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Los consejos de la semana

Fiscal

Las sociedades civiles con arrendamiento de inmuebles ¿tributan en el 2016 por el Impuesto sobre Sociedades?

Teniendo en cuenta que existen determinadas sociedades civiles que tienen objeto mercantil, se ha decidido distinguir entre las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, las cuales seguirán tributando en 2016 como hasta ahora en virtud del rágimen de atribución de rentas, y las sociedades civiles que tengan objeto mercantil, que pasan a tener la consideración de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a partir de 2016 y a tributar de acuerdo con el rágimen general de tributación regulado en el citado Impuesto.

Problemática

Se trata de unas personas f[0xed]sicas propietarios pro-indiviso de 2 Inmuebles que constituyen una Sociedad Civil con aportación de capital por un importe total de 400,00 €: 50% aporta el marido 200,00 € y su conyugue el resto 50% 200,00 €.

El documento privado, se aportó ante la Oficina Liquidadora Generalitat de Catalunya y la Administración Tributaria con el correspondiente Modelo 036 a los efectos de la asignación el nÚmero de identificación fiscal para proceder a formular el contrato de alquiler de los 2 Inmuebles "Locales Comerciales" y al mismo tiempo proceder a presentar las correspondientes liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ingresos obtenidos del arrendamiento de los 2 inmuebles.

No se presta servicio alguno, ni de propiedad inmobiliaria, etc., careciendo de local afecto y de personal asalariado.

Teniendo en cuenta que se trata de 2 personas f[0xed]sicas españolas y residentes en España propietarios pro-indiviso de los 2 Inmuebles percibiendo los ingresos del alquiler de dichos Inmuebles ¿podrán seguir tributando como entidad de atribución de rentas en 2016?

Sociedades civiles con personalidad jur[0xed]dica y objeto mercantil 

De acuerdo con la reforma de la Ley 26/2014 del IRPF y de la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, a partir de 2016, las sociedades civiles con personalidad jur[0xed]dica y objeto mercantil tributarán en el Impuesto sobre Sociedades. No obstante, se ha previsto legalmente un rágimen transitorio que habilita la posibilidad de que los socios de estas entidades promuevan la disolución y liquidación de las mismas durante los 6 primeros meses de 2016, operación a la que se le otorga un rágimen de exención fiscal o diferimiento de impuestos.

Por tanto, las sociedades civiles con objeto mercantil pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir del próximo enero de 2016 y no tendrán la consideración de contribuyente en el IRPF, estableciándose un rágimen fiscal especial para la disolución y liquidación de sociedades civiles en las que concurran determinadas circunstancias.

Dicha medida supone una novedad significativa en este tipo de entidades en la medida en que la tributación actual que se aplica a las mismas se calcula en base al rágimen de atribución de rentas, es decir, se imputa en la declaración de Renta personal de cada uno de los socios o part[0xed]cipes de la entidad el rendimiento que le corresponde en función de su porcentaje de participación o de titularidad en la Sociedad Civil, no recayendo por tanto tributación directa alguna sobre estas entidades.

Dos son los requisitos para que las sociedades civiles sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades:

a) Que tengan personalidad jur[0xed]dica por hacer pÚblicos sus pactos

Con este requisito lo que se pretende es expulsar del ámbito de la tributación en el IRPF a las sociedades civiles con personalidad jur[0xed]dica y objeto mercantil con la doble pretensión, al parecer, de reducir de manera indirecta el ámbito de aplicación del rágimen de módulos del mátodo de la estimación objetiva (módulos) y de evitar nichos de elusión contributiva.

Una sociedad civil tiene personalidad jur[0xed]dica si actÚa ante terceros en nombre propio (para ello basta con que haya aportado un contrato de constitución ante Hacienda, a efectos de obtener su CIF).

Por tanto, se cumplirá este requisito a estos efectos si se ha constituido en escritura pÚblica o, habiándose hecho en documento privado, si el mismo se aportó a la Administración tributaria para la obtención de un NIF.

b) Que tengan objeto mercantil

Teniendo en cuenta que existen determinadas sociedades civiles que tienen objeto mercantil, se ha decidido distinguir entre las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, las cuales seguirán tributando como hasta ahora en virtud del rágimen de atribución de rentas, y las sociedades civiles que tengan objeto mercantil, que pasan a tener la consideración de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y a tributar de acuerdo con el rágimen general de tributación regulado en el citado Impuesto.

Tiene objeto mercantil si realiza actividades reguladas en el Código de Comercio. Por tanto, y siguiendo el criterio de Hacienda, en principio (salvo nuevo criterio o modificación legal) las sociedades civiles que realizan actividades profesionales, agr[0xed]colas o ganaderas  no se ven afectadas. 

El legislador a la hora de establecer este requisito, no ha desarrollado esta cuestión. El tema está en determinar quá se entiende por objeto mercantil.

Problemática de la personalidad jur[0xed]dica

La respuesta a la pregunta formulada no pude ser del todo pac[0xed]fica, por cuanto si bien la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS) en su art[0xed]culo 7, exige como condición para ser contribuyente del impuesto, tener personalidad jur[0xed]dica excluye a las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil (aun cuando mantengan la condición de ser residentes en territorio español).

Lo que podr[0xed]a llevar a la conclusión a la vista de esta redacción que caben sociedades civiles con personalidad jur[0xed]dica. De modo que habrá que examinar, para llegar a la conclusión que nos proponemos, si estamos ante una entidad (la sociedad civil objeto de la consulta) con personalidad jur[0xed]dica y, además, si hay actividad económica en su seno.

Hasta hoy el criterio de la DGT poco aclara la cuestión y diverge de la interpretación que se hace en algunas Delegaciones de la AEAT. Y poco aclara porque olvida, por ejemplo, que hay Comunidades de Bienes (CB) que son realmente Sociedades Civiles (SC) o que hay SC con personalidad jur[0xed]dica y sin personalidad jur[0xed]dica.

