Síguenos en  Síganos en Facebook Síganos en Twitter Síganos en Linkedin
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 – 944 255 220 clientes@disjurex.es

Los consejos de la semana

Contabilidad

Tratamiento contable de un acuerdo comercial entre un proveedor y un cliente en el ámbito del sector de la distribución

Desde el punto de vista del proveedor que concede el descuento es preciso señalar que el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, regula el tratamiento contable de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios en la norma de registro y valoración (NRV) 14ª.

El ICAC ha señalado que se tratarán en el proveedor como un rappel por ventas, en la medida que la causa del descuento no es otra que incentivar el consumo de los productos que vende la empresa, al margen de que la cuantía de la rebaja en el precio de la transacción se fije en función del volumen de compras del cliente o del volumen de ventas de este último a los consumidores finales.

Se trata de una empresa del sector de la distribución que está concediendo descuentos en apoyo a la cadena de ventas. Así, por ejemplo, se ofrece un descuento concedido por el proveedor a su cliente (intermediario en la cadena de distribución) por unidad vendida durante un periodo de tiempo.

¿Cómo se contabiliza por el proveedor esta operación?

Con referencia al caso planteando, efectivamente el ICAC en su consulta 1 publicada en el BOICAC 108/diciembre 2016, sobre el acuerdo comercial entre un proveedor y un cliente en el ámbito del sector de la distribución, ha señalado que Desde el punto de vista del proveedor que concede el descuento es preciso señalar que el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, regula el tratamiento contable de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios en la norma de registro y valoración (NRV) 14ª, que en su apartado 1 establece: “14ª Ingresos por ventas y prestación de servicios 1. Aspectos comunes Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo (...)”

En consecuencia, ambos conceptos se tratarán en el proveedor como un rappel por ventas, en la medida que la causa del descuento o del importe abonado al cliente no es otra que incentivar el consumo de los productos que vende la empresa, al margen de que la cuantía de la rebaja en el precio de la transacción se fije en función del volumen de compras del cliente o del volumen de ventas de este último a los consumidores finales. De forma coherente con el tratamiento contable en el proveedor, el cliente que recibe el incentivo contabilizará ambos conceptos como un rappel sobre compras.

Mercantil, civil y administrativo

Plazo de reclamación de solicitud de devolución de los gastos hipotecarios indebidos de un préstamo

Las reclamaciones o quejas ante el banco de España, están sujeta a un plazo de prescripción de 6 años.

Para solicitar la devolución del pago indebido, la mayoría de la doctrina entiende que resulta de aplicación el plazo general de prescripción del Artículo 1964 del Código Civil.

Incluso hay quien piensa que la acción para reclamar la devolución de estos gastos es imprescriptible por tratarse de cláusulas nulas, por resultar abusivas. Respecto al plazo para el ejercicio de la acción de nulidad por error o vicio en el consentimiento, es de 4 años.

Plazo de reclamación

Este caso versa sobre el plazo de reclamación en vía administrativa y civil de los gastos hipotecarios cargados sobre el prestatario, al incluir la cláusula de asunción del pago de los gastos, sin conocimiento previo alguno del prestatario.

Se ha recibido respuesta de una entidad bancaria en que nos refiere que conforme a lo previsto en la Orden ECC/2502/2012, que regula el procedimiento de reclamación ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, en su artículo 10.2 f) establece que el plazo para reclamar es de 6 años desde la producción de los hechos, como criterio para la admisión a trámite de la reclamación.

Nos planteamos pues, la cuestión del diez a quo, para contar tanto este plazo, como la reclamación en vía civil, bien por nulidad Error/vicio en el consentimiento, bien por Incumplimiento de las Ley de condiciones generales de la contratación, y Ley general defensa consumidores y usuarios, al no cumplir los requisitos de información previa, claridad y trasparencia en la incorporación de las cláusulas estas que son condiciones generales al contrato de préstamo hipotecario.

En concreto:

1- Plazo y dies a quo para reclamar al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones Caso de gastos hipotecarios.

2- Plazos y dies a quo para el ejercicio de las acciones de nulidad por error/vicio en el consentimiento, y/o nulidad y no incorporación de la cláusula condiciones general por no cumplir requisitos de incorporación al contrato. Caso de gastos hipotecarios.

Procedimiento de presentación de reclamaciones

Efectivamente, desde el día 22 de mayo del año 2013, fecha de entrada en vigor de la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las reclamaciones o quejas ante el Banco de España, están sujeta a un plazo de prescripción de 6 años, desde la fecha de producción de los hechos que, en el caso al que se refiere su consulta, sería la fecha del cobro indebido de los gastos de constitución de la hipoteca. En este sentido dispone el precepto del Artículo 10.2 de la referida Orden, en la late f) que no se admitirán las reclamaciones o quejas:

“Cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de acciones o derechos que de conformidad con lo previsto en los contratos o en la normativa reguladora que resulte de aplicación pueda ejercitar quien presente o aquel en cuya representación se presente la reclamación o queja de que se trate y en todo caso cuando haya transcurrido un plazo de 6 años desde la producción de los hechos sin que se haya presentado la reclamación o queja.”

Ahora bien, este plazo de prescripción rige solo para presentar la reclamación ante dicho Servicio del Banco de España. Para solicitar la devolución del pago indebido, en vía civil, la mayoría de la doctrina entiende que resulta de aplicación el plazo general de prescripción del Artículo 1964 del Código Civil: 15 años para reclamaciones por hechos anteriores al día 7 de octubre de 2015 y 5 años para los hechos (esto es, pagos o comisiones) posteriores a esa fecha.

Según este artículo: “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”. Pero hay que tener en cuenta que este artículo fue objeto de una reforma por Ley 42/2015, de 5 de octubre y que el plazo de prescripción general que establecía en su versión anterior era de 15 años.

Incluso hay quien piensa que la acción para reclamar la devolución de estos gastos es imprescriptible por tratarse de cláusulas nulas, por resultar abusivas.

Por último y respecto al plazo para el ejercicio de la acción de nulidad por error o vicio en el consentimiento, es de 4 años, de conformidad con el Artículo 1301 del Código Civil que dice que: “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr:

(...)

En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato”.

Ahora bien, no puede confundirse la consumación del contrato a que hace mención el art. 1301 del Código Civil, con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia del Tribunal Supremo núm. 569/2003, de 11 de junio, que mantiene la doctrina de sentencias anteriores, conforme a las cuales la consumación del contrato tiene lugar cuando se produce « la realización de todas las obligaciones » (sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1897, 20 de febrero de 1928 y 11 de julio de 1984), « cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes » (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1989) o cuando « se hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó » (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983 ).

