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Los consejos de la semana

Laboral

2018 recoge diez festivos comunes en toda España

El calendario laboral para 2018 recoge un total de 13 días festivos nacionales, de los que 10 se celebrarán de forma conjunta en toda España, según una resolución de la Dirección General de Empleo publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, nueve de los diez días festivos comunes en toda España serán festivos nacionales "no sustituibles" por las comunidades autónomas: 1 de enero (lunes), 30 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (martes), 15 de agosto (miércoles), 12 de octubre (viernes), 1 de noviembre (jueves), 6 de diciembre (jueves), 8 de diciembre (sábado) y 25 de diciembre (martes).

Además a estos festivos se suma otro más, el 6 de enero, Día de Reyes (sábado), que será fiesta en todas las comunidades autónomas porque ninguna región ha decidido cambiar este festivo a otro día.

Junto a estos diez festivos nacionales figuran tres más que las comunidades autónomas pueden sustituir: el 19 de marzo (San José); el 29 de marzo (Jueves Santo) y el 25 de julio (Santiago Apóstol).

El 19 de marzo (lunes) sólo será festivo en Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que el 29 de marzo (Jueves Santo) será festivo en toda España menos en Cantabria y Cataluña. El 25 de julio (miércoles) sólo será festivo en Galicia.

A todos estos días festivos hay que sumar el día que cada comunidad autónoma establece como fiesta propia, y los días festivos locales de cada ciudad.

Un festivo más

En 2018 vuelve a añadirse como festivo nacional el 1 de enero (Año Nuevo), que no se recogía en el calendario de festivos de 2017 porque caía en domingo.

De este modo, en 2018 habrá un festivo más que en 2017, cuando sólo hubo nueve festivos comunes en toda España.

Mercantil, civil y administrativo

¿Cómo sentirse Seguro siendo emprendedor?

Ante la posibilidad de un siniestro, un seguro no es un gasto sino una inversión y es que la prevención debe ser parte de su negocio como emprendedor.

El emprendedor en su nueva andadura, lo único que verdaderamente tiene claro y “asegurado” es que a partir de la puesta en marcha de su negocio será el responsable principal y deberá estar protegido.

Cuando utilizamos el término "emprendedor" nos referimos tanto a autónomos que trabajan por cuenta propia, como a empresas en las que no rige el principio de limitación de responsabilidad. Esto es, titulares de negocios que exponen su patrimonio personal ante cualquier pérdida o siniestro acaecido en el desarrollo de su actividad.

El riesgo está siempre presente, es aquello que puede acontecer en un futuro más o menos cercano y que nos preocupa por sus consecuencias negativas.

Los riesgos a los que habitualmente se enfrenta un emprendedor pueden ser de varios tipos:

Riesgos sobre las personas que se refieren fundamentalmente a los accidentes en el trabajo y a las enfermedades profesionales ( propias y de empleados, en su caso); riesgos sobre el patrimonio que afectan a los activos materiales e inmateriales que posee la empresa (inmuebles, mobiliario, maquinaria, materias primas...); riesgos sobre la responsabilidad por daños ocasionados a terceros perjudicados y riesgos sobre los ingresos que afectan a los resultados de gestión derivados de la posible paralización de la actividad empresarial.

Dentro de estos últimos merece especial mención, por su lamentable actualidad, los que cubren la pérdida de beneficios por ciberataques, los gastos de restitución del sistema informático a la situación anterior al fallo en la seguridad, así como la responsabilidad frente a terceros por el robo de datos

¿Cómo puede cubrir su responsabilidad?

En primer lugar, contratando un seguro de Responsabilidad Civil para que si la actividad empresarial provoca algún daño a alguien no haya que responder con el patrimonio propio, sino que se haga cargo una aseguradora.

También creemos que es conveniente suscribir un seguro de Comercio o Negocio, que le proteja ante los daños, robos, ciberataques y otros siniestros. Si hay empleados, no se olvide del seguro de Accidentes. Y si la actividad empresarial se realiza con vehículos, recuerde que es obligatorio el contar con un seguro de coche que incluya Responsabilidad Civil.

El emprendedor también debe considerar los riesgos que gravitan sobre su propia persona por lo que necesitará un seguro de Vida que cubra el riesgo de muerte, y el de invalidez permanente o total. También, una póliza de Accidentes y un seguro de Salud para que caer enfermo no signifique dejar de percibir ingresos, y pagar por asistencia sanitaria.

Todo incluido

Dentro del ramo multirriesgo, muchas compañías ofrecen pólizas que agrupan en un solo pack los seguros más útiles para el emprendedor. Su ventaja está en la comodidad de pagar una sola póliza y tener un solo interlocutor.

Las coberturas que suelen incluir para autónomos son Vida, Salud, Responsabilidad Civil y Multirriesgo para comercios u oficinas y para pymes: seguros colectivos de salud (emprendedor y empleados), responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil para consejeros y directivos, multirriesgo para oficinas o industria y ciberataques

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda preparan la creación de un grupo de trabajo para que elabore una propuesta de modificación de la actual fiscalidad ambiental, con el objetivo puesto en que se aplique en 2019.

Según figura en el borrador del Plan Nacional de Calidad del Aire, el sistema fiscal actual tiene margen para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, y en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos.

En los últimos años organismos internacionales y expertos en la materia han formulado recomendaciones a España para que afronte un proceso de adaptación de la fiscalidad ambiental a la media comunitaria, en el marco de una reforma fiscal verde, indica el Ministerio.

