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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Qué se considera retraso en el SII? ¿En qué caso se aplicará la multa por retraso?

Entre las novedades incluidas en el proyecto de modificación del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, nos encontramos con esta que afecta al Suministro Inmediato de Información (SII): se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 16 Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales del RD 2063/2004, renumerándose el actual apartado 3 como apartado 4. Esta modificación entrará en vigor, según lo previsto en el proyecto, el 1 de enero de 2018.

El nuevo artículo 16.3 establece las reglas a aplicar en el caso de retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT con una doble finalidad:

• Por un lado, aclarar determinadas cuestiones que no han sido tratadas con detalle en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• Por otro, dada la novedad de la figura del Suministro Inmediato de Información (SII), la redacción tiene un marcado carácter pedagógico.

¿Qué se considera retraso en el SII?

Se define qué se considera retraso en la llevanza electrónica de los libros registro para que se cometa la infracción, con el objeto de diferenciar esta conducta de la omisión contemplada legalmente. Se entenderá por retraso el suministro de los registros con posterioridad a la finalización del correspondiente plazo previsto en la normativa reguladora de la obligación.

¿En qué caso se aplicará la multa por retraso?

El artículo 200.3 de la LGT establece que el retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente, se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 € y un máximo de 6.000 €.

Se especifica en el reglamento que únicamente será aplicable la multa proporcional del 0,5% en los supuestos relativos al Libro Registro de facturas expedidas y para el de recibidas, ya que es información con un importe numérico al que aplicar la multa proporcional.

¿Cómo se aplica la multa por retraso?

Se determina también que dicho porcentaje se aplicará sobre el importe total que corresponda a cada registro de facturación, incluyendo las cuotas, recargos y compensaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido que, en su caso, deriven de la operación.

Se especifica que para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se tendrá en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada trimestre natural.

Multa fija de 150 euros

Se aclara que los retrasos relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias se sancionarán con una multa fija de 150 euros por registro.

Laboral

Nueva Tarifa Plana para autónomos

A raíz de la Ley 6/2017 se estable un nuevo criterio.

La ampliación de la cuota reducida de 50 € para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis meses actuales.

Asimismo, se reduce a 2 años el tiempo desde la última alta para acogerse a la tarifa plana, ya que hasta ahora tenía que haber pasado nada menos que 5 años.

Criterio vigente

Siguen existiendo dos medidas, las dirigidas a cualquier autónomo y las dirigidas a menores de 30 años o 35 en caso de mujeres:

-Tarifa plana para trabajadores con independencia de la edad: Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estados en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el RETA, tienen derecho durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, alternativamente:

1. Si optan por cotizar por la base mínima que les corresponda, a reducir la cuota por contingencias comunes, incluida la IT, a la cuantía de 50 €/mes.

2. Si optan por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, a reducir la cuota por contingencias comunes en el 80% del resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT.

Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses indicado, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia pueden aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT, por un periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 18 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:

- Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al periodo inicial.

- Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al periodo anterior.

- Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al periodo señalado en el anterior apartado.

-Tarifa plana a menores de 30 años y mujeres menores de 35 años:

En el supuesto que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el RETA, pueden aplicarse, además de las reducciones y bonificaciones previstas para los trabajadores autónomos con independencia de la edad, una bonificación adicional equivalente al 30%, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo de bonificación previsto en el supuesto anterior, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT. En este supuesto la duración máxima de las reducciones y bonificaciones será de 30 meses.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, trasladó este lunes por carta a la Comisión Europea que los últimos datos de ejecución presupuestaria apuntan que España cumplirá con el objetivo de déficit de 3,1% del PIB en 2017, con un riesgo "muy bajo" de que no se alcance el mismo.

De esta manera, defiende el ministro de Economía en la misiva, España se coloca en una "buena posición fiscal inicial" para el ejercicio 2018, para agregar que cuando las "circunstancias lo permitan" se tomarán las medidas necesarias para "garantizar el cumplimiento del objetivo" del 2,2% de 2018.

De Guindos explica que el 'Plan Presupuestario 2018' remitido por el Gobierno a Bruselas se ha elaborado sobre un escenario sin cambios en la política fiscal. El ministro señala que las premisas son "prudentes" e incluyen una "ligera desaceleración" de la actividad económica en España para el próximo año.

Esta desaceleración, agrega De Guindos, se enmarca en un escenario de políticas constantes, lo que genera un déficit estimado del 2,3% del PIB para 2018, una décima por encima del objetivo (2,2%).

El responsable de Economía reiteró el "compromiso" del Gobierno español con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. "Tan pronto como las circunstancias lo permitan, España tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit global del 2,2% para 2018", aseguró el ministro.

Los Presupuestos de 2018 "incluirán medidas de política económica para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2018", sentenció.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "factible" el cumplimiento del objetivo de déficit público del 0,4% en 2018 para el conjunto de las comunidades autónomas en el escenario actual, pero advierte de que se podría llegar a incumplir si las entregas a cuenta se ajustan al crecimiento del 2,3% o si se ajustan a la prórroga presupuestaria.