La resolución de 21 de mayo de 2013 de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) parece, en un principio, aceptar la personalidad jur[0xed]dica de las sociedades civiles cuyo contrato haya sido elevado a pÚblico aun no habiendo cumplido con trámite de inscripción en el Registro Mercantil. Pues, por el contrario, no se lo reconoce a las que mantienen sus pactos en secreto entre los socios, esto es cuando no han sido elevados a pÚblico. Llegando a decir que no tendrán personalidad jur[0xed]dica aquellas “cuyos socios contraten en nombre propio” haciendo ánfasis en la elevación a pÚblico de los pactos societarios aun no inscritos en el Registro Mercantil.

Se trata de ver si aun sin haberse elevado a publico los pactos sociales (como es el caso de la consulta) puede calificarse a la entidad de persona jur[0xed]dica.

En este sentido no basta el hecho de que se la haya dado por parte de la Administración Tributaria un nÚmero de identificación fiscal, de acuerdo con el art 22.1 del Real Decreto 1065/2007 , de 27 de julio: “La Administración tributaria asignará a la personas jur[0xed]dicas y entidades sin personalidad jur[0xed]dica un nÚmero de identificación fiscal que las identifique”. En este sentido la norma que regula la composición del nÚmero NIF es la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que regula la composición del nÚmero NIF, y que de modo expreso contempla a las sociedades civiles.

No obstante lo dicho, sólo nos falta algÚn pronunciamiento que confirme la personalidad jur[0xed]dica a las sociedades civiles con actividad económica, aun cuando sus pactos societarios no hayan sido elevados a pÚblico. Ese pronunciamiento lo encontramos en la Resolución de la DGT nº V2381-15 que hace referencia al Art. 1.669 del Código Civil: “No tendrán personalidad jur[0xed]dica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de ástos contrate en su propio nombre con los terceros”.

No obstante el Art. 116 de nuestro Código de Comercio prescribe que: “El contrato de compañ[0xed]a, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo comÚn bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.Una vez constituida la compañ[0xed]a mercantil, tendrá personalidad jur[0xed]dica en todos sus actos y contratos”.

Y el Art 119 del mismo cuerpo legal establece que: “Toda compañ[0xed]a de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones, en escritura pÚblica que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en el art[0xed]culo 17.

A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo a lo dispuesto en el art[0xed]culo 25, las escrituras adicionales que, de cualquier manera, modifiquen o alteren el contrato primitivo de la compañ[0xed]a.

Los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social”.

Lo dicho podr[0xed]a llevar a confusión y es por eso que la respuesta se anunciaba no pac[0xed]fica porque a fecha de hoy, ya hay opiniones encontradas; no obstante y en lo que se refiere a si las sociedades civiles como las del objeto de la consulta tienen o no personalidad jur[0xed]dica, cuando los pactos entre socios en el marco de una relación societaria civil que no hayan sido elevados a pÚblico y en consecuencia si deberán ser considerados, o no, como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y siendo muy cuestionables tanto los razonamiento en un sentido como en otro, debemos zanjar la cuestión con el pronunciamiento de la DGT en la resolución comentada (V2381-15) que se manifiesta as[0xed]: “Por tal motivo, a efectos de su consideración como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles habrán de constituirse en escritura pÚblica o bien en documento privado, siempre que este Último caso, dicho documento se haya aportado ante la Administración tributaria a los efectos de la asignación del nÚmero de identificación fiscal de las personas jur[0xed]dicas y entidades sin personalidad, de acuerdo con el art[0xed]culo 24.2 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Sólo en tales casos se considerará que la entidad tiene personalidad jur[0xed]dica a efectos fiscales”.

Actividad mercantil

Respecto de si hay o no actividad mercantil y antes de hacer referencia a la misma consulta vayamos a lo ya le[0xed]do en el art 116 del Código de Comercio y que parece ofrecer pocas dudas al respecto de si hay actividad mercantilpor el hecho de ofertar en el mercado unos inmuebles en arrendamiento.

Siguiendo con la literalidad de la consulta referida, la nº V2381-15, “Adicionalmente la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades requiere que la sociedad civil tenga un objeto mercantil. A estos efectos, se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Quedarán, as[0xed], excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades que se dediquen a actividades agr[0xed]colas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito mercantil”.

En todo caso, recordemos que el Código de Comercio establece que:

“No se reputarán mercantiles:

  1. Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquirieren.
  2. Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en las que les paguen las rentas.
  3. Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren estos en sus talleres.
  4. La reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.”

Ahora bien, en la próxima reforma Código Mercantil se aborda esta cuestión y considerará tambián mercantiles a las actividades profesionales, agr[0xed]colas o ganaderas.

Doctrina uniforme de la DGT respecto a la tributación IS/IRPF de las sociedades civiles y comunidades de bienes

En este contexto se enmarcan las numerosas consultas evacuadas por la Dirección General de Tributos (DGT), ante la polámica desatada por el citado cambio normativo. Como representativas se recomiendan las Consultas numeradas como V2376-15, V2377-15, V2378-15, V2381-15, V2392-15, V2412-15, V2431-15, V2810-15; V2775-15; V2768-15; V2764-15; V2730-15; V2729-15 y V2727-15, que generan una doctrina uniforme.

Siendo una cuestión polámica y no pac[0xed]fica, salvo mejor opinión en Derecho, entendemos que la sociedad civil objeto de la consulta, s[0xed] deberá ser considerada como contribuyente del Impuesto sobre Sociedades con efectos desde el 1 de enero de 2016.

Mercantil, civil y administrativo

¿Quián tiene derecho a justicia gratuita?

La reforma de la LEC operada por Ley 42/2015, de 5 de octubre, que pretende la implantación del uso de las tecnolog[0xed]as de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales, se aprovecha tambián para incluir algunas modificaciones en el rágimen de la asistencia jur[0xed]dica gratuita.

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, incluye una nueva definición de los supuestos que permitirán el reconocimiento de este derecho, estableciendo una casu[0xed]stica más amplia que la existente hasta ahora.

¿Quá es la justicia gratuita?

Es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.

El derecho a la asistencia jur[0xed]dica gratuita comprende, en l[0xed]neas generales, las siguientes prestaciones:

- Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.

