Síguenos en  Síganos en Facebook Síganos en Twitter Síganos en Linkedin
Servicio de atención al Cliente: 902 540 992 – 944 255 220 clientes@disjurex.es

Los consejos de la semana

Fiscal

¿Cómo declarar los rendimientos que estaban pendientes de resolución judicial y los atrasos?

Existen varias formas. A tener en cuenta de cara a la declaración de la Renta.

Regla general

Los ingresos del trabajo se imputan al período impositivo en el que sean exigibles por su preceptor.

Rendimientos pendientes de resolución judicial

Los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.

No obstante lo anterior, si los rendimientos del trabajo no se perciben en el ejercicio en que haya adquirido firmeza la resolución judicial, no procederá incluirlos en la declaración correspondiente a dicho ejercicio, sino que, por aplicación de las normas relativas a los "atrasos" deberán declararse los mismos mediante declaración complementaria de la correspondiente al ejercicio en el que la resolución judicial adquirió firmeza.

Dicha declaración debe realizarse en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los rendimientos y el final del plazo inmediato siguiente de presentación de declaraciones por el IRPF.

En todo caso, por aplicación de esta regla especial de imputación temporal, si se incluyen en la declaración de un ejercicio rendimientos que corresponden a un período de generación superior a dos años, sobre los mismos resultará aplicable el porcentaje reductor del 30%.

Atrasos

Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquellos en que fueran exigibles, deberán declararse cuando se perciban, pero imputándolos al período en que fueron exigibles, mediante la correspondiente autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los atrasos y el final del plazo inmediato siguiente de presentación de autoliquidaciones por el IRPF.

Así, si los atrasos se perciben entre el 1 de enero de 2017 y el inicio del plazo de presentación de las declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 2016, la autoliquidación complemen- taria deberá presentarse en dicho año antes de finalizar dicho plazo de presentación (hasta el 30 de junio de 2017), salvo que se trate de atrasos del ejercicio 2016, en cuyo caso se incluirán en la propia autoliquidación de dicho ejercicio. Para los atrasos que se perciben con posterioridad al inicio del plazo de presentación de declaraciones del ejercicio 2016, la autoliquidación com- plementaria deberá presentarse en el plazo existente entre la percepción de los atrasos y el final del plazo de declaración del ejercicio 2017.

Laboral

Acumulación de jornada del jubilado parcial en un único año

El jubilado parcial puede acumular la jornada de trabajo, consistente en el 15%, en un solo año. En estos casos el contrato de relevo no pierde su causa de temporalidad y no puede considerarse fraudulento.

Causa de temporalidad del contrato de relevo

La sentencia recurrida entendía que la acumulación equivalía realmente a un anticipo de la edad de jubilación y la consecuente desaparición de la causa de temporalidad del contrato de relevo suscrito simultáneamente.

Entiende que legalmente sólo cabria que el jubilado parcial acumulara cada año, en un periodo, el tiempo parcial de trabajo. En suma consideraba la empresa celebró con el trabajador un contrato fraudulento sin causa alguna de temporalidad, lo que encaja en el supuesto del CC art.6.4.

Recurrida en casación para unificación de doctrina, el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida y reitera su doctrina permitiendo que el jubilado parcial acumule la jornada de trabajo, consistente en el 15%, en un solo año, todo ello con base en los siguientes argumentos:

a) Aunque la acumulación carece de cobertura legal específica, esa ausencia de específico tratamiento normativo no implica de suyo ilegalidad alguna, sino que partiendo de la libertad de pacto que impera en nuestra legislación aquella consecuencia solamente es sostenible cuando media fraude y se intenta burlar la finalidad de la norma.

b) La práctica descrita se atiende a la finalidad de la norma, tanto en relación al mercado de empleo, con la contratación de un relevista, como a las necesidades financieras del sistema de Seguridad Social pues se cotizó por los servicios del relevista y el relevado prorrateánddose la cuota por todo el periodo que ha mediado entre la jubilación parcial y la total.

c) La distorsión temporal trabajo/cuota no ha de trascender al contrato de relevo y menos hasta el punto de desvirtuar su naturaleza temporal. El jubilado parcialmente renuncia al cese escalonado. La posible irregularidad se produce tras haberse cumplido todos los requisitos de la jubilación parcial. Las deficiencias acaecidas en el decurso de la jubilación parcial, en principio, no pueden incidir en el contrato de relevo hasta el punto de mudar su naturaleza jurídica.

d) En estos casos no se está produciendo una jubilación total anticipada sino una jubilación parcial. La jubilación consiste en una situación de necesidad generada por la ausencia de rentas salariales, determinada por el cese en el trabajo a causa de la edad y acompañada del cese en las cotizaciones. De manera que no existe jubilación total cuando sigue percibiendo retribución, ha persistido el alta en la Seguridad Social y el ingreso de las correspondientes cotizaciones durante todo el periodo que media entre la jubilación parcial y la edad ordinaria de jubilación.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Existen canales individuales que generan entre 2.000 y 4.000 euros mensuales e influencers que pueden llegar a cobrar hasta 9.500 euros por un solo vídeo. La Agencia Tributaria quiere tenerlos a todos controlados. En enero dibujó las líneas de actuación de los inspectores y reservó un espacio para toda aquella actividad económica que tenga lugar en internet.

Según aclararon en su momento, no se referían solo a gigantes como Amazon, Google o Facebook, sino también a personas físicas que sacan un beneficio económico en estas nuevas plataformas. Así, aquellos que alquilen su piso por días en plataformas como Airbnb, por ejemplo, tampoco se librarán del control de Hacienda.

“Este año, cuando te llegan los datos fiscales, ya hay una casilla en la que se recuerda que si usted ha alquilado un apartamento en una plataforma informática debe declararlo como rendimiento del capital inmobiliario”, explica Carmen Jover, profesora del Máster en Asesoría Fiscal de la UPF Barcelona School of Management.

Jover explica que la manera de hacerlo es la habitual de cualquier actividad económica, declarando los ingresos y restando los gastos. En estos últimos, hay que hacer constar la comisión que está cobrándose la plataforma, así como la parte proporcional del IBI y otros costes que puedan derivarse, como por ejemplo la limpieza del piso.

