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Los consejos de la semana

Fiscal

Compensación de párdidas patrimoniales derivadas de cráditos no cobrados en el IRPF

De acuerdo con la reforma del IRPF por la Ley 26/2014, y con efectos desde el 01-01-2015, podrá compensarse el saldo negativo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea su per[0xed]odo de generación, con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] los rendimientos del capital mobiliario que acrecen a la base imponible del ahorro, con el l[0xed]mite del 25% de dicho saldo positivo. Transitoriamente dicho porcentaje será del 10% para 2015, del 15% para 2016 y del 20% para 2017, aplicándose el 25% a partir de 2018.

Antecedentes

Se trata sobre el prástamo concedido por una persona f[0xed]sica a persona jur[0xed]dica (SL) que no se cobra y sobre la posibilidad de “aprovechar” la párdida en IRPF de la persona f[0xed]sica.

Un padre, ante las dificultades económicas que tiene la empresa (SL) de su hijo le efectÚa aportaciones/traspasos desde su cuenta personal a la cuenta de la SL.

El importe total de las aportaciones es de 60.000 euros. Las aportaciones fueron efectuadas entre abril-2010 y noviembre-2011. En su momento no se formalizó ningÚn documento de prástamo, ni reconocimiento de deuda ni nada.

El Único documento que hay es un certificado de la entidad bancaria, con fecha abril 2012, donde se manifiesta que “se han realizado los siguientes traspasos con cargo a la cuenta del padre y con abono a la cuenta de la SL en las fechas y por los importes señalados”. En dicho certificado figuran los diferentes importes de los traspasos en diferentes fechas, todos ellos suman los 60.000 euros comentados.

La empresa, a pesar de las aportaciones del padre, no ha logrado rehacer su situación y actualmente está “inactiva” con embargos de la Seguridad Social, Hacienda, proveedores,…. No se ha declarado concurso ni se ha hecho nada, el administrador la “ha abandonado”…

El padre desea compensar fiscalmente en el IRPF la párdida de los 60.000 euros. Los considera irrecuperables.

¿Es posible compensar dicha párdida en el IRPF del padre? En caso afirmativo ¿con quá tipo de rendimientos se compensar[0xed]a?

¿Quá tipo de documentación deber[0xed]amos tener para poder demostrar la párdida ante una comprobación fiscal?

Documentación del prástamo

Los prástamos deben realizarse conforme a los medios admitidos en derecho aceptándose la contabilidad y la escritura pÚblica ante notario, un contrato privado presentado a liquidar ante la oficina liquidadora del ITP y AJD hace prueba de la fecha pero no del contenido (por ejemplo el importe del mismo). Este deberá acreditarse por otros medios, por ejemplo, con las transferencias bancarias del padre a la sociedad del hijo y la entrada del dinero en las cuentas bancarias de la sociedad y su contabilización.

La acreditación documental de la párdida patrimonial incluirá los documentos descritos y la acreditación de que la sociedad no ha pagado el prástamo al padre.

En definitiva, se deber[0xed]a acreditar formalizando un documento de prástamo bien en escritura pÚblica ante Notario o bien en documento privado. En ambos casos, y sobre todo si se formaliza en documento privado, deber[0xed]a presentarse ese documento ante la correspondiente Hacienda Autonómica autoliquidando el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur[0xed]dicos Documentados, pero sin pagar nada, ya que es una operación EXENTA (art[0xed]culo 45.I.B.15 Real Decreto Legislativo 1/993, Ley ITP y AJD). De esa manera, con el sello de la Hacienda Autonómica, el documento privado tendrá, al menos, una fecha fehaciente, con efectos frente a cualquier otra Administración Tributaria o tercero.

Operaciones vinculadas

En los prástamos es absolutamente determinante la condición de personas f[0xed]sica o jur[0xed]dica de las partes que intervienen, as[0xed] como la relación o vinculación que existe entre ellas.

Cuando se cumplan los requisitos enunciados en la norma (espec[0xed]ficamente art[0xed]culos 41 de la LIRPF y art[0xed]culo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) las operaciones entre empresas y personas f[0xed]sicas vinculadas se entienden realizadas por su valor normal de mercado. En estos casos no cabe prueba en contrario sobre la onerosidad o gratuidad del prástamo, se asumen siempre como retribuidos, sin que quepa demostrar lo contrario.

Por tanto los prástamos a sociedades que pertenezcan a determinados familiares (personas vinculadas) soportan reglas especiales y debe tenerla en cuenta a la hora de imputarse los rendimientos del capital mobiliario por los intereses generados por el prástamo a la sociedad del hijo. La vinculación se produce por la condición por ejemplo de una persona f[0xed]sica como socio de dicha compañ[0xed]a, por su condición de consejero o administrador, o por los familiares, bien por consanguinidad, bien por afinidad (familia pol[0xed]tica) hasta el tercer grado (t[0xed]os y sobrinos). As[0xed], por ejemplo, es un caso de prástamo vinculado entre sociedad y un familiar (en este caso el padre) el que se realiza con una empresa cuyo socio es un hijo.

Los prástamos entre personas y entidades vinculadas además tienen reglas especiales, no solo en cuanto al devengo normal del interás de mercado, si no a su propia tributación en el IRPF. En este sentido el art. 46 de la LIRPF, puesto en relación con el art[0xed]culo 25 de la misma Ley (dedicado a los rendimientos [0xed]ntegros del capital mobiliario), penaliza los prástamos de persona f[0xed]sica a sociedad, haciendo tributar los intereses devengados a la escala general del IRPF, cuando habitualmente tributan en la base del ahorro, con tipos mucho más reducidos que los tipos máximos de la escala general.