Así se desprende del informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos para 2018 de las comunidades autónomas, que concluye que, aplicando las entregas a cuenta acordadas en julio, el cumplimiento del objetivo es "factible" para el conjunto del subsector, al alcanzarse la meta en un total de 13 comunidades autónomas.

No obstante, señala que la probabilidad de cumplimiento bajaría de forma notable, hasta la parte baja de la banda de factibilidad, si las entregas a cuenta se ajustan al crecimiento del PIB del 2,3%, contenido en el plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas, como es recomendable, según la AIReF.

Además, advierte de que, si la situación de incertidumbre en Cataluña se prolonga en 2018, el impacto sobre el objetivo del déficit de las CCAA es "muy relevante", de forma que sería "improbable" el cumplimiento si las entregas a cuenta se ajustan el crecimiento del 2,3% y "muy improbable" si las entregas a cuenta se ajustan a la prórroga presupuestaria.

En el informe no se incluye un pronunciamiento individual sobre Cataluña, a la espera de la valoración del "shock idiosincrático" que la AIReF está ultimando sobre dicha comunidad y que presentará la próxima semana, aunque sí se ha tenido en cuenta en el escenario central.

En concreto, la AIReF ve actualmente "muy probable" que Islas Baleares, Canarias y La Rioja alcancen el objetivo, "probable" en el caso de Asturias y Galicia y "factible" en el de otras ocho regiones (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y País Vasco).

Por el contrario, la AIReF cree que en tres comunidades autónomas la ejecución presupuestaria no permitiría alcanzar el objetivo con distinto grado de probabilidad. Así, ve "improbable" que lo cumplan Extremadura y la Comunidad Valenciana y "muy improbable" la Región de Murcia.

Con las previsiones de crecimiento del plan presupuestario, la AIReF considera factible el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,4% del PIB para el conjunto de las CCAA, bajo el supuesto contemplado por las regiones de que los recursos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) serán los comunicados el pasado mes de julio, que suponen más de 3.500 millones de euros adicionales respecto a la financiación del año pasado.

El ajuste previsto en los objetivos fijados a las CCAA para 2017 y 2018 es dos décimas del PIB, si bien, una vez analizados los datos facilitados por las CCAA, la AIReF estima que el cierre de 2017 podría situar a las CCAA en una posición "ligeramente más favorable".

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha animado hoy al PSOE a negociar con el Gobierno los contenidos de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ya que la minoría parlamentaria del Ejecutivo les ofrece esa "oportunidad".

"Lo que corresponde es que el PSOE se siente con el Gobierno para ver los contenidos de gasto social de los próximos Presupuestos" para tener "pronto" las cuentas de 2018, ha considerado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Esta posibilidad ha sido descartada por el diputado socialista Pedro Saura, que en su pregunta al Gobierno afeaba la reducción del gasto social en términos de porcentaje de PIB recogida en el plan presupuestario para 2018 enviado a Bruselas.

"Para esa política económica, fiscal, presupuestaria, no cuente ni con nuestro aval ni con nuestro voto para apoyar los Presupuestos", ha zanjado Saura. "La derecha no entiende que el crecimiento económico no llega a la mayoría fiscal", ha considerado el diputado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de financiar el crecimiento económico con desigualdad.

Montoro, por su parte, ha defendido que el gasto social aumenta en términos nominales y ha acusado al PSOE de inducir "a una confusión en la sociedad española". En cualquier caso, ha invitado al Grupo Socialista a aprovechar la "oportunidad de negociar" unos Presupuestos "que aseguren un incremento del gasto social para el año próximo".

El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda preparan la creación de un grupo de trabajo para que elabore una propuesta de modificación de la actual fiscalidad ambiental, con el objetivo puesto en que se aplique en 2019.

Según figura en el borrador del Plan Nacional de Calidad del Aire, el sistema fiscal actual tiene margen para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, y en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos.

En los últimos años organismos internacionales y expertos en la materia han formulado recomendaciones a España para que afronte un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a la media comunitaria, en el marco de una reforma fiscal verde, indica el Ministerio.

La OCDE, en el informe 'Environmental Performance Review of Spain 2015', recomienda cambios en los impuestos sobre la energía y transporte y propone diseñar nuevos tributos. Además, la OCDE plantea suprimir algunas medidas fiscales actualmente en vigor. Por ejemplo, el organismo defiende un aumento de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.

En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU28, propone reformular algunas de las figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos especialmente los que afectan a la contaminación y recursos. Para ello recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En febrero de este mismo año, el documento de trabajo de la Comisión sobre la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, Informe de España, incide en que hay margen para revisar los impuestos medioambientales e identifica como un reto fundamental la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que aplique un IVA reducido a la electricidad, por tratarse de un bien esencial. Según informa el Defensor del Pueblo, esta petición se produce porque "la electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales, como el disfrute de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud de las personas".

Sin embargo, este bien de primera necesidad no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos. Según recuerda el Defensor del Pueblo en su escrito, la regulación sobre el IVA prevé un tipo impositivo reducido para bienes o servicios de primera necesidad.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el reglamento (un real decreto y una orden ministerial) que desarrolla el real decreto ley convalidado por el Congreso de los Diputados a finales de enero que regula el nuevo bono social de la tarifa eléctrica y establece medidas contra la pobreza energética. Una enrevesada normativa que crea tres tipos de consumidores (vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social) con derecho a distintos descuentos en la factura, del 25%, el 40% o el 100%, en función de los ingresos y del consumo anual.

