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Los consejos de la semana

Laboral

Prórroga del Plan Prepara, 8 meses más

El Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre (BOE 07-10-2017), prorroga el PLAN PREPARA, recupera el descuento del 20% en la cotización de los empleados de hogar y modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para delimitar a qué entidades del sector público se les admite formalizar contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a 3 años.

Beneficiarios

Personas desempleadas inscritas en las Oficinas de Empleo que, entre el 16 de agosto de 2017 y 30 de abril de 2018 que hayan agotado la prestación por desempleo y no tengan derecho a ningún subsidio por desempleo.

Requisitos

- Llevar inscrito como demandante de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses, o tener responsabilidades familiares.

- Carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del SMI

- No haber percibido otras prestaciones relacionadas con el desempleo.

Cuantía

75% del IPREM (403€) hasta un máximo de 6 meses, que se eleva al 85% del IPREM (457 €) para los beneficiarios con responsabilidades familiares y está condicionada al inicio del itinerario de inserción.

Plazo

2 meses a contar desde que finaliza la prestación o subsidio por desempleo, o desde el 7 de octubre para quienes hayan agotado el desempleo desde el 16 de agosto.

Mercantil, civil y administrativo

Cambio de sede social de las empresas 'express'

El BOE del 7 de octubre se ha publicado un el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que reforma la Ley de Sociedades de Capital. Con efectos desde el 7 de octubre de 2017, digan lo que digan los estatutos, sea cual sea su redacción, la competencia para trasladar el domicilio social de una sociedad a cualquier parte de España es del órgano de administración. Si una sociedad quiere que esa competencia sea de la junta general, tendrá que acordar en el futuro una modificación estatutaria expresa en tal sentido.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 7 de octubre de 2017, ha publicado se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, con efectos desde el 7 de octubre de 2017, que modifica la Ley de Sociedades de Capital a efectos de aclarar la competencia del órgano de administración para decidir el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional.

La norma permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de Cataluña de las empresas que así lo decidan. Esta norma conlleva la agilización de los traslados, lo que llega en un momento en que numerosas empresas con sede en Cataluña han decidido o se están planteando cambiar su domicilio ante la deriva secesionista y la situación de inestabilidad.

Atención. La norma permite que las empresas cambien su sede social pese a que sus estatutos establezcan de forma clara que esa decisión corresponde a la Junta de accionistas.

La determinación del domicilio de las personas jurídicas, como lugar para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones, es uno de los elementos fundamentales en el momento de su constitución.

Ley de Sociedades de Capital

Por ello, la Ley de Sociedades de Capital establece que el domicilio social debe constar en los Estatutos de la sociedad. Pues bien, cualquier modificación de los Estatutos será competencia de la junta general.

La Ley de Sociedades de Capital establecía en un primer momento que, salvo disposición contraria de los estatutos, el cambio de domicilio dentro del mismo término municipal puede ser acordado por el órgano de administración.

Sin embargo, en 2015 se produjo un cambio radical y se amplió la competencia al órgano de administración, ya no sólo dentro del municipio, sino dentro de todo el territorio nacional, manteniéndose la limitación de que no existiese una disposición contraria en los estatutos.

Pue bien, ahora con efectos desde el 7 de octubre de 2017, se modifica la Ley de Sociedades de Capital a efectos de aclarar la competencia del órgano de administración para decidir el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional. ¿Qué decía la Ley antes del Real Decreto-ley 15/2017 aprobado por el Gobierno sobre la competencia de modificación del domicilio social?

Que por excepción y salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Ahora, y con efectos desde el 7 de octubre de 2017, se ha añadido un párrafo, en virtud del cual se establece que: “Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

La modificación consiste en aclarar que sólo habrá pacto estatutario en contra cuando los estatutos digan expresamente que esa competencia de cambio de domicilio no la ostenta el órgano de administración.

Por tanto a partir del 7 de octubre de 2017, digan lo que digan los estatutos de la sociedad, el órgano de administración va a ser competente para variar el domicilio, sin acuerdo de junta, en todo el territorio nacional, comprensivo por supuesto, no sólo del territorio peninsular, sino de los dos archipiélagos españoles, así como también de las ciudades de Ceuta y Melilla.

¿Y qué pasa con los estatutos aprobados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley?

Pues la norma establece que se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (entró en vigor el 7 de octubre de 2017) se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Los servicios de Inspección de la Agencia Tributaria serán más exigentes con los asesores fiscales. En este sentido, si tropiezan con un asunto en el que advierten malas prácticas por parte de estos especialistas, lo denunciarán. Es la nueva línea que está siguiendo la Inspección en los procedimientos sancionadores cuando existen delitos, aunque no lo harán por sistema y lo estudiarán caso a caso.

Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública, ha destacado en el coloquio sobre fiscalidad del 25 aniversario de Garrido Abogados que "si somos más exigentes con los asesores, tendrán más prudencia con sus actuaciones de venta de esquemas".

Sin embargo, ha precisado que "para nada estoy queriendo decir que vayamos a denunciar a cada asesor fiscal". De este modo, Caridad Gómez Mourelo ha subrayado que "detrás de cada denunciado, no irá el asesor fiscal". No obstante, la inspectora recuerda que ya ha habido casos en los que los asesores han sido condenados. "Es algo que el propio Tribunal Supremo ya está avisando", ha añadido.

En todo caso, Gómez Mourelo ha explicado que, en materia de regularizaciones, la Inspección siempre es más exigente cuando se está ante un escenario de delito fiscal. "Es muy distinto regularizar cuando has cometido un delito que, si no lo has hecho", ha manifestado. "Si hay delito vamos a ser muy exigentes, mucho más que si se cometió una infracción tributaria", ha apuntado también.

Además, la especialista ha insistido en que, en cada regularización, el contribuyente tiene que ser "honesto". Cuando se produce una Declaración Tributaria Especial, como es el caso de la llamada amnistía fiscal, la inspectora asegura que el primer requisito es que la declaración sea "espontánea" por parte del obligado tributario. "Para poder aplicar un recargo, en lugar de una sanción, el contribuyente tiene que ser honesto y se exige una declaración expresa en la que se diga que se está declarando tarde", ha añadido.

