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Los consejos de la semana

Contabilidad

Legalización de libros contables encriptados

No sea tan desconfiado y recuerde que los registradores, están obligados a dar cumplimiento a la legislación sobre la Protección de Datos.

Hechos

Primero: Se presentan en el registro telemáticamente para su legalización los libros Diario, Inventario y Cuentas Anuales de una sociedad encriptados.

Segundo: El registrador suspende la legalización por no poder calificar “la validez del contenido de los libros que se pretenden legalizar”

Tercero: La sociedad recurre alegando que ha actuado y presentado los libros de acuerdo con “la Instrucción de 1 de julio de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de los empresarios presentados a legalización en los registros mercantiles y otras cuestiones relacionadas” segÚn la cual los libros podrán ser encriptados, tal y como se establece en la instrucción.

Cuarto: DGRN revoca la nota de calificación ratificando la posibilidad de legalización de cualquier clase de libro que venga debidamente encriptado.

Legalización versus calificación

A efectos de legalización es totalmente indiferente el contenido del libro. Si, por causas que no vienen al caso, se procede a descodificar un libro legalizado de forma encriptada y resulta que está vac[0xed]o o no es fiel al contenido legalmente exigido responderá por ello la persona que solicitó la legalización.

Otra cosa ser[0xed]a si la regulación pusiera especial ánfasis en la calificación del registrador, pero por ahora nada se dice en las Instrucciones.

¿Sobra la Encriptación?

Aunque nada está escrito, todos recordamos que con anterioridad al “mundo telemático que nos rodea”, el registrador pod[0xed]a ver f[0xed]sicamente el contenido de los libros, para constatar su [0xed]ntegra utilización de cara a legalizar uno nuevo. Entonces, nadie dudaba del mantenimiento de su secreto profesional. ¿Por quá, si los libros se presentan en formato electrónico y por v[0xed]a telemática va a ser diferente?

Además existe el secreto profesional, que se encuentra garantizado en el caso de los registradores por su condición de funcionarios pÚblicos y, en el caso de sus empleados, por las cláusulas de confidencialidad que habitualmente forman parte de sus contratos laborales, e incluso, en muchos casos por la suscripción de códigos deontológicos espec[0xed]ficos como el «Manual de Buenas Prácticas en la Seguridad de la Información».

Mercantil, civil y administrativo

Cómo proteger los secretos comerciales

Hasta la fecha no existía, ni en Europa ni en nuestro país, una normativa común que definiera e integrara el concepto de secreto comercial, ni tampoco unas medidas concretas y homogéneas para protegerlo.

Sin embargo, la Unión Europea, reconociendo que, al no existir un nivel de protección equivalente en toda la Unión por lo que se refiere al propio concepto de secreto comercial y a su protección jurídica, se produce una fragmentación del mercado interior en este ámbito y se debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable, ha aprobado la Directiva(UE) 2016/943 (DOCE 15-06-2016) relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Una nueva Directica de la Unión Europea, regula diferentes medidas de protección de los secretos comerciales, que no se no se circunscriben únicamente a la información técnica fruto de la investigación (patentes y modelos de utilidad), sino que también incluye información comercial fruto de la experiencia y el conocimiento que tiene la empresa del sector, es decir, el llamado KNOW HOW.

¿Qué son los secretos comerciales?

Tanto el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), en su artículo 39, como la nueva Directiva Europea sobre esta materia, definen el secreto comercial por la concurrencia de tres requisitos:

a) INFORMACION SECRETA: en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;

b) tener un VALOR COMERCIAL por su carácter secreto;

c) haber sido objeto de MEDIDAS RAZONABLES, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva

Atención. La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación

¿Secreto industrial o secreto comercial?

Los secretos empresariales pueden ser principalmente de dos tipos:

- Por una parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan ser protegidos por la normativa sobre propiedad industrial, como patentes o modelos de utilidad.

- Por otra parte,los secretos comerciales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, pueden protegerse únicamente como secretos comerciales

En un primer término, la empresa deberá decidir si patenta la invención o la considera como secreto comercial.

Atención. La protección de una información como secreto comercial, no entraña costes de registro ni está sujeta a límites temporales.

¿Cómo se protege un secreto comercial?

Si bien los secretos industriales han gozado desde siempre de una clara protección a través de la normativa en materia de propiedad intelectual, industrial, sobre competencia desleal o incluso a través de la normativa penal (delito de revelación de secretos); no se puede decir lo mismo de los secretos comerciales de la empresa que, hasta la fecha, carecían de una regulación específica y tenían un difícil encaje en la normativa de Propiedad Industrial e Intelectual (Patentes, Derechos de Autor, etc.).

De acuerdo con la nueva normativa europea, la información que no sea adecuadamente protegida no podrá ser considerada como secreta y, por consiguiente, no podrá ampararse en los mecanismos de protección que la misma establece.

Por lo tanto, lo que debe hacer la empresa para proteger sus secretos comerciales es.

- Asegurarse de que únicamente un número limitado de personas conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial.

- Incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los empleados.

Atención. De conformidad con la legislación laboral, los empleados deben respetar la confidencialidad debida a su empleador aunque no existan dichos acuerdos. El deber de respetar la confidencialidad relativa a los secretos del empleador se prolonga por lo general, al menos durante un cierto tiempo, incluso después de que el empleado haya cesado su empleo.

- Firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores comerciales siempre que se divulgue información confidencial.

La información que no sea adecuadamente protegida no podrá ser considerada como secreta y, por consiguiente, no podrá ampararse en los mecanismos de protección que establece la Directiva.

