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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Cómo declarar los rendimientos que estaban pendientes de resolución judicial y los atrasos?

Existen varias formas. A tener en cuenta de cara a la declaración de la Renta.

Regla general

Los ingresos del trabajo se imputan al período impositivo en el que sean exigibles por su preceptor.

Rendimientos pendientes de resolución judicial

Los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.

No obstante lo anterior, si los rendimientos del trabajo no se perciben en el ejercicio en que haya adquirido firmeza la resolución judicial, no procederá incluirlos en la declaración correspondiente a dicho ejercicio, sino que, por aplicación de las normas relativas a los "atrasos" deberán declararse los mismos mediante declaración complementaria de la correspondiente al ejercicio en el que la resolución judicial adquirió firmeza.

Dicha declaración debe realizarse en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los rendimientos y el final del plazo inmediato siguiente de presentación de declaraciones por el IRPF.

En todo caso, por aplicación de esta regla especial de imputación temporal, si se incluyen en la declaración de un ejercicio rendimientos que corresponden a un período de generación superior a dos años, sobre los mismos resultará aplicable el porcentaje reductor del 30%.

Atrasos

Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquellos en que fueran exigibles, deberán declararse cuando se perciban, pero imputándolos al período en que fueron exigibles, mediante la correspondiente autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los atrasos y el final del plazo inmediato siguiente de presentación de autoliquidaciones por el IRPF.

Así, si los atrasos se perciben entre el 1 de enero de 2017 y el inicio del plazo de presentación de las declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 2016, la autoliquidación complemen- taria deberá presentarse en dicho año antes de finalizar dicho plazo de presentación (hasta el 30 de junio de 2017), salvo que se trate de atrasos del ejercicio 2016, en cuyo caso se incluirán en la propia autoliquidación de dicho ejercicio. Para los atrasos que se perciben con posterioridad al inicio del plazo de presentación de declaraciones del ejercicio 2016, la autoliquidación com- plementaria deberá presentarse en el plazo existente entre la percepción de los atrasos y el final del plazo de declaración del ejercicio 2017.

Mercantil, civil y administrativo

¿Cómo puedo saber si una hipoteca tiene cláusula suelo?

Lo más fácil para comprobar si una hipoteca incluye una cláusula suelo es consultar el contrato hipotecario, distinto de la escritura de compraventa de la vivienda. En ese documento, ese límite al tipo de interés que le cobra la entidad suele aparecer en el apartado de condiciones financieras. Las cláusulas suelo son cláusulas que algunas entidades financieras incorporan en sus contratos de préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, estableciendo un interés mínimo a pagar.

Se trata de un consumidor que tiene una hipoteca con un Banco.

¿Cómo puede saber si una hipoteca tiene cláusula suelo o no? ¿Qué debe venir en la escritura? ¿Cómo averiguarlo? ¿Qué métodos de cálculo se debe aplicar para ver lo que se ha pagado de más?

Hipoteca con cláusula suelo

Las cláusulas suelo son cláusulas que algunas entidades financieras incorporan en sus contratos de préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, estableciendo un interés mínimo a pagar.

En las hipotecas a tipo de interés variable, el tipo de interés a pagar por el prestatario oscila a lo largo del tiempo y se fija, básicamente, mediante la adición de dos sumandos:

a) el tipo o índice de referencia, que es un tipo de interés, oficial o no, que fluctúa en el tiempo (el más frecuente el EURIBOR a un año);

b) y el diferencial o porcentaje fijo que se adiciona al tipo de referencia.

En consecuencia, de forma simplificada, la fórmula para determinar el interés a pagar por el prestatario es la siguiente:

Interés de referencia + diferencial = interés a pagar.

Para limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés de referencia, pueden estipularse limitaciones al alza -las denominadas cláusulas techo- y a la baja -las llamadas cláusulas suelo-, que operan como topes máximo y mínimo de los intereses a pagar por el prestatario.

Con relación a estas últimas, las fórmulas utilizadas varían, pero conducen a idéntico resultado, de tal forma que, en unas ocasiones se fija directamente el tipo de interés mínimo y en otras, se fija el tipo mínimo del interés de referencia. Por ello, cuando el índice de referencia o la suma del índice de referencia más el diferencial descienden por debajo del tope (suelo) fijado, estas cláusulas impiden que la bajada se traslade al prestatario. Es decir, si hay cláusula suelo, aunque baje el EURIBOR, el prestatario no se beneficia de esta bajada del tipo de interés de referencia.

Así pues, y dando respuesta a las consultas que nos formula:

- La cláusula suelo figura en la escritura de préstamo o crédito hipotecario. Para saber si su hipoteca tiene o no esta cláusula, debe consultar dicha escritura.

- Para determinar la cantidad que se ha pagado de más, no hay un método único. Sin embargo, determinadas organizaciones de consumidores y usuarios (como la propia OCU o FACUA) han desarrollado aplicativos, disponibles de forma gratuita en sus páginas WEB, que permiten hacer un cálculo aproximado.

Para saber si su hipoteca contiene una cláusula suelo, debe examinar detenidamente la escritura de préstamos hipotecario en la que debe figurar un pacto en el que, o bien se fije directamente el tipo de interés mínimo; o bien se fije un mínimo para el tipo de interés de referencia. Para saber lo que se ha pagado de más a causa de la existencia de la cláusula suelo, se pueden utilizar aplicativos que han desarrollado algunas organizaciones de consumidores afectados, como la propia OCU (http://www.ocu.org/movilizate/combate-clausula-suelo).

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El Gobierno planteará en los Presupuestos de 2018 ayudas fiscales ligadas a la rehabilitación de la vivienda, especialmente para impulsar el alquiler y el empleo ligado a la promoción. Así lo ha adelantado este lunes Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, al explicar que su departamento trabaja con Hacienda en identificar qué tipo de ayudas se pueden incorporar a las Cuentas del año próximo.