En todo caso, recuerda las rentas regularizadas por estos sistemas se entiende que están normalizadas en plazo. "Existe una ficción en la que se concede un tratamiento como si lo hubieras hecho dentro del plazo", ha apuntado Gómez Mourelo. La normativa establece que quienes acudan a una Declaración Tributaria Especial tendrá que ingresar el 10 por ciento del importe o valor de los bienes o derechos que no se consideraran rentas declaradas. "A esto hay que excluir los posibles recargos, intereses o sanciones", ha precisado.

Gómez Mourelo ha aclarado que, en materia de delitos o infracciones fiscales, existen estas medidas porque son situaciones en las que el daño se puede reparar de una manera más sencilla que en otros casos. "Hablamos de dinero, por lo que, en la mayoría de situaciones, si se paga se puede solucionar el problema", ha dicho.

Aunque en la mayoría de procedimientos es la Administración Tributaria la que corrige situaciones, estos procedimientos de regularización permiten que también el contribuyente pueda rectificar su situación. "En casos de Declaraciones Tributarias especiales se pueden regularizar periodos por otros impuestos o años", ha indicado la inspectora. "Nosotros siempre hacemos el análisis a fecha de consumación", ha concluido.

Cataluña ha perdido el liderazgo en Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones españolas como consecuencia de la fuga de empresas de los últimos días, según los cálculos realizados por la escuela de negocios Vlerick de Bruselas. La Comunidad de Madrid, según esos datos, pasa a encabezar un clasificación históricamente liderado por la comunidad catalana.

"En base a los últimos datos disponibles, Cataluña ha perdido como mínimo 3.770 millones de euros o 0,33% de PIB en favor de otras regiones", señala David Veredas, profesor de Mercados financieros en Vlerick Business School y autor de los cálculos.

Veredas ha tomado en cuenta el impacto de la veintena de empresas que han anunciado hasta ahora el traslado de su sede social fuera de Cataluña (CaixaBank, Banco Sabadell o Gas Natural Fenosa, entre ellas). Pero este economista calcula que la pérdida podría casi doblarse, hasta 6.580 millones, si empresas como Freixenet confirmaran su intención de marcharse. Por ahora ya ha anunciado también su salida firmas como Planeta, Abertis o Cellnex.

El profesor de Vlerick basa sus cálculos en el resultado financiero ante de impuestos de cada empresa, un dato que "puede tomarse como el equivalente a la creación de riqueza que suponen esas compañías para la región donde están domiciliadas". "Tras la fuga de empresas, la contribución de Cataluña al PIB de España ha bajado del 19,025% al 18,687%", calcula Veredas. "Madrid ha subido del de 18,926% al 19,036% y se corona como motor económico del país en detrimento de Cataluña", concluye el economista.

Fuentes de la Comisión Europea señalan que la metodología de Eurostat para calcular el PIB es más compleja, pero reconocen que las cifras de Veredas apuntan en la dirección correcta. Los últimos datos de Eurostat (de 2015) colocaban a Cataluña a la cabeza económica de España con un PIB de 204.189 millones de euros, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid con 202.965 millones.

La brecha entre las dos comunidades se ha ido estrechando en la última década. En 2007, el PIB de Cataluña aventaja en 10.000 millones de euros al de Madrid en términos de paridad de poder adquisitivo. Tras la crisis financiera se estrechó a menos de 1.000 millones e incluso Madrid se colocó ligeramente por delante en 2012, según las cifras de Eurostat.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que la deuda pública no logrará situarse en el 60% del PIB -el objetivo marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera- al menos hasta 2035, cuatro años antes que en su última revisión.

En el Observatorio de Deuda Pública del segundo trimestre, publicado este jueves tras conocerse los datos de deuda del Banco de España, la AIReF observa una "senda levemente decreciente" del nivel de deuda, aunque la meta del 60% del PIB no se alcanzaría "al menos" hasta 2035.

En la revisión de los datos de deuda del segundo trimestre del año, el plazo de cumplimiento de este requisito se extendía al menos hasta 2039. El organismo cree que todos los subsectores van a contribuir a reducir la deuda en los próximos cuatro años, especialmente la administración central y los fondos de la Seguridad Social.

Así, considera probable alcanzar los objetivos de deuda establecidos en el Programa de Estabilidad 2017-2020, aunque detecta riesgos a medio y largo plazo ante un posible empeoramiento de las condiciones macroeconómicas y financieras.

Por comunidades autónomas, prevé que Cantabria, Madrid y el País Vasco logren su objetivo -13% de su PIB- en los próximos cinco años, mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha no conseguirán esta meta en los próximos treinta años en un escenario neutral.

La AIReF también apunta que se ha reducido en todas las comunidades el número de días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda común, que oscilan entre los 393 de Extremadura o Andalucía y los 195 de Madrid.

Jean-Claude Juncker, ha iniciado este miércoles la mayor reforma del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los últimos 25 años. Bruselas propone la supresión de las fronteras fiscales para crear un solo área de imposición en que el IVA siempre se ingrese en el país de origen de la mercancía o del servicio. La nueva norma suprimirá, por tanto, la exención de IVA que ahora disfrutan las operaciones transfronterizas entre empresas.

El objetivo es que la empresa vendedora cargue el IVA con arreglo al tipo de imposición del país de destino y lo ingrese en su propia administración tributaria. Los Estados se transferirán después la recaudación que corresponda a cada uno.

El modelo persigue acabar con el fraude del carrusel, ampliamente explotado en el mercado europeo. El delito consiste en la creación de empresas pantallas que importan bienes con la exención de IVA y los revenden cargando el impuesto. Una vez cobrado el IVA, la empresa desaparece sin ingresarlo en ninguna hacienda. Bruselas calcula que las pérdidas de recaudación en el IVA ascienden cada año a unos 150.000 millones de euros. Y achaca un tercio de ese agujero fiscal a fraudes como el del carrusel en el comercio transfronterizo.

"Hay que poner fin a un sistema anacrónico de IVA basado en fronteras nacionales", ha señalado el comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, en la presentación de la reforma. "Los Estados deben considerar las operaciones transfronterizas como si fueran nacionales", resume Moscovici los cambios.

Bruselas calcula que la reforma reducirá en un 80% el fraude que sufre el IVA en el comercio entre Estados miembros, lo que podría aumentar la recaudación en unos 41.000 millones de euros al año. La CE añade que la simplificación de los procedimientos, con una sola declaración el país del vendedor, permitirá al conjunto de las empresas ahorrarse hasta 1.000 millones de euros en burocracia.

