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Los consejos de la semana

Contabilidad

No hace falta especificar el modo o soporte en que se presentan las cuentas para registrarlas

La Dirección General de los Registros y del Notariado así lo dictamina en una reciente resolución.

No es necesario que el certificado del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales de una sociedad especifique el modo o soporte en que se lleva a cabo la presentación de las cuentas para que éstas puedan acceder al Registro, según concluye la DGRN en su resolución núm. 11038/2017, de 5 de septiembre de 2017

Se trata de un recurso interpuesto por la sociedad «Transp. Irene y Noelia, S.L.» contra la negativa del Registrador Mercantil de practicar el depósito de las cuentas de la sociedad porque, a su juicio, las cuentas que se presentan no están correctamente identificadas en la certificación del Acta de la Junta, pues no se indica si se presentan en papel, si se presentan en soporte magnético o si han sido remitidas telemáticamente, tal y como exigiría el art. 366.1 del RRM. La DGRN disiente y da la razón a la sociedad recurrente ya que, en relación con el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y su certificación, el art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se limita a exigir la presentación, junto a un ejemplar de las cuentas y, en su caso, del resto de documentos a que se refiere, de un certificado del que resulte su aprobación; el cual debe reunir ex art. 366.1.2º del RRM los requisitos que para todo certificado exige el art. 112 del RRM, entre los que se encuentran la identificación de la sociedad y del ejercicio social a que el acuerdo de aprobación de cuentas se refiere.

En el presente caso, los certificados del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales hacen referencia debidamente tanto a la sociedad como al ejercicio social a que se refiere el acuerdo, por lo que deben entenderse debidamente cumplimentados los requisitos del art. 366.1.2.º del RRM.

Cuestión distinta es si la presentación a depósito se lleva a cabo en soporte distinto al papel, para cuyo supuesto son exigibles requisitos adicionales tendentes a garantizar la debida identidad entre el acuerdo de aprobación y las cuentas presentadas, pero no es esta la cuestión planteada por el Registrador, que exige incorrectamente que el certificado especifique el modo o soporte en que se lleva a cabo la presentación.

Si las cuentas se han presentado en papel, si se presentan en soporte magnético o si han sido remitidas telemáticamente, son circunstancias de hecho que resultarán del propio Registro, sin que pueda exigirse su constancia en el certificado emitido por el órgano de administración. Exigencia que deviene además de imposible cumplimiento si, como en el supuesto de hecho, la certificación se ha emitido con anterioridad a la presentación de las cuentas a depósito.

Mercantil, civil y administrativo

Cuenta de pago básica

En el BOE del pasado día 25 de noviembre, se publicó el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, que consagra el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica, con la finalidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

Las entidades financieras estarán obligadas a abrir a todos los clientes que lo soliciten, incluso a los que estén en riesgo de exclusión social, una cuenta a la vista con las operaciones básicas.

¿Qué es la una cuenta de pago básica?

La cuenta de pago básica se configura como un producto financiero estandarizado, que están obligadas a ofrecer todas las entidades de crédito, sin más excepciones que una serie de supuestos limitados que permiten su denegación.

Se trata una cuenta a la vista con las operaciones básicas —domiciliación de nómina y recibos, transferencias— y una tarjeta de débito.

¿Quién tiene derecho a una cuenta de pago básica?

Las entidades de crédito que ofrezcan cuentas de pago estarán obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas a aquellos potenciales clientes que:

a) Residan legalmente en la Unión Europea, incluidos los clientes que no tengan domicilio fijo;

b) sean solicitantes de asilo;

c) No tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.

Atención. El derecho básico de acceso a cuentas de pago básicas, queda circunscrito a las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, sin alcanzar a las personas jurídicas o a quienes actúan dentro de su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

¿Cuándo se puede denegar el derecho a una cuenta básica?

Las entidades de crédito denegarán el acceso a las cuentas de pago básicas cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

a) El potencial cliente no aporte la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo de dicho cliente dentro del marco de lo previsto en el capítulo II de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y sus normas de desarrollo.

b) Su apertura sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público definidos por las leyes, las normas europeas o por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en los supuestos en que así se haya acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad.

c) El potencial cliente ya sea titular en España de una cuenta en un proveedor de servicios de pago que le permita realizar los servicios asociados a una cuenta de pago básica, salvo que éste le haya notificado su decisión unilateral de resolver el contrato marco de cuenta de pago.

Los bancos sólo podrán denegar el acceso a esas cuentas de pago básicas en determinados casos: si el cliente presenta riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, si su apertura es contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público y cuando el solicitante ya sea titular de una cuenta que permita realizar los mismos servicios.

Atención. El acceso a la cuenta de pago básica no podrá supeditarse a la adquisición de otros servicios, ni a la adquisición de participaciones en el capital, o instrumentos análogos, de la entidad de crédito, salvo que fuese impuesto por la normativa aplicable o bien requisito ineludible para toda la clientela de la entidad.

¿Qué comisiones conlleva?

El Ministro de Economía, Industria y Competitividad establecerá las comisiones máximas que las entidades pueden cobrar por los servicios asociados a las cuentas de pago básicas, incluida la derivada del incumplimiento por parte del cliente de los compromisos contraídos en el contrato de cuenta de pago básica, o, en su caso, la prestación de dichos servicios sin cargo alguno.

Las comisiones máximas que se establezcan, deberán ser razonables y estarán basadas en los siguientes criterios:

a) Nivel de renta nacional en relación con otros Estados miembros.

b) Las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito por tales servicios en cuentas distintas

Atención. Las comisiones o gastos máximos que se establezcan, en su caso, por los servicios de apertura, depósito de fondos, retirada de dinero y operaciones de pago por tarjeta de pago o prepago -incluidos pagos online- no tendrán en cuenta el número de operaciones ejecutadas sobre la cuenta de pago básica.

El Ministerio de Economía fijará en las próximas semanas las comisiones máximas asociadas a esa cuenta básica que podrán cobrar los bancos y que se determinarán en función de variables como la renta nacional y tomando como referencia las tasas medias actuales del mercado.