Y respecto de los contratos de tracto sucesivo, declara la citada sentencia núm. 569/2003:

Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que "el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo", y la sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que "la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó".

Conclusiones

Las reclamaciones o quejas ante el banco de España, están sujeta a un plazo de prescripción de 6 años

Para solicitar la devolución del pago indebido, la mayoría de la doctrina entiende que resulta de aplicación el plazo general de prescripción del Artículo 1964 del Código Civil.

Respecto al plazo para el ejercicio de la acción de nulidad por error o vicio en el consentimiento, es de 4 años.

En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) comunicó ayer que ha lanzado advertencias a cinco ayuntamientos por no proporcionar información sobre sus cuentas para la elaboración del informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas de 2017.

Según informó ayer en un comunicado, la Airef publicó en su página web una resolución de su presidente, José Luis Escrivá, en la que advierte a cinco entidades locales por incumplir su deber de colaborar con el organismo.

Los cinco ayuntamientos advertidos son los de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (de la provincia de Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real). El supervisor de las cuentas públicas recuerda que la negativa a facilitar información supone la aplicación de las medidas correctivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A pesar de las advertencias, los ayuntamientos son el eslabón de la Administración que presenta mejores cifras. El año pasado cerró con un superávit del 0,6% cuando bastaba que registraran equilibrio para cumplir con el objetivo de estabilidad. Este sobrecumplimiento palió el desvío de otras administraciones y permitió que España cumpliera por primera vez durante el Gobierno de Mariano Rajoy el objetivo de déficit público.

En términos generales, la situación de los ayuntamientos es buena, aunque en un informe reciente, la Airef alertó de “32 ayuntamientos que con una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes superior al 75% presentan problemas de sostenibilidad”.

La Autoridad Fiscal también informó en su evaluación mensual de las cuentas públicas que España está en disposición de cumplir este año el objetivo de estabilidad, que contempla que los números rojos bajen del 4,3% al 3,1% del PIB. Las mayores dudas las generan la Administración central y la Seguridad Social.

Los ingresos públicos avanzan, pero menos de lo previsto; sin embargo, también el gasto será inferior a lo presupuestado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revisado a la baja su previsión de crecimiento en tiempo real. Si para el segundo y el tercer trimestre auguraba un 1% de repunte del PIB, ahora arroja un 0,84% y un 0,8% respectivamente.

La razón tras esta revisión a la baja se esconde en la publicación de los datos de afiliación a la Seguridad Social en julio: pese a que el paro bajó en 26.887 personas, la bajada fue menor a la que se ha producido en dicho mes en los últimos años. Julio suele ser un periodo favorable para la creación de empleo por el tirón del turismo.

El crecimiento de la economía en el segundo trimestre fue del 0,9%, el mayor desde el primero de 2015, superior en una décima al del periodo anterior. BBVA Research augura que el crecimiento en verano será algo menor, de entre un 0,8% y un 1%. Como fuere, la mayor parte de organismos pronostican un crecimiento superior al 3% para este año.

La Autoridad Fiscal publica sus previsiones de PIB en tiempo real, ya que las va corrigiendo según se van conociendo indicadores de la economía. El próximo dato que cambiará su previsión será el Informe de ventas, empleos y salarios de las grandes empresas de junio, así como el PMI de servicios.

La Agencia Tributaria (Aeat) ha devuelto 7.315 millones de euros a 11,78 millones de contribuyentes como parte de la campaña del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016, de acuerdo a los datos actualizados hasta el 28 de julio publicados. De acuerdo a estos datos, la Agencia había efectuado hasta finales de julio el 83,9 % de las devoluciones y había abonado el 73,1 % de los importes solicitados.

Una vez incluidos los últimos datos -que incluyen la práctica totalidad de la información-, en esta campaña han presentado su declaración 19,66 millones de contribuyentes, un 0,96 % más que en la campaña de 2015, el 88 % de ellas a través de Internet, es decir, 38 puntos más que hace seis años. De las declaraciones presentadas, 14,03 millones resultaron a devolver, un 3,86 % menos, por un importe de 10.000 millones de euros, un 8,77 % menos.

De ellas, 11,77 millones de devoluciones ya han sido abonadas, un 2,45 % menos, por un importe de 7.315 millones, un 5,48 % menos, en parte debido al menor número de declaraciones con resultado a devolver. Los 4,83 millones de declaraciones restantes resultaron a ingresar, un 17,3 % más, por un importe total de 9.122 millones, un 15,63 % más.

La Agencia Tributaria explica que el número de declaraciones con resultado a ingresar y a devolver difiere del inicialmente previsto por la evolución positiva del sector inmobiliario -con incidencia tanto en las ganancias patrimoniales como en el arrendamiento- y el mantenimiento de la reforma fiscal, que ha permitido que más contribuyentes no tengan que presentar su declaración.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, se han registrado casi 198.000 declaraciones, de las que más de 171.500 han resultado a ingresar por un importe de 1.034 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda publicó ayer los datos anuales de recaudación que reflejan que el Estado ingresó por impuestos 186.279 millones de euros, una cifra inferior a los 193.520 millones presupuestados. Supone un desvío de 7.271 millones, una cifra superior a la anunciada inicialmente en marzo. Los errores en las previsiones de recaudación son una constante. El Gobierno siempre sobreestima los ingresos en los Presupuestos, lo que facilita cuadrar los números sobre el papel y driblar las peticiones de nuevos ajustes de Bruselas.

El documento refleja que la reforma fiscal aprobada en 2014 y que entró en vigor en dos fases –en 2015 y 2016– ha reducido en 12.473 millones la recaudación. La mayor parte de este importe corresponde a la reducción del IRPF. Tras subir el impuesto sobre la renta nada más iniciarse la anterior legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo los tipos y tramos del IRPF ante de las elecciones generales. En el impuesto sobre sociedades, Hacienda rebajó en dos años el tipo nominal del 30% al 25%. Esta medida, junto con otros cambios normativos, supuso un ahorro de 3.000 millones entre 2015 y 2016.

Sin embargo, el riesgo de incumplir el objetivo de déficit el ejercicio anterior era cada vez mayor a medida que avanzaban los meses y el Gobierno optó por aprobar un drástico incremento del impuesto. Primero elevó los pagos fraccionados y, posteriormente, restringió aún más la posibilidad de compensar bases imponibles negativas y exigió que las empresas tributaran por los deterioros de cartera deducidos en períodos anteriores. El impacto esperado de estos cambios normativos asciende a 4.655 millones en 2017. Es decir, el aumento fiscal aprobado por sorpresa es superior a la rebaja tributaria impulsada dos años atrás.