Asimismo, prohíbe a las comercializadoras cortar el suministro a los consumidores en riesgo de exclusión social que estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas y siempre que estas administraciones hayan sufragado su factura durante cinco meses.

Tras dicha aprobación se ha abierto un plazo de seis meses para que los beneficiarios del actual bono social se acojan al nuevo mecanismo, siempre que tengan encaje en él. También pueden solicitarlo quienes, sin ser beneficiarios ahora, reúnan los requisitos del nuevo mecanismo. Para ello es imprescindible tener contratado el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) regulado por el Gobierno y al que tienen derecho los domésticos y pymes con menos de 10 kW de potencia contratada.

Las comercializadoras de referencia (COR) que son las suministran con este precio (filiales de las cinco grandes eléctricas de Unesa, principalmente) se han encontrado, no obstante, con un grave problema: en su precipitación por aprobar el nuevo bono y demás medidas contra la pobreza energética antes de la llegada del invierno, el Ministerio de Energía lo ha aprobado sin que esté desarrollada la aplicación informática que permitiría certificar que un cliente tiene derecho al bono social sin que la comercializadora tenga que acceder a sus datos de renta.

Una situación provisional, a la que el ministerio no ha puesto fecha y que obliga a las empresas a solicitar los certificados de declaración de la renta de todos los miembros de la familia de quien solicite el bono. Todas, sin excepción, consideran muy delicado tener que gestionar estos datos, que, por otro lado, muchos clientes se resisten a entregarles.

Según el nuevo mecanismo, los usuarios entregan a la compañía la documentación pertinente que los acredita como beneficiarios, salvo los datos de renta. La compañía se la remite al ministerio que, mediante la citada aplicación, los cruza con Hacienda, y determina, en un plazo de 15 días, si el peticionario tiene o no derecho a recibir el bono social. De esta manera, es el ministerio el que hace la valoración, sin que la eléctrica acceda a los datos del IRPF.

Laboral

El Gobierno no ha presentado los Presupuestos de 2018 por la falta de apoyos en el Parlamento, pero sí envió a la Comisión Europea a mediados de octubre unas líneas generales sobre las próximas cuentas públicas. Un plan presupuestario que implica «injustificables» recortes en el gasto social, según denunció este domingo UGT en un comunicado.

En concreto, el sindicato señala que los recursos destinados a sanidad descienden dos décimas en relación con el PIB respecto a 2017 (pasa de 6% a 5,8%). Una situación que se repite en la partida de educación (del 4% al 3,8%). Asimismo, la partida destinada a protección social cae tres décimas al reducirse del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en la previsión para 2018. Por último, la central dirigida por Pepe Álvarez explica que los gastos relacionados con el empleo (políticas activas y servicios públicos de empleo) se reducen una décima en relación al PIB al caer del 1,9% al 1,8%.

«Esta política presupuestaria no se corresponde con las necesidades de un país en que la tasa de paro es del 16,4%, la precariedad inunda el mercado laboral y hay un crecimiento de las desigualdades», sostiene UGT en el comunicado. Además, el sindicato recuerda que en los últimos tres años la economía española ha crecido por encima del 3% y los beneficios empresariales «ya están en los mismos niveles que antes de la crisis».

Por tanto, considera «inaceptable» que las políticas presupuestarias del Gobierno «continúen escatimando recursos económicos para financiar los servicios públicos». En este sentido, desde el sindicato resaltan que de confirmarse este recorte la brecha entre el gasto público en protección social de España con la media comunitaria aumentaría. En 2015 -último dato disponible de Eurostat- se situó en 2,1 puntos porcentuales. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió la semana pasada que el gasto social nominal -en volumen- de los Presupuestos aumenta.

El Gobierno aumenta las pensiones por la mínima, el 0,25%, mientras los precios escalarán un 1,2%. Los partidos ya descartan llegar a un acuerdo este año para cerrar la reforma clave de la legislatura. La pensión media de 923,2 euros al mes sólo subirá dos euros y treinta céntimos el año que viene. En el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno ha vuelto a incorporar un aumento de las pensiones por la mínima del 0,25%, que no alcanza ni de lejos la escalada esperada de los precios del 1,2% y que llevará a los pensionistas a perder poder adquisitivo por segundo año consecutivo.

En concreto, la pensión media, actualizada con el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo la reforma de 2013, se incrementará el año que viene hasta 925,5 euros mensuales. El problema es que esta fórmula se desvincula de la inflación y se liga al equilibrio presupuestario del sistema, relegando a un segundo plano el mantenimiento del poder adquisitivo. De hecho, si las pensiones subiesen en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) la prensión media aumentaría en 2018 hasta 934,3 euros: casi nueve euros al mes.