Hay que tener en cuenta, que con efectos desde el 01-01-2015, se ha modificado por la Ley 26/2014 del IRPF el art[0xed]culo 46 de la LIRPF, sobre el cálculo que debe efectuarse para determinar quá parte del rendimiento de capital mobiliario por la cesión a terceros de capitales propios a entidades vinculadas puede integrarse en la base imponible del ahorro. Recordemos que tras la modificación de la Ley del IRPF por la Ley 11/2009, con efectos desde 1 de enero de 2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, los intereses percibidos por el contribuyente y derivados de la parte de la cesión de capitales propios concedida a una entidad vinculada que no exceda del resultado de multiplicar por tres los fondos propios de la misma, atribuibles a su participación, deben integrarse en la base imponible del ahorro. El resto de intereses, si los hubiera deben integrarse en la base imponible general. Por tanto, para determinar el importe de los intereses que deben integrarse en la base imponible del ahorro y, en su caso, en la base imponible general, debe compararse el importe del prástamo con la siguiente magnitud:

Capitales propios cedidos vs Fondos Propios x 3 x % participación

El art[0xed]culo 46 de la Ley del IRPF, tras su modificación por la Ley 11/2009, precisaba además, en relación con este cálculo, que “en los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación socios o part[0xed]cipes-entidad, el porcentaje de participación a considerar será el 5 por ciento”. El legislador consideró oportuno tomar a efectos del cálculo el porcentaje m[0xed]nimo de participación necesario para la existencia de vinculación –en caso de vinculación socio-sociedad- cuando precisamente no nos encontremos en un supuesto de vinculación socio-sociedad.

Con efectos desde 1 de enero de 2015, y con motivo de la elevación del porcentaje m[0xed]nimo de participación –del 5% al 25%- para la existencia de vinculación socio-sociedad, se modifica la redacción de esta precisión: “en los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación socios o part[0xed]cipes-entidad, el porcentaje de participación a considerar será el 25 por ciento”.

Imputación temporal: Párdidas derivadas de cráditos no cobrados

Aunque no se ajusta al contenido del caso, para un futuro le puede interesar saber que la reforma ha introducido en el art[0xed]culo 14.2.k) de la Ley del IRPF el tratamiento fiscal aplicable a los cráditos vencidos y no cobrados, con efectos 1 de enero de 2015. Hasta la fecha la doctrina administrativa consideraba que solamente se entenderá existente una párdida patrimonial deducible “cuando ese derecho de crádito resulte judicialmente incobrable —por declararlo as[0xed] una resolución judicial” (DGT V1771-09 de 28 de julio).

As[0xed], las párdidas patrimoniales derivadas de cráditos vencidos y no cobrados tambián podrán imputarse al per[0xed]odo impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias, con efectos desde 1 de enero de 2015:

1. Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable o un acuerdo extrajudicial de pagos;

2. Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita en el importe del crádito (en cuyo caso la párdida se computará por la cuant[0xed]a de la quita) o que, en otro caso, concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crádito salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por determinadas causas previstas en la Ley Concursal;

3. Cumplimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crádito sin que este haya sido satisfecho. Este supuesto se puede considerar que es el realmente novedoso por cuanto los anteriores se podr[0xed]an considerar que estaban dentro de la literalidad de la norma, mientras que este Último permite acercar el rágimen del IRPF al del Impuesto sobre Sociedades. La disposición adicional vigásima primera de la LIRPF precisa que esta circunstancia sólo se aplicará cuando el plazo de un año finalice a partir de 1 de enero de 2015. Por tanto, la norma tiene una eficacia retroactiva limitada, con lo que si un procedimiento se interpuso antes de 1 de enero de 2014, como el plazo de 1 año habrá vencido antes de 1 de enero de 2015 resultará que no se podrá beneficiar de esta norma. En cambio, un procedimiento interpuesto con posterioridad a 1 de enero de 2014, s[0xed] cumplirá con este requisito. Cuando el crádito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la párdida patrimonial, se imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el per[0xed]odo impositivo en que se produzca dicho cobro.

Integración y compensación de rentas

La Ley 26/2014 de reforma del IRPF, con efectos desde el 01-01-2015, modifica los art[0xed]culos 46, 48 y 49 de la Ley 35/2006 del IRPF, relativos al rágimen de integración de las rentas en las dos bases imponibles del impuesto -la base imponible general y la base imponible del ahorro- as[0xed] como al rágimen de compensación de dichas rentas.

Mantiene la clasificación de las rentas del contribuyente en renta general y renta del ahorro, pero modifica de forma significativa el contenido de estos tipos de renta y el rágimen de integración y compensación, de tal manera que pasar[0xed]an a integrar la renta del ahorro todas las ganancias y párdidas patrimoniales que se deriven de transmisiones, con independencia de su periodo de generación. Solo cuando la ganancia o párdida patrimonial no se derive de una transmisión se integrar[0xed]a como renta general (en la normativa anterior las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones con periodo de generación igual o inferior al año integraban la base imponible general y las que ten[0xed]an periodo de generación superior al año integraban la base imponible del ahorro. Por otro lado, como ya hemos comentado, en relación con los rendimientos del capital mobiliario que no forman parte de la renta del ahorro (vinculados a la financiación de entidades vinculadas) el porcentaje de participación a considerar (para calcular el exceso de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada respecto del resultado de multiplicar por 3 los fondos propios, en la parte que corresponde a la participación del contribuyente) será el 25% en los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación socios o part[0xed]cipes-entidad (la normativa anterior recog[0xed]a el 5%).

Además, se eleva hasta el 25% (con anterioridad a la reforma dicho porcentaje estaba fijado en el 10%) el l[0xed]mite de traslación (para su compensación con los rendimientos y rentas imputadas que acrecen a la base imponible general) del saldo negativo que resulte, en su caso, de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales que acrecen a la base imponible general al no derivarse de transmisiones.