- Asistencia de Abogado al detenido o preso.

- Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.

- Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.

- Exención de tasas judiciales, as[0xed] como del pago de depósitos para la interposición de recursos.

- Asistencia pericial gratuita en los tárminos establecidos en la ley.

- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

- Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.

- Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.

Atención. Se incluye expresamente dentro de la prestación relativa al asesoramiento y orientación gratuitos el derecho del beneficiario de la asistencia jur[0xed]dica gratuita a recibir toda la información relativa a la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos como alternativa al proceso judicial.

¿Quián tiene derecho a justicia gratuita?

Pueden solicitarlo aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de patrimonio suficiente para litigar.

Se reconocerá el derecho de asistencia jur[0xed]dica gratuita a aquellas personas f[0xed]sicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales.

- Dos veces el indicador pÚblico de renta de efectos mÚltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. (En 2016, 12.780,26 €)

- Dos veces y media el indicador pÚblico de renta de efectos mÚltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. (En 2016, 15.975,33 €)

- El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. (En 2016, 19.170,39 €)

Se incluye dentro de la unidad familiar de cuatro o más miembros, a las familias numerosas, con independencia de su nÚmero, de forma que se aumenta la cobertura del sistema.

Constituyen modalidades de unidad familiar:

- La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipado.

- La formada por el padre o la madre y los hijos que reÚnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

Atención. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jur[0xed]dica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las v[0xed]ctimas de violencia de gánero, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de v[0xed]ctimas, as[0xed] como a los menores de edad y las personas con discapacidad ps[0xed]quica cuando sean v[0xed]ctimas de situaciones de abuso o maltrato.

¿Cómo se solicita?

Para solicitar el beneficio de justicia gratuita es necesario que el interesado cumplimente un impreso normalizado de solicitud, que se puede obtener en la página web del Ministerio de Justicia, imprimiendo los anexos del R.D. 1455/2005, para la defensa y representación letrada de la mujer v[0xed]ctima de la violencia de gánero y del R.D. 996/2003 para la solicitud de Asistencia Jur[0xed]dica Gratuita y para el procedimiento especial de enjuiciamiento rápido, junto a la documentación citada en el mismo, que acredite la insuficiencia de recursos para litigar. El solicitante del derecho deberá indicar cuáles son las pretensiones cuyo reconocimiento pide.

Atención. Los impresos tambián se facilitarán en:

- Los Servicios de Orientación Jur[0xed]dica de los Colegios de Abogados.

- Comisiones de Asistencia Jur[0xed]dica Gratuita.

- Las dependencias judiciales.

Además, el Consejo General de la Abogac[0xed]a Española pone a disposición de los ciudadanos un portal web de justicia gratuita desde el cual es posible cumplimentar el formulario de solicitud de justicia gratuita o comprobar si se cumplen los requisitos económicos exigidos para beneficiarse del derecho a la asistencia jur[0xed]dica gratuita, entre otras funcionalidades.

Las solicitudes de asistencia jur[0xed]dica gratuita, junto con la correspondiente documentación, se presentarán ante los servicios de orientación jur[0xed]dica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera iniciado.

Datos requeridos para iniciar la tramitación

- Nombre y Apellidos.

- NÚmero de DNI.

- Lugar y medio preferente a efectos de notificaciones.

- Fecha de la solicitud.

- Datos personales del cónyuge.

- Identificación de los familiares que convivan con el solicitante.

- Datos acreditativos de la situación económica del interesado y su unidad familiar (ingresos, propiedades...).

- Circunstancias personales y familiares (estado de salud, obligaciones económicas...).

- Pretensión que se quiere hacer valer ante los tribunales y fase procesal en que se encuentra.

- Identificación de la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

La Última modificación importante de la Ley de Justicia Gratuita se produjo como consecuencia de los cambios operados con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que incluye una nueva definición de los supuestos que permitirán el reconocimiento de este derecho, estableciendo una casu[0xed]stica más amplia que la existente hasta ahora.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

España es el pa[0xed]s que más ha bajado el IRPF en 2015, pasando del 52% al 47%, mientras que Aruba, con el 58,95%, es el que tiene un mayor tipo impositivo en este tributo entre los 145 analizados en el Estudio Global sobre Tipos Impositivos de la consultora KPMG.

Entre las principales conclusiones de este análisis, destaca que los tipos impositivos no están cambiando con mucha rapidez, los Gobiernos están ampliando la base imponible, aumentando la variedad de bienes, servicios y actividades sujetos a impuestos para recaudar más ingresos.

Al igual que ha sucedido con la reforma tributaria en España, en la mayor[0xed]a de los pa[0xed]ses analizados se están derogando las deducciones y bonificaciones fiscales introducidas durante la recesión para respaldar determinados sectores, fomentar el gasto de los consumidores y animar la econom[0xed]a de sus respectivos pa[0xed]ses.

Durante los Últimos años, las subidas de los tipos de los impuestos indirectos muestran que se están convirtiendo en los preferidos por los Gobiernos para elevar su recaudación fiscal. Los gravámenes correspondientes a los seguros sociales han seguido siendo un impuesto oculto, pero cada año aumentan su peso espec[0xed]fico en los ingresos de los Estados.

Oxfam Intermón considera que la "fuga" de capitales hacia para[0xed]sos fiscales tiene un "papel clave" en el crecimiento de las desigualdades. La organización estima que en esas jurisdicciones opacas se esconden 7,6 billones de dólares (6,9 billones de euros), lo cual priva a los gobiernos de unos ingresos fiscales de 190.000 millones de dólares (175.000 millones de euros). En su informe, la ONG indica que en 2014 la inversión de España hacia para[0xed]sos fiscales se incrementó el 2.000%.

Miguel Alba, miembro del departamento de Estudios de la ONG, aseguró ayer que desde el arranque del milenio el capital que ha ido hacia para[0xed]sos fiscales se ha multiplicado por cuatro. "Estos pa[0xed]ses acumulan más dinero que el producto interior bruto de las econom[0xed]as de Alemania y Reino Unido juntas", aseguró Alba, quien denunció que la inversión española en las islas Caimán sea "64 veces superior" a la que fue a Alemania.

