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Los consejos de la semana

Laboral

Ayuda a desempleados de larga duración

El Gobierno ha aprobado la percepción de una ayuda económica para personas desempleadas de larga duración.

426 euros
Los beneficiarios del programa percibirán una cuant[0xed]a igual al 80% del IPREM (o sea, de 426 euros) durante un máximo de seis meses si cumplen, entre otros requisitos, el de carecer de rentas superiores al 75% del SMI y el de acreditar responsabilidades familiares.
Trabajar y recibir la ayuda

Una vez la ayuda se ha concedido, es compatible con un trabajo a tiempo completo o parcial (fijo o temporal) durante un plazo máximo de cinco meses.

Atención. La empresa puede verse beneficiada de esta compatibilidad:

Por un lado, deberá descontar de su salario la cuant[0xed]a de la ayuda que su empleado está cobrando, por lo que el coste efectivo de la contratación será muy bajo (si el contrato es a tiempo parcial, el descuento será proporcional al tiempo de trabajo contratado).

Apunte. A efectos de indemnizaciones y de cotización se considerará como base la totalidad del salario (con la ayuda incluida).

Además, tambián podrá aplicar las bonificaciones que le puedan corresponder, como la tarifa plana.

Si necesita cubrir un puesto de trabajo, podrá ahorrar contratando a un desempleado de larga duración.

Mercantil, civil y administrativo

Per[0xed]odo de pago de la Administración

Si va a contratar con una administración, sepa que una nueva norma obliga a las administraciones a publicar el per[0xed]odo medio de pago a sus proveedores.

30 d[0xed]as

La Administración debe pagar en 30 d[0xed]as desde la aprobación de la factura.

La aprobación debe realizarse en 30 d[0xed]as desde la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Apunte. Si la Administración incumple este plazo de pago, está obligada a pagar intereses y los costes de cobro.

Las administraciones deberán publicar el plazo medio en que están pagando a sus proveedores.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descartado bajar el IVA en un futuro, siempre que la situación económica y la evolución de la recaudación lo permitan. Lo que s[0xed] descarta, al menos para lo que queda de legislatura, son nuevos cambios fiscales. Cuestionado por el IVA cultural en la sesión de control en el Senado, Rajoy ha explicado que “en pol[0xed]tica hay que adaptarse a las circunstancias, aunque la filosof[0xed]a del Partido Popular es intentar volver a bajar el Impuesto de Sociedades, el IRPF y, si es posible, tambián el IVA”.

AÚn as[0xed], ha asegurado que "en este momento concreto" no se va a llevar a cabo "ningÚn cambio más en la legislación fiscal", salvo las bajadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F[0xed]sicas (IRPF) y el de Sociedades, que ya estaban previstas para 2016.

El presidente del Gobierno ha señalado que la bajada del IVA en el sector cultural "depende de cómo vaya la recaudación en las próximas fechas" y ha añadido que si se da un mayor crecimiento económico y del empleo "lógicamente se recaudara más" y se podrán "tocar algunas figuras impositivas".

El Consejo Fiscal cuestiona el proyecto del Gobierno de dar publicidad a todas las sentencias condenatorias firmes por delitos contra Hacienda. Propone como alternativas la notificación de tales sentencias a las administraciones implicadas o exigiendo a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvención "que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito".

No obstante, el Ministerio pÚblico admite que, en tárminos generales, la reforma que contribuye a la consecución de los intereses generales, debe prevalecer "sobre los individuales a la intimidad y protección de datos". Advierte, eso s[0xed], que se haga "con una adecuada proporcionalidad y garant[0xed]as".

El informe del Ministerio PÚblico es más cr[0xed]tico con la reforma que el dictamen realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló el anteproyecto en tárminos generales como "un elemento preventivo y educativo". El Consejo Fiscal señala que la publicación en todos los casos podr[0xed]a vulnerar el derecho al honor y ha criticado que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda PÚblica y no se extienda a otros de mayor gravedad.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha justificado este miárcoles su decisión de investigar los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglás) de la banca en España por la necesidad de garantizar la "igualdad de condiciones" respecto a las entidades de otros Estados miembros que no cuentan con estos beneficios, especialmente de cara a posibles fusiones.