La recientemente aprobada Directiva de la Unión Europea sobre la protección de los secretos empresariales confiere un marco jurídico armonizado para toda la Unión que incluye aspectos tales como la definición de secreto comercial, la determinación del alcance de la protección conferida y las acciones civiles que podrá entablar el poseedor legítimo del secreto frente a los responsables de su obtención, utilización o revelación ilícitas o de la explotación de mercancías infractoras.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Montoro ha realizado estas aclaraciones en los pasillos del Senado, tras intervenir en la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta, al hilo de las afirmaciones que realizó ayer una portavoz de Ciudadanos, quien anunció que el Gobierno les había transmitido que subiría el techo de gasto. La cifra de los 5.000 millones es la suma reducción de gasto y el ahorro de intereses que se producirá en el presente ejercicio. El acuerdo de no disponibilidad de gasto adoptado por el Ejecutivo supone un ahorro de 2.000 millones de euros y el cierre anticipado del ejercicio 2016 arroja otros 1.000 millones menos de gasto. A estos 3.000 millones se suman 2.000 millones más por la reducción del pago de intereses de la deuda.

Según el ministro, el cálculo del techo de gasto para 2017 se realiza sobre el techo de gasto presupuestado para 2016 y en este caso supone una reducción de más de 5.000 millones. Además, el ministro considera que el techo de gasto que se fije debería ser a la baja con relación a la ejecución real que se haga en el presente ejercicio. Montoro argumenta esta previsión en que los esfuerzos realizados ya por la Administración para ajustar el coste de los servicios públicos, así como la central de compras conjuntas para las administraciones y otra serie de medidas propician que se pueda reducir el gasto.

También ha explicado que si no se realiza esta reducción, el esfuerzo para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1 por ciento para 2017 comprometido con Bruselas tendría que ser del doble. Ya que las autoridades comunitarias han reclamado a España un ajuste de 5.500 millones de euros. Para poder cuadrar las cuentas públicas el Ejecutivo también prevé subir algunos impuestos, pero descarta realizar una subida generalizada. Se trataría de hacerlo de una manera selectiva y ponía como ejemplo los que afectan al alcohol y al tabaco. A ello se sumaría el de Sociedades, pero para las grandes compañías, no para pymes y autónomos.

Es en este último impuesto, en el de Sociedades, en el que el Ejecutivo confía lograr el mayor aumento de recaudación. No obstante, el ministro ha matizado que la decisión sobre qué impuestos o medidas concretas se adoptarán aún no está cerrada. La previsión es que el Consejo de Ministros del próximo día 2 de diciembre pueda aprobar el techo de gasto. Previamente, la próxima semana, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cerrar este asunto con las CCAA, así como el reparto del déficit del Estado con las regiones.

Lo que no dará tiempo es a tener un Presupuesto a final de año, por lo que se prorrogará el actual durante los primeros meses de 2017 mientras se tramitan unas cuentas públicas nuevas en el Parlamento.

Del 4 de junio al 30 de noviembre de 2012. Ese fue el plazo establecido por Hacienda en 2012 para la presentación de la “declaración tributaria especial”, más conocida por amnistía fiscal. Esos plazos marcaban que el 30 de noviembre de 2016 (la próxima semana) entraba en vigor la prescripción y por lo tanto no se podría pedir cuentas a ningún contribuyente que hubiera presentado la citada declaración. En el pacto entre los populares y Ciudadanos tras las segundas elecciones, la formación dirigida por Albert Rivera quería evitar la prescripción del proceso para poder reclamar posteriormente que las personas que se beneficiaron de la amnistía pagarán el 10% de lo aflorado y no el 3% que finalmente abonaron.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, negó que se vaya a producir una prescripción de la ‘amnistía fiscal’ el próximo 30 de noviembre como considera Ciudadanos. “Lo que está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria de 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes”, afirmó tras participar en la inauguración de la jornada El directivo público: profesionalización y objetividad, organizado por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca).

Ciudadanos mantiene que el límite legal para la revisión de las declaraciones caduca el próximo 30 de noviembre, tal y como fija la Ley General Tributaria sobre la prescripción del delito fiscal, y por ese motivo registró el pasado jueves una interpelación urgente a Montoro para que explicar si Hacienda exigirá a las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 que tributen el 10% del dinero repatriado, como en un principio estaba previsto, en vez del 3% finalmente establecido.

El titular de Hacienda recogió ayer el cargo con rapidez. “Hay quien opina que hay prescripción pero no hay prescripción. Por tanto no hay ninguna preocupación porque prescriba nada a final de mes. La Agencia Tributaría así se lo hará conocer a cada uno de esos contribuyentes para decirles que no existe ninguna prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones”.

A la espera de conocer si prescribe o no, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, enfrió el entusiasmo de Montoro respecto a la posibilidad de impulsar nuevas investigaciones entre los declarantes. “Una posible revisión de la amnistía fiscal es técnicamente imposible. La fecha del 30 de noviembre es irrelevante, a lo que se suma que la ley sería inconstitucional y provocaría multitud de recursos”.

Los asesores consideran que reclamar ahora una cuota adicional a los amnistiados constituiría una medida “con carácter retroactivo, probablemente inconstitucional, y que dañaría gravemente el principio de seguridad jurídica”. De hecho dan por descontado que, pese a lo firmado, Hacienda no accederá a las exigencias de Ciudadanos en este ámbito.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta del IRPF. La decisión contradice el criterio de la Agencia Tributaria. El efecto de la sentencia se circunscribe al caso en litigio y no genera jurisprudencia, pero abre la puerta a que las contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 reclamen la devolución del IRPF.

Cuando una trabajadora da a luz tiene derecho a 16 semanas de baja, que puede compartir en parte con el padre. Durante este período, la Seguridad Social es quien abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización. La Agencia Tributaria siempre ha defendido que esta ayuda debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo. Una postura que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de tumbar en una reciente sentencia. En ella, el TSJ considera que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF.

La polémica no es nueva y tuvo su momento álgido en 2013, cuando la Agencia Tributaria se vio obligada a emitir una nota informativa negando la exención fiscal de la prestación por maternidad. Un sms que se hizo viral instaba a los contribuyentes a reclamar la devolución del IRPF aplicado sobre las prestaciones por maternidad, lo que elevó la petición de rectificaciones y obligó a Hacienda a reafirmar su criterio a través de un comunicado.