La OCDE, en el informe 'Environmental Performance Review of Spain 2015', recomienda cambios en los impuestos sobre la energía y transporte y propone diseñar nuevos tributos. Además, la OCDE plantea suprimir algunas medidas fiscales actualmente en vigor. Por ejemplo, el organismo defiende un aumento de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.

En el mismo sentido, la Comisión Europea, en el Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU28, propone reformular algunas de las figuras fiscales ya existentes o diseñar nuevos impuestos especialmente los que afectan a la contaminación y recursos. Para ello recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En febrero de este mismo año, el documento de trabajo de la Comisión sobre la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, Informe de España, incide en que hay margen para revisar los impuestos medioambientales e identifica como un reto fundamental la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que aplique un IVA reducido a la electricidad, por tratarse de un bien esencial. Según informa el Defensor del Pueblo, esta petición se produce porque "la electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales, como el disfrute de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud de las personas".

Sin embargo, este bien de primera necesidad no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos. Según recuerda el Defensor del Pueblo en su escrito, la regulación sobre el IVA prevé un tipo impositivo reducido para bienes o servicios de primera necesidad.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el reglamento (un real decreto y una orden ministerial) que desarrolla el real decreto ley convalidado por el Congreso de los Diputados a finales de enero que regula el nuevo bono social de la tarifa eléctrica y establece medidas contra la pobreza energética. Una enrevesada normativa que crea tres tipos de consumidores (vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social) con derecho a distintos descuentos en la factura, del 25%, el 40% o el 100%, en función de los ingresos y del consumo anual.

Asimismo, prohíbe a las comercializadoras cortar el suministro a los consumidores en riesgo de exclusión social que estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas y siempre que estas administraciones hayan sufragado su factura durante cinco meses.

Tras dicha aprobación se ha abierto un plazo de seis meses para que los beneficiarios del actual bono social se acojan al nuevo mecanismo, siempre que tengan encaje en él. También pueden solicitarlo quienes, sin ser beneficiarios ahora, reúnan los requisitos del nuevo mecanismo. Para ello es imprescindible tener contratado el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) regulado por el Gobierno y al que tienen derecho los domésticos y pymes con menos de 10 kW de potencia contratada.

Las comercializadoras de referencia (COR) que son las suministran con este precio (filiales de las cinco grandes eléctricas de Unesa, principalmente) se han encontrado, no obstante, con un grave problema: en su precipitación por aprobar el nuevo bono y demás medidas contra la pobreza energética antes de la llegada del invierno, el Ministerio de Energía lo ha aprobado sin que esté desarrollada la aplicación informática que permitiría certificar que un cliente tiene derecho al bono social sin que la comercializadora tenga que acceder a sus datos de renta.

Una situación provisional, a la que el ministerio no ha puesto fecha y que obliga a las empresas a solicitar los certificados de declaración de la renta de todos los miembros de la familia de quien solicite el bono. Todas, sin excepción, consideran muy delicado tener que gestionar estos datos, que, por otro lado, muchos clientes se resisten a entregarles.

Según el nuevo mecanismo, los usuarios entregan a la compañía la documentación pertinente que los acredita como beneficiarios, salvo los datos de renta. La compañía se la remite al ministerio que, mediante la citada aplicación, los cruza con Hacienda, y determina, en un plazo de 15 días, si el peticionario tiene o no derecho a recibir el bono social. De esta manera, es el ministerio el que hace la valoración, sin que la eléctrica acceda a los datos del IRPF.

Casi 50.000 empresas están aplicando el Suministro Inmediato de Información (SII), lo que significa que envían los datos de IVA a la Agencia Tributaria en tiempo casi real. El nuevo sistema es el cambio de gestión en el principal tributo indirecto más importante desde que se introdujo el IVA en España en 1986.

A partir de julio, las grandes empresas -aquellas que facturan más de seis millones de euros-, las compañías adscritas al régimen de devolución mensual (Redeme) o los grupos de IVA deben enviar en un plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguró hoy durante su intervención en el congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla que casi 50.000 empresas se han incorporado al nuevo sistema.

El SII ha exigido que las empresas modificaran su organización interna y sus modelos de facturación. Menéndez minimizó el coste económico que ha supuesto adecuarse al IVA en tiempo real y destacó que conlleva más ventajas que perjuicios. Las 50.000 empresas suman el 90% del censo de compañías que por su tamaño o características deben aplicar el SII. Si se excluyen las sociedades exentas de liquidar el impuesto, el porcentaje aumenta al 97%. La Agencia Tributaria ya se ha puesto en contacto con estas compañías y, de momento, no ha aplicado sanciones.

Hacienda ha recibido información de 700 millones de facturas expedidas y recibidas. Unas 10.000 empresas adheridas al Redeme -y que por lo tanto estaban obligadas a informar del IVA en tiempo real- solicitaron su baja de este sistema. Menéndez se mostró convencido de que se irán reincorporando a medida que el conocimiento del funcionamiento del SII se amplíe. De hecho, señaló que la tendencia será que incluso las empresas que no están obligadas a informar del IVA en tiempo real opten por el nuevo modelo de gestión. Aun así, no está previsto forzar por ley a las pymes a aplicar el SII.

Hacienda pone en valor que el nuevo sistema permite que a las compañías contrastar la información procedente de terceros. Además, los adscritos al SII ya no deben presentar los modelos fiscales 347, 340 y 390. Y el pago del IVA se amplía del día 20 del mes al 30.

Aun así, la patronal CEOE criticó el poco plazo que han tenido las empresas para cumplir con el SII y defendieron, sin éxito, que la entrada en vigor se retrasara hasta el 1 de enero de 2018. A partir de esa fecha, el margen de ocho días para informar del IVA de las empresas bajará a cuatro días.