"Tambián es una cuestión de igualdad de trato, para permitir a los bancos en pa[0xed]ses donde no hay sistemas de DTA que están en igualdad de condiciones cuando la econom[0xed]a europea despegue y probablemente haya más fusiones y adquisiciones. Y esto debe basarse en igualdad de condiciones", ha explicado Vestager.

A su juicio, esta investigación puede servir además para detectar posibles problemas de capital en alguna entidad. "Aunque el sector bancario español está en una situación mucho mejor y las cosas han mejorado dramáticamente y casi todos los bancos tienen acceso al mercado, puede haber bancos más dábiles que están en una situación diferente y tenemos que ser conscientes de ello", ha alegado la responsable de Competencia.

Bruselas inició el pasado 7 de abril una investigación preliminar para determinar si las garant[0xed]as pÚblicas que ha concedido España a los DTA de la banca para que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas pÚblicas ilegales. La investigación del Ejecutivo comunitario afecta tambián a Grecia, Italia y Portugal.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha afirmado, sobre una posible bajada del IVA o de otros impuestos, que no hay que descartar nada en el futuro, pero que, "a corto plazo", hay que esperar primero a ver cómo evolucionan los efectos de la reforma fiscal que entró en vigor este año. En una jornada sobre fiscalidad organizada por Deloitte, Ferre ha reiterado que antes de plantear cambios fiscales es necesario esperar y analizar las consecuencias de la reforma elaborado por el Gobierno.

En este sentido, ha subrayado que la recaudación tributaria está comportándose "razonablemente bien", con un incremento superior al 4% en los primeros cuatro meses del año respecto al mismo periodo de 2014. El secretario de Estado ha subrayado que la reforma está produciendo un efecto positivo en el consumo y en los datos fiscales que presentan las pymes, con un IVA que está creciendo a un ritmo "muy importante".

Ferre ha insistido en que lo ideal es que la presión fiscal (el cociente entre lo recaudado por impuestos y la riqueza del pa[0xed]s) se sitÚe entre el 38 % y el 39 % del PIB, algo que ya se está "rozando".

Europa pretende impulsar el e-commerce. Las Últimas propuestas de la Comisión Europea centran sus esfuerzos en conseguir acceder al conocido mercado Único digital, favoreciendo el intercambio de bienes y servicios entre los pa[0xed]ses miembros. Para ello, la Comisión propone iniciativas como unificar todo lo posible el IVA entre pa[0xed]ses o facilitar la creación de una “nube” de datos europea. La institución europea pretende impulsar un mercado que abarca a 315 millones de usuarios diarios. Estados Unidos y su desarrollo del comercio electrónico son el modelo a seguir.

La comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, afirmó en un discurso pronunciado el pasado marzo que “un mercado Único digital en funcionamiento podr[0xed]a aportar alrededor de 340 billones al PIB de la Unión Europea”. Consciente de que el avance norteamericano está acaparando la atención de la mayor[0xed]a de usuarios, Europa ha puesto sobre la mesa una serie de medidas dirigidas especialmente al consumidor.

Una de las prioridades es luchar contra el conocido “bloqueo geográfico”, ya que segÚn la Comisión Europea «en el 52% de todas las tentativas de pedidos transfronterizos, el vendedor no hace env[0xed]os al pa[0xed]s del comprador». Para conseguir este comercio digital paneuropeo propone iniciativas como simplificar el IVA entre Estados miembros para evitar desequilibrios en los precios e impulsar la actividad empresarial. Además, estas medidas tambián abogan por eliminar diferencias entre la propiedad intelectual entre pa[0xed]ses. De esta forma, una gran cantidad de usuarios podr[0xed]an acceder a contenidos audiovisuales que hoy en d[0xed]a se encuentran vetados (pel[0xed]culas, v[0xed]deos bajo demanda o partidos de fÚtbol de otros pa[0xed]ses).