Por otro lado, se modifica la integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro, al objeto de eliminar la tradicional estanqueidad existente entre los saldos negativos resultantes, en su caso, de integrar y compensar entre s[0xed] los rendimientos del capital mobiliario que acrecen a la base imponible del ahorro, por una parte, y las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones que acrecen tambián a la base imponible del ahorro, por otra. De tal manera que:

- Podrá compensarse el saldo negativo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] los rendimientos del capital mobiliario que acrecen a la base imponible del ahorro, con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea su per[0xed]odo de generación, con el l[0xed]mite del 25% de dicho saldo positivo.

- Y a la inversa, podrá compensarse el saldo negativo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea su per[0xed]odo de generación, con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] los rendimientos del capital mobiliario que acrecen a la base imponible del ahorro, con el l[0xed]mite del 25% de dicho saldo positivo.

- Transitoriamente dicho porcentaje será del 10% para 2015, del 15% para 2016 y del 20% para 2017, aplicándose el 25% a partir de 2018 (disposición adicional duodácima de la Ley del IRPF).

Rágimen transitorio: se establece el rágimen de aplicación de las partidas pendientes de compensar a la fecha de entrada en vigor de las modificaciones introducidas en materia de integración y compensación de rentas que se acaban de comentar, tal como sigue:

- Las párdidas patrimoniales integradas en la base imponible del ahorro generadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 (las procedentes de 2011 y 2012 serán las derivadas de transmisiones, con independencia de su per[0xed]odo de generación, mientras que las procedentes de 2013 y 2014 serán las derivadas de transmisiones con más de un año de per[0xed]odo de generación), pendientes de compensación a 1 de enero de 2015, podrán compensarse con el saldo positivo que resulte de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea su per[0xed]odo de generación, que acrecen a la base imponible del ahorro.

- Las párdidas patrimoniales integradas en la base imponible general generadas en 2011, 2012, 2013 y 2014 (las procedentes de 2011 y 2012 serán las que no se derivan de transmisiones, mientras que las procedentes de 2013 y 2014 podr[0xed]an derivarse tambián de transmisiones con hasta un año de per[0xed]odo de generación), pendientes de compensación a 1 de enero de 2015, se compensarán de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las párdidas patrimoniales integradas en la base imponible general, derivadas de transmisiones con hasta un año de per[0xed]odo de generación procedentes de 2013 y 2014, pendientes de compensación a 1 de enero de 2015, deberán compensarse en primer lugar con el saldo positivo que resulte de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea su per[0xed]odo de generación, que acrecen a la base imponible del ahorro.

b) El exceso no compensado de las párdidas patrimoniales integradas en la base imponible general derivadas de transmisiones con hasta un año de per[0xed]odo de generación procedentes de 2013 y 2014 y el resto de párdidas patrimoniales integradas en la base imponible general procedentes de 2011, 2012, 2013 y 2014 (las no derivadas de transmisiones), pendientes de compensación a 1 de enero de 2015, podrán compensarse con el saldo positivo que resulte de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales que se integran en la base imponible general, al no derivarse de transmisiones.

c) En el caso de existir remanente de párdidas patrimoniales a compensar, tal exceso podrá compensarse con el saldo positivo de los rendimientos y rentas imputadas que se integran en la base imponible general, con el l[0xed]mite del 25% de dicho saldo positivo.

d) Si finalmente resultara un saldo negativo, se trasladará a los cuatro años siguientes para su aplicación de acuerdo con el mismo orden prelativo de compensación que se acaba de comentar.

- La posibilidad de compensar el saldo negativo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] los rendimientos del capital mobiliario que acrecen a la base imponible del ahorro, con el saldo positivo resultante de integrar y compensar entre s[0xed] las ganancias y párdidas patrimoniales derivadas de transmisiones que tambián acrecen a la base imponible del ahorro, y viceversa, no resultará de aplicación a los saldos negativos de tal naturaleza procedentes de 2011, 2012, 2013 y 2014, pendientes de compensación a 1 de enero de 2015. Esto es, la regla de estanqueidad se mantiene en el rágimen transitorio.

Mercantil, civil y administrativo

La empresa no paga salarios ¿Cuándo debe solicitar la declaración de concurso?

Se encontrará en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a solicitar el concurso, aquel deudor que no pueda hacer frente al regular cumplimiento de sus obligaciones exigibles, esto es, que proceda al sobreseimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. Por ejemplo, las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres Últimas mensualidades.

Problemática

Se trata de una empresa que al 31-12-2014 tiene deudas con empleados que provienen de ejercicios anteriores a saber:

Un 25% aprox. tiene todav[0xed]a pendiente de cobrar pagas extras del 2012.
Otro 35% aprox. pagas extras del 2013.
Otro 40% aprox. pagas extras del 2014.

Se pregunta:

1.- ¿Es este caso uno de los supuestos que obligar[0xed]a a los administradores a declarar Concurso de Acreedores de acuerdo con el art[0xed]culo 4.2 de la Ley Concursal que habla de:”...pago de salarios de tres Últimas mensualidades al personal”?

2.- ¿Pagas extras son mensualidades?

3.- ¿Y si no es a todo el personal la deuda?

Ley 22/2003

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) señala en su art[0xed]culo 5.1:

“Art[0xed]culo 5 Deber de solicitar la declaración de concurso

1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.”

Por lo tanto, el presupuesto que hace nacer la obligación de solicitar el concurso de acreedores es la insolvencia del deudor, entendida, segÚn art[0xed]culo 2.2 LC como: “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.”