Los inspectores de Hacienda han reclamado más facultades en la lucha contra la corrupción, para lo que han pedido que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria (AEAT) todas las declaraciones de bienes y rentas y la participación en sociedades de políticos de distintas administraciones, como la información que presentan los diputados en el Congreso.

Han pedido que se tipifique como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de estos datos, reforzar la denuncia pública y potenciar la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo han solicitado en la inauguración del XXVII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), que se celebra en Sevilla, donde también han planteado la creación de una Policía fiscal dependiente de la AEAT a partir de las unidades de vigilancia aduanera.

El presidente de IHE, José Luis Groba, ha presentado un documento con sus propuestas para la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria (AEAT), una petición inatendida del colectivo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contemplado en momentos de crisis institucionales, como cuando se produjo una catarata de ceses y dimisiones en la AEAT tras unas discrepancias internas por unas multas a la cementera Cemex en noviembre de 2013.

Además, los inspectores piden más independencia del Ministerio de Hacienda. Groba ha propuesto desligar al secretario de Estado de Hacienda, actual presidente de la AEAT, del organigrama de la AEAT, y que sus funciones las asuma el director, que sería elegido por el Parlamento. La Cámara, además, incrementaría su control sobre la AEAT, han propuesto.

El bloqueo político al que se enfrenta el Partido Popular en el Congreso ha paralizado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha obligado al Gobierno a enviar a Bruselas un Plan Presupuestario sin cambios de política económica, esto es, con la prórroga presupuestaria. En este plan, el Ejecutivo detalla sus previsiones de ingresos y gastos para 2018, un ejercicio que todavía es exigente desde el punto de vista del ajuste del déficit, ya que España tiene que ajustar su desfase del 3,1% del PIB al 2,2%.

El Gobierno considera que sin cambios de política fiscal y simplemente con las bondades del ciclo económico, el déficit caerá hasta el 2,3% del PIB, un ajuste que se apoya principalmente en el aumento de los ingresos. El Ministerio de Hacienda estima que la recaudación por impuestos y cotizaciones del conjunto de las administraciones públicas aumentará en 18.600 millones de euros (respecto a su estimación para este año). Un incremento que hará que la presión fiscal alcance el próximo año el 34,9% del PIB, la más alta desde 2007 (según la metodología de cálculo de Eurostat).

El desplome de la recaudación durante la crisis hundió la presión fiscal hasta el 30,3% en 2009, pero las subidas de impuestos del Gobierno, unidas a la recuperación de la economía, han permitido elevar este indicador hasta el 34,7% en 2017, y subirá otras dos décimas más en 2018.

Hacienda estima que los "cambios normativos", unidos a la recuperación de la actividad económica y la inflación, permitirán que la recaudación crezca más rápido que el PIB. Como consecuencia, la presión fiscal seguirá subiendo y ayudará a cerrar el déficit. Eso sí, si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante los Presupuestos para 2018, la recaudación total podría ser mayor, o menor, en función de las medidas impositivas que adopte. La lógica invita a pensar que, si quiere aumentar el gasto público para elevar el sueldo de los funcionarios, tendrá que apretar más por la vía de los ingresos para cuadrar el déficit.

El Ejecutivo considera que la recaudación por impuestos y cotizaciones crecerá en 2018 un 4,6%, por encima del ritmo del PIB nominal (PIB real + inflación), que será del 4% según su propio cuadro macroeconómico. El principal motor de la recaudación serán los impuestos directos, en especial IRPF y sociedades, que crecerán un 6%, unos 7.200 millones más que en el ejercicio precedente. La recuperación de los beneficios empresariales y las rentas salariales permitirán tal incremento de la recaudación sin elevar los tipos nominales. Por ejemplo, en el caso del IRPF la recaudación es progresiva, por lo que cuando un trabajador pasa de un tramo a otro más alto, la presión tributaria que soporta sobre su renta es mayor.

El Gobierno también maneja unas estimaciones ambiciosas para los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Según sus estimaciones, crecerán en torno a un 4%, esto es, al mismo ritmo que el PIB nominal, un nivel difícil de alcanzar si se compara con las cifras de este año. Según las propias cifras del Plan Presupuestario, los ingresos por cotizaciones crecerán en 6.000 millones en 2017 y en 5.700 millones en 2018, una cifra muy similar pese a que la creación de empleo se va a ralentizar. Sin embargo, si la recuperación económica se asienta en un empleo de más calidad o en una subida de los salarios, las cifras pueden cuadrar.

El objetivo de ingresos totales que se marca el Gobierno para el próximo año asciende al 38,3% del PIB. Esto es, sumando a la recaudación el resto de recursos procedentes de empresas públicas, precios, tasas, etc., que alcanzarán el dato más alto desde 2014.

Laboral

Los Veintiocho ministros de Empleo de la UE acordaron ayer in extremis en Luxemburgo iniciar las negociaciones para reformar la directiva comunitaria de trabajadores desplazados. El acuerdo llegó tras una larga jornada de intensas negociaciones que terminó bien pasada la madrugada y en la que la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, tuvo un papel protagonista.

Primero, España -junto a Irlanda y Portugal-, se alineó con el grupo de países del Este que más firmemente rechazaban esta equiparación de las remuneraciones, perseguida sobre todo por Francia, Bélgica, Alemania e Italia –los principales países que sufren el dumping salarial de trabajadores de otros Estados miembros que se desplazan a trabajar en sus mercados-. Si bien el motivo de que España se pusiera del lado del bloque del Este no fue porque rechazara la equiparación salarial, sino que defendía que estas medidas no se aplicaran al sector del transporte.