Como medida de inclusión financiera, se incorpora al derecho interno la Directiva Comunitaria que reconoce el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica

Lo más destacado en Prensa

Contabilidad

El sistema financiero internacional estrenará al arrancar 2018 un nuevo método para calcular las dotaciones frente al impago de los créditos. La nueva normativa contable IFRS 9, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, obligará a los bancos a hacer provisiones por los quebrantos esperados, y no cuando se produce el impago, como ahora. La normativa, que en nuestro país está siendo adoptada a través de una nueva circular del Banco de España, obligará a la banca española en su conjunto a elevar un 21% su nivel de provisiones en el momento de adopción del cambio, según un informe de BBVA Research. Esto, según cálculos propios, implicará un esfuerzo adicional de 5.200 millones de euros en dotaciones.

Las provisiones acumuladas por el sector financiero español ascienden actualmente a 48.200 millones de euros aproximadamente, según datos sectoriales. Por tanto, un incremento del 21% supondría elevarlas a 58.300.

Así, el conjunto de entidades tendría que afrontar un aumento en los requisitos obligatorios de 10.100 millones. Teniendo en cuenta que a día de hoy los bancos nacionales tienen ya un colchón de provisiones por encima de los requisitos exigidos de unos 4.900 millones, las necesidades finales se reducen a unos 5.200 millones.

«A pesar de que el impacto parece reducido para el sistema en conjunto, es muy heterogéneo entre los bancos», explica el servicio de estudio de BBVA en su informe mensual «Situación Banca» correspondiente al pasado noviembre, en el que calcula que ese incremento del 21% en las provisiones equivale a una caída del nivel de capital de máxima calidad del sector (CET1) de 67 puntos básicos.

Tanto el Banco de España como la propia industria bancaria han reiterado en numerosas ocasiones que el impacto de la norma en el sector no tendrá un impacto significativo en términos agregados. Ahora bien, ese aumento del 21% en las provisiones y la reducción del capital de 0,67 puntos está por encima del coste medio para la banca de la Eurozona. El pasado mes de julio la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) estimó en un 13% el esfuerzo adicional de saneamientos y en 45 puntos básicos la merma de los recursos propios de las entidades.

Cierto es que, para adelantarse a la adopción de este nuevo método contable internacional, el Banco de España ya aprobó el año pasado una circular contable transitoria. Ahora el organismo dirigido por Luis María Linde ultima su actualización para adoptar al 100% el contenido de esa norma IFRS 9.

Fiscal

Por primera vez en su historia, la UE ha elaborado una lista negra de países que no cumplen los estándares más exigentes de gobernanza en materia fiscal. Y tras meses de forcejeo con alguno de ellos, el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) ha aprobado este martes un listado de paraísos fiscales en el que figuran hasta 17 jurisdicciones: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea, Macao, islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

Todos esos países y territorios “tendrán que hacer frente a las consecuencias, en forma de sanciones disuasorias”, advirtió el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, tras la aprobación del listado. Hasta ahora, cada país de la UE tenía su propia lista negra y la CE se limitaba a recopilarlos. La nueva lista es de elaboración europea y pretende convertirse en una poderosa arma contra la evasión de impuestos a través de territorios extracomunitarios.

Bruselas asegura que la inclusión en la lista “tendrá un impacto real” en los países señalados.

La última publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) en materia de tributaciones confirma la rebaja del 5% para 2018, en la tributación a la que hacen frente los autónomos que están inscritos en Hacienda en el sistema de módulos. Con esta decisión, Hacienda mantiene un año más la rebaja del rendimiento neto; es decir la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles; que viene aplicando desde 2009, “como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Mesa del Trabajo Autónomo y debido al descenso de la actividad económica derivado de la crisis”.

La única novedad en materia contributiva publicada en el último BOE, tiene que ver con que se van a reducir los índices de rendimiento neto aplicables a la actividad agrícola de obtención de arroz, dentro del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo según publica la agencia es “adaptar la tributación a la realidad actual de este sector”. En concreto, éstos caerán del 0,37 al 0,32. Se ha modificado parte de las condiciones legales existentes hasta ahora, para que este índice de rendimiento se aplique al periodo impositivo de 2017.

En materia fiscal, el Gobierno va a conservar los módulos existentes en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), junto al resto de indicativos e índices tanto de este impuesto, como del IRPF.

Y pese a que ya han pasado seis años desde el terremoto que destrozó el término municipal murciano de Lorca, el Ministerio de Hacienda seguirá aplicando un año más la ayuda consistente en la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF, y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA, para todas las actividades económicas que se desarrollen en dicha localidad.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este sábado la reforma fiscal impulsada por el Partido Republicano y el presidente de EEUU, Donald Trump, por la que se reduce el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones para potenciar su inversión e incrementaría en los próximos años en 1,4 billones de dólares la deuda nacional para impulsar la economía.

La votación se ha solucionado por 51 votos a favor por 49 en contra, y ahora comenzarán las conversaciones con la Cámara de Representantes, que también ha redactado su propia reforma, para concordar las dos versiones en una sola ley y que Trump la firme.

El presidente quiere que ello suceda antes de finales de año, para apuntarse su primera gran victoria legislativa, algo que le ha resultado muy difícil de hacer hasta el momento a pesar de que su partido controla ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas han criticado duramente no solo la esencia de la reforma, que entienden como un regalo al sector más rico de la población a costa de la clase media, sino también el secretismo de la votación dado que el borrador final de la reforma no ha estado disponible para el público hasta pocas horas antes de la votación, con enmiendas a mano de última hora, con errores de forma y vulnerables a la manipulación a posteriori.

"Han cogido una mala reforma y la han hecho peor", ha declarado el líder de la minoría democrática en el Senado, Chuck Schumer. "Lo han hecho, además, en la sombra, con prisas, y con una batería de cambios de última hora que no hace sino meter más dinero en los bolsillos de los ricos y de las corporaciones", ha lamentado.

Quizás el cambio más destacado es el recorte del impuesto sobre sociedades del 35% al 20%, así como la exención de la mayor parte de los impuestos sobre beneficios recaudados en el extranjero, uno de los grandes objetivos que los grupos de presión de Washington han perseguido durante años.