Ergo, se encontrará en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a solicitar el concurso, aquel deudor que no pueda hacer frente al regular cumplimiento de sus obligaciones exigibles, esto es, que proceda al sobreseimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.

Respecto al significado de “sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones”, la jurisprudencia lo ha aclarado, por todas, Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Auto nÚm. 142/2012 de 26 noviembre, en el siguiente sentido: “Por lo que se refiere al sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, como hecho revelador de la insolvencia, de forma reiterada hemos sostenido que debe ser definitivo, general y completo, lo que no equivale a esporádico, simple o aislado, como vino entendiendo la jurisprudencia al interpretar el art[0xed]culo 876.2º del Ccom ( LEG 1885, 21 )”

Por lo tanto, este y no otro, es el presupuesto objetivo del concurso de acreedores.

¿Es este caso uno de los supuestos que obligar[0xed]a a los administradores a declarar Concurso de Acreedores de acuerdo con el art[0xed]culo 4.2 de la Ley Concursal que habla de: “pago de salarios de tres Últimas mensualidades al personal”?

Depende.

As[0xed] es, en la pregunta de este supuesto se está refiriendo a la presunción iuris tantum prevista en el art[0xed]culo 5.2 LC, el cual prescribe:

“2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del art[0xed]culo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4.º, haya transcurrido el plazo correspondiente.”

Siendo, a su vez, que el art[0xed]culo 2.4 de la LC determina:

“4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en t[0xed]tulo por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo per[0xed]odo; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres Últimas mensualidades.”

Dec[0xed]amos depende, porque si el deudor además de dejar de pagar a parte del personal las pagas extras de 2012, 2013 y 2014 no ha sobrese[0xed]do el pago de sus demás obligaciones de forma definitiva, general y completa, no se dará la presunción prevista en el art[0xed]culo 2.4 LC antes citado. Sin embargo, si además de dejar de pagar las pagas extras aludidas, hubiera sobrese[0xed]do el pago de sus demás obligaciones de forma definitiva, general y completa, entonces s[0xed] que entrar[0xed]a en juego dicha presunción.

No obstante, y pese a la carencia de información que se ofrece en este supuesto, de la consulta parece desprenderse que, aunque el deudor se encuentra en una situación complicada a nivel de tesorer[0xed]a, no ha incumplido de forma generalizada sus demás obligaciones de pago y, en cuanto a los salarios mensuales, cumple con su pago de forma regular, lo que nos llevar[0xed]a a descartar la obligación de presentar concurso.

¿Pagas extras son mensualidades?

El art[0xed]culo 26.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, define el concepto de salario como:

“Art[0xed]culo 26 Del salario

1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los per[0xed]odos de descanso computables como de trabajo.”

En consecuencia, tanto la mensualidad como las pagas extras, forman parte del salario del trabajador. Pero las pagas extras, como se deduce de su propio nombre, no son mensualidades, ya que su devengo se produce cuando transcurre un periodo de tiempo superior al mes.

No obstante, y dejando orillado el concepto jur[0xed]dico-laborales, lo anterior a efectos de legislación concursal no tiene la menor relevancia, ya que el art[0xed]culo 2.4 de la LC se refiere a pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo, lo que nos lleva a que, segÚn LC, se refiera a cualquier cantidad que se le deba a los trabajadores.

¿Y si no es a todo el personal la deuda?

Para contestar esta pregunta nos remitimos a lo dicho sobre el presupuesto objetivo del concurso.

SegÚn la LC y la jurisprudencia que la interpreta, se encontrara en estado de insolvencia y, por tanto, obligado a la solicitud de concurso voluntario de acreedores, el deudor que realice un sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones, que debe ser definitivo, general y completo.

En el presente caso no existe retraso en el pago de las tres Últimas mensualidades sino Únicamente de algunas pagas extras, que pueden considerarse como retrasos puntuales que no deber[0xed]an derivar en insolvencia y declaración de concurso.

Lo más destacado en Prensa

Fiscal

Las proyecciones económicas y presupuestarias que ha elaborado el Gobierno para el Programa de Estabilidad 2015-2018 resultan un "un objetivo alcanzable pero ambicioso", segÚn señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El organismo encargado de fiscalizar las cuentas pÚblicas observa, no obstante, "riesgos considerables" para que se cumplan los pronósticos económicos.

El organismo presidido por Josá Luis Escrivá recuerda que conseguir los objetivos anticipados por el Gobierno —un crecimiento del PIB del entorno del 3% durante los próximos tres años— "requiere una serie de elementos favorables". Entre ellas unas condiciones monetarias "muy favorables" as[0xed] como una baja inflación y un "estabilización de los precios del petróleo en los niveles actuales". Por eso, remarca que si hubiera cambios en cualquier de estos factores podr[0xed]a trastocar los planes del Ejecutivo.

La Autoridad Fiscal cree factible que el Gobierno pueda reducir el dáficit segÚn la senda dibujada en el plan de estabilidad: Reducción de los nÚmeros rojos en 5,4 puntos porcentuales del PIB —desde un dáficit del 5,7% registrado en 2014 hasta el 0,3% vaticinado para 2018—. "Conseguir los ambiciosos objetivos supone desplegar una pol[0xed]tica presupuestaria rigurosa que contenga elementos novedosos de contención de gasto", señala el informe de análisis del plan de estabilidad elaborado por la Airef.

El Impuesto sobre Sociedades sigue siendo un quebradero de cabeza para el gobierno. En las constantes previsiones que realiza el Ejecutivo no se acaba de dar con la tecla idónea. Los errores son constantes entre las previsiones que se realizan y la recaudación. Hacienda reconoció que falló al presupuestar el impacto de cambios normativos en el impuesto sobre sociedades, el tributo que ha sufrido una párdida de recaudación mayor durante la crisis.