El panorama color de rosa que describe la Comisión, sin embargo, tardará todavía al menos cinco años en llegar porque Bruselas propone introducirlo en dos fases hasta 2022. Las nuevas normas, además, requerirán unanimidad en el Consejo de Ministros de la UE, por lo que se podría tardar aún más.

Cada año que pase, el IVA sufrirá unas pérdidas por fraude de unos 50.000 millones de euros, por lo que, durante el período de tramitación de la reforma, la hemorragia puede superar con facilidad el cuarto de billón de euros.

El Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento Europeo, considera lamentable la lentitud del proyecto. "El plan y las medidas rápidas planteadas son buenas, pero llevamos 24 años esperando un sistema definitivo de recaudación del IVA", ha señalado el eurodiputado alemán Burkhard Balz, del grupo Popular. "La Comisión dijo el año pasado que en 2017 tendríamos una nueva norma, pero ahora se limita a hacer otro anuncio", añade Balz.

La CE atribuye su parsimonia al resultado de la consulta entre los operadores y las autoridades nacionales, que piden cautela en la reforma. Por ese motivo, Bruselas ha secuenciado los cambios en dos etapas.

La primera etapa suprime la exención del IVA para la venta transfronteriza de bienes entre empresas. Pero ese paso, a su vez, lo divide también en dos etapas. Este año, propondrá la introducción en la normativa de un certificado de buena conducta fiscal que permitirá a los operadores continuar realizando ventas transfronterizas sin cargar el IVA. Al mismo tiempo se simplificarán los procedimientos para la declaración del impuesto y se creará una ventanilla única en cada país para que las empresas puedan tramitarlo en su propio idioma y con los mismos formularios que utilizan para las operaciones nacionales.

El segundo paso de la primera fase se daría en 2018, con un proyecto de directiva que fijaría legalmente el nuevo sistema de recaudación del IVA. La segunda y definitiva fase no comenzaría hasta cinco años después, cuando la Comisión haya evaluado el impacto de los cambios en el comercio transfronterizo de bienes. Si la experiencia se considera positiva, el sistema se extenderá también a la prestación transfronteriza de servicios, por lo que el tratamiento de todas las operaciones quedará armonizado. Bruselas calcula que la transformación se completará en 2022.

Hacienda contrata a auditores privados

(Expansión, 04-10-2017)

En una resolución firmada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno admite que la Intervención General, como en años anteriores, "carece de efectivos suficientes" para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes de control aprobados, por lo que afirma que razones "de eficiencia técnica y organizativa", determinan la necesidad de contratar empresas privadas de auditoría.

Concretamente, la colaboración de auditores privados afectará al Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2018 y al Plan de Control de Fondos Comunitarios 2017-2018.

Con esta Orden, el Ministerio autoriza al organismo a recabar la ayuda de empresas privadas para realizar esta tarea, que, según la Ley General Presupuestaria, incluye la realización de la auditoría de las cuentas anuales de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades estatales de derecho público, consorcios, fundaciones del sector público estatal, y sociedades mercantiles estatales, entre otras.

De esta forma, en la Orden publicada este martes, en vigor a partir de mañana, la Intervención General, "dentro de sus disponibilidades presupuestarias", podrá recabar la colaboración de empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de los organismos y entidades antes citados y para la realización de controles de fondos comunitarios.

Asimismo, autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año en aquellos trabajos de control o auditoría que tengan carácter periódico y recurrente, si bien no especifica el importe total que dedicará a la contratación de estos servicios.

Laboral

El ministerio de Empleo se ha comprometido con los agentes sociales y las comunidades autónomas a negociar una reforma del contrato de formación y aprendizaje “para impulsar la Formación Profesional Dual”, en especial en el ámbito de las pymes. Sin embargo, la reforma legislativa de este tipo de formación está en estos momentos en el seno del Ministerio de Educación, por lo que los empresarios de la patronal CEOE urgen a que los cambios contractuales --que debería liderar Empleo-- se produzcan cuanto antes.

Estas modificaciones del contrato de formación que quieren los empresarios persiguen eliminar el actual tope de edad para la celebración de esta modalidad contractual –actualmente fijado en 30 años– y permitir que los contratados por formación puedan hacer turnos de trabajo, nocturnos o de fines de semana, algo a lo que ahora no están autorizados.

Además, persiguen que estos contratos establezcan un periodo de prueba de un mes. La relación contractual terminaría cuando el alumno se gradúe y no se fijaría ningún tipo de indemnización si el contrato se rescinde antes de tiempo. El estudiante no sería considerado plantilla de la empresa.

La jornada sería la máxima prevista en el convenio colectivo de referencia o la máxima legal, sumando el tiempo que el alumno está en el centro formativo y en la empresa. Mientras que la retribución sería la del salario mínimo interprofesional en proporción a las horas de trabajo en la empresa. Y los empresarios piden que contratar a un estudiante previamente contratado por la FP dual esté bonificado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que el mercado laboral español ha experimentado una fuerte recuperación, impulsado por la moderación salarial, la recobrada competitividad externa y las reformas laborales. Sin embargo, en su informe anual sobre la economía española publicado el viernes, el organismo pone un importantísimo, pero a esa mejora: "Ha sido conducida predominantemente por una expansión del empleo de baja productividad". En definitiva, el FMI no observa un cambio de modelo en el mercado de trabajo.

“Buena parte del crecimiento creado ha sido en sectores de baja cualificación y baja productividad, donde los incentivos para invertir en los trabajadores resultan bajos”, insiste la institución radicada en Washington en el llamado Artículo IV, un estudio anual que el Fondo hace de todos los países a partir de las visitas de sus equipos.

En un apartado en el que analiza el mercado de trabajo, el FMI explica que la creación de empleo obedece, en buena medida, a un movimiento desde un sector de baja productividad hacia otros. Es decir, casi la mitad del empleo destruido en la crisis pertenecía a la construcción, cuyos trabajadores presentan bajos niveles de formación. Y en estos momentos, según apunta el Fondo, la mayoría de los puestos de trabajo se encuentran en el comercio, la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo, servicios de bajo valor añadido, actividades administrativas y sector público, todos ellos con una productividad más baja.

El FMI admite que existen crecimientos del empleo significativos en sectores más productivos como las comunicaciones o algunos tipos de industria. Pero en términos de cantidades representan bastante poco y se concentran más en un territorio: Madrid.