Laboral

El Tribunal Supremo considera ilegal la definición de “insuficiencia presupuestaria” que hizo el Gobierno en el reglamento de los despidos colectivos de los trabajadores pÚblicos de 2012. La Sala III ha anulado parte del art[0xed]culo 35.3 de ese reglamento al entender que los criterios que estableció para determinar si hay insuficiencia presupuestaria no se ajustan al Estatuto de los Trabajadores, que establece que la causa justificativa del despido colectivo no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la insuficiencia “sobrevenida y persistente”, adjetivos que obvia el reglamento del Gobierno.

El art[0xed]culo 35.3 del reglamento introduce dos criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria: el dáficit presupuestario de la Administración PÚblica de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de cráditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios pÚblicos que tiene encomendados. Sin embargo, recuerda la sentencia, lo el Estatuto de los Trabajadores configura como causa justificativa del despido colectivo no es la simple insuficiencia presupuestaria, sino la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”.

Para el Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente” en el reglamento de 2012 y, sobre todo, no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente. “El simple dáficit presupuestario de la Administración PÚblica de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia”, señala el tribunal, que añade que aunque la minoración de cráditos puede ser indicio de dicha situación, “no conduce ineluctablemente a ella”. “Más aÚn este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios pÚblicos encomendados- sustituyándolo por un dato puramente formal”, advierten los jueces.

La directiva europea de baja por maternidad, que pretend[0xed]a ampliar el tiempo de descanso necesario tras dar a luz, lleva más de cinco años en el limbo legislativo de Bruselas y está a punto de ser guardada en un cajón definitivamente. En su sesión plenaria de mayo, el pleno de la Eurocámara hizo un llamamiento a los Veintiocho en favor de la supervivencia de esa directiva, que ya lleva cinco años en el limbo legislativo comunitario.

La directiva quedó en punto muerto en 2010 cuando el Parlamento Europeo (PE) pidió mejorar ese periodo de descanso hasta las 20 semanas, en relación a la propuesta de la Comisión Europea (de 18 semanas), una mejora que no tiene el visto bueno de varios Estados miembros.

Los eurodiputados confiaban en que la nueva Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, reavivara por fin la directiva, pero el Ejecutivo ha dado un ultimátum que termina este mes de junio y obligará a retirarla definitivamente si no hay avances, como está ocurriendo.

La desigualdad entre ricos y pobres en los pa[0xed]ses de la OCDE ha alcanzado su nivel más alto desde que existen datos desde hace tres dácadas, segÚn un informe publicado hoy por esa organización. El análisis de la OCDE recomienda reducir la precariedad laboral y las brechas salariales vinculadas a las diferencias de gánero.

"Hemos alcanzado un punto de inflexión. La desigualdad en los pa[0xed]ses de la OCDE está en su nivel más alto desde que existen registros. Las pruebas muestran que la alta desigualdad es mala para el crecimiento", declaró en un comunicado el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurr[0xed]a.

La desigualdad ha alcanzado "un rácord en la mayor[0xed]a de pa[0xed]ses de la OCDE y tiene niveles incluso más elevados en muchas econom[0xed]as emergentes", agrega el estudio, que señala a Chile, Máxico, Turqu[0xed]a, Estados Unidos e Israel como los pa[0xed]ses desarrollados con más desigualdad, frente a la mayor armonización salarial de Dinamarca, Eslovenia, RepÚblica Checa y Noruega.

El 10 % de la población del llamado "club de los pa[0xed]ses ricos" gana 9,6 veces más que el 10 % más pobre, una proporción que se ha incrementado respecto a la diferencia 7-1 de los años ochenta y del 9-1 de inicios del siglo actual.

El cambio de modelo productivo en España hacia otro de mayor valor añadido hará que casi la mitad de los parados, que cuentan con una baja cualificación, no puedan encontrar trabajo en adelante y que la tasa de paro estructural se sitÚe entre el 12% y el 13%, frente al 8% previo a la crisis.