El Ejecutivo hab[0xed]a previsto que los tipos reducidos para empresas de nueva creación en los dos primeros ejercicios, la deducción del 10% de los beneficios reinvertidos o la modificación del rágimen fiscal de activos intangibles generar[0xed]a un ahorro de 890 millones. Ahora reconoce que apenas ha llegado a los 58 millones, el 6,5% de lo previsto.

Lo mismo ha sucedido en medidas que deb[0xed]an suponer mayores ingresos para el Estado. As[0xed], a finales de 2013, el Gobierno eliminó en el impuesto sobre sociedades la posibilidad de deducirse el deterioro de valor de las participaciones. Una medida que, segÚn los cálculos de Hacienda, supondr[0xed]a una recaudación adicional de 3.650 millones. “Realmente, el efecto en tárminos de caja ha ascendido a 472 millones”, reconoce el departamento de Cristóbal Montoro. En 2014, la previsión del Gobierno era recaudar 22.327 millones con el impuesto sobre sociedades y obtuvo 18.694 millones.

La tributación de los socios de empresas profesionales sigue trayendo de cabeza a muchos contribuyentes y más ahora en plena campaña de la Renta 2014. La Agencia Tributaria y el Gobierno han intentado solventar estas dudas a ra[0xed]z de la reforma fiscal y, recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) ofreció una explicación más detallada. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Colegio General de Economistas, señaló ayer en la presentación de su informe sobre la campaña de la renta que el marco fijado por la Administración “resulta sensato”.

Tributos señaló que el socio de una compañ[0xed]a deberá declarar su tributación como rendimientos de actividades económicas cuando está dado de alta en el Rágimen Especial de Trabajadores (RETA), preste un servicio profesional a la compañ[0xed]a y, esta, ofrezca a su vez tambián servicios profesionales a terceros. Es el caso, por ejemplo, de un socio de un despacho de abogados, cuya retribución deberá declararse como una actividad profesional. En cambio, un arquitecto que sea socio de una constructora a la que presta servicios podrá imputar sus ingresos como rendimientos del trabajo, es decir, como si fuera un asalariado. Ello es as[0xed] porque, en este caso, la constructora ejerce una actividad empresarial y no profesional.

En principio, el hecho de declarar la retribución como actividad profesional puede resultar más beneficioso porque permite deducirse gastos. En cualquier caso, la norma ha generado cierto malestar en colectivos que tradicionalmente optaban por la v[0xed]a de los rendimientos del trabajo.

Aumentan los ingresos fiscales en marzo

(Cinco D[0xed]as, 29-04-2015)

La reforma fiscal ya tiene su primera contabilización: 451 millones en retenciones del trabajo; de 29 millones por retenciones de capital (mobiliario, arrendamientos y fondos de inversión); y de 21 millones por la deducción aplicada a las familias numerosas y dependientes. Aunque aÚn falta por conocer los datos que presentarán las pymes, cuya declaración no se formaliza hasta el mes próximo, las cifras no apuntan a que la rebaja por IRPF alcance los 3.366 millones previstos por el Gobierno a fin de año.

Hacienda señala que los recursos del Estado aumentaron en el primer trimestre hasta los 43.604 millones, un 2,5% más que en el mismo per[0xed]odo del año anterior. Esta evolución positiva se explica por el aumento de la recaudación fiscal porque los recursos por otras v[0xed]as, como las rentas de la propiedad o los intereses cobrados por la Administración cayeron.

El Estado registró un dáficit de 9.854 millones, equivalente al 0,91% del PIB, una cifra que supera en 284 millones el desfase registrado en el mismo per[0xed]odo de 2014. Por impuestos, en tárminos de caja (lo realmente ingresado y sin tener en cuenta ajustes de contabilidad nacional), el IRPF aportó a las arcas pÚblicas 20.721 millones, un 2% más que en el mismo per[0xed]odo del año anterior. Sin embargo, la Agencia Tributaria detalla en su informe que, sin incluir las devoluciones y los ingresos fuera de plazo de las retenciones de las Administraciones PÚblicas, la recaudación caer[0xed]a un 0,3%. Ello es as[0xed] por el efecto de la reforma fiscal, que supuso una reducción de la retención que sufren los asalariados en sus nóminas.

Los ingresos derivados del IVA crecen a buen ritmo y avanzaron un 7,6% en el primer trimestre hasta alcanzar los 17.013 millones. Sin embargo, a esta cifra tambián lleva un asterisco. La Agencia Tributaria señala que más de la mitad del incremento se explica por el "distinto ritmo en la realización de las devoluciones en 2014 y 2015". Y señala que los ingresos homogáneos aumentan un 3,5%.

Los impuestos indirectos -IVA e Impuestos Especiales- cada vez crecen más en todo el mundo, en relación con los tributos directos, que se encuentran estancados desde el inicio de la crisis por su mala influencia sobre la econom[0xed]a, segÚn las conclusiones del informe Indirect Tax in 2015 elaborado por E&Y.

Entre otras razones, el empuje de los impuestos indirectos se debe a su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades económicas como sucede con el comercio electrónico o con las monedas virtuales, buscando sistemas para capturar estos tipos de transacciones.

Todos los pa[0xed]ses del mundo buscan en la actualidad la simplificación tributaria, el acceso inmediato de las autoridades a los datos de los contribuyentes y el aumento de la frecuencia, eficiencia y efectividad de las inspecciones tributarias.

Laboral

El paro registrado baja en 118.000 personas

(Cinco D[0xed]as, 06-05-2015)

El nÚmero de desempleados registrados en los servicios pÚblicos de empleo disminuyó en abril en 118.923 personas, hasta contabilizar un total de 4.333.016 parados, lo que representa el mayor descenso en un cuarto mes del año de toda la serie histórica, que comenzó en 1996. SegÚn los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en tárminos desestacionalizados, el desempleo disminuyó en 50.160 personas en abril, marcando tambián as[0xed] el mejor dato registrado en ese mes.