"Trabajamos en medidas e instrumentos de carácter fiscal que estimule la rehabilitación", apuntó el ministro, para que aumente el alquiler de vivienda y el importante número de empleo ligado a las reformas de casas antiguas, señaló De la Serna en un foro inmobiliario organizado por el diario El Confidencial e Inmobiliaria Colonial.

El ministro recordó que su departamento trabaja junto a las comunidades autónomas en un borrador del Plan de Vivienda 2018-2021, del que espera iniciar la tramitación en junio. En ese programa el Gobierno plantea por primera vez ayudas a los promotores para la construcción de vivienda ligada al alquiler y a rentas bajas, que cubrirán hasta el 40% de la inversión privada. De la Serna avanzó que ese dinero público podría llegar a cifras entre 31.500 y 36.000 euros por casa.

El Ministerio de Fomento negocia con la banca privada y el BEI con el fin de fomentar la concesión de créditos para abordar trabajos de rehabilitación y conservación de viviendas. Para ello, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna trata de articular un sistema de avales y garantías para los propietarios de vivienda que decidan rehabilitarlas.

El servicio de atención presencial para la confección y presentación de la declaración de la Renta en las oficinas comienza el próximo 11 de mayo, según el calendario de la campaña de la Renta 2016 publicado por la Agencia Tributaria (AEAT). Desde el jueves los contribuyentes podrán acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria y otras administraciones colaboradoras, tanto para modificar y confirmar el borrador de la declaración, como para confeccionar y presentar la liquidación del IRPF.

Para acceder a este servicio es necesario contar con cita previa, que se puede solicitar desde el pasado 4 de mayo y hasta el 29 de junio, un día antes de que finalice la campaña, por teléfono o a través de internet. Además, este año la AEAT pondrá en marcha una prueba piloto para la realización de la declaración por teléfono, únicamente para algunos perfiles sencillos de contribuyentes que al solicitar su cita previa por internet no encuentren disponibilidad.

La campaña de la Renta arrancó el pasado 5 de abril para los contribuyentes que quisieran realizar su declaración por internet a través del programa Renta Web y después presentarla telemáticamente o impresa. El director del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Rufino de la Rosa, explicó durante la presentación de la campaña que cada vez es mayor la proporción de declaraciones que se presentan por internet.

La campaña de la Renta finalizará el 30 de junio para todos los contribuyentes, aunque aquellos que deseen domiciliar el resultado tendrán que presentar la declaración antes del 26 de junio. La Agencia Tributaria prevé recibir 19,75 millones de declaraciones de la Renta en esta campaña, un 1 % más, de las que 14,77 millones serán a devolver, por un importe total de 11.198 millones de euros.

El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves el proyecto de ley presupuestaria para lo que resta de año fiscal por valor de 1,1 billones de dólares, que ahora deberá ser rubricado por el presidente Donald Trump, evitando así el cierre parcial de la Administración federal este viernes.

Con 79 a favor y 18 en contra en el voto en el Senado, el acuerdo bipartidista consiguió ser aprobado tras semanas de tensas negociaciones, ya que Trump había insistido en incluir una partida para comenzar a construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, al que los demócratas se negaron.

Trump reculó en sus demandas, despejando el camino para un acuerdo final a lo largo de la semana pasada, lo que allanó el terreno para que los congresistas lograran ponerse de acuerdo en la noche del pasado domingo.

La propuesta contiene, entre otras partidas, 295 millones de dólares para ayudar a Puerto Rico en sus programas de asistencia sanitaria, y fondos para los subsidios de la ley sanitaria adoptada por el anterior presidente, Barack Obama, algo que los republicanos querían recortar.

Los Institutos Nacionales de Salud tendrán un aumento presupuestario de 2.000 millones de dólares, hasta un total de 34.000 millones, mientras que el acuerdo protege el 99 % del presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y aumenta la financiación de energías limpias a pesar de los intentos de Trump de hacer recortes en estas áreas.

Por otra parte, también se contempla un fondo de 1.000 millones de dólares para las posibles hambrunas en África u Oriente Medio, y 600 millones de dólares adicionales para combatir la crisis de adicción a los opiáceos en Estados Unidos.

El texto tampoco mina las disposiciones de regulación sobre Wall Street amparadas en la ley Dodd-Frank -aprobada tras la crisis de 2008 para controlar más el sector financiero-, como pretendían los republicanos.

La victoria para los republicanos radica en que la ley presupuestaria aumenta en 1.500 millones de dólares los fondos para la seguridad fronteriza y en 15.000 millones los fondos de defensa, aunque el mandatario había solicitado el doble.

El Ejecutivo de Rajoy rebajará el Cupo a 956 millones anuales, 192 millones menos que en 2016, y devolverá al País Vasco 1.400 millones por los retrasos acumulados desde 2007. Este acuerdo se enmarca en las negociaciones para que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado, pacto en el que, además del Cupo, figuran temas como la 'Y' ferroviaria vasca, las tarifas eléctricas en la industria y la mejora de la coordinación con la Ertzaintza.

El entendimiento sobre el Cupo -que pone fin a "diez años de desavenencias" en palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu- se ha producido en un contexto muy similar al del último acuerdo sobre Ley Quinquenal sobre el Cupo, en 2007. El Gobierno de España, liderado entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco tenía mayoría absoluta en las Cortes Generales y el PNV condicionó su apoyo a los presupuestos a que se renovara la Ley del Cupo.

Desde entonces no ha sido posible reeditar la norma por las discrepancias en la fórmula para calcular el Cupo. El entendimiento ni siquiera se produjo cuando en 2011 -año en que tocaba renovar la ley- los socialistas coincidieron al frente tanto del Gobierno español como vasco. La actual minoría parlamentaria del PP ha favorecido el acuerdo que anoche firmaron en Madrid el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, sobre la liquidación del Cupo de los últimos diez años y la metodología para calcularlo a partir de ahora.