El colectivo de pensionistas más numeroso, los jubilados, verán subir su pensión dos euros con sesenta céntimos con el IRP. Así, la pensión media de jubilación, que se encuentra en estos momentos en 1.066,9 euros mensuales, quedará en 2018 en 1.069,5 euros, mientras podría subir más de 10 euros, hasta 1.079,7, si se tuviese en cuenta el incremento previsto de los precios en su actualización, para evitar la pérdida de capacidad de compra.

"Se pierde poder adquisitivo y se va a seguir perdiendo, porque el sistema de pensiones no da para más", asegura tajante el profesor del IEB, Miguel Ángel Bernal -recordemos que el déficit entre ingresos y gastos ronda los 6.000 millones de euros hasta agosto-, quien recuerda, sin embargo, que en los últimos años los pensionistas han ganado capacidad de compra gracias a la caída de los precios. No así en 2017, cuando las previsiones de Funcas y el Banco de España apuntan a un aumento medio anual de la inflación del 1,9 por ciento, mientras las pensiones sólo han subido un cuarto de punto, el mínimo legal.

Hay que remontarse hasta el año 2012 para dar con una merma de capacidad de compra similar. Entonces, el IPC repuntó un 2,4% de media anual, mientras las pensiones sólo se revalorizaron el 1%. Desde ese año, los pensionistas han visto incrementado su poder adquisitivo, año tras año, con la llegada de la inflación negativa. Pero 2016 fue el último ejercicio con tasa media anual del IPC bajo cero (cerró en el -0,2%) y este año el alza de precios podría dispararse hasta rozar el 2%, según los analistas.

Las pistas que proporcionan información sobre la calidad del empleo que se ha recuperado solo apuntan al mantenimiento de las proporciones del temporal y el fijo (27% y 73% respectivamente), y con una tasa de parcialidad en torno al 15%, donde lleva ya casi dos años completos sin movimientos reseñables. En cuando a las remuneraciones del empleo, la contabilidad nacional recoge una ligera contracción de las rentas agregadas de los asalariados, aunque la remuneración unitaria únicamente habría cedido en los trabajadores de nueva incorporación, con un descenso respecto a los trabajadores que ya estaban en las plantillas de un 4% en términos horarios.

El vigoroso crecimiento del empleo en los últimos trimestres ha aliviado especialmente la situación de los hogares. De los 13,36 millones en los que al menos hay un activo hay plena ocupación en 10,23 millones, con un incremento de 134.100 en el tercer trimestre de 2017 y de más de 400.000 en los últimos 12 meses. Con todos los activos en paro hay en España 1,193 millones de hogares, aunque 309.000 de ellos son unifamiliares. Por tanto, los hogares con más de un miembro y pleno desempleo serían solo el 6,44% de los 18,515 millones de hogares constituidos en España.

La evolución del mercado de trabajo tiene un comportamiento territorial asimétrico, que recompone lentamente lo destruido durante los siete años de contracción de la ocupación. Como en todas las recuperaciones, la avanzadilla son los dos archipiélagos, donde la actividad económica es intensiva en el turismo. Tanto es así que la tasa de paro de Baleares está ya por debajo del 10% (9,25%), aunque Canarias en este ciclo la mantiene aún por encima del 20% (21,8%).

No obstante, siguen apreciándose dos velocidades en el empleo, con media docena de regiones acercándose a los valores medios de la Unión Europea (Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña), mientras que otras están muy por encima de la media histórica: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias.

La tasa de paro se ha situado en el tercer trimestre en el 16,38%, frente al 17,2% que marcó en el segundo. La ocupación ha sobrepasado la cota de los 19 millones de personas por primera vez en ocho años. Así, el número de parados se ha reducido en 182.600 personas (un 4,7%), hasta un total de 3.731.700 desempleados, según ha anunciado hoy la Encuesta de Población Activa, (EPA), que el elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 589.100 personas (-13,63%).

"Por sexo, el número de hombres en paro se reduce en 90.700 este trimestre, situándose en 1.810.700. Entre las mujeres, el desempleo baja en 91.900, hasta 1.921.100. La tasa de paro femenina disminuye 84 centésimas y se sitúa en el 18,21%, mientras que la masculina se reduce en 83 centésimas y queda en el 14,80%", indica el informe.

Por sectores, los servicios han sido los que más han recortado el desempleo (con 96.800 parados menos), les siguen la industria (15.600 menos) y agricultura (29.100). Ene l lado contrario se ha situado la construcción, con 4,200 desempleados más.

En cuanto a la creación de empleo, la encuesta refleja que el número de ocupados se ha incrementado entre julio y septiembre en 235.900 personas, hasta un total de 19.049.200, que supone la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2009. El empleo se ha incrementado este trimestre en 163.600 en los hombres y en 72.300 en las mujeres. También los servicios han concretado la mayor creación de puestos de trabajo, con 236.400 nuevos en total.

Si se analiza las diferencias entre el ámbito público y privado, se ve que el sector público ha incorporado 58.300 trabajadores (hasta una plantilla de 3,06 millones), mientras que las filas privadas han incorporado a 177.600 personas, hasta15.987.200.

En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 521.700 personas. El incremento del empleo responde, en parte, al aumento de la población activa, hasta las 22.780.900 personas, ya que este trimestre hay 53.300 personas más que trabajan o buscan empleo y que en el trimestre anterior no lo hacían.