De acuerdo con las cifras que maneja el organismo, el 6% del empleo creado durante la recuperación se corresponde con la rama estrictamente del turismo, esto es, transporte aéreo, alojamiento y servicios de agencias de viajes y touroperadores. Pero esta cifra se eleva a uno de cada cuatro trabajos creados si se toman todas las actividades relacionadas con el turismo incluyendo hostelería. Otro cuarto de la ocupación generada se corresponde con actividades administrativas y profesionales. Y un 14% se ha contratado en el sector público. Solo que todos estos sectores tienen una productividad por debajo de la media de la economía, señala el Fondo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el decreto por el que se renueva el Plan Prepara, hasta el 30 de abril de 2018, con carácter retroactivo desde el 15 de agosto de 2017. El decreto, dotado con 65 millones de euros, entrará en vigor mañana, domingo.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes, la prórroga extraordinaria del Prepara, con el objetivo de que aquellas personas desempleadas que tienen especiales condiciones de vulnerabilidad puedan beneficiarse de la ayuda de 425 euros mensuales.

De esta manera, quienes no tienen otra fuente de ingresos podrán, además de cubrir sus necesidades básicas, cualificarse profesionalmente para encontrar un puesto de trabajo.

La norma específica que "la recuperación del plan se justifica por la indudable necesidad de mantener la protección de un colectivo de personas desempleadas tan sensible como el de los destinatarios del programa en tanto se realice la revisión y reordenación de los actuales programas destinados a mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados y, a su vez, a complementar la protección por desempleo".

Este plan se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de agosto, cuando dejó de estar en vigor tras bajar la tasa de paro del 18%. La prórroga es posible después de que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran atribuir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la competencia para gestionar el Prepara hasta el 30 de abril de 2018.

Este acuerdo llegó como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que encomienda a las regiones la gestión de los recursos de este programa.

Los datos acumulados del programa en todas sus ediciones indican que casi un millón de personas (954.935) se han beneficiado del mismo. De estas, un 75% (721.215) lo han hecho desde 2012, habiendo accedido a la ayuda mejorada del 85% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) 86.920 personas.

Por otra parte, el decreto introduce de nuevo la reducción del 20% en la cotización de los trabajadores del hogar integrados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Autónomos y pymes pueden acceder a bonificaciones de hasta 1.300 euros al año si contratan a trabajadores mayores de 45 años. Estas cantidades serán de 108,33 euros mensuales si los contratados son con desempleados. De igual modo, si se contrata a mujeres mayores de 45 años la pyme o autónomo recibirá 125 euros al mes de bonificación. 1.500 euros al año, en total.

Para acceder estas subvenciones, los interesados deberán ser empresas con menos de 50 trabajadores en el momento de la contratación. El contrato deberá ser indefinido, sin importar si es a jornada completa o parcial. Se podrá hacer uso de esta medida hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.

Los nuevos empleados deberán estar, como mínimo, en un periodo de prueba de un año. Este periodo de prueba no podrá establecerse cuando el trabajador haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa bajo cualquier modalidad de contratación.

Las pymes y autónomos que resulten beneficiadas de estas ayudas deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, el mantenimiento del empleo del trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral.

Asimismo, tendrá que mantenerse el nivel de empleo en la empresa beneficiada alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de los incentivos.

No obstante, no se considerará incumplimiento cuando el contrato se extinga por causas objetivas o despido disciplinario, cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total o absoluta. También quedará recogida bajo esta circunstancia una gran invalidez del trabajador o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.

Finalmente, no podrá concertar este contrato la empresa que en los seis meses anteriores a su celebración hubiera adoptado decisiones extintivas improcedente de contratos de trabajo. La limitación afectará a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012.

Tras un mal mes de agosto, el mercado laboral se ha vuelto a recuperar en septiembre, pese al término de muchas contrataciones estivales. La Seguridad Social ha registrado 26.318 nuevos cotizantes, en el mejor mes de septiembre de los últimos doce años, con un crecimiento interanual del 3,52%. Y, el saldo neto, indica que todos estos nuevos empleos los coparon las mujeres, con 48.262 nuevas afiliadas más, mientras que el empleo masculino se redujo en casi 22.000 cotizantes.

Así lo indican los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado publicados hoy por el ministerio de Empleo, que reflejan también una recuperación del indicador de afiliación corregida de variaciones desestacionales -que es el que mejor refleja la tendencia del mercado-, después de que en agosto se interrumpieran 44 meses consecutivos de incrementos de afiliados en tasa desestacionalizada. Según dicho dato, el sistema habría ganado en septiembre 56.400 cotizantes más.

La vuelta al cole aportó más de 50.000 nuevos trabajadores a la Seguridad Social; y junto con 25.000 empleados más en actividades administrativas, casi 14.000 más en la industria manufacturera y 5.000 más en profesiones técnicas y científicas y otros tantos en la construcción, sirvieron para compensar el fin de los empleos del verano. El término de la temporada estival se tradujo en una pérdida de 42.146 afiliados en la hostelería; 31.266 menos en el comercio; y casi 17.000 menos en los servicios sanitarios.

No obstante, el comportamiento de la Seguridad Social no ha sido lo suficientemente bueno como para recuperar la ratio de afiliados por pensionista --que se usa para determinar la salud financiera del sistema--. Esta tasa sigue anclada en el 2,25, dos décimas menos que a finales de 2017. El actual ratio queda lejos del 2,71 en el que estaba hace diez años, antes del inicio de la crisis.

Asimismo, la finalización de los contratos temporales del verano y la incorporación de nuevos parados al mercado ha hecho que el número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo haya crecido por segundo mes consecutivo, con 27.828 parados más, hasta alcanzar un total de 3.410.182 personas sin trabajo. El sector servicios aportó casi 30.000 desempleados más y los nuevos inscritos, sin empleo anterior, 16.384. Ambos colectivos superaron el descenso del paro en la industria, la agricultura y la construcción.

Mercantil, civil y administrativo

Espaldarazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El organismo dirigido por Christine Lagarde ha presentado esta mañana sus previsiones de otoño que coinciden con las estimaciones del último cuadro macroeconómico que ha elaborado el Gobierno. El Fondo prevé que el PIB crecerá este año un 3,1%, la misma estimación que en julio, y que avanzará un 2,5% en 2018, una décima más de lo previsto hace tres meses. Ambas se quedan algo por debajo de lo que estimaba el Ejecutivo en el último cuadro macroeconómico (3,2% y 1,6% respectivamente).