El Cupo es el dinero que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos, y su cuantía se establece en leyes quinquenales. La última, la de 2007, estableció el Cupo en 1.525 millones anuales. Hasta ahora el Gobierno Vasco ha defendido que desde 2011 había pagado 1.600 millones de más y que el Cupo debería rondar los 850 millones anuales. Esa estimación a la baja se justificaba en que desde 2011 Euskadi gestiona las políticas activas de empleo, cuyo coste se fija en el acuerdo en 344 millones.

Por su parte el Ejecutivo central incluyó en su proyecto de presupuestos del Estado para este año una previsión de ingresos por Cupo de 1.202 millones. Finalmente el acuerdo establece en 956 millones el "Cupo provisional" que Euskadi aportará este año a las arcas del Estado -cantidad que será la referencia en adelante- y cifra en 1.400 millones el dinero que el Gobierno de España le devolverá por los atrasos.

Este reintegro se hará efectivo de forma creciente hasta 2021: un 10% en 2017 y un 15%, 20%, 25% y 30% respectivamente en ejercicios posteriores. De esta manera, este año se restarán 140 millones del Cupo de 956 millones, con lo que finalmente Euskadi pagará 816. El ministro ha elogiado la disposición del PNV al acuerdo y ha afirmado que la Ley del Cupo debía renovarse de forma inexcusable porque la actual prórroga ha sido "la más larga del Concierto Económico".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado la "estabilidad, inversión, crecimiento y empleo" que traerá el pacto a Euskadi y la "certidumbre" que aportará a las relaciones financieras con el Estado tras "un periodo de desavenencias que lastraba las relaciones bilaterales desde 2007".

La decisión del Consejo Europeo del pasado día 29, que aprobó las directrices de la negociación del Brexit, de condicionar cualquier futura relación entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y España, ha otorgado a esta última un poder de veto sin precedentes sobre la colonia. A la hora de ejercer esa facultad, España se ha trazado sus líneas rojas. Entre ellas, que no admitirá un acuerdo que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español. Así lo asegura el informe sobre la salida de Londres de la UE que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso.

España es partidaria de un Brexit soft: quisiera que el futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE, cuando se consume la salida, se pareciera como una gota de agua al actual statu quo, aunque es consciente de que la decisión de abandonar el Mercado Único y la Unión Aduanera y de poner coto a la libre circulación de trabajadores impondrá diferencias que quisiera minimizar.

Pero si hay una situación que no desea perpetuar bajo ningún concepto es la relación actual con Gibraltar. El informe Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretaría de Estado para la UE y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja claro que “Gibraltar es una cuestión de Estado” y que el régimen especial del que goza la colonia “es una condición que España tuvo que aceptar en su momento [1986] para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas”, ya que el Reino Unido ingresó en 1973. En estas tres décadas, el estatuto del Peñón “ha derivado en una situación de injustificado privilegio”.

El documento recuerda que Gibraltar disfruta de las cuatro libertades (libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales), pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legislación británica, por lo que “ha desarrollado un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal”.

Tras recordar que el Peñón no forma parte del Reino Unido —es un territorio sujeto a descolonización cuyas relaciones exteriores dependen de Londres— y que la aplicación a Gibraltar de un futuro acuerdo entre las autoridades británicas y la UE requerirá del visto bueno del Gobierno español, el informe deja claras cuáles serán sus líneas rojas: “España no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relación que [no sea] compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que [no] respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que [no] impida una situación de competencia desleal con el territorio español”.

Sin embargo, lo inmediato y prioritario será negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en la UE. Según datos oficiales (las estimaciones son muy superiores), más de 102.000 españoles residen en el Reino Unido (50.000 dados de alta en la Seguridad Social) y 286.000 británicos en España (105.000 pensionistas).

Laboral

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de diversos procesos selectivos para cubrir casi 1.350 plazas en la Administración, algunas de ingreso libre y otras por promoción interna.

En concreto, se convocan casi 950 plazas de acceso libre para el ingreso como personal laboral fijo en los Ministerios y organismos autónomos de Defensa, Agricultura, Economía, Educación, Justicia, Fomento, Presidencia, Interior, Hacienda, Empleo y Energía. También se convocan 18 plazas para ingresar en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recoge EP.

El BOE publica además la convocatoria de procesos selectivos para 400 plazas para el ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en la Administración General del Estado (AGE). La mayor parte de las plazas van destinadas a titulados y técnicos superiores, a titulados medios y oficiales. El Ministerio de Defensa es el que más plazas de acceso libre ha convocado en las resoluciones recogidas este lunes en el BOE, con más de 500 plazas, seguido del Ministerio de Educación, con más de 150 plazas, y del de Agricultura, con cerca de 70.

El número de autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 19.798 personas en los cuatro primeros meses del año, un 0,6% más que en diciembre de 2016, según un informe realizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Tras este aumento, el número total de afiliados al RETA ha superado los 3,2 millones de cotizantes hasta abril. Según ATA, se trata del cuarto año consecutivo en el que se registra un crecimiento de autónomos durante el primer cuatrimestre del año desde el inicio de la crisis.

Además, la federación ha afirmado que pese a los descensos registrados en enero, los crecimientos de febrero y marzo y el "fuerte" crecimiento registrado en abril han llevado al régimen a términos positivos en el primer cuatrimestre del año.

No obstante, todavía hay seis comunidades autónomas que no han logrado aumentar su número de autónomos en lo que va de año. Asturias y País Vasco, con un descenso en ambas del 0,5%, se han situado a la cabeza de los descensos registrados hasta abril.

Por detrás, le siguen Galicia (-0,4%), Castilla y León y Aragón (-0,3% en ambos casos) y Navarra (-0,1%). En el lado opuesto, Baleares se ha situado como la región española que más ha visto crecer su número de autónomos en este periodo, tras registrar una subida del 5,4% en comparación con diciembre de 2016.

Junto a Baleares también han registrado aumentos Andalucía (1,3%), Murcia (1,2%), Madrid (0,9%), Comunidad Valenciana y Canarias (0,8% en ambos casos), Cataluña (0,5%), Extremadura (0,4%), La Rioja (0,2%) y Castilla-La Mancha y Cantabria, que aunque su crecimiento ha sido muy ligero en ambos casos, han conseguido aumentar en 35 y 21 personas, respectivamente, su total de trabajadores autónomos en lo que va de año.