SegÚn Empleo, el nÚmero de parados en tárminos desestacionalizados se ha reducido mes a mes desde mayo de 2013, acumulando 24 meses de ca[0xed]da, con la excepción de julio de 2014. Respecto al mismo mes de 2014, el desempleo se redujo en 351.285 personas, el mayor descenso interanual de toda la serie histórica.

El paro disminuyó en todos los sectores económicos, pero en mayor cuant[0xed]a en los servicios (72.884 personas), seguidos de la construcción (19.449), la agricultura (15.219) y la industria (11.555), en tanto que aumentó en 184 personas en el colectivo sin empleo anterior. Entre los hombres, el paro bajó en abril en 76.380 personas y entre las mujeres, en 42.543, de manera que el total de desempleados quedó compuesto por 2.004.404 varones y 2.328.612 fáminas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aceptado la reivindicación de este colectivo de trabajadores e introducirá una enmienda a la ley de Segunda Oportunidad para que esta medida se haga efectiva lo antes posible.

Aunque el pago efectivo de la prestación no se materializará hasta un mes despuás, los trabajadores tendrán reconocido el derecho al disfrute de la misma «a partir del primer d[0xed]a del mes inmediatamente siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad», segÚn el texto de la enmienda.

En este mismo documento tambián se especifica que, «cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación no podrá tener actividad con otros clientes, a partir del d[0xed]a en que inicie el cobro de la prestación». Esta prestación la ingresan las mutuas donde cotizan los trabajadores de forma voluntaria.

La crisis agranda la brecha salarial

(El Mundo, 03-05-2015)

La crisis agrandó la brecha salarial y la salida de la recesión la está aumentando todav[0xed]a más. El ejercicio 2014 fue el de la recuperación de la econom[0xed]a española, con el consiguiente repunte de los beneficios empresariales. La mejora del escenario se trasladó de inmediato a las nóminas de la álite empresarial, pero el sistema retributivo carece todav[0xed]a de la porosidad necesaria para que la incipiente bonanza llegue al bolsillo del conjunto de los trabajadores.

Mientras los sueldos de consejeros y altos directivos crecieron a una tasa de doble d[0xed]gito el pasado año, la remuneración de los empleados siguió cayendo. Este desfase se explica de forma muy gráfica: en 2013, el salario medio de las personas mejor pagadas de las empresas del Ibex 35 supon[0xed]a 75 veces el gasto medio por empleado de esas mismas compañ[0xed]as; en 2014, la desigualdad se disparó hasta las 104 veces.

“Aunque pueda parecer paradójico, es probable que si la econom[0xed]a sigue recuperándose, el resultado sea un aumento de la brecha salarial. Entre los ejecutivos hab[0xed]a cierto enfado porque la crisis hab[0xed]a sido larga y hubo muchos bonus que no se cobraron. Ahora, si la situación mejora, es probable que los primeros en notarlo sean los miembros de la alta dirección”, reconoce Rafael Barrilero, experto de la consultora Mercer.

La sección de investigación de la Seguridad Social ha descubierto, desde 2013 y hasta el primer trimestre de 2015, un fraude de 401 millones de euros a la Seguridad Social. En este per[0xed]odo se ha detenido a 2.698 personas y se ha imputado a 3.627. Estos datos se han desvelado hoy tras la firma de un convenio de colaboración en la lucha contra el fraude y la delincuencia económica entre el ministro del Interior, Jorge Fernández D[0xed]az, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha avanzado que el impacto económico de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 alcanza los 12.222 millones de euros.

SegÚn la ministra, desde 2012 han aflorado 274.089 empleos y 128.007 contratos temporales se han convertido en indefinidos como consecuencia de la actuación de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, desde 2012 se han detectado más de 5.000 cuentas de cotización correspondientes a empresas ficticias, creadas con el Único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, y se han anulado 11.050 altas ficticias de trabajadores.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un trabajador al que el Fondo de Garant[0xed]a Salarial (Fogasa) le denegó el pago del 40% de la indemnización que le correspond[0xed]a por la extinción de su contrato laboral. La respuesta del Fogasa a la solicitud de este trabajador excedió del plazo de tres meses establecido legalmente, por lo que el Tribunal Supremo entiende que en este caso entra en juego el silencio administrativo positivo. La sentencia puede impulsar una ola de reclamaciones de otros empleados despedidos que recurrieron a este organismo ante la insolvencia del empleador.

El trabajador solicitó el pago de su indemnización en marzo de 2011, pero el Fogasa no emitió resolución hasta julio de 2011, notificándose al trabajador que se le denegaba la prestación en septiembre del mismo año. El afectado, alegando que se hab[0xed]a sobrepasado el plazo de tres meses para que el Fogasa respondiera su solicitud, recurrió la decisión del organismo, primero ante el Juzgado de lo Social y luego ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quienes dieron la razón al Fogasa.

Posteriormente, el trabajador presentó recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que ha estimado la reclamación del demandante y ha anulado las sentencias anteriores. El Alto Tribunal entiende que, pese a que el Fogasa resolvió denegarle el pago de la indemnización, lo hizo fuera del plazo máximo de tres meses establecido legalmente, por lo que el vencimiento de la fecha tope sin haberse notificado la resolución "legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo".

El Supremo recuerda que lo Único que puede impedir el juego del silencio positivo por el transcurso del plazo máximo en resolver es que exista norma con rango de Ley o norma de derecho comunitario que establezca para el caso el efecto negativo del silencio.

Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea se ha sumado al optimismo de otras instituciones internacionales y ha anunciado hoy una mejora de sus previsiones de crecimiento para España, especialmente en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y, aunque algo menos, en la tasa de desempleo.

Si se comparan las 'Previsiones Económicas de Primavera de 2015' (documento completo) del Ejecutivo europeo con el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno la semana pasada, los tácnicos de Bruselas se muestran algo más cautos que los españoles. La revisión al alza para España coincide tambián con una mejora de las expectativas para la zona euro y un fuerte recorte de las previsiones para Grecia.

La Comisión Europea vaticina un crecimiento del 2,8% para España este año, cinco dácimas por encima de la cifra de febrero (2,3%) y una dácima por debajo de las previsiones del Gobierno (2,9%). Para 2016, el crecimiento se espera del 2,6%, una dácima más que hace tres meses (2,5%) y ya cuatro dácimas por debajo de las del Gobierno (3%).

Por otra parte, España seguirá creando puestos de trabajo en los próximos años. La tasa de empleo crecerá un 2,7% en 2015 y un 2,5% en 2016, segÚn las previsiones de Bruselas. Esto permitirá que la tasa de desempleo continÚe descendiendo, desde el 24,5% de 2014 al 22,4% en 2015 y hasta el 20,5% en 2016.

Las ayudas pÚblicas ofrecidas al sistema financiero español desde mayo de 2009 ascienden a 61.495 millones de euros, de los que 53.553 millones han sido aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 7.942 millones de euros por la industria a travás del Fondo de Garant[0xed]a de Depósitos (FGD). Del montante total solo se han recuperado 2.666 millones de euros, es decir, un 4,3%.

SegÚn ha informado el Banco de España en un comunicado, hasta la fecha se han recuperado 977 millones de euros devueltos por Caixabank en abril de 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca C[0xed]vica antes de su integración en la entidad presidida por Isidro Fainá, 782 millones por la venta de la participación en Catalunya Caixa, 712 millones por la venta de NCG y 71 millones de una venta realizada en 2012 por esta misma entidad y 124 millones de euros amortizados anticipadamente por Liberbank en una emisión de obligaciones convertibles.

AÚn quedan en poder del FROB las participaciones de BMN y BFA (Bankia), as[0xed] como las obligaciones obligatoriamente convertibles correspondientes a Banco Ceiss y Banco Grupo Caja 3 por 1.011 millones de euros. El Banco de España precisa que está a la espera de poder contabilizar como devolución de ayudas los 1.304 millones de euros obtenidos por la desinversión de BFA en Bankia, una vez se produzca el abono de esta cantidad al FROB como Único accionista de BFA.

La Reserva Federal (Fed) de EEUU mantiene el optimismo sobre la recuperación económica, pese a la debilidad de algunos indicadores, al considerar que la ralentización del primer trimestre obedece a "factores transitorios" y continÚa su enfoque flexible para decidir sobre la subida de tipos de interás. Al final de la sesión, el Dow Jones pierde hoy un 0,4% y el S&P 500 se deja el 0,37%.

"La información recibida desde la Última reunión de marzo sugiere que el crecimiento económico se ha ralentizado durante los meses de invierno, en parte como reflejo de factores transitorios", indicó el comunicado a la conclusión de la reunión de dos d[0xed]as del Comitá Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglás).

Precisamente, esta mañana se dio a conocer el primer dato estimado de crecimiento económico de EEUU en el primer trimestre de 2015, despuás de la sólida expansión de 2014, que sorprendió por el fuerte frenazo al registrar apenas una tasa anualizada del 0,2 % del producto interior bruto (PIB). "Aunque el crecimiento en producción y empleo se frenó durante el primer trimestre, el comitá sigue esperando que, con la expansión monetaria apropiada, la actividad se expandirá a un ritmo moderado", agregó la nota de la Fed.

La Administración central gastó hasta marzo 9.854 millones de euros más de lo que ingresó, lo que supone empeorar en 284 millones el desfase presupuestario registrado en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra equivale a un dáficit pÚblico del 0,91% del PIB, una centásima más que el año anterior, segÚn el informe sobre los indicadores de la actividad económica y financiera del Estado difundido ayer por el Ministerio de Hacienda. Aunque el aumento del agujero presupuestario en el primer trimestre no resulta concluyente es foco de preocupación porque el Gobierno central tiene pendiente un ajuste de 7.000 millones de euros para cumplir con el objetivo marcado por Bruselas para 2015. Es decir, en lugar de reducir el desfase lo ampl[0xed]a.

El documento publicado por Hacienda muestra como la Administración central gastó 53.112 millones durante el primer trimestre, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2014. Los gastos crecieron impulsados por el avance de las transferencias a las comunidades (5,2% más) y a los Ayuntamientos (6,3%), el incremento de los costes salariales (3,2%) y la subida de los gastos corrientes (4,8%). Por su parte, la Administración central ingresó 43.604 millones de euros, un 2,5% más, pese al lastre de las rebajas fiscales en el IRPF, sociedades.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elevado la previsión de PIB de este año y del año que viene al 2,9%. Las nuevas cifras suponen una mejora de cinco dácimas respecto a las Últimas conocidas, que apuntaban a un incremento del PIB del 2,4% este año, aunque diversos miembros del Ejecutivo ya hab[0xed]an avanzado que la econom[0xed]a crecer[0xed]a entre un 2,5% y un 3%. Para 2016, el Gobierno hab[0xed]a planteado un PIB del 2,3%, que ahora ha elevado tambián al 2,9% (seis dácimas más).

Rajoy ha avanzado las nuevas previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno, que se actualizará este jueves antes de enviarlo a Bruselas junto al Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas.