Finalmente, fuentes conocedoras del encuentro aseguraron esta madrugada que Báñez fue una de las principales mediadoras que consiguió que esta directiva no se aplique a los transportistas internacionales y de cabotaje, a la espera de que se pacten medidas específicas para el sector, dentro del denominado “paquete de movilidad” que incluye nuevas normas europeas y que se está negociando desde junio.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que participó junto a Báñez en estas negociaciones, ha declarado hoy a Cinco Días que desde el Ministerio de Empleo están “muy satisfechos, primero por haber logrado sacar adelante esta directiva; segundo, por haber conseguido que no se aplique al sector del transporte; y, en tercer lugar, porque la foto final de la negociación es una norma que, aunque no tenga un apoyo unánime, tampoco ha dividido a Europa en dos bloques”. El texto final se aprobó con cuatro votos en contra y tres abstenciones.

Otra de las cuestiones que dividía a los distintos países europeos era el plazo a partir del cual a un trabajador desplazado se le aplican todas las normas laborales del país. Finalmente, el punto se los llevaron los países más empeñados en endurecer esta normativa, Francia fundamentalmente. Así todas las leyes laborales del país donde trabajen les serán de aplicación a partir de los doce meses de estancia, frente a los 24 meses que defendía el bloque del Este. Además, a estos doce meses se sumarán otros seis meses “si hay una notificación motivada” del proveedor de servicios.

Así, salvados todos los escollos, los Veintiocho lograron ayer conseguir la posición común que Europa exige para poder negociar cualquier directiva. Ahora le toca el turno al Parlamento comunitario, cuyos diputados previsiblemente votarán entre hoy y el jueves, su postura sobre el texto propuesto por la Comisión Europea que abordaron ayer los ministros. A partir de esta votación, empezarán las negociaciones a tres bandas –Comisión, Parlamento y Estados—para sacar adelante esta normativa.

Por lo tanto, esto acaba de empezar. La equiparación salarial aún podría tardar varios años en aplicarse. De momento tras las negociaciones de los detalles de la futura directiva, los Veintiocho tendrán hasta tres años para trasponerla a las respectivas normativas nacionales y un año más para aplicarla. Si bien, Riesgo ha asegurado hoy que España tiene la intención de transponer la norma inmediatamente tras su aprobación.

Las señales que apuntan a que el mercado de trabajo continúa recuperando con firmeza el pulso se mantienen. La buena marcha de la economía española se sigue notando este año de forma especial en el empleo y esta nueva mejora permitirá un año más reducir otra vez los gastos que el Estado destina a pagar las prestaciones por desempleo.

Este 2017 la economía crecerá un 3,1%, el paro bajará al 17,2% de la población activa y se crearán unos 500.000 puestos de trabajo. Este tirón del empleo reducirá a su vez los recursos destinados a sufragar las políticas pasivas. El presupuesto que la Seguridad Social dedica a satisfacer estas ayudas se recortó ya en un 21,7% este año y los Presupuestos ya tenían previsto un descenso del 7%.

Hasta el pasado mes de agosto, últimos datos disponibles, las cuantías destinadas a pagar el desempleo disminuyeron en casi un 7,5%. De los más de 12.600 millones de euros que se desembolsaron en los ocho primeros meses de 2016 se ha pasado a dedicar cerca de 11.700 millones este año. Hay ya, por tanto, un colchón superior a los 900 millones de euros, según se refleja en las estadísticas que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ya en 2016 la caída del gasto fue muy superior a la prevista en los Presupuestos y el ahorro para el Estado en esta partida fue de 4.000 millones de euros. Esta reducción ha dado oxígeno a las cuentas públicas en los últimos ejercicios.

La factura de prestaciones y subsidios del paro fue una de las que más creció durante la crisis económica debido al fuerte impacto que tuvo sobre el mercado de trabajo. Pasó de 15.300 millones de euros en 2007 a superar holgadamente los 32.000 millones en 2010 y se mantuvo en estas cantidades hasta 2012, año en el que el desempleo escaló hasta superar los seis millones de parados con una tasa sobre población activa del 26,02%. Los seis largos años de crisis económica se dejaron por el camino cerca de cuatro millones de puestos de trabajo. Hoy se han recuperado la mitad de estos empleos.

De superar la cifra récord de 32.000 millones de euros se pasó a gastar 18.600 millones en 2016 y a rebajarse en un principio hasta los 18.300 millones presupuestados para este ejercicio. Una estimación que es difícil que se cumpla, a tenor de la evolución que está teniendo la factura del desempleo mes a mes, según reflejan los datos que maneja el Departamento que dirige Fátima Báñez.

Si se mantiene un gasto en torno a unos 1.400 millones de euros en cada uno de los cuatro meses que restan por contabilizar para cerrar el ejercicio, el presupuesto final quedaría en 17.300 millones. Esto supone que el Gobierno se encontraría con una hucha de unos 1.400 millones de euros para destinar a otros fines sociales. El propio Plan de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado lunes establece que el gasto en prestaciones por desempleo se elevará hasta 17.700 millones en 2017 (la previsión presupuestaria era de 600 millones más).

Es decir, que a tenor de las estadísticas el cálculo también es superior al que se registrará cuando acabe 2017. Este año será la segunda vez en los últimos diez años en el que el capítulo del desempleo bajará de los 20.000 millones. La última vez que se marcó ese nivel de gasto fue en 2008, con 18.162 millones. En 2012 se disparó hasta 31.678 millones.

Los ministros de Empleo de los gobiernos de la UE intentarán cerrar un acuerdo este lunes sobre nuevas normas laborales para trabajadores desplazados, que buscan frenar el 'dumping' social dentro del bloque comunitario, a pesar de la división que todavía existe entre las capitales al respecto.

