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Los consejos de la semana

Fiscal

¿Tributa por IS una sociedad civil dedicada además de la abogacía, a la administración de fincas?

Una sociedad civil dedicada al ejercicio de actividades profesionales de abogacía y administración de fincas, adaptó sus estatutos a la Ley de sociedades profesionales, siendo una de sus socias copropietaria de diversos inmuebles que son objeto de arrendamiento a través de una comunidad de bienes, que no cuenta con persona empleada ni local afecto, cuestiona su tanto la sociedad civil como la comunidad de bienes deben tributar por el Impuesto sobre Sociedades.

Consulta Vinculante V1064-16

La Ley del Impuesto incluye como contribuyente a las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016, atendida la necesidad de homogeneizar la tributación de todas las figuras jurídicas, cualquiera que sea la forma societaria elegida, pero para la resolución de la consulta debe resolverse antes sobre el momento en que la sociedad civil adquiere personalidad jurídica.

Aunque la constitución de una sociedad civil no requiere una solemnidad determinada, para considerarse contribuyente del Impuesto sobre Sociedades si es necesario que la sociedad se haya manifestado como tal frente a la Administración tributaria, y para ello deviene necesaria la constitución en escritura pública o en documento privado, aportando éste ante la Administración tributaria a los efectos de la asignación del número de identificación fiscal.

Lo que realmente motiva la exclusión de la sociedad civil de la consideración de tributación en este caso es que no tiene objeto mercantil, entendido éste como la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado; con expresa exclusión de actividades de carácter profesional, como lo es el ejercicio de la abogacía y administración de fincas.

Mercantil, civil y administrativo

Donaciones y amortización de activos en caso de entidades sin fines lucrativos

El traspaso a ingreso de los activos recibidos mediante donaciones debe realizarse a medida en que se amortiza el bien, y dicha amortización debe realizarse como cualquier otro tipo de activo. Ello es así porque en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, a la hora de hablar de las normas de registro y valoración, Norma segunda sobre el Inmovilizado material, no establece ninguna especificidad sobre la amortización del inmovilizado material.

Problemática

Una Fundación tiene en la cuenta 131.0 “Donaciones y legados de capital”, la contrapartida del valor contabilizado en el inmovilizado como bienes que han sido donados a la Fundación.

Cada ejercicio los bienes de inmovilizado se amortizan aplicando al valor de la construcción de los inmuebles como amortización el 2%.

En la cuenta 131.0 se aplica también el 2% del total de la cuenta en los sucesivos ejercicios.

¿Sobre qué valor se aplica el tipo de amortización sobre el valor inicial o sobre el saldo diferente que cada año tiene la cuenta?

En primer lugar, hemos de manifestar que, del planteamiento expuesto en este caso, En la cuenta 131 se suelen contabilizar las Donaciones y legados de capital, en concreto las donaciones y legados concedidos por entidades o particulares, para el establecimiento o estructura fija de la entidad (activos no corrientes) cuando no sean reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de registro y valoración.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará:

a1) Por la subvención concedida a la entidad con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 47 o 57.

a2) Por las deudas a largo plazo que se transforman en subvenciones, con cargo a la cuenta 172.

a3) Por el gasto por impuesto diferido vinculado a la subvención imputada a la cuenta de resultados, con cargo a la cuenta 479.

b) Se cargará:

b1) Al cierre del ejercicio, por la parte de la subvención imputada a la cuenta de resultados, con abono a la cuenta 746.

b2) Por la cuota a ingresar por impuesto sobre beneficios vinculado a la subvención registrada directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 4752.

b3) Por el gasto por impuesto diferido asociado a la subvención registrada directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 479.

Como se desprende de lo reseñado en el b1, el traspaso a ingreso de los activos recibidos mediante donaciones debe realizarse a medida en que se amortiza el bien, y dicha amortización debe realizarse como cualquier otro tipo de activo. Ello es así porque en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, a la hora de hablar de las normas de registro y valoración, Norma segunda sobre el Inmovilizado material, no establece ninguna especificidad sobre la amortización del inmovilizado material.

Por ello, debemos remitirnos a las normas generales del PGC, donde se establece que las amortizaciones se deben realizar de forma sistemática y racional, en función de la vida útil de los bienes, y de su valor residual. Es por ello que entendemos que el valor del 2% de amortización de los bienes a los que se alude en la consulta debe practicarse sobre el valor inicial, no sobre el saldo de la cuenta 131.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Casi 100 impuestos. Concretamente 97. Esta es la cifra total de gravámenes que hay en España, sumando los del Estado y las Comunidades Autónomas, y que el año que viene llegará hasta los 98 con la creación de la nueva figura que grava las bebidas azucaradas y carbonatadas e, incluso, podría ascender hasta 99 si también se acaba creando otro gravamen medioambiental.

Esta importante cantidad de impuestos, que ha sido recopilada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), contrasta con los 68 que había en 2013. Esta evolución constata que la voracidad recaudatoria de las administraciones centrales y regionales ha provocado la creación de 29 nuevas figuras o, dicho de otra manera, casi 10 impuestos nuevos al año.

Entre las 97 figuras están algunas muy conocidos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto sobre Sociedades. Pero también otros que no lo son tanto y que forman parte de la maraña de figuras que existe en las comunidades.

Así, por ejemplo, La Rioja tiene un impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas; Andalucía, por su parte, cuenta con un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso; Cataluña, con otro sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial; el Principado de Asturias tiene un impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas; y Castilla y León cuenta con una figura sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica.

"La sensación de que en España hay una maraña de figuras tributarias en cada Comunidad Autónoma es absolutamente cierta", explica Helena Pujalte, directora del gabinete de estudios de la Aedaf, que señala que «según un reciente estudio publicado por la Fundación Impuestos y Competitividad, España es el país de la UE más descentralizado en cuanto a capacidad normativa en materia fiscal. Incluso de los 34 países de la OCDE, solo Canadá (49%), Suiza (39%), EEUU (36%) y Suecia (35%) superan a España (32%) en cuanto a porcentaje de recaudación tributaria de gobiernos regionales y locales respecto del total».