En ese sentido, la experta aclara que todos los ingresos que proceden de internet deben declararse como actividades económicas, ya que no hay manera de justificarlos como rendimientos del trabajo. Por eso, si alguien empieza su carrera profesional en un campo como YouTube, por ejemplo, debe darse de alta en el epígrafe de otras profesiones no clasificadas. “Por nueva que sea la profesión, siempre hay un epígrafe adecuado”, señala la profesora.

Ahora bien, es común que las empresas y marcas regalen productos a los youtubers e influencers con la intención de conseguir publicidad. ¿Qué pasa con eso? Jover explica que siempre puede haber dos tipos de retribuciones: dinerarias o en especias.

En estas últimas se incluirían los regalos, lo que implica conseguir algo por debajo del precio de mercado. “El único caso en el que no habría que declararlo es si se devuelve el producto una vez terminada la campaña”, avisa la experta. En cambio, si el youtuber se queda el producto en cuestión, debe declararlo como un ingreso por su valor de mercado.

El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que venía a dar la razón a la Comisión Europea, que considera ilegal el régimen fiscal español de 2002 que concedía beneficios fiscales a las corporaciones españolas por adquirir participaciones en sociedades extranjeras de al menos el 5%.

La norma, creada por el Gobierno de José María Aznar, pretendía incentivar la internacionalización de las empresas al permitir una deducción del fondo de comercio durante 20 años. De estas deducciones del fondo de comercio —la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el valor real de mercado— se beneficiaron Telefónica cuando compró O2, el Santander al hacerse con el Abbey británico, Iberdrola cuando adquirió Scottish Power, Ferrovial con BAA... Casi un centenar de empresas españolas, la mayoría del Ibex 35, entre las que también figuran Sacyr o Abertis, y otras como Cintra o Autogrill, aprovecharon estas deducciones para ampliar su negocio en el exterior. Bruselas considera que estas deducciones fueron ayudas de Estado.

Fuentes comunitarias afirman que "después de la sentencia de diciembre de 2016, España ha tomado medidas para la recuperación del Godwill III [como se conocen las ayudas fiscales que permiten la amortización fiscal del fondo de comercio generado por la adquisición de firmas extranjeras a través de sociedades interpuestas] y está en contacto con la Comisión para la recuperación completa de los otros dos casos sobre el asunto". Otras fuentes del mercado reconocen que ya han recibido algunas notificaciones de la Agencia Tributaria informando del proceso de recuperación de las ayudas.

Pese a que la larga y compleja batalla judicial aún no ha concluido, tras conocer la sentencia de diciembre la Comisión reclamó a España que iniciase el procedimiento para la devolución de estas ayudas. Y el Gobierno responde en el Programa de Estabilidad, remitido hace unas semanas a la Comisión: "España procederá a recobrar las ayudas a través del nuevo procedimiento de recuperación aprobado en la última reforma de la Ley General Tributaria, de 2015". Añade que "ya ha relacionado las entidades que serán objeto de las actuaciones".

Fuentes de Hacienda admiten que están preparados para iniciar la recuperación de las deducciones. Estiman que podrán recobrar algo menos de 1.000 millones, muy por debajo de lo esperado por Bruselas, donde se especulaba con una cifra que rondaba los 8.000 millones.

Todos los ciudadanos o empresas que en los últimos años hayan realizado una venta de un solar o un inmueble con la que registraron pérdidas están pendientes de la resolución que debe emitir el Tribunal Constitucional (TC). Fuentes jurídicas aseguran que dicho pronunciamiento se espera en pocas semanas, antes del verano. Las mismas fuentes explican que en el entorno del alto tribunal son conscientes de que urge aclarar la situación que se ha generado tras dos sentencias suyas sobre las normas forales de Álava y Guipúzcoa relativas al impuesto de plusvalía municipal.

Y no solo por las compraventas de inmuebles registradas en los últimos años entre particulares. Las transacciones protagonizadas por empresas o las adjudicaciones de inmuebles y solares que han llevado a cabo los bancos también estarían afectadas por los cambios que se van a introducir en dicho impuesto. En ambas sentencias se plantea el supuesto de una transmisión de un inmueble de naturaleza urbana en la que se produce una pérdida económica, pero aplicando el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto sobre plusvalía municipal existe un incremento de valor del terreno que obliga a tributar por dicho impuesto.

Y es que en uno de los casos se trataba de la adquisición de una finca por tres millones de euros que fue vendida por 600.000 euros. Ante los recursos interpuestos denunciando esta situación, el alto tribunal declaró inconstitucional y nulos los artículos relativos a la cuantificación de la base imponible de la plusvalía en el caso de transmisiones, pero “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”.

En una jornada celebrada por el bufete Uría Menéndez y Tinsa sobre las estrategias que pueden plantearse para recuperar lo pagado de más por dicho tributo, Miguel Cremades, experto en Derecho Tributario de dicho despacho, explicó que mientras no se declare la inconstitucionalidad de la normativa estatal, no cabría que los jueces y tribunales declaren no sujetos a la plusvalía municipal las ventas de terrenos de naturaleza urbana cuando no hay incremento real del valor. De hecho, aseguró que muchas reclamaciones interpuestas por los contribuyentes ante los ayuntamientos están siendo paralizadas a la espera de lo que resuelva el Constitucional.

Una vez que dicte sentencia estatal, ¿podrán todos los contribuyentes que hayan tributado de manera indebida recuperar su dinero? Los expertos concluyen que depende de los términos en los que resuelva finalmente el alto tribunal. Tras las sentencias relativas a las normas forales, se configura un supuesto de no sujeción del tributo por la inexistencia de capacidad económica en la transmisión, o lo que es lo mismo: “aquellas operaciones que no presentan aumento del valor del terreno en el momento de la transmisión”. Cremades insistió en que la jurisprudencia del Constitucional no contiene muchas precisiones de qué es la capacidad económica o cómo calcular el incremento de valor. De ahí que sea trascendental la redacción final de la sentencia estatal del TC.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha avanzado que esta semana o la que viene se publicará en el BOE la orden ministerial sobre el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y en cuyo programa piloto se han gestionado ya más de 20 millones de registros de facturas en cinco meses.