El objetivo de los ministros es consensuar una posición común de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo, que también debe fijar sus líneas rojas sobre la reforma de la directiva que regula los derechos de aquellos trabajadores que son desplazados por su empresa a otro país del bloque comunitario para prestar un servicio durante un tiempo determinado.

La Comisión Europea presentó una propuesta en marzo de 2016 para igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores desplazados a las que tienen los empleados locales. La normativa vigente sólo exige que los desplazados cobren el salario mínimo del país de acogida.

El enfoque de Bruselas tiene el apoyo de socios como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica o Austria. Pero al mismo tiempo, ha sido muy criticado por una decena de países, principalmente del este (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía), pero también por otros como España, Portugal o Irlanda.

El debate sobre la revisión de la directiva ha alcanzado durante los últimos meses las esferas políticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, realizó una gira este verano por los países del este del bloque comunitario para intentar convencer a sus gobiernos. La cuestión también formó parte de la reunión que Macron y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron el pasado jueves en los márgenes de la cumbre europea.

España no está en condiciones de apoyar la propuesta del Ejecutivo comunitario si no es modificada, según han señalado fuentes diplomáticas. El principal obstáculo concierne al sector del transporte por carretera y el cabotaje.

La Comisión Europea quiere incluir a este sector dentro de las normas generales para trabajadores desplazados, mientras que la delegación española reclama que la naturaleza de esta actividad "no justifica ni aconseja que se apliquen sin más" las reglas de trabajadores desplazados.

En España existen más de 210.000 trabajadores que podrían ser calificados como falsos autónomos. Esta denominación se refiere a aquellos empleados que trabajan para una empresa como si fueran asalariados. Sin embargo, la relación entre ambas partes se hace bajo la figura del autónomo.

Esto supone que el trabajador que se encuentra en esta situación ve vulnerados sus derechos laborales. Al ser falso autónomo, no tiene derecho a vacaciones, cotiza él a la Seguridad Social en lugar de hacerlo la empresa y tampoco cuenta con derecho a cobrar durante la baja si se pone enfermo o tiene un accidente.

Una situación que se da, sobre todo, entre los más jóvenes. Debido a la tarifa de 50 euros, muchas empresas han optado por esta fórmula de contratación para ahorrar gastos de empleabilidad. Este fraude supone un costo de más de 560 millones de euros a la Seguridad Social.

La Seguridad Social realiza anualmente una serie de acciones para detectar este tipo de fraudes. Sin embargo, las inspecciones han caído en picado en el 2017.Según los datos de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2015 y 2016 se realizaron un total de 6.096 investigaciones. 3.376 en 2015 y 2.720 en 2016. Mientras, en 2017, se han realizado hasta la fecha 887. La cifra más baja desde 2012, donde las inspecciones ascendieron a 634.

Estas cifras han sido aportadas por el Gobierno, en sesión del Congreso, y a petición de una pregunta escrita formulada por el Grupo Socialista en dicha Cámara. En esa misma respuesta, el Gobierno adelanta un cambio en la estrategia de persecución de este tipo de infracciones.

En un informe publicado hoy sobre el aumento de las desigualdades en la tercera edad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace notar que en España esos dos grupos son particularmente vulnerables debido a los menores periodos de cotización, que se traducen en menores derechos de pensión.

Los autores del estudio destacan que el país sufre un alto nivel de desempleo (sigue siendo el doble del que había antes de la crisis) y que la tasa de actividad (porcentaje de personas con empleo respecto a la población en edad de trabajar) es a su vez netamente inferior a la media.

Pero hacen hincapié en que ese fenómeno golpea muy en particular a los que tienen un bajo nivel de educación, con una tasa de desempleo (26%) que duplica con creces la de los que disponen de estudios superiores (11%).

El problema de la exclusión del mercado laboral es especialmente acuciante con los jóvenes, pero concierne también a los activos de mayor edad, como lo pone en evidencia el porcentaje de los que tienen un empleo en el grupo de 55 a 64 años: un 49% en España frente al 59% de media en la OCDE.

En ese grupo de edad destaca la brecha entre los que tienen un bajo y un elevado nivel educativo, con una tasa de empleo 22 puntos porcentuales inferior para los primeros. En el caso de las mujeres, la diferencia se agranda todavía más, hasta los 35 puntos.

La OCDE precisa que mientras la tasa de empleo de las mujeres con alta cualificación (65%) se acerca a la de los hombres con igual educación (68%), el diferencial hombres-mujeres pasa a ser de 16 puntos porcentuales con baja formación.

Para los colectivos que no van a cubrir el periodo de cotización, eso significará jubilaciones bajas, porque el otro elemento que marca el escenario español, es que es uno de los países en los que más se va a acelerar el envejecimiento.

Hasta el punto de que a mediados de siglo será el segundo país más envejecido, en términos de mayores de 65 años en relación con el grupo de 20 a 64 años (75,5%), sólo por detrás de Japón (77,4%) y muy lejos del 53,2% de media en la OCDE.

Esa tasa de dependencia, relevante para perfilar la financiación del sistema de pensiones, se va a agravar en España desde 2015 (cuando era del 30,4%, frente al 28% de media en la OCDE) a un ritmo sólo superado por Corea del Sur (donde pasará del 19,8% al 71,8%).

Mercantil, civil y administrativo

La nueva unidad, que empezará a funcionar "en cuanto sea posible", reforzará la investigación de oficio mediante la utilización de herramientas estadísticas para detectar conductas contrarias a la competencia, ha explicado Marín Quemada en una jornada organizada por la Comisión.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha apuntado hoy que el regulador prevé crear una unidad de inteligencia económica para mejorar la detección de conductas colusorias.