El Ministerio de Hacienda comunicó ayer oficialmente a las comunidades autónomas que el objetivo de déficit del próximo año queda en el 0,6% del PIB, una décima menos que el límite de este año. El Gobierno rechazó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera establecer umbrales diferenciados como reclamó la Airef. Montoro también anunció que las comunidades recibirán a través del FLA 4.548 millones para cerrar el año.

El último Consejo de Política Fiscal y Financiera del año siguió el guión previsto. En cumplimiento de la normativa, Hacienda trasladó oficialmente el objetivo de déficit público individualizado para cada comunidad. Todas ellas tienen el mismo límite, por lo que no hubo discusiones entre ellas en este apartado, pero sí hacia el Gobierno. Los mayores reproches partieron de comunidades como Valencia o Cataluña. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, no acudió a la cita y en su lugar envió al secretario de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonès.

“Es absolutamente injusto el criterio de establecer un 0,6% y no otra cifra, es absolutamente arbitrario, no se basa en ninguna métrica y no se han tenido en cuenta los criterios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), manifestó Aragonès. El Gobierno rechazó que el representante catalán participara en las votaciones con el argumento de que no tiene rango de consejero autonómico. Aragonés restó importancia a este hecho y recordó que el Ministerio de Hacienda cuenta con una amplia mayoría porque le corresponden la mitad de los votos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente de la Airef, José Luis Escrivá, intervino en la reunión para presentar un avance de un informe que se publicará hoy y defendió que se fijen objetivos asimétricos que tengan en cuenta la situación de cada una de las comunidades. En su opinión, hay autonomías que podrían situar su déficit por debajo de los límites de Hacienda si se les impusiera un umbral más exigente y otras que incumplirán el objetivo con toda seguridad. La Airef sostiene que adecuar los objetivos a la realidad de cada comunidad permitiría una reducción mayor de los números rojos agregados.

Hacienda, sin embargo, es partidaria de mantener un límite común. Montoro defendió que esta opción es “casi por un sentido práctico”. Señaló que el margen para aprobar los objetivos y fijar la financiación para cada comunidad ha sido escaso y entrar en un debate sobre un reparto asimétrico del déficit hubiera supuestos probablemente no llegar a tiempo para aprobar los objetivos.

La reunión también sirvió para que Hacienda comunicará los recursos que repartirá para cerrar el año. En total, las comunidades recibirán 4.548 millones a través de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Montoro señaló que, a lo largo de 2016, los mecanismos de liquidez para las autonomías suman 31.500 millones. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó ayer transferir 1.638 millones del llamado extra FLA, que sirven para cubrir los desvíos del objetivo de déficit y que procede de las comunidades como Madrid que renunciaron a acogerse a la ayuda.

La Comisión Delegada del Gobierno se volverá a reunir hoy para asignar otros 2.909 millones en préstamos para las comunidades. Este importe deriva del incremento del objetivo de déficit público para este año, que pasó del 0,3% al 0,7% del PIB. El Consejo de Ministros también aprobará mañana una autorización de endeudamiento a Madrid para que pueda acudir a los mercados y financiar el incremento de los límites de déficit.

De los 4.458 millones que recibirán las comunidades acogidas al FLA o al Fondo de Facilidad Financiera, el 28% corresponderá a Cataluña y el 21% a la Comunidad Valenciana. Ambas autonomías son las principales receptoras de los mecanismos de liquidez. La situación fiscal de las comunidades ha mejorado notablemente. Para el próximo año, el mayor esfuerzo de reducción del déficit recaerá sobre la Administración central. Hoy, la máxima preocupación es el estado de la Seguridad Social, cuyo déficit alcanzará este año el 1,7% del PIB.

La Agencia Tributaria (AEAT) planea poner en marcha un sistema de borrador para la declaración del IVA, similar al que ya existe para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según ha explicado hoy el director del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Rufino de la Rosa, en una jornada organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) se trataría de “trasladar el modelo de gestión del IRPF” al IVA, aunque no ha detallado cuándo podría aplicarse.

La creación del borrador del IVA sería un paso adicional sobre el Suministro Inmediato de Información (SII) de este impuesto que empezará a funcionar en julio del próximo año, por el que se obliga a las grandes empresas a remitir la información tributaria en un plazo de cuatro días desde la emisión de cada factura. Este sistema implica que el libro registro se lleva en la administración electrónica de la Agencia en lugar de en la propia empresa, lo que permitirá ofrecer “asistencia y control” al contribuyente, al tiempo que este cuenta con toda su información tributaria para contrastarla con los datos de sus clientes.

El SII es obligatorio para las 63.000 grandes empresas españolas -es decir, las que facturan más de 6 millones de euros al año-, que conjuntamente suman el 80 % de los ingresos empresariales del país. Para las empresas acogidas al régimen de devolución mensual (Redeme), la Agencia pretende de abrir un periodo de renuncia al SII para aquellas que lo deseen, probablemente en mayo o junio de 2017.

A lo largo del primer semestre de 2017, la Agencia desarrollará una prueba piloto con veinte empresas “de todo tipo” -cuya primera reunión fue el pasado 14 de diciembre- en la que se validará tanto el sistema jurídico-fiscal como el informático. De hecho, el SII tiene que desarrollarse en una orden ministerial que probablemente saldrá a información pública en enero y su aprobación “se intentará demorar hasta mayo”, según De la Rosa, para incorporar los eventuales cambios derivados de la prueba piloto.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el Gobierno superará los 23.000 millones de euros de recaudación por el Impuesto sobre Sociedades en 2016, cifra que será un 13% superior que lo que se registró en 2015.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el titular de Hacienda y Función Pública ha recordado que en 2016 se van a recaudar unos 188.000 millones de euros, lo que supondrá la segunda mejor cifra de la historia de la Hacienda Pública, por encima de la registrada en 2007, y que la mejora se debe en parte a “la recuperación del Impuesto sobre Sociedades”. Aun así, en términos reales y medido en porcentaje sobre el PIB, la recaudación no será la segunda mayor.