El conflicto quedó adormecido. Hasta ahora, cuando el TSJ de Madrid ha dado la razón a una contribuyente que solicitó la devolución de 3.135 euros que pagó en concepto de IRPF al recibir una prestación por maternidad de 11.679 euros. El efecto de la sentencia se limita al caso concreto del litigio, es decir, no genera jurisprudencia ni obliga a la Agencia Tributaria a modificar el criterio. Hacienda seguirá negando la exención. Sin embargo, como apunta el socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, el TSJ eleva las posibilidades de éxito de los contribuyentes que reclamen la devolución.

El abogado y asesor fiscal apunta que, teniendo en cuenta los plazos de prescripción, los contribuyentes que cobraron desde enero de 2012 prestaciones por maternidad pueden presentar ante la Agencia Tributaria una rectificación de autoliquidación del IRPF en la que solicitan la devolución de lo tributado por la prestación de maternidad. Hacienda denegará probablemente la petición, lo que obligaría al contribuyente a acudir al Tribunal Económico Administrativo y, posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Es decir, el proceso no es sencillo ni automático. De hecho, la sentencia del TSJ de Madrid resuelve una solicitud de rectificación que fue denegada por la Agencia Tributaria en 2014.

Las contribuyentes que han sido madres este año o lo serán en el futuro es preferible que sigan el criterio de Hacienda y tributen por la prestación por maternidad. Posteriormente, tienen la opción de solicitar la devolución del IRPF e iniciar la vía administrativa o judicial. Actuando así, evitan la sanción que Hacienda impondría en el caso de que directamente no tributaran por la ayuda.

El presidente de la organización, Josá Ignacio Alemany, rechazó la posibilidad de que Hacienda revise la amnist[0xed]a fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, tal y como pidió Ciudadanos. La formación naranja mantiene que los contribuyentes que se acogieron a la amnist[0xed]a fiscal no pagaron el 10% fijado en la normativa, sino que en realidad tributaron a un tipo efectivo del 3%. Ello fue as[0xed] por una interpretación de Tributos, que señaló que el gravamen solo era aplicable a la renta aflorada de ejercicios no prescritos.

Ciudadanos reclama que ahora que se revise con urgencia todo este proceso y se exija a los amnistiados el 10% de todo el dinero que regularizaron. Ni el Ministerio de Hacienda ni la Agencia Tributaria han contemplado en ningÚn momento tal posibilidad, a pesar de que el pacto firmado entre el PP y Ciudadanos incluyó la revisión del proceso de la amnist[0xed]a. Aedaf señala que reclamar ahora una cuota adicional a los amnistiados constituir[0xed]a una medida “con carácter retroactivo, probablemente inconstitucional, y que dañar[0xed]a gravemente el principio de seguridad jur[0xed]dica”. Alemany dio por descontado que Hacienda no accederá a las exigencias de Ciudadanos en este ámbito.

En mitad del proceso de la amnist[0xed]a fiscal de 2012, el Gobierno anunció que, todos los contribuyentes deber[0xed]an declarar a partir de 2013 los bienes en el extranjero y estableció un duro rágimen sancionador. La tácnica del palo y la zanahoria. Los asesores fiscales reclaman en su documento que suprima tal obligación, al menos respecto a rentas y propiedades ubicadas en otros Estados miembros. La propuesta no tiene visos de prosperar. Con el modelo 720 de declaración de bienes en el exterior, Hacienda ha logrado una inmensa fuente de información a la que no está dispuesta a renunciar. Aun as[0xed], la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción y está estudiando si el duro rágimen sancionador, –que incluye una suerte de imprescriptibilidad– vulnera el derecho comunitario.

En el ámbito del IRPF, el impuesto más importante por recaudación, Aedaf reclama que se establezca por ley que el tipo marginal máximo no podrá superar el 50%. Actualmente, el gravamen superior alcanza el 45% con carácter general, aunque en algunas comunidades llega al 48%. Aun as[0xed], antes de la reforma fiscal de 2015, el impuesto alcanzó el 56% en Cataluña o Andaluc[0xed]a. Los asesores quieren que ello no pueda repetirse. Tambián piden que se recuperen los coeficientes de actualización que se suprimieron con la reforma fiscal. Con ello, se volver[0xed]a a tener en cuenta el efecto de la inflación a la hora de determinar la plusval[0xed]a lograda por la venta de un inmueble.

Los asesores fiscales tambián defienden que se elimine definitivamente el impuesto sobre el patrimonio. De hecho, segÚn la legislación actual, el tributo deber[0xed]a desaparecer a efectos prácticos el próximo 1 de enero. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy contempla prorrogar su vigencia tal y como ha hecho anualmente en la Última legislatura. Ante esta situación, Aedaf propone que, como m[0xed]nimo, se modifique el l[0xed]mite de tributación conjunto para evitar que haya personas que deban vender parte de su patrimonio para asumir el pago del impuesto. En patrimonio y tambián en el impuesto sobre sociedades, Aedaf aboga por una mayor armonización para acabar con las diferencias autonómicas.

El presidente del Gobierno anunció el miárcoles que no ten[0xed]an intención de elevar los principales impuestos, en referencia al IRPF y el IVA. Sin embargo, el Ejecutivo plantea medidas fiscales como suprimir deducciones para elevar la tributación de las grandes empresas, subir los impuestos especiales o elevar la fiscalidad medioambiental. Aedaf rechazó todo este conjunto de medidas, especialmente aquellas que puedan elevar la factura fiscal de las empresas. En opinión de su presidente, hay que ir justo en la dirección contraria y rebajar la fiscalidad para elevar los beneficios empresariales, mejorar los salarios e incrementar el consumo. Aedaf asegura que por esta v[0xed]a aumentar[0xed]a más la recaudación que subiendo impuestos.

La Comisión Europea no congelará fondos europeos a España pese a haber incumplido el año pasado el objetivo de dáficit, despuás de haber analizado el informe de “medidas efectivas” que remitió el Gobierno de Mariano Rajoy para corregir el desv[0xed]o de las administraciones pÚblicas. “La Comisión ha llegado a la conclusión de que el procedimiento por dáficit excesivo debe mantenerse en suspenso. En consecuencia, el evento que requer[0xed]a una propuesta para suspender parte de los fondos estructurales y de inversión no sucederá y no habrá tal propuesta”, zanja el documento del Ejecutivo comunitario, en referencia tambián a su opinión con respecto a Portugal.