Esta unidad, que empezará a funcionar "en cuanto sea posible", reforzará la investigación de oficio mediante la utilización de herramientas estadísticas para detectar conductas contrarias a la competencia, ha explicado Marín Quemada en una jornada organizada por la Comisión.

Esta iniciativa es una de las previstas para afrontar las sentencias contrarias a las resoluciones de la CNMC por parte de la Audiencia Nacional, junto con la interposición de recursos de casación -que, según Marín Quemada, tienen éxito en el 85 % de los casos-.

Otras planteamientos en esta materia son el refuerzo de la solidez jurídica y económica de las propuestas, dotar de más recursos a la asesoría jurídica y la unidad de instrucción o mejorar la coordinación con la Abogacía del Estado.

Próximamente se publicarán, además, las directrices para la presentación de informes económicos ante la CNMC. En el ámbito específico de la revisión judicial de multas, la CNMC ha analizado su sistema para ajustarlo a la jurisprudencia, lo que se plasmará en un nuevo procedimiento o "indicaciones provisionales sobre la determinación de sanciones".

Además, la Comisión "ha empezado a incluir en sus propuestas de resolución una propuesta de multa", con el objetivo de permitir a la empresa alegar durante el propio procedimiento sin necesidad de judicializarlo, aunque manteniendo el carácter "suficientemente" disuasorio.

Marín Quemada también se ha mostrado dispuesto a celebrar "vistas orales" del consejo de la CNMC en los asuntos "que lo merezcan", para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. A estas proposiciones, el presidente de la CNMC ha unido una serie de retos que no ve a su "alcance", como la independencia del poder político, especialmente en materia de recursos humanos y financieros.

Los envíos de publicidad con recomendaciones a los clientes de banca a través del correo electrónico, de las cartas clásicas o de llamadas telefónicas se frenarán una vez que entre en vigor en España la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor a partir de 2018. El borrador de la reforma de la Ley del Mercado de Valores, sometido a consulta pública hasta el 18 de septiembre, incluye una novedad de amplio alcance para la banca.

En el texto, que todavía puede ser retocado antes de su aprobación, se ha eliminado una parte clave: “No se considerará que constituyan asesoramiento [...] las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial”.

El borrado de esa aclaración abre la caja de los truenos en el sector financiero, pues la publicidad que envían a sus clientes es susceptible de ser considerada asesoramiento. Esto abre la puerta a que los bancos tengan que hacerles un test de idoneidad para comprobar que la recomendación es adecuada para esa persona.

El ministerio que dirige Luis de Guindos baraja esta posibilidad. Si las restricciones en el cobro de incentivos se mantienen en el texto final, las entidades tendrán que ofrecer asesoramiento de calidad para el gran público, u ofertar una gama variada de productos de terceros. El cambio respecto a la directiva original aprobada en 2014 es sustancial.

Una parte de las entidades financieras utiliza desde hace años las comunicaciones comerciales en cualquiera de sus formatos para señalar con el dedo productos financieros como fondos de inversión que son, a su juicio, muy interesantes para los clientes a los que se dirigen. Y así se lo hacen saber a través de comunicaciones específicas.

Todavía queda por desarrollar una avalancha normativa sobre esta cuestión, pero el primer paso ya se ha dado, al eliminar el mencionado enunciado que, hasta ahora, daba carta blanca a las comunicaciones comerciales de carácter genérico.

Las Administraciones repartieron, a lo largo de 2016, casi 11.300 millones en subvenciones de todo tipo. Una cantidad "ni grande ni pequeña" de no ser porque los expertos alegan problemas de transparencia y justificación, especialmente en las esferas autonómica y local. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el capítulo de subvenciones es el quinto más caro para el sector público.

En concreto, y según datos de los Presupuestos del Estado 2016 y del plan presupuestario 2018 remitido a Bruselas, las pensiones siguen suponiendo la mayor porción de gasto, con cerca de 140.000 millones. Le sigue la remuneración de funcionarios, que supera los 121.000 millones; la partida de intereses de deuda, de más de 31.405 millones; y la de desempleo, de 18.600 millones el año pasado. Después, y, en quinto lugar, aparecen las subvenciones, con 11.299 millones.

De esa cantidad total, 5.121 millones fueron repartidos por el Estado, mientras que las autonomías concedieron 2.500 millones y las corporaciones locales, 1.470. La Seguridad Social también las otorgó, por valor de 2.100 millones.

En 2017, y pese a la ausencia de Cuentas Públicas hasta julio, el volumen de subvenciones repartidas por las distintas administraciones apenas se reduce. Según el citado plan presupuestario, se han concedido un total de 5.580 millones.

"Es una cifra respetable", asegura Valentín Pich, presidente del Consejo de Consejo General de Colegios de Economistas, quien aun así no quiere valorar si excede lo debido. "Lo importante es que quede justificado por qué se concede una subvención, que al fin y al cabo va a provocar una distorsión en la economía de mercado". Él cree que las subvenciones deben llegar a ámbitos donde se compruebe que esa economía de mercado no funciona bien, aunque prefiere no juzgar algunas ayudas de las que hoy por hoy se conceden.

Larga es la polémica en torno a las subvenciones a las renovables, con economistas como Daniel Lacalle recordando el déficit de tarifa como un "monstruo" creado con ayudas. O las otorgadas al carbón, más de 750 millones anuales según un informe de la organización Overseas Development Institut y por el que ponen gritos en el cielo desde los liberales hasta Greenpeace.

