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Los consejos de la semana

Laboral

Contrato de relevo y jubilación parcial anticipada

Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del trabajador relevista cualquiera que fuera la causa e incluso si dicha baja se produce como consecuencia de una baja voluntaria del trabajador relevista, el empresario deberá sustituir al relevista que ha causada baja voluntaria por otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

Antecedentes

Un trabajador está contratado mediante un contrato de relevo desde el 05/12/2011. Anteriormente estaba contratado mediante un contrato temporal y la empresa, para cubrir la jubilación parcial de un trabajador, le ofreció la transformación en relevista y al mismo tiempo en indefinido.

Ahora, con fecha 8 de marzo de 2015, se dará de baja voluntaria porque ha optado por aceptar otra oferta de trabajo. El jubilado parcial lo será de forma definitiva el d[0xed]a 5 de diciembre de 2016.

Siendo baja voluntaria:

- ¿Debe la empresa sustituir al trabajador relevista?

- ¿Quá alternativas tiene la empresa y que plazos deben cumplirse?

En el caso, que la empresa hubiera de sustituir al trabajador relevista que ha sido baja y no encontrara un nuevo relevista:

- ¿Quá comporta el incumplimiento del requisito de sustitución del trabajador que ha sido baja?

- Si sustituye al trabajador relevista fuera del plazo legal estipulado por la Ley ¿cuáles son las consecuencias?

Contrato de relevo

Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del trabajador relevista cualquiera que fuera la causa e incluso si dicha baja se produce como consecuencia de una baja voluntaria del trabajador relevista, el empresario deberá sustituir al relevista que ha causada baja voluntaria por otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

El empresario deberá concertar con dicho nuevo trabajador relevista un nuevo contrato de relevo en el plazo de 15 d[0xed]as naturales siguientes a aquál en que se haya producido la extinción de la relación laboral del antiguo relevista.

En caso de incumplimiento absoluto o total de la obligación de contratar a un nuevo relevista, la empresa deberá abonar al INSS (Entidad Gestora de la Jubilación) el importe devengado por el jubilado parcial de la prestación de la jubilación parcial desde el momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

En caso de retraso de la obligación de contratar a un nuevo relevista superando el plazo de los 15 d[0xed]as naturales establecido normativamente, el empresario deberá abonar al INSS el importe devengado de la prestación de jubilación parcial desde el momento de la extinción del contrato del relevista hasta que se produzca la contratación del nuevo relevista.

Por lo tanto, la sustitución del relevista que ha causado baja voluntaria con efectos de 8 de marzo de 2015 debe cubrirse con la contratación de un nuevo relevista que deberá ser dado de alta en la empresa a más tardar hasta el 23 de marzo de 2015 (15 d[0xed]as naturales a contar desde el d[0xed]a siguiente a la baja voluntaria). La no contratación del relevista implicará la responsabilidad absoluta y total de la empresa de abonar al INSS la prestación de jubilación del jubilado parcial cobrada entre el 9 de marzo de 2015 y el 5 de diciembre de 2016. Si la contratación del relevista se produce más tarde del 23 de marzo pero antes del 5 de diciembre de 2016 la no contratación del relevista en plazo y con retraso implicará la responsabilidad de la empresa de abonar al INSS la prestación de jubilación del jubilado parcial cobrada entre la fecha del cese del relevista y la fecha de efectiva pero extemporánea sustitución por un nuevo relevista.

Mercantil, civil y administrativo

La empresa no paga salarios ¿Cuándo debe solicitar la declaración de concurso?

Se encontrará en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a solicitar el concurso, aquel deudor que no pueda hacer frente al regular cumplimiento de sus obligaciones exigibles, esto es, que proceda al sobreseimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. Por ejemplo, las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres Últimas mensualidades.

Problemática

Se trata de una empresa que al 31-12-2014 tiene deudas con empleados que provienen de ejercicios anteriores a saber:

Un 25% aprox. tiene todav[0xed]a pendiente de cobrar pagas extras del 2012.
Otro 35% aprox. pagas extras del 2013.
Otro 40% aprox. pagas extras del 2014.

