a Jerome Powell, que sustituirá a Yellen al frente del banco central de Estados Unidos a partir de febrero.

Sector

Madrid aspira a convertirse en una de las referencias mundiales de arbitraje tras el acuerdo para la integración de las actividades arbitrales de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Madrid firmado hoy por sus presidentes (Juan Serrada, José Luis Bonet y Juan López-Belmonte) bajo la presidencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro, que ha impulsado la firma de este Memorando de Entendimiento para la Unificación de las Cortes de Arbitraje desde hace más de dos años, ha señalado la importancia que tiene para lograr el liderazgo de España como centro internacional de resolución de conflictos comerciales tanto en el ámbito europeo como en el latinoamericano para competir "con las primeras del mundo".

Hasta ahora las tres entidades competían entre sí en el mercado del arbitraje, lo que ha dificultado que los operadores económicos internacionales considerasen el sistema arbitral español como referente mundial. Esa situación contrastaba con la unidad institucional de las principales plazas arbitrales del mundo y ha provocado que las firmas españolas hayan tenido que recurrir siempre a cortes de otros países en conflictos comerciales.

Asimismo, ha destacado la oportunidad que supone este paso ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que Londres ha sido una sede tradicional del arbitraje. A su juicio, contar con una corte de arbitraje de referencia "genera oportunidades a muchos sectores económicos, además de seguir haciendo de España un país atractivo" a la inversión, ya que una corte de referencia refuerza la seguridad jurídica y genera confianza a las empresas.

También ha apuntado que la legislación actual sobre arbitraje, que data de 2003, podría mejorarse para hacer "más eficaces los laudos" y que "España se convierta en un centro atractivo para la celebración de arbitrajes internacionales". Catalá ha señalado que el proyecto fortalece las instituciones y la cultura de solución de conflictos, al tiempo que contribuye a descargar el sistema judicial.

Así se ha establecido en la primera gran encuesta elaborada en España por Metroscopia sobre Igualdad de Género en la Abogacía y en la Justicia, realizada a 2.000 abogadas y abogados españoles. El estudio ha sido presentado este jueves 14 de diciembre por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el analista de Metroscopia y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, Francisco Camas.

Una de las principales conclusiones es que tanto abogadas como abogados coinciden de forma mayoritaria en que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un objetivo prioritario para la abogacía española. Las instituciones reguladoras de los juristas en España también han remarcado la importancia de propiciar y primar la igualdad de género en el ejercicio de su labor.

En atención a los resultados obtenidos, la presidenta Victoria Ortega ha destacado que "la desigualdad la siente quién la padece", haciendo referencia a la diferencia en la valoración de opiniones entre abogados y abogadas, explicando que las mujeres lo contemplan desde la posición de quién lo está sufriendo y para los hombres no resulta tan evidente la existencia de este problema.

En relación con las distintas opiniones existentes en cada ámbito, Camas ha declarado que "las diferentes percepciones entre abogadas y abogados son sustancialmente diferentes", aunque ha nombrado la existencia de un consenso en la importancia de la cuestión de la igualdad de género en la abogacía.

El estudio se ha desarrollado en torno a cuatro cuestiones que, tanto Victoria Ortega como Francisco Cama, han considerado esenciales para analizar la realidad de la igualdad de género en el sector de la abogacía.

La primera cuestión consideraba si actualmente predominan o no los comportamientos machistas en la abogacía española. Los resultados muestran que una ligera mayoría del 54% opina que no prevalecen las conductas machistas, frente al 44% que consideraban que sí lo hace. De estos porcentajes, resalta el hecho de que el grupo que se opone a la premisa está mayoritariamente compuesto por hombres, y viceversa.

Un gran porcentaje de los hombres consideran que hay menos machismo en la abogacía que en el conjunto de la sociedad, mientras que la mayoría de las mujeres opinan que el grado de comportamientos machistas es igual o incluso mayor que en otros sectores. Es más, el 57% de las abogadas españolas se ha sentido alguna vez discriminada o menospreciada, ya sea tanto por sus opiniones como por su aspecto físico.