El responsable de Oxfam tambián criticó que la inversión foránea que llega a España se canalice a travás de pa[0xed]ses mediante los cuales se pueden obtener ventajas fiscales. "El capital que viene por Holanda y Luxemburgo ha pasado del 45% al 52% del total, lo cual supone una consolidación de esa práctica", lamentó.

La organización criticó que con los recursos que se pierden se podr[0xed]an financiar pol[0xed]ticas pÚblicas para corregir la desigualdad, en concreto en salud y educación. El economista y presidente del C[0xed]rculo de Econom[0xed]a, Antón Costas, criticó en la presentación del estudio que "el sistema pol[0xed]tico español actual" está reflejando "las preferencias de las álites económicas, cuando deber[0xed]a recoger las preferencias de los perdedores de la crisis".

La factura electrónica facilitará a las empresas la adaptación al nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y que establece un nuevo modelo de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales.

As[0xed] lo explica el director de Marketing de Seres para España y Latam, Alberto Redondo, tras asegurar que el nuevo sistema implicará la reforma y adaptación de los mecanismos de facturación de estas empresas, aunque las que ya usen la factura electrónica partirán de una mejor situación.

"Las que ya están utilizando la factura electrónica, sobre todo en recepción, lo tendrán más fácil, puesto que será un gran aliado para cumplir con los nuevos requisitos tributarios debido a la necesidad de inmediatez en la respuesta y la cantidad de información a suministrar", subraya.

El SII será obligatorio para un colectivo de 62.000 contribuyentes que incluye grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el rágimen de devolución mensual, un colectivo que representa el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España. El resto podrá acogerse voluntariamente.

Los contribuyentes adscritos al sistema dispondrán de un plazo máximo de cuatro d[0xed]as desde el momento en que emitan o reciban una factura. SegÚn Redondo, en esta demanda de inmediatez y un periodo tan corto de respuesta, la factura electrónica ayudará a cumplir con los tiempos.

Este año los transportistas sólo marcarán en sus mapas cinco Comunidades Autónomas. Se trata de las regiones en las que no se aplicará en su tramo autonómico el conocido como Cántimo Sanitario, el impuesto que grava los carburantes.

Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Pa[0xed]s Vasco y Canarias estarán entre las Comunidades más baratas para repostar ofreciendo unas variaciones de precio respecto a sus vecinos que los profesionales del sector tienen muy presentes, ya que sus camiones consumen de media unos 50.000 litros de gasóleo al año.

Entre los cambios que se han producido este año en la aplicación de este impuesto destaca el de Aragón, que ha generado bastante sorpresa en el sector, ya que era una de las pocas Comunidades Autónomas que hab[0xed]a optado por no aplicar este impuesto sobre los carburantes desde que se creara en el año 2002.

Las mÚltiples y continuas subidas fiscales aprobadas desde el inicio de la crisis no han impedido que España se mantenga como uno de los pa[0xed]ses con menos ingresos tributarios. En el IRPF, el IVA o el impuesto sobre sociedades, las tres grandes figuras impositivas que existen en todos los Estados la UE, España se encuentra por debajo de la media, segÚn los Últimos datos de Eurostat. En el IVA, cuyo tipo impositivo ha aumentado cinco puntos desde 2010, España es el tercer pa[0xed]s que menos recauda.

En cambio, en los impuestos sobre propiedades y construcciones, la Hacienda española se encuentra en la media, algo que se explica por la importancia del IBI, el impuesto local que grava a los propietarios y que es el Único tributo en España que jamás ha perdido recaudación. En los impuestos sobre transferencias de capital, que incluye el impuesto sobre sucesiones y donaciones, España ocupa la tercera posición, solo superado por Bálgica y Francia.

Respecto a las cotizaciones sociales, que gravan el empleo y supone una de las fuentes de ingresos más relevantes, aportaron en torno a 130.000 millones en 2014 en España, un 12,5% del PIB. El nivel se encuentra por debajo de la media europea. Ello se debe principalmente al deterioro del mercado de trabajo y a los bajos salarios. Los tipos de cotización totales (incluye empleado y empleador) se mueven en torno al promedio de la UE.

Laboral

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó de la baja calidad del nuevo empleo que se está creando, tanto en el mundo en general, como en los pa[0xed]ses europeos, en su salida de la crisis, en particular. SegÚn su Último informe sobre Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, “a pesar de la modesta recuperación económica” en Europa, la creación de empleo está “mejorando lentamente”. Y augura que esta mejora "proseguirá en el corto plazo". Además, el desempleo disminuirá en España hasta el 21,5 % en 2016 y se situará en el 21,3 % en 2017.

Y, en especial, la OIT destaca las mejoras de los pa[0xed]ses del sur más azotados por el paro: España, Grecia y Portugal. En estos pa[0xed]ses la tasa media de paro se ha reducido dos puntos en 2015, frente al recorte de seis dácimas de tasa de paro de la zona euro, del 10,7% al 10,1%. Si bien, afean que en los casos de España y Grecia aÚn afecte a más del 20% de la población activa. Pero hecho este reconocimiento, la OIT alerta sobre la mala calidad del nuevo empleo. “En muchos pa[0xed]ses europeos, la recuperación de la ocupación se está haciendo a expensas de su calidad, como empleo temporal y a tiempo parcial, que representan la mayor parte de los puestos de trabajo creados”.

Además, el informe denuncia que casi el 10% de los trabajadores de la zona euro ganan menos del 60% de los ingresos medios de la región. En tárminos generales, la OIT advirtió de que “la econom[0xed]a mundial está mostrando nuevos signos de debilidad”. Esto ha incrementado en un millón el nÚmero de desempleados en 2015, hasta sumar 197,1 millones de parados en todo el mundo (27 millones más que antes de la crisis. En este punto tambián criticó la calidad del empleo, refiriándose en este caso a la gran proporción del trabajo por cuenta propia y al trabajo familiar no remunerado.