Además, Rajoy ha asegurado se ha mostrado convencido de que España creará más de 500.000 empleos este año y un millón de puestos entre 2014 y 2015. De esta forma, Rajoy, ha asegurado que España llegará a los 20 millones de empleos en la próxima legislatura si se mantiene el ritmo de crecimiento y de creación de empleo que hay ahora.

Sector

Las mayores empresas cotizadas de España, sin incluir a las entidades financieras, tienen provisionados 5.263 millones de euros para hacer frente a litigios y arbitrajes en los que están envueltas. Este importe corresponde a las 18 compañ[0xed]as del Ibex 35 que detallan las dotaciones que han realizado para hacer frente a estos conflictos, segÚn se desprende de sus informes financieros anuales correspondientes a 2014. Otras firmas como ACS o Abertis no lo desglosan, mientras que Telefónica sólo ofrece la cifra de su actividad en Brasil, por lo que el montante total ser[0xed]a sensiblemente superior.

Las actividades que desarrollan, su tamaño y su profunda internacionalización, con operaciones en pa[0xed]ses de riesgo, propician que las empresas energáticas, las constructoras y la multinacional que preside Cásar Alierta capitalicen el grueso de las provisiones por litigios. Estas dotaciones se reconocen cuando es probable que una obligación presente, fruto de sucesos pasados, den lugar a una salida de recursos. Estas dotaciones tienen consecuencias sobre los resultados de las empresas, aunque todas las compañ[0xed]as señalan que los procesos que tienen abiertos no generarán un impacto significativo en sus cuentas. En algunos casos incluso preván recuperar una parte.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado partidario este miárcoles de abrir el "debate" sobre si es necesario sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso, con el fin de proteger la "confidencialidad" de las mismas y la presunción de inocencia.

Catalá ha planteado esa propuesta, que ha precisado que no está en la agenda pol[0xed]tica del Gobierno ni en ninguna de las reformas legislativas en marcha, en un almuerzo en el C[0xed]rculo Ecuestre de Barcelona en el que un abogado le ha preguntado sobre la vulneración de la presunción de inocencia en los juicios paralelos.

El ministro ha considerado que es necesario "sancionar con firmeza" a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y ha defendido que ser[0xed]a "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". "No estar[0xed]a de más que pudiásemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido Rafael Catalá.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha suspendido el procedimiento electrónico para la presentación de los libros sociales (Cuentas Anuales, Diario, Actas de las Juntas Generales y órganos colegiados, los Registros de Acciones Nominativas y de Socios o el Libro-Registro de Contratos), regulado por la Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) de 12 de febrero de 2015, en aplicación de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

El recurso, presentado por la Asociación de Emisores Españoles, constituida por empresas cotizadas -incluidas las del Ibex 35-, alegaba la falta de seguridad que existe con respecto a la información confidencial de las empresas que presentada en los Registros Mercantiles, desde el momento de entregarlos libros para su legalización.

Este procedimiento tiene como fin primordial que nadie pueda manipular los libros de la sociedad, ni arrancar hojas para hacer desaparecer, datos, cuentas o acuerdos. El problema es que hasta ahora se presentaban en formato papel y con las hojas en blanco. Sin embargo, con el nuevo procedimiento electrónico se debe incluir la información en un archivo, que es validado por el Registro, pero que no goza de procedimiento de encriptación.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobará, con la mayor[0xed]a del PP, la Ley de Jurisdicción Voluntaria que permitirá a los notarios celebrar matrimonios y separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas con discapacidad. El grupo popular ha introducido una enmienda que ampl[0xed]a esta potestad tambián a los secretarios judiciales, como alternativa a los anteriores “para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, por falta de medios”.

As[0xed], la nueva regulación permitirá celebrar bodas ante el secretario judicial, notario, encargado del registro civil, el cónsul o funcionario judicial, juez de paz y alcalde o concejal. La propuesta del PP, que saldrá previsiblemente adelante ya que cuenta con mayor[0xed]a en la cámara baja, otorga además a los secretarios judiciales otras atribuciones conferidas en un inicio a notarios y registradores de la propiedad. Por ejemplo, se ocuparán de autorizar a reclamar cráditos vencidos que formen parte de un usufructo y de los expedientes de deslinde de fincas que no están inscritas en el registro de la propiedad. Tambián dependerán de ellos las subastas electrónicas.

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno ya les capacitaba para nombrar defensores judiciales, declararán ausencias y fallecimientos, actos de conciliación y nombrarán al administrador, liquidador o interventor de entidades. Intervendrán tambián en otros actos como la renuncia o prórroga del cargo de albacea, la designación de áste y la aprobación de la partición de la herencia.

El caos en la justicia tambián llega a Bruselas. El Tribunal de la UE acapara 1.423 casos aÚn sin resolver por diferentes causas. La lucha por el control del tribunal, que enfrenta a los socios de la UE, ha derivado en un choque en el seno de la propia institución entre la máxima Corte y el llamado Tribunal General o de primera Instancia. Convertido en uno de los organismos más influyentes de la UE, sigue viendo como los casos se le acumulan.

En primera instancia, el nÚmero anual de casos se ha doblado desde los 398 del año 2000 a los 912 de 2014 y los casos pendientes de resolución han pasado en el mismo per[0xed]odo de 787 a 1.423. La reestructuración y ampliación del Tribunal General parece imprescindible pero lleva cuatro años estancada por la falta de acuerdo entre los socios europeos sobre la nueva configuración de un Tribunal en el que todas las capitales quieren sentar a sus magistrados.

Bruselas conf[0xed]a en desbloquear esta semana las negociaciones con una reunión entre las instituciones implicadas (Comisión, Consejo y Parlamento), aunque el expediente resulta tan explosivo que ni siquiera es seguro que el encuentro llegue a celebrarse.



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