El Parlamento Europeo (PE) hab[0xed]a pedido ayer a la CE que no proponga la suspensión de los compromisos de fondos estructurales y de inversión a España. España evita as[0xed] un segundo castigo despuás de que la Unión Europea constatara la “falta de acción efectiva” para cumplir con la reducción del dáficit estipulada. Los socios del club comunitario ya cancelaron en agosto una multa que habr[0xed]a ascendido al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones.

“No vamos a proponer suspender estos fondos. Sá que es lo que se esperaba y es, obviamente, una buena noticia para dos pa[0xed]ses en los que los fondos europeos juegan un papel importante para sostener inversión y queremos que Europa ayude a salir de la crisis”, ha expresado en rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

A su vez, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, ha explicado que las razones de esta decisión son que “los hechos que llevaron a comenzar el procedimiento de suspensión” ya no existen y que Bruselas ha tenido en cuenta la opinión expresada por la mayor[0xed]a de los grupos del Parlamento Europeo en el “diálogo estructurado”.

El ministro de Econom[0xed]a, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, compareció la semana pasada en la Eurocámara para defender las acciones emprendidas por el Ejecutivo, que entonces aÚn se encontraba en funciones. SegÚn apuntó, las medidas adoptadas, como el cierre anticipado del presupuesto de este año y la reforma del impuesto de sociedades, tendrán un impacto por encima de los 10.000 millones.

En cualquier caso, Bruselas advierte de que el borrador presupuestario para 2017 está en riesgo de no cumplir con los nuevos objetivos fiscales pactados. “Teniendo en cuenta la naturaleza de las proyecciones sin cambios en las pol[0xed]ticas, las previsiones de la Comisión calculan que ni el objetivo intermedio de dáficit ni el esfuerzo fiscal recomendado se cumplirán”, explica.

La senda fiscal aprobada este verano exige a España reducir su dáficit pÚblico hasta el 3,1% y, para ello, recomienda un esfuerzo estructural del 0,5% del PIB, unos 5.500 millones de euros. Sin embargo, las Últimas previsiones de Bruselas estiman que el desv[0xed]o a cierre de 2017 será del 3,8%, a falta de un nuevo plan presupuestario que recoja cambios en la pol[0xed]tica económica.

Laboral

El pleno del Congreso ha aprobado este martes, con 174 votos a favor, 137 en contra (los del PP y Foro Asturias) y 30 abstenciones (de C's), tramitar una ley que suba de forma escalonada el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el PP y Foro Asturias, que han votado en contra, y Ciudadanos, que se ha abstenido, ha votado a favor de tomar en consideración la proposición de Ley elaborada por En Comú Podem y en la que se concreta un alza del SMI a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020.

Sin embargo, esta reforma legislativa, que ha contado con el apoyo del PSOE y de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, deberá tramitarse en la Comisión de Empleo y recibir las enmiendas correspondientes de los grupos parlamentarios, que ya han avanzado que debatirán sobre el ritmo más adecuado al que debe subir el salario mínimo.

La mayoría de los parlamentarios han considerado que el actual salario mínimo, de 655,20 euros mensuales, es indigno y han apoyado que se cumpla la recomendación de la Carta Social Europea que sitúa el SMI en el 60% del salario medio neto anual. Además, los partidos nacionalistas (el Partido Democrático de Cataluña, PNV y ERC) han avanzado que en su trámite de enmiendas pedirán que cada autonomía pueda subir el salario mínimo de acuerdo con su realidad económica.

"Es una ley justa y estamos abiertos a debatirla", ha afirmado la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que recuerda que el salario mínimo debe subir según la inflación real y no la prevista. La subida del salario mínimo propuesta por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se sitúa en 13.300 euros anuales a final de la legislatura y solicita reformar el Estatuto de los Trabajadores para que se revalorice anualmente según el IPC y se revise con efectos retroactivos el 1 de enero de cada año.

Además, incide en que en el salario mínimo se debe computar únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar a una minoración de este. Vidal ha afirmado que, si en 2008 el porcentaje de trabajadores que cobran un sueldo inferior al SMI era de un 8,8%, en 2014 ya era de un 13% y ha recordado que el incremento de la desigualdad y de la pobreza afecta sobre todo a las mujeres.

Con la comparecencia de Báñez, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo comienza hoy sus trabajos para hacer una reforma de gran alcance en el sistema público de pensiones. La sexta del periodo democrático y, posiblemente, la primera en que todos los partidos políticos contemplen una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones sociales, y que puede tener tres vías: la primera hipótesis es crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social. La segunda posibilidad, dedicar a este fin una parte de los impuestos ya existentes, y la tercera, que los tributos sostengan las pensiones de viudedad y orfandad.

La presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, explica que la reforma de las pensiones se hace porque el sistema debe revisarse cada cinco años. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, traslada a la opinión pública un sentimiento de alarma sobre las pensiones públicas cuando convierte a su reforma "en la más importante de todas las que se puedan hacer en la presente legislatura". Rajoy tiene razón, aunque Villalobos se esfuerza en transmitir tranquilidad a la opinión pública: "Las pensiones de ahora están garantizadas; la reforma que queremos hacer trata de asegurar las pensiones del futuro".

Sin embargo, éste es el grave estado estructural de la Seguridad Social y, en consecuencia, del sistema de pensiones: el Gobierno ha comunicado a Bruselas que la protección social cerrará este año con un déficit de 19.000 millones de euros. El más elevado de toda su historia, que equivale al 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Ítem más, el Ejecutivo calcula que en 2017 el déficit del sistema de protección, aunque más bajo, será todavía de 17.000 millones de euros, el 1,5% del PIB.

Como consecuencia de la depresión económica y de la destrucción de empleo, el desequilibrio de la Seguridad Social ha crecido de forma constante desde 2011, cuando fue de 487,30 millones de euros, un 0,82% del PIB.