España perdió en 2016 el privilegio de ser la economía que más crecía en la zona euro y seguirá bajando posiciones este año. El país que más crecerá será Malta, con un avance del PIB del 5,1%, seguido por Irlanda (4,1%), Estonia (4%), Luxemburgo (3,9%), Letonia (3,8%), Eslovenia (4%), Lituania (3,5%), Chipre (3,4%), Eslovaquia (3,3%), Holanda (3,1%) y Finlandia (2,8%). Once países por encima de España. La misma situación en 2018, con un dato significativo. Grecia, una de las economías de la zona euro más dañadas por la crisis, crecerá un 2,6%, una décima más que España.

Ese menor crecimiento de la economía española es compatible con una recomposición de los desequilibrios acumulados durante la crisis. La tasa de paro seguirá a la baja y se situará en el 17,1% de la población activa al final de este año (tres décimas menos de lo previsto por el Gobierno) y en el 15,6% (dos décimas más que lo estimado por el Ejecutivo) al cierre de 2018. El Fondo prevé que la balanza por cuenta corriente, que mide los intercambios de bienes, servicios y rentas con el resto del mundo, tendrá un saldo positivo hasta 2020, encadenando ocho años seguidos.

El diagnóstico del FMI respecto a la economía mundial muestra una fuerte recuperación de países desarrollados y emergentes. En concreto prevé un avance del PIB del 3,6% para este año y del 3,7% para 2018, con una revisión al alza de una décima respecto a sus últimas estimaciones y muy por encima de la subida del 3,2% registrada en 2016. Sin embargo, advierte que el proceso de salida de la crisis no ha acabado. “La recuperación global es todavía incompleta”, apuntaba el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, durante la presentación de las previsiones. Y para completarla hacía falta, en su opinión, tres factores.

El primero es la recuperación de los salarios, especialmente entre los trabajadores menos cualificados. “Los ingresos en los segmentos menos cualificados han crecido mucho menos que entre los más cualificados. Y como resultado se ha producido un crecimiento de la desigualdad que ha provocado un avance del desencanto y del escepticismo sobre las ganancias de la globalización”.

El segundo es que la recuperación llegue a todos los países, especialmente a aquellos exportadores de energía de África, América y Oriente Medio, que han visto reducidos sustancialmente sus ingresos por el desplome del precio del petróleo. El tercero es la brecha que se ha abierto entre la riqueza de los países desarrollados y los no desarrollados, ya que el organismo prevé que el PIB per capita de los primeros va a crecer a un ritmo más rápido que los segundos.

En apenas cuatro meses, en febrero de 2018, entra en vigor en toda Europa la nueva directiva comunitaria de servicios de pago, conocida popularmente como PSD2. El objetivo de esta regulación, cuya tramitación comenzó en 2013, es crear un mercado único de pagos en toda la UE e incrementar la competencia entre los bancos del continente.

Buena parte del sector bancario español lleva meses preparándose para la entrada en vigor de esta nueva normativa. No es para menos, ya que una vez en marcha se espera que la competencia entre los bancos se incremente de una forma notable. El motivo: una de las novedades de esta directiva impone que, una vez conseguido el consentimiento por parte de un cliente, cualquier entidad tiene el derecho a acceder a los datos del mismo en otra entidad de la competencia.

Una de las prioridades de la PSD2 será dar a los consumidores la oportunidad de utilizar a terceros para iniciar pagos o recibir servicios añadidos a través del acceso a sus cuentas sin que los bancos puedan negarse a concederlos. Es decir, que cualquier banco, en el momento que consiga un consentimiento expreso por parte de su cliente, podrá acceder a los datos sobre fondos, cuentas, etc., de éste en las entidades de la competencia.

Fuentes del sector anticipan una competencia feroz entre los bancos españoles a raíz de este cambio legal. «Claramente ahí se va a jugar el futuro», señala un alto ejecutivo de uno de los principales grupos bancarios en España. Esta entidad, al igual que otras, está poniendo a punto protocolos de funcionamiento y herramientas digitales para, a partir de febrero de 2018, tratar de obtener el mayor volumen posible de consentimientos expresos que les permitan acceder a los datos de sus clientes en otras entidades.

«Si ahora tenemos un cliente que, entre cuentas, depósitos y otros productos tiene 100.000 euros con nosotros, en el momento que tengamos su aprobación para acceder a sus datos podremos conocer su posición en otras entidades. Así, si descubrimos que por ejemplo tiene 250.000 euros en otro banco, o que opera mucho más con otra entidad, podremos hacerle ofertas personalizadas mucho más eficaces», anticipa un alto responsable de un banco español.

Desde el sector bancario prevén que en los primeros meses de implantación de esta nueva directiva no se obtendrá un número demasiado significativo de consentimientos, toda vez que supone una cierta intromisión en la privacidad. Pero estas mismas fuentes se muestran confiadas en que, a medida que los bancos vayan desarrollando herramientas y demostrando su utilidad para gestionar mejor el dinero, las reticencias de la clientela vayan disminuyendo y el acceso a datos por parte de terceros se generalice.

Estos terceros «tendrán que cumplir con las mismas reglas que los proveedores de servicios de pago tradicionales: registro, autorización y supervisión por las autoridades competentes», advierten desde BBVA. Uno de estos terceros serán los AIS, empresas de servicios de información de cuentas. «Estos servicios permitirán a los clientes tener una visión global de su situación financiera y analizar fácilmente sus patrones de gastos o sus necesidades financieras», señalan desde el banco vasco.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de Cataluña de las empresas que así lo decidan.

Este nuevo procedimiento, que entra en vigor hoy, se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una "mención expresa" por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.

De acuerdo con una disposición transitoria del real decreto ley, existe esa mención cuando, tras la aprobación de la normativa, se cambien los estatutos para declarar "expresamente" que "el consejo no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social", según explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Este real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional conlleva la agilización de los traslados, lo que llega en un momento en que numerosas empresas con sede en Cataluña han decidido o se están planteando cambiar su domicilio ante la deriva secesionista y la situación de inestabilidad.

El Ejecutivo ya modificó la normativa en 2015 para que los órganos de administración de las empresas pudieran decidir el cambio de domicilio salvo que sus estatutos exigieran el visto bueno de la junta de accionistas.

En los últimos días, varios bancos y empresas han tomado la decisión de trasladar su sede social fuera de Cataluña.