El 44% de los autónomos no prevá realizar nuevos contratos este año. A este grupo se le suman otro 21,7% de este colectivo que aÚn no han tomado la decisión a la espera de ver quá Gobierno se forma. Y solo uno de cada tres autónomos consultados por la Federación de autónomos ATA para realizar su Barómetro de situación, cree que hará alguna contratación en las actuales circunstancias.

“En el empleo es donde más notamos la incertidumbre pol[0xed]tica que en estos momentos tiene nuestro pa[0xed]s”, aseguró ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor. En este sentido hizo hincapiá en que este colectivo demanda por encima de todo “un Gobierno estable”, sin necesidad de convocar unas nuevas elecciones, “que ser[0xed]an un fracaso colectivo de la pol[0xed]tica”. En este sentido Amor añadió una cr[0xed]tica: “en España sobran hooligans y falta gente de Estado que satisfaga la necesidad de pactar”.

Igualmente, la incertidumbre afecta al tipo de contratación que realizarán los que si preván aumentar su plantilla. As[0xed], el 12% de los que harán contratos tiene ya muy claro que serán indefinidos, pero hay un elevado 35% “que no sabe que contratación realizará y que está pendiente de las pol[0xed]ticas de empleo que se llevarán a cabo en los próximos meses”. Pese a esta paralización de las contrataciones, ocho de cada diez autónomos consultados –a travás de más de mil encuestas– conf[0xed]a en que su negocio no empeorará. Además el 41,5% espera resultados mucho más positivos que los obtenidos hasta ahora y solo el 13% piensa que su negocio irá a peor en 2016.

Este planteamiento se respalda en que el 74% de los encuestados cree que la situación económica de España ha mejorado a lo largo de 2016 y lo seguirá haciendo este año; mientras que un 25% considera que habrá que esperar a 2017 para que se consolide la mejor[0xed]a.

Pero, además de la actual incertidumbre ¿quá otras cuestiones han frenado actividad del colectivo en el Último año? SegÚn ATA, la ca[0xed]da de ventas y la disminución del volumen de trabajo ha sido el principal motivo de disminución del negocio para uno de cada dos autónomos. El segundo lugar lo ocupa el 17% de los que respondieron que sigue siendo la imposibilidad de acceder al crádito la causante del deterioro de su actividad; y el 15,5%, que lo atribuye a impagos de sus clientes. Aunque el informe presentado ayer muestra que la morosidad se redujo ligeramente en 2015: más de la mitad (el 54%) no se ven afectados por impagos.

La coincidencia esta semana de la investidura del presidente de la Generalitat de Catalunya y la constitución de las Cortes españolas unos d[0xed]as despuás, con las peculiaridades que ambos acontecimientos arrastran, han colocado en primera fila del patio de butacas de la escena nacional al empresariado y a los sindicatos, unos espectadores que están obligados (y acostumbrados) a ser cr[0xed]ticos y hacer exigencias y a que se les escuche. Tanto la incertidumbre por la dificultad de formar Gobierno en Madrid como la fractura pol[0xed]tica catalana han aumentado su preocupación por el impacto que pueda suponer en la actividad económica.

Ante eso, los l[0xed]deres de las patronales CEOE y Cepyme (Juan Rosell y Antonio Garamendi) y de los sindicatos CC OO y UGT (Ignacio Fernández Toxo y Cándido Mández) están cuadrando las agendas para lanzar una acción conjunta que recoja los temas urgentes susceptibles de pactos y hacerlas llegar a los grupos mientras se debate la investidura. Hasta la fecha, cada parte ha movido ficha y hablado por su cuenta con los diferentes l[0xed]deres subrayando la necesidad de aprovechar la situación para impulsar acuerdos de calado; pero ahora se trata de hacerlo de forma conjunta ante la trascendencia que tiene.

A su juicio, se ha entrado en la fase clave para enviar los mensajes ante el debate de investidura y evitar males mayores. El periodo para que se pongan de acuerdo es limitado ya que las agencias de calificación están al acecho para emitir sus opiniones, que inevitablemente repercutir[0xed]an en los mercados y en la prima de riesgo. Ante eso, lo primordial es formar Gobierno e impedir unas nuevas elecciones, cuestión que llevar[0xed]a al pa[0xed]s a un impasse peligroso que frenar[0xed]a la recuperación económica.

Desde el 1 de enero, ninguna empresa en España puede hacer contratos de formación, lo que implica, prácticamente, la paralización de la contratación juvenil. La Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y que entraba en vigor definitivamente (tras varias prórrogas) el primer d[0xed]a de 2016 suprime la formación a distancia de los trabajadores con contrato de formación y la sustituye por la 'teleformación', para la que la propia administración pÚblica no está aÚn preparada. Y ása es la causa por la que no se pueden hacer contratos de formación en estos momentos.

Esta paralización afecta sólo a los contratos de este tipo nuevos. Los iniciados mediante el sistema anterior de formación a distancia se pueden seguir renovando hasta los tres años. Pero no se pueden formalizar contratos nuevos.

La nueva modalidad de "teleformación" vincula la contratación a la obtención de los certificados de profesionalidad y esto resulta, segÚn fuentes del sector consultadas, poco operativo. En primer lugar, porque la nueva ley ha obligado a los centros que imparten la formación a obtener nuevas acreditaciones para poder impartir la nueva modalidad de 'teleformación'. Y. además, existen muy pocos centros acreditados y, para muy pocas profesiones. Entre otras, por ejemplo, no existen aÚn acreditaciones para albañiler[0xed]a, carpinter[0xed]a o electricidad.

Por otro lado, los nuevos contratos de aprendizaje y formación, que se hab[0xed]an convertido en la práctica en la principal v[0xed]a de acceso de los jóvenes al mercado laboral, exigen una autorización previa del SEPE (Servicio PÚblico de Empleo Estatal, el antiguo INEM) antes de poder formalizarse. Esta autorización implica una demora de al menos treinta d[0xed]as antes de poder formalizar el contrato, lo que es inviable para la contratación de temporada, por ejemplo.