Se pregunta:

1.- ¿Es este caso uno de los supuestos que obligar[0xed]a a los administradores a declarar Concurso de Acreedores de acuerdo con el art[0xed]culo 4.2 de la Ley Concursal que habla de:”...pago de salarios de tres Últimas mensualidades al personal”?

2.- ¿Pagas extras son mensualidades?

3.- ¿Y si no es a todo el personal la deuda?

Ley 22/2003

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) señala en su art[0xed]culo 5.1:

“Art[0xed]culo 5 Deber de solicitar la declaración de concurso

1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.”

Por lo tanto, el presupuesto que hace nacer la obligación de solicitar el concurso de acreedores es la insolvencia del deudor, entendida, segÚn art[0xed]culo 2.2 LC como: “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.”

Ergo, se encontrará en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a solicitar el concurso, aquel deudor que no pueda hacer frente al regular cumplimiento de sus obligaciones exigibles, esto es, que proceda al sobreseimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.

Respecto al significado de “sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones”, la jurisprudencia lo ha aclarado, por todas, Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Auto nÚm. 142/2012 de 26 noviembre, en el siguiente sentido: “Por lo que se refiere al sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, como hecho revelador de la insolvencia, de forma reiterada hemos sostenido que debe ser definitivo, general y completo, lo que no equivale a esporádico, simple o aislado, como vino entendiendo la jurisprudencia al interpretar el art[0xed]culo 876.2º del Ccom ( LEG 1885, 21 )”

Por lo tanto, este y no otro, es el presupuesto objetivo del concurso de acreedores.

¿Es este caso uno de los supuestos que obligar[0xed]a a los administradores a declarar Concurso de Acreedores de acuerdo con el art[0xed]culo 4.2 de la Ley Concursal que habla de: “pago de salarios de tres Últimas mensualidades al personal”?

Depende.

As[0xed] es, en la pregunta de este supuesto se está refiriendo a la presunción iuris tantum prevista en el art[0xed]culo 5.2 LC, el cual prescribe:

“2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del art[0xed]culo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4.º, haya transcurrido el plazo correspondiente.”

Siendo, a su vez, que el art[0xed]culo 2.4 de la LC determina:

“4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en t[0xed]tulo por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo per[0xed]odo; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres Últimas mensualidades.”

Dec[0xed]amos depende, porque si el deudor además de dejar de pagar a parte del personal las pagas extras de 2012, 2013 y 2014 no ha sobrese[0xed]do el pago de sus demás obligaciones de forma definitiva, general y completa, no se dará la presunción prevista en el art[0xed]culo 2.4 LC antes citado. Sin embargo, si además de dejar de pagar las pagas extras aludidas, hubiera sobrese[0xed]do el pago de sus demás obligaciones de forma definitiva, general y completa, entonces s[0xed] que entrar[0xed]a en juego dicha presunción.

No obstante, y pese a la carencia de información que se ofrece en este supuesto, de la consulta parece desprenderse que, aunque el deudor se encuentra en una situación complicada a nivel de tesorer[0xed]a, no ha incumplido de forma generalizada sus demás obligaciones de pago y, en cuanto a los salarios mensuales, cumple con su pago de forma regular, lo que nos llevar[0xed]a a descartar la obligación de presentar concurso.

¿Pagas extras son mensualidades?

El art[0xed]culo 26.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, define el concepto de salario como:

“Art[0xed]culo 26 Del salario

1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los per[0xed]odos de descanso computables como de trabajo.”

En consecuencia, tanto la mensualidad como las pagas extras, forman parte del salario del trabajador. Pero las pagas extras, como se deduce de su propio nombre, no son mensualidades, ya que su devengo se produce cuando transcurre un periodo de tiempo superior al mes.

No obstante, y dejando orillado el concepto jur[0xed]dico-laborales, lo anterior a efectos de legislación concursal no tiene la menor relevancia, ya que el art[0xed]culo 2.4 de la LC se refiere a pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo, lo que nos lleva a que, segÚn LC, se refiera a cualquier cantidad que se le deba a los trabajadores.