Durante su intervención en la VII Jornada sobre 'La inspección tributaria de las grandes empresas', organizada por Deloitte Legal, Menéndez ha adelantado que en los próximos días se publicará la orden ministerial con las especificaciones técnicas del SII del IVA, que afectará a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes que representan el 80% de la facturación del IVA.

Menéndez ha detallado que desde la puesta en marcha el pasado 1 de enero del programa piloto del SII del IVA, a la que estaban apuntadas 30 empresas, se han cruzado ya facturas recibidas y emitidas de 2.000 empresas y se han gestionado más de 20 millones de facturas (15,57 millones registros de facturas emitidas y el resto de recibidas).

Asimismo, Menéndez ha indicado que aunque el nuevo IVA en tiempo real está previsto que afecte a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes, hay "otros grupos" que ya han mostrado su interés por el mismo a pesar de no estar obligados, gracias a las "muchísimas ventajas" que presenta, especialmente para las nuevas empresas.

"Les aporta más que les resta", ha enfatizado Menéndez, quien ha asegurado que el proyecto "cambia la forma de relacionarse" entre la empresa y la administración tributaria y evita "errores involuntarios". En este sentido, ha explicado que la AEAT ya tiene capacidad de información suficiente para testar la "forma de relacionarse" entre las grandes corporaciones y la Administración, y ha subrayado que el proyecto de SII "está yendo de manera correcta" y está "perfectamente lanzado".

Entre las ventajas que presenta el SII ha recalcado el ahorro en términos de gasto público y de mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos, así como el ahorro de costes que también va a suponer a las propias empresas.

"La Administración está perfectamente preparada, a ver si resulta que la Administración ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y las empresas no van a ser capaces de adaptarse, que son pioneras y muy internacionalizadas, a ver si no van a ser capaces de adaptarse al SSII modificando sus procedimientos internos credenciales y adaptándose con nuevas inversiones", ha agregado.

España prohíbe con carácter general pagos en cash superiores a 2.500 euros. Sin embargo, el límite se amplía a 15.000 euros para los no residentes. El cambio normativo que propone Economía no modifica estos umbrales, sin embargo, exigirá que los comercios apliquen las medidas preventivas contra el blanqueo cuando un extranjero realice un pago en efectivo superior a los 10.000 euros.

Esto implica llevar a cabo una serie de procedimientos como es la identificación formal del cliente o comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) si se sospecha que la compra tiene como finalidad el lavado de dinero.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda anunció el año pasado que rebajaría el límite de pagos en efectivo de los 2.500 euros a 1.000 euros. La medida, finalmente, no se ha incluido en ningún proyecto de ley. Aun así, el Ejecutivo no renuncia a endurecer los pagos en efectivo y ello se negociará en el Congreso. En cualquier caso, se mantendría un límite superior para los no residentes.

La modificación de la normativa contra el blanqueo de los capitales que el Ministerio de Economía ha llevado a consulta pública también contempla “actualizar el régimen de sanciones a imponer en el supuesto de la comisión de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas” en la normativa antiblanqueo. En la misma línea, el Gobierno planeará medidas que “favorezcan la detección de la comisión de infracciones mediante la potenciación de los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades, como externos, de comunicación a las autoridades de potenciales infracciones”. El año pasado, el Sepblac recibió 3.920 comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo.

Laboral

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado hoy su 'Plan Digital 2020' con el que prevé que la economía española crezca un 3,2% en 2020 y se creen 250.000 nuevos empleos, además de que refuerce la competitividad y disminuyan las desigualdades en una “sociedad hiperconectada".

“La digitalización es clave para el futuro, la revolución tecnológica ha venido para quedarse. Vivimos un proceso de disrupción tecnológica sin precedentes, una auténtica revolución digital, en una sociedad hiperconectada”, ha dicho el presidente de la CEOE, Juan Rosell, durante la presentación del plan estratégico, celebrada en la sede de la patronal.

Con este plan, la confederación pretende que España se sume al conjunto de países europeos que lideran la digitalización y para que, en concreto, se sitúe entre los primeros 20 puestos del índice global Networked Readiness Index (NRI) y entre los diez primeros del Ditigal Economy and Society Index (DESI), de ámbito europeo. “Aconsejo que se ponga en práctica nuestro plan digital con casi nivel de urgencia”, ha subrayado Rosell. En la actualidad, ocupa el decimocuarto puesto en el DESI y el trigésimo quinto en el NRI.

Además, la CEOE señala que es fundamental que los líderes políticos estén convencidos de la importancia de la transformación digital, ya que son los que pueden impulsar los cambios normativos e institucionales que permitan eliminar las barreras para la digitalización de las administraciones públicas y de la sociedad en general.

En este sentido, la patronal recomienda un pacto de Estado por la digitalización que refuerce la capacidad de coordinación transversal en un órgano gubernativo; asigne una comisión del Congreso de los Diputados a la Digitalización de España; coordine las medidas impulsadas por este pacto con la Estrategia Europea de Digitalización del objetivo 2020; refuerce el diálogo social e incluya macro-proyectos transversales.

Para alcanzar esta meta, el presidente de la Comisión de Sociedad Digital de la organización, Julio Linares, destacó que “hay que evitar las brechas digitales e invertir más en intangibles frente al total de inversión”. “Hay que vencer al cambio”, indicó. “Con la digitalización nos jugamos mucho en términos de crecimiento económico y de empleo, y debemos ser muy flexibles ante aquello que aún no somos capaces de identificar”, agregó.

Por otro lado, Linares explicó que la “revolución digital” se basa en tres principios. “Todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará; toda la información que se pueda analizar, se analizará; y todo lo que se pueda conectar, se conectará”, remarcó. Para cumplir con los objetivos del plan y desarrollar su contenido, Julio Linares señaló que “la educación debería estar a la cabeza de la manifestación” y que “sin embargo no ha sido capaz de asumir el cambio como debiera”.