Pero ocurre, además, que no se puede solicitar la autorización, porque la plataforma del SEPE en la que habr[0xed]a que solicitarla, no funciona y porque no existen protocolos, tampoco, en el caso de las comunidades, como puede ser Andaluc[0xed]a, con las competencias transferidas.

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) se escudó en el acuerdo con la Fundación Cotec para potenciar el emprendimiento y la presencia de su presidenta, la exministra Cristina Garmendia, para evitar entrar en la valoración de la situación pol[0xed]tica, que dejó para los pasillos y los prolegómenos. El acuerdo consiste en que Cotec realizará un informe anual con el apoyo de PwC.

El objetivo del Programa Crea y Crece es lograr que las pol[0xed]ticas activas de apoyo al emprendimiento de las empresas del CEC se refleje en la inversión y contratación de pymes, alcanzando los 5.000 millones en 2020 y los 60.000 empleos directos e indirectos. Cotec facilitará la conexión y cooperación entre las mÚltiples iniciativas de apoyo al emprendimiento que impulsan las empresas del CEC, con el objetivo de aumentar la tasa de creación de empresas y la aceleración del crecimiento de compañ[0xed]as con alto potencial.

Las l[0xed]neas de actuación incluidas en el acuerdo incluyen identificar y fomentar sinergias entre programas ya en marcha y diseñar y lanzar iniciativas conjuntas de inversión, de internacionalización, de compra innovadora, entre otras, as[0xed] como elaborar mátricas e indicadores de impacto.

Mercantil, civil y administrativo

Espaldarazo del Fondo Monetario Internacional a España. Este organismo ha actualizado su informe de previsiones de crecimiento y otorga a la econom[0xed]a española el mayor avance entre las naciones desarrolladas. En 2015 ya fue la que más creció, con un aumento del 3,2% y este año repetirá posición de privilegio, ya que avanzará un 2,7% (dos dácimas más que lo previsto en el Último informe de octubre), lo que representa una dácima más que EE UU y cuatro dácimas más que Reino Unido. En 2017, sin embargo perderá el primer puesto a favor de la primera econom[0xed]a del mundo, que registrará un avance del PIB del 2,6% frente al 2,3% de España (una dácima más que lo previsto en octubre).

En cualquier caso, España seguirá creciendo más que la media de la zona euro y más que el resto de los grandes socios del euro. El diferencial positivo de crecimiento frente a los 19 pa[0xed]ses que comparten la moneda Única fue de 1,7 puntos en 2015 e irá disminuyendo hasta un punto en 2016 y a seis dácimas en 2017. La brecha es idántica si se compara con Alemania e incluso es mayor en el caso de Francia e Italia.

Hasta aqu[0xed] las buenas noticias. El miárcoles, el organismo internacional dará a conocer el informe Fiscal Monitor, en el que actualizará sus estimaciones sobre dáficit pÚblica y deuda, y en el que con toda seguridad confirmará lo que viene avanzando desde hace varios trimestres: que España no cumplirá los objetivos de dáficit comprometidos con la Unión Europea y que la deuda pÚblica volverá a crecer este ejercicio. En el Último informe de octubre, el organismo dirigido por Christine Lagarde preve[0xed]a que el dáficit cerrar[0xed]a el pasado ejercicio en el 4,4% (dos dácimas por encima del objetivo pactado con Bruselas) y en el 3,2% este año (cuatro dácimas más).

Esas seis dácimas estar[0xed]an en el entorno de los 9.000 millones de euros en ajustes que la Comisión Europea va a solicitar al futuro Gobierno que se conforme tras las elecciones del 20-D, en caso de que no haya que convocar unas nuevas elecciones.

El Banco de España solicitó al futuro Gobierno, y en general a los principales grupos pol[0xed]ticos, “una reflexión” para abordar una “ambiciosa” reforma de la supervisión financiera en España. Pide más funciones para el Banco de España, en detrimento de la Dirección de Seguros y del ICAC, y para la CNMV. Considera que el actual sistema de supervisión está obsoleto y fue “abandonado” hace tiempo en Europa.

El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, aprovechó ayer su intervención en la sáptima Edición de la Gu[0xed]a del Sistema Financiero Español, elaborada por Analistas Financieros Internacionales (AFI), para lanzar un sorprendente mensaje a los futuros gobernantes del pa[0xed]s y, en general, a los principales partidos pol[0xed]ticos. Defendió una revisión del modelo de supervisión financiera en España que sea equiparable a los sistemas que imperan en la mayor[0xed]a de los pa[0xed]ses de la Unión Europea.

El subgobernador no solo recordó que esta reforma ya estuvo a punto de llevarse a cabo en 2008, cuando tanto el PSOE como el PP estaban de acuerdo, sino que enfatizó que el actual modelo imperante en el pa[0xed]s “ha sido abandonado desde hace tiempo por los principales pa[0xed]ses de nuestro entorno”. El modelo de supervisión conocido como twin peaks estuvo a punto de llevarse a cabo en España, pero la crisis financiera que se llevó por delante a medio sistema financiero y fue la muerte de las cajas de ahorros impidió que se pusiese en marcha.

El supervisor asegura que el actual esquema institucional vigente en España mantiene desde siempre un segmento del sistema financiero –el formado por las compañ[0xed]as de seguros y los fondos de pensiones– bajo la vigilancia de un organismo “con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales”, en referencia a la DGS.

Tambián incide en la dependencia del ICAC del Ejecutivo al explicar que “el sector de compañ[0xed]as de auditor[0xed]a, que tambián desempeñan un papel relevante en el adecuado funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales, y cuya supervisión se ejerce tambián, históricamente, por un organismo no independiente del Gobierno”.

Sube la riqueza de las familias

(Cinco D[0xed]as, 16-01-2016)

La riqueza financiera neta de las familias españolas, que se mide calculando la diferencia entre los ahorros y las deudas, se situó en 1,218 billones de euros al finalizar el pasado mes de septiembre, lo que implica un pequeño incremento del 0,9% en comparación con el mismo periodo de 2014. Sin embargo, segÚn los datos que hoy ha publicado el Banco de España, este indicador empeoró el 2% en comparación con el trimestre anterior, ya que al cierre de junio, la riqueza de las familias residentes en España se situaba en 1,243 billones.