ATA ha puesto de relieve que el ritmo de crecimiento de las mujeres ha sido superior al de los varones. De hecho, el número de trabajadoras por cuenta propia ha aumentado un 0,7% en el primer cuatrimestre del año, frente al aumento del 0,5% registrado en el caso de los autónomos.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha reivindicado el papel de los trabajadores autónomos en la generación de empleo este jueves, tras conocerse unos datos históricos en el mes de abril. La afiliación a la Seguridad Social el mes pasado aumentó en 212.216 cotizantes. "Los autónomos generamos uno de cada cuatro empleos", ha señalado.

Las cifras de ATA señalan que en España se está produciendo un aumento del autónomo empleador. En estos cuatro primeros meses del año ya hay más de 6.000 autónomos que tienen una persona contratada. En total, de los dos millones de autónomos personas físicas que existen en el país, más de 450.000 cuentan con un trabajador a su cargo. "Cada día hay más autónomos generadores de empleo, que es lo que hace que esté aumentando el empleo", ha afirmado la asociación en un comunicado.

En el desayuno informativo, organizado junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Amor ha confiado que la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos se apruebe en junio. Esta iniciativa, que se debate en la actualidad en una subcomisión parlamentaria, cuenta con seis artículos que incorporan medidas como la ampliación de seis a 12 meses de la tarifa reducida de 50 euros para los nuevos autónomos o una mejor deducción de los gastos relacionados con el vehículo. Amor ha señalado que la tarifa plana ha sido una de las medidas que mayor impacto ha generado. “Queremos romper barreras”, ha asegurado.

Amor ha destacado que también es necesaria la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha manifestado su alegría por el pacto entre PP y PNV que ha permitido superar las enmiendas a la totalidad este jueves. "Espero que se aprueben los presupuestos. Hoy se da un primer paso. Sería una mala noticia que no se aprobasen para los más de tres millones de parados", ha reconocido Amor.

Las cuentas presentadas por Cristóbal Montoro incluyen una partida destinada a la tarifa plana de 468 millones y una subida del 3% de la base mínima de cotización de los autónomos personas físicas hasta los 920 euros. “Si no se aprueba la medida urgente, puede ser la primera vez en la historia de España que haya una partida presupuestaria que no sirva”, ha remarcado.

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal ha bajado en abril en 129.281 personas en relación al mes anterior, lo que supone la mayor reducción del paro registrado en toda la serie histórica en cualquier mes. Por término medio había bajado en los meses de abril de los últimos 8 años en 51.794 personas.

De esta forma la cifra total de parados registrados en el mes de abril se sitúa en 3.573.036. En términos desestacionalizados el paro ha bajado en 70.777 personas, también la mayor reducción de la serie histórica, independientemente del mes.

En términos interanuales, el paro registra también un descenso récord al reducirse en 438.135 personas en los últimos 12 meses. Nunca había bajado tanto en un año, acelerando el ritmo interanual de disminución de paro registrado hasta situarse en el 10,92%.

En los doce últimos meses el paro se ha reducido entre los jóvenes menores de 25 años en 60.944 personas, a un ritmo del 17,9% por encima de la reducción interanual general del paro registrado (10,92%).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado baja en todos los sectores. En Servicios disminuye en 96.672 (-3,85%), en Agricultura baja en 11.330 (-6,14%), en Construcción se reduce en 8.944 (-2,54%), en Industria baja en 8.264 (-2,46%) y en el colectivo de sin empleo anterior se reduce en 4.071 personas (-1.28%).

En cuanto a las Comunidades Autónomas el paro registrado baja en las 17, principalmente en Andalucía (-33.984), Cataluña (-20.266) y Madrid (-12.375). El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.604.476, y acumulan una subida del 4,07% sobre el mismo mes del año pasado. Es el dato más alto de toda la serie histórica en un mes de abril

En datos acumulados se han realizado 631.110 contratos indefinidos hasta abril de este año, lo que supone un incremento de 69.512 (12,38%) sobre el mismo periodo del pasado año. Este incremento asciende al 13% en el caso de los contratos indefinidos a tiempo completo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha comprometido con Bruselas a impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Lo ha hecho en una carta remitida el 27 de abril a la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, en la que le felicita por las medidas sociales que había presentado un día antes.

La intención del equipo de Báñez es pactar medidas con sindicatos y empresarios en una de las mesas del diálogo social que tiene abiertas, concretamente la de “calidad en el empleo”. Para ello ha pedido a los agentes sociales que hagan sus propuestas, apuntan fuentes del Ejecutivo, y acordarlas con ellos, ya que creen que sin pacto será imposible aplicarlas.

No obstante, en Empleo también tienen elaboradas propuestas que van en la dirección de permitir más flexibilidad horaria en la entrada y salida del trabajo, respetando el número de horas diarias. Es decir, si un empleado tiene que estar en su puesto de trabajo a las ocho de la mañana que pueda hacerlo hasta las nueve y media, retrasando la salida el mismo tiempo o viceversa. Otra de las ideas es ahondar en el derecho a la desconexión digital, en la misma línea que se ha propuesto en Francia (no responder a correos electrónicos o a otros mensajes fuera del horario de trabajo).

La diferencia con el país vecino, apuntan fuentes de Empleo, es que Báñez no pretende imponerlo por ley. Explican en su departamento que su intención es que las medidas sean pactadas para que desde la mesa de diálogo social llegue "a las empresas y los sectores", pues, de lo contrario, no confían en que tenga éxito la iniciativa.

En la carta enviada a Bruselas, Báñez aprovecha para informar a la comisaria Thyssen de que el Gobierno va a poner una "tarjeta social" que "englobe las prestaciones económicas provenientes de fondos públicos que perciban los ciudadanos".