En realidad, la crisis ha adelantado la aparición de varios problemas que la Seguridad Social, y el sistema de pensiones, tenían latentes desde hace tiempo. En primer lugar, porque entre 2007 y 2014, el declive económico destruyó, en términos de Seguridad Social, 3,8 millones de empleos y, por tanto, de cotizantes. En los tres años de recuperación económica, se han generado 1,6 millones de empleos. Sin embargo, la mayor parte de ellos son temporales, y muchos de ellos de cortísima duración. Esto hace que sus salarios sean muy moderados y, en consecuencia, sus bases de cotización sean muy bajas. Los sindicatos apuntan que cinco millones de personas ganan como mucho 655 euros al mes. Es decir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La calidad del empleo que se genera en España se sitúa entre las más bajas de los países de la OCDE, a pesar de que el mercado laboral español ha evolucionado favorablemente en términos de cantidad en los últimos tres años al registrar una tasa de ocupados que ha aumentado en cerca de 1,5 millones y una tasa de paro ha descendido en 6 puntos porcentuales.

Según un estudio realizado por CaixaBank Research que recoge datos de la OCDE, España, teniendo en cuenta los ingresos, la estabilidad laboral y el ambiente de trabajo, se encuentra entre los 10 países que tienen peor calidad de empleo de los 33 países que integran la OCDE.

Aunque desde CaixaBank saben que "queda mucho camino por recorrer", apuestan, para que mejore la situación laboral en España, por la creación de políticas laborales que vayan encaminadas tanto a la cantidad del empleo como a la calidad.

Junto con España, países como Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Turquía son los que han registrado peores indicadores en dos de los tres factores que analiza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por el contrario, Noruega, Suiza o Dinamarca son los países en los que el empleo tiene más calidad.

Para CaixaBank, la mala posición de España en el ranking de los países desarrollados se debe al mayor impacto de la crisis en el mercado laboral español. Entre 2007 y 2013, España tuvo un peor comportamiento en el componente de estabilidad laboral y pasó de la posición 27 a la 32.

En el componente de ambiente de trabajo, España se sitúo en el penúltimo lugar, superada por Grecia. No obstante, en el informe de CaixaBank se apunta que "incluso antes de la crisis, cuando la tasa de paro se situaba en torno al 8%, la situación del mercado laboral en términos de calidad no era nada envidiable".

Los cambios normativos de la reforma laboral “facilitaron los despidos y el aumento de la rotación laboral, lo que elevó el nÚmero de parados y aumentó la presión sobre los salarios y las condiciones de trabajo”. Pero es en la ca[0xed]da de los salarios de entrada al mercado laboral de los asalariados que acceden tras la crisis a un puesto de trabajo donde más se nota esta presión, segÚn Mart[0xed]n. En concreto, los sueldos de los trabajadores que llevan menos de un año en la empresa se han recortado un 13,5% real entre 2007 y 2014, frente a un aumento del salario medio total del 1,2% en este tiempo.

As[0xed], durante los siete años de crisis, la rebaja de los salarios de entrada es del 5,2% entre los trabajadores a tiempo completo frente a un incremento del 6% del salario medio de este colectivo; y del 11,3% entre los contratados a tiempo parcial, que experimentaron una ca[0xed]da del 6,5% del sueldo medio en estos años. Si bien, tras la intensa devaluación experimentada por los salarios de entrada al mercado laboral, esto es los sueldos que se ofrecen a los nuevos trabajadores, el informe llama la atención sobre las v[0xed]as usadas por los empresarios para ejecutar las devaluaciones de los sueldos de los que ya están trabajando.

En este caso, CC OO pone de manifiesto que de todas las posibilidades que ofrec[0xed]a la reforma laboral a los empresarios, la más “dañina” por su uso de forma mayoritaria ha sido la bajada de salarios apelando al art[0xed]culo 41 del Estatuto de los Trabajadores que permite la modificación unilateral del salario por parte del empresario, entre otras cosas.

El informe de Mart[0xed]n cita tambián el hecho de que la recuperación se está produciendo a travás de empleo poco productivo que tiene como efecto una reducción del salario medio. Se trata de empleo temporal “que produce una devaluación de los ingresos laborales de los trabajadores que ocupan estos nuevos puestos de trabajo”. De hecho, el informe habla de una devaluación “pura” de estos salarios, porque los contratados temporales cobran, de media, un 18% menos que los trabajadores indefinidos equivalentes.

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido a la patronal CEOE un incremento salarial para el año que viene, con una horquilla comprendida entre el 1,8% y el 3%. Las dos centrales discuten con la confederación empresarial la renovación del acuerdo para la negociación colectiva. As[0xed], las dos organizaciones han conseguido llegar a un acuerdo entre el 1,5%, que ped[0xed]a fundamentalmente CCOO, y el 4% que reclamaba UGT.

Con la horquilla mencionada, CCOO y UGT plantean un suelo salarial del 1,8%, tres dácimas superior a la previsión de inflación del Gobierno en los presupuestos y un techo salarial del 3%, para las empresas con beneficios que puedan remunerar as[0xed] a sus trabajadores.

No obstante, CCOO y UGT se mostraron dispuestos a moderar su propuesta salarial si llegan a un acuerdo con la patronal para pedir al Gobierno que el Salario M[0xed]nimo Interprofesional suba el próximo año desde 655 euros mensuales, como está ahora, a los 800 euros. Los sindicatos tienen como objetivo final de esta legislatura incrementar el SMI hasta 1.000 euros.

En todo caso, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, pretenden que el acuerdo con los empresarios comprenda otros cap[0xed]tulos como la creación de empleo, la conversión de temporales en fijos u otros apartados que permitan desmontar la reforma laboral en la negociación colectiva. Por ejemplo, la supresión del l[0xed]mite de un año que tienen de prórroga máxima los convenios caducados cuando no hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

CCOO y UGT tambián quieren restaurar la preponderancia del convenio sectorial sobre el de empresa, al contrario de la directriz de la reforma laboral en este punto.

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme defienden que continÚe la moderación salarial un año más. Es decir, repetir un año más que los pactos de convenio tengan un incremento máximo del 1,5%, como ya recomendaron los agentes sociales para 2016. Las patronales subrayan que, en la práctica, la subida media pactada en los convenios este año es de un 1,09%. Es decir, por debajo del incremento del 1,5% pactado en el Último acuerdo.