Se da la circunstancia de que la riqueza financiera, indicador que se ha mantenido por encima del billón de euros desde 2012, tambián se redujo en junio respecto a marzo, cuando la cifra era de 1,266 billones, lo que significa que las familias han visto caer su riqueza financiera neta a lo largo de los nueve primeros meses de 2015, a falta del dato del cierre de ese año.

SegÚn los expertos consultados por Efe, el aumento interanual de la salud financiera de las familias no significa que ástas dispusieran en septiembre de más dinero que un año atrás, sino a que, en tárminos generales, sus deudas eran menores. Y es que, aunque tanto los activos como los pasivos bajaron en comparación interanual, estos Últimos -las deudas- lo hicieron en mayor medida, en un 3,3 %, lo que significa que los hogares se van liberando de sus deudas poco a poco.

En concreto, los prástamos bajaron a 734.179 millones desde los 763.054 que acumulaban un año antes, especialmente impulsado por los cráditos a largo plazo, que incluyen las hipotecas.

El [0xed]ndice de confianza empresarial ha retrocedido un 1,3% en el primer trimestre de 2016 frente al Último de 2015, segÚn el Instituto Nacional de Estad[0xed]stica. La incertidumbre pol[0xed]tica puede ser uno de los motivos. De esta manera, el indicador registra el primer descenso en 11 trimestres. De acuerdo con esta información, el 16,1% de los gestores de empresas prevá una marcha favorable de su negocio en el primer trimestre de este año, mientras que el 22,6% considera que será desfavorable.

Esta encuesta se ha realizado durante la segunda quincena de diciembre por lo que podr[0xed]a recoger las consecuencias de la incertidumbre preelectoral y postelectoral por los comicios del 20D, que han dejado unos resultados muy abiertos y que evidencian la necesidad de pactos para gobernar.

Un dato que llama la atención es que la confianza empresarial desciende en todas las empresas de menos de 1.000 asalariados, sobre todo en las más pequeñas. Por sectores, el mayor deterioro de la confianza se ha producido en transporte y hosteler[0xed]a, as[0xed] como en el comercio.

Si se analiza la evolución territorial, se ve una gran brecha. La confianza empresarial ha crecido en seis comunidades autónomas y ha descendido en las otras 11. Castilla-La Mancha (1,7%), Región de Murcia (1,2%) y Pa[0xed]s Vasco (1,1%) han marcado los mayores aumentos, frente a los retrocesos de Baleares (-5,4%), Navarra (-4,7%) y Galicia (-3,2%).

La constitución de nuevas sociedades mercantiles subió un 8,1% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2014, hasta sumar 7.947 empresas, segÚn ha informado este miárcoles el Instituto Nacional de Estad[0xed]stica (INE). Madrid, Catalunya y Andaluc[0xed]a fueron las comunidades autónomas que más sociedades mercantiles crearon el pasado mes de noviembre, con 1.702, 1.583 y 1.319 sociedades.

El esp[0xed]ritu empresarial se reactivó en noviembre, cuando se han creado 7.947 sociedades mercantiles, un 8,1% más que en el mismo mes de 2014, segÚn ha anunciado esta mañana el Instituto Nacional de Estad[0xed]stica (INE) Además, el capital suscrito por las empresas creadas se ha incrementado un 92,4%, hasta 2.325 millones de euros. Supone la cifra más elevada desde septiembre de 2011.

En cuanto a la ampliación de capital, se ha producido en 2.616 sociedades mercantiles, un 10,3% más que en el mismo mes de 2014. Por su parte, el nÚmero de sociedades mercantiles disueltas en noviembre ha sido de 1.772, un 1,5% menos que en el mismo mes de 2014. "De ástas, el 68,9% lo hicieron voluntariamente, el 11,7% por fusión y el 19,4% restante por otras causas", asegura el organismo estad[0xed]stico.

En comparación intermensual (de noviembre sobre octubre) la creación de sociedades ha aumentado un 6,9% y la disolución, un 16%. En los once primeros meses de 2015, el nÚmero de empresas creadas ha bajado un 0,2%, mientras que el capital suscrito ha aumentado un 15,4% y el nÚmero de empresas cerradas ha ca[0xed]do un 6,6%.

Sector

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entra en la batalla entre las sociedades de gestión de derechos de autor y el Gobierno por el canon digital por copia privada. El Tribunal emitió un dictamen provisional en el que cuestiona la normativa española que supedita el cálculo del llamado canon digital a los l[0xed]mites presupuestarios del Estado. En 2012, el Gobierno español suprimió el recargo en la venta de algunos aparatos electrónicos para financiar los derechos de autor derivados de las copias privadas y lo sustituyó por una partida con cargo a los Presupuestos Generales, pero supeditándola a la disponibilidad financiera del pa[0xed]s.

La Corte europea acepta, en principio, ese cambio. Pero considera que la limitación por adelantado del canon no es compatible con la directiva comunitaria sobre derechos de autor. Si la sentencia definitiva ratifica el dictamen dentro de unos meses, España deberá revisar al alza, con toda probabilidad, el sistema de compensación por copias privadas que remunera a los autores por la reproducción de sus obras. En 2012, las principales entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, Aisge, AIE y Egeda) calcularon en un 95% la ca[0xed]da de su compensación, que pasar[0xed]a de 115 millones de euros a solo cinco millones con el nuevo sistema.

Las organizaciones demandantes en el caso actual (Egeda, Dama y Vegap) aseguran que entre 2013 y 2014 la diferencia entre la compensación recibida y el perjuicio sufrido superó los 20 millones de euros. El abogado general del tribunal encargado del caso, Maciej Szpunar, rechaza los argumentos presentados por el Gobierno y le reprocha que asumiera el gasto sin hacer un estudio previo sobre su impacto presupuestario.