CaixaBank ha decidido trasladar su sede social a Valencia por la incertidumbre política, una medida que han adoptado también la multinacional Gas Natural Fenosa, que llevará su domicilio a Madrid, y otras empresas catalanas como Dogi, Banco Mediolanum, Arquia Banca o Service Point.

Cambiar de región la sede social de una empresa está demostrando que, más allá de las necesidades operativas de la compañía, puede llegar a ser un movimiento de enorme calado desde el punto de vista legal y hasta político. Desde la reforma legal acometida por el Gobierno en 2015 se trata además de un paso fácilmente ejecutable en unas pocas horas. Ante la escalada de tensión que se vive estos días en Cataluña, y después de que sociedades tan relevantes como Banco Sabadell u Oryzon hayan decidido mudarse a otras comunidades autónomas, el Ejecutivo ultima ahora un decreto que facilitará aún más el proceso a partir de este viernes.

La decisión de estas compañías de trasladar su domicilio social a otras regiones busca aportar seguridad jurídica a sus clientes e inversores ante una eventual declaración unilateral de independencia. A la vez, el aplauso bursátil que recibieron este jueves Sabadell –o CaixaBank por la expectativa de que siga sus pasos– demuestran la importancia de una decisión empresarial que puede convertirse en uno de los principales frenos al pulso soberanista.

En este contexto, el Gobierno ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma de la ley de sociedades de capital que ya hizo hace dos años. Desde entonces, el cambio de sede social es una decisión que los gestores de una sociedad pueden consumar en unas pocas horas, sin consultar siquiera a los propietarios, y que no implica necesariamente el desplazamiento de personal o directivos al nuevo cuartel general.

Hasta 2015, era necesario que la junta de accionistas o los dueños de una firma dieran su visto bueno a un cambio de sede si era a otro municipio. Con la modificación, bastaba el visto bueno de los gestores, o del consejo de administración, para trasladar el domicilio a cualquier otro punto del territorio nacional. Con una excepción: salvo que los estatutos de la empresa especifiquen lo contrario.

El Gobierno se prepara ahora para eliminar también esta salvedad lo que permitirá que cualquier compañía pueda trasladar su sede social a otro lugar de la geografía española, en la que disponga de una dirección, sin necesidad de convocar a sus propietarios. La modificación, que el Consejo de Ministros prevé introducir por decreto este viernes según fuentes conocedoras, facilitaría a compañías como CaixaBank mover su domicilio pese a que la redacción de sus estatutos siga contemplando la necesidad de convocar una junta de accionistas.

“Toda sociedad debe tener desde que nace un domicilio social, real físico, una dirección. Los estatutos regulan cual será y qué puede hacerse para modificarlo y, en general, toda modificación de los estatutos corresponde a la junta de accionistas, a los socios o los dueños”, explica Federico Pérez de las Heras, socio de Dutilh Abogados.

En 2015, sin embargo, ya en medio de la creciente movilización de los independentistas en Cataluña y ante la petición de varias compañías radicadas en la región, se introdujo una enmienda para facilitar el proceso, relata. Salvo que los estatutos digan otra cosa, los administradores ya pueden modificar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional en cualquier momento”, detalla el abogado.

“Son pocos pasos y la decisión es firme de inmediato”, explica Agustín Bou, socio del bufete Jausas, detallando que el cambio de sede es efectivo desde el momento en que lo aprueban los gestores y lo valida un notario, aunque luego sea necesaria su inscripción en el Registro Mercantil.

Este último paso, cuyo objetivo es hacer pública la decisión ante terceros, puede llevar de 10 a 15 días, aunque es posible agilizarlo, detalla Ignacio Aragón, socio del área mercantil del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

Su experiencia revela que, tras la modificación de la ley de 2015, ni siquiera la salvedad de los estatutos de la empresa podía suponer un freno a la decisión de un consejo de administración de mover la sede social.

“Muchos de los estatutos remiten a la ley o la transcriben, por lo que seguían poniendo que corresponde a la junta aprobarlo”, detalla, por lo que “la Dirección General de los Registros y el Notariado estableció el criterio de que le corresponde decidir al órgano de administración porque estas compañías tenían una simple remisión a la legislación vigente en el momento de la redacción de los estatutos, y si la legislación cambia también” debe entenderse que lo han hecho estos reglamentos, expone Aragón, salvo que los accionistas hayan especificado lo contrario desde 2015.

Lo previsible, en todo caso, es que el Gobierno modifique este viernes la ley para eliminar esa salvedad de que pesan más los estatutos que la legislación, a fin de allanar el terreno a las compañías que busquen cambiar su domicilio con la máxima velocidad y plenas garantías.

En cuanto a los efectos prácticos del cambio de domicilio, aunque lo normal es que la junta de accionistas sí pase a celebrarse en la nueva ciudad donde se establezca la compañía, los expertos en derecho mercantil aducen que no tiene muchas más repercusiones pues no exige el traslado efectivo de los centros de poder o el personal. Prueba de ello es que grupos como Banco Santander y BBVA tienen sus servicios centrales en Madrid, aunque su sede se sitúe en Santander y Bilbao, respectivamente.

Tampoco tiene efectos relevantes el cambio de sede a efectos fiscales, dado que el impuesto sobre sociedades es nacional y se paga directamente a Hacienda, detalla Mabel Zapata, del bufete Cremades & Calvo Sotelo. “La decisión que puede tener implicaciones fiscales es la de modificar el domicilio fiscal de la sociedad, que puede no coincidir con el domicilio social, aunque lo habitual es que sí lo hagan”, matiza Eduardo Gracia, socio de Derecho Tributario del bufete Ashurst.

“Los únicos impuestos que se verán afectados por el cambio de localización del domicilio fiscal son los atribuidos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, en particular, el impuesto sobre operaciones societarias (1% de las reducciones de capital y de los pagos de la cuota de liquidación), actos jurídicos documentados (al tipo establecido por cada autonomía sobre los documentos que emitan notarios) y el Impuesto de Actividades Económicas”, explica.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que está "todo preparado" respecto a la reforma de la ley hipotecaria, pero "hay que elegir el momento adecuado" por su aprobación, que espera que sea "en las próximas semanas".

Antes de participar en el congreso de emprendedores e innovadores 'South Summit', De Guindos ha señalado en declaraciones a los periodistas que el Ejecutivo tiene "todo preparado" sobre la reforma de la ley hipotecaria y que espera llevarlo "en las próximas semanas" al Consejo de Ministros para su aprobación.