Mercantil, civil y administrativo

La economía española está batiendo expectativas y no sólo no afloja el ritmo de crecimiento, sino que lo está aumentando en las últimas semanas. El Ministerio de Economía constata en su boletín de coyuntura semanal que se está produciendo «aceleración» desde abril, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisó el pasado viernes al alza su estimación de crecimiento y pasa del 0,8% al 0,98% en el segundo y en el tercer trimestre de este año. La victoria de Emmanuel Macron en Francia refuerza aún más esas expectativas.

La economía se acerca, por tanto, a ritmos de crecimiento intertrimestral del 1% no conocidos desde la primavera de 2015. Estas nuevas previsiones apuntan a un crecimiento en 2017 no sólo muy por encima del 2,7% previsto por el Gobierno, sino incluso superior al 3%. Al menos un 3,2% como en los años anteriores aparece factible ahora.

La última vez que el PIB creció un 1% con respecto al trimestre anterior fue hace dos años antes de la convocatoria de las primeras elecciones generales. En el primer trimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha estimado un crecimiento del 0,8% que es superior al último de 2016, pero que se está superando ya en estas semanas, según el boletín difundido por el Ministerio de Economía el pasado viernes.

A juicio de los funcionarios del departamento que dirige Luis de Guindos, los indicadores adelantados muestran en abril «una aceleración de la actividad global con respecto a marzo». Se basan en que los indicadores PMI industriales y de servicios están ganando impulso en abril y también el Indicador de Confianza del Consumidor. Éste aumentó en abril siete puntos con respecto a marzo «y es el segundo mejor de toda la serie histórica tras el récord alcanzado en diciembre de 2015». Tanto la percepción actual del consumidor como sus expectativas mejoran al alza.

Como factor clave, tanto el Ministerio como la AIReF tienen en cuenta el importante dato de afiliación a la Seguridad Social registrado en abril. El aumento del número medio de afiliados en 212.216 personas «es el mayor incremento en un mes de abril de la serie histórica». También la caída récord del paro registrado en abril alimentan un crecimiento imprevisto del PIB en este segundo trimestre del año. También el servicio de estudios del BBVA insistió el pasado viernes en su revisión al alza del crecimiento del PIB del 2,7% al 3% este año que «se soporta en la evolución de las exportaciones, y la mayor actividad en la construcción residencial». «El inicio de 2017 es más favorable de lo esperado», dicen los analistas del BBVA, porque, pese a que «se desacelera la demanda interna», el efecto se compensa «por el turismo» y la mencionada aceleración de exportaciones y construcción.

Francia entró ayer en una nueva era política con la arrolladora victoria de Emmanuel Macron. Un advenedizo en gajes políticos, como él mismo se define, pero que a sus 39 años ha logrado arrinconar a los partidos tradicionales de izquierda y derecha y derrotar con holgura a la extrema derecha de Marine Le Pen.

Con el 100% de votos escrutados, Macron logra el 66,06% frente al 33,94% de Le Pen. Se trata del segundo mejor resultado de un presidente desde 1965, sólo por detrás del que obtuvo Jacques Chirac frente a Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, en 2002. Y la hija se ha quedado con el penúltimo peor resultado en una segunda vuelta, sólo por detrás del de su padre (17,8%).

En total, Macron ha alcanzado los 20,7 millones de votos, cifra superior a las del presidente saliente, François Hollande, y del anterior, Nicolas Sarkozy. Pero la abstención se ha situado en el 25%, el porcentaje más alto en una segunda vuelta desde 1969, y los votos blancos y nulos han batido un récord absoluto con más de cuatro millones de papeletas (11,5%). Casi un tercio de los potenciales votantes ha optado por no elegir o no acudir a las urnas, una señal de apatía o rechazo que puede marcar el mandato de un presidente llamado a marcar el rumbo de Francia y de Europa.

"Se abre una nueva página de nuestra historia", señaló el presidente electo desde su cuartel general en París. "Seré digno de vuestra confianza y lucharé con todas mis fuerzas para superar la división que nos socava y nos abate", añadió antes de dirigirse hacia la explanada del museo de Louvre, donde le esperaba una multitud de simpatizantes para celebrar su histórica victoria. Por primera vez desde la II Guerra Mundial se impone en Francia un candidato de centro, sin respaldo claro en las formaciones tradicionales. Un triunfo que aspira a convertirse en un revulsivo para el país y para todo el conjunto de la Unión Europea.

Los primeros sondeos, nada más cerrar las urnas a las 20 horas de la noche, otorgan la victoria al candidato liberal con un 65%, frente a una Le Pen que ha logrado batir de nuevo el récord de votos del Frente Nacional pero que no ha conseguido superar la barrera del 40% con el que soñaban sus partidarios en los últimos días.

La victoria de Macron ha sido tan clara que Le Pen ha admitido su derrota nada más conocerse la primera proyección de voto. La candidata ultraderechista, sin embargo, se considera "la primera fuerza de oposición al nuevo presidente". Y ha advertido que la batalla continuará en las elecciones legislativas de las que junio, para la que intentará emular a Macron y crear un movimiento político más pegado a la calle y alejado de las estrecheces ideológicas y xenófobas del Frente Nacional creado por su padre hace más de 40 años.

El resultado ha desencadenado una inmediata cascada de reacciones de alivio en la mayoría de las capitales europeas y entre las principales fuerzas políticas del continente. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se apresuró a felicitar al vencedor y se mostró "contento de que los franceses hayan elegido un futuro europeo".

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, celebró que "los franceses hayan dicho no a la tiranía de las noticias falsas", en aparente alusión a las sucesivas victorias del brexit en Reino Unido y de Donald Trump en EE UU tras unas campañas electorales plagadas de rumores, mentiras y tergiversaciones. Le Pen ha esbozado la misma estrategia en Francia. Y el viernes por la noche, una filtración masiva de documentos del equipo de campaña de Macron enturbió las horas previas a la votación del domingo.

Pero Macron se ha impuesto a pesar de todo y sin contar con el apoyo unánime de todos los partidos para evitar la victoria del FN, como sí ocurrió en 2002 cuando Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta y fue barrido por el conservador Jacques Chirac, con el 82,2% de los votos.