¿Y si no es a todo el personal la deuda?

Para contestar esta pregunta nos remitimos a lo dicho sobre el presupuesto objetivo del concurso.

SegÚn la LC y la jurisprudencia que la interpreta, se encontrara en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a la solicitud de concurso voluntario de acreedores, el deudor que realice un sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, que debe ser definitivo, general y completo.

En el presente caso no existe retraso en el pago de las tres Últimas mensualidades sino Únicamente de algunas pagas extras, que pueden considerarse como retrasos puntuales que no deber[0xed]an derivar en insolvencia y declaración de concurso.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

El ministro de Hacienda y Administraciones PÚblicas, Cristóbal Montoro, anticipó que España va a interponer un recurso a la posible sanción por los datos de dáficit erróneos de la Comunidad Valencia, en caso de adoptarse la decisión por el Ecofin.

El 11 de julio de 2014 la Comisión Europea abrió una investigación formal referente a los datos de gastos sanitarios suministrados por la Comunidad Valenciana correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. España manifestó en reiteradas ocasiones su disconformidad con el inicio del procedimiento de investigación, por lo que el 22 de septiembre de 2014 presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, pendiente de resolución al d[0xed]a de hoy.

La Comisión ha presentado una propuesta que contempla una sanción m[0xed]nima y que deberá ser adoptada por el Ecofin. Hacienda ha defendido que en caso de confirmarse la sanción, será recurrida, siguiendo la justificación del recurso planteado en septiembre de 2014, que hac[0xed]a referencia a la aplicación retroactiva de la norma comunitaria, en coherencia con la posición mantenida por España durante todo el procedimiento.

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 1.711 millones de euros a los contribuyentes por la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas F[0xed]sicas (IPRF) correspondiente al ejercicio 2014, lo que supone un 49% más que en el mismo momento de la campaña del año pasado.

Estos 1.711 millones de euros se han devuelto a un total de 2.946.000 declarantes del IRPF, un 65% más que en el ejercicio anterior, segÚn los datos de nivel nacional presentados este lunes en rueda de prensa por la delegada Especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Raquel Catalá; y el director general de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats.

Por comunidades, donde más dinero se ha devuelto ya a los contribuyentes por la Renta 2014 es en Madrid, con 377,9 millones (+56,5%). A continuación se situaron Andaluc[0xed]a, con 324,5 millones (+39,9%); y Cataluña, con 291,1 (+50%).

El organismo que preside Santiago Menández prevá devolver 10.550 millones de euros a 14,2 millones de contribuyentes en el conjunto de la campaña, lo que supone un descenso de la cuant[0xed]a del 0,95% en comparación con el ejercicio anterior (10 .651 millones). En total, el organismo estima que se presentarán 19,27 millones de declaraciones, un 0,11% más.

Sólo tres de las 35 empresas del Ibex no ten[0xed]an presencia en para[0xed]sos fiscales en 2013. Indra, Sacyr y Mediaset son las Únicas empresas del Ibex exentas de estar en para[0xed]sos fiscales, segÚn revela el análisis que elabora el Observatorio de RSC, que evalÚa el grado de transparencia de la información de buen gobierno, social y ambiental que facilitan las empresas.

Concretamente estas empresas contaban en 2013 con 540 sociedades en para[0xed]sos fiscales, 73 filiales más que en 2012 y 103 más que en 2011. Se consideran para[0xed]sos fiscales, además de los previstos en la legislación española, los territorios del listado del Parlamento Europeo, la OCDE y de la Tax JusticeNetwork.

Delaware sigue siendo el territorio offshore favorito del Ibex. All[0xed] estaban localizadas 222 sociedades participadas por grupos españoles, casi el doble que en 2012, ocupando dos direcciones. Sólo en el nÚmero 1209 de Orange Street, de la localidad de Wilmington (70.000 habitantes), están ubicadas 134 firmas (entre ellas, 39 de Iberdrola, 29 de ACS, 26 de Santander y 23 de BBVA). En ese mismo domicilio figuran 285.000 empresas. Tras Delaware se sitÚan Holanda (104 entidades), Luxemburgo (35), Irlanda (22), Hong Kong (22), Islas Cayman (19) y Singapur (17).