Además, el grupo de estudios Tax Policy Center, a diferencia de la opinión de los demócratas, si percibe que esta nueva reforma podría comportar una reducción de los impuestos para todos los niveles de ingreso en 2019 y 2025, pero sí reconoce que los más beneficiados serán los estadounidenses que más dinero ganan.

Por otro lado, la reforma fiscal del Senado garantiza ahora deducciones inmobiliarias, a nivel estatal y local de hasta 10.000 dólares, en lo que ha supuesto una alteración de última hora para ajustarla a la versión de la cámara.

El llamado impuesto mínimo alternativo o AMT -- un impuesto suplementario aplicado a personas y empresas bajo condiciones excepcionales -- no será anulado por completo. Para los individuos se realizará un ajuste y para las empresas se mantendrá tal y como está.

Con esta victoria, Trump también consigue modificar parcialmente la reforma sanitaria de su predecesor, Barack Obama, algo que no consiguió en su momento por los cauces tradicionales en una de sus mayores derrotas legislativas. La reforma fiscal elimina una tarifa que pagaban algunos estadounidenses sin seguro médico. Los críticos aducen que esta medida revertirá en un incremento generalizado del coste de las pólizas.

El Ministerio de Hacienda mantendrá la rebaja del 5% del rendimiento neto de módulos en 2018, que se viene aplicando desde 2009, para aquellos autónomos y pymes que declaran por el método de estimación objetiva.

Igualmente, se mantienen para el próximo año los módulos existentes en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el resto de signos e índices tanto de este impuesto como del IRPF.

La única novedad de esta Orden se produce en el método de estimación objetiva del IRPF, al reducirse los índices de rendimiento neto aplicables a la actividad agrícola de obtención de arroz, con el fin de adaptarlo a la realidad actual de este sector.

El nuevo índice de rendimiento neto aplicable será del 0,32, mientras que anteriormente era del 0,37. Este nuevo índice se aplicará igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, al periodo impositivo de 2017.

Por último, se mantiene para 2018 la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca (Murcia) tras el terremoto de 2011.

La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no trasladar por completo a la legislación nacional la directiva europea sobre la cuestión. El plazo para adaptar la ley expiró el pasado 26 de junio, dos años después de su aprobación, sin que España cumpliera a tiempo con las exigencias comunitarias.

Bruselas ha pasado de la impaciencia a la acción contra esa falta de celeridad del Gobierno español en el combate contra el blanqueo de capitales. “Apremio a España a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia más estricta ayudará a cortar la financiación terrorista y a mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal”, ha reclamado la comisaria de Justicia, Vera Jourova.

Las autoridades comunitarias enviaron a España y Portugal sendas cartas hace una semana por no haber trasladado totalmente las disposiciones de la directiva. Algo similar a lo que hizo en julio con otros 11 países: Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Finlandia, por no haber comunicado la trasposición de las nuevas normas, así como a Irlanda, Letonia y Eslovaquia por haberlo hecho solo de forma parcial. El procedimiento de infracción puede derivar, en caso de incumplimiento repetido, en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entre los objetivos de la directiva está el fomento de la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros. De este modo buscan detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas para prevenir y descubrir delitos graves o actos terroristas. La normativa comunitaria se adapta a la lucha contra el blanqueo de capitales en la nueva economía digital.

El eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun denunció este miércoles en un comunicado la tardanza de España en poner sus leyes al día con las exigencias comunitarias. “Es inaceptable que un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo no haya traspuesto la directiva, dos años después de que esta fuera aprobada”, lamentó.

El político catalán enumeró los requisitos que aún le restan por cumplir a España. “La lista de elementos para luchar contra el blanqueo que España incumple es larga y preocupante: no se han traspuesto el refuerzo de las sanciones, la definición de grupo empresarial, el registro de profesionales de prestación de servicios financieros, la definición de tercer país equivalente, las medidas de diligencia debida o los umbrales de los sujetos obligados a cumplir las normas europeas”, criticó.

Laboral

El mes de noviembre ha terminado con una caída de 12.773 personas en la afiliación a la seguridad social, dato mejor que el del año pasado (cuando se perdieron más de 32.800 empleos) y positivo también en términos desestacionalizados, con un aumento de 50.000 personas. En términos anuales, se han creado 637.232 puestos de trabajo, acelerando el crecimiento del empleo hasta el 3,58%. El paro registrado, mientras, ha terminado el mes con un aumento de 7.255 en las personas apuntadas en las oficinas de empleo, dato mejor que el del año pasado, aunque, al igual que el de Seguridad Social, peor que los de los años 2014 y 2015. Noviembre es tradicionalmente un mal mes para el empleo.

En Cataluña, donde el mes ha estado marcado por la situación política, el mes peor que el año pasado. Se han destruido en noviembre 4.000 puestos de trabajo, según la Seguridad Social, primer año con caída del empleo desde 2013, si bien en 2016 apeas se crearon 316 puestos. El mes ha sido algo peor que en el conjunto de España (caída del 0,12% frente al 0,07% general) cuando el año pasado fue mejor (+0,01% frente a -0,18%). La pérdida de empleo se ha focalizado en Girona y Tarragona, siguiendo el patrón típico del final de la temporada veraniega.

De este modo, la comunidad donde más empleo se ha destruido ha sido Baleares, con una pérdida de 78.975 puestos de trabajo (el 15,5% del total) por el final de la temporada. La destrucción de empleo es esta comunidad no ha podido ser compensada por el buen comportamiento del empleo en Madrid (+28.000), la Comunidad Valenciana (21.000) o Andalucía (11.000 empleos).

En el mes, la hostelería ha perdido 102.856 empleos, según la Seguridad Social, 10.000 más que el año pasado. Pero se han creado 28.400 empleos en educación, 18.900 en comercio, 15.800 en la construcción y 10.000 en la industria manufacturera, datos mejores que los del año pasado en todas las categorías salvo en comercio. Aunque la mayor mejora sobre 2016 viene del sector agrario, con 10.000 nuevos afiliados en 2017 frente a la caída de 9.400 el año pasado. Los autónomos han caído en 7.000 afiliados (solo 366 en 2016).