El Gobierno asegura que la reforma del mercado laboral "ha contribuido enormemente a un ajuste mejor de las instituciones del mercado de trabajo". Esto ha facilitado que el desempleo se haya reducido en dos millones de personas, desde que, en el primer trimestre de 2013, el paro alcanzó la cifra más alta de la historia con 6,2 millones. En estos momentos, hay 4,2 millones de desempleados.

En este contexto, el Ejecutivo asegura que la reforma laboral ha contribuido a la creación del 13,3% de la ocupación generada desde el año que la reforma laboral entró en vigor. Es decir, de 211.164 de los casi 1,6 millones de puestos de trabajo creados desde el primer trimestre de 2014, cuando, según la Encuesta de Población Activa, la sima de la ocupación llegó a ser de 16,9 millones de trabajadores. Hay que tener en cuenta que, con la depresión económica, cuando la reforma laboral entró en vigor en el primer trimestre de 2012 había 17,7 millones de ocupados, y la cifra siguió bajando hasta 2014 y, a partir de ahí, el empleo empezó a subir.

De hecho, desde el primer trimestre de 2012 hasta el primer trimestre de este año -que ya se recoge en el Programa Nacional de Reformas- se han creado 673.000 puestos de trabajo, en términos netos. Así, hasta los 18,4 millones actuales, aunque el Ejecutivo también proyecta sus cálculos a los diez años desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Es decir, al año 2022.

El Ejecutivo estima que, en términos acumulados, los cambios en el mercado de trabajo habrán contribuido a aumentar el PIB en un 4,7% y, el empleo, en un 10,3%. No obstante, la evolución del empleo en estos años también se debe a que empieza a crecer a partir de un aumento del PIB del 1,7%, y no del 1%, incluso de menos, como venía diciendo hasta ahora el Ejecutivo.

El Programa Nacional de Reformas dice que "algunas estimaciones" apuntan a que el cambio en el mercado de trabajo "ha reducido el umbral de crecimiento del PIB a partir del cual la tasa de desempleo baja en un punto porcentual". Desde el 2,2%, que era el umbral de crecimiento antes del cambio en el mercado laboral, al 1,7%, de después. Por lo tanto, con reformas y todo, y por el momento, la elasticidad de la economía en relación con el empleo es menor de lo esperado por el propio Ejecutivo. Esto explica que en el primer trimestre del año, porque no se celebró la Semana Santa, se destruyesen 60.000 empleos y el paro creciese en 17.000 personas.

El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto ley de la reforma de la estiba, con el que intenta cumplir por segunda vez la normativa comunitaria, tras una sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que exige el fin del sistema de las Sagep, sociedades en las que debían participar las empresas y de las que salían los empleados.

Su aprobación depende del juego de mayorías parlamentarias, puesto que tiene que darse el ‘sí’ en el Congreso, a donde se llevará este jueves. El Gobierno da por descontado el voto a favor del PP y el PNV. A ellos se sumará una abstención del PDeCAT, según anunció hoy el partido catalán. Resta saber si Ciudadanos se abstendrá o votará a favor, lo que decantará la balanza en la aprobación.

Con la reforma, “la estiba ya no es un sector monopolístico, es un sector liberado”, afirmó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La estiba factura 61.000 millones de euros al año y exporta por 48.000 millones, añadió. En cualquier caso, ha quedado pendiente de aprobación el decreto que recoge los acuerdos entre sindicatos y patronal del sector para realizar la transición al nuevo escenario.

“Con estas modificaciones, hemos realizado una consulta a la Comisión europea, para saber si entiende que se cumple con los criterios necesarios. La contestación ha sido recibida esta misma semana: (el decreto) contiene las medidas necesarias para el cumplimiento de esta sentencia”, dijo el ministro, en rueda de prensa tras el consejo de ministros. Ya el pasado marzo la cámara baja tumbó un primer intento de reforma. El incumplimiento de la legislación comunitaria ya ha supuesto multas por 21,5 millones, acumulados desde el momento en el que la justicia europea sentenció contra el ordenamiento español, a los que se sumarían 134.000 euros diarios si se da una segunda sentencia.

Entre las novedades que se introducen en el nuevo decreto, se recoge la posibilidad de que el embarque y desembarque de vehículos sin matricular lo realicen los estibadores, tal y como se recoge en el marco actual, con lo que “se recupera la capacidad legal”.

Respecto al real decreto en el que se recogen los acuerdos a los que llegaron sindicatos y patronal y las ayudas de 120 millones comprometidas por el Gobierno para la reconversión del sector, queda pendiente. El ministro ha afirmado que Fomento “se encuentra trabajando” en él. Afirmó que la semana que viene entregará el documento a sindicatos, patronal y grupos políticos. “En este real decreto se recoge la mediación”, dijo, citando casos como la subrogación.

En este sentido, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha confirmado que convocará a los estibadores a la huelga si el nuevo real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros “no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad” de la estiba.

Los sindicatos han rechazado “de manera absoluta y enérgica” el nuevo real decreto ley. Han subrayado que los estibadores “se sienten engañados”, pues e la norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, que según su criterio “es justo lo contrario al compromiso que adquirió el Gobierno”.

Estamos en el punto final de la negociación”, aseguró este miércoles Juan Rosell, presidente de la CEOE, quien se mostró abierto a ceder "por un poquito más o un poquito menos". Hace ya más de un mes que la patronal anunció su última propuesta de incremento salarial para este 2017 y por el momento no hay ningún atisbo de acuerdo. Unos y otros se acusan de no querer avanzar y la realidad es que la negociación colectiva parece estancada.

Los empresarios han mejorado su iniciativa primera -que partía de la congelación y llegaba al 2%- y recomiendan ahora que este año los sueldos suban entre un 1% y un máximo de 2,5% (medio punto dependería de la productividad de cada sector y empresa). Los sindicatos, por su parte, defienden una horquilla que vaya del 1,8% al 3% y que se introduzca una cláusula de garantía salarial que compense el incremento de los precios para que en ningún caso pueda perderse poder adquisitivo.