La patronal de las agencias de colocación, Asempleo, calculaba que la EPA del tercer trimestre iba a reflejar una caída del paro hasta una tasa del 16,5% y la suma de 212.000 empleos. Según estas estimaciones, 2017 cerrará con 480.000 nuevos empleos, una cifra que se aleja de la esperada en unas 20.000 personas.

El BOE ha publicado este miércoles la ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una normativa que incluye “una serie de reformas que van dirigidas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora”, según el texto.

Cotización a la Seguridad Social

- Recargos si se ingresa fuera de plazo. Se modulan los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, reduciendo a un 10% el recargo aplicable si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso

- Pluriactividad. Los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, se les tendrán en cuenta “tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial”, como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador. Estos trabajadores tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. Eso sí, tendrán el tope del 50% de las cuotas ingresadas en este régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.

La Tesorería General de la Seguridad Social abonará el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. Se les aplicará las reglas en la cotización

- Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, en el Régimen Especial dela Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda

Las personas que coticen por contingencias comunes en régimen de pluriactividad se establece una deducción, durante 18 meses, del 50%. Mientras tanto, en los 18 meses posteriores esta rebaja será del 25%.

Para aquellos emprendedores que simultáneamente llevan a cabo otra actividad que les incluye en otro régimen tendrán la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente.

Tarifa plana. Ampliación de la cuota reducida de 50 euros, la denominada “tarifa plana”, para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis actuales.

Aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias comunes

Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes: a) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado. b) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a). c) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).

Conciliación entre la vida laboral y familiar de los trabajadores autónomos: - Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación: Por cuidado de menores de doce años que tengan a su cargo, tener a su cargo un familiar en situación de dependencia, por tener a su cargo un familiar con enfermedad mental o discapacidad… - Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción

Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La ley pretende clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con un elevado grado de seguridad jurídica.

- Gastos de suministros: se aclara que la deducibilidad corresponde a la parte de la vivienda que se encuentra afecta a la actividad económica desarrollada por el contribuyente. Pero, dado que este tipo de gastos no admiten criterio de reparto, se ha considerado necesario establecer un porcentaje objetivo, correspondiente a dicho criterio, que se fija en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

- Gastos de manutención: la deducibilidad de los mismos siempre que se cumplan determinadas condiciones, en particular que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago Los autónomos podrán deducirse gastos de manutención: 26,67 euros al día, 48,08 si es en el extranjero siempre que el pago sea realizado en España a través de un medio electrónico y en establecimientos de restauración y hostelería. Si el consumo se realiza en el extranjero la cantidad se eleva a 48,08 euros. Esas cantidades se duplican si además de la consecuencia del desplazamiento se pernocta.

Entrada en vigor: La presente ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE a excepción de los siguientes artículos entrarán en vigor el 1 de enero de 2018: Artículo 1: Nuevo régimen de recargos por ingreso fuera de plazo. Artículo 3: Extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia. Artículo 4. Beneficios en la cotización para personas con discapacidad. Artículo 11. Deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los gastos de suministros de la vivienda.

Disposición final primera Modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores. Segunda Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos dela Seguridad Social. Tercera: Modificación del Reglamento general de recaudación dela Seguridad Social, Novena: Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Mercantil, civil y administrativo

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en octubre en el 1,6% interanual, dos décimas por debajo de la subida de precios de septiembre, que fue del 1,8%, según el indicador adelantado del IPC publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este comportamiento ha influido que los precios de los carburantes han subido menos en octubre de este año que en el mismo mes de 2016.

De confirmarse este dato el próximo 14 de noviembre, el IPC sumaría catorce meses consecutivos en positivo, aunque con este descenso de dos décimas en octubre se situaría en una línea más moderada que a comienzos de año, cuando la inflación se disparó al 3% interanual. En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,9% en octubre con respecto a septiembre.

Asimismo, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- se situó en octubre en el 1,7 % interanual, una décima menos que en septiembre. En términos mensuales, este indicador subió en octubre un 0,6%.

La Comisión Europea ha renunciado, de manera definitiva, a la tramitación del proyecto de reglamento que pretendía reducir los riesgos en el sector financiero para evitar la (re)aparición de entidades demasiado grandes para dejarlas caer (too big to fail, en expresión anglosajona).

La propuesta se ha estrellado en el Parlamento Europeo, donde lleva bloqueada desde 2015 y sin visos de arrancar. Fuentes financieras atribuyen el estancamiento a las maniobras de los eurodiputados franceses, que habrían cerrado filas, por encima de colores políticos, para evitar el acuerdo sobre una propuesta que inquietaba a toda la banca europea, pero, muy en particular, a la francesa.

El hundimiento de la norma también puede convenir a la banca española, porque su introducción hubiera dificultado la expansión de las grandes entidades, en particular, Santander, BBVA y Caixabank. El sector temía que el endurecimiento de los controles a partir de un determinado umbral de activos (100.000 millones de euros) restase atractivo a las posibles fusiones dentro de España y de la zona euro. Esa amenaza ha desaparecido.