La Comisión Europea ha aprobado formalmente su propuesta de imponer a España una multa de 18,93 millones de euros a España por la manipulación de las estad[0xed]sticas de dáficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario.

La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Econom[0xed]a de la UE en el Ecofin. Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitÚa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascender[0xed]a a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).

Se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estad[0xed]sticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a ra[0xed]z del falseamiento de las estad[0xed]sticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

Hasta el 29 de junio los contribuyentes pueden solicitar el servicio de cita previa para modificar el borrador o confeccionar la declaración de Renta 2014 en una oficina de la Agencia Tributaria o de otras entidades colaboradoras. Se puede pedir cita por internet (24 horas en www.agenciatributaria.es) o llamando al 901 22 33 44 (de lunes a viernes de 9.00 a 19.00), mientras que la asistencia en oficinas comienza el 11 de mayo y termina el 30 de junio.

Hacienda informa de que no se confeccionan declaraciones con rendimientos del trabajo superiores a 65.000 euros, con rendimientos del capital mobiliario superiores a 15.000 euros, con rendimientos de actividades económicas en estimación directa (empresariales, profesionales o en atribución), ni con más de un inmueble arrendado o más de dos transmisiones de bienes o reg[0xed]menes especiales. Tampoco se confeccionan declaraciones complementarias de años anteriores. Si no se puede acudir a la cita hay que anularla como m[0xed]nimo un d[0xed]a antes.

La Agencia Tributaria ofrece un servicio telefónico de información de renta en el nÚmero 901 33 55 33 (de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00). Además, Hacienda informa sobre gestiones en internet en www.agenciatributaria.es (sin horarios) y tiene el teláfono de asistencia 901 200 345 para gestionar el borrador y con horario de 9 a 21 horas, de lunes a viernes.

Laboral

Las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO. han celebrado este martes una reunión de carácter tácnico en la que han ratificado el "principio de acuerdo" alcanzado ayer para la firma del nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2015, 2016 y 2017. De esta forma, el preacuerdo garantiza que las subidas salariales conllevarán una ganancia de poder adquisitivo respecto al IPC, la condición necesaria que hab[0xed]an establecido los sindicatos para poder firmar un acuerdo.

Para el año 2017, este principio de acuerdo fija que la subida salarial correspondiente se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017. "Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de empleo", apostillan las partes en un comunicado conjunto, en el que apuntan que "el acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la econom[0xed]a española y persigue dar respuesta desde la negociación colectiva al importante volumen de desempleados".

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron este lunes un principio de acuerdo que establece como marco general una subida de los salarios del 1% en el año 2015 y del 1,5% en 2016.

Tras meses de intenso diálogo sin fruto, los representantes de los empresarios y de los trabajadores se pusieron de acuerdo despuás de una reunión celebrada este lunes. Mañana está previsto que vuelvan a verse para cerrar la redacción del texto y firmarlo. El pacto alcanzado establece una subida de los sueldos del 1% durante el año 2015 y del 1,5% durante el año 2016. Además, incluye una cláusula de garant[0xed]a salarial para el conjunto de los dos años.

De este modo, si la inflación aumentase por encima del 2,5% entre los dos ejercicios, entrar[0xed]a en vigor la cláusula y se compensar[0xed]a a los trabajadores con la variación del IPC para que no pierdan poder adquisitivo. En la reunión de este lunes, de la misma forma que en los encuentros que se han producido en los Últimos meses, estuvieron presentes los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Mández, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi.

Los autónomos afectados por los retrasos en los pagos del sector pÚblico tienen muy claro quá medidas deber[0xed]an aprobarse para paliar de una vez por todas este problema, que se ha llevado por delante muchos negocios a lo largo de la crisis -unos 200.000 de acuerdo con los datos de que disponen las principales organizaciones de trabajadores por cuenta propia-.