Lo que dicen ambas partes es que lo que tenga que ser no puede demorarse mucho. Así Rosell, durante un encuentro con el consejero delegado del banco Sabadell, Jaime Guardiola, aseguró a los medios que espera tener "muy pronto" noticias de los sindicatos y cerrar el acuerdo "en un plazo de semanas como máximo". Considera el dirigente empresarial que UGT y CC OO "se están pensando y evaluando" la nueva propuesta y pronto darán un "sí o un no" porque "no podemos estar mucho más tiempo con esta situación de 'a ver qué pasa'".

Para ayudar a cerrar el pacto, el presidente de la CEOE dio un paso más allá y dijo claramente que "si falta alguna cosa para poder firmar, no somos inflexibles", por lo que dejó abierta la posibilidad de ceder un poco más. “Si por una guinda, por un poquito más o un poquito menos, no simplemente en los números, sino en lo que va conjuntamente con los números, si hay que tocarlo y con eso conseguimos el objetivo común de todos, que es firmar un pacto salarial que va bien desde todos los puntos de vista, nosotros no somos inflexibles”, explicó.

El salario medio en España se ha incrementado apenas un 0,3% en el último lustro, hasta los 1.636 euros mensuales, aunque el poder adquisitivo de la remuneración media española ha registrado una caída del 2,4% en el mismo periodo, con bajadas en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria (+2,5%) y la Comunidad de Madrid (+0,6%).

Así se desprende del V Monitor Anual Adecco sobre Salarios, elaborado por la empresa de recursos humanos y los investigadores de Barceló y Asociados, que muestra que el salario medio español se encuentra en 1.636 euros mensuales, un 0,2% menor que un año atrás.

El estudio destaca que en la práctica esto significa la prolongación de la estabilidad de la remuneración media, ya que a lo largo de los últimos seis años el salario medio español ha oscilado entre los 1.630 y 1.640 euros mensuales.

Si se compara el salario actual con el de hace un lustro se constata un aumento del 0,3%, lo que equivale a cinco euros al mes, y el salario medio ha ganado un 0,1% de capacidad de compra, su tercer incremento anual consecutivo.

Pese a ello, en los últimos cinco años se ha acumulado una caída en el poder adquisitivo de la remuneración media de un 2,4%, que equivale a una pérdida de 30 euros al mes.

Por comunidades autónomas, solo cuatro regiones muestran un salario medio superior al nacional (1.636 euros mensuales), como son País Vasco (1.941 euros al mes), la Comunidad de Madrid (1.933 euros), Navarra (1.735 euros) y Cataluña (1.722 euros mensuales).

En el otro extremo, Canarias y Extremadura continúan, como sucede desde 2009, como las regiones con los menores salarios, con 1.402 y 1.333 euros mensuales, respectivamente, por lo que se registra una brecha máxima de 608 euros mensuales entre la remuneración vasca y la extremeña.

De hecho, los salarios medios del País Vasco y la Comunidad de Madrid superan en 5.500 euros anuales o más la remuneración media de otras seis comunidades autónomas, además de Extremadura, como son Castilla-La Mancha y Andalucía (1.475 euros al mes, Murcia (1.469 euros), Castilla y León (1.467 euros), Galicia (1.447 euros) y Canarias (1.402 euros).

Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.

De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.

Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.

En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.

El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.

En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.

En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.

El Gobierno de España mantiene su discurso sobre el debate del futuro de la zona euro: quiere una unión económica y monetaria lo más integrada posible, según ha asegurado hoy en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

"Lo que pedimos es lo que siempre hemos pedido. Una mejor gobernanza de la zona euro, que incluye los elementos de una unión fiscal, una unión bancaria, una unión monetaria que ya existe y de la unión económica", ha afirmado el ministro a su llegada a la reunión con el resto de homólogos de la UE que se celebra en la capital europea. La Comisión Europea va a publicar a finales de este mes otro documento de debate sobre el futuro de la Unión Europea post-Brexit, esta vez centrado en el asunto de la integración económica.

El diario El País cita hoy extractos de la contribución española a este debate, entre las que destaca la creación de un sistema europeo que contribuya a sufragar al menos una parte de los subsidios y prestaciones por desempleo de países afectados por la crisis; completar la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos europeo o seguir avanzando hacia la emisión de deuda de forma conjunta (los eurobonos).

España envió su contribución a Bruselas en febrero. Fuentes conocedoras del documento, aseguran que el argumentario se construye sobre una premisa: que en la eurozona "no hay mecanismos de absorción eficaces" frente a perturbaciones económicas.

Al no disponer de las válvulas de escape del tipo de cambio o de transferencias fiscales significativas, los ajustes acaban recayendo en las tasas de paro y por eso haría falta adoptar una serie de reformas profundas de la estructura actual de la zona euro.

El Gobierno propone completar la Unión Bancaria con "un fondo único de resolución y un fondo único de garantía de depósitos", junto con "cierta armonización de las reglas en el sistema bancario", inclusive las leyes de insolvencia, para hacer frente al volumen de préstamos morosos. El Ejecutivo también destaca la relevancia de la Unión del Mercado de Capitales como un mecanismo adicional para compartir riesgos de forma eficiente a través del sector privado.

El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 7,3% en marzo respecto al mismo mes de 2016, hasta sumar 10.548 empresas, mientras que las disoluciones empresariales se incrementaron un 11,8%, hasta totalizar 1.986, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, la creación de empresas regresó en marzo a terreno positivo después de cinco meses de retrocesos interanuales.

El 22,6% de las sociedades mercantiles creadas en marzo se dedica al comercio y el 15,1% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 20,5% correspondió al comercio y el 18,7% a la construcción. Para la constitución de las 10.548 empresas creadas en marzo se suscribieron más de 391 millones de euros, lo que supone un descenso del 66,7% respecto al mismo mes de 2016, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 37.101 euros, bajó un 69% en tasa interanual. De las 1.986 empresas que se disolvieron en marzo de este año, el 77,9% lo hicieron voluntariamente, el 7,7% por fusión con otras sociedades y el 14,4% restante por otras causas.