Mercantil, civil y administrativo

La nueva directiva establecerá un marco general para facilitar a las compañías una reestructuración la deuda lo antes posible, sin esperar a que se deteriore de manera irreversible la situación financiera. La Comisión Europea considera que esta reacción temprana permitirá salvar a miles de empresas sobre todo en sus comienzos, porque el 50% de las compañías europeas desaparecen antes de cumplir los cinco años. La norma también establece que las deudas de un empresario quedarán definitivamente cancelados tres años después del procedimiento de insolvencia.

Bruselas pretende borrar así el estigma que acompaña a los emprendedores que no han tenido éxito en algún proyecto. Un estigma que, según los sondeos que maneja la CE, es una de las causas de la reticencia de muchos europeos a lanzarse al mundo empresarial. El deudor también se beneficiará de un período de gracia de cuatro meses antes de ser sometido a un procedimiento de insolvencia. Y los acreedores o accionistas minoritarios no podrán bloquear la reestructuración si se pone en marcha.

El proyecto de directiva colma a medias una vieja aspiración de patronales y sector financiero: avanzar hacia una armonización de los procesos de insolvencia para facilitar en Europa un borrón y cuenta nueva tan expeditivo como el que se aplica en EE UU cuando una compañía entra en dificultades. La Comisión Europea no se ha atrevido a ir tan lejos, a sabiendas de que una iniciativa de tanto alcance requeriría profundas modificaciones en los sistemas jurídicos de varios países y se toparía, previsiblemente, con objeciones insalvables.

Pero el organismo presidido por Jean-Claude Juncker ha aprobado un proyecto legislativo que, según sus previsiones, evitará que muchas empresas en dificultades acaben en la quiebra, permitirá a los bancos limpiar más rápidamente sus balances financieros y liberará a los empresarios del estigma de la bancarrota. “La reforma es un gran paso para resolver los problemas causados por las divergencias en los regímenes de insolvencia en Europa”, celebró la Asociación Europea de Mercados Financieros (AFME, en sus siglas en inglés) una patronal de grandes inversores. La armonización de mínimos propuesta por el organismo comunitario aspira a agilizar los tortuosos e ineficaces procesos de insolvencia que se aplican en la mayoría de los países europeos, salvo honrosas excepciones como Alemania o Finlandia.

Las exportaciones españolas alcanzaron un nuevo máximo histórico en los nueve primeros meses del año al crecer un 1,2%. Según los datos publicados este lunes por la Secretaría de Estado de Comercio, hasta septiembre se vendieron al exterior mercancías por valor de 188.485 millones de euros. Sin embargo, este buen dato no oculta una tendencia algo preocupante: el comercio global está cayendo. Y aunque España se está comportando mejor que la media, sus ventas al exterior acumulan varios meses de ralentización. Hasta el punto de que las exportaciones solo de septiembre se estancaron con un crecimiento del 0,0%. Es decir, nada.

Desde julio, las ventas españolas al extranjero se están frenando. Si bien el Ministerio de Economía resalta que todavía muestran una mayor resistencia que las del resto de países. En claro contraste con el 1,2% de crecimiento español en lo que va de año, solo Alemania e Italia aguantan con incrementos del 1% y el 0,5%, respectivamente. Todas las demás se resienten: las de la Unión Europea ceden un 0,9%; las de Francia pierden un 1,5%; las de Reino Unido, un 4,5%; Estados Unidos, un 5%; China, un 6,8% y Japón, un 9,2%.

Entre enero y septiembre, las ventas españolas a la Unión Europea avanzaron un 3,9%, una buena noticia porque son los principales socios comerciales de España y representan un 66,5% del total de las exportaciones hispanas. Sin embargo, las ventas al resto del mundo experimentaron decrementos. Por citar los más significativos, a Estados Unidos retrocedieron un 2,3%; a Japón, un 1,4%; a Corea del Sur, un 8,2%; a Arabia Saudí, un 25,1%, y a América Latina, un 11,3%. Tan sólo se salvan unos pocos mercados que sí registraron crecimientos: China (11,8%), Canadá (9,1%), Chile (3,3%) y Marruecos (15%).

Hasta hace poco, China centraba buena parte de sus esfuerzos en invertir en bienes de equipo, fundamentalmente alemanes. Pero su patrón de crecimiento está cambiando hacia un mayor consumo interno y, por lo tanto, una mayor demanda de bienes de consumo y productos alimenticios. Según ha destacado este lunes la nueva secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, esta tendencia observada en China está permitiendo que España eleve sus ventas al gigante asiático "a pesar de que las importaciones chinas estén disminuyendo". Respecto a Canadá, Poncela ha señalado que espera que el nuevo acuerdo comercial mejore los buenos datos ya exhibidos.

La deuda pÚblica del conjunto de las Administraciones aumentó en septiembre en 2.822 millones de euros, alcanzando los 1,104 billones de euros, la segunda mayor cifras de la serie histórica solo superada en junio, cuando era de 1,106 billones. SegÚn los datos publicados este jueves por el Banco de España, este dato representa un incremento anual de los pasivos del 3,5%.

En relación al PIB, la deuda pÚblica sigue en el 100% del PIB segÚn los cálculos del Ministerio de Econom[0xed]a, por encima del objetivo enviado a Bruselas del 99,8%, una meta que de cumplirse supondr[0xed]a que este año no se reducirá la deuda en tárminos relativos.

Sin embargo, la cifra de deuda en tárminos de PIB puede ir oscilando ligeramente hacia arriba o abajo en función del crecimiento y del calendario de emisiones y vencimientos. Y el crecimiento mayor de lo esperado podr[0xed]a hacer que se acabase el año reduciendo la deuda. En sus Últimas previsiones de otoño, la Comisión Europea recoge que la econom[0xed]a española cerrará el ejercicio creciendo un 3,2%, y eso dejar[0xed]a la ratio de endeudamiento de España en el 99,5% del PIB en 2016 segÚn sus cálculos. No obstante, el Ejecutivo comunitario alerta de que en 2017 y 2018 la deuda seguirá escalando hasta el 99,9% y el 100% debido a una ralentización del crecimiento y a que ál Gobierno español no ha concretado todav[0xed]a las medidas de ajuste para el año que viene.