Así, Montoro ha apuntado que el Impuesto sobre Sociedades había perdido la mitad por la crisis y ha trasladado al senador del grupo parlamentario de Unidos Podemos Ramón Espinar que la voluntad en el Congreso la semana pasada era de haber apostado políticamente por una reforma de este impuesto, que afecta a los grandes contribuyentes, a las sociedades que facturan más de 20 millones de euros. “Estamos venciendo a la crisis con estas políticas y creando empleo con equidad tributaria como se deduce de esa recaudación”, ha añadido Montoro, tras afirmar que la recaudación por el IRPF será igual a la registrada en 2007, que fue de 72.600 millones de euros.

El senador del grupo parlamentario Unidos Podemos Ramón Espinar ha recordado a Montoro que el Gobierno tiene un problema de recaudación, que “puede derivar en una democracia impotente, en la que los ciudadanos voten para defender la sanidad, la educación, las pensiones, el empleo y el Estado no pueda garantizar políticas activas y efectivas en este sentido”.

El senador ha manifestado el descontento de su grupo parlamentario porque por tercer año consecutivo una empresa como El Corte Inglés haya pagado “cero euros” por impuestos este año. Así, ha afirmado que el problema “fundamental” del país es el empleo y de las aportaciones que el tipo de empleo que se está creando está haciendo a la caja de la Seguridad Social.

“Hay que darle la vuelta al sistema. Le pedimos revisar el Impuesto sobre Sociedades y eliminar los privilegios fiscales”, ha añadido Espinar, tras afirmar que quieren “una fiscalidad a la altura de estos tiempos”.

El real decreto de subidas fiscales convalidado el jueves en el Congreso tendrá un fuerte e inesperado impacto sobre las cuentas de las empresas, que han visto cómo en el último mes del año las reglas del juego cambiaban sin previo aviso. Empresarios y expertos fiscales aseguran que las medidas tributarias, que limitan la compensación fiscal de pérdidas de años anteriores o exigen tributar ya por el deterioro de cartera de ejercicios pasados echan por tierra las planificaciones de las empresas y afectarán a la inversión y a la creación de empleo.

"El hachazo fiscal es tremendo”. Así define un asesor tributario las medidas. El real decreto incluye dos medidas que afectan ya al ejercicio 2016 y cuya aprobación en diciembre supone desbaratar las previsiones de cierre del año de las empresas. Hacienda exigirá que las sociedades que en el pasado se hubieran deducido el deterioro de participaciones en otras entidades tributen por ello en los próximos cinco años, con independencia de que se haya generado o no un beneficio o se haya producido un incremento de los fondos propios.

Es decir, se obliga a revertir el deterioro, aunque no exista una mejora económica real. Hacienda prevé recaudar 2.000 millones con esta medida. Cristino Fayos, socio de Deloitte Legal, indica que el real decreto perjudica especialmente a las empresas que han sufrido con mayor virulencia la crisis económica. Ello es así porque, además de obligar a tributar por el deterioro de cartera, Hacienda ha endurecido nuevamente la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas registradas en el pasado. Así, las grandes perjudicadas por las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy son las compañías que han sufrido mayores pérdidas y aquéllas que cuentan con participaciones que han perdido valor.

Juan Cobo de Guzmán, socio de Tributación de Empresas de EY Abogados, señala que “la limitación de las bases imponibles negativas sitúa a España como el país más restrictivo de la Unión Europea” en este aspecto. Y añade que ello resta competitividad a la economía y a las empresas españolas.

Por otra parte, los departamentos fiscales, contables y los auditores están analizando el fuerte y negativo impacto que puede llegar a tener sobre la contabilidad de las empresas el conjunto de medidas fiscales y el nuevo tratamiento de los créditos fiscales. En este sentido, reclaman que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la CNMV intervengan y aclaren la situación.

Junto a la limitación de las bases imponibles negativas y la reversión del deterioro de cartera, Hacienda también ha establecido que las pérdidas en la venta de participaciones en otras entidades no serán deducibles fiscalmente. Esta medida sí que cuenta con un mayor trasfondo teórico. Actualmente, cuando una empresa se desprende por ejemplo de las acciones de otra compañía, la plusvalía obtenida está exenta si se cumplen determinadas condiciones como que la participación sea superior del 5%. Sin embargo, si esa venta genera pérdidas, da derecho a deducción. A partir de enero de 2017, la exención regirá para todas las situaciones. Así, los beneficios no tributarán, pero las pérdidas no serán deducibles.

La subida fiscal en el impuesto sobre sociedades afectará especialmente a las empresas más internacionalizadas y fuentes del sector señalan que el mayor impacto recaerá sobre las empresas cotizadas y del Ibex. Las entidades financieras, con fuertes intereses fuera de España, son uno de los sectores que saldrá especialmente perjudicado.

Laboral

El Gobierno busca reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres y a tal fin estudia incorporar a la normativa vigente algunas medidas, como la obligación, para las empresas de al menos 50 trabajadores, de informar periódicamente a los empleados y comités sobre la remuneración media por niveles profesionales, desglosada por sexos. Así lo señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito a la pregunta realizada por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Aina Vidal, en la que se interesa por la opinión del Gobierno sobre la brecha salarial existente en España ente hombres y mujeres, y sobre si prevé impulsar algún plan específico de empleo para incentivar el empleo femenino.

En su respuesta por escrito, el Ejecutivo asegura que "tiene presente el objetivo de reducir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres", si bien matiza que "la instrumentación de los medios precisos para ello debe ser objetivo de negociación y de debate". No obstante, en materia de igualdad salarial considera que podría estudiarse la implantación en España de dos de las medidas recogidas en la Recomendación de la comisión Europa del 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia.