El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en noviembre en 7.255 en relación con el mes anterior, lo que situó la cifra total de desempleados inscritos en 3.474.281. En el último año el paro disminuyó en 315.542 personas, aunque el incremento mensual de noviembre de este año fue inferior al experimentado en el mismo mes de 2016 (24.841 personas).

Por sectores, el desempleo sólo se incrementó en los servicios (23.048), mientras que se redujo en la construcción (3.727), la industria (2.977) y la agricultura (2.929), así como en el colectivo sin empleo anterior (6.160). En términos desestacionalizados el paro bajó en 22.744 personas en noviembre.

El paro registrado bajó durante noviembre en ocho comunidades autónomas, entre las que destacan Madrid (8.191), Andalucía (3.114) y Comunidad Valenciana (2.486), en tanto que subió en los nueve restantes, encabezadas por Baleares (12.586) y Cataluña (7.391). El número de contratos registrados durante noviembre fue de 1.818.339, lo que representa un descenso de 213.845 respecto a octubre.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en noviembre en 7.255 desempleados respecto al mes anterior (+0,2%), con lo que ya encadena cuatro meses de alzas mensuales, según ha informado este lunes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Seguridad Social pierde 12.773 cotizantes en noviembre, menos que en 2016, cuando registró 32.832 bajas.

El volumen total de parados alcanzó a finales de noviembre la cifra de 3.474.281 desempleados, manteniéndose en su nivel más bajo de los últimos ocho años, según ha destacado Empleo. Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de noviembre siempre ha sido desfavorable salvo en los años 2013, 2014 y 2015, donde se registraron descensos.

El repunte de noviembre de este año es inferior al de 2016, cuando subió en 24.841 personas, y es el segundo menos pronunciado dentro de la serie histórica de este mes tras el de 1998 (+2.315 parados). En los últimos ocho años, la subida media del paro en los meses de noviembre supera las 25.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en noviembre en 22.744 personas. En el último año el paro se ha reducido en 315.542 desempleados (-8,3%) y entre enero y noviembre acumula un recorte de 228.693 personas.

El paro bajó en noviembre en todos los sectores menos en los servicios, que sumaron 23.048 parados. Este aumento fue superior a los descensos registrados en el resto de sectores económicos. En concreto, el desempleo bajó en 6.160 personas en el colectivo sin empleo anterior; en 3.727 personas en la construcción; en 2.929 en la agricultura, y en 2.977 en la industria.

El desempleo aumentó en noviembre en nueve comunidades autónomas, lideradas por Baleares (+12.586 parados) y Cataluña (+7.391) y bajó en ocho, principalmente en Madrid (-8.191), Andalucía (-3.114) y Comunidad Valenciana (-2.486 desempleados).

El número de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.818.339, cifra un 4,3% superior a la del mismo mes de 2016. En noviembre de 2017 se han registrado 170.732 contratos de carácter indefinido, el 9,39% del total y la cifra más alta en un mes de noviembre, con un incremento del 10,3% sobre igual mes del ejercicio anterior. Empleo ha destacado que este aumento de la contratación indefinida, con el que se encadenan 46 meses de incrementos interanuales, contrasta con el de la contratación temporal, que subió a un ritmo menor, del 3,7%.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social mengua hasta los 8.095 millones de euros, una cifra que contrasta con los 66.815 millones que llegó al alcanzar en 2011, cuando registró el volumen más alto desde su creación. Se hubiera agotado sin el préstamo concedido por el Gobierno a la Tesorería de la Seguridad Social.

La proximidad de la Navidad vuelve a meter presión a las arcas de la Seguridad Social, que en breve tendrá que realizar un desembolso de 17.470 millones de euros para abonar la paga ordinaria y extraordinaria a los pensionistas.

Para poder afrontar sus compromisos, la Tesorería General de la Seguridad Social recurrirá al remanente del crédito de 10.192 millones concedido por el Estado para este ejercicio, que asciende a 4.206 millones, y extraerá otros 3.586 millones del Fondo de Reserva, conocido popularmente como la 'hucha de las pensiones', que ha caído a su nivel más bajo desde 2002, dos años después de su creación (en 2000).

Tras esta nueva disposición, el remanente del Fondo de Reserva, creado en época de vacas gordas para atender las necesidades del sistema en tiempos de crisis, se sitúa en 8.095 millones de euros, ocho veces menos que en 2011, cuando alcanzó su cifra más alta en los 66.815 millones de euros, y muy cerca de los 6.169 millones de 2002.

A partir de 2011, los recursos de la 'hucha' de los pensionistas no han hecho más que adelgazar y se hubieran agotado este mismo año de no ser por el préstamo de más de 10.000 millones otorgado por el Ejecutivo a la Tesorería de la Seguridad Social.

El Gobierno quiere obligar a las empresas a hacer un importante ejercicio de transparencia sobre la igualdad laboral entre ambos sexos. Se trata de garantizar la equiparación salarial y de derechos entre los hombres y las mujeres que tienen la misma responsabilidad y las mismas funciones dentro de la compañía. Así se desprende de las propuestas que ha realizado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos en la mesa de calidad en el empleo.

Hay que tener en cuenta que la desigualdad laboral entre ambos sexos es uno de los problemas que más afectan al mercado de trabajo. Incluso, la mayoría de los estudios apuntan que la diferencia media retributiva entre los hombres y las mujeres, para un mismo puesto de trabajo y responsabilidad, pueden alcanzar hasta el 30% a favor de los varones.

Por lo tanto, en primer lugar, el Ejecutivo quiere que las empresas informen a los trabajadores sobre estos aspectos. Así, añadirá un nuevo punto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que diga lo siguiente: "Los trabajadores tienen derecho a solicitar información escrita sobre los componentes y la cuantía de la retribución". En particular, "sobre los componentes salariales variables, así como los pagos en especie, correspondientes a trabajos de igual valor, [con la información] desglosada por sexos".