Esta vez, la movilización ha sido mucho menor y a las 17 horas, la tasa de participación había caído siete puntos en relación con la de 2012 a la misma hora. Según los sondeos, más de la mitad de los votantes del candidato de los populares en la primera vuelta (François Fillon) se habrían ido hoy a Le Pen o a la abstención. En el flanco de la extrema izquierda, el 55% de los votantes de Jean-Luc Mélenchon se habrían ido a Macron y el 10% a la candidata de extrema derecha, con un 35% a la abstención.

Aun así, todos los sondeos previos a la jornada electoral otorgaban una cómoda mayoría a Macron de más de 20 puntos, un pronóstico que las primeras proyecciones tras el cierre de las urnas parecen confirmar.

La victoria en ciernes de Macron llega tras una campaña electoral inédita en la historia del país. Por primera vez, Francia elige un presidente que no pertenece a ninguno de los dos partidos tradicionales. Por primera vez, una candidata que amaga abiertamente con el frexit (salida de Francia de la UE) logra cosechar un tercio largo de los votos y multiplica los récords anteriores de votos de la extrema derecha. Y por primera vez, los franceses acuden a las urnas con el país en estado de emergencia y amenazada por una oleada de terrorismo yihadista que en dos años y medio ha dejado 248 víctimas mortales en suelo galo.

La probable llegada de Macron al Elíseo se anuncia casi tan rupturista e inesperada como la de Donald Trump a la Casa Blanca. Y al igual que Washington, París se sumerge en un nuevo escenario político de evolución imprevisible, aunque, a diferencia de lo ocurrido en EE UU, con una marcada orientación liberal, integradora y socialmente progresista.

La siguiente incógnita se traslada a las elecciones legislativas (11 y 18 de junio), para las que Macron necesita orquestar a toda prisa candidaturas para los 577 distritos electorales con la esperanza de obtener una mayoría suficiente. Si no lo logra podría caer rehén de los populares (Les Republicains) o de los socialistas. En ambos casos, su agenda de reformas podría verse limitada.

Pase lo que pase en las legislativas, Berlín, Bruselas y casi todas las capitales europeas esperaban ya con alborozo el triunfo del candidato liberal en las presidenciales. Y confían en que, tras las elecciones en Alemania del mes de septiembre, se pueda recomponer el eje Berlín-París para revitalizar el ajado proyecto europeo.

El nuevo plan 2018-2021 incluirá medidas para impulsar el alquiler y la rehabilitación de vivienda, pero también una ayuda a fondo perdido de hasta 10.800 euros, con el límite del 20% del precio de adquisición, para todos aquellos jóvenes de hasta 35 años que quieran ser propietarios.

Los requisitos que se les exigirán son además de la edad, que la vivienda que compren sea su residencia habitual y permanente durante un mínimo de cinco años y que acrediten no ser dueños o usufructuarios de otra casa en España, excepto por no disponibilidad por separación, divorcio o causas ajenas a su voluntad. En cuanto a su nivel de ingresos, no podrá ser superior a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone no rebasar los 22.344 euros anuales.

Otra de las novedades que incluirá el futuro plan es la relativa al impulso que quiere dar el Ejecutivo al alquiler. El ministro explicó que el objetivo es que aumente la oferta de casas en régimen de arrendamiento y, al mismo tiempo, favorecer a los demandantes de alquileres con bajos recursos. Por eso, el plan actuará en dos frentes.

De un lado, concederá ayudas de hasta el 50% del alquiler mensual a jóvenes de hasta 35 años que paguen rentas de hasta 600 euros con carácter general y en casos justificados de hasta 900 euros (como en las ciudades con los alquileres más caros). De nuevo, la renta que acrediten los futuros beneficiarios no podrá superar esos 22.344 euros anuales y la casa en alquiler deberá constituir la vivienda habitual del receptor de la subvención. Esta subvención está previsto que pueda mantenerse por un periodo de tres años. Si el inquilino supera los 35 años, pero está dentro de ese rango de ingresos, tendrá derecho a recibir una ayuda equivalente al 40% de la renta. Aumenta de esta manera el límite de 2.400 euros por año que establecía el plan ahora en vigor.

Las comunidades autónomas habían pedido que en lugar de tener que pagar cada mes esa ayuda, ésta pudiese ingresarse al beneficiario de una sola vez a ejercicio vencido. El ministro confirmó que se ha decidido que cada comunidad tome la decisión que considere más oportuna, de cara a flexibilizar y simplificar la gestión de esas subvenciones.

El Banco de España ha vuelto a activar el tema de las operaciones corporativas en su boletín de estabilidad financiero. La institución que encabeza Luis María Linde considera que “aún existe margen” para que la banca española estudie “posibles operaciones corporativas” que les podrían ayudar a mejorar su eficiencia y a afrontar “con mayores garantías los elementos de presión” a los que está sometida su rentabilidad. El supervisor nacional, de hecho, destaca que en un año la rentabilidad de las entidades financieras españolas ha descendido un 1,3% al pasar su ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 5,6% de 2015 al 4,3% del año 2016, según consta en el Informe de Estabilidad Financiera.

De momento, solo Bankia y BMN han reconocido sus negociaciones para fusionarse, aunque Popular ha mantenido contactos con gran parte de la banca, y con Unicaja llegó a avanzar en su fusión, y en menor grado con Ibercaja, aunque ya ha transcurrido casi dos años desde entonces, explican varias fuentes. Mientras, el sector continúa con el proceso de ajuste de la capacidad mediante la reducción de empleados y oficinas (desde que se inició la crisis en 2008 la banca ha cerrado seis oficinas al día) y ha incrementado su nivel de concentración, aunque “sigue en niveles reducidos” respecto a otros sistemas bancarios europeos.