La primera pasaría por incorporar a la normativa vigente, para las empresas con al menos 50 trabajadores, la obligación de informar periódicamente a los representantes de los trabajadores y, en defecto de estos, a los trabajadores sobre la remuneración media por niveles profesionales, desglosada por sexos.

La pensión media del sistema de Seguridad Social –en el que están encuadradas las prestaciones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente- superó los 900 euros mensuales en el pasado mes de abril por primera vez en la historia. Esto supone que dicha pensión media del sistema se ha incrementado un 34% en los últimos diez años, ya que en 2006 su cuantía era de 646 euros.

Pero este incremento ha sido mucho más acusado en las pensiones de jubilación, que representan el grueso del gasto de la Seguridad Social. En concreto, suponen el 70% del gasto total en pensiones. Así, las prestaciones de retiro han aumentado diez puntos más que la pensión media del sistema, un 44% en los últimos diez años, hasta los 1.050,82 euros a los que asciende la pensión media de jubilación este mes de diciembre, frente a 728 euros en 2006. Esta prestación, no obstante, lleva dos años con un crecimiento estable ligeramente por encima del 2% cada año, lo que supone un avance más contenido que en los ejercicios anteriores, cuando la cuantía media de la pensión de jubilación llegó a crecer un 7% anual en 2008.

Pero esta contención previsiblemente se quebrará a finales de esta década cuándo empezarán a llegar a la jubilación los incorporados al mercado laboral a principios de los ochenta, sobre todo mujeres y del sector servicios, con largas carreras de cotización y mayores sueldos que los de la década de los setenta. Pero no solo aumentan más las cuantías medias de las pensiones de jubilación, sino que también son los beneficiarios de estas prestaciones los que aumentan más. De hecho, mientras el número de pensiones del sistema crece este mes de diciembre un 1,20% respecto al mismo mes de 2015, el de prestaciones de jubilación se incrementó un 1,72%.

Con todo ello, la nómina mensual de pensiones de jubilación asciende en diciembre a 6.078 millones de euros, casi un 4% más que hace un año. Mientras que el gasto total en prestaciones de Seguridad Social se eleva a 8.623 millones, un 3,1% más que en diciembre de 2015.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha dado pistas de por dónde quieren los empresarios que vayan los próximos cambios en materia laboral. En términos generales, el líder patronal ha dicho que "hay que hacer que lo real sea legal". Esto es, regularizar algunas de las prácticas laborales que realizan ahora las empresas y que en la actualidad no están permitidas por la ley.

Aunque no ha concretado qué tipo de prácticas querrían legalizar los empresarios, Rosell si ha explicado que los próximos cambios en materia laboral deberían dar a las empresas más facilidades de flexibilidad interna; o lo que es lo mismo, que al empresario le sea aún más fácil que tras la reforma laboral, modificar las condiciones de sus trabajadores. "Hemos de ver qué hacemos para que cuando las ventas caen, como se puede reestructurar la empresa para que no tenga que cerrar".

En este sentido, Rosell que ha participado en un desayuno informativo, abogó por una "reforma continuada del mercado de trabajo" y ha precisado que dicha reforma deberá hacerse "con el menor daño posible, aunque a veces las reformas conducen a daños". Otra de las cuestiones que el líder patronal cree que deberá reformarse en la próxima etapa del diálogo social que se iniciará en enero es la negociación colectiva. En este punto´, ha dicho que la negociación de los convenios "está llegando al final del camino", en el sentido de que los negociadores con experiencia empiezan a jubilarse y llegan nuevos negociadores a los que hay que formar, "y eso cuesta dinero, ¿y quién lo paga?", se ha preguntado Rosell.

Por ello, ha sugerido que "algo tendremos que pensar" para costear los servicios de negociación colectiva a los sectores y las empresas. Porque, además, ha resaltado la conveniencia de mantener dicha negociación colectiva porque es rentable para la economía. Dicho esto, Rosell ha resaltado la importancia de mantener la consolidación fiscal. Si bien, ha considerado que no se puede recortar en pensiones, educación o sanidad, "y solo hay margen para una mejor gestión en la estructura de las Administraciones".

Las pensiones subirán el 1 de enero de 2017 un 0,25%, el mínimo legal previsto, según han asegurado los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, tras confirmárselo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la reunión que ha celebrado con los agentes sociales, donde se ha acordado crear una mesa de trabajo en enero. Los dirigentes sindicales han expresado su rechazo a esta medida y han vuelto a reiterar que las pensiones deben subir al menos la previsión de inflación para 2017, en torno a un 1,2%.

“No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva”, ha subrayado Toxo tras la reunión con Báñez. Por su parte, Álvarez ha apuntado que “tiene que quedar claro” que los sindicatos “ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición”. “No vamos a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017”, ha recalcado el secretario general de UGT.

Tras el encuentro, al que han asistido también los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, la ministra ha explicado a la prensa que se ha establecido una agenda de trabajo para principios de enero donde se tratarán los temas que quedaron abiertos en la reunión que se celebró el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así, ha señalado que a principio de año se creará una mesa de trabajo con interlocutores sociales para hablar del empleo, de la calidad del empleo y para tratar de que “nadie se quede atrás en la recuperación económica”.

En el último año se han producido tres sentencias de la Audiencia Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Banco Sabadell)– que indican que las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores siempre, aunque no se realicen horas extraordinarias. La justificación del tribunal es que dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada.

Tras estos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo los hizo suyos y dictó en marzo pasado una Instrucción en la que pidió a sus efectivos que “intensificaran el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo”. Desde entonces, se está registrando un creciente temor de las empresas a recibir una visita de la Inspección por esta materia, ya que se enfrentan a sanciones por infracciones que van desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos).