Finalmente, el Gobierno cumplió el año pasado el objetivo de déficit –que se revisó en varias ocasiones al alza– y cerró con un desfase del 4,3%. Aun así, la recaudación fue sensiblemente inferior a la presupuestada. Los datos publicados ayer reflejan que Hacienda recaudó 75.432 millones por IRPF, el tributo más importante del sistema fiscal. Supone un 0,1% más. El Gobierno había presupuestado un incremento del 4,3%.

Esta situación se repetirá también en 2017. Para el ejercicio en curso, Hacienda ha presupuestado ingresar por IRPF un 7,7% más. Pese a la creación de empleo y a la posibilidad de aumentos salariales, se trata de un incremento totalmente desproporcionado y de imposible cumplimiento. De hecho, los datos del primer semestre indican que la recaudación por IRPF avanza a un ritmo del 3,2%. No llega ni a la mitad de lo estimado por Hacienda. La Airef ya ha alertado de este desvío.

En el IVA, el principal impuesto sobre el consumo, la situación es distinta. España recaudó el año pasado 62.845 millones, 182 millones más que lo presupuestado. Y los ingresos por este tributo avanzan en 2017 a ritmos del 8,2%, por encima del 7,3% previsto inicialmente.

El impuesto sobre sociedades, la tercera figura más relevante es la que sigue un patrón más errático y, por lo tanto, los riesgos de errores en las previsiones son mayores. El tributo aportó a las arcas públicas 21.678 millones, 3.190 millones menos de lo previsto. Sin embargo, el desvío hubiera alcanzado cotas escandalosas sin las subidas fiscales aprobadas a finales del ejercicio pasado. Los desvíos presupuestarios acumulados desde 2012, primer año del Gobierno de Mariano Rajoy, suman 25.309 millones.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en que la moderación salarial ya cumplió su función en los peores años de la crisis y que, con la situación actual, con una economía avanzando a ritmos del 3% y con creación neta de empleo, las empresas están preparadas para incrementar los salarios. La presión del Ejecutivo no ha dado resultado y patronal y sindicatos no han logrado cerrar un acuerdo.

Un incremento de las rentas salariales ayudaría al Estado a reducir su déficit y cuadrar sus cuentas a través de mayores ingresos por el IRPF y las cotizaciones sociales. Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que la masa salarial –sin incluir las rentas de los autónomos– alcanzó el ejercicio anterior los 336.010 millones de euros, un importe que sufrió una retención media del 15%. Un incremento de la masa salarial del 1% podría elevar la recaudación en casi 600 millones.

Una subida del 3% –el máximo que pedían los sindicatos– supondría 1.500 millones adicionales. Se trata de un ejercicio ficticio porque resulta inviable que todos los salarios suban el 3%. En cualquier caso, ilustra la importancia que tiene para las cuentas públicas la evolución salarial. Los sindicatos reclamaban durante la negociación un incremento entre el 1,8% y el 3%, mientras la patronal planteaba subidas del 1% hasta un máximo del 2,5% y vinculado a la productividad.

El mayor efecto del incremento salarial se refleja en las cotizaciones sociales y, por lo tanto, en las cuentas de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta la remuneración de asalariados de contabilidad nacional y la presión fiscal sobre el trabajo, por cada punto de incremento de salario, los ingresos por cotizaciones aumentan en torno a 900 millones.

Así, entre IRPF y cotizaciones, un aumento salarial del 3% supondría recaudar 4.000 millones frente a los 1.500 millones que reportaría un aumento del 1%. Visto así, se entiende el interés del Gobierno para que los salarios aumenten.

Recientemente, la misión del FMI señaló que España tenía un margen escaso para seguir saneando sus cuentas públicas a través de la reducción del gasto. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que los ajustes se han terminado y planea presupuestos expansivos. Por lo tanto, la reducción del déficit deberá sustentarse en una mejora de los ingresos. Ante la ausencia de medidas fiscales, el incremento de la recaudación solo puede proceder de la mejora de la economía: el aumento del empleo, del consumo, los beneficios empresariales y las rentas salariales son elementos que permiten incrementar la recaudación.

Laboral

En el último quinquenio los afiliados al régimen de autónomos han crecido en 4,8%, según datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). En total, había 3,238 millones de personas que tienen su propio negocio a fines de junio de este año.

De este segmento empresarial, que representa el 17,6% del total de trabajadores en España, el gremio de los profesionales, científicos y técnicos es el que más se ha incrementado en el mismo periodo. Este subsector, que abarca profesiones tan diversas como las actividades jurídicas, contabilidad, administración, arquitectura, publicidad o veterinaria, se ha duplicado (52%) en los últimos cinco años.

El segundo sector que más ha crecido es el de consultoría y gestión de empresas, con un incremento de 47,3% desde 2012. "Los servicios a empresas están aumentando y no se trata solo de autoempleo sino de iniciativas empresariales que se van profesionalizando", explica Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El tercer colectivo que ha sumado más autónomos en los últimos años de crisis es uno menos convencional: el de programación, consultoría y otras actividades informáticas, con un 43,2%. "El sector que utiliza la tecnología como base de trabajo se está asentando en la sociedad. Debe marcar el emprendimiento de calidad y no de cantidad", dice Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Enrique González, por ejemplo, es un programador que ofrece su trabajo a través de una página web. "Me incorporé como autónomo porque me despidieron de la última empresa donde estuve trabajando, y en vez de ponerme a buscar empleo de nuevo, preferí comenzar como freelance, ya que tenía mucha experiencia acumulada".

González lleva desde el 2010 trabajando por cuenta propia y opina que el creciente número de programadores autónomos responde a la demanda de las empresas que prefieren externalizar sus proyectos en lugar de contratar para ahorrar recursos. "Los bajos sueldos y condiciones que ofrece gran parte de las empresas también anima a la gente a ponerse por su cuenta", dice.

El programador asegura que mientras que en una empresa se cobra un sueldo fijo, como autónomo todos los ingresos son para él. Sin embargo, sobrevivir en el mundo freelance es un reto. "Siempre debes dominar tecnologías muy diversas para optar al mayor número de proyectos", dice González.

La masa salarial declarada en el impuesto sobre la renta se ha estancado en la última década en el sector privado. Los últimos datos publicados por Hacienda reflejan que los sueldos del conjunto de trabajadores sumaron 250.349 millones de euros el ejercicio anterior, un raquítico 0,6% más que en 2006. En el mismo período, la masa salarial en el sector público se incrementó un 18,4% hasta los 85.660 millones. El colectivo que más ha visto incrementar sus emolumentos es el de los consejeros y administradores de empresas. Sus retribuciones sumaron 2.703 millones en 2016, un 63,5% más que diez años atrás.