Desde el 1 de enero, los abogados están obligados por ley a emplear sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación ante los órganos judiciales. Este nuevo panorama ha revolucionado los juzgados y tribunales de toda España, pero tambián la organización interna de los bufetes.

El uso de la plataforma Lexnet, que implica que cada letrado deba acceder al sistema con firma electrónica individualizada, obliga a estudiar nuevos procedimientos en los despachos. Las firmas con estructura empresarial cuentan, por lo general, con un departamento de gestión documental formado por personal administrativo que se encarga de tareas como la recepción y env[0xed]o de escritos e integración en la herramienta de gestión interna y posterior comunicación a los letrados.

La llegada de Lexnet obliga a replantear toda esta organización. Muchos despachos se han preparado para la llegada de Lexnet, pero existen incógnitas en cuanto a su operativa diaria, especialmente en lo que afecta al nombramiento de sustitutos y terceros autorizados que puedan acceder a los buzones de los letrados.

En los Últimos meses los despachos han trabajado contrarreloj, creando equipos multidisciplinares, impartiendo formación tanto a letrados como a personal administrativo y buscando la forma de agilizar los procesos.

El pasado 15 de octubre fue el d[0xed]a señalado para la entrada en vigor de Ley 19/2015, que tiene como objetivo modernizar y popularizar las subastas judiciales, que hasta el momento ten[0xed]an lugar en la propia sede del Juzgado y que a partir de ahora deberán celebrarse a travás de Internet, poniendo la primera piedra para que las subastas judiciales sean de verdad pÚblicas.

La modernización de las subastas judiciales, más que necesaria, imprescindible en pleno siglo XXI, apuesta por la creación de un portal de subastas judiciales en la web del Ministerio de Justicia (www.subastas.boe.es) que debe facilitar la participación de todos los ciudadanos a travás de una simple conexión a Internet, evitando de esta forma las incomodidades de la subasta presencial, que hasta ahora obligaba a acudir al juzgado en un d[0xed]a y hora concretos para poder pujar, lo que en la práctica desincentivaba la participación -el 95% quedaban desiertas- y convert[0xed]a las subastas en un coto cerrado para unos pocos.

A priori, las ventajas de celebrar la subasta online son evidentes: mayor publicidad y, por tanto, mayor participación. Además, el sistema incorpora como novedad la posibilidad de realizar pujas durante un plazo de 20 d[0xed]as naturales desde la apertura de la subasta, lo que deber[0xed]a propiciar un aumento del valor por el que se venden los bienes.

Europa da un nuevo espaldarazo a los consumidores españoles en la pugna por las cláusulas suelo de la banca. El Tribunal Europeo de Justicia es partidario de estimar –y juzgar por separado- las reclamaciones individuales relativas a esta exigencia en los prástamos hipotecarios aunque exista una causa colectiva pendiente de resolución. Esa es la opinión del abogado general del tribunal, aunque habrá que esperar a la sentencia definitiva, este organismo suele ratificar en un 80% las opiniones del abogado.

El Tribunal de Justicia europeo ha emitido hoy un dictamen preliminar que rechaza la intención del sector bancario de frenar las reclamaciones individuales contra las cláusulas suelo hasta que se resuelvan las demandas colectivas. El Abogado General del Tribunal europeo, Maciej Szpunar, considera que esa suspensión no puede ser automática y que debe darse la oportunidad a los consumidores de desmarcarse de los recursos colectivos y seguir adelante con su litigio contra las entidades bancarias.

El dictamen de hoy servirá de base para la futura de sentencia del Tribunal. El caso emana de una consulta prejudicial cursada por el Juzgado de lo Mercantil nÚmero 8 de Barcelona, que dirime un recurso de nulidad contra Caixabank y Catalunya Caixa por las cláusulas suelo incorporadas a ciertos contratos hipotecarios. Las entidades afectadas reclamaron al juez que suspendiese el procedimiento hasta que otro juzgado de Madrid resuelva la demanda colectiva presentada por Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) contra 72 bancos.

La Ley de Enjuiciamiento Civil española permite esa suspensión. Pero el dictamen europeo señala que no puede ser automática ni obligatoria para los consumidores que deseen proseguir con sus litigios individuales. La sentencia definitiva del Tribunal, que suele seguir las tesis de sus Abogados Generales, se conocerá en los próximos meses.

El Tribunal Constitucional ha avalado el recorte a las renovables de la reforma energática, al considerar que el Gobierno justificó “de forma suficiente” la necesidad de aprobar las medidas por la v[0xed]a de urgencia, por lo que actuó de acuerdo con la legislación.

El Ministerio de Industria, Energ[0xed]a y Turismo ya hab[0xed]a informado a finales del pasado mes de diciembre de este fallo favorable por parte del Tribunal Constitucional a la reforma que llevó a cabo, despuás de que el Tribunal Supremo pidiera información a las partes acerca de la posible inconstitucionalidad del recorte.

En su sentencia, del pasado 17 de diciembre, el Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno murciano contra varias disposiciones del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eláctrico, aunque se incluye un voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol R[0xed]os, al que se adhieren otros dos de los 11 miembros del tribunal.

En el fallo, el Constitucional señala tambián que dichas medidas no vulneran, como alegaba el recurrente, el principio de jerarqu[0xed]a normativa ni los de seguridad jur[0xed]dica e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables. Además, indica que, segÚn consolidada doctrina, el Gobierno puede legislar por decreto siempre y cuando resulte justificada de forma expl[0xed]cita la “extraordinaria y urgente necesidad” de las medidas aprobadas por esta v[0xed]a.

As[0xed], destaca que segÚn la exposición de motivos de la norma impugnada y la intervención del ministro de Industria, Josá Manuel Soria, en el debate de convalidación del Congreso, las medidas contenidas en el real decreto-ley recurrido sirvieron para hacer frente al “aumento imprevisto del dáficit tarifario” causado por los efectos de la crisis económica, esto es, por la ca[0xed]da de la demanda de energ[0xed]a eláctrica y por el incremento general de los costes del sistema eláctrico.



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