As[0xed], los autónomos exigen al Gobierno que establezca un recargo del 20 por ciento a aquellas Administraciones que incumplan el plazo de pago de 30 d[0xed]as establecido, tanto por la Ley de Morosidad, como por la Directiva europea.

Sólo hay que recordar que, a lo largo del primer trimestre, el sector pÚblico situó de media en 85 d[0xed]as el plazo medio de pago a sus proveedores, lo que implica haber triplicado prácticamente el periodo legal establecido.

En este caso, Aragón, Murcia y Andaluc[0xed]a fueron las autonom[0xed]as más morosas, al haber abonado sus facturas por encima de los 120 d[0xed]as. Sin embargo, el sector pÚblico no es el Único responsable de las dificultades que atraviesan muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas en nuestro pa[0xed]s.

El paro de larga duración sigue siendo una dura lacra para la econom[0xed]a española. Se comprueba con cada dato que asoma sobre el mercado de trabajo, el Último en conocerse es que 1,4 millones de desempleados lleva tres años o más sin trabajar. Lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas en paro (5,6 millones) llevan al menos un trienio en esa situación, segÚn la submuestra de la encuesta de población activa (EPA).

Las cifras divulgadas ayer, correspondientes a datos extra[0xed]dos durante todo el ejercicio 2014, pueden incluso quedarse cortas, puesto que el INE extrae estos 1,4 millones de parados del colectivo de trabajadores que han tenido un empleo antes de perderlo, poco más de cinco millones. Por tanto, fuera de esta cuenta se quedan quienes siendo parados no tienen experiencia laboral previa, unos 600.000.

Estos datos demuestran que la pregonada mejora laboral no llega a quienes peor lo están pasando: los que llevan más tiempo sin empleo. Esto ya se observaba en la EPA correspondiente al primer trimestre de 2015 —que hizo referencia a quien encadena más de dos años en paro—, publicada hace un par de semanas y se ve con más precisión en este estudio correspondiente a todo 2014.

Uno de cada cinco parados y uno de cada diez ocupados admite cobrar en B, es decir, sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social, segÚn un estudio de Infojobs ESADE sobre el mercado laboral. Este mismo informe tambián revela que el 36 % de los encuestados en situación de desempleo aceptar[0xed]a este tipo de remuneración. SegÚn el informe sobre el estado del mercado laboral en 2014, presentado hoy en rueda de prensa por el director general de Infojobs, Jaume Gurt, y el profesor del departamento de Organización de ESADE, Carlos Obeso, los ingresos en B entre los ocupados han supuesto el 24,5 % de su salario.

La razón mayoritaria aducida por los encuestados para consentir ingresos en B es que la empresa sólo les ha ofrecido esta opción si bien un 20 % explica que aceptan este dinero para complementar su salario principal. En la rueda de prensa, el director de Infojobs ha dicho que, en su opinión, en España existe, "en general y de distintas formas", una explotación laboral estructural, que ha achacado a la falta de "pol[0xed]ticas claras" de creación de empleo.

SegÚn el informe, uno de cada tres parados recibió en 2014 una oferta de trabajo con un salario inferior a la prestación por desempleo, y de ástos el 46 % la aceptó.

Mercantil, civil y administrativo

La paz social entre patronal y sindicatos en v[0xed]speras de las elecciones municipales fue ayer bienvenida por el Gobierno, pero no la letra pequeña de su principio de acuerdo. Miembros del Ejecutivo mostraron frialdad con la subida pactada e incluso rechazo a una de las concesiones anunciadas inicialmente por la patronal: la de volver a utilizar el IPC español como referente de subidas salariales.

El más expl[0xed]cito fue el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y secretario de Econom[0xed]a del PP, Álvaro Nadal. Éste no acogió de buen grado que la subida pactada para este año sea del 1%, el doble del aumento aprobado por el Consejo de Ministros para el Salario M[0xed]nimo Interprofesional y, mucho menos, que en 2016 supere el 1,5% en función de la inflación española.