As[0xed] lo ha indicado el responsable del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Mart[0xed]n, durante la presentación del segundo nÚmero de 'En Clave de Econom[0xed]a' que elabora el departamento, en la que ha intervenido el secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, quien ha destacado que actualmente el 60% de los desempleados lleva más de un año en esta situación.

SegÚn Mart[0xed]n, evitar esta situación implica "otro presupuesto y otra reforma fiscal", para que, entre otras cosas, aumente el potencial de crecimiento de sectores como el industrial, en el que pueden emplearse parados que salieron de la construcción durante la crisis. Además, Mart[0xed]n cree que la solución tambián pasa por establecer "nuevos programas para recuperar a los parados de larga duración, que combine pol[0xed]ticas de protección y de acompañamiento".

Tener un empleo ya no es sinónimo de estabilidad laboral. Y ser más productivo tampoco garantiza una mayor remuneración. Esas son dos de las principales conclusiones del informe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) bajo el t[0xed]tulo 'Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo'. Un documento en el que denuncia el incremento de la precariedad laboral desde que estalló la crisis, no solo en los pa[0xed]ses emergentes, sino tambián en las econom[0xed]as desarrolladas como España y demás miembros de la UE.

En concreto, el estudio analiza la situación del empleo en 90 pa[0xed]ses e indica que menos del 45% de los asalariados tienen un empleo indefinido a tiempo completo. Es decir, la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena (casi seis de cada diez) tienen contratos indefinidos a tiempo parcial o directamente temporales con la correspondiente merma en la protección laboral. Y la tendencia, segÚn el informe, es a profundizar esa brecha. Todo ello en un escenario de dificultades económicas a nivel global que, segÚn la organización internacional, elevó el nÚmero de personas desempleadas a 201 millones en 2014, lo que supone 30 millones más que los parados en 2008.

La situación para quienes tienen un empleo tambián se ha deteriorado en este periodo. SegÚn el informe, en la mayor[0xed]a de pa[0xed]ses los trabajos a tiempo parcial crecieron más que los empleos a tiempo completo durante los 2009-2013. Una realidad que se agudiza en las econom[0xed]as emergentes, donde además abunda el empleo irregular y sin remuneración. Pero el informe tambián cita expresamente a Francia, Italia, Japón o España como ejemplos de pa[0xed]ses desarrollados donde, además de aumentar la temporalidad, tambián se produjeron «elevadas párdidas totales de empleo» en esos años.

Asimismo, el empleo asalariado sólo supone alrededor de la mitad del empleo mundial. En la UE y resto de econom[0xed]as desarrolladas este colectivo aÚn representa un 52,4% de los trabajadores, mientras que en Amárica Latina cae a menos del 40% y se reduce a cerca del 20% de la fuerza de trabajo en regiones como el África subsahariana y Oriente Medio.

Mercantil, civil y administrativo

La normativa andaluza antidesahucios queda muy tocada. El Tribunal Constitucional ha aceptado parcialmente las razones esgrimidas el Gobierno en su recurso contra el real decreto autonómico, que preve[0xed]a la expropiación de viviendas vac[0xed]as en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del ejecutivo central. El pleno del tribunal de garant[0xed]as, de este modo, ha tachado de inconstitucional parte del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda.

El TC considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Esta legislación ya hab[0xed]a sido suspendida cautelarmente cuando el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno. La sentencia, que cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de pol[0xed]tica económica desarrolladas por el Gobierno.

Aunque el Constitucional acepta las razones de urgencia que expuso el ejecutivo andaluz para legislar en esta materia a travás de un decreto-ley, s[0xed] anula determinados preceptos de la norma porque restringen el derecho de propiedad, un ámbito que solo puede verse afectado por normas con rango de ley.