Se trata de acotar la posibilidad de que la empresa haga discriminación salarial entre ambos sexos en este tipo de retribución variable, que puede estar menos controlada por los sindicatos. Incluso, fuera de convenio.

Además, el Gobierno quiere que las empresas "informen a los representantes legales de los trabajadores [el comité y los delegados] con una periodicidad al menos anual sobre las retribuciones de los grupos profesionales, las categorías y los puestos de trabajo, desglosada por sexos".

Es decir, directamente, el Ejecutivo introduce la lucha contra la desigualdad laboral como materia de la negociación colectiva.

Para complementar estas medidas, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales otras dos reformas para las empresas. Con la modificación del artículo 46 de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de 2007, las grandes sociedades -de más de 250 trabajadores- tendrán que realizar una auditoría salarial "con el contenido y periodicidad que se establezca en el plan de igualdad de la empresa".

El objetivo de las auditorías será evaluar si son eficaces y adecuadas las medidas adoptadas por las empresas para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de igualdad de la empresa. Especialmente, en lo que se refiere a la equiparación salarial.

El Gobierno hará público la próxima semana el decreto que incrementará las pensiones de viudedad para las personas mayores de 65 años y con menor nivel de ingresos y que no cobren más de una pensión. El Gobierno cumpliría de esta forma con el mandato incluido en la reforma de pensiones de 2011, que, en una disposición adicional, exigía el aumento de la base reguladora del 52% al 60% antes de 2019.

Así lo ha asegurado hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una respuesta dada en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Precisó que Ejecutivo “va a tramitar de manera inminente el decreto” y que la próxima semana cumplirá con el trámite de audiencia e información pública, con el fin de que los agentes sociales y económicos puedan hacer “sugerencias y aportaciones a ese nuevo reglamento de desarrollo de la ley”.

Según esta disposición de la Ley 27/2011 –que reformó el sistema de pensiones ampliando progresivamente la edad de jubilación a los 67 años, entre otras cosas–, el Gobierno debe asegurar que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública equivalga al 60% de la base reguladora (ahora es del 52% con carácter general).

Todo ello, siempre que los pensionistas no perciban ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, ni tampoco tengan rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea presentó este miércoles su paquete de propuestas para reforzar la eurozona tras una década de recesión, que pide convertir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo (FME) y crear un mecanismo que garantice la inversión pública en tiempos de crisis.

“La eurozona va mejor en el plano económico y eso ofrece una oportunidad para preparar el futuro que hay que aprovechar”, dijo al presentar las propuestas el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien añadió que mientras en la crisis “teníamos que reparar el barco”, ahora “navegamos en aguas más calmas”.

Su primera apuesta es convertir el MEDE, el actual fondo de rescate de la eurozona, en un Fondo Monetario Europeo (FME). Bruselas propone reforzar su papel en la gestión de los futuros rescates y hacerlo responsable del cortafuegos para el Fondo Único de Resolución, un instrumento destinado a financiar, como último recurso, las resoluciones bancarias.

Este se nutre de contribuciones de entidades financieras y en 2023 deberá tener 55.000 millones de euros, pero aún falta por constituir un cortafuegos común, es decir, una especie de bolsa con fondos aportados por los Estados que se usaría si se dan varias quiebras seguidas o se produce alguna tan costosa que los 55.000 millones no sean suficientes.

El sector turístico y de viajes acumula un superávit de 33.314 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 11,2% más que hace un año, 3.559 millones de euros más, según los datos provisionales de la balanza de pagos del Banco de España.

Los ingresos vinculados al turismo de la balanza de pagos que corresponden al gasto realizado por los turistas extranjeros que revierte en España -no incluyen el desembolso en origen-, alcanzaron los 47.642 millones de euros de enero a septiembre de este año, un 11,8% más (5.017 millones de euros más) que en el mismo periodo de 2016.

Por su parte, los pagos por servicios turísticos fuera de nuestras fronteras mantienen un ritmo acelerado de crecimiento y se anotan un repunte del 13,1%, hasta los 14.328 millones de euros (1.658 millones de euros más).

En septiembre, el saldo del turismo creció un 10,8%, hasta los 4.502 millones de euros, como consecuencia de unos ingresos de 6.687 millones de euros, un 11,2% más que en el mismo mes de 2016, mientras que los pagos aumentaron un 11,9%, hasta los 2.185 millones de euros.

De enero a septiembre, más de 66,1 millones de turistas extranjeros visitaron España (+10,1%), según la encuesta Frontur, con un gasto total de 69.892 millones de euros, una mejora del 13,9%, según los datos de Egatur.

Incluyendo los datos de septiembre, España cerró el verano con 38,2 millones de turistas internacionales, unas cifras calificadas por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de "excelentes". De hecho, Cataluña es la comunidad más visitada en los nueve primeros meses pese al desafío independentista y a la constancia de la disminución de las reservas a este destino, seguida de Baleares y Canarias.

Además, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 1,9% en octubre en tasa anual.

El dinero no da la felicidad, pero casi. Es lo que se aprecia cuando se acerca la lupa a estadísticas y encuestas sobre aspectos tan diversos como pobreza, relaciones personales, tasa de abandono escolar, esperanza de vida, participación en elecciones o seguridad en las calles. Para permitir una comparación entre comunidades, el Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie) ha sintetizado en un índice los resultados de una docena de esas variables, relacionadas con la renta, la salud y la educación. Un ejercicio que coloca a vascos, riojanos y navarros como los españoles que disfrutan de mayor bienestar, mientras que las peor paradas son Canarias, Andalucía y Región de Murcia. Riqueza y financiación autonómica son las claves.

Los resultados del índice, presentados este jueves en Madrid por los catedráticos Carmen Herrero y Antonio Villar, son un avance de una monografía que publicarán el Ivie y la Fundación BBVA sobre la calidad de vida en España y las comunidades autónomas. Se analizan decenas de variables para aproximar de modo más complejo las diversas facetas del bienestar, más allá de las conclusiones que suelen extraerse del producto interior bruto (PIB), la estrella polar de los análisis económicos. El trabajo cubre un periodo que refleja el impacto de la última ola de la expansión económica (2006-2008) y de los estragos de la peor crisis de la democracia (2009-2015).