La Comisión Europea (CE) elevó cinco décimas su previsión de crecimiento para España este año, hasta el 2,8 %, y tres décimas para el año próximo, hasta el 2,4 %, según sus previsiones macroeconómicas de primavera publicadas. El Ejecutivo comunitario prevé que el déficit público español se reduzca en 2017 hasta el 3,2 % del PIB, una décima por encima del objetivo del 3,1 % pactado con Bruselas, y que en 2018 se sitúe en el 2,6 %, frente al 2,2 % acordado.

España cumpliría así la meta de salir de la lista de países con déficit excesivo -por encima del 3 % del PIB- en 2018, tal como se comprometió a hacer con Bruselas. Las previsiones de Primavera del organismo comunitario, publicadas por el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, revisan al alza medio punto su pronóstico de crecimiento para España en 2017, hasta el 2,8%. Y el documento reconoce que "la actividad económica en España continúa superando las expectativas".

La CE también admite que España se encontrará cómodamente por debajo del límite de déficit (3%), con un 2,6%, por lo que dejará de estar sometida al procedimiento de déficit excesivo. Y en contra de previsiones anteriores, Bruselas estima ahora que el ratio de deuda no rebasará el 100% del PIB ni este año ni el próximo, aunque por poco (99,2%). La tasa de paro podría caer en 2018 hasta el 15,9%, la más baja desde 2009, según los cálculos de Moscovici.

Bruselas pone fin así a cuatro años de dudas y sobre la recuperación española y desconfianza sobre el compromiso del Gobierno de Rajoy con la estabilidad presupuestaria. En las Previsiones más recientes de la Comisión, el departamento de Moscovici calificaba advertía a España sobre "signos de desaceleración" y "crecimiento tendente a relajarse". El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, fue aún más lejos y llegó a dudar de la exactitud de los datos remitidos por España en los Presupuestos para este año. "Mejor que España revise bien las cifras porque tiende a equivocarse", señaló el holandés en octubre del año pasado.

"Estamos en el cuarto año de expansión y España continúa creciendo más rápido que la media de la zona euro", subraya el capítulo de las Previsiones sobre la economía española, que frente a los matices de años anteriores se titula "crecimiento fuerte y equilibrado".

Bruselas incluso cree que el patrón de crecimiento está más equilibrado que antes de la crisis, con una mayor aportación del mercado exterior, aunque añade que el principal motor sigue siendo la demanda interna.

Los empresarios reclaman completar el modelo ferroviario radial de España, donde prácticamente todas las líneas parten de Madrid, con uno circular, que consideran más “completo, eficaz y justo” porque significa conectar el resto de regiones. Aquí entra en juego el corredor mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Algeciras (Cádiz), con un trazado de 1.440 kilómetros que está incompleto y que, en función del tramo, está previsto con un tercer carril o con doble vía, que es la solución definitiva que demanda la AVE para evitar “los cuellos de botella”. “¿Cuándo conoceremos el compromiso del Gobierno para tener doble plataforma?”, ha preguntado el presidente de este colectivo, Vicente Boluda.

El dirigente de la asociación ha resaltado, sin embargo, los avances percibidos en la reunión celebrada en febrero con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de la que salieron fechas concretas. “Son tardías, pero ya nos parece algo”, ha subrayado. En el caso de Almería, la nueva previsión del Gobierno aleja a 2023 la conexión ferroviaria con Murcia, tras un replanteamiento de los proyectos constructivos pendientes y solo 28 kilómetros de plataforma ejecutados. Es “un clavo ardiendo” al que agarrarse, ha dicho Martínez Cano, que ha pedido al ministro que “sea un hombre de palabra y cumpla con su compromiso”.

La Asociación Valenciana de Empresarios tiene marcados 11 hitos sobre el corredor ferroviario y cada seis meses analiza el avance de la obra. Toca hacerlo en junio. Su intención es concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia de la infraestructura, tanto social como económica, y para ello ha puesto en marcha el canal http://elcorredormediterraneo.com. “Defendamos todos y cada uno de los kilómetros, porque en el total del trazado, está la fuerza y el éxito”, ha reivindicado Boluda.

Sector

El sector legal sigue gozando de buena salud, aunque el crecimiento generalizado de este mercado ha sido menor de lo esperado en 2016. A pesar de la recuperación en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, principal fuente de ingresos y actividad de los bufetes de empresas, la vuelta a los incrementos a doble dígito en la facturación se está retrasando más de lo deseado. En conjunto, el mercado legal español movió el año pasado más de 2.000 millones de euros, un 5% más que en 2015; es decir, creció un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior.

Al analizar las cuentas de los despachos de abogados, se aprecian diferentes velocidades. Los tres grandes bufetes españoles, Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez, mantienen un crecimiento constante, pero ninguno supera el 2,5%, mientras que las divisiones legales de las Big Four presentan mejores evoluciones de su cifra de negocio. Destaca Deloitte Legal, cuya facturación aumentó un 15,7%, y EY Abogados, con un 10,4%.

A pesar de esta tendencia y de que las firmas de servicios profesionales han recortado distancia, los despachos españoles siguen manteniendo su liderazgo. En el caso de Garrigues y Cuatrecasas, con una amplia diferencia. El despacho presidido por Rafael Fontana se consolida por encima de la barrera de los 200 millones de euros, mientras que el que preside Fernando Vives es el único que supera los 300 millones de euros.

Los cuatro primeros puestos del ránking siguen, un año más, inalterados, con PwC cerrando el selecto grupo de firmas, con una facturación superior a los 150 millones de euros. La quinta plaza es para Deloitte Legal, que ha escalado dos puestos respecto al año anterior. En sexto y séptimo lugar figuran KPMG Abogados y EY Abogados. La octava plaza es para Baker McKenzie que, con un crecimiento del 12,3%, ha subido una posición respecto al año anterior. Cierran el top ten Clifford Chance y Linklaters. Este último entró en 2015 en el grupo de los diez primeros y, en 2016, consolida su puesto al superar los 55 millones de euros de facturación.