"No estamos solos en Europa", advirtió Nadal en declaraciones en Barcelona. En su opinión, es necesario "no perder la referencia de cómo somos de competitivos respecto a los socios europeos y a otros sectores"."Ser[0xed]a bueno que se mantuviese la referencia a la inflación europea", agregó. Los [0xed]ndices de competitividad de España frente a la zona euro y la UE que maneja el Banco de España establecen que a finales de 2014 el [0xed]ndice se situó en 101,8 puntos en la comparativa con los costes laborales unitarios de los pa[0xed]ses que comparten la moneda Única (100,6 respecto a la UE 28).

Grecia ha pagado al Fondo Monetario Internacional (FMI) los cerca de 750 millones de euros correspondientes al vencimiento previsto para este martes con un d[0xed]a de adelanto sobre el plazo previsto, segÚn indicaron a Reuters dos fuentes del Ministerio de Finanzas.

Tanto Grecia como el Eurogrupo aseguraron que el clima de las negociaciones ha mejorado tras la bronca de hace 15 d[0xed]as en Riga. Las posiciones se han acercado en materia de IVA, donde el Eurogrupo se conforma ahora con una reforma para aumentar la recaudación sin exigir incrementos en productos de primera necesidad. Atenas se negó ayer de nuevo a recortar las pensiones o rebajar los derechos laborales. La resistencia numantina de Grecia en ambas materias obliga a la zona euro a buscar escenarios alternativos, entre los que no se descarta ni un referándum ni un posible impago de deuda sin salir del euro

"La orden de pago al FMI ha sido ejecutada", indicó un alto funcionario del Ministerio griego. De este modo, la orden de ejecución del pago coincide con la celebración este lunes de la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Atenas, que la semana pasada hizo frente al pago de 200 millones de euros al FMI en concepto de intereses, corre peligro de quedarse sin efectivo dentro de pocas semanas, aunque el Gobierno de Alexis Tsipras ha reiterado su voluntad de honrar las obligaciones de su deuda.

La Comisión Europea se ha sumado al optimismo de otras instituciones internacionales y ha anunciado hoy una mejora de sus previsiones de crecimiento para España, especialmente en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y, aunque algo menos, en la tasa de desempleo.

Si se comparan las 'Previsiones Económicas de Primavera de 2015' (documento completo) del Ejecutivo europeo con el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno la semana pasada, los tácnicos de Bruselas se muestran algo más cautos que los españoles. La revisión al alza para España coincide tambián con una mejora de las expectativas para la zona euro y un fuerte recorte de las previsiones para Grecia.

La Comisión Europea vaticina un crecimiento del 2,8% para España este año, cinco dácimas por encima de la cifra de febrero (2,3%) y una dácima por debajo de las previsiones del Gobierno (2,9%). Para 2016, el crecimiento se espera del 2,6%, una dácima más que hace tres meses (2,5%) y ya cuatro dácimas por debajo de las del Gobierno (3%).

Por otra parte, España seguirá creando puestos de trabajo en los próximos años. La tasa de empleo crecerá un 2,7% en 2015 y un 2,5% en 2016, segÚn las previsiones de Bruselas. Esto permitirá que la tasa de desempleo continÚe descendiendo, desde el 24,5% de 2014 al 22,4% en 2015 y hasta el 20,5% en 2016.

Las ayudas pÚblicas ofrecidas al sistema financiero español desde mayo de 2009 ascienden a 61.495 millones de euros, de los que 53.553 millones han sido aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 7.942 millones de euros por la industria a travás del Fondo de Garant[0xed]a de Depósitos (FGD). Del montante total solo se han recuperado 2.666 millones de euros, es decir, un 4,3%.

SegÚn ha informado el Banco de España en un comunicado, hasta la fecha se han recuperado 977 millones de euros devueltos por Caixabank en abril de 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca C[0xed]vica antes de su integración en la entidad presidida por Isidro Fainá, 782 millones por la venta de la participación en Catalunya Caixa, 712 millones por la venta de NCG y 71 millones de una venta realizada en 2012 por esta misma entidad y 124 millones de euros amortizados anticipadamente por Liberbank en una emisión de obligaciones convertibles.