Si los números reflejan que el bienestar tiene que ver con la frontera de riqueza que separa norte y sur, la percepción de los españoles sobre cómo les va la vida brujulea en torno a los otros dos puntos cardinales.

Una encuesta del INE de 2013, incluida en el estudio, sitúa a baleares, navarros, catalanes, valencianos y vascos como los más satisfechos con la vida. Si la percepción positiva cunde en la cuenca mediterránea, flojea al oeste, sobre todo en Castilla y León y Galicia.

Villar y Herrero concluyen que la crisis ha tenido un impacto "muy asimétrico por comunidades autónomas y grupos de edad, con especial repercusión en los jóvenes". El análisis de las estadísticas evidencia "el impacto negativo sobre gran parte de las variables relacionadas con el bienestar material, mientras en salud, la educación y las relaciones sociales presentan un comportamiento mejor". Los investigadores del Ivie parten de la experiencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en los últimos años ha tratado de ir más allá del PIB para valorar el bienestar y la calidad de vida. Su programa How's Life (Cómo va la vida), cuya última edición se presentó este mes, evalúa 50 indicadores de 41 países avanzados y emergentes.

Para muestra del impacto económico de la crisis, el estudio rescata tres botones: Entre los países de la OCDE, los hogares españoles fueron los que sufrieron un mayor recorte a su renta disponible (un 8,7% entre 2009 y 2015). También, los que registraron un mayor incremento de la tasa de paro o en la desigualdad de ingreso.

Pero la crisis ha tenido también un efecto paradójico en la educación, una de las facetas esenciales del bienestar: con muchas opciones de empleo en perspectiva, el tiempo dedicado a formarse aumenta. Los investigadores del Ivie destacan que es una de las pocas variables en las que se aprecia una evolución positiva: ha aumentado la proporción de personas con educación secundaria superior, bajó la tasa de abandono escolar y también es mejor el resultado de los alumnos en PISA, la evaluación que realiza la OCDE.

Los investigadores del Ivie reseñan además "los buenos datos" de salud -España es tras Japón el país con mayor esperanza de vida, 83 años-, pero advierten de que se ven "amenazados por algunos factores de riesgo, como el aumento de la obesidad entre los más jóvenes".

El IPC mantuvo en noviembre el mismo ritmo que en octubre, situándose en el 1,6%, según ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo achaca el dato de crecimiento de los precios al encarecimiento de los carburantes (gasoil y gasolina), sin dar más detalles, al tratarse del dato adelantado. En todo caso, a un mes del final del año, la inflación se sitúa bastante por encima del 1% que pronosticaba el Gobierno para el cierre del ejercicio.

Con noviembre, el IPC lleva 15 meses consecutivos en tasas positivas, desde que en septiembre de 2016 dejara atrás otros 13 meses de tasas negativas (excepto diciembre de 2015, cuando fue del 0%). No obstante, el índice se mueve en unos parámetros mucho más moderados de los que mantuvo al comienzo del año, cuando alcanzó el 3% (enero y febrero) por el encarecimiento de la electricidad.

En este caso, el INE informa que el principal producto de la cesta que tira hacia arriba del IPC es la partida de carburantes. Al ser el dato adelantado, el organismo no detalla las variaciones de precio por productos del mes de noviembre. No obstante, el precio de los carburantes se puede seguir a través del Boletín Petrolero de la UE. Según el último de sus informes, el del 20 de noviembre, la gasolina 95 tenía un precio medio en España de 1,24145 euros el litro, mientras el gasóleo alcanzó 1,13689 euros. En el boletín del 30 de octubre, los precios eran de 1,20670 y 1,11001, respectivamente. Es decir, aumentos del precio del 2,88% en el caso de la gasolina y del 2,42% en el caso del gasoil.

Según los datos del INE, los precios de la gasolina y el gasóleo han experimentado altibajos mensuales a lo largo de todo el año. En el caso del gasoil, ha experimentado subidas mensuales del 2% en agosto y del 1,7% en septiembre y octubre, acumulando en lo que va de año un incremento del 1,3%. En el caso de la gasolina, su precio ha bajado un 0,2% hasta el mes de octubre. En los tres últimos meses, subió un 1,3% en agosto y un 1,9% en septiembre, mientras que bajó un 0,6% en octubre, en términos mensuales.

España es una economía muy dependiente del crudo y los combustibles fósiles. En 2015, el 74% del consumo bruto de energía en España provino del gas, petróleo y carbón. Y el 98% de los combustibles fósiles que se consumen en España son importados. En el caso del crudo, desde que marcó mínimo anual a mediados de junio, con 45,22 dólares el barril de brent, el precio del petróleo sigue una senda alcista que lo ha llevado por encima de los 63 dólares, con lo cual, es de prever que los precios no sufran variaciones importantes a la baja en lo que resta de año.

En términos mensuales, los precios subieron un 0,4 % en noviembre con respecto a octubre. La subida mensual es cinco décimas menores que la que se produjo entre octubre y septiembre.

Los grupos parlamentarios ultiman estos días sus enmiendas a la reforma hipotecaria que tramita el Congreso de los Diputados. Tienen de plazo hasta el próximo 5 de diciembre para tratar de modificar un proyecto que cuenta ya con apoyos mayoritarios gracias a la adhesión de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria al texto impulsado por el Gobierno del PP.

Un texto que busca transponer la normativa europea sobre la materia y elevar la protección al consumidor hipotecario pero que ha dejado en el tintero una decena de los cambios clave previstos. Un paquete de medidas esenciales que el Consejo de Estado, los jueces y las asociaciones de consumidores denuncian que descafeína la norma a la espera de ver los matices que se dejan para el desarrollo reglamentario posterior.

El número y calado de las reformas que se dejan fuera de la nueva normativa es tal que tras su aprobación quedaría incompleta la trasposición de la directiva europea sobre créditos hipotecarios, cuya adopción ya llegará con dos años de retraso, por lo que España se juega una importante multa (ver despiece). “La trasposición de la directiva 2014/17/UE tiene carácter parcial”, advirtió al Gobierno el propio Consejo de Estado, alegando que esto “responde principalmente a la opción por diferir al desarrollo reglamentario, ya sea mediante real decreto, ya sea mediante orden ministerial, la incorporación de diversos contenidos de la mencionada directiva”.