María Emilia Adán García ha resultado elegida decana-presidenta en las elecciones para dirigir el Colegio de Registradores de España, con lo que se convierte de esta manera en la primera mujer que accede a este cargo. Antes de ganar las elecciones, Adán García ha sido decana autonómica de la Comunidad Valenciana del Colegio de Registradores en los períodos 2010-2014 y 2014-2017.

Además, ha desempeñado otras tareas institucionales, entre las que se encuentran la de directora del centro de estudios registrales de la Comunidad Valenciana, desde el año 2002 hasta 2010, o la presidencia de Conviventia (asociación de registradores por el arbitraje, la mediación y la conciliación).

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, donde fue premio extraordinario de licenciatura, la nueva decana-presidenta de los Registradores españoles pertenece a la promoción del año 1988 del Cuerpo de Registradores y, en la actualidad, es uno de los miembros de la comisión del protectorado de fundaciones de la Comunidad Valenciana.

María Emilia Adán, que es titular del Registro de la Propiedad de Gandía 1, ha participado como profesora en la escuela de práctica jurídica de la UNED y ha impartido diversos seminarios en la Universidad Cardenal Herrera-CEU y en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, donde también es profesora del máster universitario de la abogacía.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el miércoles que un trabajador de la UE no tiene por qué consumir sus vacaciones y puede acumularlas más allá del plazo en el que le caducarían, en caso de no estar seguro de si la empresa le va a remunerar esos días de descanso. Los magistrados de la máxima instancia judicial de la UE, ante la que no cabe recurso, se pronunciaron sobre el caso de Conley King, un trabajador británico que trabajó para la firma The Sash Window Workshop entre 1999 hasta su jubilación en 2012 con una retribución exclusivamente a base de comisiones.

Cuando King disfrutaba de vacaciones en ese periodo, estas no eran retribuidas y al finalizar su relación laboral con la empresa reclamó a la firma "el pago de una compensación económica por sus vacaciones anuales disfrutadas y no retribuidas", extremo al que se negó The Sash Window Workshop. Un tribunal laboral británico consideró entonces que King era un “trabajador” y que por tanto tenía derecho a compensación por vacaciones retribuidas.

El caso llegó al Tribunal de Apelación de Inglaterra y País de Gales, que preguntó al tribunal europeo de Luxemburgo si resulta compatible con la normativa laboral comunitaria que un trabajador "tenga que tomar las vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas", explicó el TJUE.

El tribunal europeo consideró que la finalidad del derecho a vacaciones retribuidas consiste en permitir que el trabajador descanse, de forma que el asalariado no puede ejercer plenamente ese derecho si tiene que "hacer frente a circunstancias que puedan generar incertidumbre" sobre la remuneración de las mismas.

"Además, esas circunstancias pueden disuadir al trabajador de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales", agregó el TJUE, que interpretó que "toda práctica u omisión de un empresario que tenga ese efecto potencialmente disuasorio es incompatible con la finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas".

En el caso de King, la corte de Luxemburgo subraya que su derecho a vacaciones "no quedaría garantizado" si se viera obligado, primero, a tomar las vacaciones no retribuidas y, después, a "presentar un recurso para obtener una compensación".

La sentencia resta validez a "disposiciones o prácticas nacionales" que impiden al trabajador acumular, hasta finalizar su relación con la empresa, derechos a vacaciones anuales no retribuidas y no ejercidas "correspondientes a varios períodos de devengo consecutivos, por la negativa del empresario a retribuir esas vacaciones".

El tribunal precisa que la normativa europea no se opone a legislaciones nacionales que limiten el periodo en el que los trabajadores pueden recuperar vacaciones retribuidas no consumidas, para proteger al empresario del riesgo de acumulación "demasiado prolongada" que dificultaría la organización del trabajo.

Sin embargo, en el caso de King el tribunal europeo señala que el empresario no tuvo que hacer frente a largas ausencias del empleado, dado que reclamó sus derechos una vez jubilado, sino que pudo incluso "beneficiarse" de que el asalariado "no interrumpiera sus períodos de actividad profesional".