"Hay que elegir el momento adecuado para que el Consejo de Ministros lo apruebe y lo remita a las Cortes", ha indicado De Guindos, después de que el Gobierno haya aplazado su aprobación, prevista inicialmente para el mes de septiembre.

La futura ley de crédito inmobiliario contempla, entre otras cuestiones, que si el consumidor lo decide, de acuerdo con su banco, pueda pasar su hipoteca de tipo variable a fijo prácticamente sin gastos. Mientras, para las hipotecas de tipo fijo, tendrá que ser una negociación entre las partes. Así, la norma incidirá en reducir los costes que se produzcan cuando el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra de tipo fijo se haga con otra entidad financiera.

Además, el notario va a tener que actuar dos veces, en la fase precontractual y cuando se firma la hipoteca para mayor transparencia con los gastos y cláusulas suelo y con las cláusulas completas. Otro de los cambios permitirá que una hipoteca en divisa extranjera pueda pasar al euro sin coste ni penalización.

Sector

El Tribunal Supremo ha denunciado públicamente otro abuso bancario vinculado a las hipotecas. Un abuso que, para más inri, se produce cuando fallece el hipotecado y no puede ser resuelto directamente por el Supremo como los casos de las cláusulas suelo o las preferentes. Así lo expuso el presidente de la Sala Civil del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, en su intervención del pasado martes en la Cumbre Española de la Confianza. El magistrado explicó que a los tribunales están llegando casos de entidades financieras que, tras haber exigido un seguro de vida para conceder hipotecas, al producirse el fallecimiento «se desentienden del seguro» y activan la ejecución hipotecaria para reclamar el inmueble sin esperar a que los herederos puedan cobrar el seguro y seguir cumpliendo con los pagos.

Fuentes del Supremo explican que la Sala Civil ha conocido esta práctica en un encuentro reciente con magistrados de Audiencias Provinciales de toda España. Fueron estos quienes transmitieron su preocupación por situaciones que les parecían injustas, pero, al mismo tiempo, difíciles de atajar. Por ese motivo, Marín Castán, sentado junto a los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Rafael Catalá consideró «imprescindible una reforma legislativa» que impida estos casos. El Gobierno tiene ahora entre manos una reforma hipotecaria nacida de otros abusos bancarios.

A falta de esa reforma legal, resulta difícil dar una solución judicial favorable a los usuarios. El principal problema es que la ley recoge una lista tasada de motivos que permiten frenar una ejecución hipotecaria, y la existencia de un seguro que vaya a permitir hacer frente a los pagos no está entre ellas. En esas circunstancias, los jueces se resisten a fallar contra los bancos por miedo a alejarse demasiado de la letra de la norma. «No saben qué hacer», resumió Marín Castán.

A ello se suma que las ejecuciones hipotecarias no son materia recurrible ante el Supremo, que por tanto no puede dar cobertura jurisprudencial a los jueces para que impidan esas prácticas. De ahí que Marín Castán reclamara la reforma legal. Fuentes jurídicas indican que, pese a las dificultades, en el encuentro entre jueces se trataron diversos planteamientos jurídicos que permitirían a los jueces impedir eso casos.

Existe una variante de esa práctica que sí se pudo llevar al Supremo y a la que el Alto Tribunal ya ha puesto fin. Se trata de casos en los que se ha contratado el llamado seguro de amortización, que garantiza al banco el cobro de los pagos pendientes en caso de fallecimiento o invalidez del hipotecado. El beneficiario del seguro es, directamente, la propia entidad.

Los casos detectados suponían que al producirse el fallecimiento la familia se dirigía a la aseguradora para reclamar que afrontara los pagos. La respuesta era que debía ser la entidad financiera la que lo reclamase, puesto que la beneficiaria era ella. Pero la entidad no hacia la reclamación a la aseguradora y seguía exigiendo a los herederos las cuotas de la hipoteca. En caso de impago, acudía a la ejecución hipotecaria.

La plataforma Societat Civil Catalana (SCC) cifró en 950.000 las personas que se manifestaron ayer en Barcelona en contra de la independencia de Cataluña y a favor de la unidad de España. No obstante, la Guardia Urbana ha cifrado en 350.000 los manifestantes, según ha comunicado a través de las redes sociales.

La cabecera de la manifestación a favor de la unidad de España llegó a las 13.50 al final del recorrido, ante la Estació de França, donde se ha habilitado un escenario para los discursos del escritor Mario Vargas Llosa y el expresidente socialista del Parlamento Europeo Josep Borrell ante los miles de asistentes.

La plaza Urquinaona, punto de salida de la marcha, empezaba a llenarse ya sobre las 10.30 horas con manifestantes que exhibían multitud de banderas españolas y 'senyeres', mientras se coreaban lemas como "Puigdemont a prisión", "Yo soy español" o "Viva España, viva Cataluña y viva la Guardia Civil". y, al pasar junto a la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana, aplaudían y gritaban "No estáis solos". En el centro de la marcha se desplegó una gran pancarta con un corazón dividido en tres partes, con los colores de las banderas catalana, española y europea.

La manifestación, a la que acudieron caras visibles del PP -Dolors Montserrat, Javier Arenas, Pablo Casado, Enric Millo, Andrea Levy, Xavier García Albiol o Cristina Cifuentes-, de Ciudadanos -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Begoña Villacís- y del PSC -Salvador Illa, Josep Borrell o Celestino Corbacho-, se celebró dos días antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vaya a comparecer en el Parlament con una declaración de independencia sobre la mesa.

El pasado sábado, las calles de varias provincias se llenaron de multitud de banderas rojigualdas reclamando la unidad de España. De forma paralela, miles de personas se concentraron en diversas localidades para pedir diálogo, ataviados con ropa y sábanas blancas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió este domingo su apoyo a la manifestación que ha abarrotado el centro de Barcelona en defensa de la unidad de España.

Pocos minutos después de que comenzara la manifestación en la Ciudad Condal, Rajoy publicó un mensaje en sus redes sociales en el que prometió que desde el Gobierno "preservaremos la unidad de #España" frente al desafío secesionista.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, afirmó este domingo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no va a dejar a nadie solo" y "abandonado" ante la deriva secesionista en Cataluña y alertó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "a cada paso" que dé en la ilegalidad, el Gobierno lo hará "para hacer cumplir la ley".