La banca española en su conjunto cerró el ejercicio 2016 con un resultado consolidado atribuido de 10.800 millones de euros, un 21,2% menos que un año antes. La caída se debe a la evolución desfavorable de todos los componentes de la cuenta de resultados, a excepción de los gastos de explotación y las pérdidas por deterioro de los activos financieros, como consecuencia de los bajos tipos de interés. El Banco de España recalca el problema que ha supuesto para las entidades la devolución de lo cobrado de más por cláusulas suelo en las hipotecas y que les ha llevado a provisionar 1.900 millones adicionales. “Este importe es una manifestación del impacto que tiene el riesgo legal en la rentabilidad de la banca y, por tanto, en la necesidad de su adecuado control, gestión y cobertura”, señala.

El supervisor también explica que las entidades conservaban algo más de 190.000 millones de euros en activos improductivos en sus balances a diciembre, un 9% menos que un año antes. Pese a su caída, el Banco de España afirma que “siguen constituyendo una proporción relevante del balance de las entidades en su actividad en España”, presionando a la baja su rentabilidad. No obstante, el informe aclara que las ventas de activos adjudicados fueron superiores a 12.000 millones de euros en 2016 y superaron a las entradas de nuevos adjudicados, que supusieron un 12,3% del stock. La caída desde el máximo alcanzado por los activos dudosos en 2013 “es considerable”: más de 77.000 millones y más del 40% en términos relativos.

Nuevo mínimo del euríbor

(Expansión, 03-05-2017)

Aunque el dato oficial sobre el euríbor de abril no se ha publicado, la media aritmética de los cierres de mes es de un -0,119%, decimoquinto mes por debajo de cero y un nuevo mínimo histórico. Dado que este dato se compara con el -0,10% del año pasado, la mejora en el interés aplicado a las hipotecas es de una décima. Para una hipoteca de 180.000 euros a 20 años el ahorro es limitado: la cuota pasa de 749 euros a 741, según el simulador de hipotecas de Cinco Días. Al año, el ahorro es de unos 90 euros.

Este ahorro solo estará disponible, en todo caso, para las hipotecas que se actualicen este mes de mayo. La evolución del indicador depende de las perspectivas sobre los tipos de interés del BCE, dado que el euríbor refleja lo que cuesta a los bancos prestarse dinero entre ellos. El presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó que la recuperación cíclica de la economía de la zona euro "es sólida" pero que la entidad monetaria no ve que la inflación "muestre una tendencia alcista convincente".

Con todo, no se prevén que se apliquen tipos negativos a hipotecas en España. El diferencial más bajo al que se ha vendido de forma general una hipoteca ha sido de 0,17 puntos porcentuales, por lo que el euríbor a un año tendría que hundirse un poco más que eso para que, una vez aplicado el diferencial, los intereses fueran negativos.

Con el indicador en tasas negativas desde hace tantos meses, la banca ha optado por subir el diferencial que aplica o introducir una cláusula "cero" en las hipotecas a tipo variable, que establece que el euríbor nunca podrá bajar del 0 %, al tiempo que se ha incrementado la venta de hipotecas a tipo fijo.

Sector

La polémica en torno a la situación laboral de los aprendices de cocina, iniciada por el chef Jordi Cruz, sigue haciendo correr ríos de tinta. Sin embargo, esta situación no es exclusiva del sector de la cocina. Según datos de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), este tipo de casos, aunque con diferencias, también se dan en el mundo de la abogacía.

"Somos conscientes de que ésta no es una realidad exclusiva de nuestra actividad, sino un problema social generalizado. El conjunto de profesiones liberales sufre este tipo de casos y desde la CEAJ pretendemos alzar la voz para tratar de acabar con la situación de impunidad frente a cierto tipo de contrataciones en el mundo de la abogacía", explica Mara Monreal, presidenta de la CEAJ.

Según los datos de la campaña lanzada por este colectivo, #contratasoesclavizas, una gran proporción de los contratos que se realizan a estos jóvenes letrados se hacen bajo la figura del falso autónomo. En este sentido, cabe destacar que un 17,54% de los encuestados en este informe asegura tener una relación "mercantil o aparentemente mercantil en la que factura". Un 4,29% dice mantener una "relación mercantil o aparentemente mercantil, pero sin facturación ni percepciones económicas".

"Lo más sorprendente de esta parte de la encuesta no es ver que más de un 20% de esos jóvenes abogados son contratados como falsos autónomos y que muchos ni perciben un sueldo, ni les pagan los seguros sociales o las vacaciones, mientras les piden exclusividad. El verdadero problema es que más de un 56% prefiere no contestar a esta pregunta, lo que puede demostrar que tienen miedo a decir cuál es su situación laboral; simplemente desconocen qué tipo de contrato tienen; o prefieren no desvelar una situación semejante a la descrita anteriormente", apunta Monreal.

Más sangrante aún resultan los datos respecto al salario percibido por estos letrados. Un 35,67% apunta que no cuenta con ningún tipo de retribución o que ésta es inferior a los 6.000 euros anuales. En el escalón siguiente, que refleja a los que cobrarían entre 6.000 y 12.000 euros, se encuentra el 22,03% de los encuestados. Estos datos dejan patente que más de la mitad de los recién incorporados al mundo laboral sobrepasan sólo en 2.000 euros el salario mínimo interprofesional anual que fijó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2017.

El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de dos jueces de instrucción de la ciudad de Zaragoza a ser indemnizados con cantidades en torno a los 16.000 euros por los días de descanso no disfrutados tras el cumplimiento de guardias de 24 horas.

En dos sentencias, el TS confirma las resoluciones favorables a las reclamaciones de los titulares de los juzgados de instrucción números 1 y 10 de la capital aragonesa dictadas en febrero del año pasado por dos juzgados centrales de lo contencioso administrativo.

El alto tribunal rechaza los recursos interpuestos desde la Abogacía del Estado contra la decisión de los dos juzgados centrales, que anularon la desestimación, por silencio administrativo, de las reclamaciones de ambos jueces por parte de la Secretaría de Estado de Justicia.

En sus recursos, cuya inadmisión o rechazo instó la fiscalía, el letrado del Estado argumentó que la directiva europea que da soporte jurídico a los juzgados centrales para aceptar las reclamaciones no es aplicable al régimen de las guardias de magistrados y fiscales.