Entre los veinte primeros, destacan los modelos alternativos de Legálitas, que ocupa el duodécimo lugar, con unos ingresos de 43,6 millones de euros, y Arriaga Asociados, que con un incremento del 84,3% se convierte en el bufete que más crece en España, hasta rozar los 40 millones de euros.

Por debajo de esta cifra, es donde se concentra el mayor número de bufetes que ha logrado crecer el año pasado a doble dígito, confirmando que las firmas de tamaño medio son las que más partido están sacando a la recuperación. Es el caso, por ejemplo, de Hogan Lovells o Allen & Overy, que han disparado su facturación en torno a un 13%. Por encima del 20%, destacan Rousaud Costas Duran o Ramón y Cajal Abogados.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea contra el decreto ley aprobado por el Gobierno para la devolución de las cláusulas suelo indebidas, según una providencia publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Unidos Podemos presentó el pasado mes de abril un recurso contra esta norma al considerar que "se salta muchos de los derechos" que reconoce la Carta Magna. La coalición considera que el decreto ley vulnera el principio de igualdad ante la ley (recogida en el artículo 14 de la Constitución), la tutela judicial efectiva (artículo 24), y la protección debida a los consumidores (artículo 51).

Así, critican que el mecanismo extrajudicial "pone a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco, que decide cómo, cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente". Asimismo, entiende que "no establece con carácter obligatorio un sistema de control y sanción sobre las entidades bancarias" ni tampoco cuenta, a su juicio, con todas las garantías judiciales efectivas.

Por otro lado, consideran que la norma es discriminatoria, pues no pueden acogerse a ella las personas jurídicas, y critican que las costas procesales hayan sido "perdonadas" a las entidades bancarias. Este decreto ley recurrido por Unidos Podemos fue aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero y en él se establece un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.

El Ministerio de Justicia no está contento con el funcionamiento de la ley concursal o de la ley de segunda oportunidad, en vigor desde finales de 2014 y principios de 2015, para tratar de dar una salida alternativa al cierre a las empresas ahogadas por las deudas. Así lo apuntó ayer Julio Fuentes, coordinador de la Unidad de Derecho concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia, que consideró como imprescindible una reforma de ambas para que cumplan el propósito para el que fueron creadas. “La segunda oportunidad es necesaria reformarla por el impacto social que tiene”, apuntó tras su intervención en el II Encuentro Internacional Reestructuración e Insolvencia.

En su opinión, el actual sistema no distingue adecuadamente el grado de culpa de cada parte, si hay buena o mala fe en ese endeudamiento o si el acreedor ha cumplido sus deberes a la hora de analizar a quién le presta el dinero. “Compartimos lo que ha dicho la UE que hay situaciones en las que la gente quedaba entrampada por muchos años”, señala.

Otro de los apartados de la ley que no está funcionando es la resolución de los concursos de grandes deudores. “Sin querer poner en peligro el principio de que el deudor responde con todos sus bienes, hay que valorar la buena fe y buscar un sistema de salida de esa situación, que no puede durar tanto. Puede haber quitas o esperas, pero en cualquier caso habría que exigirles un mayor sacrificio a los acreedores. No tiene sentido que a quién se le ha liquidado por completo su patrimonio todavía siga debiendo cuando no le queda nada. Habría que buscar una salida para que esa persona se recupere y no vaya a la economía sumergida”, recalca.

Una salida que, sin embargo, se antoja difícil por la situación de minoría del PP. “Creo que la segunda oportunidad suscitaría un acuerdo político. La experiencia de la última legislatura de Zapatero, en la que se cambió la ley Concursal, es un ejemplo. Cuando son cuestiones de Estado, los grandes partidos aprenden, saben ponerse de acuerdo y saben introducir mejoras”.

Drástica reducción de honorarios para abogados y procuradores. En un caso en el que la inmobiliaria Colonial fue condenada en costas, el Tribunal Supremo ha decidido recortar sensiblemente las minutas a las que debe hacer frente la compañía. Concretamente, en un auto dictado por el pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal considera que, en lugar de la cifra de algo más de un millón y medio de euros (IVA incluido) que pedía cada uno de los dos letrados que intervinieron en el asunto, Colonial sólo deberá abonar 88.390 euros (más IVA) a cada uno.

En cuanto a los procuradores, la Sala reduce la cuantía que éstos reclamaban, desde los 360.000 euros -el tope de 300.000 euros que tienen fijado por ley estos profesionales, más el IVA- hasta los 52.950 euros por cabeza.

En el caso de los abogados, el Alto Tribunal mantiene su doctrina de atender a criterios ponderados y razonables, no sólo basados en la cuantía, sino también en las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso, los motivos del recurso, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas.

En este sentido, la Sala considera que la labor desarrollada en el escrito minutado, a la vista de la “escasa complejidad de las cuestiones suscitadas en los tres motivos del recurso”, no ha exigido el examen en profundidad de las cuestiones fácticas o jurídicas controvertidas en el litigio y, por ello, considera adecuado reducir las costas de cada letrado hasta los 88.390 euros.

Respecto a las minutas de los procuradores, la resolución tiene una de cal y otra de arena. El auto es novedoso al tener en cuenta, por primera vez, la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en una sentencia del pasado 8 de diciembre, dio el visto bueno a la normativa española según la cual los honorarios de este colectivo sólo pueden alterarse en un 12% al alza o a la baja. La sentencia señalaba que “los órganos jurisdiccionales nacionales deben verificar su aplicación estricta, sin poder apartarse de los límites fijados en dicho arancel”.

La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) presenta a través de su campaña #contratasoesclavizas la mala situación por la que pasan algunos de los letrados que se acaban de incorporar al mundo laboral. Además de los contratos bajo la figura de falso autónomo (más de un 20%) como los salarios bajos (un 35% asegura contar con un sueldo en 0 y 6.000 euros anuales), también resulta relevante destacar que el 33,34% afirma realizar jornadas laborales de más de 40 horas a la semana. Pero más sorprendente aún es ver cómo un 9,16% manifiesta hacer más de 60 horas semanales.