Dentro de las omisiones, el Consejo de Estado considera dos de especial relevancia. De un lado, el desarrollo de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), así como de la hoja específica de advertencias sobre cláusulas hipotecarias de especial riesgo que se obligará a la banca a entregar a sus clientes. “No se dedica precepto alguno a fijar los contenidos mínimos de esa ficha, que se defieren directamente al desarrollo normativo”, reza el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley, al que ha tenido acceso este diario.

De otro, el organismo consultivo subraya que la reforma “no establece regulación alguna” sobre el cálculo de una tasa anual equivalente (TAE) homologable a nivel europeo, puntal clave de la directiva europea. En este caso, no obstante, el Consejo reconoce que existe una “sucinta regulación” de 2011 sobre la materia, circunscrita al cliente de servicios bancarios, la cual no evita, en todo caso, que persista “gran incertidumbre sobre el cálculo de esta tasa” que hace “imprescindible generar un marco normativo que obligue a las entidades bancarias a informar a sus clientes de las condiciones de los productos que están contratando”, como también viene reclamando el Consejo de Consumidor y Usuarios.

El Consejo de Estado ha avisado al Ejecutivo de que “resulta necesario incluir las líneas generales de uno y otro en el anteproyecto de ley”, aunque hacerlo dependerá ahora de las enmiendas que se acepten.

Más allá, el Consejo enumera además “otros contenidos de la directiva” que se han dejado fuera del cuerpo central de la reforma. El listado incluye las reglas de información básica que deben incluirse en la publicidad bancaria sobre créditos hipotecarios; aclarar la información que el banco está obligado a facilitar a su cliente; la normativa sobre evaluación de solvencia de los consumidores que deberán realizar las entidades antes de dar el visto bueno a la concesión de un préstamo o la regulación de algunos aspectos de la tasación de los inmuebles.

Sector

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el miércoles que un trabajador de la UE no tiene por qué consumir sus vacaciones y puede acumularlas más allá del plazo en el que le caducarían, en caso de no estar seguro de si la empresa le va a remunerar esos días de descanso. Los magistrados de la máxima instancia judicial de la UE, ante la que no cabe recurso, se pronunciaron sobre el caso de Conley King, un trabajador británico que trabajó para la firma The Sash Window Workshop entre 1999 hasta su jubilación en 2012 con una retribución exclusivamente a base de comisiones.

Cuando King disfrutaba de vacaciones en ese periodo, estas no eran retribuidas y al finalizar su relación laboral con la empresa reclamó a la firma "el pago de una compensación económica por sus vacaciones anuales disfrutadas y no retribuidas", extremo al que se negó The Sash Window Workshop. Un tribunal laboral británico consideró entonces que King era un “trabajador” y que por tanto tenía derecho a compensación por vacaciones retribuidas.

El caso llegó al Tribunal de Apelación de Inglaterra y País de Gales, que preguntó al tribunal europeo de Luxemburgo si resulta compatible con la normativa laboral comunitaria que un trabajador "tenga que tomar las vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas", explicó el TJUE.

El tribunal europeo consideró que la finalidad del derecho a vacaciones retribuidas consiste en permitir que el trabajador descanse, de forma que el asalariado no puede ejercer plenamente ese derecho si tiene que "hacer frente a circunstancias que puedan generar incertidumbre" sobre la remuneración de las mismas.

"Además, esas circunstancias pueden disuadir al trabajador de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales", agregó el TJUE, que interpretó que "toda práctica u omisión de un empresario que tenga ese efecto potencialmente disuasorio es incompatible con la finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas".

En el caso de King, la corte de Luxemburgo subraya que su derecho a vacaciones "no quedaría garantizado" si se viera obligado, primero, a tomar las vacaciones no retribuidas y, después, a "presentar un recurso para obtener una compensación".

La sentencia resta validez a "disposiciones o prácticas nacionales" que impiden al trabajador acumular, hasta finalizar su relación con la empresa, derechos a vacaciones anuales no retribuidas y no ejercidas "correspondientes a varios períodos de devengo consecutivos, por la negativa del empresario a retribuir esas vacaciones".

El tribunal precisa que la normativa europea no se opone a legislaciones nacionales que limiten el periodo en el que los trabajadores pueden recuperar vacaciones retribuidas no consumidas, para proteger al empresario del riesgo de acumulación "demasiado prolongada" que dificultaría la organización del trabajo.

Sin embargo, en el caso de King el tribunal europeo señala que el empresario no tuvo que hacer frente a largas ausencias del empleado, dado que reclamó sus derechos una vez jubilado, sino que pudo incluso "beneficiarse" de que el asalariado "no interrumpiera sus períodos de actividad profesional".

La relación que une al letrado con su cliente es contractual, y no extracontractual, aunque no se haya firmado un contrato o se haya abonado directamente el precio por sus servicios. Así lo afirma la Audiencia Provincial de Cáceres, en una sentencia del 3 de octubre, al resolver un recurso en un caso en el que se reclamaba una indemnización por negligencia profesional a un abogado que asesoraba gratuitamente a los afiliados de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos del sindicato UGT (FETE-UGT).

La demanda fue interpuesta por un docente, en proceso de jubilación anticipada, que hacía responsable al abogado que llevó su caso de la pérdida de una gratificación extraordinaria cuantificada en 16.405 euros. Esta gratificación, prevista para aquellos educadores que acreditasen un mínimo de 28 años de servicio, fue denegada en vía administrativa porque el solicitante tan solo acreditó 27 años y 11 meses, un mes menos del tiempo exigido.

En su escrito, el demandante alegaba que el recurso interpuesto por el abogado que le asignó UGT fue erróneo e incorrecto, lo que motivó que el tribunal desestimase su petición. Por ello pedía ser indemnizado con la cantidad que hubiera podido percibir con dicha gratificación.