La crisis tambián ha llegado a tambalear los cimientos del eur[0xed]bor, uno de los quebraderos de cabeza de las familias españolas hipotecadas. Para un ciudadano, si baja o sube alguna centásima supone pagar, o ahorrarse, varios euros. Pero para un banco implica jugarse millones. Nadie dudaba de esta referencia, pero las sanciones asumidas por cinco entidades por haber manipulado este [0xed]ndice encendieron todas las alarmas en la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE), que se pusieron a trabajar en un nuevo indicador para evitar suspicacias. El proyecto comunitario sigue adelante, pero no será un nuevo [0xed]ndice, sino una revisión del actual, para que sea más transparente y, sobre todo, real.

El futuro eur[0xed]bor se diferenciará del actual en que su cálculo diario se realizará utilizando las operaciones reales que hayan realizado los bancos para intercambiarse dinero. Y no con referencias 'virtuales'. Hasta ahora, los 44 bancos europeos que interven[0xed]an en su cálculo ofrec[0xed]an datos sobre a quá interás estar[0xed]an dispuestos a prestarse dinero. “Ah[0xed] es donde pod[0xed]a generarse el fraude”, explica Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo de Economistas. Con el eur[0xed]bor futuro “las entidades tendrán que informar sobre la oferta y la contrapartida exigida por la misma”. Es decir, que se calculará con operaciones en firme de intercambio de dinero.

El reglamento en el que se está trabajando para apartar cualquier sombra de sospecha sobre el eur[0xed]bor delegará funciones de control en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y en algunos organismos reguladores como podr[0xed]a ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “No hace falta un nuevo [0xed]ndice, pero s[0xed] que el actual está más controlado”, explica Antonio Pedraza.

El PP ha ganado las elecciones municipales por un ajustad[0xed]simo resultado sobre el PSOE, al que aventaja en 1,9 puntos al 99,47% del escrutinio, pero los socialistas le han ganado en cinco comunidades y el PP se ha hundido además en dos de sus feudos: Madrid y Valencia. La participación en municipales es del 64,94%, ligeramente inferior a 2011. El Partido Popular tambián sufre un importante retroceso de poder en las elecciones autonómicas celebradas en 13 comunidades, dónde sólo se asegura mantener el poder en cuatro: Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja. Asimismo, solo conserva una absoluta en Ceuta.

Barcelona representa en buena medida otro de los terremotos pol[0xed]ticos de la noche, la fuerza de los partidos emergentes: la nueva candidatura Barcelona en ComÚ, encabezada por Ada Colau y apadrinada por Podemos, ha sido la primera fuerza en la capital catalana con 11 concejales de los 41 del consistorio, seguida de cerca por CiU con 10 y por otros cinco partidos más.

El PP ha sufrido sendos batacazos en dos de sus graneros de votos municipales: Madrid y Valencia, donde se ha dejado 16 y 27 puntos, respectivamente. En la capital de España, donde gobierna con mayor[0xed]a absoluta desde el año 1991, la 'popular' de Esperanza Aguirre supera en sólo un escaño a Manuela Carmena (Ahora Madrid, ligada a Podemos), y esta Última podrá gobernar si la apoya el PSOE. La cuarta fuerza es Ciudadanos, que no da la mayor[0xed]a absoluta ni a una ni a otra candidata.

Y en la Comunidad Valenciana, el descalabro del PP se refleja en los 20 puntos que ha perdido en cuatro años y en que puede perder las tres capitales si se al[0xed]an el PSPV, Comprom[0xed]s y las nuevas formaciones ligadas a Podemos. En Valencia, el feudo de Rita Barberá hasta ahora, el PP pasa de 20 a 10 concejales, aunque sigue ganando. Comprom[0xed]s triplica su resultado y se coloca como segunda fuerza, seguida por C's, PSOE y Valencia en ComÚ. Si estos dos Últimos partidos suman sus votos a Comprom[0xed]s, alcanzan la mayor[0xed]a absoluta y pueden arrebatar la alcald[0xed]a a la candidata del PP.