Por otra parte, este mismo jueves el Gobierno tendrá su primera subasta a medio y largo plazo despuás de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Desde entonces, la rentabilidad de la deuda española se ha disparado unos 40 puntos básicos en los mercados secundarios, lo que implica que podr[0xed]a dejar de cobrar por los bonos emitidos a 3 años como ha estado haciendo desde el verano.

El ministro de Econom[0xed]a, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado hoy que la revisión del cuadro macroeconómico que el Gobierno remitirá a Bruselas recogerá un crecimiento del PIB del 3,2% este año y del 2,5% en 2017, por encima de las previsiones del 2,9% y del 2,3%, respectivamente.

En declaraciones a los medios, De Guindos ha señalado que el Gobierno enviará a Bruselas "en muy pocas semanas" un nuevo proyecto presupuestario para 2017, despuás de que el anterior, presentado en octubre, correspondiera a un Ejecutivo en funciones.

El cuadro macroeconómico tambián incluirá "una creación de empleo en torno a medio millón de trabajos" bajo una perspectiva económica "claramente positiva". Este proyecto presupuestario se está "hablando" con los partidos de la oposición, dado que servirá de "marco" para los futuros Presupuestos Generales del Estado.

La econom[0xed]a española volvió a crecer en el cuarto trimestre de 2013, con un avance del 0,2%, tras seis años seguidos de crisis. Uno de los factores que resultó determinante para el despegue del PIB, que acumuló posteriormente 12 trimestres consecutivos de crecimiento, fue la bajada de precios. Uno de los mayores desequilibrios que acumulaba tradicionalmente España era el exceso de inflación respecto a sus vecinos europeos, en gran medida por un incremento mayor de los salarios.

Esa espiral de precios y salarios altos se rompió a mediados de 2013 y provocó que en septiembre de ese año el diferencial de precios con respecto a la unión monetaria volviera a ser positivo. Y as[0xed] se ha mantenido durante 37 meses, gracias en primer lugar a la moderación salarial (los sueldos en convenio solo subieron un 0,5% de media en 2013 y en 2014) y en segunda instancia al desplome del precio del petróleo, que tocó m[0xed]nimos a principios de 2016 y que arrastró a la baja la inflación española.

El INE constató ayer que ese per[0xed]odo de más de tres años con precios bajos ha tocado a su fin. La inflación subió siete dácimas en octubre y encadenó dos meses consecutivos al alza, algo que no suced[0xed]a desde julio de 2015. Los dos primeros efectos del repunte de la inflación serán la merma de poder adquisitivo a los hogares y de competitividad a las empresas en su salida a mercados exteriores. El mayor consumo de los hogares y el repunte de las exportaciones se hab[0xed]an basado en ese escenario de precios bajos.

El Ejecutivo y los expertos auguran que ese repunte no será coyuntural y que se asentará en los próximos meses. En su primera rueda de prensa como secretaria de Estado de Econom[0xed]a, Irene Garrido pronosticó que la tasa en diciembre será del 1 %, “si bien la media del año seguirá siendo negativa, por tercer año consecutivo”. Confirmó que el diferencial vuelve a ser nulo, aunque negó que la competitividad se vaya a ver dañada. “La econom[0xed]a española está viviendo una fase de crecimiento robusto, compatible con una inflación reducida. Esto no erosiona el poder adquisitivo de las familias y facilita la toma de decisiones por parte de consumidores y empresas”, apuntó.

Una visión diferente a la de la Fundación de las Cajas de Ahorro que prevá que los precios subirán con fuerza en los próximos meses y tocarán techo en febrero de 2017, con un crecimiento del 2%. La media anual este año será de tres dácimas negativas, pero la de 2017 ascenderá a 1,4 puntos. Ese repunte de los precios tendrá un impacto directo en el consumo de los hogares, el principal motor de la econom[0xed]a española, y en el sector exterior.

En 2016, Funcas prevá que el año cerrará con un avance del 3,3% de la demanda interna (gasto de los hogares e inversión empresarial), mientras que el año que viene el avance se moderará al 2,2. Por su parte, las exportaciones frenarán su ritmo de crecimiento desde el 5,1% previsto para este año hasta el 4,2% de 2017, mientras que las importaciones tambián aumentarán menos, desde el 5,8% de este año al 4,9% de 2017. En esa misma l[0xed]nea, CEOE alertó de la desaparición del diferencial de inflación positivo de España respecto a la zona euro, por lo que indicó que cualquier deterioro de la competitividad tendrá efecto sobre la recuperación de la econom[0xed]a española y pidió mantener la moderación salarial.

Sector

Fichar a los mejores estudiantes antes de que lo haga la competencia es una necesidad para los despachos de abogados, que además tienen así la oportunidad de moldear a los recién licenciados según sus necesidades y sus formas de trabajar. Sin embargo, poco a poco la relación entre las firmas de servicios legales y las universidades se está extendiendo más allá del tradicional diseño conjunto de programas educativos, la participación de letrados como profesores de ciertas materias o la contratación de becarios, circunstancia que, no obstante, se ha ampliado en los últimos años debido a las prácticas obligatorias que exige el máster de acceso a la abogacía.

Uno de los despachos pioneros en apoyarse en el mundo académico para mejorar sus servicios ha sido Riverview Law, una firma británica que ha cambiado su manera de entender el derecho gracias al uso masivo de la tecnología. Precisamente, en su búsqueda por soluciones innovadoras decidió asociarse con la Universidad de Liverpool para codiseñar una aplicación informática, basada en la inteligencia artificial, que facilita el reparto de tareas entre los distintos miembros de una asesoría jurídica interna de una empresa. El desarrollo de esta herramienta ha permitido al bufete proporcionar a sus clientes un servicio avanzado y diferenciado respecto a su competencia.