AÚn quedan en poder del FROB las participaciones de BMN y BFA (Bankia), as[0xed] como las obligaciones obligatoriamente convertibles correspondientes a Banco Ceiss y Banco Grupo Caja 3 por 1.011 millones de euros. El Banco de España precisa que está a la espera de poder contabilizar como devolución de ayudas los 1.304 millones de euros obtenidos por la desinversión de BFA en Bankia, una vez se produzca el abono de esta cantidad al FROB como Único accionista de BFA.

La Reserva Federal (Fed) de EEUU mantiene el optimismo sobre la recuperación económica, pese a la debilidad de algunos indicadores, al considerar que la ralentización del primer trimestre obedece a "factores transitorios" y continÚa su enfoque flexible para decidir sobre la subida de tipos de interás. Al final de la sesión, el Dow Jones pierde hoy un 0,4% y el S&P 500 se deja el 0,37%.

"La información recibida desde la Última reunión de marzo sugiere que el crecimiento económico se ha ralentizado durante los meses de invierno, en parte como reflejo de factores transitorios", indicó el comunicado a la conclusión de la reunión de dos d[0xed]as del Comitá Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglás).

Precisamente, esta mañana se dio a conocer el primer dato estimado de crecimiento económico de EEUU en el primer trimestre de 2015, despuás de la sólida expansión de 2014, que sorprendió por el fuerte frenazo al registrar apenas una tasa anualizada del 0,2 % del producto interior bruto (PIB). "Aunque el crecimiento en producción y empleo se frenó durante el primer trimestre, el comitá sigue esperando que, con la expansión monetaria apropiada, la actividad se expandirá a un ritmo moderado", agregó la nota de la Fed.

Sector

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado cambios para potenciar la digitalización de la Administración de Justicia. Sin embargo los letrados no están muy convencidos de su efectividad. SegÚn explica Alonso Hurtado, el objetivo de 'papel cero' en enero de 2016 es inasumible.

Por otro lado, el anuncio realizado en relación a las notificaciones judiciales por v[0xed]a telemática, que deber[0xed]a entrar en vigor antes de que finalice 2015, plantea dudas jur[0xed]dicas respecto al env[0xed]o de las mismas a travás de WhatsApp, por temas de protección de datos y la confirmación de recepción.

Frente a estas decisiones, Hurtado recuerda proyectos de digitalización que se han paralizado con la llegada de la crisis. "El Ministerio de Justicia estaba preparando un sistema para que los procedimientos concursales fueran 100% electrónicos. Sin embargo, este buen proyecto se paralizó y nunca se ha vuelto a saber nada", concluye Hurtado.

El Anteproyecto de la Ley General Tributaria, que prevá la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al precisar para su aprobación el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes. El informe defendido por el vocal Gerardo Mart[0xed]nez-Tristán en el Pleno extraordinario convocado este lunes para tratar el asunto, y que avala la medida propuesta por el Ministerio de Hacienda como “un elemento preventivo y educativo” frente al fraude, ha fracturado en dos al órgano de gobierno de los jueces, pues diez de sus 21 miembros han votado en contra mientras que Fernando Grande-Marlaska ha emitido un voto en blanco que ha obligado al voto particular del presidente.

No es la primera vez que Lesmes debe hacer uso de esta prerrogativa para desbloquear un acuerdo, ya lo hab[0xed]a hecho anteriormente respecto de un nombramiento para una Audiencia Provincial, pero s[0xed] es la primera ocasión en la que tiene que emplearlo respecto al preceptivo informe que este órgano ha de emitir respecto de un proyecto del gobierno. El Anteproyecto, propone, en concreto, el carácter pÚblico del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. La medida se considera proporcionada y ajustada a la Constitución.

El propio informe que se sometió a debate reconoce que la regulación se adopta con los objetos principales de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias e incrementando la transparencia en las actuaciones judiciales en este ámbito.