Advirtió, además, que la creación de una jurisprudencia favorable a los intereses de los jueces en esta materia constituiría un "grave daño" al interés general debido al coste que supondría para el Ministerio de Justicia, que, además, carece en sus presupuestos de una partida a tal efecto.

Ahora, el Supremo ha rechazado la argumentación del abogado del Estado al entender que en su recurso no acredita el supuesto "grave daño" causado al interés general.

Según los magistrados, "el grave daño al interés general ha de ser justificado por el remitente de forma concreta y precisa, sin que valgan las referencias a perjuicios futuros e hipotéticos o la simple afirmación de su existencia".

Avalancha de demandas judiciales contra la banca la que se ha desatado en los últimos años y que ha terminado de poner palos en las ruedas de un sistema judicial falto de recursos. Juzgados de varias provincias reconocen ya abiertamente y por escrito que están colapsados solo por el elevado volumen de litigios relacionados con créditos hipotecarios.

El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pactado con el Ministerio de Justicia la especialización de un juzgado por provincia para poder abordar las reclamaciones judiciales por cláusulas suelo y otras condiciones abusivas de los préstamos, pero el sistema ya está saturado y su implantación no llegará hasta junio cuando se prevé una nueva oleada de pleitos hipotecarios que amenaza con bloquear estas sedes.

Y es que a finales de mayo concluye el plazo que tienen las entidades financieras para contestar a los primeros clientes que hayan reclamado las cláusulas suelo por la vía extrajudicial que el Gobierno impulsó por decreto precisamente para evitar una saturación de los juzgados españoles tras el varapalo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio en diciembre a la banca imponiendo la devolución de lo cobrado por condiciones opacas con retroactividad total.

Todos los expertos consultados coinciden en alertar que las miles de respuestas negativas con las que muchas entidades están saldando este proceso se traducirán en nuevas demandas en las próximas semanas, agravando una situación que jueces y abogados ya consideran crítica.

Solo la judicialización de los 1,5 millones de contratos con cláusulas suelo supondría un coste adicional de 26,3 millones de euros para las administraciones de justicia, según el Ministerio de Economía, y elevaría de 9,2 meses a 39,3 meses el tiempo medio de respuesta en los juzgados de primera instancia, según los cálculos del de Justicia, que asume que se duplicaría la carga de trabajo anual de los juzgados. Eso sin contar con que los costes de constitución, las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses de demora, las hipotecas multidivisas o las ligadas al IRPH, por citar las causas más habituales, también están siendo objeto de litigios masivos.

La pena que debe imponerse no solo conlleva multa y responsabilidad civil, sin que sea obligatorio establecer la inhabilitación. Esto es lo que dice una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares en el caso de una abogada que desatendió totalmente a su cliente, lo que supuso un delito de deslealtad profesional por imprudencia grave.

El cliente sufrió un percance en el ejercicio de su profesión, al romperse el pulpo que sujetaba a su furgoneta un bulto, con la mala suerte de ir a golpear el ojo de un colaborador. Este acabó por perder la vista y denunció al hombre por la vía penal por un delito de lesiones, razón que motivó la necesidad de asistencia letrada.

Tras contratarla y pagar la provisión de fondos, lo que el cliente no esperaba es que eso fuera todo lo que haría por él. La letrada, cuando recibió la citación para el acto del juicio verbal, no lo comentó con el cliente, lo que supuso la incomparecencia de este. Ella, que tampoco acudió, no apeló la sentencia de primer grado ni notificó esta ni el recurso del denunciante, que supuso un incremento del importe a pagar por el cliente en materia de responsabilidad civil. Al no conocer todas estas circunstancias se le condenó, además, al pago de intereses de demora.

Al conocer la situación y la indefensión que había sufrido, el cliente recurrió la sentencia condenatoria. Si bien el pago de la indemnización por daños fue cubierto por el seguro de responsabilidad civil, el cliente tuvo que hacer frente a los intereses, la cuantía de los honorarios y la provisión de fondos. Es por ello que denuncia a la abogada, que fue condenada en primera instancia al pago de una multa durante nueve meses (en total 2.000 euros), en materia de responsabilidad civil y la mitad de las costas del proceso.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves, en un comunicado, que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el mismo que viene cargando contra varios puntos de la legislación del país o prácticas bancarias como la opacidad de las cláusulas suelo, por no incorporar a su regulación la directiva europea sobre créditos para la compra de vivienda.

Aunque el Gobierno tiene ya avanzado un borrador de reforma hipotecaria que adapte la normativa española a la legislación europea, que espera impulsar en el corto plazo, España lleva ya más de un año de retraso en la transposición de la directiva europea. En concreto, todos los Estados miembros debían haber incorporado a su regulación la normativa comunitaria antes del 21 de marzo de 2016, hace 13 meses. Aunque Bruselas comenzó a presionar entonces, dio cierta tregua al país en medio de la situación de inestabilidad política que imperó en España durante 2016.

Llegados a este punto, sin embargo, la Comisión llevará al banquillo a España junto a Croacia, Chipre y Portugal, que tampoco han cumplido todavía la obligación de transponer la Directiva sobre créditos hipotecarios (2014/17/UE). La directiva europea mejora la protección del consumidor ante posibles abusos de la banca y obliga, por ejemplo, a evaluar la solvencia de los consumidores y mejorar la transparencia del proceso hipotecario.

También pone coto a la venta de productos cruzados conjunta e inseparablemente con el crédito para la compra de vivienda o permite a los titulares de hipotecas en divisas extranjeras cambiar a la moneda local. También establece un periodo de siete días para que el cliente que suscribe la hipoteca pueda analizarla en profundidad antes de quedar comprometido.

“La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”, advierte el escrito de la Comisión Europea.

Además, el organismo comunitario expone que la falta de transposición de la directiva impide a los intermediarios de crédito ofrecer servicios hipotecarios “lo que priva a los consumidores” de ofertas hipotecarias “potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos”, advierte.



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