Por ello, en los últimos nueve meses cuando los inspectores vistan las empresas para controlar esta materia vigilan cuatro cuestiones: comprueban si se hacen horas extra y si estas superan o no el límite legal (80 horas al año); su remuneración y cotización; el registro de jornada por parte de la empresa; y los representantes de los trabajadores están siendo informados de la realización de dichas horas extraordinarias. Precisamente, el registro diario de la jornada, que hasta ahora no se exigía, está siendo la cuestión que más ampollas está levantando entre las empresas inspeccionadas.

En un reciente encuentro entre laboralistas y representantes de recursos humanos de importantes empresas organizado por la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, los participantes pusieron de manifiesto numerosas dudas sobre qué es lo que se debe registrar, cómo hacerlo y qué es exigible por la Inspección en esta materia.

Las empresas a las que la Inspección detecte irregularidades en esta materia se enfrentan a multas de entre 60 y 625 euros si, por ejemplo, cometen fallos formales en el registro de la jornada diaria y pueden llegar hasta 6.250 euros por la ausencia de dicho registro.

Mercantil, civil y administrativo

El presidente del supervisor, Sebastián Albella, anunció en su toma de posesión su intención de impulsar dentro del supervisor una serie de medidas para atraer a las firmas británicas que quieran abandonar Reino Unido una vez se ejecute el 'Brexit'.

Para ello, ha creado un programa para dar la bienvenida a las firmas de inversión y gestión con sede en Reino Unido que incluye un punto de contacto, un proceso de autorizaciones rápidas y un servicio de 'coaches'. Además, permitirá que toda la documentación sea entregada en inglés, sin necesidad de traducción.

Para facilitar las tareas, el supervisor fomentará los formularios estandarizados en inglés y la presentación electrónica y establecerá un plazo de preautorización para que las empresas puedan comenzar a organizar el traslado de su negocio a España.

Con la intención de dar visibilidad a estas nuevas condiciones, la institución que preside Sebastián Albella ha remodelado su página web y ha habilitado en su portada un apartado que bajo el nombre 'Welcome to Spain' (Bienvenido a España) recoge todas estas medidas de fomento de la inversión extranjera.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hoy la actualización de las estimaciones de la Contabilidad Nacional correspondiente a la serie 2012-2015. Los nuevos resultados confirman que el PIB avanzó en términos agregados un 3,2% anual el pasado ejercicio, si bien hubo comportamientos dispares según los territorios. Así, el mayor crecimiento se registró en Murcia y Cataluña, ya que ambas contabilizaron un incremento de su actividad del 3,7%, seguidas del País Vasco, la Comunidad Valenciana y Madrid, con una variación del 3,6%.

Al otro lado de la clasificación se situaron Melilla, con un 1,8%; Canarias (2,0%); y la ciudad autónoma de Ceuta y Extremadura (ambas con un incremento de su actividad del 2,1%). En la parte media de la tabla se situaron Castilla-La Mancha y Andalucía, con avances del 2,8%; Asturias y La Rioja (2,7%), Cantabria (2,6%); Castilla y León (2,5%); Aragón, (2,4%) y Baleares (2,3%).

En este sentido, el INE destacó en su comunicado que las variaciones en los datos respecto a los publicados el pasado mes de marzo se deben tanto a la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional de España, como a la disponibilidad de una mayor cantidad de fuentes de información estadística. En la comparativa con Europa, la oficina de Estadísticas española recordó que 15 de los 19 territorios regionales (las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas) contabilizaron el pasado ejercicio crecimientos del PIB superiores a la media de la UE de los 28, que ascendió al 2,2%.

Si se comparan los valores de PIB nominal por habitante, Madrid fue la comunidad que registró en 2015 un mayor importe (31.691 euros), nada menos que un 36,7% superior a la media española (23.178 euros). Le siguieron País Vasco y Navarra, con 30.779 y 29.060 euros, respectivamente, cifras un 32,8% y un 25,4% superiores al promedio nacional. Junto a Madrid, País Vasco y Navarra, otras cuatro comunidades autónomas superaron la media nacional de PIB por habitante: Cataluña (27.613 euros), Aragón (25.493 euros), La Rioja (25.228 euros) y Baleares (24.108 euros).

Por el contrario, Extremadura fue la región que contabilizó el menor PIB per cápita (15.882 euros), un 31,5% inferior a la media nacional, seguida de la ciudad autónoma de Melilla (17.067 euros) y Andalucía (17.131 euros), cuyo PIB por habitante se encuentra un 26,1% por debajo del promedio español, en tanto que el de Melilla es un 26,4% inferior.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado su dictamen definitivo sobre las cláusulas suelo y muestra su apoyo a la decisión del Tribunal Supremo, que falló a favor de la retroactividad de las devoluciones por estas cláusulas abusivas, pero va en contra de el periodo que determinó respecto a las devoluciones, puesto que el TS dijo que se debían realizar únicamente a partir de mayo de 2013, fecha que se ha convertido en la clave de todo este asunto.

Ante todo, deben verificar si su hipoteca está sujeta a este tipo de cláusula o no, puesto que no todos los prestamos ni entidades las incluyen. Para saber si es una persona afectada compruebe el recibo del banco y verifique el tipo de interés que se aplica. Si este tipo, al que hay que restar el porcentaje perteneciente al diferencial, es superior al del euríbor, es que tu contrato contiene una barrera de suelo en el tipo de interés.

Para saber exactamente qué cuantía debe reclamar, tendrá que realizar un cálculo de cuánto dinero se ha pagado de más desde la firma del contrato hipotecario. Diferentes organismos de protección de los consumidores, como la OCU, cuentan con calculadoras online que permiten que esta tarea sea más fácil de realizar.

El siguiente paso es el de la reclamación pura y dura. Con toda la documentación necesaria sobre la hipoteca, además de los cálculos sobre la cuantía pagada por las cláusulas suelo, el consumidor afectado debe presentar un escrito de reclamación en cualquier oficina de la entidad firmante. Lo más favorable es conseguir una modificación del contrato de la hipoteca sin firmar un nuevo acuerdo hipotecario y así evitar costes de gestión. Si el banco acepta, se habrá conseguido el primer objetivo. Sin embargo, si la entidad se niega el afectado deberá presentar una nueva reclamación ante el Banco de España o directamente acudir a reclamar ante los tribunales.