El Tribunal de Justicia de la UE recordó que ya se ha declarado "en numerosas ocasiones" que las normativas nacionales que establecen vetos generales a las ventas a pérdida son contrarias a la directiva. La legislación española que prohíbe de forma general las ventas a pérdida, aquellas que se realizan a un precio inferior a su coste, es contraria a la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, según indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia publicada hoy.

La corte con sede en Luxemburgo recordó que ya se ha declarado "en numerosas ocasiones" que las normativas nacionales que establecen vetos generales a las ventas a pérdida son contrarias a la directiva. Asimismo, subrayó que los Estados comunitarios no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en la norma de la UE, "ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores".

El TJUE se pronunció en ese sentido a raíz de la multa de 3.001 euros impuesta por la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la región de Murcia a la empresa mayorista Europamur Alimentación, que vende productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio "a precios competitivos". La sanción administrativa se estableció al considerar que se había incumplido la prohibición de venta con pérdida de la legislación española en materia de comercio minorista (Ley de Ordenación del Comercio Minorista o LOCM, de 1996).

De todas formas, el Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Murcia pidió al TJUE determinar si la normativa española es compatible con la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Entre otros motivos, Europamur alegó que era necesario "preservar la capacidad competitiva del pequeño comercio, de modo que este pueda alinear sus precios con los de los competidores". En cuanto a la administración regional, sostuvo que el régimen de sanciones de la LOCM, "especialmente previsto para defender los intereses de los consumidores", es independiente de la Ley de Competencia Desleal, que regula las relaciones de los agentes económicos entre sí.

El Tribunal de Justicia reconoció en su sentencia que el ámbito de aplicación de la directiva se circunscribe a las prácticas comerciales desleales de empresas que perjudican directamente los intereses económicos de los consumidores. Por tanto, considera que no sería aplicable a las transacciones entre profesionales. El tribunal de la UE considera que en este caso el derecho nacional ha posibilitado la aplicación de las disposiciones de la directiva a una situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación de esa misma directiva.

Según indicó el TJUE, la prohibición en la legislación española se aplica "tanto a las ventas entre mayoristas y minoristas como a las ventas entre minoristas y consumidores". Agregó que la normativa española considera que la venta con pérdida "es una práctica comercial desleal en sí misma" y que los jueces y tribunales nacionales no pueden determinar si tiene o no carácter desleal en cada caso.

La ley nacional prohíbe las ventas al público con pérdida, fuera de las ventas de saldos y ventas en liquidación, "a menos que, quien las realice, tenga por objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar, significativamente, a sus ventas, o se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su inutilización".

La inversión en la creación de empresas en España se situó en 1.626 millones de euros durante los seis primeros meses del año actual, lo que supone un descenso del 11% en comparación con dicho período del año anterior, según un estudio sobre el capital social inicial realizado por Infoempresa.com. Este análisis apunta que, durante la primera mitad de 2017, se constituyeron un total de 52.515 sociedades en España, lo que se traduce en una disminución del 10% si se compara con el mismo período del año precedente.

Desde Infoempresa.com destacan que las empresas que se crearon durante la primera mitad del año destinaron un capital social inicial medio de 30.960 euros por cada entidad, un 1% menos respecto a la media contabilizada en dichos meses de 2016.

Por regiones, Cataluña fue la comunidad autónoma que registró un mayor volumen de capital social acumulado en el primer semestre, con 345 millones de euros y un crecimiento del 10%, por delante de Madrid, con 335 millones de euros, un 13% menos, y de Andalucía, con 269 millones de euros, un 17% más. Destacan, a su vez, como las regiones con mayor crecimiento en el capital social inicial acumulado Navarra, con una progresión del 229% (27 millones de euros), La Rioja, con un aumento del 40% (11 millones de euros) y Galicia, con una subida del 21% (78 millones de euros).

De su lado, las comunidades autónomas con un menor capital social inicial acumulado en los seis primeros meses del año fueron Cantabria, con 5 millones de euros, un 8% más, La Rioja, con 11 millones de euros, un 40% más, y Asturias, con 16 millones de euros, un 64% menos. En lo referente al capital inicial medio destinado a la constitución de sociedades, Navarra se situó en la primera posición hasta junio, con un volumen medio de 57.227 euros, seguida de La Rioja, con 50.011 euros, y de País Vasco, con 43.409 euros. En el lado opuesto, se encuentran Cantabria, con 12.333 euros de media, así como Asturias, con una inversión por empresa de 21.693 euros, y Castilla-La Mancha, con 24.314 euros.

Sector

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reclamado al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales de la Abogacía, uno de los temas centrales de la quinta edición de las jornadas sobre prevención y blanqueo de capitales, que se han celebrado en Palma de Mallorca.

Según indica el propio CGAE en un comunicado, "la Abogacía reitera su compromiso para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y reafirma su voluntad de colaborar con las Administraciones Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas delictivas". Para alcanzar estos objetivos, la Abogacía Española pide al Ministerio de Economía que cree el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales en el Consejo General de la Abogacía como "adecuado cauce de interlocución de los abogados con la autoridad reguladora".

"El CGAE asume las gravosas obligaciones impuestas en materia de prevención del blanqueo de capitales, pero reclama que la prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa de la vulneración de principios fundamentales en un Estado de Derecho, como son el derecho de defensa y el secreto profesional", continúa el comunicado, que señala que una de las funciones esenciales del órgano centralizado debería ser la de consulta en materia de secreto profesional por "ser los colegios de abogados los garantes de la estricta aplicación de las normas deontológicas en el ejercicio profesional".

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.