La relación que une al letrado con su cliente es contractual, y no extracontractual, aunque no se haya firmado un contrato o se haya abonado directamente el precio por sus servicios. Así lo afirma la Audiencia Provincial de Cáceres, en una sentencia del 3 de octubre, al resolver un recurso en un caso en el que se reclamaba una indemnización por negligencia profesional a un abogado que asesoraba gratuitamente a los afiliados de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos del sindicato UGT (FETE-UGT).

La demanda fue interpuesta por un docente, en proceso de jubilación anticipada, que hacía responsable al abogado que llevó su caso de la pérdida de una gratificación extraordinaria cuantificada en 16.405 euros. Esta gratificación, prevista para aquellos educadores que acreditasen un mínimo de 28 años de servicio, fue denegada en vía administrativa porque el solicitante tan solo acreditó 27 años y 11 meses, un mes menos del tiempo exigido.

En su escrito, el demandante alegaba que el recurso interpuesto por el abogado que le asignó UGT fue erróneo e incorrecto, lo que motivó que el tribunal desestimase su petición. Por ello pedía ser indemnizado con la cantidad que hubiera podido percibir con dicha gratificación.

El letrado demandado se opuso alegando que no existía relación contractual directa con el reclamante, porque, en aquella época, prestaba servicios jurídicos en régimen de semilaboralidad para el sindicato. En cualquier caso, concluía el abogado, su responsabilidad era extracontractual, y el plazo para interponer demanda había prescrito al haber transcurrido más de un año desde la sentencia desestimatoria.

Sin embargo, el tribunal declara en su sentencia que la relación que une al abogado con su cliente es contractual, siendo indiferente que éste hubiera sido designado por el sindicato y que no existiera propiamente un contrato. Por ello, resultaba aplicable el plazo prescriptivo anual previsto para los supuestos de responsabilidad extracontractual, sino el común de cinco años (artículo 1964.2 del Código Civil).



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DERECHO ADMINISTRATIVO
Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa Comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias 3ª Edición

Autor: Dimitry Teodoro Berberoff
Editorial: El Derecho
Soporte: Libro
ISBN: 9788417985028
815 páginas


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Oferta válida hasta el 27 de Septiembre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 88,40 €
Precio final por compra On-Line: 79,56 (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
Memento Práctico Inmobiliario 2020 - 2021

  Autor: Francis Lefebvre Ediciones
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794477
1600 páginas


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Oferta válida hasta el 25 de Octubre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 121,68 €
Precio final por compra On-Line: 109,51 (I.V.A. incluido)
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DERECHO CIVIL
La ejecución y las medidas cautelares en el proceso civil

Autor: Coordinador: Julio Banacloche Palao
Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro
ISBN: 9788490207956
1756 páginas


Precio original: 203,84 €
Precio final por compra On-Line: 193,65 (I.V.A. incluido)
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DERECHO MERCANTIL
La distribución de los seguros privados

Autor: Bataller Grau, Juan / Quintáns Eiras, Mª Rocío (Directores)
Editorial: Marcial Pons
Soporte: Libro
Fecha publicación: 06/09/2019
ISBN: 9788491236528
770 páginas


Sin Stock. Envío en 7/10 días
Precio original: 82,00 €
Precio final por compra On-Line: 77,90 (I.V.A. incluido)
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DERECHO OTRAS MATERIAS
Pack Practicum Ejercicio de la Abogacía 2019 + Acceso a la Abogacía y Procura (Preparación del examen de acceso)


Autor: Alberto Palomar Olmeda (Director)
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413083681
2350 páginas


Precio original: 115,79 € (Comprados individualmente 142,71 €)
Precio final por compra On-Line: 110,00 (I.V.A. incluido)

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DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL
Memento Práctico Recurso de Amparo 2020 - 2021

Autor: Manuel Aragón Reyes (Coordinador)
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794996
600 páginas


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Oferta válida hasta el  25 de Septiembre de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 80,08 €
Precio final por compra On-Line: 72,07 (I.V.A. incluido)
 
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