El último paso es que la entidad firmante reembolse el dinero al cliente. Lo más recomendable es empezar realizando una petición de devolución a la entidad financiera, pero si ésta se negara, una vez más, la única alternativa es acudir a los tribunales aportando toda la documentación necesaria.

El PP ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista para dar luz verde al Real Decreto Ley por el que se reformará la Ley del Sector Eléctrico para fijar quién paga el bono social de la tarifa (un descuento del 25% en el recibo de la luz a varios colectivos) y para prohibir los cortes de luz a los consumidores en situación de pobreza extrema. El Tribunal Supremo anuló en octubre la normativa que imponía la obligación de financiarlo a los grupos eléctricos verticalmente integrados (los que desarrollan a su vez las actividades de generación, distribución y comercialización) por considerarla discriminatoria y, por tanto, contraria a la directiva europea sobre energía.

Para subsanar estas deficiencias legales, el Ministerio de Energía propuso a los partidos de la oposición que fuesen solo las comercializadoras las que sufragasen el bono en función de su número de clientes, por lo que el 90% lo costearían las cinco grandes eléctricas de Unesa. Aunque en un principio, el PSOE exigió que lo asumieran las empresas de los tres sectores eléctricos, finalmente, ha aceptado que sean solo las comercializadoras como plantea el Ejecutivo (una solución negociada por el Gobierno con Bruselas y a la que parecen resignadas las eléctricas). A cambio, los socialistas han arrancado al Partido Popular un compromiso, quizás más relevante, para incluir en la Ley Eléctrica la prohibición de cortar la luz a personas en riesgo de exclusión social.

Concretamente, la ley recogerá “un nuevo supuesto de suministro esencial por razón de exclusión social [pobreza energética]”, lo que pondrá fin al conflicto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Entre los servicios esenciales que fija el artículo 52.4 de dicha ley (como hospitales, cárceles, transporte público o determinados organismos públicos) a los que no se puede cortar la electricidad, se añadirá uno más por razón de exclusión.

Incluir en una norma estatal un nuevo supuesto por emergencia social sortearía el problema de la invasión de competencias de las comunidades autónomas, tal como ha ocurrido con las leyes de pobreza energética de Cataluña, ya que el concepto de consumidor vulnerable ya figura en la Ley Eléctrica.

El PSOE se ha apuntado otro tanto: el coste de no cortar la luz lo asumirán a medias las comercializadoras y las administraciones públicas en materia de asistencia social. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se había empecinado en que fuesen solo estos servicios los que pagaran.

La morosidad vuelve a subir en octubre

(Expansión, 20-12-2016)

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y a empresas ha subido ligeramente en octubre hasta el 9,269%, frente al 9,212% del mes anterior, con lo que se mantiene en su nivel más bajo desde mayo 2012, justo antes del rescate bancario, según los datos hechos públicos este lunes por el Banco de España.

Esta cifra incluye el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014 han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito. La cifra total de créditos dudosos ha repuntado levemente hasta los 117.767 millones de euros en octubre, sólo 50 millones más que el mes anterior, con lo que se mantiene en su menor nivel desde mayo de 2011.

Esto permite que la morosidad encadene ocho meses consecutivos por debajo del umbral del 10%, aunque se le resiste romper la barrera del 9%. De este modo, la tasa se ha reducido en 4,33 puntos porcentuales respecto al máximo histórico marcado en diciembre de 2013, cuando se colocó en el 13,6%.

La ligera subida de la morosidad se ha producido pese a que el crédito global del sector ha seguido cayendo en octubre. En concreto, se ha situado en los 1,270 billones, frente a los 1,277 billones del mes anterior. Eso sí, la tendencia de reducción del crédito se ha acentuado en términos interanuales, al desplomarse un 4,8%.

Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad se colocaría en el 9,46%, puesto que este saldo de crédito se reduciría hasta los 1,244 billones al excluirse el crédito de las EFC. En octubre, las entidades financieras elevaron hasta los 71.426 millones de euros las provisiones, 1.627 millones de euros más que el mes anterior. Un año antes, este ‘colchón’ se situaba en 84.785 millones.

Sector

La sala de lo civil del Tribunal Supremo ha decidido rebajar los honorarios que solicitaba un letrado por considerar su minuta excesiva. Así, ha pasado desde los 534.433,76 euros iniciales, que se duplicaba al haber dos recurrentes (1.068.867,52 euros), hasta finalmente los 140.000 euros, a razón de 70.000 euros por cada uno de ellos, con el IVA incluido, a pesar de que en casación ya se había dado la razón a los empresarios y se había hecho una primera rebaja hasta los 120.000 euros por cada recurso.

El Supremo insiste en que "en materia de impugnación de los honorarios de letrado por excesivos, debe atenderse a todas las circunstancias concurrentes, tales como trabajo realizado en relación con el interés y cuantía económica del asunto, tiempo de dedicación, dificultades del escrito de impugnación o alegaciones, resultados obtenidos, etcétera, sin que por tanto sean determinantes por sí solos ni la cuantía ni los criterios del colegio de abogados, precisamente por ser éstos de carácter orientador". Con ello, confirma que el informe de un colegio de abogados sobre la minuta no es, en absoluto, vinculante.

A pesar de que los intereses en juego ascendían a 85 millones de euros, el auto insiste en que, para fijar los honorarios, hay que valorar "la real carga de trabajo del escrito de oposición objeto de minutación, sin dejar de lado tampoco que no debe minusvalorarse el trabajo de un letrado en un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo".

El Tribunal de Justicia europeo ha fallado hoy a favor de establecer una retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo opacas de los contratos hipotecarios. El veredicto supone un tremendo varapalo para el sector bancario, que deberá devolver todo el dinero cobrado en virtud de estas cláusulas. El Banco de España calcula que los importes a devolver suman 4.000 millones de euros, según han avanzado hoy a Efe fuentes de la institución.