“No se prevé un acuerdo”, concluye la Comisión Europea en su programa de trabajo para 2018, aprobado la semana pasada, en el que retira definitivamente la propuesta. El organismo que dirige Jean-Claude Juncker intenta consolarse asegurando que la estabilidad financiera perseguida por la norma “se ha abordado ya con otras medidas, en particular, la entrada en vigor de los brazos de supervisión y resolución de la Unión bancaria”. Pero en Bruselas nadie duda de que el proyecto, calificado hasta ahora de “esencial", ha caído víctima del lobby en contra organizado, sobre todo, por la banca francesa.

Finance Watch, organización no gubernamental que escruta la reforma bancaria, “deplora” la decisión de la Comisión de retirar la propuesta. Y señala que, a pesar de las medidas adoptadas, “ha habido poco progreso en resolver el riesgo sistémico que supone el tamaño, la complejidad y la interconexión entre los grandes bancos”.

El Reglamento era una de las respuestas europeas más drásticas a la crisis financiera y su objetivo era evitar la repetición de unos rescates que requirieron 4,5 billones de euros en ayudas y avales públicos. El proyecto logró el respaldo del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en junio de 2015. Y se anunció entonces como la medida imprescindible para proteger los depósitos de los ahorradores de los riesgos derivados de las actividades de riesgo de las entidades financieras.

El BCE ha celebrado hoy una reunión decisiva, en la que ha dado un primer paso para la retirada gradual de los estímulos monetarios con los que ha combatido con insistencia primero el estallido de la crisis financiera y de deuda soberana, y el peligro de ruptura de la zona euro, y la amenaza de deflación después. Y lo ha hecho lanzando el mensaje inequívoco de que, pese al inicio de esa retirada, el compromiso con los estímulos sigue firme y puede reforzarse en cualquier momento si la situación económica lo exige.

El consejo de gobierno de la institución ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés, en el 0%, y ha anunciado una reducción de las compras de deuda desde los 60.000 millones de euros mensuales a los 30.000 millones al mes a partir de enero y hasta septiembre del próximo año y podría extenderlas en el tiempo si fuera necesario. "En todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación", añade. La institución señala en el comunicado que, si las perspectivas se hacen menos favorables o si las condiciones financieras no contribuyen a elevar los precios, "el BCE se mantiene listo para elevar el programa de compra de deuda en tamaño y/o duración".

El BCE aún está lejos de cumplir con el objetivo de aproximar la inflación de la zona euro al 2% pero hoy ha hecho el primer gesto repliegue de las medidas extraordinarias, bajo la presión de no crear una sacudida en el precio de los bonos, el mayor riesgo de mercado que hoy día aprecian los inversores. Así, el BCE no prevé en ningún caso restringir con dureza la liquidez con la que ha regado la zona euro desde 2012 y, en especial, desde marzo de 2015, cuando comenzó las compras mensuales de deuda.

El comunicado del BCE de hecho explica que el BCE va a seguir reinvirtiendo la deuda en balance que venza "por un extenso período de tiempo después del término de las compras netas y en cualquier caso durante el tiempo que sea necesario". Añade que esto contribuirá a mantener unas condiciones de liquidez favorables. Draghi ha avanzado que las reinversiones por vencimientos de deuda del próximo año serán "masivas". El banco japonés Nomura calcula unos 11.000 millones de euros al mes.

El Banco Central Europeo (BCE) debe poner hoy sobre la mesa cuánto y hasta cuándo replegará su multimillonario programa de estímulos monetarios cuya hoja de ruta expira en diciembre. Las quinielas están echadas.

El organismo que preside Mario Draghi tiene previsto bombear hasta finales de año 60.000 millones de euros al mes a la economía de la eurozona bajo el paraguas de su programa de flexibilización cuantitativa, también conocido como Quantitative Easing (QE) para cimentar la recuperación económica de la zona euro. Pero a dos meses vista, el mercado espera como agua de mayo conocer cuáles son los nuevos planes del organismo monetario más allá de esa fecha, es decir, a partir del año que viene.

Tanto la duración de esas compras de activos a partir de enero como el volumen son las dos grandes incógnitas que el mercado esperar conocer lo antes posible. Aunque en los últimos días ha cobrado especial relevancia la cuantía en la que reducirá sus compras mensuales de activos, más allá incluso que su duración. "Las expectativas van desde un modesto recorte de 5.000 millones de euros, hasta 40.000 millones de euros, con una media que cae alrededor de los 20.000 millones de euros al mes", según indican desde Ebury, la institución financiera especializada en divisas.

Recalibrar el programa de compra de deuda del BCE es la decisión más esperada por los mercados de los últimos tiempos. Reducir las compras de activos a la vez que las dilata en el tiempo para seguir en el mercado tiene implicaciones positivas: retrasa las expectativas de una subida de tipos hasta 2019 (esto a su vez contiene la apreciación del euro), soluciona el problema de la escasez de deuda en mercados como el alemán y minimiza el impacto sobre el mercado de una retirada del QE.