Hacienda puede ofrecer datos de la masa salarial de consejeros y administradores porque este perfil profesional aplica un tipo de retención fijo en el IRPF, que actualmente es del 35% y del 19% para empresas con una cifra de negocio inferior a 100.000 euros. El incremento de la masa salarial de consejeros y administradores de empresas refleja el impacto desigual que ha tenido la crisis económica. El aumento también puede deberse a que Hacienda aplica un mayor control sobre estos colectivos y las empresas declaran de forma más fidedigna sus retribuciones.

Las pensiones son otra fuente de renta sujeta a retención en el IRPF que ha aumentado significativamente. En el año 2006, las prestaciones por jubilación sumaban 84.403 millones y hoy alcanzan ya los 130.956 millones. Un aumento del 55,2% en una década. Los salarios, que son la fuente de financiación de la Seguridad, se estancan y, al mismo tiempo, las pensiones aumentan rápidamente. Una ecuación que explica la mala situación de las cuentas de la Seguridad Social, que este año registrará el mayor déficit de su historia al acumular un desfase del 1,6% del PIB.

Diez años atrás, el número de asalariados, sin incluir los regímenes forales, alcanzaba los 14,3 millones frente a los 13,5 millones actuales. Supone un 6% menos. En el mismo período, los pensionistas han pasado de los 8,1 millones a los 9,1 millones. Un aumento del 12%.

Los autónomos son otro de los colectivos que han sufrido más la crisis, siempre según la renta declarada ante Hacienda. Los trabajadores por cuenta propia ingresaron el año pasado 19.945 millones, un 2,4% menos que en 2006.

Si la lupa se pone en la renta media, la estadística de Hacienda refleja que el salario medio ha aumentado un 10,7% en la última década hasta alcanzar los 24.864 euros anuales. Y la pensión media, en ese mismo período, se ha incrementado un 38,3%. Este es otro factor que presiona las cuentas de la Seguridad Social y contribuye a incrementar sus números rojos.

En el caso de los autónomos, los ingresos medios declarados han caído un 12,9% en los últimos 10 años. Al comparar 2006 con 2016 se pone en relación un ejercicio de expansión económica y previo a la crisis con un año que puede considerarse como de consolidación de la recuperación de la actividad.

La comparación anual refleja precisamente esta mejoría. La masa salarial en el sector privado aumentó un 5% respecto a 2015, un incremento muy superior al 0,7% del sector público. La cifra también supera el repunte de las prestaciones por jubilación, que mejoraron un 3,8% en términos agregados. Aunque son nuevamente los consejeros de empresas lo que más disfrutan de la recuperación. La masa salarial de este colectivo registró un incremento anual del 17,1%.

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado en julio en 26.887 personas en relación al mes anterior. Así, la cifra total de parados registrados en el mes de julio se sitúa en 3.335.924. Alcanza así su nivel más bajo de los últimos 8 años. En términos desestacionalizados el paro sube en 11.771 personas.

En los 12 últimos meses, el paro se ha reducido en 347.137 personas, manteniendo un mes más un alto ritmo anual de reducción, que se sitúa en 9,4%. Durante los 7 primeros meses del año el desempleo ha disminuido en 367.050 personas. Respecto a las comunidades autónomas el paro registrado baja en 12, principalmente en Galicia (7.794), Andalucía (4.245) y Cataluña (4.075).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado disminuye en Servicios, en 17.656 personas; en Industria, en 5.257; en Construcción, en 4.143, y en el colectivo de personas sin empleo anterior en 539. Sube, sin embargo en Agricultura y Pesca, en 708 personas. El desempleo entre los hombres se sitúa en 1.407.638, que supone un descenso del 12,93% (209.083) respecto a julio de 2016. En cuanto al desempleo entre las mujeres, alcanza la cifra de 1.928.286, que representa una bajada del 6,68% (138.054), en relación con el mismo mes del año anterior.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años disminuye en términos interanuales en 34.317, un 11,9%, sensiblemente por encima de la media general del 9,4%. Desde los máximos registrados en marzo de 2012, el paro registrado entre los menores de 25 años se ha reducido un 50,7%. El número de contratos indefinidos crece un 10,6%. El número de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.928.639. Representa una subida de 112.368 (6,19%) sobre el mismo mes del año pasado.

En cuanto a la contratación indefinida en el mes de julio se han registrado 151.998 contratos de esta modalidad. Supone un aumento de 14.608 (10,63%) sobre igual mes del ejercicio anterior. Se encadenan así 42 meses de incremento de la contratación indefinida.

Los contratos indefinidos a tiempo completo han registrado un incremento del 13,93%, en relación a igual periodo del año anterior. Asimismo, la contratación indefinida entre los menores de 25 años crece al 21,8% en los siete primeros meses de 2017, comparado con el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, el secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo, ha recordado que el 73,2% de los asalariados en España tiene un contrato indefinido, 7,5 puntos más que en 2006, según los datos de la Encueta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.

Durante el primer semestre del año 2017, los autónomos han generado un total de 104.036 empleos netos, según ha adelantado la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). De esta cantidad, 56.172 se corresponden a empleos asalariados generados por los autónomos y un total de 47.864 a nuevos emprendedores.

Con estos resultados, ATA destaca que los autónomos han generado en los seis primeros meses del año una media de 575 empleos netos cada día. Asimismo, la organización ha puesto de relieve el número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo persona física, que ha aumentado en el primer semestre del año un 6,6%, hasta situar la cifra total en 913.078 personas.

La incidencia del trabajo autónomo en la creación de puestos de trabajo a nivel global también es relevante, pues durante la primera mitad del año en el conjunto de España se generaron 454.946 nuevos puestos de trabajo, de los que 104.036 pertenecen al colectivo de autónomos.

Con estas cifras, de los 3.256.355 autónomos dados de alta en nuestro país cuatro de cada diez, están constituidos o pertenecen a algún tipo de forma societaria, mientras que el 61,3%, son persona física. Estos han crecido en lo que llevamos de 2017 en 23.970 personas. El comportamiento es similar al de los autónomos societarios, ya que subieron en 23.894 personas.

También resulta importante el peso de los autónomos extranjeros, que según los datos de ATA representan prácticamente uno de cada dos nuevos autónomos en el primer semestre de año. Así, de los 23.970 nuevos autónomos persona física, 11.310 tienen la nacionalidad española frente a 12.660, el 52,8%, que es de origen extranjero.

Sin embargo, por género se produce un incremento prácticamente similar en el caso de hombres y mujeres. En concreto, frente al crecimiento del +1,1% de los varones, las mujeres que ponen en marcha su negocio crecieron a un ritmo del +1,4%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) destaca que se acelera la recuperación del empleo con respecto al crecimiento del 2,43% anual que experimentó el empleo en el segundo trimestre del 2016. Así lo señala Fedea en su Observatorio Laboral del segundo trimestre, que se centra en la evolución anual, reflejando un aumento en el número de ocupados de 512.300, lo que supone un alza en términos interanuales del 2,8%.