La sentencia, leída hoy en Luxemburgo, contradice la interpretación del Tribunal Supremo español, que en 2013 anuló las cláusulas suelo abusivas, pero limitó el reintegro de las cantidades cobradas de más. Los jueces españoles sólo impusieron la devolución de lo cobrado a partir del 9 de mayo de 2013, por entender que hasta ese momento las entidades financieras podían asumir que las cláusulas eran legales, así como para evitar el impacto económico de una devolución completa.

El veredicto se esperaba con calma tensa ayer en las sedes de muchas de las principales entidades financieras españolas, que ya temían lo que se ha confirmado hoy, un fallo contrario que amenaza con costarles miles de millones de euros y una reacción bursátil que podría teñir de rojo su recta final del año en el parqué. En concreto, según lo esgrimido en el juicio por el propio Banco de España, a los 2.600 millones que le supone a la banca devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo desde mayo de 2013 y finales de 2015 (los datos más actuales disponibles) habría que añadirle ahora un sobrecoste de unos 5.000 millones por la retroactividad total. Hoy la entidad calcula una cantidad menor, de unos 4.000 millones.

La cifra está en línea con 4.500 millones que estiman en Analistas Financieros Internacionales (Afi), cuyos expertos calculan que la banca ya afrontaba una facturar de 5.269 millones por lo cobrado por estas condiciones desde mayo de 2013, si bien esta última parte sí han ido provisionándola ya el grueso de entidades financieras y no tiene impacto en cuentas.

Un auténtico mazazo, en cualquier caso, para un sector que pelea por recuperar la rentabilidad perdida en un escenario de tipos mínimos que ahoga el negocio crediticio, mientras se adapta a la ingente regulación financiera y compite en la carrera de la digitalización con nuevos y ágiles competidores como las fintech. De hecho, el principal argumento para limitar la retroactividad en la devolución de lo cobrado por unas cláusulas -que cuando son opacas nadie pone en duda que deben anularse- era precisamente el potencial impacto en un sector financiero que ya requirió un rescate europeo.

Esta tesis había sido manejada por el Tribunal Supremo y recogida luego por el abogado general del TJUE, Paolo Mengozzi, una suerte de fiscal que suele fijar el signo del fallo de la Corte, en su informe de conclusiones del pasado julio. “El abogado general resolvió en ambiente de pánico posbrexit”, sostenía ayer Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, que esperaba esta vez un resultado “conforme a derecho, no conforme a la situación macroeconómica”.

Las palabras de Mengozzi se pretendían como una primera aproximación al fallo definitivo de hoy y en su momento dieron un respiro a la banca. Esta, sin embargo, ya se temía ayer que los vientos podían cambiar con la publicación de la sentencia definitiva. Fuentes de distintas entidades financieras consultadas ayer revelaban que alguna de las patronales del ramo tenían ya borradores de dos comunicados distintos para amoldarse al sentido del veredicto final.

El fallo de la Corte de Luxemburgo establece que en el caso de las cláusulas suelo que sean nulas por su opacidad, la banca debe devolver lo cobrado por ellas a sus clientes con retroactividad total, y no desde mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo español dictó la primera sentencia en este sentido, lo que llevó a BBVA, Novagalicia (hoy Abanca) y Cajamar a retirarlas en bloque de sus carteras.

El sentido del fallo supone que la banca tendrá que abonar a su clientela todo lo cobrado por estas condiciones hipotecarias, que en muchos casos comenzaron a activarse a finales de 2009, debido a que la caída de tipos topó con los suelos establecidos en los créditos.

Un informe de Goldman Sachs de este año estimaba que la retroactividad total en la devolución de lo cobrado por las cláusulas suelo restaría a la banca un tercio de sus ingresos del año puesto que a las provisiones que la mayoría viene haciendo para hacer frente a las devoluciones desde 2013 se le suma ahora un coste adicional.

En concreto, según los analistas del gigante de la banca de inversión, la decisión del TJUE arrojará una factura de 1.800 millones más en provisiones para BBVA, que sería la entidad financiera cuantitativamente más afectada, aunque también una de más fuertes. CaixaBank estimó en su día que la retroactividad total le costaría 750 millones adicionales a los 550 millones ya provisionados para devolver lo cobrado desde 2003.

El golpe será especialmente doloroso para Banco Popular, que aunque ya ha dotado unos 340 millones para la devolución de lo cobrado en los últimos años, afrontaría ahora una factura de 334 millones, según Goldman, en un momento de transición entre presidentes y con el mercado poniendo en duda su capacidad de continuar en solitario. Para Bankia, que como CaixaBank terminó retirando las cláusulas suelo de su cartera el pasado año, el impacto será de 160 millones, de nuevo según las estimaciones de Goldman Sachs.

Por otra parte, entidades como Banco Sabadell siguen defendiendo que sus cláusulas suelo son perfectamente legítimas dada su claridad y transparencia, por lo que no se plantean retirarlas. No obstante, si el goteo de juicios que afronta el banco termina quitándole la razón, la entidad cuenta con provisiones genéricas suficientes para hacer frente al coste. Para entidades de menor tamaño, la sentencia de hoy puede suponer un tremendo impacto que podría volver a reactivar un nuevo baile de fusiones que parecía haber quedado aparcado en los últimos años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará hoy la sentencia definitiva sobre las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas, que determinará si los afectados pueden recuperar el dinero que pagaron de más desde la firma de su contrato o solo desde 2013, como pidió el Tribunal Supremo español. La corte con sede en Luxemburgo lee a primera hora una sentencia que esperan desde hace tres años tanto consumidores y asociaciones de usuarios como la banca, que podría tener que pagar más de 7.000 millones de euros en devoluciones si la justicia se opone a limitar la retroactividad de las cláusulas.