Según explica el CGAE en una nota informativa, la solicitud de datos de la AEAT -identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal de todos y cada uno de los abogados afectados, lo que podría producir un daño irreversible por la cesión masiva de datos sin respeto a los principios de calidad y proporcionalidad exigidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Para evitar este daño irreversible, la Abogacía ha pedido al TS la suspensión cautelar del acuerdo de 20 de julio de 2017 del CGPJ con la finalidad de impedir la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos de los abogados afectados por el requerimiento de la AEAT.

"El acuerdo del CGPJ impugnado siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta", apunta.

Por otro lado, aseveran desde el CGAE, la cesión de datos a la AEAT vulnera el principio de calidad previsto en la normativa vigente que exige que los datos sujetos a tratamiento deben ser "adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad perseguida".

En sus conclusiones, a petición de un juez español, la Abogado General Eleanor Sharpston entiende que la regulación sobre el absentismo laboral en España puede ser discriminatoria respeto a las personas con discapacidad, pero corresponde a los tribunales españoles determinar en cada caso la proporcionalidad de la ley.

La legislación laboral española establece que un empresario puede despedir a un trabajador si las faltas al trabajo, aun estando justificadas, alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. Esto, siempre y cuando el total de las ausencias en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

Una legislación que, entiende la Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Eleanor Sharpston, no es necesariamente discriminatoria, pero podría serlo si no se toman las medidas adecuadas. Sharpston considera que, la norma española podría ser discriminatoria indirectamente respecto a personas con algún tipo de discapacidad, "puesto que un trabajador discapacitado está expuesto al riesgo adicional de padecer una enfermedad relacionada con su discapacidad".

Y, por lo tanto, tiene más posibilidades de acumular días de baja justificada. Por eso la Abogada General del TJUE alega que si el trabajador padece una discapacidad y el empresario lo sabe o pudiera ser consciente de ello, "éste tendrá la obligación de adoptar medidas adecuadas para realizar ajustes razonables conforme a la Directiva (relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación), salvo que le suponga una carga excesiva".

Las conclusiones son fruto de una consulta del juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca, ante el cuál un limpiador del Hospital Virgen de la Luz de dicha provincia, aquejado de obesidad, presentó su caso al ser despedido por exceder el umbral de faltas al trabajo autorizadas por la legislación. En este caso, la Abogada General subraya que es tarea del juzgado español determinar si la obesidad, en base a la jurisprudencia europea, puede ser considerada una discapacidad. Para Sharpston, el objetivo de la norma de luchar contra el absentismo laboral, "un problema mayor" en España, es perfectamente legítimo. Sin embargo, corresponde a los tribunales españoles aplicarla de manera proporcional.

La especialización de un juzgado por provincia para atender las denuncias que se presentan en materia hipotecaria ha resultado una opción inviable ante el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios y la falta de recursos con que se ha dotado el plan.

Así lo han denunciado los Jueces Decanos en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales de los jueces y juezas del país. El colectivo presenta un informe pormenorizando la situación de cada una de las sedes provinciales del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio, acumulan ya casi 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas refuerzos (y eso sin contar algunas de las provincias que no cuentan con datos actualizados).

“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten, remachando que "las medidas de refuerzo" puestas en marcha "están resultando un completo y absoluto fracaso".

Tal es la situación, que los Jueces Decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que, a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia del país.

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a mediados de septiembre los 54 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias, y que 24 de estas sedes requerían refuerzos. En sus primeros meses, además, solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.

El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado escasos.

Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, pero solo cuenta con dos jueces en prácticas, apoyo parcial de otro, 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia.

Los jueces decanos aseveran que ya venían advirtiendo de la excesiva carga de trabajo soportada por estas sedes y del escaso apoyo con el que cuentan quienes trabajan en estas plazas.

El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 21 de diciembre, aclarando que la banca debía devolver lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo hipotecarias opacas con retroactividad total, supuso una victoria para los consumidores. Sin embargo, la doctrina anterior del Tribunal Supremo español de que las compensaciones solo debían hacerse por lo cobrado desde mayo de 2013 dejaba la puerta cerrada a recuperar el resto del dinero a los afectados que ya contaran con una resolución favorable en firme.

Decenas de ellos se preparan ahora, sin embargo, para reclamar el dinero ante el Ministerio de Justicia alegando que si no recuperaron todo fue por la inaplicación de los tribunales españoles del derecho europeo.

Esta es la novedosa estrategia legal puesta en marcha por el despacho Unive Abogados, que está planteando ya “reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado Juez” ante Justicia en nombre de al menos 150 clientes solicitando el pago del resto del dinero que se les cobró.

El Ministerio tiene un plazo de seis meses para contestar estas solicitudes. Si no prosperan las reclamaciones por la vía administrativa, Unive abogados planea presentar un recurso contencioso por cada una contra la administración de Justicia ante el propio Tribunal Supremo.

“Todo aquel al que le devolvieran lo cobrado hasta mayo de 2013, siguiendo el dictamen del Supremo contrario al derecho de la UE, puede reclamar al Estado esa diferencia porque es un dinero que no ha recuperado por vulneración de derecho comunitario por parte del propio Estado, no de los bancos”, argumenta José Ángel Martínez, socio de del bufete Unive.

Desde el despacho advierten, en todo caso, que el margen es limitado porque la posibilidad de reclamar expira al año del fallo del TJUE, es decir, el próximo 21 de diciembre. Para detener la cuenta atrás sería necesario presentar antes una reclamación ante Justicia. Unive cobra una tarifa única de entre 250 y 500 euros a los interesados en reclamar por esta vía, en función de las características de su hipoteca, y asumirá las costas si no tiene éxito.



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