Albert Rivera, quien participa en la manifestación Barcelona ha dicho sentirse "emocionado como catalán" por este "día histórico" en el que "los catalanes que no quieren la independencia y que quieren ser catalanes, españoles y europeos han decidido salir a la calle".

También ha intervenido el presidente del PPC, Xavier García Albiol, que ha destacado la manifestación de hoy en Barcelona como el "segundo momento" histórico "en defensa de la democracia" desde las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco y ha advertido: "No vamos a permitir ni una independencia en presente ni por etapas".

Por su parte, la Societat Civil Catalana ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para "que eche marcha atrás" en su desafío secesionista y renuncie a aprobar una declaración unilateral de independencia porque "nada la ampara" legalmente y sólo provoca división entre los propios catalanes.

Desde el PSC, el secretario de organización, Salvador Illa, ha mandado un mensaje apostando hoy por la "sensatez", el "respeto al Estado de derecho" y el "diálogo" y ha abogado por negociar "un nuevo pacto entre Cataluña y España". Por su parte, Pedro Sánchez, quien no ha acudido a la concentración, ha mostrado su apoyo a los manifestantes desde su cuenta de twitter. Y se ha sumado la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien ha trasladado todo su "apoyo a los miles de catalanes que han salido a la calle en Barcelona a reclamar convivencia y democracia".

La actual decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha anunciado que renuncia a presentarse como candidata a la reelección en los comicios que la institución ha convocado para el próximo 13 de diciembre. Lo ha confirmado este jueves en una rueda de prensa convocada la tarde antes para realizar un balance de su legislatura al frente de la Junta de Gobierno del Colegio. Gumpert ha asegurado a los medios presentes que se trata de una decisión “muy meditada” y ha afirmado que se debe a la imposibilidad de seguir compatibilizando su tarea al frente del Colegio con el ejercicio profesional tras haber asumido recientemente la dirección de su despacho. “No puedo hacerme cargo de esa tarea y darle al Colegio la dedicación exclusiva que se merece y que necesita"

En el mismo encuentro ha comunicado que Javier Iscar, diputado tercero de la Junta de Gobierno, será el candidato en su lugar: "Tiene toda mi confianza y todo mi apoyo", ha señalado Gumpert. Iscar liderará, por tanto, la candidatura continuista que prevé consolidar el proyecto iniciado por la actual decana hace cinco años.

Deberá medirse en las elecciones con José María Alonso, quien hasta ahora era el único que había anunciado su candidatura. Queda por ver si habrá más abogados que decidan dar un paso al frente para optar al cargo. Tienen de plazo para ello hasta el próximo 20 de octubre para hacerlo.

Las elecciones de diciembre se celebran para elegir a la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid: decano/a, tesorero/a, bibliotecario/a y diez diputados/as. El lugar elegido para las votaciones es el Hotel Novotel Madrid Center (calle O'Donnell, 53), donde se instalarán seis mesas electorales. Los votantes podrán acudir a las mismas entre las 10 y las 20 horas.

La rueda de prensa estaba convocada para hacer balance de estos cinco años de gestión de la junta de gobierno liderada por Gumpert. En este tiempo, según la decana, se ha hecho realidad el compromiso con el que ganaron las elecciones de 2012. Desde entonces, ha explicado Gumpert, se han puesto en marcha muchos proyectos, la mayoría ya implementados y otros iniciados “con vocación de continuidad a medio y largo plazo”. Todo ello, ha explicado, “con el objetivo de situar a los colegiados en el centro de una institución más abierta, más moderna y más eficaz al servicio y en defensa de toda la abogacía madrileña”.

La decana ha destacado algunas de las iniciativas y servicios impulsados durante su mandato, como el Defensor del Abogado, el Proyecto Tecnológico ‘Colegio 3.0’, el incremento de cobertura del seguro de responsabilidad civil de 18.000 a 300.000 euros, la contratación de un seguro de vida para los colegiados, las dos Ferias de Empleo Jurídico, el programa en favor de la Conciliación o los dos Congresos de la Abogacía Madrileña: “La reputación de la abogacía se ha reforzado muchísimo en estos cinco años a través de los Congresos”, ha afirmado Gumpert, cuyas dos ediciones han logrado congregar a más de 3.000 abogados consolidándose como principal punto de encuentro de la profesión.

La Comisión Europea ha decidido llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la negativa de Dublín a recuperar los hasta 13.000 millones de euros en impuestos no pagados, tal y como exigió el Ejecutivo comunitario el 30 de agosto de 2016.

Entonces, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, determinó que el fabricante de teléfonos iPhones, tabletas iPads y ordenadores iMac recibió ayuda de Estado ilegal por parte del Gobierno irlandés. Según Bruselas, varios pactos fiscales (tax ruling) permitieron a Apple reducir artificialmente el impuesto de sociedades.

"Irlanda tiene que recuperar hasta 13.000 millones en ayuda de Estado ilegal de Apple. Sin embargo, un año después de la decisión, Irlanda todavía no ha recuperado el dinero, ni tan siquiera una parte", asevera hoy Vestager en un comunicado.

La fecha límite para que Irlanda recuperase el dinero venció el 3 de enero pasado. Sin embargo, el reembolso de este tipo de ayudas es tan complejo que la vulneración de estas fechas límites es muy habitual. La Comisión suele tolerarlo siempre y cuando detecte que el Gobierno en cuestión hace todo lo posible para recuperar el dinero.

Bruselas reconoce que Irlanda ha hecho progresos a la hora de calcular la cantidad exacta de ayuda ilegal ofrecida a Apple, pero advierte de que no espera concluir el trabajo, como pronto, hasta marzo de 2018. Con la decisión de hoy de llevar a Dublín al TJUE la Comisión intenta dos cosas: dejar claro que el ritmo actual de recuperación no le parece lo suficientemente rápido y meter presión para acelerarlo.

El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado su satisfacción por la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por la devolución en caliente de dos personas que habían entrado a España por la valla de Melilla.

España deberá pagar 10.000 euros a dos personas migrantes que fueron devueltas a Marruecos en agosto de 2014 "sin que mediara intervención administrativa o judicial previa", según la resolución del TEDH.

"Una vez más, la Abogacía Española quiere recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada. Por tanto, pide al Gobierno que cesen inmediatamente estas prácticas", indica el organismo en nota de prensa.

También reitera que todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional ratificada por España y, en consecuencia, seguir el principio de no devolución. Asimismo, señala que la ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional.



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