Las quinielas sobre cómo recalibrará el BCE las compras de deuda están sobre la mesa y sólo faltan unas horas para que Draghi pueda desvelar el secreto mejor guardado de la institución monetaria de los últimos tiempos. Hasta el momento lo único que el banquero italiano ha dejado claro son dos cosas: la primera, su disposición a anunciar el repliegue de sus estímulos "en otoño". En realidad, sólo tiene dos oportunidades, la de hoy y la del 14 de diciembre (aunque los expertos dicen que sería demasiado tarde). Y la segunda, que los tipos de interés continuarán en los actuales niveles, el 0%, hasta "bien pasado" el momento en el que termine su programa de compra de activos.

Dada la incertidumbre en torno a esta decisión, el banco japonés Nomura ha planteado tres escenarios diferentes para la retirada gradual de estímulos. No obstante, dos de estos escenarios tienen una similitud, el importe total de deuda que compraría el BCE el próximo año: 240.000 millones de euros.

Así el primero de sus escenarios sería el menos brusco de todos en cuanto al importe que compraría, ya que reduciría en 20.000 millones de euros su programa de compra de deuda, hasta los 40.000 millones mensuales. Estas previsiones están en línea con las de la agencia Reuters. Además, esta reducción cuantitativa estaría en consonancia con la que realizó el organismo monetario en abril al bajar de 80.000 millones a 60.000 el importe de sus compras mensuales. No obstante, el horizonte temporal durante el que Nomura prolongaría esas compras sería de entre tres y seis meses.

La nueva unidad, que empezará a funcionar "en cuanto sea posible", reforzará la investigación de oficio mediante la utilización de herramientas estadísticas para detectar conductas contrarias a la competencia, ha explicado Marín Quemada en una jornada organizada por la Comisión.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha apuntado hoy que el regulador prevé crear una unidad de inteligencia económica para mejorar la detección de conductas colusorias.

Esta unidad, que empezará a funcionar "en cuanto sea posible", reforzará la investigación de oficio mediante la utilización de herramientas estadísticas para detectar conductas contrarias a la competencia, ha explicado Marín Quemada en una jornada organizada por la Comisión.

Esta iniciativa es una de las previstas para afrontar las sentencias contrarias a las resoluciones de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional, junto con la interposición de recursos de casación -que, según Marín Quemada, tienen éxito en el 85 % de los casos-.

Otras planteamientos en esta materia son el refuerzo de la solidez jurídica y económica de las propuestas, dotar de más recursos a la asesoría jurídica y la unidad de instrucción o mejorar la coordinación con la Abogacía del Estado.

Próximamente se publicarán, además, las directrices para la presentación de informes económicos ante la CNMC. En el ámbito específico de la revisión judicial de multas, la CNMC ha analizado su sistema para ajustarlo a la jurisprudencia, lo que se plasmará en un nuevo procedimiento o "indicaciones provisionales sobre la determinación de sanciones".

Además, la Comisión "ha empezado a incluir en sus propuestas de resolución una propuesta de multa", con el objetivo de permitir a la empresa alegar durante el propio procedimiento sin necesidad de judicializarlo, aunque manteniendo el carácter "suficientemente" disuasorio.

Marín Quemada también se ha mostrado dispuesto a celebrar "vistas orales" del consejo de la CNMC en los asuntos "que lo merezcan", para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. A estas proposiciones, el presidente de la CNMC ha unido una serie de retos que no ve a su "alcance", como la independencia del poder político, especialmente en materia de recursos humanos y financieros.

Sector

La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su nulidad absoluta por tener carácter abusivo y no es posible su convalidación mediante la negociación de la entidad crediticia con el consumidor. Así lo establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 16 de octubre, en la que se dictamina que no resulta correcta la afirmación del Juzgado de Primera Instancia de que el contrato resultó convalidado por la petición de los prestatarios de que se les redujera la cláusula suelo al nivel que tenían los contratos de otros compradores de la misma promoción, puesto que "la nulidad de la cláusula suelo no ha quedado subsanada".

El ponente, el magistrado Sarazá Jimena, dice que la "nueva obligación adolecerá de los mismos vicios que la obligación novada, salvo que la voluntad de los interesados pueda y quiera subsanar tales defectos. Para que tal subsanación se produzca, es preciso que se den los requisitos que el artículo 1311 del Código Civil y la jurisprudencia que lo desarrolla establecen para la convalidación de los negocios anulables".

Añade el ponente que este supuesto no entra en la previsión del artículo 1208 del Código Civil, en que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia funda su decisión, sino que este precepto prevé que "la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen".

Por eso, concluye que en este caso se trata de una nulidad absoluta apreciable de oficio y no de una nulidad cuya causa solo pueda ser invocada por el deudor.

Este precepto legal determina la nulidad de la novación cuando también lo sea la obligación novada, salvo que la causa de nulidad solo pueda invocarla el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Pero del mismo, considera Sarazá Jimena, no se deduce que siempre que la nulidad de la obligación novada solo pueda ser invocada por el deudor, la novación suponga necesariamente la convalidación de la obligación novada y la consiguiente subsanación de los defectos de los que esta adolecía.