"Esto supone un aumento significativo que acelera la recuperación del empleo con respecto al crecimiento del 2,43% anual que experimentó la tasa de ocupación en el segundo trimestre del 2016", señala Fedea, que destaca también que el número de personas desempleadas ha caído en los últimos 12 meses en 660.400 personas.

No obstante, señala que para alcanzar los niveles previos a la crisis todavía habría que recuperar 1,76 millones de empleos. Además, el número de desempleados supera hoy al de 2007 en 2,14 millones de personas, lo cual indica que, "aunque sin duda nuestra economía está recuperando empleo, todavía quedan más de 2 millones de personas que quieren trabajar, pero no encuentran empleo".

El análisis de Fedea refleja también que aumenta la proporción de ocupados sobre el total de adultos en el último año a nivel nacional, pasando del 47,5% al 48,7%. Este incremento es homogéneo a lo largo de las diferentes regiones. Baleares continúa siendo la comunidad autónoma con mayor porcentaje de ocupados (58,1%), seguida por Madrid (54,5%) y las regiones del noreste peninsular, que alcanzan el 53% aproximadamente.

En el resto de regiones, la proporción de ocupados sobre el total de adultos se sitúan por debajo del 50%. Las tasas de inactividad muestran un ligero, pero preocupante aumento en todas las regiones. A nivel nacional, se produce un aumento del 40,6% a 41,2%. A su vez, se aprecian marcadas diferencias entre el noroeste y el sureste: Galicia, Castilla y León, Cantabria y País Vasco presentan unas tasas de inactividad superiores al 44%. Por el contrario, el sureste peninsular y ambos archipiélagos presentan tasas de inactividad inferiores al 42%.

Baleares es la región con una menor tasa de inactividad (34%), seguida de Madrid (37%), mientras que la tasa de paro ha descendido en un año 2,8 puntos. Según Fedea, la diferencia norte-sur es "muy llamativa", destacando la caída de seis puntos de la tasa de paro del Principado de Asturias, seguida de otras regiones, como Andalucía, Aragón y la Rioja, con descensos de hasta cuatro puntos.

Mercantil, civil y administrativo

La política del BCE de reducción de tipos de interés hasta cero –en ese nivel desde marzo de 2016– y de medidas extraordinarias como la compra masiva de deuda ha permitido un abaratamiento en el coste de financiación de empresas, hogares y Estados que ha sido vital para la salida de la crisis económica y que ha sido beneficiosa en términos generales para todos los países de la zona euro.

Así lo asegura BCE en su último boletín económico, donde, sin embargo, muestra cómo el impacto del ahorro en el pago de intereses ha sido muy desigual entre los diferentes Estados miembros y entre los distintos sectores de la economía. Partiendo de que, de forma generalizada, sólo la banca no se ha beneficiado de esta política de reducción de tipos –por el impacto negativo en su margen de negocio–, la autoridad monetaria certifica que los hogares y empresas españolas han sido las que más partido han sacado de esta situación. En concreto, los datos del BCE apuntan a que este ahorro neto en intereses equivaldría aproximadamente al 4,2% del PIB, o lo que es lo mismo algo más de 45.000 millones de euros desde el tercer trimestre de 2008 hasta finales de 2016.

El informe del BCE indica que solo los hogares españoles se habrían beneficiado durante la crisis por una cantidad equivalente a alrededor del 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB); las empresas no financieras se habrían ahorrado cantidades cercanas al 3,2% del PIB y el propio Estado, el equivalente al 0,2% de la riqueza nacional.

Según la comparativa del BCE en los nueve países analizados (Bélgica, Francia, Austria, Alemania, Holanda, Finlandia, Italia, Portugal y España) las empresas no financieras han sacado partido de esta política de tipos cero en todos ellos. Y son las empresas españolas las que más ahorro neto por intereses habrían obtenido. Además de las compañías españolas, las de Francia, Finlandia e Italia también obtuvieron un ahorro equivalente a más del 1% de sus PIB.

Por el contrario, el impacto de los bajos tipos de interés en los hogares de la zona euro ha sido mucho más dispar, explica el BCE. Las familias holandesas, españolas y finlandesas, por este orden, han resultado ser las más beneficiadas por esta política monetaria. Esto ha sido por el elevado peso de los créditos hipotecarios en comparación con el resto de activos financieros que poseen los hogares de estos países. Es más, en el caso de España el BCE precisa que esta ventaja se ha dejado sentir con más intensidad “por el predominio de hipotecas de interés variable”. De hecho, en España más del 90% del stock hipotecario está vinculado a las fluctuaciones del coste del dinero.

Esto explica que, en otros países como Bélgica, Austria o Italia, donde las familias tienen porcentajes más elevados de riqueza financiera como fondos de inversión, el impacto de la política de tipos cero haya generado “descensos pronunciados” de estos ingresos. Las más perjudicadas en este caso han sido las familias belgas, que han visto aminorar sus beneficios por intereses en una cantidad equivalente a casi el 2% de su PIB. Pero también hay otros Estados donde el abaratamiento del coste del dinero no ha tenido apenas impacto en sus hogares. Es el caso de Alemania, Portugal y Francia.

Las empresas dirigidas por mujeres tienen mejor desempeño si se mira la rentabilidad. Es la conclusión de un estudio de Nordea Bank, el mayor banco sueco, tras ese estudio de más de 11.000 empresas cotizadas de todo el mundo.

Desde 2009, las empresas que tenían a mujeres en los puestos de máxima responsabilidad o al frente del consejo de administración obtuvieron mejores rendimientos que el índice MSCI World –que replica 1.600 grandes empresas de 23 países-, según recoge Bloomberg. Tan solo en un año lo hicieron peor.

En este periodo han logrado un rendimiento del 25% de media anual, más del doble que el 11% del MSCI World. “El efecto puede persistir, sin dudas”, dijo Robert Naess, quien diseñó el estudio. El informe no acaba de explicar al detalle por qué se dan mejores resultados con mujeres. Naess, en cualquier caso, apunta a que suelen ser más conservadoras, lo que da más terreno a sorpresas positivas.

A eso se suma que sólo las mejores mujeres llegan a los puestos ejecutivos, superando a muchos máximos ejecutivos hombres, sigue Naess. Incluso desde la propia entidad ya redoblan la apuesta por las empresas dirigidas por mujeres. “Al analizar una empresa, una mujer al mando será un factor positivo”, señaló.