La decisión, que no se puede recurrir, servirá de base para que los tribunales nacionales decidan sobre los miles de demandas por cláusulas suelo que deben dirimir, unas 70.000 según los bufetes de abogados. Sentará jurisprudencia también en el resto de países de la Unión. El Tribunal desvela si respalda la opinión del Tribunal Supremo español, que decidió limitar en el tiempo los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo cuando las declaró abusivas y nulas en su sentencia del 9 de mayo de 2013.

El alto tribunal español consideró entonces que los clientes no podían comprender lo que significaban estas cláusulas en términos económicos, pero decidió que los bancos solo tendrían que devolver los intereses cobrados de más a partir de la fecha de su sentencia. El Abogado General del Tribunal comunitario, el italiano Paolo Mengozzi, se pronunció en julio a favor de limitar la retroactividad y tuvo en cuenta en particular las “repercusiones macroeconómicas” que podría tener dada la amplitud con que se aplicaron estas cláusulas en España.

El jurista seguía así la línea del Supremo, que en 2013 tuvo en cuenta el riesgo que la abultada devolución podría suponer para el frágil sistema bancario, que entonces acababa de pedir un rescate de hasta 100.000 millones a sus socios europeos. Queda por ver si el Tribunal se ajusta ahora a la opinión del Abogado que, si bien no es vinculante, en la mayoría de casos marca las líneas de la sentencia. Si el veredicto es contrario a la banca, las entidades tendrán que desembolsar entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, calificó de “equilibrada” la opinión de Mengozzi, puesto que protegía los derechos de los consumidores y no generaba incertidumbre financiera.

Los bufetes y consumidores, sin embargo, achacaron la opinión del jurista al referéndum sobre la salida de Reino Unido de la UE, que volvió a sembrar la incertidumbre en los mercados y confían en que el Tribunal tome otra dirección. “El abogado general resolvió en ambiente de pánico posbrexit. Esperamos que Luxemburgo resuelva ahora conforme a derecho, no conforme a la situación macroeconómica”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas y Cusí, especializado en derecho bancario.

Según distintos cálculos, unos dos millones de españoles han pagado de media 3.000 euros de más en sus hipotecas debido a estas cláusulas, que se incluyeron en entre el 30 y 40 % de los contratos suscritos en España.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado varias de las limitaciones a la libertad de horarios comerciales aprobadas por el Parlament de Cataluña, entre ellas la que obligaba a cerrar el día de Navidad. El Pleno del TC ha estimado la mayor parte de las alegaciones presentadas por el Gobierno central contra el decreto-ley aprobado por la Generalitat en octubre de 2012.La clave de la resolución es que, a juicio de los magistrados, los preceptos recurridos son incompatibles con la normativa básica estatal recogida en la Ley de Horarios Comerciales. El TC recuerda que esta norma parte del principio de "libertad de horarios".

El criterio del TC ha sido empleada en recursos anteriores y previsiblemente servirá pata declarar inconstitucionales otras disposiciones sobre horarios aprobadas en fechas más recientes por el Parlament. Entre los artículos anulados se encuentra el que limita los horarios de apertura:"Los establecimientos comerciales no pueden permanecer abiertos, ni realizar ninguna actividad de venta entre las 22 h. y las 7 h.

Los días 24 y 31 de diciembre han de adelantar su horario de cierre a las 20 h". Según la sentencia, este precepto "contradice" la ley básica estatal, puesto que ésta "atribuye al propietario, dentro del respeto al límite semanal, determinar el horario diario de apertura y cierre del establecimiento". "Frente a la libertad otorgada por la base estatal, la norma autonómica impone límites al horario diario de apertura de los establecimientos comerciales. Por esa razón es contraria al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nula".

Igualmente nulo es el apartado que fija en 72 horas el número de horas máximo en que los comercios podrán estar abiertos semanalmente, en lugar de los 90 de la ley nacional.

El número de litigios admitidos en los juzgados de Primera Instancia civiles y mercantiles en España supera el doble de la media de la Unión Europea, según los datos elaborados por el Consejo General de Economistas (CGE), que alerta del riesgo de saturación de la justicia por la acumulación de estos asuntos.

En el estudio Implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España, el CGE apunta a los concursos de acreedores como ámbito más afectado, con un tiempo de demora que duplica al de 2012, hecho que contrasta con los continuos retrocesos en el número de insolvencias que acreditan las estadísticas.

Al respecto, el decano presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, insiste en que, si bien los datos oficiales revelan que la situación no es tan mala, lo cierto es que en los últimos cinco años la duración estimada de estos asuntos se ha multiplicado casi por 1,5, pasando de 28,2 meses en 2011 a 41,6 en 2015.

Un hecho que destapa algunas inconsistencias de la justicia española, cuyas eventuales faltas de eficacia, advierte, limitan el crecimiento de las empresas y por ende, el del propio sistema económico. “La seguridad jurídica es un factor clave para traer recursos productivos, generar riqueza y crear empleo”, expone en sintonía con el estudio, que propone una simplificación y mayor estabilidad de la normativa, así como evitar lo que califica de profusión legislativa.

Los economistas creen que “es un error” que en España, a diferencia de cuanto sucede en Europa, se tienda a aumentar el número de normas cuando lo realmente efectivo es dotar a la justicia de “más recursos, más medios y servicios comunes”. Una labor que, en opinión de Fernández, también depende de las carteras de Economía y Hacienda como ya sucede en países como Italia, donde tanto las leyes como los decretos de reactivación económica recogen cualquier modificación en materia judicial.

No obstante, el estudio observa una disminución cada vez más clara en los concursos de acreedores, como refrenda el Consejo General del Poder Judicial que esta semana ha publicado el descenso del 13,3% de los procedimientos registrados en el tercer trimestre del año respecto a 2015. Frente a ello, explican los expertos, crece el tratamiento de las insolvencias mediante soluciones extrajudiciales como los acuerdos de refinanciación, pero también extraconcursales a través de la mediación, vías fundamentales para aliviar la carga de trabajo de los juzgados mercantiles.



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