En otras ciudades como A Coruña, el golpe tambián ha sido duro, y lo mismo ha sucedido en las capitales de provincias andaluzas. Podemos no concurr[0xed]a esta noche a las elecciones municipales con su marca pero su grupos próximos pueden gobernar, además de Barcelona y Madrid, Zaragoza. Los socialistas por su parte le arrebatan Sevilla al PP, pero logran pásimos resultados en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. En cuanto a Ciudadanos, la otra gran fuerza emergente en estas municipales, logra el 6,55% de los votos (1,4 millones de votos), algo alejado de las previsiones de las encuestas. Por su parte, UPyD se ha estrellado e IU ha logrado malos resultados.

La reforma de la Ley de Auditor[0xed]a de Cuentas sigue a trompicones su tramitación parlamentaria. Ayer, el Congreso de los Diputados aprobó -con 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones- el anteproyecto, que tan sólo inclu[0xed]a las enmiendas propuestas por el Grupo Popular. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso para un sector dividido por esta reforma. En esta l[0xed]nea, todos los representantes parlamentarios (a excepción de los populares) han realizado duras cr[0xed]ticas al Gobierno por el blindaje que ha sufrido esta reforma en su paso por el Congreso.

Pese a las quejas del sector, el Gobierno ha hecho o[0xed]dos sordos y gran parte del anteproyecto sigue como empezó. Este es el caso del periodo de rotación, que está fijado en 10 años con posibilidad de ampliarse otros cuatro más en el caso de que entre un segundo auditor. Los servicios prohibidos siguen como estaban, pese a las quejas de introducir tambián en ástos los de abogac[0xed]a (ahora están prohibidos los de contabilidad, asesor[0xed]a fiscal y gestión de riesgos, entre otros).

En cuanto a la definición de Entidad de Interás PÚblico (EIP), reduce una parte de las cotizadas del MAB y quedan sólo las firmas "en expansión" (fuera se quedan las sicavs o las socimis). Además, segÚn la enmienda presentada por el PP, el Gobierno, en el plazo de un año, puede modificar la definición.

La masiva intervención del BCE mandó al euro en marzo al nivel más bajo en 12 años, cerca de la paridad con el dólar. La debilidad de la divisa, que abarata las ventas fuera de la zona euro, se alió con la recuperación de algunos pa[0xed]ses europeos y la fortaleza exhibida por el sector exterior en la crisis para empujar a las exportaciones españolas a un nuevo rácord. SegÚn detalló este miárcoles el Ministerio de Econom[0xed]a, las ventas mensuales de mercanc[0xed]as superaron en marzo los 23.000 millones por primera vez.

El rácord exportador (23.218 millones) llega tras un significativo repunte, del 12,5% respecto al mismo mes de 2014, y coincide con un aumento más moderado de las importaciones (6,3% anual, hasta los 24.108 millones). El resultado es una drástica reducción del dáficit comercial, que se limita a 890 millones. El saldo comercial español sólo rozó el superávit en 2013, y diferencias mensuales por debajo de 1.000 millones han sido infrecuentes en los Últimos años.

El sector exterior quiebra as[0xed] la tendencia apuntalada en 2014, año en el que el dáficit comercial volvió a ampliarse despuás de cuatro años a la baja. En el ejercicio pasado, las exportaciones, que hab[0xed]an crecido a buen ritmo tras la Gran Recesión de 2009, apenas aumentaron un 2,5%. Por el contrario, las importaciones avanzaron un 5,7% al calor de la recuperación de la demanda interna española. Y eso pese a la rebaja de la factura energática por el abaratamiento del petróleo. Aun as[0xed], el valor de las importaciones de mercanc[0xed]as está todav[0xed]a lejos de los niveles alcanzados (26.500 millones en abril de 2008) en la antesala de la crisis.

Sector

El Tribunal Supremo acaba de obligar al Gobierno a modificar la Orden de Peajes de 2013 para incluir en ella el canon eólico de Castilla y León, al objeto de que sea repercutido exclusivamente a los consumidores de electricidad de la Comunidad Autónoma. Siguiendo el principio de unidad de la tarifa eláctrica en todo el territorio nacional, el Gobierno no lo hab[0xed]a hecho, sino que lo hab[0xed]a trasladado al conjunto de los españoles.