Las administraciones públicas concedieron ayudas y subvenciones públicas por valor de 4.046 millones de euros en 2016, un 11,8% menos que un año antes, lo que supone su nivel más bajo en diez años, según un informe de la agencia de ráting Axesor.

El retroceso del volumen total de subvenciones se debe a una caída tanto en la financiación a sociedades mercantiles o de capital, como al resto de entes no mercantiles y autónomos, aunque fue mucho más acusado en las sociedades mercantiles. El 51% de las ayudas y subvenciones fueron a parar a las empresas y el 49% correspondió a sociedades no mercantiles, autónomos y otros entes societarios.

En lo que se refiere a las ayudas a las sociedades mercantiles, el importe fue de 2.076 millones, un 10,3% menos que en 2015, acumulando cinco años consecutivos de caídas y marcando también mínimos de los últimos 10 años.

Dentro de estas, las pymes son las que copan la mayoría de los fondos, con un 84% del total, hasta los 1.749 millones, pese a experimentar un descenso del 5%. Por su parte, las grandes empresas registraron 327 millones, con una caída del 31% respecto al año anterior. Mientras, las sociedades no mercantiles y los empresarios individuales recibieron el 49% de la financiación pública desembolsada, con un total de 1.970,1 millones, un 13,3% menos.

El número de sociedades y autónomos beneficiarios descendió un 21,9% en comparación con 2015 y se situó en 232.260, son 65.000 beneficiarios menos que en 2015. Además, el número de empresas beneficiadas también está en este caso bajo mínimos: cayó un 30,3% en la comparativa interanual, hasta las 42.191.

Los importes de las ayudas y subvenciones concedidas por los organismos autonómicos superaron a las del Estado por quinto año consecutivo, situándose en 1.190,48 millones, frente a 885,89 millones del organismo central (57,3% frente a 42,7%). Eso sí, las ayudas autonómicas y locales cayeron un 20,9% en comparación con 2015, siendo el cuarto año seguido de caída. Las ayudas estatales mejoraron un 9,3% en su tercer año seguido al alza.

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Contratos del Sector Público supone un enorme balón de oxígeno para los miles de pymes que proveen bienes o servicios a las empresas que trabajan para las Administraciones Públicas, ya que los blinda frente a la morosidad que sufren, sobre todo por parte de las grandes constructoras. La norma permitirá incluso que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

La nueva ley tendrá un gran impacto en el tejido empresarial español, ya que la contratación pública es un mercado con un volumen de alrededor de 200.000 millones de euros anuales, equivalente a nada menos que el 20% del PIB. De esa cantidad, un 60% se abona tarde: 120.000 millones.

Actualmente, las constructoras que resultan adjudicatarias de obras públicas suelen incumplir el plazo de pago legal a los subcontratistas, que asciende a 60 días. El periodo medio de abono de los grandes grupos dedicados a las infraestructuras es de 288 días, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

La nueva norma taponará esa demora, después de que PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT se unieran contra el texto redactado inicialmente por el PP, que daba barra libre de morosidad a los gigantes de la construcción, ya que les permitía pactar -en la práctica, imponer- el plazo de pago con sus subcontratistas.

El texto final elimina esa posibilidad de pactar entre las partes plazos de pago diferentes a los legales. Además, imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más 30 días, sin excepciones. Se trata de un logro de la oposición parlamentaria, que ha tumbado la posibilidad de ampliar sine die el tiempo de certificación de las Administraciones Públicas, que era uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley que elaboró el Ministerio de Hacienda.

Esta vigilancia sobre el sector público coadyuvará al cumplimiento de la Ley de Morosidad en toda la cadena de la contratación pública, ya que podrá evitar el efecto dominó mediante el cual las compañías que sufren retrasos en los cobros se demoran a su vez en los pagos.

Otra de las grandes conquistas de los proveedores es que la nueva ley establece como punto de inicio del cómputo de los plazos de pago la fecha de entrega del bien o prestación del servicio. Esto es algo que ya estaba así en la Ley de Morosidad, pero no se cumplía en la construcción, ya que las Administraciones ponían el contador a cero cuando certificaban las obras, al menos un mes después de que empezaran.

El texto que el Congreso ha enviado al Senado para su visto bueno introduce el sistema de factura electrónica y registro electrónico único para el conjunto de la cadena de contratación pública, lo que permitirá acreditar la fecha en la que se presentan las facturas por el subcontratista al contratista de forma inequívoca y sin interpretación posible.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) denuncia las operaciones en corto que afectan a empresas españolas cotizadas como Dia, Técnicas Reunidas, Abengoa, Sacyr o PRISA, la empresa editora de EL PAÍS. La directora ejecutiva de AEMEC, Maria Fernández Conradi, insta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que “inicie (o en su caso continúe) con sus tareas de investigación” de unas actividades especulativas “que están provocando una merma en la confianza en el mercado financiero español”.

AEMEC ya recurrió a la CNMV el pasado mes de abril por las actividades en corto que afectaban al valor de la cotización del Banco Popular. Esta asociación, que se ocupa de defender y proteger los intereses de los accionistas minoritarios, recurre de nuevo al organismo presidido por Sebastian Albella para pedirle que investigue el incremento de los movimientos de posiciones en corto. En el caso de Dia, este aumento es del 24,86%; de un 4,27% en Sacyr y del 1,06% en PRISA.

“Estas posiciones en corto no suponen sino un comportamiento lejano a lo que debe ser un mercado eficiente, transparente y que refleje el verdadero valor de la acción en protección del inversor”, asegura la responsable de la AEMEC, en una carta registrada este mismo viernes en la CNMV.

Fernández Conradi reclama a la CNMV que investigue el “ataque despiadado” de estas operaciones especulativas para que dilucide quién se encuentra detrás de estas posiciones cortas y “si hay personas que pudieran estar haciendo uso de información privilegiada en detrimento del valor bursátil de alguna de las mencionadas compañías”.

Las empresas afectadas también han recibido cartas de la AEMEC, en las que la asociación les muestra su "preocupación" y su interés en defender "un mercado eficiente y transparente".

Sector

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que los trabajadores de un grupo empresarial empleados fuera del país de la sociedad principal carezcan del derecho a votar y a ser candidatos en la elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de supervisión de la sociedad matriz. La sentencia asegura que "la pérdida del derecho de voto y del derecho a ser candidatos en la elección de los representantes de los trabajadores del consejo de supervisión de la sociedad matriz alemana y, en su caso, la pérdida del derecho a ejercer o a seguir ejerciendo un mandato de representantes en ese consejo no constituyen un obstáculo a la libre circulación de trabajadores".