Ante este tipo de situaciones tanto Mara Monreal, presidenta de la CEAJ, como Manuel Díaz, secretario general de la sección de jóvenes abogados de La Coruña, creen que uno de los grandes problemas es que los nuevos letrados generan un exceso de oferta y concurren en un mercado saturado. "Es evidente que existe una enorme competencia y frente a esta realidad ciertos despachos se aprovechan de la situación ofreciendo contratos de baja calidad a cambio de formación práctica y trabajo en un bufete", afirma la presidenta.

Frente a esta enfermedad, ambos profesionales animan a buscar soluciones en origen y no en los síntomas. "Con este estudio queremos dar visibilidad a los abusos cometidos contra el colectivo joven y concienciar de la necesidad de un cambio y una actuación por parte de las instituciones implicadas. La abogacía es una profesión que debe respetar los derechos de sus trabajadores", comenta Monreal. "Se tienen que realizar cambios, legales o no, y quizá se deban incrementar las inspecciones de trabajo", añade.

Otro aspecto que destacan es que la implantación del real decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, ha sido nula o muy escasa, a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación.

Díaz también explica que parte del problema se basa en una cuestión de configuración institucional, "que nos debe amparar más y mejor", pero también destaca "la necesidad de mejora de nuestras estrategias de mercado". Frente a este último punto, el secretario general de los jóvenes abogados de La Coruña insiste en la importancia que tiene que los letrados que se quieran incorporar al mercado laboral, o lo acaben de hacer, amplíen constantemente sus conocimientos, para así poder diferenciarse de sus hermanos mayores. "Las necesidades de formación son la prioridad de quienes debemos aprovechar cada segundo para empaparnos de un Derecho que cambia más rápido que la realidad misma".



NOVEDADES LEGISLATIVAS (ver)
Disjurex presenta
DERECHO ADMINISTRATIVO
40 Años de Derecho Administrativo Postconstitucional y otros ensayos rescatados

Autor: Luis Martín Rebollo
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788491775621
500 páginas


Precio original: 49,00 €
Precio final por compra On-Line: 46,55 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO CIVIL
Subastas Judiciales Paso a Paso - Guía pormenorizada del procedimiento de subastas

Autor: Mª de las Mercedes Martín López
Editorial: Colex - Constitución y Leyes
Soporte: Libro
Fecha publicación: 06/11/2017
ISBN: 9788417135331
185 páginas


Precio original: 12,94 €
Precio final por compra On-Line: 12,29 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO MERCANTIL
El mecanismo de la Segunda Oportunidad - Del acuerdo extrajudicial de pagos al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Autor: Coordinador: Borja Pardo Ibáñez
Editorial: Bosch
Soporte: Libro
ISBN: 9788490902554
376 páginas


Precio original: 74,88 €
Precio final por compra On-Line: 71,14 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO MERCANTIL
Gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en los Estados Unidos: análisis crítico y retos pendientes

Autor: Zavala Ortiz de la Torre, Íñigo
Editorial: Dykinson
Soporte: Libro
Fecha publicación: 01/10/2017
ISBN: 9788491483779
497 páginas


Precio original: 35,00 €
Precio final por compra On-Line: 33,25 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO PENAL
Pack de Ahorro - Practicum Proceso Penal 2017 + Ley de Enjuiciamiento Criminal 2017


Autor: Varios
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publiación: 10/11/2017
ISBN: 9788491775850


Precio original: 85,00 €
Precio final por compra On-Line: 85,00 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

DERECHO PROCESAL
Técnica probatoria - Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso 4ª Edición

Autor: Lluis Muñoz Sabaté
Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro
ISBN: 9788490206515
684 páginas


Precio original: 89,00 €
Precio final por compra On-Line: 84,55 (I.V.A. incluido)
Comprar  

» Ver el índice de esta obra

* Para ampliar más información sobre las obras, no tiene más que pulsar sobre su título, accediendo de este modo a la ficha del libro, donde podrá conocer los datos más relevantes sobre él, si desea ampliar más información en " Ver el índice de esta obra " podrá visualizar el índice completo.

 

PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Si está registrado
Para acceder a su zona privada, introduzca su dirección de e-mail y contraseña en  Mi cuenta, añada los productos deseados y finalice la compra.

Si no está registrado, tiene dos opciones

1- Registrarse como nuevo cliente, se le pedirán entonces una serie de datos. Elija una clave que recuerde habitualmente, dicha clave la selecciona el propio Cliente. De esta manera, cuando realice un pedido no tendrá que volver a rellenar sus datos.

Si desea registrarse como nuevo cliente pulsar aquí: Alta nuevo cliente

2- Realizar la compra como Invitado, sin la obligatoriedad de estar registrado, se solicitaran sus datos para el envío y facturación del libro, y podrá confirmar su pedido sin necesidad de facilitarnos datos adicionales.

 

Si aún no está registrado/a como cliente, regístrese aquí.

 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Respondiendo a nuestra dirección de correo electrónico clientes@disjurex.es, por teléfono: 902 540 992 - 944 255 220, por fax: 902 540 993 - 944 245 811, se aplicarán siempre los descuentos anunciados en nuestras comunicaciones.

 
Sobre Disjurex
» Qué es Disjurex » Escaparate » Novedades » Promociones
» Consultas
 

NOTA LEGAL: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la responsabilidad de Disjurex - Librería Jurídica. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Disjurex - Librería Jurídica no aceptará ningún tipo de responsabilidades por la información contenida en esta circular.

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si no desea seguir recibiendo nuestro boletín Actualidad y Consejos semanal, sólo tiene que darse de baja en Baja de Servicio Actualidad y Consejos, o indicárnoslo enviando un correo electrónico a clientes@disjurex.es con el asunto 'Baja de servicio Actualidad y Consejos', desde la cuenta de correo que recibe nuestras comunicaciones.

Recuerde que la baja en este boletín no implica la baja en las restantes comunicaciones del Servicio de Novedades de Disjurex - Librería Jurídica.