Y es que conocer las necesidades de una empresa es el primer paso para tratar de diseñar un programa que, una vez desarrollado, permita a la firma una fuente de ingresos extra. Se trata de una labor que en algunos grandes despachos realizan desde los departamentos de gestión del conocimiento con recursos internos, por lo que, salvo en contadas ocasiones, no suelen buscar el apoyo de socios externos, ya sean universidades u otras empresas privadas.

Las faltas justificadas intermitentes son causa de despido si superan unos márgenes a lo largo del año. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una sentencia en la que rechaza el recurso de una trabajadora de una conservera con varias ausencias justificadas.

La empleada había estado en 2014 en situación de incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, entre el 17 y 21 de febrero; el 11 de marzo; entre el 31 de marzo y el 11 de abril; y entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre. En su demanda, esgrimió que integrándose los dos primeros periodos de baja en un mes, resultarían absentismos justificados en tres meses discontinuos en un año, pero no cuatro, como exigiría, argumentó, el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, esgrimió que en la carta de despido la empresa no especificó el método de cálculo utilizado para llegar al porcentaje de inasistencias, lo que le generó indefensión.

El TSJC establece que las faltas justificadas intermitentes son causa de despido si suponen el 20% en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos en un año. De esta forma, computando los periodos de ausencia de la trabajadora, se había ausentado 26 jornadas hábiles de un total de 80, lo que supone un 32,5% de faltas.

Además, la sentencia entiende que la carta de despido contiene una relación detallada de las ausencias imputadas y que el que no se detalle el método de cálculo para determinar el porcentaje de ausencia no puede generar indefensión, ya que los hechos son las ausencias y el porcentaje resulta de un mero cálculo matemático.

Los gurÚs del sector legal llevan años augurando el declive de la facturación por horas, una fórmula que parec[0xed]a muy arraigada entre los bufetes. Pero ese momento tan anunciado ya ha llegado y la realidad es que sólo las grandes firmas, aquellas que facturan más de un millón de euros, siguen ancladas en esta manera para cobrar a sus clientes.

Actualmente, sólo el 5% de los despachos de abogados se decanta por la facturación por horas como sistema principal. La gran mayor[0xed]a, es decir, siete de cada diez bufetes, opta por establecer un precio cerrado en función del proyecto y, como mucho, incluir un variable en función de los resultados obtenidos, segÚn se desprende del Estudio de Innovación y Tendencias en el Sector Jur[0xed]dico Empresarial, que fue presentado ayer.

Esta radiograf[0xed]a tambián pone de relieve las diferencias, casi insalvables, que existen entre las grandes firmas y los bufetes que ingresan al año menos de 100.000 euros, entre otros motivos, por el tipo de cliente. Cuando áste es pequeño o esporádico, lo más habitual es cobrarle por proyecto, ya que en esos casos conocer el coste total del proceso es determinante para que se decante por un bufete u otro.

Sin embargo, no ocurre as[0xed] con las grandes compañ[0xed]as, que son las que contratan principalmente a los bufetes de mayor dimensión y tambián están dispuestas a aceptar más grado de incertidumbre en la factura final. De hecho, cuando se trata de despachos con unos ingresos superiores al millón de euros, sólo uno de cada diez cobra por proyecto con una tarifa cerrada (sin variable), mientras que el 21% sigue manteniendo la facturación por horas como mátodo preferido. Entre las firmas más modestas, sólo es popular entre el 5%.

Los tribunales extreman la vigilancia sobre el bonus y obligan a las empresas a otorgarlo a sus empleados aunque no se hayan alcanzado los objetivos o no se hayan fijado. As[0xed] lo establece la Audiencia Nacional para Atento y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en dos sentencias en un momento en el que crece la litigiosidad sobre la retribución variable.

En el caso de la Audiencia Nacional, se declara la nulidad de la decisión de la empresa de no otorgar el bonus de 2015 por no haberse alcanzado los objetivos, dado que el fallo entiende que la empresa no hab[0xed]a comunicado a los afectados los objetivos concretos fijados para 2015.

El caso afecta a Atento, que explicó que el sistema de retribución variable fue implantado de manera unilateral por la empresa desde 2009 y admitió que todos los años se hab[0xed]a abonado, si bien la cantidad no era consolidable, depend[0xed]a del cumplimiento global de objetivos por parte de la compañ[0xed]a y del logro de los mismos por parte del departamento del trabajador y de áste de forma individual.

Desde 2013, la empresa aseguró que hab[0xed]a priorizado a la hora de lograr objetivos el logro de una determinada cantidad de ebitda ajustado, debiendo lograse un 94'8%. En 2015, además, Atento tuvo unos gastos no recurrentes de seis millones de euros en indemnizaciones de ERE.

El Consejo de Ministros ha propuesto al magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, Josá Manuel Maza, como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Consuelo Madrigal. Antes de asumir definitivamente el cargo al frente del Ministerio PÚblico, Maza deberá superar los trámites previstos, lo que podr[0xed]a demorar su incorporación al menos unas semanas.

Para su nombramiento se precisa la participación de los tres poderes del Estado: además, del Ejecutivo, que lo ha propuesto en Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar un informe de idoneidad y despuás Maza tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener el aval del Poder Legislativo.

De conformidad con el art[0xed]culo 124 de la Constitución Española, el fiscal general es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno. El art[0xed]culo 29 de la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que para ser fiscal general del Estado se debe tener la condición de jurista español de reconocido prestigio, con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

El fiscal general ejerce su autoridad en todo el territorio español, ocupando el lugar inmediato siguiente, en los actos oficiales, al del presidente del Tribunal Supremo. Su mandato tiene una duración de cuatro años, sin que pueda ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un per[0xed]odo inferior a dos años.

La llegada de Josá Manuel Maza a la Fiscal[0xed]a General del Estado, pone fin al mandato de Consuelo Madrigal, que fue nombrada, en diciembre de 2014, tras la dimisión de su predecesor, Eduardo Torres-Dulce, poco despuás de la salida del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón de la cartera ministerial.

Durante su mandato, el nuevo fiscal general del Estado deberá afrontar importantes retos. Uno de los más relevantes puede tener que ver con la posibilidad de atribuir a los fiscales la instrucción de las causas, una cuestión que es actualmente competencia de los jueces.



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