El fallo, de 18 de julio de 2017, respalda que en materia de representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores en los órganos de gestión o de supervisión de una sociedad nacional -un asunto que, a día de hoy, no ha sido objeto de una armonización y ni una coordinación a nivel de la Unión-, un Estado miembro disponga que las normas aprobadas por él solo son aplicables a los trabajadores empleados en establecimientos situados en su territorio nacional.

En todo caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea distingue dos situaciones. Por un lado, en lo que respecta a los trabajadores de un grupo empleados en una filial establecida en un Estado miembro distinto al de la matriz, el TJUE indica que su situación debe analizarse, no desde el punto de vista de la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad, sino desde el punto de vista de la libre circulación de trabajadores, que constituye una norma específica que prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad en materia de condiciones de trabajo.

Por otro lado, cita a los trabajadores de un grupo empleados en el país de la matriz y que renuncien a su puesto de trabajo para ser contratados en una filial perteneciente al mismo grupo establecida en otro Estado miembro. En este sentido, el Tribunal europeo indica que la libre circulación de trabajadores se aplica, en principio, a la situación de estas personas. "Por lo tanto, no procede analizar su situación desde el punto de vista de la prohibición general de la discriminación por razón de la nacionalidad", añade.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha rectificado la primera sentencia que declaraba nulo por discriminatorio el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal y, en su lugar, ha decretado la improcedencia del cese. El fallo impugnado es el dictado por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016 que, en aplicación de la jurisprudencia europea, consideraba que una baja de duración incierta podía equipararse con una discapacidad duradera.

La resolución europea, dictada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el 1 de diciembre de 2016 -caso M. Daouidi-, había dictaminado que el despido debía calificarse como nulo cuando resultara discriminatorio por razón de una discapacidad duradera. Para apreciar la durabilidad de la situación de baja debía valorarse que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio -el despido-, la incapacidad no presentara una perspectiva definida de finalización a corto plazo y, además, que pudiera prolongarse de forma significativa.

En conclusión, el TJUE concluyó que una situación de incapacidad temporal no excluye la opción de que se apreciara una discriminación por razón de discapacidad. Una valoración del caso concreto que, no obstante, debería hacer el órgano jurisdiccional nacional.

En base a ello, el Juzgado declaró nulo el despido de un empleado que se encontraba de baja por un accidente laboral, en contra del criterio sostenido hasta el momento por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) que calificaban estos supuestos como improcedentes.

En una sentencia del 12 de junio, el TSJ catalán rechaza que, como consideró el Juzgado, la limitación pudiera calificarse como duradera y, por el contrario, asevera que se trata de una situación de "incapacidad reversible".

"No se pude calificar de duradera pues, entre el accidente de trabajo y el despido, apenas había pasado un mes y 23 días y, además, fue dado de alta médica sin secuelas el 20 de julio de 2015", explica el ponente del fallo, el magistrado García Ros, que aprecia que el hecho de que el empleado solicitara la incapacidad permanente "no es suficiente para considerar que las limitaciones funcionales [...] puedan calificarse de duraderas.

Por todo ello, razona el TSJ, la situación del demandante no puede calificarse de incapacidad duradera, ni puede aplicársele la tutela de la Directiva 2000/78 sobre igualdad en el empleo, ni puede dictaminarse que la empresa cometió con el despido un acto de discriminación por razón de discapacidad.

Los fallos en el sistema de comunicaciones Lexnet han agitado el último día hábil en los juzgados antes del parón de agosto. La suspensión anunciada el pasado viernes, y que se prolongó hasta el domingo por la noche, ya hacía prever una jornada complicada, con riesgo de que se produjera una avalancha de notificaciones y escritos de última hora.

A ello hay que sumar la caída de unos 15 minutos de la red que se produjo ayer a mediodía y la lentitud con la que estuvo funcionando en otros momentos del día, circunstancias que provocaron un nuevo aluvión de quejas de abogados y procuradores a través de las redes sociales.

Asimismo, algunos profesionales han denunciado hoy nuevos problemas, como la confusión en el envío de algunas notificaciones entre un abogado y su sustituto. Las brechas de seguridad detectadas en Lexnet la semana pasada, por su parte, han llevado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a anunciar el inicio de actuaciones previas de investigación, después de que el propio Ministerio de Justicia le notificara el viernes los incidentes registrados.

Asimismo, el Consejo General de la Abogacía ha solicitado hoy a Rafael Catalá que "se depuren responsabilidades" y ha reclamado que se garantice la seguridad del programa. Además, ha considerado que la parada debía calificarse como no planificada "al no haber avisado con la preceptiva antelación", lo que, de acuerdo con el artículo 12 de Real Decreto 1065/2015, que regula Lexnet, debía haberse habilitado un día más para la presentación de escritos.

Finalmente, la opción elegida por el Ministerio fue ofrecer a los afectados la opción de emplear el Justificante de Intervención de Mantenimiento Técnico -se fundamenta en el artículo 16 del Real Decreto-, lo que permitirá presentar escritos fuera de plazo debido a los problemas en la red.

Ángel López, abogado de la Brigada Tuitera, mostraba el descontento del colectivo con el funcionamiento de Lexnet. "Es una chapuza: es antiguo y cada reparación sólo es un parche", explicó, y reiteró su reclamación de que Lexnet pase a estar gestionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No hay motivo para que no lo esté ya, sólo hace falta que se le dote de los medios necesarios".

En el Congreso, respuesta unánime de los partidos de la oposición, que ya han exigido la comparecencia de Catalá para dar rendir cuentas sobre estos problemas.

Desde que entraron en funcionamiento los Juzgados especializados en cláusulas suelo hace dos meses (el pasado 1 de junio) ya se han fallado 28 sentencias y todas dan la razón al cliente. Aunque desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que aún no pueden dar el número exacto de las demandas interpuestas, porque no tienen homogeneizado el sistema informático en todas las autonomías, sí adelantan que el primer mes ya recibieron en torno a las 15.000, y prevén que en un año entren en estos juzgados unas 192.000 demandas.

De momento, varias comunidades ya han empezado a fallar las primeras sentencias, siendo Asturias y Aragón las más ágiles al respecto. Las dos autonomías ya han resuelto 12 demandas respectivamente, según los últimos datos ofrecidos por el CGPJ. Desde el órgano judicial recuerdan que la velocidad de la resolución se debe a que suele haber allanamiento por parte de la entidad financiera demandada, es decir, que el banco reconoce la nulidad de la cláusula suelo.

El Juzgado de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) es otro de los que también ha resuelto una demanda a favor del hipotecado, mientras que los otros tres fallos se han dictado en Albacete (Castilla-La Mancha), Lugo (Galicia) y Barcelona (Cataluña).