El presidente del Consejo General de la Abogac[0xed]a Española, Carlos Carnicer, reivindica en la clausura del XI Congreso de la Abogac[0xed]a la importancia de los letrados en la sociedad actual y el liderazgo que deben ejercer.

El presidente del Consejo General de la Abogac[0xed]a Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha clausurado hoy el XI Congreso de la Abogac[0xed]a con la lectura de la Declaración de Vitoria. Esta suerte de decálogo enumera algunos cambios que deben llevar a cabo los profesionales del sector para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad, pero tambián detalla algunas demandas del conjunto de los abogados al Ejecutivo.

Carnicer ha hecho hincapiá en la necesidad de promulgar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que "regule el asesoramiento y la defensa jur[0xed]dica y refuerce otros aspectos conexos, como la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontolog[0xed]a o el secreto profesional".

Además, ha apuntado que no deben abordarse reformas de calado "sin que la abogac[0xed]a sea o[0xed]da", para evitar afecciones a los derechos fundamentales como ha ocurrido con las tasas, la 'ley mordaza' o la reforma del Código Penal.

Los despachos de la abogac[0xed]a de los negocios parecen enfilar el camino de la recuperación y el Último ejercicio lo han cerrado, en su mayor[0xed]a, con porcentajes positivos de crecimiento en facturación, aunque lejos de los tiempos precrisis. Incluso algunos de los grandes despachos, segÚn ha sabido este diario, han tenido año rácord de beneficios.

Sin embargo, este cambio no se debe sólo a la mejora del ciclo económico y la vuelta de grandes operaciones de mercantil: desde el inicio de la crisis y, sobre todo, desde hace cuatro años, los bufetes han emprendido importantes recortes de gasto, que se sitÚan aproximadamente entre un 20% y un 30% de media en el sector, segÚn apuntan representantes de las firmas y distintas fuentes del sector.

"El sector de la abogac[0xed]a de los negocios históricamente no ha estado demasiado preocupado por la eficiencia en costes al ser claramente de revenue line, pero la crisis ha llevado a los bufetes a hacer una aproximación más rigurosa y sistemática en la eficiencia en costes", apunta un socio director. Además, "los bufetes han sufrido una fuerte morosidad por parte de sus clientes que les ha obligado a tomar medidas financieras", añade.

En general, en las firmas jur[0xed]dicas del derecho de negocios, la mayor parte del gasto, entre un 75% y un 80%, corresponde a salarios y oficinas. Aunque depende de cada firma, el 50% recae en abogados, el 15% en el personal de apoyo y servicios y otro 15% al alquiler de las sedes. El otro 20% restante suele ser para gastos generales (mantenimiento, limpieza, suministros...) y amortizaciones.

Las mayores empresas cotizadas de España, sin incluir a las entidades financieras, tienen provisionados 5.263 millones de euros para hacer frente a litigios y arbitrajes en los que están envueltas. Este importe corresponde a las 18 compañ[0xed]as del Ibex 35 que detallan las dotaciones que han realizado para hacer frente a estos conflictos, segÚn se desprende de sus informes financieros anuales correspondientes a 2014. Otras firmas como ACS o Abertis no lo desglosan, mientras que Telefónica sólo ofrece la cifra de su actividad en Brasil, por lo que el montante total ser[0xed]a sensiblemente superior.

Las actividades que desarrollan, su tamaño y su profunda internacionalización, con operaciones en pa[0xed]ses de riesgo, propician que las empresas energáticas, las constructoras y la multinacional que preside Cásar Alierta capitalicen el grueso de las provisiones por litigios. Estas dotaciones se reconocen cuando es probable que una obligación presente, fruto de sucesos pasados, den lugar a una salida de recursos. Estas dotaciones tienen consecuencias sobre los resultados de las empresas, aunque todas las compañ[0xed]as señalan que los procesos que tienen abiertos no generarán un impacto significativo en sus cuentas. En algunos casos incluso preván recuperar una parte.



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