Al igual que Castilla y León, otras comunidades autónomas han establecido impuestos y cánones sobre la energ[0xed]a, considerándolos impuestos ambientales. Tras la sentencia del Supremo, se abre la posibilidad de que estos impuestos, de escasa entidad, tambián incidan en el recibo de la luz de los territorios que los tienen implantados.

El informe preparado por la Comisión Lagares el año pasado para asesorar al Gobierno con vistas a la reforma fiscal los analiza con detalle y en no pocos casos los considera "aparentemente" o "pretendidamente" o "supuestamente" ambientales, porque no responden a la finalidad de modificar conductas dañinas para el medio ambiente por medio de la internalización de costes, sino a incrementar su capacidad recaudatoria, sin necesidad de sufrir el desgaste pol[0xed]tico que conllevar[0xed]a subir otros impuestos mucho más sensibles, como el tramo del IRPF sobre el que tienen competencias.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace un balance positivo de la labor llevada a cabo por su departamento desde que asumió el cargo tras la renuncia de Ruiz Gallardón. En una entrevista al diario Expansión, considera que se han logrado dos objetivos: por un lado, promover las reformas legislativas que permiten cambiar el marco normativo en favor de una Justicia más ágil y adecuada al momento actual y, por otro lado, lograr el diálogo y la participación con los profesionales del sector. Algo que, segÚn asegura, se ha logrado con áxito.

Catalá es consciente de que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto en sus tiempos de respuesta como en la calidad jur[0xed]dica de la resolución, es uno de los pilares clave para la atracción de inversiones a España. "Tenemos que tener un sistema jur[0xed]dico que atraiga la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo", asegura, pero recuerda que tambián es necesario "desarrollar soluciones extrajudiciales de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria, que constituyen otras v[0xed]as para resolver los conflictos para las empresas o los inversores".

Respecto a las frecuentes cr[0xed]ticas por la lentitud de respuesta de la Justicia, asegura que no es una cuestión generalizada ni un problema presupuestario, si bien reconoce que en algunos ámbitos es necesario tomar medidas. "En la independencia judicial que reside en cada juez y magistrado, no hay ninguna interferencia pol[0xed]tica".

Considera que la solución pasa por tres l[0xed]neas de actuación: "Contar con mejores medios", y en ello incluye más medios materiales y tambián personales, "tener mejores leyes procesales que agilicen el funcionamiento de la Justicia" y, por Último, "incorporar las tecnolog[0xed]as como una herramienta fundamental para el trabajo". Tres aspectos en los que Catalá asegura estar trabajando: "Hemos creado plazas de jueces y de fiscales, tenemos ahora una oferta de empleo de 2.026 plazas de funcionarios, estamos invirtiendo en nuevas sedes judiciales y tambián incorporando las tecnolog[0xed]as con mayor intensidad de lo que lo hab[0xed]amos hecho en el pasado".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace hincapiá en la importancia de contar con un sistema judicial de calidad para atraer a los inversores extranjeros. Por ese motivo, entre los objetivos que se ha fijado antes de que concluya la legislatura, está la modernización de la Justicia. En su opinión, no se trata de un problema presupuestario, sino de contar con mejores medios, para lo que asegura, está trabajando, por ejemplo, en aumentar el nÚmero de jueces y fiscales y, sobre todo, de introducir la tecnolog[0xed]a en el sistema judicial español para agilizar su funcionamiento.

Entre otras cuestiones, Catalá analiza las reformas que ha emprendido el Ministerio y las decisiones de revocar otras normas, como las tasas judiciales para las personas f[0xed]sicas. Tambián señala que, aunque se ha retrasado la privatización del Registro Civil, finalmente se terminará desjudicializando este organismo antes de julio de 2017, aunque falta por ver de quá forma.