En el caso enjuiciado, razona el magistrado, la protesta por la inclusión de una cláusula de la que no se advirtió a los prestatarios, pese a su trascendencia, y la petición de que al menos se les reduzca el suelo al fijado en otros contratos de la misma promoción, incluso si se tratara de un vicio subsanable - "que no lo es"-, no podría considerarse en ningún caso como una convalidación del contrato, pues no constituye un acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una situación confirmatoria del mismo.

Se trata solamente de una solicitud dirigida a reducir en lo posible las consecuencias negativas que la cláusula cuestionada tenía para los prestatarios, que no les impide posteriormente solicitar la declaración de nulidad absoluta de tal cláusula y la restitución de lo que el banco ha percibido indebidamente por su aplicación.

Las administraciones públicas tienen la potestad de multar a las entidades financieras que incluyan cláusulas abusivas en sus créditos. Incluso aunque no haya una decisión judicial que condene al banco en cuestión. Así lo ha aclarado este viernes el Tribunal Supremo en un fallo sobre el pulso abierto entre la Junta de Andalucía y Unicaja que sienta doctrina y abre la puerta a que las comunidades autónomas sancionen a la banca por abusar de los consumidores.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo del Supremo recuerda que Ley General para la Defensa de los Consumidores no impone la necesidad de que un juzgado de lo civil declare abusivas las cláusulas de una entidad financiera como condición previa a que la administración correspondiente le imponga una multa, pues la “potestad sancionadora” es suya.

El fallo del Supremo, del que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, corrige el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo de la Junta contra Unicaja por sus cláusulas abusivas.

Los magistrados del Alto Tribunal exponen que el pronunciamiento del Tribunal Superior andaluz es erróneo y gravemente dañoso para el interés general, al contravenir la legislación andaluza y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado este miércoles que el derecho comunitario ampara que las empresas comunitarias establezcan sus sedes sociales en otros Estados miembros diferentes al que están radicadas. La libertad de traslado de la sede social, advierte la Corte de Luxemburgo, está amparada por el Derecho de la Unión incluso cuando las compañías no movilicen su domicilio efectivo, recoge el pronunciamiento.

Aunque el dictamen está ligado al caso concreto de una compañía polaca, y tiene particularidades no extrapolables a cualquier otra coyuntura, la sentencia se produce en medio de la masiva fuga de empresas de Cataluña, a las que se allana el camino a establecer su sede social en otros países de la UE, en lugar de en otras comunidades españolas, como vienen haciendo.

En concreto, cerca de millar y medio de compañías han decidido mover su sede social de Cataluña a otros territorios españoles este mes en busca de mayor seguridad jurídica, pese a que en la mayoría de los casos el movimiento es solo un primer paso que, de momento, no comporta trasladar al personal.

El caso concreto sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la UE es el de Polbud, sociedad constituida en Polonia que, en un acuerdo adoptado por la junta general de socios en 2011, aprobó trasladar su domicilio social a Luxemburgo.

Polbud, sin embargo, no decidió mudar también a la dirección empresarial o el ejercicio efectivo de su actividad económica al país vecino. La compañía, en todo caso, cambio su nombre a Consoil Geotechnik Sàrl y pasó a someterse al Derecho luxemburgués.

La regulación polaca, sin embargo, supuso la puesta en marcha de un procedimiento de liquidación de la compañía original en el Registro Mercantil de Polonia ante la decisión de trasladar su sede social.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reclamado al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales de la Abogacía, uno de los temas centrales de la quinta edición de las jornadas sobre prevención y blanqueo de capitales, que se han celebrado en Palma de Mallorca.

Según indica el propio CGAE en un comunicado, "la Abogacía reitera su compromiso para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y reafirma su voluntad de colaborar con las Administraciones Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas delictivas". Para alcanzar estos objetivos, la Abogacía Española pide al Ministerio de Economía que cree el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales en el Consejo General de la Abogacía como "adecuado cauce de interlocución de los abogados con la autoridad reguladora".

"El CGAE asume las gravosas obligaciones impuestas en materia de prevención del blanqueo de capitales, pero reclama que la prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa de la vulneración de principios fundamentales en un Estado de Derecho, como son el derecho de defensa y el secreto profesional", continúa el comunicado, que señala que una de las funciones esenciales del órgano centralizado debería ser la de consulta en materia de secreto profesional por "ser los colegios de abogados los garantes de la estricta aplicación de las normas deontológicas en el ejercicio profesional".

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.

Según explica el CGAE en una nota informativa, la solicitud de datos de la AEAT -identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal de todos y cada uno de los abogados afectados, lo que podría producir un daño irreversible por la cesión masiva de datos sin respeto a los principios de calidad y proporcionalidad exigidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Para evitar este daño irreversible, la Abogacía ha pedido al TS la suspensión cautelar del acuerdo de 20 de julio de 2017 del CGPJ con la finalidad de impedir la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos de los abogados afectados por el requerimiento de la AEAT.

"El acuerdo del CGPJ impugnado siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta", apunta.

Por otro lado, aseveran desde el CGAE, la cesión de datos a la AEAT vulnera el principio de calidad previsto en la normativa vigente que exige que los datos sujetos a tratamiento deben ser "adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad perseguida".



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