El letrado demandado se opuso alegando que no existía relación contractual directa con el reclamante, porque, en aquella época, prestaba servicios jurídicos en régimen de semilaboralidad para el sindicato. En cualquier caso, concluía el abogado, su responsabilidad era extracontractual, y el plazo para interponer demanda había prescrito al haber transcurrido más de un año desde la sentencia desestimatoria.

Sin embargo, el tribunal declara en su sentencia que la relación que une al abogado con su cliente es contractual, siendo indiferente que éste hubiera sido designado por el sindicato y que no existiera propiamente un contrato. Por ello, resultaba aplicable el plazo prescriptivo anual previsto para los supuestos de responsabilidad extracontractual, sino el común de cinco años (artículo 1964.2 del Código Civil).

El Gobierno propondrá a Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, fallecido repentinamente en Argentina el pasado 18 de noviembre. Mariano Rajoy llevará la propuesta de nombramiento al Consejo de Ministros.

Su nombramiento se produce en un momento clave, pues tendrá que retomar el pulso en las acciones penales que emprendió el ministerio público con su antecesor contra los responsables de la votación del referéndum independentista del pasado 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Este palentino de 62 años es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que también era magistrado Maza, desde enero de 2000. Fue ponente en la sentencia que estableció la doctrina Parot.

Sánchez Melgar, licenciado por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera judicial en 1983, en el curso de las primeras oposiciones unificadas de Judicatura. En el año 1987 asciende a magistrado, siendo destinado a la entonces Audiencia Territorial de Barcelona (Sala Segunda de lo Civil). Después, pasaría a ser titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santander, donde llegaría a ser más tarde magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, hasta junio de 1993. De allí, el CGPJ le nombra presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. Desde el año 2000 es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Como actividad docente, ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, de la Escuela de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, y ha impartido clases en la Escuela Judicial, Cámaras de Comercio, Fundación Justicia Social Alonso Olea, Universidad Notarial Argentina, Formación Judicial en Centroamérica (Guatemala), junto a la dirección de múltiples cursos y seminarios. Es además conferenciante habitual en foros nacionales e internacionales.

Tiene en su haber numerosas publicaciones, artículos doctrinales y monográficos, y ha recibido importantes y cualificadas distinciones a lo largo de su carrera profesional.

En un reciente caso resuelto por la Audiencia Provincial de Málaga, una graduada social, que disponía de este título a pesar de no estar colegiada, había llevado la representación de su cliente en una reclamación ante el Juzgado de lo Social. En ella, solicitaba la revocación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que le denegaba el derecho a la situación de incapacidad permanente absoluta. Sin embargo, el juez confirmó dicha resolución.

Hasta ese momento su falta de colegiación no supuso ningún problema, puesto que el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que las partes pueden ser representadas por cualquier persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Además, el juzgado, en su sentencia, había entrado en el fondo del asunto, por lo que su cliente no vio menoscabado su derecho a la tutela judicial efectiva.

No conforme con esta sentencia, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia, que confirmó el fallo del juez de primera instancia. Tras ello, decidieron interponer un recurso de casación que no fue admitido a trámite, ya que no reunía los requisitos exigidos por la Ley de Procedimiento Laboral. A continuación, se presentaron recursos de reposición y de queja que también fueron rechazados. Todos estos escritos estaban firmados por una letrada sin su autorización. La graduada social había falsificado su firma y había hecho creer a su cliente que la preparación y presentación de los recursos había sido realizada por una abogada que defendía sus intereses.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Málaga ha considerado que la suplantación realizada por la graduada social provocó que se privara a su cliente de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su recurso de casación, independientemente de que su sentencia le hubiera sido favorable o no. Eso sí, para cuantificar el daño moral sufrido, la audiencia sí ha tenido en cuenta que la posibilidad de que dicho recurso prosperara era prácticamente inexistente, dada la fundamentación de las sentencias previas. Por tanto, a pesar de que la petición de indemnización era de 150.000 euros, ha determinado que debía ser mínima y la ha fijado en 5.000 euros.

Los directores financieros de los despachos profesionales de abogados han recibido con satisfacción la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre, que avala que los bufetes exijan intereses de demora en caso de impago de los honorarios pactados con sus clientes mercantiles.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal resuelve una cuestión que en algunos casos puede resultar dudosa, y declara que la prestación de servicios jurídicos de un despacho de abogados a una empresa es, a efectos de la aplicación de la ley de lucha contra la morosidad, una operación comercial y, por tanto, está sujeta a los intereses de demora en ella previstos. Se trata de deudas comerciales, quedando excluidos los pagos en los que intervenga un consumidor.

Una reclamación interpuesta por el despacho Gómez-Acebo & Pombo contra una empresa morosa, a la que había asesorado y llevado pleitos en cuestiones urbanísticas, llegó finalmente al Supremo que confirmó la sentencia de instancia. Condenó a la mercantil a abonar la cantidad que, adeudada, 66.247,60 euros, más los intereses de demora previstos en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. La cuestión debatida en el proceso era, precisamente, si podía aplicarse en estos casos la normativa que protege a las empresas del riesgo de morosidad en el pago de deudas dinerarias.

La mercantil condenada negó en un primer momento la deuda reclamada, alegando después su condición de consumidor para evitar la aplicación de intereses de demora. Además, consideraba que la prestación de servicios jurídicos debía calificarse de actividad profesional y no de operación comercial entre empresas. Para ello esgrimió jurisprudencia contradictoria, entre la que se encontraba una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que en 2010 reconoce una deuda a favor de Garrigues, en la que se dice que “no obstante la amplitud que se pueda dar al contrato de arrendamiento de servicios con un letrado para la defensa en juicio”, el mismo, por sus características especiales y finalidad, “excede de lo que se pueda considerar acto de comercio o actividad comercial”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo defiende una interpretación extensiva de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad y la directiva de la que trae causa, y es tajante al declarar que la prestación de servicios jurídicos que realiza un despacho profesional, con independencia de su condición de persona física o jurídica, queda bajo la cobertura de esta normativa, y, por tanto, sujetas los intereses de demora previstos.



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