Por el momento, hay comunidades que ya han celebrado varias vistas previas como Baleares, Cantabria y País Vasco, a la espera de sentencias, y otras como Castilla y León, La Rioja o Navarra, a la vista de que agosto no es un mes judicial hábil, han pospuesto las primeras audiencias previas a septiembre.

A pesar de que el CGPJ aprobara la especialización de 54 juzgados en toda España para hacerse cargo de los litigios relacionados con la contratación de préstamos hipotecarios, para agilizar el volumen de demandas, las principales asociaciones judiciales del país denuncian la situación de desborde que sufre Madrid. El juzgado habilitado ha recibido hasta el pasado 24 de julio 8.901 demandas, lo que supone que en menos de dos meses "ha recibido cinco veces más de lo que un juzgado de primera instancia cualquiera recibe en un año".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) señalan que los miembros del CGPJ han demostrado desconocer la forma en la que trabaja un juzgado. “Nos preocupa la salud de las dos juezas" destinadas al juzgado especializado de Madrid "inundadas de procedimientos "lo que vulnera el más básico concepto de carga de trabajo saludable y asumible", denuncian las asociaciones.

El supervisor ha convocado 10 plazas de personal técnico especialista en modelos de medición de riesgos y técnicas cuantitativas. Esta nueva captación viene contextualizada por la asunción reciente de nuevas competencias por el organismo, el creciente dinamismo y complejidad de los mercados y la mayor competencia entre plazas financieras como consecuencia del brexit.

La ampliación de personal se suma a la ya ofertada el pasado mes de julio en la convocatoria de 8.000 plazas de empleo público, cuando se incluyeron 40 para la CNMV. El organismo anunció en abril que incorporaría un total de 50 efectivos este año, una parte de ellos con el objetivo de asumir las labores de atraer entidades y fondos después de que Londres haya perdido el título de epicentro de negocios de la UE.

Los 10 puestos de técnico anunciados serán para personas expertas en modelos de medición de riesgos y técnicas cuantitativas, establecerán requisitos de solvencia, organizativos y normas de conducta exigibles a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o cámaras de contrapartida central y en particular, en modelos de riesgos y técnicas cuantitativas.

Las funciones que desempeñarán estarán basadas en la elaboración de informes específicos de validación en relación con los modelos internos, así como la participación en el desarrollo y difusión de los criterios técnicos y metodológicos relacionados con estos modelos. Además, los nuevos técnicos trabajarán en la valoración de productos financieros y empresas y utilizarán herramientas informáticas de tratamiento masivo de datos y análisis estadístico, entre otras.

Tal y como se indica en las bases, aquellos que se presenten a la oferta para turno libre, los requisitos más destacados que tendrán que cumplir son contar con un título de licenciado, arquitecto, ingeniero o grado y disponer de cinco años de experiencia en funciones relacionadas con las descritas en la convocatoria.



NOVEDADES LEGISLATIVAS (ver)
Disjurex presenta
DERECHO CIVIL
Código Civil 12ª Edición 2020 (Código con Jurisprudencia)

Autor: Francisco Javier Fernández Urzainqui
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413087498
2.192 páginas


Precio original: 150,53 €
Precio final por compra On-Line: 143,00 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO CIVIL
Código Notarial 2ª Edición 2020 (Código con Jurisprudencia)

  Autor: Ana Fernández-Tresguerres y Antonio Fernandez-Golfín
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413466590
2.000 páginas


Precio original: 194,74
Precio final por compra On-Line: 185,00 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO MERCANTIL
Práctica Concursal Majada (2 Tomos + On-line)

  Autor: Jordi Albiol (Director)
Editorial: Bosch
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788490904695
2.900 páginas


10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 27 de Julio de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 298,53 €
Precio final por compra On-Line: 268,68 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO MERCANTIL
Práctica Concursal Majada On-line

  Autor: Jordi Albiol (Director)
Editorial: Bosch
Soporte: On line
ISBN: 9788490904695

10% de descuento en precampaña
Oferta válida hasta el 27 de Julio de 2020, fecha prevista de publicación
Precio original: 198,00 €
Precio final por compra On-Line: 178,20 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Claves Prácticas Trabajadores y Empresas en Concurso


Autor: Emilio Palomo Balda
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788418190346
126 páginas


Precio original: 30,16 €
Precio final por compra On-Line: 28,65 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO TRIBUTARIO
Claves Prácticas Tratamiento Fiscal de las Subvenciones en actividades económicas


Autor: José María Bengochea Sala
Editorial: : Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788418190322
126 páginas


Precio original: 30,16 €
Precio final por compra On-Line: 28,65 € (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

* Para ampliar más información sobre las obras, no tiene más que pulsar sobre su título, accediendo de este modo a la ficha del libro, donde podrá conocer los datos más relevantes sobre él, si desea ampliar más información en " Ver el índice de esta obra " podrá visualizar el índice completo.

 

PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Si está registrado
Para acceder a su zona privada, introduzca su dirección de e-mail y contraseña en  Mi cuenta, añada los productos deseados y finalice la compra.

Si no está registrado, tiene dos opciones

1- Registrarse como nuevo cliente, se le pedirán entonces una serie de datos. Elija una clave que recuerde habitualmente, dicha clave la selecciona el propio Cliente. De esta manera, cuando realice un pedido no tendrá que volver a rellenar sus datos.

Si desea registrarse como nuevo cliente pulsar aquí: Alta nuevo cliente

2- Realizar la compra como Invitado, sin la obligatoriedad de estar registrado, se solicitaran sus datos para el envío y facturación del libro, y podrá confirmar su pedido sin necesidad de facilitarnos datos adicionales.

 

Si aún no está registrado/a como cliente, regístrese aquí.

 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Respondiendo a nuestra dirección de correo electrónico clientes@disjurex.es, por teléfono: 902 540 992 - 944 255 220, por fax: 902 540 993 - 944 245 811, se aplicarán siempre los descuentos anunciados en nuestras comunicaciones.

 
Sobre Disjurex
» Qué es Disjurex » Escaparate » Novedades » Promociones
» Consultas
 

NOTA LEGAL: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la responsabilidad de Disjurex - Librería Jurídica. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Disjurex - Librería Jurídica no aceptará ningún tipo de responsabilidades por la información contenida en esta circular.

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no desea seguir recibiendo nuestro boletín Actualidad y Consejos semanal, sólo tiene que darse de baja en Baja de Servicio Actualidad y Consejos, o indicárnoslo enviando un correo electrónico a clientes@disjurex.es con el asunto 'Baja de servicio Actualidad y Consejos', desde la cuenta de correo que recibe nuestras comunicaciones.

Recuerde que la baja en este boletín no implica la baja en las restantes comunicaciones del Servicio de Novedades de Disjurex - Librería Jurídica.