La paralización de la Ley de Servicios Profesionales aparca una vez más el Estatuto de la Abogac[0xed]a, que lleva casi una dácada de retraso. El ministro de Econom[0xed]a, Luis de Guindos, admitió el pasado mes de enero que la Ley de Servicios Profesionales no ver[0xed]a la luz esta legislatura, anuncio al que se ha sumado la secretaria general del Partido Popular, Mar[0xed]a Dolores de Cospedal, ya en campaña de las próximas elecciones autonómicas del 24M. Esta norma, que tampoco consiguió sacar adelante Zapatero y que la Comisión Europea considera prioritario reformar, afecta directamente al Estatuto de la Abogac[0xed]a. La nueva regulación de la publicación y del secreto profesional, entre otros asuntos, queda pendiente.

El Consejo General de la Abogac[0xed]a Española (CGAE) aprobó por unanimidad en junio de 2013 el nuevo Estatuto con el fin de que sustituyera al de 2001. Fue remitido al Ministerio de Justicia para que fuera tramitado en octubre de 2013 y a su vez, trasladado al Consejo de Ministros para su aprobación. Pero desde entonces, no ha habido noticias. Fuentes de Justicia trasladan que la paralización de la Ley de Servicios suspende la del Estatuto.

La nueva norma recog[0xed]a formalmente aspectos como la colegiación Única para ejercer en todo el territorio del Estado, la absoluta libertad en la fijación de honorarios y la posibilidad que tiene el abogado de realizar publicidad de sus servicios.

El magistrado Eloy Velasco está al frente del Juzgado Central nº6 de la Audiencia Nacional desde 2008 y por sus manos han pasado algunos de los casos más sonados de los Últimos años. Es el juez que en diciembre de 2012 envió a prisión al expresidente de la patronal, Gerardo D[0xed]az Ferrrán, y a su socio, el empresario valenciano Ángel de Cabo, con fianzas históricas de 30 millones de euros. Tambián es quien instruye actualmente el caso PÚnica, la trama de corrupción de la Comunidad de Madrid que ha acabado con el exconsejero Francisco Granados entre rejas.

En una entrevista al diario Expansión, repasa la actual situación de la Administración de Justicia y las medidas que se han adoptado para mejorarla. "Los pol[0xed]ticos se han retratado, les interesa más controlar a los jueces que dotarles de medios", asegura. Como prueba de ello, recuerda que "de los más de 20 cambios que han introducido los diferentes gobiernos desde 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, casi siempre han sido para ver cómo el pol[0xed]tico controlaba más y mejor a quien nombraba, en vez de ver cómo daba más y mejores medios a los jueces de a pie para poder trabajar".

En este sentido, afirma que "un pol[0xed]tico demuestra su intención viendo en quá sector se gasta el dinero pÚblico y Justicia siempre ha sido la hermana pobre, no hay más que comparar dónde están colocados los funcionarios de Hacienda y dónde están los juzgados".



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DERECHO COMUNITARIO INTERNACIONAL
Constitución económica y gobernanza económica de la Unión Europea

Autor: Luis Ignacio Gordillo Pérez y Francisco Rodríguez Ortiz
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publicación: 18/07/2019
ISBN: 9788491779438
240 páginas


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DERECHO MERCANTIL
Código Comercio y Leyes Mercantiles - Edición 2019

Autor: Alberto Alonso Ureba (Director)
Editorial: La Ley - Wolters Kluwer
Soporte: Libro + On line
ISBN: 9788490208618
1504 páginas


Precio original: 27,00 €
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DERECHO NUEVAS TECNOLOGÍAS
La protección de datos en el ámbito sanitario


Autor: Redacción Thomson Reuters Aranzadi
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
ISBN: 9788413097626
175 páginas


Precio original: 26,31 €
Precio final por compra On-Line: 25,00 (I.V.A. incluido)

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DERECHO OTRAS MATERIAS
Pack Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía 2020 + Manual Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía 2020

Autor: Ana Belén Campuzano / María Enciso Alonso-Muñumer / Coordinadores
Editorial: Francis Lefebvre Ediciones
Soporte: Libro
ISBN: 9788417794941
575 páginas


Oferta válida hasta el  29 de Julio de 2019, fecha prevista de publicación
Precio original: 92,56 €
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